67.Según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar una Decisión individual tiene la finalidad de permitir al Juez comunitario el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada, o si acaso está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez; el alcance de esta obligación depende de la naturaleza del acto de que se trate y del contexto en el que se haya adoptado (véase, particularmente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 1996, Van Megen Sports/Comisión, T-49/95, Rec. p. II-1799, apartado 51).68.Por lo que respecta a una Decisión que, como la que aquí interesa, impone multas a varias empresas por una infracción de las normas comunitarias de la competencia, el alcance de la obligación de motivación debe apreciarse teniendo en cuenta, en particular, que la gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, entre otros, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (auto del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1996, SPO y otros/Comisión, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, apartado 54).69.Además, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación y no puede considerarse que esté obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa (véase, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Martinelli/Comisión, T-150/89, Rec. p. II-1165, apartado 59).70.En la Decisión, los criterios tenidos en cuenta para determinar el nivel general de las multas y la cuantía de las multas individuales aparecen, respectivamente, en los puntos 168 y 169 de la exposición de motivos. Por otra parte, por lo que respecta a las multas individuales, la Comisión explica en el punto 170 de la exposición de motivos que, en principio, se consideró líderes del cartel a las empresas que habían participado en las reuniones del PWG, mientras que las restantes empresas fueron consideradas miembros ordinarios de aquél. Por último, en los puntos 171 y 172 de la exposición de motivos, indica que las cuantías de las multas impuestas a Rena y a Stora deben reducirse considerablemente para tener en cuenta su cooperación activa con la Comisión, y que también pueden beneficiarse de una reducción, de menor entidad, otras ocho empresas, entre ellas, la demandante, debido a que, en sus respuestas al pliego de cargos, no negaron las principales alegaciones de hecho en las que la Comisión basaba sus imputaciones.71.En los escritos por ella presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, así como en su respuesta a una pregunta escrita de éste, la Comisión explicó que las multas fueron calculadas en función del volumen de negocios alcanzado por cada una de las empresas destinatárias de la Decisión en el mercado comunitario del cartoncillo en 1990. Así, las multas impuestas a las empresas consideradas líderes del cartel y a las restantes empresas se calcularon, respectivamente, con un nivel de base del 9 % y del 7,5 % de dicho volumen de negocios individual. Por último, la Comisión tuvo en cuenta, en su caso, la actitud cooperativa de determinadas empresas durante el procedimiento ante ella tramitado. Dos empresas disfrutaron, por tal razón, de una reducción de dos tercios del importe de sus multas, mientras que otras empresas se beneficiaron de una reducción de un tercio.72.Por otra parte, de un cuadro aportado por la Comisión y que contiene indicaciones sobre la fijación de la cuantía de cada una de las multas individuales se deduce que, si bien éstas no fueron determinadas aplicando de un modo estrictamente matemático exclusivamente los datos aritméticos antes mencionados, dichos datos fueron, no obstante, sistemáticamente tenidos en cuenta para el cálculo de las multas.73.Ahora bien, la Decisión no precisa que las multas se calcularon tomando como base el volumen de negocios alcanzado por cada una de las empresas en el mercado comunitario del cartoncillo en 1990. Además, los tipos básicos del 9 % y 7,5 % aplicados para calcular las multas impuestas a las empresas consideradas líderes y a las consideradas miembros ordinarios, respectivamente, no figuran en la Decisión. Tampoco figuran en ella los tipos de las reducciones concedidas a Rena y a Stora, por una parte, y a otras ocho empresas, la demandante entre ellas, por otra.74.En el caso de autos, debe considerarse, en primer lugar, que, interpretados a la luz de la detallada exposición que, de las alegaciones fácticas formuladas respecto a cada uno de sus destinatarios, ofrece la Decisión, los puntos 169 a 172 de la exposición de motivos de ésta contienen una indicación suficiente y