Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 22 de octubre de 2026 (*)
« Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2013/48/UE — Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales — Artículo 3, apartado 3 — Derecho del sospechoso y acusado a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen — Conceptos “esté presente” e “intervenga de manera efectiva” — Artículo 3, apartado 6 — Excepción temporal del derecho a la asistencia de letrado — Legislación nacional que permite el interrogatorio de los sospechosos y acusados sin su letrado si no puede ser localizado en un plazo determinado — Transposición incorrecta »
En el asunto C‑681/24,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 15 de octubre de 2024,
Comisión Europea, representada por los Sres. C. Kovács, P. Ondrůšek y M. Wasmeier, en calidad de agentes,
parte demandante,
contra
República Checa, representada inicialmente por el Sr. T. Müller, la Sra. A. Pagáčová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes, posteriormente por el Sr. T. Müller, las Sras. J. Očková y A. Pagáčová y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyada por
Hungría, representada por la Sra. Zs. Biró-Tóth y el Sr. M. Z. Fehér, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo (Ponente) y los Sres. N. Jääskinen, M. Condinanzi y A. Kornezov, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretaria: Sra. E. Sartori, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de diciembre de 2025;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 12 de marzo de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO 2013, L 294, p. 1), al no haber adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2013/48
2 A tenor de los considerandos 4, 6, 8, 23 a 25, 28, 30 a 32, 44, 52 y 54 de la Directiva 2013/48:
«(4) La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal presupone que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. El grado de reconocimiento mutuo depende en gran medida de una serie de factores, entre los que se incluyen los mecanismos de protección de los derechos de los sospechosos o acusados y la definición de normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.
[…]
(6) El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judiciales, sino también todos los participantes en el proceso penal consideren las decisiones de las autoridades judiciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en lo adecuado de las normas de los otros Estados miembros, sino también en que dichas normas se aplican correctamente. El refuerzo de la confianza mutua exige normas detalladas para la protección de las garantías y derechos procesales derivados de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”], del [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, “CEDH”),] y del [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976]. También requiere, a través de la presente Directiva y de otras medidas, un mayor desarrollo dentro de la Unión [Europea] de las normas mínimas establecidas en la Carta y en el CEDH.
[…]
(8) Las normas mínimas comunes deben conducir a una mayor confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros, lo cual, a su vez, debe dar lugar a una cooperación judicial más eficaz en un clima de confianza recíproca y al fomento de una cultura de derechos fundamentales en la Unión. Dichas normas mínimas comunes deben asimismo eliminar los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos dentro del territorio de los Estados miembros. Dichas normas mínimas comunes deben establecerse por lo que se refiere al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales, al derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y al derecho a la comunicación con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.
[…]
(23) Los sospechosos o acusados deben tener derecho a comunicarse con el letrado que los represente. Esta comunicación puede tener lugar en cualquier momento del proceso, inclusive antes de ejercer el derecho a reunirse con el letrado. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones prácticas sobre la duración, la frecuencia y los medios de dicha comunicación, incluido el uso de la videoconferencia y otras tecnologías de la comunicación con el fin de que pueda tener lugar tal comunicación, siempre que dichas disposiciones prácticas no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho de esas personas a comunicarse con sus letrados.
(24) Respecto de ciertas infracciones leves, la presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros dispongan que el derecho del sospechoso o acusado a la asistencia de un letrado se ejerza por vía telefónica. No obstante, debe restringirse este modo limitado de ese derecho a aquellos casos en los que ni la policía ni otras fuerzas o cuerpos de seguridad vayan a interrogar al sospechoso o acusado.
(25) Los Estados miembros han de velar por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que el letrado esté presente y participe efectivamente cuando lo interrogue la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, así como durante la vista. Esa participación debe ser ejercida de manera acorde con aquellos procedimientos de la normativa nacional que regulen la participación de un letrado en los interrogatorios de la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, así como durante las vistas, siempre que esos procedimientos no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial de los derechos correspondientes. Durante el interrogatorio del sospechoso o acusado por parte de la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, o en el curso de la vista, el letrado puede, entre otras cosas y ateniéndose a las reglas del procedimiento, formular preguntas, pedir aclaraciones y efectuar declaraciones de los que se debe dejar constancia de conformidad con la normativa nacional.
[…]
(28) En los casos en que un sospechoso o acusado sea privado de libertad, los Estados miembros han de adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que la persona de que se trate esté en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistido por un letrado, incluso organizando la asistencia de letrado cuando la persona no tenga uno, a menos que haya renunciado a ese derecho. Dichas disposiciones podrían suponer, entre otras cosas, que las autoridades competentes tramiten la asistencia de un letrado a partir de una lista de letrados disponibles de la que el sospechoso o acusado podría elegir a uno. Si procede, dichas disposiciones podrían incluir las relativas a la asistencia jurídica gratuita.
[…]
(30) En caso de lejanía geográfica del sospechoso o acusado, como por ejemplo, en territorios de ultramar o cuando el Estado miembro lleva a cabo o participa en operaciones militares fuera de su territorio, los Estados miembros pueden establecer una excepción temporal al derecho del sospechoso o acusado a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación de libertad. Durante la vigencia de una excepción temporal por este motivo, las autoridades competentes no deberían interrogar al interesado ni llevar a cabo ninguno de los actos de investigación o de obtención de pruebas establecidos en la presente Directiva. En caso de que, debido a la lejanía geográfica del sospechoso o acusado, no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, los Estados miembros deben facilitar la comunicación telefónica o por videoconferencia, salvo que dicha comunicación sea imposible.
(31) Los Estados miembros pueden establecer una excepción temporal al derecho a la asistencia de letrado en la fase de instrucción, cuando exista una necesidad urgente, con el fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona. Durante la vigencia de una excepción temporal por este motivo, las autoridades competentes pueden interrogar a un sospechoso o acusado sin la presencia del letrado, a condición de que se haya informado al sospechoso o acusado de su derecho a guardar silencio, de que pueda ejercer ese derecho y de que el interrogatorio no menoscabe los derechos de la defensa, incluida la protección frente a la autoinculpación. Únicamente puede efectuarse el interrogatorio con el objetivo y en la medida necesaria para obtener información que resulte indispensable a fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona. En principio, el recurso abusivo a esta excepción supondría un perjuicio irremediable para los derechos de la defensa.
