1

Mediante su recurso, basado en el artículo 270 TFUE, la demandante, TB, solicita, por una parte, la anulación, en primer lugar, de la decisión del comité de selección de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) de 10 de noviembre de 2020 de no incluir su nombre en la lista de candidatos seleccionados para el puesto de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo y, en segundo lugar, en esencia, de la decisión del comité de selección de la ENISA de 12 de enero de 2021 de no seleccionar su candidatura al puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo y, por otra parte, la reparación del perjuicio moral supuestamente sufrido.

Antecedentes del litigio

2

El 1 de noviembre de 2017, ENISA contrató a la demandante en calidad de agente temporal, de grado AD 9, con arreglo al artículo 2, letra f), del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, para ocupar, durante un período de tres años, hasta el 31 de octubre de 2020, el puesto de jefe de la unidad de Finanzas y Contratos Públicos.

3

Entre el 15 de mayo y el 17 de noviembre de 2019, la demandante estuvo de baja por enfermedad. Al reincorporarse al trabajo, pasó a ocupar el puesto de jefe de la unidad de la Oficina de Políticas.

4

A principios de 2020, ENISA fue objeto de una reorganización, a raíz de la cual se reestructuraron en seis nuevas unidades las siete antiguas unidades que la componían, entre las que figuraban las unidades de Finanzas y Contratos Públicos y Oficina de Políticas.

5

El 26 de febrero de 2020, el Consejo de Administración de la ENISA adoptó la Decisión MB/2020/5, relativa a los principios sobre la reorganización interna de la ENISA. El noveno principio establecido por esta decisión, titulado «Apertura», establecía que «las nuevas funciones y los nuevos puestos en la ENISA se [cubrirían] mediante oposiciones generales o de movilidad interna, organizados con arreglo a procedimientos abiertos y a una evaluación transparente de los méritos y los talentos».

6

El 5 de agosto de 2020, la ENISA publicó en su sitio de Internet dos convocatorias relativas a dos oposiciones generales para proveer los puestos de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo (ENISA-TA70-AD-2020‑04) y de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo» (ENISA-TA71-AD-2020‑05) (en lo sucesivo, conjuntamente, «convocatorias para proveer plazas vacantes de 5 de agosto de 2020»), unidades que formaban parte de las seis nuevas unidades creadas con motivo de la reorganización de la ENISA. Estaba previsto que el candidato seleccionado para cada uno de estos dos puestos sería contratado como agente temporal de grado AD 9 por un período de cinco años, renovable por tiempo indefinido.

7

El 1 de septiembre de 2020, el director ejecutivo de la ENISA adoptó la información administrativa 2020‑11 sobre las conclusiones del diálogo para la movilidad interna. Este documento presentaba los resultados del diálogo mantenido con los jefes de unidad identificados para la movilidad interna y precisaba que la comparación entre, por un lado, las tareas y las funciones existentes en el marco de las estructuras actuales de la ENISA y, por otro, las tareas y las funciones de las nuevas unidades había permitido designar los puestos de tres jefes de unidad que podrían cubrirse mediante la movilidad interna. Los puestos de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo y de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo no figuraban como puestos que podían ser cubiertos por la movilidad interna.

8

El 6 de septiembre de 2020, la demandante presentó su candidatura a las dos oposiciones organizadas con el fin de proveer, por una parte, el puesto de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo (en lo sucesivo, «primera oposición controvertida») y, por otra parte, el de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo (en lo sucesivo, «segunda oposición controvertida»).

9

El 17 de septiembre de 2020, cada miembro de los dos comités de selección creados para las oposiciones controvertidas cumplimentó y firmó una declaración de conflicto de intereses.

10

Mediante escrito del director ejecutivo de la ENISA, notificado a la demandante el 10 de noviembre de 2020, esta fue informada de la decisión del comité de selección de no incluir su nombre en la lista de candidatos seleccionados para el puesto de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo (en lo sucesivo, «primera decisión impugnada»).

11

El 10 de diciembre de 2020, el nombre de la candidata seleccionada en el marco de la segunda oposición controvertida fue anunciado verbalmente a todos los agentes por el director ejecutivo de la ENISA durante una sesión de preguntas y respuestas sobre la reorganización de la ENISA. La designación de la candidata seleccionada se comunicó oficialmente al personal de ENISA mediante correo electrónico de 12 de enero de 2021.

12

Mediante correo electrónico de 3 de enero de 2021, la demandante presentó una solicitud de acceso a sus datos personales relativa a las dos oposiciones controvertidas.

13

Mediante correo electrónico de 10 de enero de 2021, la demandante presentó una solicitud de acceso a la información relativa a las dos oposiciones controvertidas, mediante la que deseaba obtener información sobre sus resultados y los de los demás candidatos.

14

Mediante escrito de 29 de enero de 2021, recibido por la demandante el 3 de febrero siguiente, la ENISA respondió a su solicitud de acceso a los datos personales aplicando el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39). En particular, mediante dicho escrito, la ENISA comunicó a la demandante, en primer lugar, la evaluación de su candidatura para la primera oposición controvertida, confirmando que, tras la entrevista y la prueba escrita, no había alcanzado el umbral exigido para que su nombre fuera incluido en la lista de reserva de dicha oposición y, en segundo lugar, la evaluación de su candidatura para la segunda oposición controvertida, indicando que no había alcanzado el umbral requerido para pasar la primera fase de dicha oposición.

15

El 9 de febrero de 2021, la demandante presentó, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), una reclamación contra la primera decisión impugnada y contra la decisión del comité de selección de la ENISA de no seleccionar su candidatura para el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo.

16

Mediante decisión de 9 de junio de 2021, la ENISA desestimó la reclamación de la demandante (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación»).

Pretensiones de las partes

17

La demandante solicita al Tribunal General que:

–

Anule la primera decisión impugnada.

–

Anule la decisión del comité de selección de la ENISA de no seleccionar su candidatura para el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo.

