Introducción

1.

La petición de decisión prejudicial ha sido presentada por el Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Eslovaca) en el marco de un litigio entre BD, demandante en el procedimiento principal, y la Sociálna poisťovňa, ústredie (Tesorería de la Seguridad Social, Administración Central, Eslovaquia) (en lo sucesivo, «Tesorería de la Seguridad Social eslovaca»), relativo a la denegación de la solicitud de BD de percibir una pensión de jubilación, en virtud de su actividad como minero de minas subterráneas, a partir de los 55 años.

2.

El presente asunto brinda así al Tribunal de Justicia la oportunidad, por primera vez, de interpretar el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004,  ( 2 ) relativo a la totalización de los períodos para la determinación del derecho a la pensión de jubilación en los casos en que la legislación de un Estado miembro, sin establecer un régimen especial distinto del régimen general de seguridad social, reserva sin embargo la aplicación de normas especiales a determinadas actividades o profesiones.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3.

El artículo 48 TFUE dispone que «el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes por cuenta ajena y por cuenta propia, así como a sus derechohabientes:

4.

De conformidad con el considerando 1 del Reglamento n.o 883/2004:

5.

El considerando 13 de este Reglamento enuncia:

6.

El considerando 45 de dicho Reglamento señala que el objetivo de la acción pretendida es la adopción de medidas de coordinación para garantizar que el derecho a la libre circulación de personas pueda ejercerse de forma efectiva.

7.

El artículo 6 del mismo Reglamento, cuyo epígrafe es «Totalización de los períodos», está redactado en los términos siguientes:

–

la adquisición, la conservación, la duración o la recuperación del derecho a las prestaciones,

8.

El artículo 51 del Reglamento n.o 883/2004, titulado «Disposiciones particulares sobre la totalización de períodos», dispone en su apartado 1:

Derecho checoslovaco

9.

El artículo 1 de la zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (Ley n.o 100/1988 sobre la Seguridad Social), de 16 de junio de 1988 (en lo sucesivo, «Ley n.o 100/1988»), titulado «Principios básicos», disponía, en su versión aplicable entre el 1 de octubre de 1988 y el 31 de mayo de 1992:

10.

El artículo 14 de la Ley n.o 100/1988 estaba redactado en los términos siguientes:

11.

De conformidad con el artículo 21 de dicha Ley, titulado «Requisitos de adquisición del derecho a pensión de jubilación»:

12.

La Ley n.o 100/1988 fue modificada por la zákon č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií a o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení (Ley n.o 235/1992 relativa a la supresión de las categorías profesionales y a otras modificaciones del régimen de seguridad social), de 28 de abril de 1992 (en lo sucesivo, «Ley n.o 235/1992»), que entró en vigor el 1 de junio de 1992.

13.

El artículo 14, apartado 1, de la Ley n.o 100/1988, en su redacción resultante de la Ley n.o 235/1992, disponía:

14.

En virtud del artículo 15 de dicha Ley:

15.

A tenor del artículo 175 de dicha Ley:

Derecho eslovaco

16.

El artículo 65 de la zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (Ley n.o 461/2003 sobre la Seguridad Social), de 30 de octubre de 2003 (en lo sucesivo, «Ley n.o 461/2003»), dispone:

17.

Por último, con arreglo al artículo 274 de dicha Ley:

Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

18.

La Federación Checoslovaca se disolvió el 31 de diciembre de 1992, dando lugar a dos Estados distintos. Anteriormente, en la legislación de la Federación Checoslovaca, las diferentes profesiones se clasificaban en tres categorías, en función de su nivel de riesgo. El trabajo de minero estaba clasificado en la primera categoría y, por lo tanto, los mineros tenían derecho a una pensión de jubilación a partir de los 55 años, siempre que hubieran trabajado durante 25 años, 15 de ellos bajo tierra en minas subterráneas. En 1992, la Ley n.o 100/1988 fue modificada por la Ley n.o 235/1992, en virtud de la cual estas categorías debían dejar de existir el 31 de diciembre de 1992, y todos los trabajadores pasaban a quedar clasificados en la tercera categoría a partir de esa fecha. Esto solo se aplicaba a los empleos desempeñados después del 31 de diciembre de 1992, ya que los derechos derivados del ejercicio de un empleo de las categorías primera o segunda antes de esa fecha se mantuvieron hasta el 31 de diciembre de 2016.

19.