pertinente de los elementos de juicio que se tomaron en consideración para determinar la gravedad y la duración de la infracción cometida por cada una de las empresas de que se trata (véase, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Petrofina/Comisión, T-2/89, Rec. p. II-1087, apartado 264).75.En segundo lugar, cuando, como en el caso de autos, la cuantía de cada multa se calcula tomando como base la consideración sistemática de determinados datos precisos, la indicación, en la Decisión, de cada uno de dichos factores permitiría a las empresas apreciar mejor, por una parte, si la Comisión cometió errores al fijar la cuantía de la multa individual y, por otra parte, si la cuantía de cada multa individual está justificada con respecto a los criterios generales aplicados. En el caso de autos, la indicación en la Decisión de los referidos factores, esto es, el volumen de negocios y el año de referencia, los tipos básicos aplicados y los tipos de reducción de la cuantía de las multas, no habría entrañado ninguna divulgación implícita del volumen de negocios preciso de las empresas destinatarias de la Decisión, divulgación ésta que habría podido constituir una infracción del artículo 214 del Tratado. En efecto, como ha subrayado la propia Comisión, la cuantía final de cada multa individual no resulta de una aplicación estrictamente matemática de dichos factores.76.Por otra parte, la Comisión reconoció en la vista que nada le habría impedido indicar en la Decisión los factores que habían sido sistemáticamente tenidos en cuenta, los cuales se divulgaron durante una rueda de prensa celebrada por el miembro de la Comisión encargado de la política de la competencia el mismo día en que se adoptó la Decisión. A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la motivación de una Decisión debe figurar en el cuerpo mismo de ésta y que, salvo que concurran circunstancias excepcionales, no pueden ser tenidas en cuenta explicaciones posteriores ofrecidas por la Comisión (véanse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión, T-61/89, Rec. p. II-1931, apartado 131, y, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1991, Hilti/Comisión, T-30/89, Rec. p. II-1439, apartado 136).77.A pesar de lo así afirmado, debe señalarse que la motivación de la determinación de la cuantía de las multas contenida en los puntos 167 a 172 de la exposición de motivos de la Decisión es, por lo menos, tan detallada como la contenida en las Decisiones adoptadas anteriormente por la Comisión en relación con infracciones similares. Pues bien, aunque el motivo relativo al vicio de motivación sea de orden público, el Juez comunitario no había formulado, en el momento en que se adoptó la Decisión, ninguna crítica a la práctica seguida por la Comisión en materia de motivación de las multas impuestas. Hasta dictarse la sentencia de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión (T-148/89, Rec. p. II-1063), apartado 142, y otras dos sentencias del mismo día, Société métallurgique de Normandie/Comisión (T-147/89, Rec. p. II-1057, publicación sumaria) y Société des treillis et panneaux soudés/Comisión (T-151/89, Rec. p. II-1191, publicación sumaria), no subrayó el Tribunal de Primera Instancia, por primera vez, que sería deseable que las empresas pudieran conocer detalladamente el método de cálculo de la multa que les ha sido impuesta, sin verse obligadas a presentar un recurso jurisdiccional contra la Decisión de la Comisión para conseguirlo.78.De ahí se sigue que, cuando declara en una Decisión la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia e impone multas a las empresas que han participado en ella, la Comisión, si ha tenido en cuenta sistemáticamente determinados elementos básicos para fijar la cuantía de las multas, debe indicar dichos elementos en el cuerpo de la Decisión para permitir a los destinatarios de ésta verificar si el nivel de la multa está correctamente fundado y apreciar si acaso existe una discriminación.79.En las circunstancias particulares señaladas en el apartado 77 supra, y considerado el hecho de que la Comisión se ha mostrado dispuesta a facilitar, durante el procedimiento contencioso, toda información pertinente acerca del método de cálculo de las multas, la falta de motivación específica en la Decisión sobre el método de cálculo de las multas no debe, en el caso de autos, considerarse constitutiva de una infracción de la obligación de motivar que justifique la anulación total o parcial de las multas impuestas.80.Por consiguiente, no puede acogerse la primera parte del motivo.

