Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 22 de octubre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Mercado interior de la electricidad — Reglamento (UE) 2022/1854 — Intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía — Artículo 6, apartado 1 — Tope de los ingresos de mercado obtenidos por los productores de electricidad que utilizan determinadas fuentes de energía — Artículo 8 — Medida nacional anterior — Contribución nacional calculada sobre el total de los ingresos de los productores de electricidad, recaudada con vistas a la financiación de una entidad pública encargada de garantizar la estabilidad financiera y la seguridad del mercado de la energía — Medida no comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento 2022/1854 — Directiva (UE) 2018/2001 — Fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables — Artículo 3, apartados 1, 3 y 4 — Reglamento (UE) 2019/943 — Artículos 3, letras a), b), h) y p), y 10, apartados 1, 4 y 5 — Directiva (UE) 2019/944 — Normas comunes para el mercado interior de la electricidad — Artículo 5, apartados 1, 3 y 4 — Reglamento (UE) 2021/1119 — Legislación europea sobre el clima — Artículos 2 y 4 — No discriminación — Proporcionalidad — Artículo 63 TFUE — Falta de precisiones suficientes — Inadmisibilidad — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Inexistencia de una aplicación del Derecho de la Unión — Incompetencia del Tribunal de Justicia »
En el asunto C‑327/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria), mediante resolución de 13 de mayo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de mayo de 2025, en el procedimiento entre
VETS Svoge EOOD
y
Predsedatel na Upravitelnia savet na Fond Sigurnost na elektroenergiynata sistema,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por la Sra. R. Frendo, Presidenta de Sala, el Sr. I. Jarukaitis (Ponente), Presidente de la Sala Cuarta, y el Sr. M. Condinanzi, Juez;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de VETS Svoge EOOD, por el Sr. M. Raykov y la Sra. L. G. Terzieva, advokati;
– en nombre del Predsedatel na Upravitelnia savet na Fond Sigurnost na elektroenergiynata sistema, por la Sra. V. Marinova;
– en nombre del Consejo de la Unión Europea, por el Sr. I. Gurov y la Sra. L. Vétillard, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. O. Beynet y los Sres. T. Scharf e I. Zaloguin, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8 del Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía (DO 2022, L 261 I, p. 1); de los artículos 2 y 4 del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima») (DO 2021, L 243, p. 1), en relación con el artículo 191 TFUE, apartado 2; del artículo 3, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO 2018, L 328, p. 82); de los artículos 3, letras a), b), h) y p), y 10, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad (DO 2019, L 158, p. 54), en relación con los considerandos 22 y 23 de este y con el artículo 5, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125), y con el artículo 8 del Reglamento 2022/1854; del artículo 63 TFUE, y del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre VETS Svoge EOOD (en lo sucesivo, «VETS Svoge») y el Predsedatel na Upravitelnia savet na Fond Sigurnost na elektroenergiynata sistema (Presidente del Consejo de Dirección del Fondo de Seguridad del Sistema de Energía Eléctrica, Bulgaria; en lo sucesivo, «autoridad administrativa»), en relación con la legalidad de un acto por el que se declara un crédito público del Estado a cargo de dicha sociedad.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Carta
3 El artículo 17 de la Carta, titulado «Derecho a la propiedad», dispone, en su apartado 1:
«Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. […]»
4 El artículo 51 de la Carta, titulado «Ámbito de aplicación», dispone, en su apartado 1:
«Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a […] los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. […]»
Tratado FUE
5 A tenor del artículo 63 TFUE, apartado 1:
«En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.»
6 El artículo 191 TFUE, apartado 2, está redactado como sigue:
«La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión [Europea]. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.
En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.»
Directiva 2018/2001
7 El artículo 3 de la Directiva 2018/2001, titulado «Objetivo global vinculante de la Unión para 2030», disponía en sus apartados 1, 3 y 4:
«1. Los Estados miembros velarán conjuntamente por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 32 % del consumo final bruto de energía de la UE en 2030. La Comisión evaluará ese objetivo, con vistas a presentar una propuesta legislativa a más tardar en 2023 de incremento cuando haya otras reducciones de costes importantes en la producción de energías renovables, o cuando sea necesario para cumplir los compromisos internacionales de la Unión de descarbonización o cuando así lo justifique una reducción significativa del consumo de energía en la Unión.
[…]
3. Los Estados miembros garantizarán que sus políticas nacionales […] y sus sistemas de apoyo […] se conciban teniendo debidamente en cuenta la jerarquía de residuos […] con el fin de evitar distorsiones indebidas en los mercados de materias primas. Los Estados miembros no proporcionarán apoyo a la energía renovable producida en la incineración de residuos si no se han cumplido las obligaciones sobre recogida separada establecidas en dicha Directiva.
4. A partir del 1 de enero de 2021, la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de cada Estado miembro no será inferior a la cuota de referencia indicada en la tercera columna del cuadro que figura en el anexo I, parte A, de la presente Directiva. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de dicha cuota de referencia. Si un Estado miembro no mantiene su cuota de referencia, medida a lo largo de un período de un año, será de aplicación el artículo 32, apartado 4, párrafos primero y segundo, del Reglamento (UE) 2018/1999 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2018, L 328, p. 1)].»
Reglamento 2019/943
8 Los considerandos 22 y 23 del Reglamento 2019/943 tienen el siguiente enunciado:
«(22) Los principios esenciales del mercado deben establecer que los precios de la electricidad sean determinados por la oferta y la demanda. Esos precios han de señalar cuándo se necesita electricidad, ofreciendo así incentivos basados en el mercado para las inversiones en fuentes de flexibilidad, como la generación flexible, la interconexión, la respuesta de la demanda o el almacenamiento de energía.
(23) Si bien la descarbonización del sector de la electricidad, en cuyo mercado las fuentes de energía renovables están llamadas a ocupar un papel destacado, es uno de los objetivos de la Unión de la Energía, es esencial que el mercado elimine los obstáculos existentes al comercio transfronterizo y fomente las inversiones en infraestructuras de apoyo, como la generación más flexible, las interconexiones, la respuesta de la demanda y el almacenamiento de energía. Para apoyar este cambio hacia una generación variable y distribuida y garantizar que los principios del mercado de la energía sean la base para los futuros mercados de la electricidad de la Unión, es esencial volver a insistir en los mercados a corto plazo y en la fijación de precios en situaciones de escasez.»
9 El artículo 3 de este Reglamento, titulado «Principios relativos a la operación de los mercados de la electricidad», establece:
«Los Estados miembros, las autoridades reguladoras, los gestores de las redes de transporte, los gestores de las redes de distribución, los operadores del mercado y los operadores delegados garantizarán que los mercados de la electricidad operen de acuerdo con los siguientes principios:
a) los precios se formarán en función de la oferta y la demanda;
b) las normas del mercado alentarán la libre formación de precios y evitarán las acciones que impidan la formación de los precios sobre la base de la oferta y la demanda;
[…]
h) se eliminarán progresivamente los obstáculos a los flujos transfronterizos de electricidad entre las zonas de oferta o los Estados miembros y a las transacciones transfronterizas relativas a los mercados de la electricidad y los mercados de servicios afines;
[…]
p) Las normas del mercado facilitarán el comercio de productos en toda la Unión y los cambios regulatorios tomarán en consideración los efectos en los productos y mercados a plazo y de futuros a corto y largo plazo;
[…]».