El 31 de diciembre de 1992 entró en vigor en la República Checa la ley federal por la que se suprimía la clasificación de los puestos de trabajo. En cambio, en el territorio de Eslovaquia, la aplicación de dicha ley se aplazó en varias ocasiones, y la clasificación de los puestos de trabajo no se suprimió hasta el 31 de diciembre de 1999.

20.

El demandante en el procedimiento principal es un nacional eslovaco que trabajó desde el 1 de julio de 1976 hasta el 31 de agosto de 1995 como minero en una mina subterránea situada en Karviná, en el territorio de la actual República Checa. Posteriormente, ocupó diversos puestos de trabajo en la República Checa y, más tarde, en Eslovaquia.

21.

En 2013, el demandante en el procedimiento principal, que entonces tenía 55 años, solicitó la liquidación de su pensión de jubilación en Eslovaquia. La Tesorería de la Seguridad Social eslovaca desestimó su solicitud por no haber alcanzado la edad de 62 años necesaria para tener derecho a ella. Finalmente, se reconoció al interesado el derecho a percibir una pensión de jubilación a partir de octubre de 2020, fecha en la que cumplió 62 años y 8 meses, pero las autoridades eslovacas mantuvieron su tesis de que no podía acogerse a la pensión de jubilación en condiciones más favorables, reconocida a las personas que habían trabajado como mineros de minas subterráneas durante un período de 15 años.

22.

La Tesorería de la Seguridad Social eslovaca consideró que, dado que el demandante había ejercido su actividad de minero de minas subterráneas en el territorio de la actual República Checa, solo podía tener derecho a la pensión de jubilación a partir de los 55 años si demostraba haber ejercido durante 15 años un empleo de la primera categoría con arreglo a la legislación de ese Estado miembro. Sin embargo, el 31 de diciembre de 1992, fecha en la que entró en vigor la supresión de las categorías de empleo en la República Checa, el interesado, según la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca, solo había desempeñado una actividad como minero durante 14 años y 63 días.

23.

Se suscitó un litigio a este respecto, en el que el demandante alegó que, para determinar si se cumplía el requisito de 15 años de actividad, la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca estaba obligada a tener en cuenta, como período de actividad en un empleo de la primera categoría, el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de agosto de 1995, durante el cual había seguido trabajando como minero en la República Checa, aunque las categorías de empleo se hubieran suprimido en ese Estado miembro el 31 de diciembre de 1992.

24.

El Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), que conoce del recurso de casación interpuesto por el demandante, se pregunta sobre la interpretación del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, relativo a la totalización de los períodos para el cálculo de la pensión de jubilación cuando se está ante un régimen especial o ante la aplicación de normas especiales a determinadas actividades, razón por la que ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

25.

Los Gobiernos italiano y polaco, así como la Comisión Europea, han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.

Análisis

26.

Antes de analizar estas cuestiones prejudiciales, me parece que la aplicabilidad del Reglamento n.o 883/2004 al procedimiento principal requiere algunas explicaciones.

Sobre la aplicabilidad del Reglamento n.o 883/2004

27.

Ha de recordarse que, tras la adhesión de la República Checa y la República Eslovaca a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, el Reglamento n.o 1408/71 entró en vigor para estos países en esa fecha.  ( 3 ) El Reglamento n.o 883/2004, que derogó y sustituyó al Reglamento n.o 1408/71, entró en vigor el 20 de mayo de 2004 en lo que a ellas respecta y es aplicable a partir del 1 de mayo de 2010.  ( 4 )

28.

La solicitud de concesión de la pensión de jubilación presentada por BD ante la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca en 2013 fue denegada (y es esta denegación de dicha Tesorería la que constituye el objeto del procedimiento principal) antes de que fuera aceptada en 2020 cuando aquel tenía 62 años.  ( 5 ) Los períodos de trabajo a los que se refiere la petición de decisión prejudicial se cubrieron en el territorio de la actual República Checa entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de agosto de 1995.

29.

En primer lugar, no me parece que el hecho de que los períodos de cotización sean anteriores a la adhesión a la Unión de la República Checa y de la República Eslovaca impida la aplicación del Reglamento n.o 883/2004 a las circunstancias del asunto principal.

30.