–

Anule, en la medida en que sea necesario, la decisión desestimatoria de la reclamación.

–

Condene a la ENISA a reparar el daño moral sufrido por la demandante.

–

Condene en costas a la ENISA.

18

La ENISA solicita al Tribunal General que:

–

Desestime el recurso.

–

Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre el objeto de las pretensiones de anulación

Sobre la identificación de la decisión objeto de la segunda pretensión

19

De la jurisprudencia se desprende que la identificación del acto impugnado puede resultar implícitamente del contenido de la demanda, en particular de la argumentación desarrollada en apoyo de los motivos planteados ante el Tribunal General, siempre que dicho acto esté comprendido en el acto al que se refieren las pretensiones de un único y mismo litigio y que la parte demandada haya podido proceder a tal identificación y, por tanto, no se haya visto lesionada en su derecho de defensa (véase la sentencia de 22 de diciembre de 2022, Parlamento/Moi, C‑246/21 P, no publicada, EU:C:2022:1026, apartado 59 y jurisprudencia citada).

20

En el caso de autos, cabe señalar que la demandante solicita la anulación de la decisión identificada en la relación de los anexos de la demanda como correspondiente al anexo A.26 del expediente. Este anexo incluye el escrito de 29 de enero de 2021, mencionado en el apartado 14 de la presente sentencia, mediante el cual la ENISA respondió a su solicitud de acceso a sus datos personales.

21

Sin embargo, procede señalar que el escrito de 29 de enero de 2021 no tiene por objeto ni por efecto informar a la demandante de que su candidatura no fue seleccionada para el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo, sino que únicamente tiene por objeto responder a su solicitud de comunicación de sus datos personales, de conformidad con la normativa aplicable.

22

No obstante, como se desprende del apartado 11 anterior, en la fecha de su solicitud de comunicación de datos personales, la demandante ya había tenido conocimiento del nombre de la candidata seleccionada para proveer el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo, que había sido anunciado verbalmente por el director ejecutivo de la ENISA el 10 de diciembre de 2020 en una sesión de preguntas y respuestas y posteriormente había sido comunicado oficialmente al personal de la ENISA mediante correo electrónico de 12 de enero de 2021.

23

Por ello, es la comunicación oficial, mediante el correo electrónico de 12 de enero de 2021, del nombre de la candidata seleccionada para proveer el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo la que materializa la decisión del comité de selección de la ENISA de no seleccionar la candidatura de la demandante para dicho puesto. En efecto, la comunicación oficial de esta información implica necesariamente la exclusión de la candidatura de la demandante en el marco de la segunda oposición controvertida.

24

Por consiguiente, en la medida en que el correo electrónico de 12 de enero de 2021 está comprendido, junto con el escrito de 29 de enero de 2021, en un único y mismo litigio, en el que la ENISA podía proceder a tal identificación y, por tanto, no se vulneró su derecho de defensa, procede considerar que las pretensiones de anulación de la decisión del comité de selección de la ENISA de no seleccionar la candidatura de la demandante para el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo se refieren a la decisión de 12 de enero de 2021, que figura en el anexo A.25 del expediente (en lo sucesivo, «segunda decisión impugnada»), y no al escrito de 29 de enero de 2021.

Sobre las pretensiones de anulación dirigidas contra la resolución desestimatoria de la reclamación

25

Conforme a reiterada jurisprudencia, la reclamación administrativa a que se refiere el artículo 90, apartado 2, del Estatuto y su desestimación, expresa o presunta, forman parte de un procedimiento complejo y solo constituyen un requisito previo necesario para poder acudir a la vía judicial. En esas circunstancias, el recurso, aunque dirigido formalmente contra la desestimación de la reclamación, tiene como efecto que se someta al juez el acto lesivo contra el cual se presentó la reclamación, salvo en el supuesto de que la denegación de la reclamación tenga un alcance diferente del acto contra el que se formuló la reclamación (véase la sentencia de 19 de octubre de 2022, JS/JUR, T‑271/20, no publicada, EU:T:2022:652, apartado 24 y jurisprudencia citada).

26

En el caso de autos, cabe observar que la decisión desestimatoria de la reclamación no hace sino confirmar las decisiones impugnadas primera y segunda (en lo sucesivo, «decisiones impugnadas»), sin tener un alcance diferente. El hecho de que el Consejo de Administración de la ENISA haya tenido que aportar, en respuesta a las alegaciones formuladas por la demandante en su reclamación, precisiones sobre los motivos de esas decisiones no puede justificar que la desestimación de la reclamación se considere un acto autónomo lesivo para la demandante, ya que la motivación de dicha desestimación coincide, en esencia, con la de las decisiones contra las que se dirigió dicha reclamación. Por consiguiente, debe considerarse que el recurso de anulación de la demandante se dirige contra las decisiones impugnadas, cuya legalidad debe examinarse, en su caso, tomando en consideración la motivación que figura en la decisión desestimatoria de la reclamación.

27

Por lo tanto, debe considerarse que las pretensiones de anulación van dirigidas únicamente contra las decisiones impugnadas.

Sobre la admisibilidad

Sobre la causa de inadmisión relativa a la representación de la ENISA

28

En respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento, la demandante sostiene que el requisito de representación por un abogado independiente y que tenga una separación suficiente respecto de la persona jurídica a la que representa, establecido por la jurisprudencia, no se cumplía en el caso de autos, debido a que uno de los agentes que representan a la ENISA en la presente instancia es la persona seleccionada para uno de los puestos controvertidos.

29

La ENISA rebate las alegaciones de la demandante debido, en particular, a la condición de coagente de esta persona dentro de un grupo de tres agentes, asistidos por un abogado. Dicho esto, para evitar cualquier apariencia de falta de independencia, la ENISA revocó el mandato de dos de los tres agentes inicialmente designados para asumir su representación, manteniendo al mismo tiempo el poder ad litem que designaba al tercer agente, asistido por el mismo abogado.

