T-175/94 (92)61994B01750008.000160316075TAUTO DE 24.3.1998 — ASUNTO T-175/94 (92)INTERNATIONAL PROCUREMENT SERVICES / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Quinta)</P><P>de <DATE ISO="19980324">24 de marzo de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto T-175/94 (92),

International Procurement Services SA, sociedad belga, con domicilio social en Bruselas, representada por Mes Peter De Troyer, Abogado de Audenarde (Bèlgica), y Lydie Lorang, Abogada de Luxemburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de esta última, 6, rue Heine,

parte demandante,contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Etienne Lasnet, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una solicitud de tasación de las costas causadas en el asunto resuelto mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 1996, International Procurement Services/Comisión, T-175/94, Rec. p. II-729,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por los Sres.: J. Azizi, Presidente; R. García-Valdecasas y M. Jaeger, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante recurso interpuesto el 20 de abril de 1994, registrado con el número T-175/94, International Procurement Services SA (en lo sucesivo, IPS) solicitó que se condenase a la Comisión a la reparación de un perjuicio que pretendía haber sufrido como consecuencia de la reducción de una ayuda económica concedida a la parte que contrató con ella en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo.2Mediante sentencia de 11 de julio de 1996, International Procurement Services/Comisión (T-175/94, Rec. p. II-729), el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso y condenó en costas a IPS.3Mediante escrito de 15 de abril de 1997, la Comisión reclamó a IPS el reembolso de los gastos y honorarios de Abogado, por un importe de 50.000 FF.4Mediante escrito de 9 de septiembre de 1997, IPS respondió que se negaba a pagar dicha suma, basándose en que era evidente que cada parte debía soportar sus gastos de Abogado. Además, impugnó igualmente el importe de los gastos y honorarios reclamados.5Mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 1997, la Comisión solicitó la tasación de costas con arreglo al apartado 1 del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento; la referida Institución solicitó al Tribunal de Primera Instancia que fijase el importe de las costas recuperables en 50.000 FF. Señaló que su Abogado la había asistido a lo largo de todo el procedimiento y que el asunto no puede calificarse de sencillo.6En apoyo de su escrito, aportó las notas de gastos y honorarios siguientes: una nota de 20 de julio de 1994 en concepto de [a]nticipo sobre los honorarios después de la presentación del escrito de contestación de 20.000 FF, una nota de 25 de octubre de 1994 por [presentación de la duplica de 10.000 FF y una nota de 10 de mayo de 1996 en concepto de [s]aldo de los honorarios acordados tras la vista de 20.000 FF. Ningún desglose precisa, sin embargo, la distribución de los gastos y honorarios ni su método de cálculo.7IPS no presentó observaciones sobre dicha solicitud en el plazo señalado.8El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, con arreglo al apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento [l]a parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. A tenor de la letra b) del artículo 91 del Reglamento de Procedimiento, se considerarán como costas recuperables los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de los Agentes, Asesores o Abogados. En el caso de autos, IPS ha sido condenada en costas (punto 2 del fallo de la sentencia International Procurement Services/Comisión, antes citada). Dicho punto del dispositivo significa que IPS debe soportar no solamente sus propios gastos, sino también los gastos necesarios efectuados por la Comisión con motivo del procedimiento.9Por otra parte, conforme al párrafo primero del artículo 17 y al párrafo primero del artículo 46 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia [l]os Estados, así como las Instituciones de la Comunidad, estarán representados [...] por un Agente designado para cada asunto; el Agente podrá estar asistido por un Asesor o un Abogado. De dicha disposición se desprende que las Instituciones pueden recurrir a la asistencia de un Abogado y, en este caso, la remuneración de este último se halla comprendida en el concepto de gastos necesarios efectuados con motivo del procedimiento (autos del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 1979, Dietz/Comisión, 126/76 DEP, Rec. p. 2131, apartados 5 y 6, y del Tribunal de Primera Instancia de 6 de febrero de 1995, Tête y otros/BEI, T-460/93 DEP, Rec. p. II-229, apartado 10).10Según reiterada jurisprudencia, el Juez comunitario no está facultado para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios Abogados, sino para determinar la cantidad máxima hasta la cual tales retribuciones pueden ser reclamadas a la parte que es condenada en costas. Puesto que el Derecho comunitario no contiene disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Tribunal de Primera Instancia debe apreciar libremente los datos cuestionados, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario, así como las dificultades del asunto, la amplitud del trabajo que el proceso contencioso pudo causar a los Agentes o Asesores que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes [autos del Tribunal de Primera Instancia de 17 de abril de 1996, Air France/Comisión, T-2/93 (92), Rec. p. II-235, apartado 21, y la jurisprudencia allí citada, y de 1 de octubre de 1997, Leclerc/Comisión, T-19/92 (92), no publicado en la Recopilación, apartado 13, y la jurisprudencia allí citada].11Como el asunto versaba sobre un contrato financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo, requirió un estudio, aunque fuese limitado, de la incidencia de determinados aspectos de la normativa y de la jurisprudencia relativas a dichos contratos en materia de responsabilidad.12Requirió, asimismo, el examen de cuestiones de hecho relativas, en particular, al comportamiento de muchas personas que intervinieron en la ejecución del contrato de que se trata.13Dichos análisis debieron ir precedidos de la lectura y análisis de la demanda y de sus veintisiete anexos, incluyendo las condiciones generales y especiales del contrato y diferentes documentos presentados como prueba por la demandante. La redacción del escrito de contestación requirió además el análisis y estudio de los veintitrés documentos reunidos por la Comisión y que se adjuntan a dicho escrito. Procede señalar igualmente que el litigio dio lugar a un segundo intercambio de escritos.14Aunque los documentos justificativos aportados por la Comisión sean excesivamente sintéticos (véase el apartado 6 supra), el Tribunal de Primera Instancia estima que, en estas circunstancias, y habida cuenta del carácter razonable de las costas reclamadas, así como del hecho de que IPS no impugnó su importe durante el presente procedimiento, las costas recuperables en el asunto T-175/94 cubren el importe de 50.000 FF reclamado por la Comisión.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

resuelve:

Fijar en 50.000 FF el importe total de las costas que debe reembolsar International Procurement Services SA a la Comisión.

Dictado en Luxemburgo, a 24 de marzo de 1998.

El Secretario

H.Jung

El Presidente

J. Azizi