En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en relación con el Reglamento n.o 1408/71, que este era aplicable a una situación en la que las personas afectadas habían cotizado al sistema público de seguridad social de un Estado miembro durante un período anterior a la adhesión de este último a la Unión y tenían derecho a invocarlo a partir de la fecha de adhesión.  ( 6 ) Dado que el Reglamento n.o 883/2004 sustituyó al Reglamento n.o 1408/71 y no introdujo modificaciones sustanciales en las disposiciones en cuestión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Reglamento n.o 1408/71 conserva toda su pertinencia para la interpretación de las disposiciones controvertidas del Reglamento n.o 883/2004.  ( 7 ) Por lo tanto, el hecho de que los períodos de cotización sean anteriores a la adhesión a la Unión de los Estados miembros en cuestión no impide la aplicabilidad del Reglamento n.o 883/2004 a la situación controvertida en el litigio principal, en la que BD cotizó al sistema de pensiones de la República Checa durante un período anterior a su adhesión a la Unión y puede invocarlo ante la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca a partir de dicha fecha de adhesión.

31.

En segundo lugar, los períodos de cotización en cuestión son ciertamente anteriores a la entrada en vigor del Reglamento n.o 883/2004. Sin embargo, el artículo 87, apartado 2, de este Reglamento dispone, al igual que lo hacía, mutatis mutandis, el Reglamento n.o 1408/71,  ( 8 ) que «todo período de seguro y, en su caso, todo período de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubierto bajo la legislación de un Estado miembro antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento en el Estado miembro interesado se tomará en cuenta para la determinación de los derechos originados conforme al presente Reglamento». A este respecto, aunque una nueva normativa solo rige, en principio, para el futuro, también se aplica, salvo excepción, según un principio generalmente reconocido, a los efectos futuros de situaciones nacidas durante la vigencia de la ley anterior.  ( 9 )

32.

Por lo tanto, considero que el Reglamento n.o 883/2004 es aplicable a las circunstancias del asunto principal.

Sobre la interpretación del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004

33.

En el litigio principal se discute la negativa de la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca a tener en cuenta el período de cotización correspondiente al empleo ejercido por BD en la República Checa entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de agosto de 1995, por considerar que este período no podía tenerse en cuenta como empleo de la primera categoría con arreglo a la ley en vigor en el Derecho eslovaco, ya que no tenía la consideración de empleo de tal categoría en virtud de la legislación checa.  ( 10 ) En efecto, esta primera categoría había sido suprimida el 31 de diciembre de 1992 en la República Checa. Dado que el empleo desempeñado durante ese período no quedaba comprendido en la primera categoría en el marco de la legislación checa, la Tesorería de la Seguridad Social eslovaca consideró que BD había trabajado menos de 15 años en un empleo de esa categoría y, por lo tanto, no podía acogerse a la disposición eslovaca que le permitía jubilarse a los 55 años.

34.

Según el órgano jurisdiccional remitente, el objetivo del artículo 51 del Reglamento n.o 883/2004, relativo a la totalización de los períodos, es, con carácter general, garantizar que los beneficios que la legislación de un Estado miembro confiera al ejercicio de una actividad determinada estén vinculados a dicha actividad, aun cuando el interesado la ejerza en otro Estado miembro.

35.

Sin embargo, considera que queda por aclarar cuáles son los requisitos para tener en cuenta dichos beneficios.

36.

Ha de subrayarse de antemano que las cuestiones planteadas no se refieren al principio de la toma en consideración, por parte de la República Eslovaca, de los períodos cotizados por el demandante en el asunto principal en la República Checa, sino a la cuestión de si los períodos de que se trata deben tenerse en cuenta como actividad de la primera categoría para el cálculo de la duración de la actividad de 15 años como minero de minas subterráneas, exigida por la legislación eslovaca para tener derecho a una pensión de jubilación a partir de los 55 años.

37.

Pues bien, como señala el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, la legislación aplicable (Ley n.o 100/1988 y Ley n.o 461/2003) no ha creado un régimen distinto aplicable únicamente a los mineros de minas subterráneas como el demandante. Por el contrario, ambas leyes establecen un régimen único de seguridad social aplicable a todos los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Los beneficios vinculados al trabajo de minero de minas subterráneas, así como a otros empleos incluidos en la primera categoría en virtud del artículo 14, apartado 2, de la Ley n.o 100/1988, solo se concedían en el marco de este régimen único.

38.

Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si es aplicable la totalización de los períodos establecida en el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, dado que en su legislación no existe un régimen especial distinto del régimen único de seguridad social.

39.