30

En primer lugar, a tenor del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud de su artículo 53, párrafo primero:

31

Por otra parte, el artículo 51, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece lo siguiente:

32

Según el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento de Procedimiento, el término «instituciones» designa las instituciones de la Unión mencionadas en el artículo 13 TUE, apartado 1, y los órganos u organismos creados por los Tratados o por un acto adoptado en ejecución de estos y que tengan capacidad para ser parte ante el Tribunal General.

33

Así, de estas disposiciones resulta que, cuando es parte en un litigio ante el Tribunal General, la ENISA, que constituye un organismo creado inicialmente por el Reglamento (CE) n.o 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (DO 2004, L 77, p. 1), y actualmente regulado por el Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 526/2013 («Reglamento sobre la ciberseguridad») (DO 2019, L 151, p. 15), debe estar representada ante el Tribunal General por un agente designado para cada asunto, asistido, en su caso, por un asesor o un abogado.

34

En segundo lugar, procede recordar que, según la jurisprudencia, el objetivo de la representación por un abogado de aquellas partes no incluidas en el artículo 19, párrafos primero y segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consiste, por un lado, en impedir que las partes privadas ejerciten acciones judiciales por sí mismas sin recurrir a un intermediario y, por otro, en garantizar que las personas jurídicas sean defendidas por un representante que tenga una separación suficiente respecto de la persona jurídica a la que representa (véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 46 y jurisprudencia citada).

35

En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el objetivo de la misión de representación por un abogado a la que se hace referencia en el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, llevada a cabo en aras de una recta administración de la justicia, consiste principalmente en proteger y defender lo mejor posible los intereses del mandante, con total independencia y observando la ley y las normas profesionales y deontológicas (véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 47 y jurisprudencia citada).

36

El requisito de independencia del abogado no solo se determina de manera negativa, por la inexistencia de una relación laboral entre el abogado y su cliente, sino también de manera positiva, tomando como referencia la deontología (véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 49 y jurisprudencia citada).

37

Por lo que respecta a la definición positiva del concepto de «independencia», el Tribunal de Justicia ha subrayado expresamente que este concepto no debía entenderse en el sentido de que exige la inexistencia de todo vínculo, sea cual sea, entre el abogado y su cliente, sino únicamente de un vínculo que menoscabase de manera manifiesta la capacidad del abogado para llevar a cabo su misión de defensa velando, de la mejor manera posible, por los intereses de su cliente, observando la ley y las normas profesionales y deontológicas (véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 52 y jurisprudencia citada).

38

En efecto, al aplicar el requisito de independencia impuesto por el Derecho de la Unión a los representantes de las partes no privilegiadas, el juez de la Unión ejerce un control limitado en la medida en que se limita a sancionar con la inadmisibilidad el recurso de que conoce en aquellos supuestos en los que resulta evidente que el representante en cuestión no está en condiciones de llevar a cabo su misión de defensa velando de la mejor manera posible por los intereses de su cliente, de tal modo que ese representante debe ser excluido en interés de este último (véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA, C‑110/21 P, EU:C:2022:555, apartado 53 y jurisprudencia citada).

39

En tercer lugar, no obstante, procede señalar que la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 34 a 38 se desarrolló únicamente en lo que respecta a la representación por un abogado de partes no privilegiadas en el sentido del artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

40

Sin embargo, como resulta de los anteriores apartados 30 a 33, dado que la ENISA debe estar representada ante el Tribunal General por un agente, asistido en su caso por un abogado, es una parte privilegiada en el sentido del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

41

Por consiguiente, los principios derivados de la jurisprudencia mencionada en los apartados 34 a 38 de la presente sentencia no son aplicables a la ENISA.

42

En cuarto lugar, aun suponiendo que los principios derivados de la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 34 a 38 sean extrapolables a las partes privilegiadas en el sentido del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de los escritos de la demandante no se desprende que esta ponga en duda la independencia del tercer agente o la del abogado que representa a la ENISA en la presente instancia.

43

En consecuencia, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad planteada por la demandante.

Sobre la causa de inadmisión relativa al interés en ejercitar la acción de la demandante

44

La ENISA alega que la demandante ya no tiene interés en ejercitar la acción, debido a que dimitió aproximadamente diez días después de interponer el presente recurso. Así, subraya que la demandante dimitió voluntariamente para ocupar otro empleo, lo que, a su juicio, demuestra que ya no deseaba trabajar para la ENISA.

45

Según la ENISA, la situación de la demandante no es comparable a la de un funcionario en invalidez, que no ha elegido encontrarse en una situación médica que le impide ejercer su actividad y que, si se encuentra en una situación reversible, puede reanudar las actividades que ha abandonado.

46

Por otra parte, la ENISA sostiene que, si se estimaran las pretensiones de la demandante en el presente asunto, no volvería a incorporarse automáticamente a sus funciones en la ENISA, dado que su nombre, en función de la ejecución de la sentencia, estaría incluido en la lista de reserva, sin derecho subjetivo a ser seleccionada y a que se le adjudicara un nuevo contrato.

47

La ENISA también rebate la alegación de la demandante de que sigue teniendo interés en ejercitar la acción para que la supuesta ilegalidad no se repita en el futuro en el marco de un procedimiento análogo. Observa, a este respecto, que la demandante trabaja ahora para otro empleador y que su interés en proseguir la presente instancia es puramente jurídico.

48

La demandante niega la procedencia de las alegaciones de la ENISA.

49

A este respecto, ha de recordarse que un recurso de anulación planteado por una persona física o jurídica únicamente es admisible en la medida en que esta tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Tal interés presupone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. La parte demandante debe acreditar el interés en ejercitar la acción, que se aprecia el día en que el recurso se entabla y constituye el primer y fundamental requisito para promover cualquier acción judicial (véase la sentencia de 27 de marzo de 2019, Canadian Solar Emea y otros/Consejo, C‑236/17 P, EU:C:2019:258, apartado 91 y jurisprudencia citada).

50

Dicho interés en ejercitar la acción debe ser efectivo y actual. No puede hacer referencia a una situación futura e hipotética. Debe, a la vista del objeto del recurso, existir en el momento de su interposición, so pena de inadmisión del recurso, y perdurar hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento. El órgano jurisdiccional que conozca del asunto puede plantearse de oficio y en cualquier fase del procedimiento la falta de interés de una parte en mantener su pretensión, debido a un hecho posterior a la fecha de presentación de la demanda (véase la sentencia de 27 de marzo de 2019, Canadian Solar Emea y otros/Consejo, C‑236/17 P, EU:C:2019:258, apartado 92 y jurisprudencia citada).

51

En efecto, si el interés del demandante en ejercitar la acción desaparece durante el procedimiento, una resolución del Tribunal General sobre el fondo no podrá procurar beneficio alguno a dicho demandante (sentencia de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, apartado 43).

52

Pues bien, de la jurisprudencia se desprende que un funcionario que, mediante su dimisión, ha manifestado su voluntad de dejar de pertenecer a la institución en cuyo seno estaban vacantes los puestos de trabajo que se cubrieron mediante el acto impugnado, ha perdido, en principio, su interés personal en la anulación de dicho acto (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de octubre de 1975, Marenco y otros/Comisión, 81/74 a 88/74, EU:C:1975:139, apartados 6 y 7).

53

Es cierto que el interés de un demandante en ejercitar la acción no desaparece necesariamente por el hecho de que el acto impugnado haya dejado de producir efectos durante el procedimiento. En efecto, la persona afectada por dicho acto puede seguir teniendo interés en que sea anulado para obtener la revisión de su situación o para llevar al autor del acto impugnado a introducir, en el futuro, las modificaciones adecuadas y evitar así el riesgo de que se repita la ilegalidad de que supuestamente adolece el acto impugnado. Incluso en los casos en que, por razón de las circunstancias, resulta imposible, para la institución de la que emana el acto anulado, cumplir la obligación de adoptar las medidas que comporta la ejecución de la sentencia por la que se declara la anulación, el recurso de anulación puede conservar un interés como fundamento de un eventual recurso de responsabilidad (véase la sentencia de 30 de junio de 2022, Camerin/Comisión, C‑63/21 P, no publicada, EU:C:2022:516, apartado 48 y jurisprudencia citada).

54

No obstante, corresponde al demandante acreditar su interés en ejercitar la acción, lo cual constituye el primer y fundamental requisito para promover cualquier acción judicial. En particular, para que pueda ser declarada la admisibilidad de un recurso de anulación de un acto interpuesto por una persona física o jurídica, la parte demandante deberá justificar pertinentemente el interés que tiene en que se anule tal acto (véase la sentencia de 30 de junio de 2022, Camerin/Comisión, C‑63/21 P, no publicada, EU:C:2022:516, apartado 50 y jurisprudencia citada).

55

En el presente asunto, procede señalar que la demandante dimitió de la ENISA el 7 de octubre de 2021, es decir, casi un mes después de la interposición del presente recurso, al haberse presentado la demanda el 2 de septiembre de 2021. Así, mediante su dimisión, la demandante manifestó su voluntad de dejar de trabajar para la ENISA.

56

No obstante, procede señalar que la demandante acompañó sus pretensiones de anulación de pretensiones de indemnización dirigidas a obtener la reparación de su daño moral debido a las ilegalidades supuestamente cometidas por la ENISA. Subraya que sigue teniendo interés en ejercitar la acción para solicitar, en caso de anulación de las decisiones impugnadas, una indemnización por el daño moral derivado, a su juicio, de dichas decisiones.

57

Por consiguiente, procede concluir que, aunque la demandante haya dimitido después de la interposición del presente recurso, justifica un interés en obtener la anulación de las decisiones impugnadas, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 53 anterior. Por consiguiente, procede desestimar la causa de inadmisión basada en la falta de interés en ejercitar la acción de la demandante.

Sobre el fondo

Sobre las pretensiones de anulación

58

En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos. El primer motivo se basa en la ilegalidad de las decisiones impugnadas, en la medida en que resultan de la decisión implícita de no identificar los puestos de jefe de la unidad de la Oficina de Políticas y de jefe de la unidad de Finanzas y Contratos Públicos como susceptibles de ser ocupados mediante la movilidad interna y los anuncios de vacante de 5 de agosto de 2020, ya que, según la demandante, dicha decisión y anuncios son también ilegales. El segundo motivo se basa en la vulneración del principio de buena administración, en la medida en que incluye la obligación de motivación de los actos de la Unión. El tercer motivo se invoca únicamente contra la primera decisión impugnada y se basa en la vulneración del principio de imparcialidad del tribunal calificador, en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en la infracción del artículo 14 de la Decisión MB/2013/6 del Consejo de Administración de la ENISA, relativa a las normas internas de procedimiento para el Consejo de Administración de la ENISA y el Consejo Ejecutivo de la ENISA.

59

Procede que el Tribunal General examine en primer lugar el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración, en la medida en que incluye la obligación de motivación de las decisiones impugnadas.

60

Mediante su segundo motivo, la recurrente alega que la ENISA incumplió la obligación de motivación y el principio de buena administración, que incluye el derecho a poder recibir información suficiente para impugnar un acto jurídico.

61

Por lo que respecta a la primera decisión impugnada, la demandante observa, en primer lugar, que esta indicaba únicamente que el comité de selección no había podido incluir su nombre en la lista de candidatos seleccionados para la primera oposición controvertida.

62

La demandante precisa que fue únicamente tras sus solicitudes de los días 3 y 10 de enero de 2021 cuando recibió finalmente, el 3 de febrero de 2021, la evaluación de su entrevista y de su prueba escrita, consistente en un formulario de evaluación y un cuadro con comentarios y notas.

63

En segundo lugar, la demandante sostiene que la evaluación que recibió no le permite comprender la correspondencia entre los comentarios y las notas incluidas en el cuadro, ya que algunos comentarios muy positivos corresponden a una nota de 7,5/10, mientras que otros comentarios también muy positivos y que no contienen crítica alguna corresponden a una nota de 6,5/10.

64

En tercer lugar, la demandante alega, en particular, que la prueba escrita en la que obtuvo una calificación de 23,5/40 no va acompañada de ninguna información complementaria.

65

Por lo que respecta a la segunda decisión impugnada, en primer término, la demandante subraya que tuvo conocimiento de que su candidatura a la segunda oposición controvertida había sido rechazada cuando el director ejecutivo de la ENISA anunció, mediante un correo electrónico de 12 de enero de 2021, dirigido al personal de la ENISA, el nombre de la candidata seleccionada para el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo.

66

La demandante precisa que solo después de haberlo solicitado recibió finalmente, el 3 de febrero de 2021, la evaluación de su candidatura para la segunda oposición controvertida.

67

En segundo término, la demandante alega que la motivación sucinta de su evaluación no cumple las exigencias de la jurisprudencia y no le permite comprender las razones por las que ni siquiera se la consideró admisible a la oposición, a pesar de su experiencia profesional anterior adquirida en la ENISA durante un período de tres años como jefa de las unidades Finanzas y Contratos Públicos y Oficina de Políticas.

68

En tercer término, la demandante alega que existen incoherencias entre el formulario de evaluación relativo al puesto de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo y el relativo al puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo.

69

Por último, por lo que respecta a las decisiones impugnadas, la demandante sostiene que debería haber recibido información sobre los demás candidatos, de conformidad con el punto 5 de las convocatorias para proveer plaza vacante de 5 de agosto de 2020, según las cuales «todas las solicitudes de información o consultas relativas a la oposición, incluidas las relativas a los resultados de los candidatos, deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico».

70

LA ENISA considera infundadas las alegaciones de la demandante.

71

A este respecto, procede recordar que, según el artículo 25, párrafo segundo, segunda frase, del Estatuto, las decisiones lesivas serán motivadas. Esta obligación se corresponde con la establecida, con carácter más general, en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 41 de la Carta, relativo al principio de buena administración, concretamente en su apartado 2, letra c).

72

Conforme a reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar las decisiones lesivas de las instituciones de la Unión tiene la finalidad de permitir al juez de la Unión ejercer su control sobre la legalidad de estas y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si adolece de algún vicio que permita impugnar su legalidad (véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 51 y jurisprudencia citada).

73

De ello resulta que, en principio, la motivación debe ser notificada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva y que la falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante el juez de la Unión (véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 51 y jurisprudencia citada).

74

En efecto, la obligación de la administración de motivar sus decisiones no solo es, en términos generales, una expresión de la transparencia de la actuación de la administración, sino que debe permitir también al interesado decidir, con pleno conocimiento de causa, si le es útil recurrir al órgano jurisdiccional. Existe, por tanto, una estrecha relación entre la obligación de motivar las decisiones y el derecho fundamental a un recurso efectivo y a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2021, JR/Comisión, T‑435/20, EU:T:2021:608, apartado 47 y jurisprudencia citada).

75

Además, la motivación de los actos de las instituciones de la Unión exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de todas las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 29 y jurisprudencia citada).

76

El Tribunal de Justicia ha declarado a este respecto que la inexistencia de motivación podía declararse incluso aunque la decisión controvertida incluyese determinadas explicaciones. Así pues, una motivación contradictoria o incomprensible equivale a la inexistencia de motivación. Lo mismo ocurre cuando las explicaciones que figuran en la decisión en cuestión son tan deficientes que en modo alguno permiten a su destinatario, en el contexto en el que se adoptó dicha decisión, entender el razonamiento de su autor. Por eso, la existencia de un inicio de motivación es objeto de una apreciación detallada por el juez de la Unión cuando este debe decidir si una motivación complementaria es admisible durante el procedimiento (véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 55 y jurisprudencia citada).

77

Por último, según la jurisprudencia, la obligación de motivación debe conciliarse con el respeto del secreto que ampara los trabajos del tribunal calificador en virtud del artículo 6 del anexo III del Estatuto. Dicho secreto se estableció para garantizar la independencia de los tribunales calificadores de las oposiciones y la objetividad de sus trabajos, protegiéndolos de cualquier injerencia o presión exterior, tanto si proceden de la propia administración de la Unión como de los candidatos interesados o de terceros. Por tanto, la observancia de dicho secreto se opone tanto a la divulgación de las actitudes adoptadas por los miembros individuales de los tribunales como a la revelación de cualquier elemento relacionado con apreciaciones de carácter personal o comparativo referentes a los candidatos (véase la sentencia de 4 de julio de 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, apartado 24 y jurisprudencia citada).

78

Así pues, en esas circunstancias, la exigencia de motivación de las decisiones del tribunal de una oposición debe tener en cuenta la naturaleza de los trabajos de que se trate (sentencia de 4 de julio de 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, apartado 25).

79

Los trabajos del tribunal calificador de una oposición comprenden, en general, al menos dos fases distintas, esto es, en primer lugar, el examen de las candidaturas para seleccionar los candidatos admitidos a la oposición y, en segundo lugar, el examen de las aptitudes de los candidatos para los puestos de trabajo que han de cubrirse, con objeto de elaborar una lista de reserva (véase la sentencia de 4 de julio de 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, apartado 26 y jurisprudencia citada).

80

A la luz de estos principios debe apreciarse si la ENISA respetó el principio de buena administración en la medida en que incluye la obligación de motivación de las decisiones impugnadas.