(32) Debe permitirse también a los Estados miembros establecer una excepción temporal al derecho a ser asistido por un letrado en la fase de instrucción, cuando resulte indispensable una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal, en particular con el fin de impedir la destrucción o la alteración de pruebas esenciales o de impedir la manipulación de los testigos. Durante la vigencia de una excepción temporal por este motivo, las autoridades competentes pueden interrogar a un sospechoso o acusado sin la presencia del letrado, a condición de que se haya informado al sospechoso o acusado de su derecho a guardar silencio, de que pueda ejercer ese derecho y de que el interrogatorio no menoscabe los derechos de la defensa, incluida la protección frente a la autoinculpación. Únicamente puede efectuarse el interrogatorio con el objetivo y en la medida necesaria para obtener información que resulte indispensable a fin de evitar comprometer de modo grave el proceso penal. En principio, el recurso abusivo a esta excepción supondría un perjuicio irremediable para los derechos de la defensa.
[…]
(44) Las personas reclamadas deben tener derecho a comunicarse con el letrado que las represente en el Estado miembro de ejecución. Esta comunicación debe poder tener lugar en cualquier momento, inclusive antes de ejercer el derecho a entrevistarse con el letrado. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones prácticas sobre la duración, la frecuencia y los medios de comunicación entre la persona reclamada y su letrado, incluido el recurso a videoconferencias y otras tecnologías de la comunicación con el fin de que pueda tener lugar dicha comunicación. Esas disposiciones prácticas no deben ir en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho de la persona reclamada a comunicarse con su letrado.
[…]
(52) La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta, incluidos […] el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de defensa. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.
[…]
(54) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva para ofrecer un mayor nivel de protección. Este mayor nivel de protección no debe ser óbice al reconocimiento recíproco de las resoluciones judiciales que estas normas mínimas pretenden facilitar. El nivel de protección nunca debe ser inferior al dispensado por la Carta y el CEDH, según la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [(en lo sucesivo, “TEDH”)].»
3 El artículo 3 de esta Directiva, titulado «Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales», dispone lo siguiente:
«1. Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva.
2. El sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada. En cualquier caso, el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado a partir del momento que antes se produzca de entre los que se indican a continuación:
a) antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
b) en el momento en que las autoridades de instrucción u otras autoridades competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas con arreglo al apartado 3, letra c);
c) sin demora injustificada tras la privación de libertad;
d) con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado citado a personarse ante el tribunal competente en materia penal se presente ante dicho tribunal.
3. El derecho a la asistencia de letrado implicará lo siguiente:
a) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado que lo represente, inclusive con anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
b) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta intervención será acorde con los procedimientos previstos por la normativa nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un abogado intervenga durante un interrogatorio, se hará constar así de conformidad con los procedimientos pertinentes de la normativa nacional;
[…]
4. Los Estados miembros se esforzarán por difundir información general con el fin de facilitar a los sospechosos o acusados la designación de un letrado.
No obstante lo dispuesto en la normativa nacional en relación con la presencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los sospechosos o acusados a los que se haya privado de libertad estén en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistidos por un letrado, a menos que hayan renunciado a ese derecho de conformidad con el artículo 9.
5. En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente lo dispuesto en el apartado 2, letra c), en caso de que la lejanía geográfica de un sospechoso o acusado imposibilite el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación de libertad.
6. En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el apartado 3 en la medida en que esté justificado, en vista de las circunstancias específicas del caso, sobre la base de alguna o varias de las razones imperiosas siguientes:
a) una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona;
b) una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.»
4 A tenor del artículo 8 de dicha Directiva, con la rúbrica «Condiciones generales para aplicar excepciones temporales»:
«1. Las excepciones temporales previstas en el artículo 3, apartados 5 y 6, o […]:
a) deberán ser proporcionadas y limitarse a lo estrictamente necesario;
b) estarán rigurosamente limitadas en el tiempo;
c) no podrán basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad de la presunta infracción, y
d) no podrán menoscabar las garantías generales de un juicio justo.
2. Las excepciones temporales previstas en el artículo 3, apartados 5 y 6, solo podrán autorizarse en virtud de una resolución debidamente motivada e individual adoptada por una autoridad judicial o por otra autoridad competente, siempre que su decisión pueda ser objeto de control jurisdiccional. La resolución debidamente motivada se hará constar de conformidad con los procedimientos pertinentes de la normativa del Estado miembro de que se trate.
[…]»
5 El artículo 9 de la misma Directiva, con el título «Renuncia», establece:
«1. Sin perjuicio de si la normativa nacional exige la presencia o la asistencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros garantizarán que, en lo que se refiere a toda renuncia a un derecho contemplado en los artículos 3 y 10:
a) se haya facilitado al sospechoso o acusado, verbalmente o por escrito, información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las posibles consecuencias de renunciar a él, y
b) la renuncia sea voluntaria e inequívoca.
2. La renuncia, que podrá hacerse por escrito u oralmente, se hará constar, así como las circunstancias de la misma, con arreglo al procedimiento previsto para ello por la normativa del Estado miembro de que se trate.
3. Los Estados miembros garantizarán que todo sospechoso o acusado pueda revocar una renuncia posteriormente en cualquier momento del proceso penal y que el sospechoso o acusado haya sido informado de tal posibilidad. La revocación de una renuncia surtirá efectos desde el momento en que se efectúa.»
6 El artículo 11 de la Directiva 2013/48, con la rúbrica «Asistencia jurídica gratuita», tiene el siguiente tenor:
«La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa nacional en materia de asistencia jurídica gratuita, que se aplicará de conformidad con la Carta y con el CEDH.»