88.A tenor del párrafo primero del punto 170 de la exposición de motivos de la Decisión, los líderes, es decir los fabricantes más importantes que participaban en el PWG (Cascades; Finnboard; [Mayr-Melnhof]; MoDo; Sarrió y Stora), deben cargar con una responsabilidad especial. Eran claramente los principales participantes en la toma de decisiones y los impulsores del cartel.89.Según el párrafo segundo del mismo punto, se debe considerar también a [la demandante] como líder del cartel por el período durante el que fue miembro del PWG, esto es, hasta mediados de 1988 (párrafo segundo del punto 36 de la exposición de motivos). La Decisión precisa que el representante de la demandante presidió la PC y el PWG en un momento crítico.90.Además, describe ampliamente el trascendente papel que desempeñaba el PWG en el cartel (especialmente en los puntos 36 a 38 y 130 a 132 de la exposición de motivos).91.De lo expuesto resulta que la Decisión contiene una motivación suficiente de las razones que llevaron a la Comisión a considerar a la demandante como líder.92.En cuanto al fundamento de dicha motivación, hay que poner de relieve que la demandante no niega haber participado en las reuniones del PWG ni haber asumido incluso su presidencia durante los dos primeros años del cartel. Tampoco niega que el objeto del PWG era esencialmente contrario a la competencia ni la realidad de las conductas prohibidas comprobadas por la Comisión.93.Por consiguiente, fue correcto calificar a la demandante como líder a los efectos del cálculo de la multa, ya que su comportamiento efectivo en el seno del PWG y las razones que, según alega, la impulsaron a la presidencia de dicho órgano no desvirtúan lo apreciado por la Comisión.94.Sin embargo, en virtud de las precedentes consideraciones, sólo cabía calificar a la demandante como líder y, por lo tanto, sancionarla como tal por el período comprendido entre mediados de 1986 y mediados de 1988. Este Tribunal analizará el alcance de esta conclusión en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena en materia de multas al examinar el motivo relativo a errores cometidos en el cálculo de la multa impuesta a la demandante (apartados 104 y siguientes supra).95.Por consiguiente, no puede estimarse este motivo.

55.Ya se ha declarado [...] que la Comisión obró correctamente al imputar a la demandante la conducta infractora de Badische.56.Esta reconoce que después de haber abandonado los órganos del GEP Cartoncillo a finales de 1989 continuó, no obstante, recibiendo información sobre las iniciativas en materia de precios.57.No niega, por otra parte, que de los cuadros F y G del Anexo de la Decisión se desprende que, en abril de 1990 y en enero de 1991, incrementó los precios de su cartoncillo GD en Alemania y en el Reino Unido al mismo volumen que los aplicados por las empresas que participaron en los órganos de GEP Cartoncillo hasta abril de 1991.58.De este modo, resulta que siguió deliberadamente sacando provecho de actividades contrarias al apartado 1 del artículo 85 del Tratado, ya que no podía ignorar el origen colusorio de la información que utilizaba.59.Por consiguiente, tuvo razón la Comisión al considerar en el párrafo sexto del punto 162 de la Decisión, que se debía considerar a [la demandante] como participante en la infracción hasta la fecha de las investigaciones, esto es, hasta los días 23 y 24 de abril de 1991.60.Procede pues desestimar este motivo.