–

Sobre la primera decisión impugnada

81

En primer lugar, del punto 4 de la convocatoria para proveer plaza vacante de la primera oposición controvertida, que figura en el anexo A.26 de los autos, se desprende que, para proveer el puesto de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo, el comité de selección debía, en una primera fase, evaluar si los candidatos tenían las «cualificaciones y experiencia requeridas» para ser considerados admisibles a efectos de la oposición en cuestión.

82

A continuación, del punto 5 de dicha convocatoria se desprende que, en una segunda fase, se invitaba a los candidatos considerados admisibles a someterse a un «procedimiento de selección» consistente en dos pruebas: una entrevista y una prueba escrita.

83

En el caso de autos, del apartado 10 de la presente sentencia se desprende que, el 10 de noviembre de 2020, el director ejecutivo de la ENISA informó a la demandante de la decisión del comité de selección de no incluir su nombre en la lista de candidatos seleccionados en dicha oposición. Como se desprende de los anteriores apartados 12 a 14, a raíz de las solicitudes de la demandante dirigidas a obtener acceso a sus datos personales, la ENISA le comunicó, el 29 de enero de 2021, la evaluación de su candidatura en el marco de la primera oposición controvertida, confirmando que, tras la entrevista y la prueba escrita, no había alcanzado el umbral exigido para que su nombre fuera incluido en la lista de reserva de dicha oposición.

84

Por consiguiente, procede declarar que la primera decisión impugnada forma parte de la segunda fase de los trabajos del tribunal calificador de la oposición, tal como se menciona en el apartado 79 anterior.

85

En segundo lugar, de la jurisprudencia se desprende que la segunda fase de los trabajos del tribunal calificador de una oposición es ante todo de naturaleza comparativa y, por este motivo, está amparada por el secreto inherente a dichos trabajos (véase la sentencia de 4 de julio de 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, apartado 28 y jurisprudencia citada).

86

Así, dado que la exigencia de motivación debe conciliarse, en el marco de una oposición o, más en general, de un procedimiento de selección, con el respeto del secreto de las deliberaciones del tribunal calificador, la comunicación de las notas del candidato, en la medida en que reflejen las apreciaciones de naturaleza comparativa realizadas por el tribunal calificador, constituye, en principio, una motivación suficiente (véase la sentencia de 28 de febrero de 2008, Neirinck/Comisión, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, apartado 52 y jurisprudencia citada).

87

No obstante, del apartado 73 anterior se desprende que la motivación debe ser, en principio, notificada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva.

88

En particular, en el ámbito de las oposiciones que permiten acceder a puestos de funcionarios o de agentes temporales de la Unión, al término de la segunda fase de los trabajos del tribunal calificador, el candidato que haya realizado las pruebas correspondientes a esta segunda fase debe, en principio, recibir comunicación de las puntuaciones obtenidas en dichas pruebas al mismo tiempo que la decisión de no incluir su nombre en la lista de candidatos seleccionados en el marco de dicha oposición (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2008, Neirinck/Comisión, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, apartados 50 a 60).

89

En efecto, en esta materia particular, y sin perjuicio de circunstancias excepcionales como las que caracterizan a la organización de oposiciones en las que participan muchos candidatos, la jurisprudencia no supedita el cumplimiento de la obligación de motivación a la presentación de cualquier solicitud, ya se trate de una reclamación previa en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto o de una solicitud de revisión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartados 31 y 41).

90

Pues bien, procede observar que la primera decisión impugnada tiene el siguiente tenor:

91

De ello se deduce que la primera decisión impugnada, mediante la que la demandante tuvo conocimiento del rechazo de su candidatura al puesto de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo, contiene como única indicación una referencia a su fracaso en el procedimiento de selección. De este modo, se limita a informar a la demandante del rechazo de su candidatura, sin notificarle las puntuaciones atribuidas por el comité de selección en el marco de las dos pruebas del procedimiento de selección.

92

Es cierto que, como se desprende del apartado 14 de la presente sentencia, el 29 de enero de 2021, la ENISA comunicó a la demandante las notas y la evaluación de su candidatura en el marco de la primera oposición controvertida, confirmando que, tras la entrevista y la prueba escrita, no había alcanzado el umbral exigido para que su nombre fuera incluido en la lista de reserva de dicha oposición.

93

No obstante, como se desprende de los anteriores apartados 12 a 14, fue únicamente a raíz de las solicitudes de la demandante dirigidas a obtener el acceso a sus datos personales cuando la ENISA le comunicó finalmente la evaluación de su candidatura en el marco de la primera oposición controvertida, mencionando las notas que había recibido en las dos pruebas del procedimiento de selección.

94

En tercer lugar, es cierto que, con el fin de solventar las dificultades prácticas que se presentan en una oposición en la que participan muchos candidatos, el tribunal de la oposición puede, en una primera fase, comunicar a los candidatos solo los criterios y el resultado de la selección, sin perjuicio de dar después explicaciones individuales a los candidatos que lo soliciten expresamente (véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 31 y jurisprudencia citada).

95

Sin embargo, en el caso de autos, no se han acreditado las circunstancias excepcionales exigidas por la jurisprudencia citada en el anterior apartado 94. En efecto, la ENISA ni siquiera ha sostenido, y menos aún demostrado, que el procedimiento de selección relativo a la primera oposición controvertida correspondiera a una oposición en la que participasen muchos candidatos, de modo que, desde un punto de vista práctico, no habría podido aportar una motivación suficiente a cada candidato en el momento oportuno y que habría podido limitarse a dar posteriormente explicaciones individuales a los candidatos que lo hubieran solicitado expresamente.

96

Como precisó la ENISA en la vista, de las ciento once candidaturas presentadas en el marco de la primera oposición controvertida, solo catorce candidatos, entre ellos la demandante, fueron invitados a la segunda fase de dicha oposición, consistente en una entrevista y una prueba escrita. Por lo tanto, en esas circunstancias, dirigir una respuesta detallada a la demandante no habría supuesto una sobrecarga de trabajo para la ENISA, sobre todo porque se trataba de una decisión que tenía como consecuencia indirecta no permitir a un agente continuar su actividad profesional en beneficio de la agencia para la que había trabajado durante más de tres años (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2008, Neirinck/Comisión, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, apartado 58).

97

Por consiguiente, procede concluir que la primera decisión impugnada adolece de falta de motivación.

–

Sobre la segunda decisión impugnada

98

En primer lugar, del punto 4 de la convocatoria para proveer plaza vacante de la segunda oposición controvertida, que figura en el anexo A.26 de los autos, se desprende que, para proveer el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo, el comité de selección debía, en una primera fase, evaluar si los candidatos tenían la «cualificación y experiencia requeridas» para ser considerados admisibles a efectos de la oposición en cuestión.

99

A continuación, del punto 5 de dicha convocatoria se desprende que, en una segunda fase, se invitaba a los candidatos considerados admisibles a someterse a un «procedimiento de selección» consistente en dos pruebas: una entrevista y una prueba escrita.

100

En el caso de autos, como se desprende de los anteriores apartados 12 y 14, en el marco de la segunda oposición controvertida, la demandante no alcanzó el umbral exigido para ser objeto de la evaluación de las «cualificaciones y experiencia requeridas» y ser invitada a someterse a la entrevista y posteriormente a la prueba escrita.

101

Es cierto que del punto 4 de dicha convocatoria se desprende que la operación de selección de las candidaturas se llevó a cabo en dos fases. En particular, en el marco de la evaluación de las «cualificaciones y experiencia requeridas», en primer lugar, el comité de selección debía examinar si los candidatos cumplían los «criterios de admisibilidad». En segundo lugar, para los candidatos que cumplían los «criterios de admisibilidad», el comité de selección debía examinar si cumplían los «criterios de selección», consistentes en cinco «criterios de ponderación elevada» y tres «criterios de escasa ponderación».

102

A este respecto, procede señalar que, si bien el modo de evaluación de estos criterios era distinto, en la medida en que los «criterios de selección» iban acompañados de una puntuación numérica, contrariamente a los «criterios de admisibilidad», no es menos cierto que los «criterios de selección», que tenían por objeto evaluar la posesión de determinados títulos, la duración de la experiencia profesional en determinados sectores y la posesión de determinadas competencias, correspondían a datos objetivos y no estaban sujetos a juicios de valor por parte del tribunal. Además, la convocatoria para proveer plaza vacante distingue claramente la evaluación de las «cualificaciones y experiencia requeridas», contemplada en su punto 4 y que incluye los «criterios de admisibilidad» y los «criterios de selección», del «procedimiento de selección» propiamente dicho, contemplado en su punto 5 y que comprende la entrevista y la prueba escrita.

103

Por consiguiente, procede declarar que la segunda decisión impugnada forma parte de la primera fase de los trabajos del tribunal calificador de la oposición mencionada en el apartado 79 anterior.

104

A este respecto, la primera fase consiste, en especial cuando se trata de un concurso de méritos, en contrastar los méritos presentados por los candidatos con la capacitación exigida por la convocatoria de la oposición. Al hacerse esta comparación con arreglo a datos objetivos y además conocidos por cada uno de los candidatos en lo que a ellos les atañe, la observancia del secreto que ampara los trabajos del tribunal no se opone a que se comuniquen dichos datos objetivos y, en particular, los criterios de apreciación que sirvieron de base para la selección realizada, en la fase de las operaciones preliminares de la oposición, de modo que las personas cuyas candidaturas han sido rechazadas con anterioridad a cualquier prueba personal puedan conocer los posibles motivos de su eliminación (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, EU:C:1996:276, apartado 27 y jurisprudencia citada).

105

Además, aun cuando inicialmente el tribunal calificador solo está obligado a facilitar una motivación sumaria, como ocurre en una oposición en la que participan muchos candidatos, la motivación debe incluir los resultados de la oposición de que se trate, sin que pueda esperarse que los candidatos soliciten su comunicación (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartados 35 y 36).

106

En segundo lugar, por lo que respecta a la motivación de la segunda decisión impugnada, cabe recordar que, como se desprende del apartado 11 de la presente sentencia, la demandante solo fue informada del resultado de su candidatura de manera implícita cuando, el 10 de diciembre de 2020, el director ejecutivo de la ENISA anunció verbalmente el nombre de la candidata seleccionada en la segunda oposición controvertida a todos los agentes durante una sesión de preguntas y respuestas, y posteriormente se comunicó oficialmente al personal de la ENISA mediante un correo electrónico de 12 de enero de 2021.

107

También se desprende de los anteriores apartados 12 y 14 que no fue hasta después de haber enviado las dos solicitudes de 3 y 10 de enero de 2021 cuando la demandante recibió, el 3 de febrero de 2021, la evaluación de su candidatura para la segunda oposición controvertida, indicando que no había alcanzado el umbral requerido para poder pasar a la siguiente fase de dicha oposición.

108

Como se ha señalado en el anterior apartado 23, es la comunicación oficial, mediante el correo electrónico de 12 de enero de 2021, de la información relativa al nombre de la candidata seleccionada para proveer el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo la que materializa la decisión del comité de selección de la ENISA de no seleccionar la candidatura de la demandante a dicho puesto. En efecto, la comunicación oficial de esta información implica necesariamente el rechazo de la candidatura de la demandante en el marco de la segunda oposición controvertida.

109

En el caso de autos, es preciso señalar que la demandante tuvo conocimiento de manera totalmente incidental de que no había sido admitida a pasar la entrevista y la prueba escrita, mientras que del anterior apartado 105 resulta que el candidato a una oposición que es objeto de una decisión de no admisión al término de la primera fase, tal como se ha definido en el anterior apartado 104, debe ser informado, como mínimo, del resultado de este procedimiento de selección, y ello incluso en caso de oposiciones en las que participan muchos candidatos. En efecto, el resultado del procedimiento de selección en el que ha participado un funcionario o agente constituye una información mínima que debe facilitarse en todo caso a los candidatos, puesto que no cabe esperar razonablemente de estos que soliciten la comunicación de ese resultado cuando desconocen su propia existencia.

110

Por consiguiente, procede señalar que la segunda decisión impugnada adolece de falta de motivación.

111

Habida cuenta de las consideraciones anteriores y a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 73, 88 y 89 de la presente sentencia, debe concluirse que la ENISA incumplió su obligación de motivar las decisiones impugnadas y, por consiguiente, vulneró el derecho de la demandante a una buena administración, previsto en el artículo 41 de la Carta.

112

Ha de recordarse que, cuando un órgano jurisdiccional de la Unión se pronuncia sobre las consecuencias de la anulación de una medida relativa a los procedimientos de selección del personal de la Unión, debe tratar de conciliar los intereses de los candidatos desfavorecidos por una irregularidad cometida durante dicho procedimiento y los intereses de los demás candidatos, de modo que ha de tomar en consideración no solo la necesidad de restablecer los derechos de los candidatos desfavorecidos, sino también la confianza legítima de los candidatos ya seleccionados. Para ello, ese órgano jurisdiccional debe tomar en consideración tanto la naturaleza de la irregularidad de que se trate y sus efectos como las diferentes medidas que pueden adoptarse para conciliar la necesidad de restablecer los derechos del candidato desfavorecido, la situación de los terceros y el interés del servicio. En el marco de esta apreciación pueden ser pertinentes también factores como el número de personas afectadas por la irregularidad del procedimiento de selección y el número de candidatos seleccionados (véase la sentencia de 8 de mayo de 2019, Empresa Común Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P, EU:C:2019:378, apartados 46 y 47 y jurisprudencia citada).

113

Pues bien, en el caso de autos, en primer lugar, procede señalar que los vicios de que adolecen las decisiones impugnadas se caracterizan por el incumplimiento de la obligación de motivación, que constituye un requisito sustancial de forma y cuya inobservancia puede ser apreciada de oficio por el juez. En segundo lugar, de los autos no se desprende que estos vicios afectaran únicamente a las decisiones impugnadas, de modo que no puede excluirse que los demás candidatos que no fueron admitidos al término de la segunda fase de la primera oposición controvertida y aquellos que no fueron admitidos al término de la primera fase de la segunda oposición controvertida se enfrentaran a la misma ilegalidad. En tercer lugar, la eventual anulación de las decisiones impugnadas no implicaría necesariamente el nombramiento de la demandante para uno u otro de los puestos de jefe de unidad a los que había presentado su candidatura. Por último, en cuarto lugar, aun suponiendo que la ENISA, en el marco de las medidas encaminadas a restablecer a la demandante en sus derechos, tuviera la intención de proceder a su nombramiento en uno u otro de los puestos de jefe de unidad de que se trata en el presente asunto, tal nombramiento solo podría poner en cuestión, en su caso, el nombramiento de una sola persona. Así pues, habida cuenta de estos elementos, el Tribunal General no se encuentra en una situación excepcional en la que la solución de anulación deba considerarse excesiva en relación con los derechos de terceros.

114

Procede por ello estimar el segundo motivo invocado por la demandante, sin que sea necesario examinar las demás alegaciones formuladas en su apoyo, y anular las decisiones impugnadas, sin que sea necesario examinar los demás motivos planteados por la demandante.

Sobre las pretensiones de indemnización

115

En apoyo de las pretensiones de indemnización, la demandante estima haber sufrido un perjuicio moral derivado de las ilegalidades cometidas por la ENISA, que provocaron en ella un gran estrés y fuertes sentimientos de injusticia y de falta de respeto, que afectaron a su salud y a su dignidad. Considera que su daño moral no puede ser indemnizado mediante la mera anulación de las decisiones impugnadas. En consecuencia, solicita que se condene a la ENISA a abonarle una indemnización estimada ex aequo et bono en 5 000 euros.

116

La ENISA no formula alegaciones relativas a las pretensiones de indemnización de la recurrente.

117

A este respecto, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, la responsabilidad de la Unión supone que concurran tres requisitos: la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, órganos u organismos, la realidad y certeza del perjuicio alegado y la existencia de una relación de causalidad entre la ilegalidad imputada y dicho perjuicio (véase la sentencia de 13 de enero de 2021, Helbert/EUIPO, T‑548/18, EU:T:2021:4, apartado 116 y jurisprudencia citada).

118

Por otra parte, según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, en determinadas situaciones, un perjuicio de carácter inmaterial o moral puede considerarse reparado de manera adecuada y suficiente mediante la anulación del acto ilegal que lo causó (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 197 y jurisprudencia citada).

119

En el caso de autos, procede señalar que, habida cuenta de la naturaleza de las ilegalidades cometidas por la ENISA y de la naturaleza del perjuicio invocado, la anulación de los actos impugnados permite, en las circunstancias del presente asunto, garantizar una reparación adecuada y suficiente del perjuicio moral invocado.

120

Por lo tanto, las pretensiones de indemnización de la demandante deben desestimarse por infundadas en la medida en que se refieren al perjuicio moral derivado de la ilegalidad de las decisiones impugnadas.

Costas

121

A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la ENISA, procede condenar a esta al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

1)

Anular la decisión del comité de selección de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) de no incluir el nombre de TB en la lista de candidatos seleccionados para el puesto de jefe de la unidad de la Oficina del Director Ejecutivo (ENISA-TA70-AD-2020‑04).

2)

Anular la decisión del comité de selección de la ENISA de no seleccionar la candidatura de TB para el puesto de jefe de la unidad de Servicios Administrativos de Apoyo (ENISA-TA71-AD-2020‑05).

3)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

4)

Condenar en costas a la ENISA.