Directiva (UE) 2016/1919
7 El artículo 1 de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO 2016, L 297, p. 1), titulado «Objeto», establece, en su apartado 2:
«Por la presente Directiva se completan [la Directiva 2013/48 y la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO 2016, L 132, p. 1)]. Nada de la presente Directiva será interpretado en el sentido de limitar los derechos regulados en las Directivas citadas.»
8 El artículo 2 de la Directiva 2016/1919, que lleva por título «Ámbito de aplicación», dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
«La presente Directiva se aplicará a los sospechosos o acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva [2013/48] y que:
a) estén privados de libertad;
b) deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, o
c) deban o puedan asistir a un acto de investigación o de obtención de pruebas, incluidos, como mínimo, los siguientes:
i) ruedas de reconocimiento,
ii) careos,
ii) reconstrucciones de los hechos.»
Derecho checo
9 El artículo 8, apartado 3, de la Listina základních práv a svobod (Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales), que es una disposición de rango constitucional, dispone:
«El acusado o sospechoso de haber cometido una infracción penal solo podrá ser detenido preventivamente en los casos previstos por la ley. El detenido preventivamente deberá ser informado de manera inmediata de los motivos de su detención preventiva, deberá ser interrogado y, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, deberá ser puesto en libertad o pasar a disposición judicial. El juez deberá interrogar al detenido preventivamente en el plazo de veinticuatro horas a partir del momento en que ha pasado a su disposición y pronunciarse sobre si le impone una pena de prisión o deberá dejarlo en libertad.»
10 El artículo 2, apartado 4, de la zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) [Ley n.º 141/1961 del Proceso Penal (Ley de Enjuiciamiento Criminal)], en su versión aplicable al presente recurso (en lo sucesivo, «Ley de Enjuiciamiento Criminal»), establece:
«Salvo disposición en contrario de la presente Ley, las fuerzas y cuerpos de seguridad actuarán de oficio. Deberán tramitar los asuntos penales sin demora; tramitarán con carácter urgente, en particular, los asuntos que conlleven pena de prisión […]. Conocerán de los asuntos penales respetando estrictamente los derechos y libertades garantizados por la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales y por los tratados internacionales relativos a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que vinculen a la República Checa; en la ejecución de actos procesales penales, los derechos de las personas objeto de tales actos solo podrán verse vulnerados en casos justificados, sobre la base de la ley y en la medida en que sea necesario para garantizar la finalidad del procedimiento penal. […]»
11 Con arreglo al artículo 33, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
«El acusado tendrá derecho a presentar observaciones a todos los hechos que se le imputen y a las pruebas correspondientes, pero no estará obligado a testificar. Podrá alegar hechos y aportar pruebas en apoyo de su defensa y formular propuestas, así como presentar peticiones e interponer recursos. Tendrá derecho a elegir letrado y a consultarlo, incluso durante los actos efectuados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Durante su interrogatorio, no podrá ser asesorado por su letrado sobre cómo responder a una pregunta ya formulada. Podrá solicitar ser oído en presencia de su letrado y que este también asista a otros actos de la fase de instrucción (artículo 165). Si está en prisión o cumple una pena privativa de libertad, el acusado podrá entrevistarse con su letrado sin que un tercero esté presente. El acusado gozará de los derechos antes mencionados, aun cuando su capacidad jurídica esté limitada.»
12 A tenor del artículo 67 de esta Ley, bajo la rúbrica «Motivos que justifican la imposición de la pena de prisión»:
«Solo se podrá acordar el ingreso en prisión de un acusado si sus actos u otros hechos concretos suscitan un temor fundado de que:
a) se dé a la fuga o se oculte con el fin de eludir las acciones penales o la pena, en particular si su identidad no puede ser determinada de modo inmediato, si no tiene una residencia fija o también si corre el riesgo de que se le imponga una pena grave,
b) influya en testigos o coacusados que no han sido interrogados aún u obstruya de otro modo que se esclarezcan los hechos esenciales de las diligencias penales, o
c) vuelva a cometer la actividad delictiva o criminal de la que se le acusa, ejecute la infracción penal que ha intentado o cometa una infracción penal que haya planificado o amenazado con cometer,
y los hechos comprobados hasta entonces indican que se ha cometido el acto para el que se han incoado diligencias penales, que presenta todas las características de una infracción penal, que existen motivos fundados para sospechar que tal infracción ha sido cometida por el acusado, y que, en atención al acusado, a la naturaleza y a la gravedad de la infracción penal de la que se le acusa, no es posible, en el momento en que se ha de tomar la decisión, alcanzar la finalidad de la pena de prisión con otras medidas, en particular imponiendo alguna medida cautelar.»
13 El artículo 75 de dicha Ley, titulado «Detención preventiva del acusado por la autoridad policial», dispone:
«Cuando concurra alguno de los motivos que justifican la imposición de la pena de prisión (artículo 67), el acusado podrá ser detenido preventivamente por la autoridad policial. No obstante, esta estará obligada a notificar inmediatamente al fiscal la detención preventiva efectuada y a transmitirle una copia del acta que haya redactado con ocasión de la detención preventiva y los demás documentos que necesite el fiscal para poder presentar, si procede, la petición de ingreso en prisión. Esta petición deberá presentarse de modo que el acusado pueda ser puesto a disposición judicial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención preventiva; de lo contrario, deberá ser puesto en libertad.»
14 El artículo 76 de la misma Ley, con la rúbrica «Detención preventiva de un sospechoso», establece:
«(1) Cuando concurra alguno de los motivos que justifican la imposición de la pena de prisión (artículo 67), la autoridad policial podrá, en casos urgentes, detener preventivamente al sospechoso de haber cometido una infracción penal, aun cuando no se hayan incoado todavía diligencias penales contra él (artículo 160, apartado 1). La detención preventiva estará supeditada al consentimiento previo del fiscal. La detención preventiva solo podrá llevarse a cabo sin dicho consentimiento si el asunto no se puede demorar y el consentimiento no puede ser obtenido con carácter previo, en particular si la persona ha sido sorprendida en flagrante delito o dándose a la fuga.
[…]
(3) La autoridad policial que haya llevado a cabo la detención preventiva interrogará al detenido preventivamente y redactará un acta del interrogatorio, en la que indicará el lugar, la hora y las circunstancias de la detención preventiva y hará constar los datos personales del detenido preventivamente y los motivos sustantivos de la detención preventiva.