En efecto, mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, pregunta en esencia si, para que el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 sea aplicable a una pensión de jubilación sobre la que se pronuncia la institución competente de un Estado miembro, es necesario que dicho Estado miembro haya instituido un régimen especial (en cuyo caso se plantea la cuestión de qué caracteriza a dicho régimen especial), o si basta, en ausencia de dicho régimen especial, que la legislación haya establecido una categoría determinada de personas que hayan cubierto períodos de seguro únicamente en el ejercicio de una actividad determinada (por ejemplo, los mineros de minas subterráneas) que dé lugar a una pensión de jubilación más favorable.

40.

De conformidad con una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia,  ( 11 ) procede responder a estas cuestiones, consideradas conjuntamente, teniendo en cuenta no solo el tenor de la disposición controvertida, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la legislación de la que forma parte, así como que la génesis de dicha disposición también puede ofrecer elementos pertinentes para su interpretación.

Interpretación textual

41.

Ha de recordarse que el artículo 51 del Reglamento n.o 883/2004 establece disposiciones específicas relativas a la aplicación del principio de totalización de los períodos a las prestaciones de vejez. Contiene normas específicas de totalización en el caso de que la legislación de un Estado miembro supedite la concesión de determinadas prestaciones «al cumplimiento de períodos de seguro exclusivamente en una actividad determinada como trabajador por cuenta ajena o propia, u ocupación sujetas a un régimen especial para trabajadores por cuenta ajena o propia».

42.

Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, existen divergencias entre las distintas versiones lingüísticas del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 que pueden dar lugar a dos interpretaciones distintas, incluso opuestas, de los requisitos de aplicación de dicha disposición.

43.

En efecto, varias versiones lingüísticas, en particular las versiones inglesa,  ( 12 ) italiana,  ( 13 ) polaca  ( 14 ) y eslovaca,  ( 15 ) emplean, al igual que la versión francesa, el singular —«sujeta a un régimen especial»—, lo que apunta a que el concepto de «régimen especial» se refiere únicamente al concepto de «ocupación». Así pues, según esta primera lectura, dicha disposición se aplica no solo cuando la legislación nacional aplicable establece un régimen especial, sino también, de manera más general, cuando incluye normas sobre el derecho a prestaciones específicas para una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia determinada. Según esta primera interpretación, el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 se aplicaría incluso en ausencia de un régimen especial en el Estado miembro en el que se adopte la decisión de conceder la prestación.

44.

Sin embargo, otras versiones lingüísticas del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, en particular las versiones española,  ( 16 ) alemana  ( 17 ) y griega,  ( 18 ) utilizan el plural —«sujetas a un régimen especial»—, lo que implica que el concepto de «régimen especial» se refiere tanto a «una actividad determinada para trabajadores por cuenta ajena o propia» como a «una ocupación». Según esta segunda interpretación, dicha disposición solo se aplicaría a las ocupaciones y actividades para las que el Estado miembro en el que se adopta la decisión de conceder la prestación haya establecido un «régimen especial».

45.

Tras este análisis textual, parece que ambas interpretaciones siguen siendo posibles.

46.

Ahora bien, tal y como ha subrayado la Comisión, según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición, ni se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. En efecto, las disposiciones del Derecho de la Unión deben ser interpretadas y aplicadas de modo uniforme, a la luz de las versiones en todas las lenguas de la Unión.

47.

En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición de Derecho de la Unión, esta debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en la que se integra.  ( 19 ) Por lo tanto, procede recurrir a su análisis contextual y teleológico.

Interpretación contextual

48.

Ha de recordarse que el artículo 48 TFUE, apartado 1, letra a), exige, para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de estas, que se acumulen todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales. El artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004 aplica este principio de manera general  ( 20 ) y establece que, salvo disposición en contrario del Reglamento, cuando una legislación nacional subordine el derecho a las prestaciones u otros beneficios al cumplimiento previo de períodos de afiliación, ya sean períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o incluso de residencia, la institución de seguridad social competente estará obligada a tener en cuenta, en su caso, los períodos cubiertos en otro Estado miembro y con arreglo a su legislación. Este principio establece así una especie de «reconocimiento mutuo de los períodos de seguro».  ( 21 )

49.

En tal contexto, el artículo 51 del Reglamento n.o 883/2004, que se encuentra en el capítulo relativo a las pensiones de vejez y de supervivencia, establece disposiciones especiales relativas a la totalización de los períodos en esta materia. Su objetivo es articular los períodos de afiliación a los regímenes generales y especiales, dado que, en el marco de su carrera profesional desarrollada en diferentes Estados miembros, una persona puede estar sujeta a regímenes de naturaleza diferente.  ( 22 )

50.