10 El artículo 10 de dicho Reglamento, titulado «Límites técnicos de las ofertas», dispone:
«1. No habrá un límite máximo ni un límite mínimo para los precios al por mayor de la electricidad. Esta disposición se aplicará, entre otras cosas, a las ofertas y casaciones en todos los horizontes temporales, e incluirá la energía de balance y los precios de desvío, sin perjuicio de los límites técnicos de precios que podrán aplicarse en el horizonte temporal del balance y en los horizontes temporales diario e intradiario de conformidad con el apartado 2.
[…]
4. Las autoridades reguladoras, o cuando un Estado miembro haya designado a otra autoridad competente a tales efectos, dichas autoridades competentes designadas determinarán las políticas y medidas aplicadas en su territorio que puedan contribuir a restringir indirectamente la formación de precios al por mayor, como la limitación de la oferta en relación con la activación de la energía de balance, los mecanismos de capacidad, las medidas de los gestores de redes de transporte, las medidas que tengan por objeto cuestionar los resultados de mercado o evitar el abuso de posición dominante o la definición ineficiente de las zonas de oferta.
5. Cuando una autoridad reguladora o una autoridad competente designada haya detectado una política o medida que pueda restringir la formación de precios al por mayor, deberá adoptar todas las medidas adecuadas para eliminarla o, si esto no es posible, mitigar su impacto en las estrategias de ofertas. A más tardar el 5 de enero de 2020, los Estados miembros presentarán un informe a la Comisión detallando las medidas y actuaciones que han llevado o tienen la intención de llevar a cabo.»
Directiva 2019/944
11 A tenor del artículo 5 de la Directiva 2019/944, titulado «Precios de suministro basados en el mercado»:
«1. Los suministradores podrán determinar libremente el precio al que suministran electricidad a los clientes. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar una competencia efectiva entre suministradores.
[…]
3. Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables. Estas intervenciones públicas estarán sujetas a las condiciones establecidas en los apartados 4 y 5.
4. Las intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad:
a) perseguirán un interés económico general y no irán más allá de lo necesario para lograr dicho interés económico general;
b) estarán claramente definidas y serán transparentes, no discriminatorias y verificables;
c) garantizarán la igualdad de acceso de las empresas eléctricas de la Unión a los clientes;
d) serán limitadas en el tiempo y proporcionadas, en lo que atañe a sus beneficiarios;
e) no conllevarán para los participantes en el mercado costes adicionales que sean discriminatorios.
[…]»
Reglamento 2021/1119
12 El artículo 2 del Reglamento 2021/1119, titulado «Objetivo de neutralidad climática», establece:
«1. Las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero reguladas en el Derecho de la Unión estarán equilibradas dentro de la Unión a más tardar en 2050, por lo que en esa fecha las emisiones netas deben haberse reducido a cero y, a partir de entonces, la Unión tendrá como objetivo lograr unas emisiones negativas.
2. Las instituciones pertinentes de la Unión y los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a escala de la Unión y nacional, respectivamente, para permitir la consecución colectiva del objetivo de neutralidad climática establecido en el apartado 1, teniendo en cuenta la importancia de promover tanto la equidad y la solidaridad entre los Estados miembros como la eficiencia en términos de costes a la hora de alcanzar dicho objetivo.»
13 A tenor del artículo 4 de este Reglamento, titulado «Objetivos climáticos intermedios de la Unión»:
«1. Con el fin de lograr el objetivo de neutralidad climática establecido en el artículo 2, apartado 1, el objetivo climático vinculante de la Unión para 2030 consistirá en una reducción interna de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (emisiones una vez deducidas las absorciones) de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990, de aquí a 2030.
[…]
2. A más tardar el 30 de junio de 2021, la Comisión revisará la correspondiente legislación de la Unión para que se pueda lograr el objetivo establecido en el apartado 1 del presente artículo y el objetivo de neutralidad climática establecido en el artículo 2, apartado 1, y estudiará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias, incluso propuestas legislativas, de conformidad con los Tratados.
[…]
3. Con el fin de lograr el objetivo de neutralidad climática establecido en el artículo 2, apartado 1, del presente Reglamento, se fijará un objetivo climático para 2040 a escala de la Unión. […]
[…]
5. A la hora de proponer el objetivo climático de la Unión para 2040 conforme al apartado 3, la Comisión considerará lo siguiente:
[…]
g) la eficiencia energética y el principio “primero, la eficiencia energética”, la asequibilidad de la energía y la seguridad de abastecimiento;
[…]
7. Las disposiciones del presente artículo serán objeto de un examen constante a la luz de la evolución y los esfuerzos internacionales […]».
Reglamento 2022/1854
14 Los considerandos 25, 40 y 41 del Reglamento 2022/1854 tenían el siguiente enunciado:
«(25) En una situación en la que los consumidores están expuestos a precios extremadamente elevados que también perjudican a la economía de la Unión, es necesario limitar, de forma temporal, los ingresos extraordinarios de mercado de los productores con costes marginales más bajos, mediante la aplicación del tope de los ingresos de mercado logrados con la venta de electricidad dentro de la Unión.
[…]
(40) Dado que la combinación de generación y la estructura de costes de las instalaciones de generación de electricidad difieren considerablemente de un Estado miembro a otro, se debe permitir a estos mantener o introducir medidas nacionales frente a la crisis bajo determinadas condiciones.
(41) En particular, los Estados miembros deben mantener la posibilidad de limitar aún más los ingresos de los productores a los que se aplica el tope de los ingresos de mercado y de establecer un tope concreto a los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la venta de electricidad generada a partir de antracita y hulla, cuyo precio puede ser considerablemente inferior al precio de las tecnologías marginales en algunos Estados miembros. A fin de garantizar la seguridad jurídica, también se debe permitir a los Estados miembros mantener o introducir las medidas nacionales frente a la crisis que limitan los ingresos de mercado de productores distintos de aquellos sujetos al tope de los ingresos de mercado a escala de la Unión.»
15 El artículo 1 de este Reglamento, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», disponía:
«El presente Reglamento establece una intervención de emergencia para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía a través de medidas excepcionales, específicas y limitadas en el tiempo. Dichas medidas tienen por objeto reducir el consumo de electricidad, fijar un tope de los ingresos de mercado que perciben determinados productores por la generación de electricidad y redistribuirlos a los clientes finales de electricidad […]».