(4) La autoridad policial que haya llevado a cabo la detención preventiva o a la que se haya remitido la persona sorprendida en flagrante delito con arreglo al apartado 2 la pondrá inmediatamente en libertad si se disipan las sospechas o dejan de existir los motivos de la detención preventiva por cualquier otra razón. Si el detenido preventivamente no es puesto en libertad, la autoridad policial remitirá al fiscal el acta de su interrogatorio, junto con una copia de la orden de incoación del proceso penal y demás pruebas, para que el fiscal pueda, si procede, presentar una petición de ingreso en prisión. La autoridad policial deberá presentar la petición sin demora, a los efectos de que el detenido preventivamente en virtud de la presente Ley pueda ser puesto a disposición judicial dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la detención preventiva; de lo contrario, el detenido preventivamente deberá ser puesto en libertad.
(5) También se deberán respetar debidamente las disposiciones de los artículos 33, apartados 1, 5 y 6, 91, 92, 93 y 95 cuando el detenido preventivamente sea interrogado a pesar de no haberse incoado todavía contra él diligencias penales (artículo 160).
(6) El sospechoso detenido preventivamente tendrá derecho a exigir la presencia de letrado durante el interrogatorio previsto en el apartado 3, a menos que el letrado no pueda ser localizado en el plazo fijado en el apartado 4.»
15 A tenor del artículo 77 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, titulado «Decisión relativa al detenido preventivamente»:
«(1) Si el fiscal no ha ordenado la puesta en libertad del detenido preventivamente sobre la base de los documentos que le son remitidos, en su caso tras un nuevo interrogatorio, estará obligado a ponerlo a disposición judicial dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la detención preventiva y a presentar, al mismo tiempo, una petición de ingreso en prisión. La petición irá acompañada de las pruebas obtenidas hasta entonces.
(2) El juez estará obligado a interrogar al detenido preventivamente (apartado 1) y, en un plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación de la petición del fiscal, a decidir la puesta en libertad o el ingreso en prisión del detenido preventivamente. El juez notificará sin demora y de forma adecuada la fecha y el lugar del interrogatorio al letrado elegido o designado, si puede ser localizado y si el detenido preventivamente ha exigido que esté presente, así como al fiscal. El letrado y el fiscal podrán asistir al interrogatorio y hacer preguntas al detenido preventivamente, pero únicamente cuando el juez les ceda la palabra. La superación del plazo de veinticuatro horas desde la notificación de la petición de ingreso en prisión presentada por el fiscal justificará, en todo caso, la adopción de una decisión de puesta en libertad del acusado.»
Procedimiento administrativo previo y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
16 El 7 de noviembre de 2016, la República Checa notificó a la Comisión las medidas de transposición de la Directiva 2013/48 que había adoptado hasta esa fecha. A estas medidas siguieron otras diecinueve, que fueron notificadas entre el 15 de marzo de 2017 y el 17 de mayo de 2021. La Directiva debía ser transpuesta, a más tardar, el 27 de noviembre de 2016.
17 Tras examinar las medidas notificadas, la Comisión estimó que no garantizaban la conformidad del Derecho checo con los artículos 3, apartado 6, letra b), 5, apartados 2 y 3, letra b), y 10 de la Directiva 2013/48. En consecuencia, el 23 de septiembre de 2021, envió un escrito de requerimiento a la República Checa.
18 El 28 de septiembre de 2023, la Comisión consideró que las respuestas dadas a dicho escrito de requerimiento no eran satisfactorias en cuanto a los artículos 3, apartado 6, letra b), y 5, apartado 2, de la Directiva 2013/48 y remitió a la República Checa un dictamen motivado.
19 El 24 de noviembre de 2023, la República Checa presentó sus observaciones sobre el dictamen motivado y propuso aportar aclaraciones a la Comisión en una reunión de trabajo.
20 Tras esta reunión, celebrada el 2 de mayo de 2024, la Comisión, que no había quedado convencida con las alegaciones de la República Checa relativas al artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48, en relación con su artículo 3, apartado 3, decidió, el 15 de octubre de 2024, interponer el presente recurso ante el Tribunal de Justicia.
21 Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 2025, se admitió la intervención de Hungría en apoyo de las pretensiones de la República Checa.
Sobre el recurso
Alegaciones de las partes
22 En apoyo de su recurso, la Comisión formula una única imputación, basada en la incorrecta transposición, en el ordenamiento jurídico checo, del artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48, en relación con su artículo 3, apartado 3.
23 En su demanda, la Comisión sostiene que, en la medida en que el artículo 76, apartado 6, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que un detenido preventivamente sea interrogado por las autoridades policiales en la fase de instrucción sin ser asistido por un letrado si este no puede ser localizado en el plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a la detención preventiva, dicho artículo 76, apartado 6, es contrario al artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48. En efecto, estima que el hecho de que no esté localizable un letrado no constituye una razón imperiosa que permita efectuar un interrogatorio en su ausencia, en el sentido del citado artículo 3, apartado 6.
24 La Comisión alega al respecto, en particular, que la posición de la República Checa de que, para garantizar el derecho a la asistencia de letrado, basta con que el detenido preventivamente haya tenido la posibilidad de ponerse en contacto y de elegir un abogado que pueda estar presente durante el interrogatorio es contraria al artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, que menciona claramente los dos aspectos del derecho a la asistencia de letrado, a saber, que esté presente y que intervenga de manera efectiva durante el interrogatorio. En efecto, sostiene que, del artículo 3, apartado 1, de esta Directiva resulta que no existe ninguna situación en la que dicha persona puede ser interrogada sin que esté presente un letrado, salvo cuando los Estados miembros han hecho uso de la excepción temporal prevista en el artículo 3, apartado 6, de la citada Directiva, o cuando la referida persona ha renunciado a ese derecho de conformidad con el artículo 9 de la Directiva.