¿Significa esto que el artículo 51 implica necesariamente un «régimen especial» formalmente distinto del régimen general? No estoy convencido de ello.

51.

En efecto, por una parte, ha de observarse que el actual artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 corresponde al antiguo artículo 45, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71, que ha modernizado y simplificado, conservando sin embargo el mismo objetivo.  ( 23 )

52.

El antiguo artículo 45, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71 establecía que «cuando la legislación de un Estado miembro subordine la concesión de ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro hayan sido cumplidos únicamente en una profesión sometida a algún régimen especial aplicable a trabajadores por cuenta ajena o, en su caso, en un empleo determinado, los períodos cumplidos bajo las legislaciones de otros Estados miembros solo serán computables para la concesión de tales prestaciones en el supuesto de que hayan sido cumplidos al amparo de un régimen de igual naturaleza o, en su defecto, en la misma profesión o, dado el caso, en el mismo empleo».  ( 24 )

53.

De ello se deduce que, aunque el Estado miembro que concediese la prestación no hubiera establecido un régimen especial como tal, ello no impedía que se aplicara, en su caso, el artículo 45, apartado 2, de dicho Reglamento, siempre que los períodos de seguro se hubieran cubierto en un «empleo determinado». Por otra parte, como ha señalado el Gobierno polaco, la Decisión n.o 81 de la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes, creada en el seno de la Comisión,  ( 25 ) de 22 de febrero de 1973, relativa a la totalización de los períodos de seguro cubiertos en un empleo determinado, en aplicación del apartado 2 del artículo 45,  ( 26 ) solo se refiere a la totalización de los períodos de seguro en un empleo determinado y obliga a la acumulación de los períodos de seguro cubiertos en diferentes Estados miembros en un empleo concreto, siempre que reciba un «trato especial» en la legislación y por consiguiente esté definido por la misma. De ello se desprende que, siempre que un empleo concreto estuviera regulado de alguna manera, estaba sujeto a la totalización, con independencia de que estuviera sujeto a un régimen «especial», a normas especiales o al régimen general de seguridad social.

54.

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el legislador de la Unión no tuvo la intención de adoptar un método de totalización más restrictivo al aprobar el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004. En efecto, de los trabajos preparatorios de dicho Reglamento se desprende que el sistema de coordinación se ha mantenido igual en lo que respecta a sus principios rectores y elementos esenciales, entre los que figura la totalización de los períodos.  ( 27 )

55.

En consecuencia, podría considerarse que este elemento apunta en el sentido de la primera interpretación, al no exigir un régimen «especial» que sea necesariamente distinto del régimen general.

56.

Por otra parte, es cierto que el artículo 51, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 883/2004 contempla el supuesto en el que, teniendo en cuenta los períodos así cumplidos, «el interesado no satisface las condiciones para disfrutar de las prestaciones de un régimen especial de un Estado miembro».  ( 28 ) El órgano jurisdiccional remitente plantea la hipótesis de que podría deducirse de ello que el artículo 51, apartado 1, de dicho Reglamento solo sería aplicable si el Estado miembro en el que se adopta la decisión de conceder la prestación divide su régimen de seguridad social en un régimen «especial» y un régimen «general».

57.

Sin embargo, ha de observarse que este concepto de «régimen especial» no se define en el Reglamento n.o 883/2004. El artículo 1, letra e), de dicho Reglamento define el concepto de «régimen especial para funcionarios»,  ( 29 ) por lo que no parece pertinente en el contexto del artículo 51 del Reglamento. Así pues, como señala el Gobierno polaco, la propia definición de dicho régimen especial es «incierta».

58.

Además, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, las disposiciones tanto del Reglamento n.o 1408/71 como del Reglamento n.o 883/2004 no instituyen un régimen común de seguridad social, sino que su único objeto es garantizar no una armonización, sino una coordinación entre los distintos regímenes nacionales que siguen existiendo. Así, según reiterada jurisprudencia, los Estados miembros conservan su competencia para organizar sus sistemas de seguridad social.  ( 30 )

59.

