<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11999ESA.0500174901.case.xml"><NO.CASE>T-74/99</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61999B0074</NO.CELEX><NO.SEQ>0008.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1750</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1756</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>7</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19990601">1.6.1999</DATE> — ASUNTO T-74/99</LEFT><RIGHT>MEYER / CONSEJO</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Tercera)</P><P>de <DATE ISO="19990601">1 de junio de 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto T-74/99,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Karl L. Meyer,</HT> agricultor, con domicilio en Uturoa (Isla de Raiatea, Polinesia francesa), representado por M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jean-Dominique des Arcis, Abogado de Papeete, que designa como domicilio en Luxemburgo el del Sr. Horst Pakowski, Embajador de la República Federal de Alemania, 20-22, avenue Emile Reuter,</P><PARTY.STATUS>parte demandante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contra</AGAINST><DEFENDANTS><P>Consejo de la Unión Europea,</P><PARTY.STATUS>parte demandada,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>que tiene por objeto una solicitud de anulación de la Decisión 98/317/CE del Consejo, de <DATE ISO="19980503">3 de mayo de 1998</DATE>, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 J del Tratado (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="139" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="30">DO L 139, p. 30</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-1751"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),</P><P>integrado por los Sres.: M. Jaeger, Presidente, K. Lenaerts y J. Azizi, Jueces;</P><P>Secretario: Sr. H. Jung;</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Hechos y procedimiento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19980503">3 de mayo de 1998</DATE>, el Consejo adoptó la Decisión 98/317/CE, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 J del Tratado (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="139" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="30">DO L 139, p. 30</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Decisión 98/317<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), que designa los Estados miembros de la Unión Europea que cumplen las condiciones necesarias para la adopción de la moneda única el <DATE ISO="19990101">1 de enero de 1999</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>El demandante, que explota una plantación de frutas tropicales en la Isla de Raiatea de la Polinesia francesa, tuvo conocimiento, a través de un artículo publicado en la prensa local, de la existencia del Protocolo sobre Francia (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="191" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="90">DO 1992, C 191, p. 90</REF.DOC.OJ>) anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en virtud del Acta final del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el <DATE ISO="19920207">7 de febrero de 1992</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="191" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="1">DO 1992, C 191, p. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>En estas circunstancias, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19910311">11 de marzo de 1991</DATE>, el demandante interpuso el presente<?PAGE NO="II-1752"?> recurso, por estimar, básicamente, que la Polinesia francesa, que figura en el Anexo IV del Tratado CE (actualmente Anexo II CE, tras su modificación), relativo a los países y territorios de Ultramar a los que se aplican las disposiciones de la cuarta parte del Tratado, no debería ser excluida de la Unión Económica y Monetaria.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Pretensiones del demandante</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Declare admisibles y fundadas todas sus pretensiones.</P></ITEM><ITEM><P>Declare que la exclusión de la Polinesia francesa de la Unión Monetaria Europea es un acto arbitrario y discriminatorio para su población, al infringirse los artículos 6 del Tratado CE (actualmente artículo 12 CE, tras su modificación) y 8 del Tratado CE (actualmente artículo 17 CE, tras su modificación).</P></ITEM><ITEM><P>Ordene la anulación y la modificación de la parte referente a la exclusión de la Polinesia francesa de la zona <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Euro<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> en la Decisión 98/317.</P></ITEM><ITEM><P>Condene al Consejo a pagarle la cantidad de 20.000 FF en concepto de gastos no comprendidos en las costas que ha contraído para la defensa de sus intereses.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1753"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fundamentos de Derecho</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Con arreglo al artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en su versión modificada con efectos de <DATE ISO="19970601">1 de junio de 1997</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="103" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="6">DO 1997, L 103, p. 6</REF.DOC.OJ>), cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>En el presente caso, el Tribunal estima que los hechos se hallan suficientemente esclarecidos por los documentos que obran en autos y acuerda, con arreglo a lo dispuesto en dicho artículo, decidir sin continuar el procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Si bien no lo menciona expresamente en su recurso, el demandante funda este último en el artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), que permite, en particular, conforme a lo dispuesto en su párrafo cuarto, a toda persona física interponer un recurso contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un Reglamento o de una Decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>El artículo 173, párrafo quinto, del Tratado dispone, no obstante, que los recursos fundados en dicha disposición deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente, o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1754"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>El artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia establece que, cuando un plazo para la interposición de un recurso contra un acto de una Institución empiece a correr a partir de su publicación, dicho plazo habrá de contarse a partir del decimoquinto día siguiente al de su inserción en el <HT TYPE="ITALIC">Diario Oficial de las Comunidades Europeas.</HT></TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Además, conforme al Anexo II del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, al que se remite el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el plazo de dos meses previsto en el artículo 173, párrafo quinto, del Tratado, se ampliará, por razón de la distancia, en un mes para una parte que resida en el territorio de la Polinesia francesa.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>La Decisión 98/317, cuya ilegalidad denuncia el demandante en el caso de autos, se publicó en el Diario Oficial el <DATE ISO="19980511">11 de mayo de 1998</DATE>. El demandante disponía, pues, de un plazo de tres meses y quince días a partir de dicha fecha para impugnar, con arreglo al artículo 173 del Tratado, su legalidad, a saber, hasta el <DATE ISO="19980826">26 de agosto de 1998</DATE>. Es preciso señalar que el presente recurso se interpuso en fecha posterior. De ello se deduce que, por este motivo tan sólo y sin que sea necesario examinar más profundamente la admisibilidad de este recurso, procede declarar su inadmisibilidad.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>La razón invocada por el demandante para justificar la extemporaneidad de su recurso, según la cual no tuvo conocimiento del contenido y del alcance de la Decisión 98/317 por lo que respecta a la Polinesia francesa hasta el <DATE ISO="19990104">4 de enero de 1999</DATE>, carece de pertinencia. Baste señalar, en efecto, que a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Decisión 98/317, el demandante disponía de todos los elementos necesarios para determinar los efectos de la adopción de esta última por lo que a la Polinesia francesa se refiere.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1755"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Hay que señalar que el plazo para recurrir previsto en el artículo 173, párrafo quinto, del Tratado tiene por objeto no solamente garantizar al demandante un tiempo razonable para evaluar si existen motivos que permitan impugnar un acto y, en su caso, para preparar su demanda, sino también para garantizar que un acto no pueda ser objeto de recurso de anulación una vez transcurrido un determinado plazo. Sólo una aplicación estricta de dicho plazo responde, en efecto, a la exigencia de la seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia (auto del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19920205">5 de febrero de 1992</DATE>, Francia/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-59/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-525">C-59/91, Rec. p. I-525, apartado 8</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>A mayor abundamiento, hay que señalar que, a tenor de su artículo 2, la Decisión 98/317 tiene por destinatarios los Estados miembros, por lo que incumbía, en todo caso, al demandante demostrar que resultaba directa e individualmente afectado por ésta. Ahora bien, es preciso señalar que los elementos aportados por el demandante en su escrito de interposición del recurso no responden a esta exigencia.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Habida cuenta de lo antedicho, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el demandante cargará con sus propias costas.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1756"?><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>El demandante cargará con sus propias costas.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19990601">1 de junio de 1999</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>M. Jaeger</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>