25 Según la Comisión, por una parte, la necesidad de poner en libertad al sospechoso o acusado en un plazo de cuarenta y ocho horas no justifica que se le pueda interrogar sin letrado y, por otra parte, el riesgo de que se produzca un abuso del derecho a la asistencia de letrado no puede justificar que este derecho se supedite a una condición general contraria al tenor y al objetivo del artículo 3 de la Directiva 2013/48. Así, según dicha institución, para paliar el riesgo de que el proceso penal se vea obstaculizado porque no sea posible localizar al abogado elegido por esa persona, la República Checa podría velar por que un abogado esté localizable y disponible para prestar asistencia jurídica. A su juicio, tal posibilidad no consiste en imponer a esa persona un abogado concreto, sino en procurar que un abogado esté efectivamente disponible durante el tiempo limitado que debe durar el interrogatorio.
26 En su escrito de contestación, la República Checa expone que el procedimiento que permite al detenido preventivamente elegir efectivamente letrado se rige por la pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů Policie České republiky v trestním řízení (Instrucción n.º 103/2013 de la Dirección de la Policía, relativa a la ejecución de determinados cometidos de las autoridades policiales de la Policía de la República Checa en los procesos penales). Según dicho Estado miembro, de esta Instrucción se desprende que, en todos los supuestos en los que el letrado elegido por la persona sospechosa o acusada no pueda estar presente durante su interrogatorio, la autoridad policial preguntará a esa persona si desea que otro letrado esté presente en esa ocasión. Así pues, siempre que el plazo lo permita, dicha persona siempre será libre de elegir otro abogado. Si no conoce ninguno, ya sea en el momento de su detención preventiva o con posterioridad, la autoridad policial pondrá a su disposición la lista de abogados que lleva el Colegio de Abogados checo o sus datos telefónicos. Concluye, por consiguiente, que solo podría darse realmente el supuesto de un interrogatorio del sospechoso o acusado sin que esté presente un letrado en una situación en la que, a pesar de todos esos intentos, esa persona no ha elegido un letrado que pueda ser localizado en las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención preventiva. Así pues, aduce que la normativa checa garantiza que los sospechosos detenidos preventivamente puedan elegir un letrado que esté presente en el interrogatorio.
27 La República Checa estima que, incluso en el caso de que la legislación nacional se considerara incompatible con el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, sería conforme con su artículo 3, apartado 6, puesto que, en primer término, solo se aplicaría excepcionalmente, en segundo término, se aplicaría para evitar comprometer de modo grave el proceso penal, y, en tercer término, exigiría una apreciación individual por parte de las autoridades competentes que tuviera en cuenta las circunstancias del caso.
28 La República Checa alega que la posibilidad de interrogar a un sospechoso o acusado sin que esté presente un letrado sobre la base del artículo 76, apartado 6, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo se aplica en el supuesto específico y completamente excepcional de que esa persona, con el fin de ser puesta en libertad y sustraerse a la justicia, insista deliberadamente en que la asista un abogado concreto, a pesar de que este, quizá deliberadamente también, no esté disponible. Estima que esa puesta en libertad no solo podría suponer una amenaza grave para el proceso penal, dado que esa persona podría darse a la fuga para eludir las acciones penales, influir en los testigos o proseguir con su actividad delictiva o criminal, sino también para los intereses protegidos por el Derecho penal, incluidas la vida y la salud de las personas, amenaza que solo se podría evitar adoptando medidas inmediatas. Aduce que el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48 contempla precisamente tales situaciones.
29 La República Checa sostiene que de la jurisprudencia del TEDH, en la que se basa el artículo 3 de la Directiva 2013/48, se desprende que no es necesario que un abogado esté presente efectiva y sistemáticamente durante el interrogatorio. En particular, en su escrito de dúplica, dicho Estado miembro indica que, en su sentencia de 23 de febrero de 2010, Yoldaș c. Turquía (CE:ECHR:2010:0223JUD 002750304, § 52), el TEDH no concluyó que se hubiera infringido el artículo 6 del CEDH, puesto que la ausencia de letrado en el interrogatorio era debida a la voluntad del interesado, que había renunciado a su derecho a ser asistido por letrado, a pesar de haber sido informado de ese derecho. Sostiene que de ella resulta que lo determinante a la luz del objetivo del artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH no es la presencia efectiva de un letrado durante el interrogatorio, sino la posibilidad de que el interesado pueda ejercer efectivamente su derecho a la asistencia letrada, elija libremente letrado y sea debidamente informado de ese derecho.
30 Según ese Estado miembro, la alegación de la Comisión de que podría solventarse ese riesgo de abuso velando por que un abogado disponible sea designado de oficio para prestar asistencia jurídica si el abogado elegido por el sospechoso o acusado no está disponible equivaldría a obligar a los Estados miembros, sobre la base de la Directiva 2013/48, a asignar a dicha persona un abogado nombrado de oficio al amparo de la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que esta materia está excluida del ámbito de aplicación de la citada Directiva en virtud de su artículo 11.
31 En su escrito de formalización de la intervención, Hungría alega asimismo que la jurisprudencia del TEDH no exige de modo absoluto la presencia de letrado durante el interrogatorio. A este respecto, considera que una legislación nacional que garantice a los sospechosos o acusados «margen de maniobra suficiente» para elegir al letrado que esté presente durante el interrogatorio cumple tal exigencia.
32 En su respuesta al citado escrito de formalización de la intervención, la Comisión replica que, cuando conoce de un caso concreto, el TEDH aprecia de forma individualizada la imparcialidad general del procedimiento nacional. Pues bien, estima que no sucede lo mismo con un procedimiento por incumplimiento de Estado ante el Tribunal de Justicia por una infracción del artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48. Dado que esta disposición define con precisión las condiciones en las que los Estados miembros pueden dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el artículo 3, apartado 3, de esa Directiva, cualquier normativa nacional que no cumpla tales condiciones será contraria al artículo 3, apartado 6. Así pues, concluye que la incompatibilidad de una legislación nacional con dicha Directiva basta por sí sola para demostrar que esta ha sido infringida, sin que sea necesario apreciar, en cada caso concreto, la imparcialidad general del procedimiento tramitado sobre la base de esa legislación nacional.