Por lo tanto, en el contexto del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, nada impide interpretar de manera más amplia el concepto de «régimen especial» para tener en cuenta la realidad de los distintos regímenes nacionales de seguridad social. Esto puede implicar que se incluya en dicho concepto no solo un régimen de seguridad social formalmente distinto del régimen general, sino también un régimen que, en el seno del régimen general, se ha instituido para cubrir «una actividad determinada como trabajador por cuenta ajena o propia».

60.

A mi juicio, esta interpretación queda respaldada por el análisis teleológico de la disposición en cuestión.

Interpretación teleológica

61.

Tanto de los considerandos del Reglamento n.o 883/2004 como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el objetivo de coordinar los sistemas de seguridad social establecidos en los Estados miembros pretende garantizar el ejercicio efectivo de la libre circulación de personas.  ( 31 )

62.

Así, si bien corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar, en particular, los requisitos que confieren derecho a las prestaciones, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión y, en concreto, las disposiciones del Tratado FUE sobre la libertad que se reconoce a todo ciudadano de la Unión de circular y residir en el territorio de los Estados miembros.  ( 32 ) A este respecto, el Tratado FUE no garantiza a un trabajador que la extensión de sus actividades a más de un Estado miembro o su traslado a otro Estado miembro sean neutros en materia de seguridad social. Sin embargo, la aplicación de una legislación menos favorable no es contraria al principio de libre circulación de personas si no perjudica a dicho trabajador en relación con quienes ejercen en el Estado miembro en el que aquella se aplica o con relación a quienes ya estaban sujetos a la misma anteriormente.  ( 33 )

63.

Entre las medidas de coordinación destinadas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación de personas, el principio de totalización de los períodos tiene por objeto evitar que un trabajador que, en ejercicio de su derecho a la libre circulación, haya ocupado empleos en más de un Estado miembro, sea tratado sin justificación objetiva de modo menos favorable que aquel que haya efectuado toda su actividad profesional en un solo Estado miembro.  ( 34 )

64.

Así pues, el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 tiene por objeto garantizar que las personas que hayan ejercido una actividad que les dé derecho a prestaciones específicas en materia de pensión de jubilación (por ejemplo, una jubilación anticipada debido a un trabajo penoso o de riesgo) no pierdan ese derecho únicamente por haber hecho uso de su libertad de circulación.

65.

Ahora bien, la interpretación del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 según la cual esta disposición solo se aplicaría a las ocupaciones y actividades para las que existe un «régimen especial» necesariamente distinto del régimen general en el Estado miembro en el que se adopta la decisión de conceder la prestación  ( 35 ) me parece contraria a este objetivo de libre circulación de los trabajadores.

66.

En efecto, tal interpretación puede impedir la aplicación del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 por el mero hecho, por ejemplo, de que el Estado miembro que concede las prestaciones en cuestión haya optado por establecer únicamente un régimen general, en el que distinga categorías específicas de actividades. En tal caso, un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que ejerza una actividad determinada establecida en el régimen general y a la que se asocien determinados beneficios podría optar por no ejercer, o al menos dudar en ejercer, dicha actividad en otro Estado miembro si ello le supusiera una desventaja con respecto a los trabajadores que ejercen la totalidad de esa misma actividad en el Estado miembro de que se trate.

67.

Así, en el marco del litigio principal, si se exigiera que en Eslovaquia existiese un régimen especial, distinto del régimen general, para que se aplique el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 y permita, para el cálculo de la duración de su actividad, tener en cuenta los períodos cotizados entre 1993 y 1995 en el territorio de la actual República Checa, la mera existencia de la primera categoría no bastaría para permitir que el demandante en el litigio principal se jubilase a los 55 años, mientras que hubiera sido posible que lo hiciera si hubiese desarrollado la totalidad de su carrera profesional en Eslovaquia.

68.

Pues bien, tal enfoque me parece contrario al objetivo de la libre circulación de los trabajadores.

69.

Por lo tanto, considero que el hecho de que el Estado miembro que concede la prestación en cuestión haya establecido un régimen especial de seguridad social, formalmente distinto del régimen general, o que haya adoptado normas particulares aplicables a una actividad determinada dentro de su régimen general, debería carecer de pertinencia a efectos de la totalización de los períodos. Se trata, en efecto, de una elección de organización y financiación de los regímenes de seguridad social, que puede variar considerablemente de un Estado miembro a otro, y que no debería tener consecuencias en términos de libre circulación de los trabajadores.

70.