16 El artículo 6 de dicho Reglamento, titulado «Tope de los ingresos de mercado obligatorio», establecía en su apartado 1:
«Los ingresos de mercado de los productores que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de las fuentes a que se refiere el artículo 7, apartado 1, tendrán un tope de 180 [euros] por [megavatio hora (MWh)] de electricidad producida.»
17 El artículo 7 del mismo Reglamento, titulado «Aplicación del tope de los ingresos de mercado a los productores de electricidad», precisaba, en su apartado 1, que el tope de los ingresos de mercado establecido en el artículo 6 del mismo Reglamento se aplicaba a los ingresos de mercado que se hubieran obtenido por la venta de electricidad producida a partir de las fuentes de energía enumeradas en ese apartado 1.
18 El artículo 8 del Reglamento 2022/1854, titulado «Medidas nacionales frente a la crisis», disponía que:
«1. Los Estados miembros podrán:
a) mantener o introducir medidas que limiten aún más los ingresos de mercado de los productores que generan electricidad a partir de las fuentes enumeradas en el artículo 7, apartado 1, incluida la posibilidad de diferenciar entre tecnologías, así como los ingresos de mercado de otros participantes en el mercado, incluidos los que operen en el comercio de electricidad;
b) fijar un mayor tope de los ingresos de mercado de los productores que generan electricidad a partir de las fuentes enumeradas en el artículo 7, apartado 1, siempre que sus inversiones y sus costes de funcionamiento sean superiores al máximo indicado en el artículo 6, apartado 1;
c) mantener o introducir medidas nacionales para limitar los ingresos de mercado de los productores que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de fuentes no indicadas en el artículo 7, apartado 1;
d) fijar un tope específico de los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de antracita y hulla;
e) someter a las unidades hidroeléctricas no indicadas en el artículo 7, apartado 1, letra d), al tope de los ingresos de mercado, o mantener o introducir medidas que limiten aún más sus ingresos de mercado, incluida la posibilidad de diferenciar entre tecnologías.
2. Las medidas a que se refiere el apartado 1, en consonancia con el presente Reglamento:
a) serán proporcionadas y no discriminatorias;
b) no pondrán en peligro las señales de inversión;
c) garantizarán que las inversiones y los costes de funcionamiento estén cubiertos;
d) no alterarán el funcionamiento de los mercados mayoristas de electricidad y, en particular, no afectarán al orden de mérito ni a la formación de los precios en el mercado mayorista;
e) serán compatibles con la legislación de la Unión.»
19 Según el artículo 22, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento, los artículos 6 a 8 de este eran aplicables desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.
Derecho búlgaro
Ley sobre la Energía
20 La Zakon za energetikata (Ley sobre la Energía) (DV n.º 107, de 9 de diciembre de 2003), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre la Energía»), dispone en su artículo 36f:
«1) Adeudarán contribuciones mensuales del 5 % al [Fond Sigurnost na elektroenergiynata sistema (Fondo de Seguridad del Sistema de Energía Eléctrica, Bulgaria; en lo sucesivo, “FSES”)]:
1. los productores de electricidad, por los ingresos procedentes de la venta de electricidad, excluido el [impuesto sobre el valor añadido (IVA)], y, en el caso de aquellos que reciban una prima en virtud […] de la Zakon za energiata ot vazobnovyaemi iztochnitsi [(Ley sobre la Energía Procedente de Fuentes Renovables; en lo sucesivo, «Ley sobre la Energía Renovable»)], también por los ingresos procedentes de la venta de esta energía, excluido el [IVA]. […];
[…]
2) Las personas mencionadas en el apartado 1, con excepción de los productores contemplados en el artículo 30, apartado 2, de la [Ley sobre la Energía Renovable], deberán, hasta el 20 del mes en curso:
[…]
2. abonar al [FSES] la contribución correspondiente al mes anterior de conformidad con el apartado 1.
3) Los productores de electricidad contemplados en el artículo 30, apartado 2, de la [Ley sobre la Energía Renovable] deberán, no más tarde del 31 de marzo de cada año:
[…]
2. abonar al [FSES] las contribuciones correspondientes al año natural anterior, de conformidad con el apartado 1.
[…]
5) A efectos fiscales, las contribuciones abonadas al [FSES] se contabilizarán como gastos corrientes de funcionamiento.»
Decreto sobre los recursos del FSES
21 El Naredba za reda i nachina za nabiraneto, razhodvaneto, otchitaneto i Kontrola na sredstvata na Fond Sigurnost na elektroenergiynata sistema (Decreto sobre el procedimiento y las normas de contratación, utilización, liquidación y control de los recursos del FSES), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto sobre los recursos del FSES»), establece, en su artículo 5:
«Los recursos del [FSES] se obtendrán mediante:
1. contribuciones que ascienden al 5 % de los ingresos de los productores de electricidad procedentes de la venta de electricidad, excluido el IVA;
[…]».
22 A tenor del artículo 8 de este Decreto:
«1) se entenderá por ingresos a los efectos del artículo 5, punto 1, todos los ingresos facturados procedentes de la venta, a precios regulados o libremente negociados, de electricidad generada por la persona obligada al pago de la contribución, incluidos:
1. los ingresos procedentes de la venta de electricidad activa;
2. los ingresos procedentes del suministro de energía de balance en virtud de un contrato […];
3. el resultado neto de la compensación efectuada en virtud de un contrato […].
2) los costes calculados para la energía de balance no generada en la reserva de balance a la baja se deducirán a la hora de calcular los ingresos a los efectos del artículo 5, punto 1.
3) si el resultado neto del balance contemplado en los apartados 1 y 3 es negativo, este importe se deducirá del importe de los ingresos al calcular los ingresos a los efectos del artículo 5, punto 1.
[…]»
Ley de Aplicación de las Disposiciones Presupuestarias de 2022
23 La Zakon za prilagane na razporedbi na Zakona za darzhavnia byudzhet na Republika Bulgaria za 2022 g., Zakona za byudzheta na darzhavnoto obshtestveno osiguryavane za 2022 g. i Zakona za byudzheta na Natsionalnata zdravnoosiguritelna kasa za 2022 g. (Ley de Aplicación de las Disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de la República de Bulgaria de 2022, de la Ley de Presupuestos de la Seguridad Social del Estado de 2022 y de la Ley de Presupuestos del Seguro de Enfermedad de 2022) (DV n.º 104, de 30 de diciembre de 2022), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Aplicación de las Disposiciones Presupuestarias de 2022»), establece, en el apartado 8 de sus disposiciones transitorias y finales:
«1) Los productores de electricidad que dispongan de instalaciones de generación de electricidad con una potencia instalada superior a 1 [megavatio (MW)], cuyos ingresos de mercado procedan de la venta de electricidad generada a partir de las fuentes mencionadas en el artículo 7, apartado 1, del [Reglamento 2022/1854], […] abonarán al [FSES] contribuciones asignadas que representen la diferencia positiva entre los ingresos de mercado, excluido el [IVA], y el tope de ingresos fijado, calculado aplicando los valores para el tipo de productor de que se trate, con un período de entrega comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023 […]. El importe de la contribución asignada se calculará para cada operación.
2) Los valores que sirven de base para el cálculo del tope de ingresos para el tipo de productor de que se trate, en el sentido del punto 1, se determinarán mediante decisión del Ministerski savet [(Consejo de Ministros, Bulgaria)].
3) Los productores que dispongan de instalaciones de generación de electricidad con una potencia instalada superior a 1 MW, titulares de un contrato de compensación con primas vigente a 8 de octubre de 2022, cuyos ingresos de mercado procedan de la venta de electricidad generada a partir de las fuentes mencionadas en el artículo 7, apartado 1, del [Reglamento 2022/1854], abonarán al [FSES] contribuciones asignadas con cargo a los ingresos de mercado por cada operación realizada a precios libremente negociados, excluido el [IVA], con un período de entrega comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023, a excepción de las operaciones relativas a la energía de balance. El importe de la contribución asignada para cada transacción corresponde a:
1. la diferencia positiva entre los ingresos de mercado procedentes de los precios libremente negociados (precio de mercado obtenido), procedente de la operación en cuestión, excluido el [IVA], y el tope fijado para los ingresos, calculado sobre la base del precio de mercado estimado con arreglo a la decisión de fijación de precios dictada por la Komisia za energiyno i vodno regulirane [(Consejo Regulador de la Energía y el Agua, Bulgaria)], que fija la prima vigente para el correspondiente productor, para los productores para los que el importe de esta prima no sea igual a 0,00 [levas búlgaras (BGN)] por MWh, excluido el [IVA];
2. el 90 % de la diferencia positiva entre los ingresos de mercado procedentes de los precios libremente negociados (precio de mercado obtenido), procedente de la operación en cuestión, excluido el [IVA], y el tope fijado para los ingresos calculado sobre la base del precio preferencial establecido por la decisión del Consejo Regulador de la Energía y el Agua de conformidad con el contrato de primas de compensación, para los productores para los que el importe fijado de la prima vigente sea igual a 0,00 BGN por MWh, excluido el [IVA].
[…]
11) Las contribuciones asignadas en virtud de los puntos 1, 3, 4 y 5 se reconocerán como gastos de explotación corrientes, a efectos fiscales, de los productores, de los comerciantes de electricidad y del proveedor público.
[…]
15) Las contribuciones asignadas con arreglo a los puntos 1, 3, 4 y 5 serán créditos públicos del Estado y las contribuciones no abonadas dentro de plazo se establecerán y recaudarán de conformidad con el Danachno-osiguritelnia protsesualen kodeks [(Código de procedimiento en materia de impuestos y cotizaciones sociales)] […].
[…]»
Ley de Disposiciones Presupuestarias de 2023
24 El apartado 3 de las disposiciones transitorias y finales de la Zakon za darzhavnia byudzhet na Republika Bulgaria za 2023 g. (Ley de Presupuestos Generales del Estado de la República de Bulgaria para 2023), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Disposiciones Presupuestarias de 2023»), dispone:
«1) Los productores de electricidad que dispongan de instalaciones de generación de electricidad con una potencia instalada superior a 1 MW, cuyos ingresos de mercado procedan de la venta de electricidad generada a partir de energía eólica, energía solar (solar térmica y solar fotovoltaica), energía geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalse, biocombustibles (sólidos y gaseosos, excluido el biometano), residuos, energía nuclear y lignito, de productos petrolíferos y turba, así como de electricidad producida a partir de hulla y centrales hidroeléctricas, abonarán al [FSES] contribuciones asignadas correspondientes a la diferencia positiva entre los ingresos de mercado, excluido el [IVA], y el tope de ingresos fijado, calculado aplicando los valores para el tipo de productor de que se trate, con un período de entrega comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023 […]. El importe de la contribución asignada se calcula para cada operación.
2) Los valores que sirven de base para el cálculo del tope de ingresos para el tipo de productor de que se trate, en el sentido del apartado 1, se determinarán mediante decisión del Consejo de Ministros.
3) Los productores que dispongan de instalaciones de generación de electricidad con una potencia instalada superior a 1 MW, titulares de un contrato de compensación con primas vigente a 8 de octubre de 2022, cuyos ingresos de mercado procedan de la venta de electricidad generada a partir de energía eólica, energía solar (solar térmica y solar fotovoltaica), energía geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalse, biocombustibles (sólidos y gaseosos, excluido el biometano), residuos, energía nuclear, lignito, productos petrolíferos y turba abonarán al [FSES] contribuciones asignadas sobre los ingresos de mercado por cada operación celebrada a precios libremente negociados, excluido el [IVA], con un período de entrega comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023, a excepción de las operaciones relativas a la energía de balance. El importe de la contribución asignada a cada operación se calculará [según el mismo método que el previsto en el apartado 8 de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Aplicación de las Disposiciones Presupuestarias de 2022].
[…]»
25 Los puntos 11 y 15 de este apartado 3 reproducen de forma idéntica las disposiciones de los puntos 11 y 15 del apartado 8 de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Aplicación de las Disposiciones Presupuestarias de 2022.
Ley de Disposiciones Presupuestarias de 2024
26 El apartado 3 de las disposiciones transitorias y finales de la Zakon za darzhavnia byudzhet na Republika Bulgaria za 2024 g. (Ley de Presupuestos Generales del Estado de la República de Bulgaria para 2024), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Disposiciones Presupuestarias de 2024»), reproduce las disposiciones del apartado 3 de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Disposiciones Presupuestarias de 2023, para la electricidad suministrada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
27 VETS Svoge es una sociedad búlgara propietaria de cinco centrales hidroeléctricas. Es productora de electricidad y figura en la lista de deudores a que se refiere el artículo 7 del Decreto sobre los recursos del FSES. En virtud del artículo 36f, apartado 1, de la Ley sobre la Energía, está obligada a abonar una contribución mensual del 5 % de los ingresos procedentes de la venta de su electricidad (en lo sucesivo, «contribución del 5 %»).
28 Mediante resolución de la autoridad administrativa de 8 de abril de 2024, fue incoado un procedimiento administrativo para la adopción de un acto de declaración de un crédito público del Estado. Según la resolución de remisión, VETS Svoge tenía, en esa fecha, deudas exigibles y no pagadas por contribuciones adeudadas con arreglo al artículo 36f, apartado 1, de la Ley sobre la Energía correspondientes a los meses de enero y febrero de 2024, de 86 828,39 BGN (aproximadamente 44 395 euros), equivalentes al 5 % de los ingresos calculados conforme al artículo 8 del Decreto sobre los recursos del FSES.
29 Mediante escrito de 14 de abril de 2024, dicha sociedad presentó sus observaciones sobre la citada decisión de incoación. Indicó que había pagado las deudas en cuestión dentro de plazo, adjuntando las órdenes de pago correspondientes.
30 Mediante escrito de 17 de abril de 2024, la autoridad administrativa indicó a dicha sociedad que no había calculado ni abonado correctamente sus contribuciones con arreglo al mencionado artículo 36f correspondientes al mes de diciembre de 2022 y a los meses de enero, febrero, marzo, abril, septiembre y octubre de 2023, ya que, sin ningún fundamento legal, había deducido de los ingresos sobre los que se calcula la contribución del 5 % las contribuciones asignadas que había abonado en virtud de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Aplicación de las Disposiciones Presupuestarias de 2022 y en virtud de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Disposiciones Presupuestarias de 2023.
31 Aunque VETS Svoge realizó algunos pagos para liquidar el principal de las contribuciones adeudadas en virtud del artículo 36f de la Ley sobre la Energía por el año 2023 y una parte de la contribución adeudada por el mes de enero de 2024, la autoridad administrativa consideró que dicha sociedad no había cumplido íntegramente sus obligaciones de pago de las contribuciones del 5 % y de los intereses de demora correspondientes. Así pues, la mencionada autoridad adoptó, el 22 de abril de 2024, un acto por el que se declaraba un crédito público del Estado, fijando el importe total de las deudas de VETS Svoge en 55 671,89 BGN (aproximadamente 28 465 euros), es decir, 41 971,86 BGN (aproximadamente 21 460 euros) en concepto de principal, correspondiente a las aportaciones del 5 % sobre los ingresos por venta de electricidad, excluido el IVA, de los meses de enero y febrero de 2024, y 13 700,03 BGN (aproximadamente 7 005 euros) en concepto de intereses de demora devengados por las contribuciones del 5 % impagadas del período comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 22 de abril de 2024.
32 VETS Svoge interpuso ante el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria) un recurso en el que impugnaba la legalidad de dicho acto.
33 Mediante sentencia de 9 de octubre de 2024, este Tribunal desestimó el recurso. En particular, declaró que, con respecto a los meses de marzo de 2022 y enero, febrero, marzo, abril, septiembre y octubre de 2023, esta sociedad había efectuado deducciones de los ingresos por venta de electricidad que figuraban en las facturas que ella misma había emitido, de suerte que había pagado una contribución en virtud del artículo 36f de la Ley sobre la Energía inferior a la adeudada con arreglo a dicho artículo.
34 El referido Tribunal consideró, a este respecto, que las contribuciones impuestas por dicho artículo y las contribuciones asignadas exigidas por el apartado 8 de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Disposiciones Presupuestarias de 2022, adoptada sobre la base del Reglamento 2022/1854, así como las exigidas por el apartado 3 de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Aplicación de las Disposiciones Presupuestarias de 2023 y el apartado 3 de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Disposiciones Presupuestarias de 2024, en primer lugar, tienen por objeto relaciones sociales diferentes y se rigen por actos legislativos diferentes entre los que no hay correspondencia; en segundo lugar, tienen mecanismos de cálculo, de pago y de liquidación diferentes, y, por último, se adoptaron para compensar gastos de naturaleza e importes diferentes. Añadió que, al adoptar esas dos contribuciones, el legislador búlgaro perseguía objetivos diferentes. También señaló que ninguna de las disposiciones transitorias había modificado el artículo 36f de la Ley sobre la Energía ni el método de cálculo de la contribución del 5 % prevista en ese artículo.
35 Por consiguiente, el mismo Tribunal entendió que la autoridad administrativa podía considerar fundadamente que VETS Svoge no había calculado ni abonado correctamente las contribuciones adeudadas con arreglo al citado artículo 36f al deducir las contribuciones asignadas de los ingresos sobre los que se calculan esas primeras contribuciones.
36 VETS Svoge interpuso recurso de casación ante el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente. En apoyo de su recurso de casación, alega que las conclusiones del tribunal de primera instancia, por un lado, son contrarias a la Ley sobre la Energía, a la Ley de Aplicación de las Disposiciones Presupuestarias de 2022, a las Leyes de Disposiciones Presupuestarias de 2023 y 2024, al Decreto sobre los recursos del FSES y a los principios y libertades fundamentales consagrados en la Konstitutsia na Republika Bulgaria (Constitución de la República de Bulgaria), toda vez que imponen una carga financiera injustificada y desproporcionada a los productores de electricidad, y, por otro lado, son contrarias al Derecho de la Unión.
37 En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente indica, en primer término, que del Reglamento 2022/1854 se desprende, en particular, que los ingresos de los productores de electricidad que superen el límite máximo de ingresos fijado por dicho Reglamento no se consideran ingresos para los productores afectados, sino que constituyen ingresos de los Estados miembros, reorientados hacia los consumidores finales para limitar los efectos negativos de las subidas de precios. Asimismo, señala que, según dicho Reglamento, la introducción o el mantenimiento, por los Estados miembros, de medidas que limiten aún más los ingresos de mercado solo es posible si se cumplen los requisitos enumerados en el mismo Reglamento. De ahí que solo pueda considerarse que una medida adicional es proporcionada si no causa un perjuicio a los productores y no es una amenaza para la competencia.
38 En segundo término, el órgano jurisdiccional remitente señala que, a efectos del cálculo de la contribución del 5 % prevista en el artículo 36f de la Ley sobre la Energía, los ingresos de la venta de electricidad están constituidos por todas las ventas facturadas a precios regulados o libremente negociados, y los únicos gastos que pueden deducirse son los gastos de escasez de suministro. Por lo tanto, la medida contemplada en dicho artículo 36f no cumple los requisitos establecidos por el Reglamento 2022/1854, ya que es desproporcionada, no tiene en cuenta los gastos de explotación, de producción y de inversión de los productores de electricidad y limita la actividad de estos últimos. Este Reglamento, como instrumento del Derecho de la Unión, prevalece sobre la legislación nacional y, por lo tanto, excluye la coexistencia de la contribución del artículo 36f de la Ley sobre la Energía, que equivale también a un tope de ingresos, con el tope obligatorio de ingresos que establece el referido Reglamento.
39 Por otra parte, aun suponiendo que este último tope y la contribución prevista en el citado artículo 36f pudieran coexistir, procede señalar que el importe recaudado como contribuciones asignadas no constituye un ingreso desde el punto de vista del productor de que se trate. Por consiguiente, considera ilegal que, en el marco de la aplicación del artículo 36f de la Ley sobre la Energía, la contribución del 5 % adeudada con arreglo a dicha disposición se calcule también sobre el importe de las contribuciones asignadas. Ello conduce, además, a una doble imposición del mismo valor. Igualmente, es desproporcionado y contrario a los objetivos del Reglamento 2022/1854, que no consisten en limitar los ingresos ficticios, sino los ingresos efectivamente obtenidos.
40 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente añade que, conforme al apartado 8, punto 11, de las disposiciones transitorias y finales de la Ley de Aplicación de las Disposiciones Presupuestarias de 2022, las contribuciones asignadas se reconocen como gastos de explotación corrientes de los productores de electricidad. El hecho de tratarlos como ingresos exclusivamente a efectos de su tributación en virtud de dicho artículo 36f constituye un acto arbitrario del Estado incompatible con los principios de solidaridad y de proporcionalidad consagrados por el Derecho de la Unión. Además, aun suponiendo que tal medida fuera legal con arreglo al Derecho interno, se ha de tener en cuenta, en virtud del principio lex posterior derogat legi priori, la derogación implícita de dicho artículo 36f, debiendo entenderse el concepto de «ingresos» en el sentido del citado apartado 8 de las disposiciones transitorias y finales.
41 En tercer término, según el órgano jurisdiccional remitente, la obligación de pagar una contribución del 5 % sobre el importe de las contribuciones asignadas desincentiva la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y conduce a una interrupción de las inversiones y a una limitación forzada de la producción de este tipo de electricidad, por las pérdidas generadas. Además, esta contribución es incompatible con la política de la Unión en materia de protección del medio ambiente y de fomento de la neutralidad climática que se persigue con el Reglamento 2021/1119.
42 En cuarto término, dicha contribución es incompatible con la libre circulación de capitales, ya que somete a los productores que desean entrar en el mercado búlgaro de la electricidad o mantener en él su actividad a una tributación excesiva, lo que, además, restringe la libertad de establecimiento e infringe el artículo 17 de la Carta.
43 En tales circunstancias, el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 8 del Reglamento [2022/1854] en el sentido de que puede mantenerse una medida nacional como la contribución del 5 % de los ingresos procedentes de la venta de electricidad, prevista en el artículo 36f de la [Ley sobre la Energía], y, al mismo tiempo, puede existir un tope obligatorio para los ingresos de mercado de los productores de electricidad?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: ¿debe interpretarse el artículo 8 del Reglamento 2022/1854 en el sentido de que cabe admitir que la contribución del 5 % de los ingresos procedentes de la venta de electricidad se calcule y se adeude sobre los importes que superen el tope obligatorio de los ingresos, que los productores de electricidad deben abonar al [FSES] y que no constituyen ingresos para ellos? Al interpretar estas disposiciones, ¿puede partirse de la premisa de que la contribución del 5 % de los ingresos procedentes de la venta de electricidad no constituye una discriminación, aunque dé lugar a una doble imposición de los mismos importes en el caso de algunos de los productores de electricidad?
3) Teniendo en cuenta la interpretación de
– los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 del Reglamento [2021/1119], en relación con el artículo 191 TFUE, apartado 2, que regulan la importancia fundamental de la transición de los Estados miembros hacia un sistema energético basado en fuentes renovables;
– el artículo 3, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva [2018/2001], que regula el objetivo vinculante de la Unión de alcanzar una determinada cuota de energía procedente de fuentes renovables para 2030 y la obligación de los Estados miembros de garantizar que se alcance dicha cuota;
– el artículo 3, letras a), b), h) y p), y del artículo 10, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento [2019/943], en relación con los considerandos 22 y 23 de este, con el artículo 5, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva [2019/944] y con el artículo 8 del Reglamento 2022/1854, que regulan los principios relativos a la formación de precios en un mercado comercial de la energía,
¿permite el Derecho de la Unión que el Estado búlgaro imponga y recaude contribuciones de los productores de electricidad procedente de fuentes renovables, como la contribución prevista en el artículo 36f de la Ley sobre la Energía, sobre los importes que superen el tope obligatorio de los ingresos, que los productores de electricidad deben abonar al [FSES] y que no constituyen ingresos para ellos? A la vista de la interpretación de estas disposiciones, ¿puede considerarse proporcionado este trato, aunque no se tengan en cuenta los costes de funcionamiento reales de los productores de electricidad?
4) ¿Deben interpretarse el artículo 63 TFUE y el artículo 17 de la [Carta] en el sentido de que se oponen a una legislación y a una práctica nacionales como las controvertidas en el presente asunto, en virtud de las cuales los importes abonados al Estado por un productor de electricidad (importes que superen el tope obligatorio de los ingresos de los productores de energía) están sujetos a una obligación adicional de Derecho público (que asciende al 5 % de conformidad con el artículo 36f de la Ley sobre la Energía)?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
44 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8 del Reglamento 2022/1854 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual los productores de electricidad están obligados a pagar una contribución mensual del 5 % de sus ingresos derivados de la venta de electricidad, que está destinada a la financiación de una entidad pública cuyo objeto es garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de ese Estado miembro, y que coexiste con la medida de fijación de un tope de los ingresos de los productores de electricidad prevista en dicho Reglamento.
45 A este respecto, es preciso señalar, con carácter preliminar, que, según los datos que figuran en la resolución de remisión, que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente, el litigio principal se refiere a la contribución mensual establecida con arreglo al artículo 36f, apartado 1, de la Ley sobre la Energía, devengada por las ventas de electricidad que realizó VETS Svoge durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 22 de abril de 2024.
46 Por lo tanto, procede recordar, en primer lugar, que, según el artículo 22, apartado 2, letra c), del Reglamento 2022/1854, los artículos 6 a 8 de este eran aplicables del 1 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023. De ello se desprende que, en cualquier caso, el artículo 8 de este Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la descrita en el apartado 44 de la presente sentencia en un período en el que dicho artículo no era aplicable (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2026, Secab, C‑423/23, EU:C:2026:32, apartado 38), es decir, en el caso de autos, durante el período anterior al 1 de diciembre de 2022 y el posterior al 30 de junio de 2023.
47 En segundo lugar, por lo que se refiere al período en el que eran aplicables los citados artículos 6 a 8, conviene recordar que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2022/1854 establece que los ingresos de mercado de los productores que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de las fuentes a que se refiere el artículo 7, apartado 1, tendrán un tope de 180 euros por MWh de electricidad producida. Según esta última disposición, estas fuentes son la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, la energía hidroeléctrica sin embalse, los combustibles de biomasa sólidos o gaseosos, excluido el biometano, los residuos, la energía nuclear, el lignito, los productos derivados del petróleo crudo y la turba.
48 En cuanto al artículo 8 de este Reglamento, en su apartado 1 se especifican otras medidas que pueden adoptar los Estados miembros. Se trata, en esencia, del mantenimiento o la introducción de medidas que limiten aún más los ingresos de mercado de los productores que generan electricidad a partir de las fuentes enumeradas en el artículo 7, apartado 1, de este; la fijación de un mayor tope de los ingresos de mercado de dichos productores, siempre que sus inversiones y sus costes de funcionamiento superen el máximo indicado en el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento; el mantenimiento o la introducción de medidas nacionales para limitar los ingresos de mercado de los productores que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de fuentes que no figuran en dicho artículo 7, apartado 1; la fijación de un tope específico de los ingresos de mercado que se hayan obtenido por la generación de electricidad a partir de antracita y hulla, y el sometimiento de las unidades hidroeléctricas no indicadas en dicho artículo 7, apartado 1, letra d), al tope de los ingresos de mercado, o el mantenimiento o la introducción de medidas que limiten aún más sus ingresos de mercado. El artículo 8, apartado 2, del mismo Reglamento enumera, por su parte, los requisitos que deben cumplir las medidas contempladas en dicho artículo 8, apartado 1.
49 Por otra parte, según el artículo 1 del Reglamento 2022/1854, este establece una intervención de emergencia para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía a través de medidas excepcionales, específicas y limitadas en el tiempo, que tienen por objeto, en particular, fijar un tope de los ingresos de mercado que perciben determinados productores por la generación de electricidad y redistribuirlos a los clientes finales de electricidad.
50 Así, el considerando 25 de este Reglamento indica que, en una situación en la que los consumidores están expuestos a precios extremadamente elevados que también perjudican a la economía de la Unión, es necesario limitar, de forma temporal, los ingresos extraordinarios de mercado de los productores con costes marginales más bajos, mediante la aplicación del tope de los ingresos de mercado logrados con la venta de electricidad dentro de la Unión. En el mismo sentido, el considerando 41 de dicho Reglamento indica que los Estados miembros deben mantener la posibilidad de limitar aún más los ingresos de los productores a los que se aplica el tope de los ingresos de mercado, dado que, según el considerando 40 del mismo Reglamento, la combinación de generación y la estructura de costes de las instalaciones de generación de electricidad difieren considerablemente de un Estado miembro a otro.
51 Pues bien, procede señalar que una contribución nacional como la controvertida en el litigio principal, que se impone a todos los productores de electricidad que venden electricidad en el territorio de ese Estado miembro y que tiene por objeto la financiación de una entidad pública encargada de garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de dicho Estado miembro, por un lado, no constituye la medida de fijación de un tope de ingresos prevista en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2022/1854. Por otro lado, tampoco puede estar comprendida en las medidas que los Estados miembros pueden adoptar en virtud del artículo 8, apartado 1, de este Reglamento. En efecto, el objeto de tal contribución es manifiestamente ajeno al objetivo perseguido por dicho Reglamento, y su ámbito de aplicación personal no se corresponde en modo alguno con el de las medidas contempladas el referido artículo 8.
52 De ello se deduce que una normativa nacional que impone una contribución como la controvertida en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento 2022/1854 y, en particular, de sus artículos 6 a 8.
53 Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que de ninguna disposición de este Reglamento se desprende que este se aplique a una medida de tope de los ingresos establecida por una normativa nacional para un período anterior a la entrada en vigor de dicho Reglamento, y que, a falta de normativa de la Unión en la materia aplicable ratione temporis, no puede considerarse que los Estados miembros se vean privados de la facultad de ejercer sus competencias en esa materia (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Electrabel y otros, C‑633/23, EU:C:2025:991, apartado 58).
54 Pues bien, esta última observación vale también, a fortiori, cuando se trata de una normativa nacional que establece una contribución como la controvertida en el litigio principal que, por su propia naturaleza, está excluida del ámbito de aplicación del Reglamento 2022/1854. En particular, de ninguna disposición de este Reglamento resulta que, durante el período de aplicación ratione temporis de este, los Estados miembros se vean privados de su competencia para imponer gravámenes obligatorios destinados a la financiación de entidades públicas con funciones de interés público como, en este caso, la garantía de la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica nacional.
55 A este respecto, es cierto que, según reiterada jurisprudencia, los Estados miembros deben ejercer sus competencias respetando el Derecho de la Unión y, por tanto, de modo que se preserve el efecto útil de las disposiciones de dicho Reglamento (sentencia de 18 de diciembre de 2025, Electrabel y otros, C‑633/23, EU:C:2025:991, apartado 40 y jurisprudencia citada). Sin embargo, habida cuenta de las características de una contribución como la controvertida en el litigio principal, en particular su objeto y su ámbito de aplicación, no puede menoscabar en modo alguno ese efecto útil y, por otra parte, nada indica que sea de alguna otra forma contraria al Derecho de la Unión.
56 Por cuantas consideraciones anteceden, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 8 del Reglamento 2022/1854 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual los productores de electricidad están obligados a pagar una contribución mensual del 5 % de sus ingresos derivados de la venta de electricidad, que está destinada a la financiación de una entidad pública cuyo objeto es garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de ese Estado miembro, y que coexiste con la medida de fijación de un tope de los ingresos de los productores de electricidad prevista en dicho Reglamento.
Segunda cuestión prejudicial
57 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8 del Reglamento 2022/1854, en particular el requisito de no discriminación enunciado en dicho artículo 8, apartado 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que la contribución mensual que deben pagar los productores de electricidad con arreglo a dicha normativa, destinada a la financiación de una entidad pública cuyo objeto es garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de ese Estado miembro, se calcula y percibe sobre la base del total de ingresos derivados de las ventas de electricidad realizadas en el territorio de ese Estado miembro por los referidos productores.
58 A este respecto, basta con recordar, por un lado, que, como se ha señalado en el apartado 46 de la presente sentencia, dicho artículo 8 no puede interpretarse en el sentido de que se opone a tal normativa nacional para un período en el que el citado artículo 8 no era aplicable. Por otro lado, como se ha señalado en el apartado 52 de la presente sentencia, tal normativa nacional no está comprendida en el ámbito de aplicación de ese Reglamento. Se deduce de ello que el mismo artículo 8 no puede oponerse a que una contribución como la descrita en el apartado anterior se calcule y perciba sobre la base del total de ingresos procedentes de las ventas de electricidad realizadas en el territorio de ese Estado miembro por los referidos productores.
59 En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 8 del Reglamento 2022/1854, en particular el requisito de no discriminación enunciado en dicho artículo 8, apartado 2, letra a), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece que la contribución mensual que deben pagar los productores de electricidad con arreglo a dicha normativa, destinada a la financiación de una entidad pública cuyo objeto es garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de ese Estado miembro, se calcula y percibe sobre la base del total de ingresos derivados de las ventas de electricidad realizadas en el territorio de ese Estado miembro por los referidos productores.
Tercera cuestión prejudicial
60 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, la interpretación, en primer término, de los artículos 2, apartados 1 y 2, y 4 del Reglamento 2021/1119, en relación con el artículo 191 TFUE, apartado 2; en segundo término, del artículo 3, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva 2018/2001, y, en tercer término, de los artículos 3, letras a), b), h) y p), y 10, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento 2019/943, en relación con los considerandos 22 y 23 de este, con el artículo 5, apartados 1, 3 y 4, de la Directiva 2019/944 y con el artículo 8 del Reglamento 2022/1854.
61 A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véanse las sentencias de 21 de abril de 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, apartado 8; de 24 de julio de 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, apartado 61, y de 11 de junio de 2026, Jenec, C‑81/24, EU:C:2026:470, apartado 26 y jurisprudencia citada).
62 En efecto, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente, por tanto, cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencias de 16 de diciembre de 2008, Cartesio, C‑210/06, EU:C:2008:723, apartado 67 y jurisprudencia citada, y de 11 de junio de 2026, Jenec, C‑81/24, EU:C:2026:470, apartado 27 y jurisprudencia citada).
63 No obstante, del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y de reiterada jurisprudencia se desprende que, para que el Tribunal de Justicia pueda proporcionar una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional, la petición de decisión prejudicial debe contener, en primer término, una exposición concisa del objeto del litigio principal y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones. En segundo término, debe contener el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al litigio principal y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente. En tercer término, el órgano jurisdiccional remitente ha de indicar las razones que le han llevado a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal (véase el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2014, Municipiul Piatra Neamț, C‑13/14, EU:C:2014:2000, apartado 10 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 4 de junio de 2026, Darashev, C‑312/24, EU:C:2026:449, apartado 56).
64 En el presente asunto, es cierto que el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto el contenido de las disposiciones nacionales aplicables al litigio principal y el objeto de dicho litigio. Además, indicó, en relación con la tercera cuestión prejudicial, que la contribución del 5 % desincentiva la producción de electricidad a partir de fuentes renovables, conduce a la interrupción de las inversiones y a una limitación forzada de la producción de este tipo de electricidad, y es incompatible con la política de la Unión en materia de protección del medio ambiente y de fomento de la neutralidad climática.
65 No obstante, aparte de estas afirmaciones generales, y como también ha alegado la autoridad administrativa, dicho órgano jurisdiccional no ha expuesto en modo alguno las razones por las que alberga dudas sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refiere esta cuestión prejudicial ni la relación que establece entre estas y la normativa nacional aplicable al litigio principal.
66 A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que este litigio se refiere al régimen del cálculo de una contribución establecida por el legislador búlgaro, destinada a la financiación de una entidad pública que tiene por objeto garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de ese Estado miembro. Pues bien, dicho órgano jurisdiccional no ha explicado en modo alguno la relación que establece entre, por un lado, la normativa nacional relativa a dicha contribución y al régimen de su cálculo y, por otro lado, las disposiciones cuya interpretación solicita mediante su tercera cuestión prejudicial. Si bien el órgano jurisdiccional remitente menciona, de manera genérica, el Reglamento 2021/1119, en la resolución de remisión no se menciona ninguno de los demás actos ni ninguna de las disposiciones que se citan en su tercera cuestión prejudicial.
67 A la vista de lo anterior, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos necesarios para responder de manera útil a la tercera cuestión prejudicial. Por consiguiente, esta es inadmisible, de acuerdo con la jurisprudencia recordada en los apartados 62 y 63 de la presente sentencia.
Cuarta cuestión prejudicial
68 Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 63 TFUE y el artículo 17 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual los productores de electricidad que realizan ventas de electricidad en el territorio de ese Estado miembro están obligados a pagar una contribución mensual del 5 % destinada a la financiación de una entidad pública que tiene por objeto garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de ese Estado miembro, calculada sobre el total de sus ingresos derivados de esas ventas.
69 A este respecto, procede señalar, por un lado, que, aparte de una afirmación general según la cual tal contribución restringe la libre circulación de capitales, el órgano jurisdiccional remitente no ha explicado en modo alguno las razones por las que alberga dudas sobre la interpretación del artículo 63 TFUE ni la relación que establece entre esta disposición y el litigio principal. Por lo tanto, en la medida en que esta cuarta cuestión prejudicial se refiere a dicha disposición, es inadmisible, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta en los apartados 62 y 63 de la presente sentencia.
70 Por otro lado, toda vez que el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del artículo 17 de la Carta, se ha de recordar que el ámbito de aplicación de la Carta se define en su artículo 51, apartado 1, a tenor del cual, por lo que se refiere a la acción de los Estados miembros, las disposiciones de la Carta están dirigidas a estos únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
71 Los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas (sentencias de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 19, y de 29 de julio de 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, apartado 41).
72 En cambio, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (véanse las sentencias de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 22, y de 21 de mayo de 2026, 24.hu, C‑843/24, EU:C:2026:426, apartado 28).
73 El concepto de «aplicación del Derecho de la Unión», a efectos del artículo 51, apartado 1, de la Carta, presupone la existencia de un vínculo de conexión entre un acto del Derecho de la Unión y la medida nacional de que se trate de un grado superior a la proximidad de las materias consideradas o a las incidencias indirectas de una de ellas en la otra (sentencia de 29 de julio de 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, apartado 42 y jurisprudencia citada).
74 Así pues, para determinar si una medida nacional guarda relación con la «aplicación del Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, se ha de comprobar, entre otros aspectos, si la finalidad de la norma nacional controvertida es aplicar una disposición del Derecho de la Unión, el carácter de esa norma, si esta persigue objetivos distintos de los previstos por el Derecho de la Unión, aun cuando pueda afectar indirectamente a este último, y si existe una normativa específica del Derecho de la Unión en la materia o que la pueda afectar (sentencia de 29 de julio de 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, apartado 43 y jurisprudencia citada).
75 En el presente asunto, por un lado, del análisis de la primera cuestión prejudicial se desprende que la normativa nacional controvertida en el litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento 2022/1854. Por otro lado, la resolución de remisión no pone de manifiesto que exista un vínculo de conexión entre dicha normativa y algún otro acto del Derecho de la Unión. Por lo tanto, no puede considerarse que la finalidad de la citada normativa sea aplicar el Derecho de la Unión, a los efectos del artículo 51, apartado 1, de la Carta.
76 Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a la cuarta cuestión prejudicial en cuanto que se refiere a la interpretación del artículo 17 de la Carta.
Costas
77 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
1) El artículo 8 del Reglamento (UE) 2022/1854 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, relativo a una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual los productores de electricidad están obligados a pagar una contribución mensual del 5 % de sus ingresos derivados de la venta de electricidad, que está destinada a la financiación de una entidad pública cuyo objeto es garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de ese Estado miembro, y que coexiste con la medida de fijación de un tope de los ingresos de los productores de electricidad prevista en dicho Reglamento.
2) El artículo 8 del Reglamento 2022/1854, en particular el requisito de no discriminación que figura en dicho artículo 8, apartado 2, letra a),
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que establece que la contribución mensual que deben pagar los productores de electricidad con arreglo a dicha normativa, destinada a la financiación de una entidad pública cuyo objeto es garantizar la estabilidad financiera del sector energético y la seguridad de la red eléctrica de ese Estado miembro, se calcula y percibe sobre la base del total de ingresos derivados de las ventas de electricidad realizadas en el territorio de ese Estado miembro por los referidos productores.
Firmas
* Lengua de procedimiento: búlgaro.