Apreciación del Tribunal de Justicia
33 El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48 establece el principio fundamental según el cual los sospechosos y acusados tienen derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva (sentencia de 14 de mayo de 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, apartado 47 y jurisprudencia citada).
34 Este principio se concreta en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, en virtud del cual el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada y, en cualquier caso, a partir del momento que antes se produzca de entre los cuatro específicos que se indican en las letras a) a d) de esa misma disposición. Además, el artículo 3, apartado 3, de la citada Directiva precisa, en sus letras a) a c), los elementos que comprende el derecho a la asistencia de letrado (sentencia de 14 de mayo de 2024, Stachev, C‑5/24 PPU, EU:C:2024:399, apartado 48).
35 Así pues, en virtud del artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta intervención será acorde con los procedimientos previstos por la normativa nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate.
36 Si bien del artículo 3, apartado 3, letra b), segunda frase, de la Directiva 2013/48, interpretado a la luz del considerando 25 de dicha Directiva, se desprende que la «[intervención] de manera efectiva» del letrado en el interrogatorio será acorde con las normas procesales previstas por la normativa nacional, esta remisión expresa a la normativa de los Estados miembros se refiere únicamente a esa «[intervención] de manera efectiva» y no a la expresión de que «esté presente».
37 De ello se desprende, por una parte, como señaló, en esencia, la Abogada General en los puntos 44 y 45 de sus conclusiones, que la remisión a las normas procesales nacionales en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48 se refiere únicamente a la participación efectiva del letrado en el interrogatorio del sospechoso o acusado. Por lo tanto, tal remisión no persigue que los Estados miembros puedan limitar, al margen de las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 3, letra b), de dicha Directiva, la presencia misma del letrado en ese interrogatorio, sino solo regular su intervención.
38 Por otra parte, al no incluir la Directiva 2013/48 ninguna definición de la expresión «esté presente», procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión y respecto de los cuales este no remite al Derecho de los Estados miembros debe realizarse de conformidad con su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (sentencia de 16 de julio de 2026, Knocknamona y Massey, C‑27/25 y C‑356/25, EU:C:2026:596, apartado 40 y jurisprudencia citada).
39 A este respecto, se debe comenzar indicando que, en su sentido habitual en el lenguaje corriente, la expresión «esté presente» designa el hecho de que una persona esté, en principio, física o materialmente en un lugar determinado en un momento concreto, siendo antónima de esta expresión la de que «esté ausente».
40 Asimismo, en cuanto al contexto en el que se utiliza dicha expresión, procede señalar, por un lado, que figura, en particular, en el considerando 25 de la Directiva 2013/48, que precisa que los Estados miembros han de velar por que el sospechoso y acusado tenga derecho a que el letrado esté presente y participe efectivamente cuando lo interrogue la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, así como durante la vista.
41 Por otro lado, del artículo 3, apartado 5, de la citada Directiva, interpretado a la luz del considerando 30 de esta, se desprende que, en caso de lejanía geográfica del sospechoso o acusado, los Estados miembros pueden establecer una excepción temporal al derecho de esa persona a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras su privación de libertad, y únicamente en la fase de instrucción, aunque, mientras dure esa excepción temporal, las autoridades competentes no deberían, en particular, interrogar a esa persona. De ello resulta que la «asistencia de letrado», en el sentido de dicho artículo 3, exige su presencia, en principio física, durante el interrogatorio del sospechoso o acusado.
42 Además, el artículo 3, apartado 3, letra a), de la referida Directiva, interpretado a la luz de los considerandos 23 y 44 de esta, establece, en esencia, que el sospechoso o acusado debe tener derecho, en todo momento, a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado, inclusive con anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales. De ello se deduce que el legislador de la Unión pretendió distinguir entre el «derecho a comunicarse» de esa persona con su letrado, que puede ejercerse por medios de telecomunicación, y su «derecho a entrevistarse» con el letrado, que exige, por el contrario, la presencia, en principio física, de este último. Lo mismo sucede con la presencia del letrado durante el interrogatorio, en el que debe poder intervenir de manera efectiva.
43 Por último, en cuanto a los objetivos de la Directiva 2013/48, de sus considerandos 4, 6 y 54 se desprende que persigue, en particular, aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, principio que presupone que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. De tales considerandos también se desprende que el legislador de la Unión tuvo en cuenta que el refuerzo de esta confianza mutua exige normas detalladas para la protección de las garantías y los derechos procesales derivados, en particular, de la Carta y del CEDH.
44 A este respecto, el TEDH ha declarado que los sospechosos tienen derecho a que su abogado esté físicamente presente durante los primeros interrogatorios policiales y siempre que sean interrogados durante el procedimiento posterior previo a la vista oral. La presencia física debe ser de tal naturaleza que no permita al abogado prestar una asistencia abstracta, sino eficaz y práctica, y en particular que garantice que los derechos de defensa del sospechoso interrogado no se vean perjudicados (véanse, en este sentido, TEDH, sentencia de 9 de noviembre de 2018, Beuze c. Bélgica, CE:ECHR:2018:1109JUD 007140910, § 134; TEDH, sentencia de 23 de mayo de 2019, Doyle c. Irlanda, CE:ECHR:2019:0523JUD 005197917, § 74; TEDH, sentencia de 4 de junio de 2019, Farrugia c. Malta, CE:ECHR:2019:0604JUD 006304113, § 97, y TEDH, sentencia de 18 de enero de 2022, Atristain Gorosabel c. España, CE:ECHR:2022:0118JUD 001550815, § 49).
45 En estas circunstancias, hay que considerar que conceptuar que un letrado «esté presente», en el sentido del artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, significa que el sospechoso o acusado tiene derecho, en principio, a que su letrado esté físicamente presente durante su interrogatorio.
46 Dicho esto, no puede sin embargo excluirse que, en determinadas circunstancias excepcionales, la presencia del letrado pueda garantizarse por otros medios, en particular digitales, a condición de que garanticen el ejercicio pleno y efectivo del derecho de defensa.
47 No obstante, el derecho a la asistencia de letrado durante el interrogatorio puede ser objeto de excepciones temporales. Así, de conformidad con el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48, en circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros pueden dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el artículo 3, apartado 3, de esta Directiva, en la medida en que esté justificado, en vista de las circunstancias específicas del caso, sobre la base de al menos una de las «razones imperiosas» contempladas en las letras a) y b) de ese artículo 3, apartado 6. La primera de esas razones está vinculada a la existencia de «una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona». La segunda razón puede presentarse ante «una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal».
48 En el caso de autos, procede señalar que la normativa checa se limita a establecer la posibilidad de que el detenido preventivamente elija un abogado que pueda estar presente en el interrogatorio, con lo que este interrogatorio podrá realizarse sin que el letrado esté presente simplemente porque el elegido no esté disponible en las horas que siguen a la detención preventiva.
49 Por otro lado, por lo que respecta a la Instrucción mencionada en el apartado 26 de la presente sentencia, invocada por la República Checa, procede recordar, por una parte, que las disposiciones de una directiva deben ser ejecutadas con indiscutible fuerza imperativa y con la especificidad, precisión y claridad necesarias para cumplir la exigencia de seguridad jurídica, que obliga a que, cuando la directiva tenga como finalidad crear derechos en favor de los particulares, los beneficiarios puedan conocerlos plenamente [sentencia de 6 de marzo de 2025, Comisión/República Checa (Directiva sobre denunciantes), C‑152/23, EU:C:2025:147, apartado 63 y jurisprudencia citada].
50 Por otra parte, una práctica carente de la publicidad adecuada es, por naturaleza, modificable a discreción de la Administración, de modo que no puede considerarse que constituya un cumplimiento válido de las obligaciones que incumben a un Estado miembro en virtud del Tratado FUE [sentencia de 6 de marzo de 2025, Comisión/República Checa (Directiva sobre denunciantes), C‑152/23, EU:C:2025:147, apartado 65 y jurisprudencia citada].
51 De ello se deduce que, a diferencia de lo que exige el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, la normativa checa no garantiza que un letrado esté presente ni que intervenga de manera efectiva en el interrogatorio.
52 Queda por determinar si la legislación checa puede considerarse una excepción temporal a la obligación mencionada en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, que cumpla las condiciones exigidas en el artículo 3, apartado 6, de dicha Directiva. A este respecto, la República Checa estima que la posibilidad de interrogar al sospechoso o acusado sin que un letrado esté presente se justifica por el riesgo de que, de no ser así, el proceso penal se vea obstaculizado. En efecto, alega que, de conformidad con el artículo 76, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si, en las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención preventiva, esta persona no es puesta a disposición judicial para que se pida su ingreso en prisión, deberá ser puesta en libertad. Sostiene que, por tanto, es preciso interrogarla en ese plazo, ya que, si es puesta en libertad, podría darse a la fuga o interferir con eventuales testigos.
53 Sin embargo, por lo que respecta al riesgo de que el proceso penal se vea obstaculizado, como alega acertadamente la Comisión, el artículo 67 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende determinar los motivos por los que resulta justificado no interrogar a dicha persona sin la presencia de un letrado, pero sí acordar su ingreso en prisión. Los motivos expuestos en esta disposición de la normativa nacional no pueden considerarse equivalentes a alguna de las dos «razones imperiosas» contempladas, respectivamente, en las letras a) y b) del artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48, en virtud de las cuales los Estados miembros pueden establecer excepciones temporales a la obligación de garantizar el derecho a la asistencia de letrado. En particular, en la medida en que la República Checa menciona razones vinculadas al riesgo de comprometer el proceso penal, se debe señalar que, mientras que el artículo 3, apartado 6, letra b), de dicha Directiva permite a los Estados miembros establecer una excepción temporal a ese derecho en situaciones en las que exista «una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal», ni el objeto ni el tenor del artículo 67 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permiten ver que esta disposición pretenda delimitar, dentro de tales límites, una excepción al referido Derecho.
54 Pues bien, tanto de la sistemática como de los objetivos de dicha Directiva se desprende que los casos en los que los Estados miembros pueden dejar de aplicar temporalmente el derecho a la asistencia de letrado están enumerados de manera exhaustiva en el artículo 3, apartados 5 y 6, de ella [sentencia de 12 de marzo de 2020, VW (Derecho a la asistencia de letrado cuando el sospechoso no comparece tras ser citado), C‑659/18, EU:C:2020:201, apartado 42].
55 Por lo que respecta a la sistemática de la Directiva 2013/48, su artículo 3, apartado 6, como disposición que contempla excepciones a los principios establecidos en sus apartados 1 a 3, debe ser objeto de una interpretación estricta. Además, su artículo 8, titulado «Condiciones generales para aplicar excepciones temporales», únicamente se refiere, en lo que atañe al derecho a la asistencia de letrado, a las excepciones previstas en su artículo 3, apartados 5 o 6. También los considerandos 30 a 32 de la Directiva 2013/48 remiten únicamente a tales excepciones [sentencia de 12 de marzo de 2020, VW (Derecho a la asistencia de letrado cuando el sospechoso no comparece tras ser citado), C‑659/18, EU:C:2020:201, apartado 43].
56 En cuanto a los objetivos de la Directiva 2013/48, por una parte, de sus considerandos 4 y 6 se desprende que persigue, en particular, reforzar la confianza mutua de los Estados miembros en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros, con el fin de aplicar, de este modo, el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, cuyo grado depende en gran medida de una serie de factores, entre los que se incluyen los mecanismos de protección de los derechos de los sospechosos o acusados. Por otra parte, de los considerandos 8 y 52 de dicha Directiva se desprende que también pretende garantizar a los sospechosos o acusados en toda la Unión un nivel común del derecho a un juez imparcial, en particular por lo que se refiere al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales.
57 Pues bien, interpretar el artículo 3 de la Directiva 2013/48 en el sentido de que permite a los Estados miembros establecer otras excepciones al derecho a la asistencia de letrado distintas de las enumeradas taxativamente en él iría en contra de esos objetivos, así como de la sistemática de dicha Directiva y del propio tenor del referido artículo 3, y privaría a ese derecho de su efecto útil [sentencia de 12 de marzo de 2020, VW (Derecho a la asistencia de letrado cuando el sospechoso no comparece tras ser citado), C‑659/18, EU:C:2020:201, apartado 45].
58 En estas circunstancias, es preciso indicar que una legislación nacional que permite, con carácter general, interrogar a los sospechosos o acusados sin que un letrado esté presente si no ha podido ser localizado o no comparece en el interrogatorio en el plazo de las cuarenta y ocho horas posteriores a la detención preventiva, no está comprendida en las razones de excepción temporal a ese derecho enumeradas de manera exhaustiva por la Directiva 2013/48 e incumple, por ello, la obligación establecida en el artículo 3, apartado 6, de esta Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3.
59 Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la República Checa de que, puesto que, de conformidad con la legislación checa, el interrogatorio del sospechoso o acusado debe tener lugar en las cuarenta y ocho horas posteriores a su detención preventiva, ya que esta persona debe ser puesta en libertad transcurrido ese plazo, es preciso que, para evitar obstáculos al proceso penal, esa persona sea interrogada sin que esté presente un letrado que la asista cuando no ha elegido uno o este no ha comparecido en el plazo fijado. En efecto, como alega acertadamente la Comisión, nada impide al Estado miembro de que se trate velar por que un abogado que esté localizable pueda ser asignado a esa persona en tales circunstancias.
60 A diferencia de lo que aduce la República Checa, tal medida no equivale a obligar ilegalmente a los Estados miembros, sobre la base de la Directiva 2013/48, a asignar a dicha persona un abogado designado de oficio al amparo de la asistencia jurídica gratuita, a pesar de que esta materia está excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
61 El Tribunal de Justicia ha declarado al respecto que del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2016/1919 se deriva expresamente que por ella se completa la Directiva 2013/48 y que el derecho a la asistencia jurídica gratuita está vinculado al ejercicio del derecho a la asistencia letrada. El artículo 2, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 2016/1919 establece, además, que esta Directiva se aplica a los sospechosos o acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48 y que estén privados de libertad, deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, o deban o puedan asistir a determinados actos de investigación o de obtención de pruebas (sentencia de 8 de mayo de 2025, Barało, C‑530/23, EU:C:2025:322, apartado 53).
62 Pues bien, el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2013/48 establece que el sospechoso o acusado en un proceso penal tendrá, en cualquier caso, derecho a ser asistido por un letrado en cuatro supuestos, enumerados, respectivamente, en las letras a) a d) de esta disposición. Así, se ha de garantizar este derecho al sospechoso o acusado, en primer término, antes de que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales; en segundo término, cuando se realicen ciertas actuaciones de investigación o de obtención de pruebas; en tercer término, sin demora injustificada tras haber sido privado de libertad, o, en cuarto término, con la suficiente antelación antes de que haya sido citado a personarse ante el tribunal competente.
63 De ello se desprende que el hecho de que se produzca, en particular, el acontecimiento contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/48 —a saber, un interrogatorio— condiciona no solo el nacimiento del derecho a la asistencia de letrado, sino también, simultáneamente, la aplicabilidad de la Directiva 2016/1919 y el derecho a la asistencia jurídica gratuita que esta establece (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Barało, C‑530/23, EU:C:2025:322, apartado 55).
64 Es cierto que del considerando 28 de la Directiva 2013/48 se desprende que, en los casos en que un sospechoso o acusado sea privado de libertad, el legislador de la Unión ha querido que los Estados miembros adopten las disposiciones necesarias para garantizar que la persona de que se trate esté en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistido por un letrado, incluso organizando la asistencia de letrado cuando la persona no tenga uno, a menos que haya renunciado a ese derecho.
65 No obstante, para hacer frente al riesgo de que se obstaculice el proceso penal derivado de que el sospechoso o acusado no haya elegido letrado o de que el letrado elegido no haya comparecido en el plazo fijado, al Estado miembro de que se trate se le presentan varias opciones que cumplen con las exigencias de la Directiva 2013/48. En primer lugar, en las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48, en particular cuando existe una necesidad urgente de que las autoridades de instrucción actúen inmediatamente para evitar comprometer de modo grave el proceso penal, esas autoridades pueden efectuar el interrogatorio sin que esté presente el letrado. En segundo lugar, si no se cumplen esas condiciones y si las autoridades competentes consideran que, aun así, es necesario efectuar el interrogatorio, para subsanar que el sospechoso o acusado no haya elegido letrado o que el letrado elegido no haya podido comparecer en el interrogatorio, pueden designar de oficio un abogado disponible. Por último, cuando el sospechoso o acusado renuncie a su derecho a la asistencia de letrado en las condiciones previstas en el artículo 9 de la citada Directiva, el interrogatorio también podrá tener lugar sin que un letrado esté presente.
66 La existencia de esas distintas opciones indica que respetar el derecho a la asistencia de letrado establecido en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48 no implica que el Estado miembro de que se trate esté obligado a contemplar la designación de oficio de un abogado para asistir al sospechoso durante su interrogatorio. Tal designación tampoco implica necesariamente que el sospechoso deba gozar, en virtud de la Directiva 2016/1919, de asistencia jurídica gratuita, ya que esta Directiva solo obliga a concederla cuando se cumplen determinados requisitos.
67 Por consiguiente, no puede sostenerse ni que el hecho de que el sospechoso o acusado no haya designado letrado justifica proseguir con el interrogatorio sin que esté presente el letrado ni que el hecho de que este último no haya comparecido en el plazo fijado constituye una medida dilatoria por parte del sospechoso o acusado capaz de obstaculizar el proceso penal.
68 De todas las consideraciones anteriores resulta que la República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3.
Costas
69 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de la República Checa y al haber sido desestimadas las pretensiones de esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de esta institución.
70 Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del referido Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, Hungría cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:
1) La República Checa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3.
2) La República Checa cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
3) Hungría cargará con sus propias costas.
Firmas
* Lengua de procedimiento: checo.