104.Como ya se ha señalado [...], la Comisión obró correctamente al imputar a la demandante la conducta infractora de KNP Vouwkarton y Badische. También fue correcta su apreciación de que la demandante participó en el cartel desde mediados de 1986 hasta abril de 1991 [...]105.Por consiguiente, las alegaciones de la demandante relativas a una apreciación errónea de su participación en el cartel no pueden prosperar.106.Tampoco puede prosperar el argumento relativo a un error contenido en el artículo 1 de la versión de la Decisión en lengua neerlandesa, según el cual la demandante participó en un acuerdo y una práctica concertada iniciados a mediados de 1988. En efecto, dado que la parte dispositiva de la Decisión debe interpretarse a la luz de sus motivos (véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, asuntos acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 122 a 124), hay que señalar que de éstos se desprende claramente el propósito de la Comisión de considerar, con respecto a la demandante, una participación en un acuerdo y en una práctica concertada iniciados a mediados de 1986. Por lo demás, del escrito de interposición formulado por la demandante (punto 8, en el que se remite al apartado 162 de la exposición de motivos de la Decisión) se desprende que también ella entendió precisamente en ese sentido la Decisión impugnada.107.Debe recordarse que las multas impuestas a las empresas consideradas líderes del cartel y a las demás empresas se calcularon, respectivamente, sobre un nivel de base del 9 % o del 7,5 % del volumen de negocios alcanzado en 1990, en el mercado comunitario del cartoncillo, por cada una de las empresas destinatarias de la Decisión. La aplicación efectiva de estos niveles de base ha sido confirmada por la Comisión durante el procedimiento contencioso y, especialmente, en su respuesta a una pregunta escrita formulada por este Tribunal.108.En el caso de la demandante, la alegación relativa a lo insignificante de la cuota de mercado de Badische no puede ser acogida. En efecto, al igual que para las demás empresas, la Comisión tuvo en cuenta el volumen de negocios alcanzado en el mercado comunitario del cartoncillo. Al hacerlo, apreció la dimensión y la potencia económica reales de Badische en dicho mercado. Sin embargo, en la medida en que se basó en el volumen de negocios alcanzado por Badische en 1989 y no el, menos elevado, alcanzado en 1990 [...], como exigía el principio de igualdad de trato, habrá de reducirse la cuantía de la multa impuesta. Debe añadirse a este respecto que la Comisión no puede, sin consignar explicación al respecto en la Decisión, separarse en un caso específico de los criterios generales aplicados para determinar la cuantía de las multas. En efecto, según reiterada jurisprudencia, la motivación debe figurar en el cuerpo mismo de la Decisión. La Decisión no puede ser explicada por primera vez y a posteriori ante el Juez comunitario, salvo si se dan circunstancias excepcionales que no concurren en el caso de autos (véase, en especial, la sentencia Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión, antes citada, apartado 131).109.Las explicaciones relativas a la fijación de la cuantía de la multa impuesta a la demandante, facilitadas por escrito a instancias de este Tribunal, revelan asimismo que se aplicó un tipo del 9 % al volumen de negocios alcanzado en 1989 por KNP Vouwkarton durante todo el período en que dicha sociedad había sido controlada por KNP, esto es, hasta el 1 de enero de 1990, pese a que ningún representante de KNP había participado en las reuniones a partir de mediados de 1988.110.Sin embargo, en su respuesta escrita a las preguntas del Tribunal y durante la vista, la Comisión propuso un método alternativo de cálculo de la multa. Siguiendo este otro método, la multa se calcularía aplicando a los volúmenes de negocios de KNP Vouwkarton y Badische un tipo básico del 9 % para el período durante el cual la demandante fue uno de los líderes del cartel y un tipo básico del 7,5 % para el resto del período de infracción.111.Hay que señalar que sólo este segundo método se ajusta a las indicaciones del párrafo segundo del punto 170 de la exposición de motivos de la Decisión, según el cual se debe considerar también a [la demandante] como líder del cartel por el período durante el que fue miembro del PWG. Esta conclusión deberá ser tenida en cuenta al fijar la cuantía de la multa.112.Por último, por lo que respecta a las ventas de cartoncillo entre empresas del grupo, es forzoso señalar que la demandante no ha aportado ningún elemento probatorio que pueda acreditar que la Comisión no debería haberlas considerado al calcular la multa.113.En virtud de lo expuesto, procede reducir la cuantía de la multa impuesta a la demandante.114.Dado que, aparte del relativo a errores cometidos en el cálculo de la multa impuesta a la demandante, ninguno de los motivos invocados por ésta justifica su reducción, el Tribunal de Primera Instancia, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, fijará la cuantía de dicha multa en 2.700.0000 ECU.

[...] que, interpretados a la luz de la detallada exposición que, de las alegaciones fácticas formuladas respecto a cada uno de sus destinatarios, ofrece la Decisión, los puntos 169 a 172 de la exposición de motivos de ésta contienen una indicación suficiente y pertinente de los elementos de juicio que se tomaron en consideración para determinar la gravedad y la duración de la infracción cometida por cada una de las empresas de que se trata (véase, en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1991, Petrofina/Comisión, T-2/89, Rec. p. II-1087, apartado 264).