Es cierto que ninguna norma particular puede tener por sí sola la consideración de «régimen especial» en el sentido del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, y corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el conjunto de las normas aplicables, en este caso a los mineros de minas subterráneas, puede constituir un «régimen equivalente a un régimen especial».

71.

A este respecto, habida cuenta del objetivo de la libre circulación de los trabajadores, considero que deben tenerse en cuenta elementos de carácter sustantivo más que formal u orgánico.

72.

Por lo tanto, en mi opinión, la expresión «régimen especial» debe entenderse referida, además de a los regímenes especiales definidos como tales en el sistema nacional, a los conjuntos coherentes de normas especiales establecidas, incluso dentro de un régimen general, aplicables a una actividad determinada, por cuenta ajena o por cuenta propia. En particular, esta expresión podría referirse a un conjunto de normas relativas, por ejemplo, a las condiciones de acceso a las prestaciones, las normas de cálculo de su importe (vinculadas, por ejemplo, a la duración de la cotización o a la edad de jubilación) y la liquidación de la pensión de jubilación, que serían específicas de determinadas actividades o profesiones, en consideración a sus características propias (vinculadas, por ejemplo, a la penosidad del trabajo o a los riesgos relacionados con una actividad). Estas normas se referirían así a un grupo concreto de trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia o de profesiones, que estarían sujetos, como sugiere el órgano jurisdiccional remitente, a un «régimen relativamente cerrado de excepciones especiales». En cambio, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, considero que no puede ser determinante el hecho de que esas normas sean aplicadas por una institución formalmente distinta de la encargada del régimen general o el hecho de que establezcan una financiación distinta del régimen general, si bien pueden constituir criterios pertinentes para concluir que se está en presencia de un régimen «especial».

73.

Ha de añadirse que tal enfoque permitiría tener en cuenta, en el contexto del artículo 51 del Reglamento n.o 883/2004, la realidad de las diferentes configuraciones de los sistemas de seguridad social existentes en los distintos Estados miembros en lo que respecta a la libre circulación de los trabajadores.

74.

Por último, ha de señalarse que la Comisión sostiene que los períodos cotizados por el demandante en el litigio principal como minero de minas subterráneas en la República Checa entre el 31 de diciembre de 1992 y el 31 de agosto de 1995 deberían tenerse en cuenta sobre la base de las disposiciones generales del artículo 5, letra b), del Reglamento n.o 883/2004, según el cual, si, en virtud de la legislación del Estado miembro competente, se atribuyen efectos jurídicos a la concurrencia de determinados hechos o acontecimientos, dicho Estado tendrá en cuenta hechos o acontecimientos semejantes que guarden relación y hayan ocurrido en otro Estado miembro como si hubieran ocurrido en su propio territorio.  ( 36 ) Sin embargo, albergo serias dudas al respecto. En efecto, el artículo 5, letra b), de dicho Reglamento regula las consecuencias que deben derivarse de hechos o acontecimientos concretos, como un accidente, una enfermedad, una discapacidad, un nacimiento o un matrimonio, que se hayan producido en otro Estado miembro y que puedan afectar al disfrute de las prestaciones de seguridad social. Además, del considerando 10 del Reglamento n.o 883/2004 se desprende que el principio de asimilación de determinados hechos o acontecimientos no debe interferir con el principio de totalización de los períodos de seguro. En consecuencia, no me parece que la consideración de los períodos cubiertos con arreglo a la legislación de cualquier otro Estado miembro constituya «un hecho o acontecimiento» en el sentido del artículo 5, letra b), de dicho Reglamento. Por lo tanto, considero que esta disposición no es aplicable a la situación de que se trata en el litigio principal y no permite responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.  ( 37 )

75.

Por consiguiente, considero que el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que una pensión de jubilación, sobre la que se pronuncia la institución competente de un Estado miembro, queda comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición, tanto cuando, en virtud de la legislación de dicho Estado miembro, se ha instituido un régimen especial para trabajadores por cuenta ajena o propia, como cuando la legislación de dicho Estado miembro, sin haber establecido formalmente tal «régimen especial», ha previsto que una determinada categoría de personas que haya cumplido los períodos de cotización en relación con una actividad determinada (por ejemplo, los mineros de minas subterráneas) adquiera, sobre la base de dichos períodos, el derecho a una pensión de jubilación en condiciones más favorables que otras personas que hayan ejercido actividades diferentes como trabajadores por cuenta ajena o propia.

Conclusión

76.

Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Eslovaca) del modo siguiente: