<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11998ESA.0700305501.case.xml"><NO.CASE>T-43/98 R</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61998B0043</NO.CELEX><NO.SEQ>0019.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>3057</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>3078</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>22</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19980814">14.8.1998</DATE> — ASUNTO T-43/98 R</LEFT><RIGHT>EMESA SUGAR / CONSEJO</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia</HT></P><P>de <DATE ISO="19980814">14 de agosto de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: neerlandés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto T-43/98 R,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Emesa Sugar (Free Zone) NV,</HT> sociedad de Aruba, con domicilio en Oranjestad (Aruba), representada por el Sr. Gerard van der Wal, Abogado ante el Hoge Raad der Nederlanden, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Aloyse May, 31, Grand-rue,</P><PARTY.STATUS>parte demandante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contra</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Consejo de la Unión Europea,</HT> representado por los Sres. Jürgen Huber y Guus Houttuin, Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Director General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,</P><PARTY.STATUS>parte demandada,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS><P>apoyado por</P><INTERVENERS><P><HT TYPE="BOLD">Comisión de las Comunidades Europeas,</HT> representada por el Sr. Thomas van Rijn, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><?PAGE NO="II-3058"?><P><HT TYPE="BOLD">Reino de España,</HT> representado por las Sras. Rosario Silva de Lapuerta y Monica López-Monis Gallego, Abogados del Estado del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais,</P><P>y</P><P><HT TYPE="BOLD">República Francesa,</HT> representada por el Sr. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 8 B, boulevard Joseph II,</P><P>partes coadyuvantes,</P></INTERVENERS></PARTIES><SUBJECT><P>que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 97/803/CE del Consejo, de <DATE ISO="19971124">24 de noviembre de 1997</DATE>, por la que se efectúa una revisión intermedia de la Decisión 91/482/CEE relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="329" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="50">DO L 329, p. 50</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Marco jurídico</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>La isla de Aruba forma parte de los países y territorios de Ultramar (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>PTU<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) asociados a la Comunidad. La asociación de los PTU a la Comunidad se rige por la Cuarta Parte del Tratado CE y por la Decisión 91/482/CEE del<?PAGE NO="II-3059"?> Consejo, de <DATE ISO="19910725">25 de julio de 1991</DATE>, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="263" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="1">DO L 263, p. 1</REF.DOC.OJ>, en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Decisión PTU<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), adoptada conforme al párrafo segundo del artículo 136 del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>El apartado 1 del artículo 133 del Tratado establece que las importaciones de mercancías originarias de los PTU se beneficiarán, a su entrada en los Estados miembros, de la supresión total de los derechos de aduana llevada a cabo entre los Estado miembros de acuerdo con las disposiciones del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>En su versión inicial, el apartado 1 del artículo 101 de la Decisión PTU disponía lo siguiente:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Los productos que sean originarios de los PTU serán admitidos a su importación en la Comunidad con exención de derechos de aduana y de exacciones de efecto equivalente.<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>El artículo 102 de la misma Decisión establecía:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>La Comunidad no aplicará a la importación de los productos originarios de los PTU restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente.<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>El primer guión del apartado 1 del artículo 108 de la Decisión PTU remite al Anexo II de ésta (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Anexo II<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>) en lo que respecta a la noción de productos originarios y a los métodos de cooperación administrativa relacionados con ellos.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3060"?><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Según el artículo 1 del Anexo II se considerarán productos originarios de los PTU, de la Comunidad o de los Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Estados ACP<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>), los productos que se hayan obtenido totalmente o que se hayan transformado suficientemente en los mismos.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>El apartado 2 del artículo 6 del mismo Anexo precisa que cuando un producto totalmente obtenido en la Comunidad o en los Estados ACP sea objeto de elaboración o transformación en los PTU, se considerará que ha sido obtenido en los PTU. Conforme a esta regla, denominada <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>de acumulación del origen ACP/PTU<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>, el azúcar originaria de los Estados ACP que había sido sometido a elaboración o transformación en los PTU podía importarse libremente a la Comunidad con exención de derechos de aduana.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Según el apartado 1 del artículo 240 de la Decisión PTU ésta es aplicable por un período de diez años a partir del <DATE ISO="19900301">1 de marzo de 1990</DATE>. No obstante, las letras a) y b) del apartado 3 de dicho artículo establecen que antes de la expiración del primer período de cinco años, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará, además de las ayudas financieras de la Comunidad para un período de cinco años, las posibles modificaciones de la Decisión PTU que consideren necesarias las autoridades competentes de los PTU o, en su caso, las modificaciones que pueda proponer la Comisión sobre la base de su propia experiencia o del vínculo con modificaciones en curso de negociación entre la Comunidad y los Estados ACP.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>En una comunicación al Consejo sobre la revisión intermedia de la asociación de los PTU a la Comunidad [documento COM(94) 538 final, de <DATE ISO="19941221">21 de diciembre de 1994</DATE>], la Comisión recomendó diversos ajustes de dicha asociación.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19960216">16 de febrero de 1996</DATE> presentó al Consejo una Propuesta de Decisión por la que se efectúa una revisión intermedia de la Decisión PTU (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="139" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="1">DO C 139, p. 1</REF.DOC.OJ>). En los considerandos sexto y séptimo de dicha propuesta se hacía constar que el libre acceso para todos los productos originarios de los PTU y el mantenimiento de la<?PAGE NO="II-3061"?> acumulación del origen ACP/PTU habían planteado el riesgo de conflicto entre los objetivos de dos políticas comunitarias: el desarrollo de los PTU y la Política Agrícola Común.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Para resolver dicho conflicto el Consejo adoptó la Decisión 97/803/CE, de <DATE ISO="19971124">24 de noviembre de 1997</DATE>, por la que se efectúa una revisión intermedia de la Decisión 91/482/CEE relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="329" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="50">DO L 329, p. 50</REF.DOC.OJ>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Decisión impugnada<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>El séptimo considerando de dicha Decisión establecía lo siguiente:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>[...] conviene evitar nuevas perturbaciones adoptando medidas que contribuyan a definir un marco favorable a la regularidad de los intercambios y compatible al mismo tiempo con la Política Agraria Común<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Para ello, la Decisión impugnada introdujo en la Decisión PTU los artículos 108 <HT TYPE="ITALIC">bis</HT> y 108 <HT TYPE="ITALIC">ter,</HT> que admiten la acumulación del origen ACP/PTU para el azúcar y el arroz, respectivamente, dentro de una determinada cantidad anual.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Así, los apartados 1 y 2 del artículo 108 <HT TYPE="ITALIC">ter</HT> de la Decisión PTU disponen:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="108B.001"><NO.PARAG><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>[...] la acumulación del origen ACP/PTU contemplada en el artículo 6 del Anexo II se admitirá para una cantidad anual de 3.000 toneladas de azúcar.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="II-3062"?><PARAG IDENTIFIER="108B.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Para la aplicación de las normas de acumulación ACP/PTU contemplada en el apartado 1, se considerará que son suficientes para conferir el carácter de productos originarios de los PTU la elaboración de azúcar en terrones o la coloración.<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>La Decisión impugnada modificó asimismo el apartado 1 del artículo 101 y el artículo 102 de la Decisión PTU, que quedaron redactados así:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ARTICLE IDENTIFIER="101"><TI.ART><QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Artículo 101</TI.ART><PARAG IDENTIFIER="101.001"><NO.PARAG>1.</NO.PARAG><ALINEA>Los productos originarios de los PTU serán admitidos para su importación en la Comunidad con exención de derechos de importación.</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA></PARAG></ARTICLE><ARTICLE IDENTIFIER="102"><TI.ART>Artículo 102</TI.ART><ALINEA>Sin perjuicio de los artículos 108 <HT TYPE="ITALIC">bis</HT> y 108 <HT TYPE="ITALIC">ter,</HT> la Comunidad no aplicará restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente a la importación de productos originarios de los PTU.<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/></ALINEA></ARTICLE></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3063"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Hechos y procedimiento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Desde el mes de abril de 1997 la demandante explota una fábrica de azúcar situada en la isla de Aruba, y exporta azúcar a la Comunidad.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Al no producirse azúcar en Aruba, la demandante compra azúcar blanco de las refinerías de azúcar de caña situadas en los Estados ACP. El azúcar es transportado a Aruba, donde se le somete a operaciones de elaboración y de transformación, al término de las cuales el producto se considera terminado. Tales operaciones consisten en refinar el azúcar, molerlo (operación denominada <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>milling<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>: se reduce el azúcar al calibre deseado según las características señaladas por el cliente) y envasarlo. Según la demandante su fábrica tiene una capacidad mínima de tratamiento de 34.000 toneladas anuales de azúcar.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19980310">10 de marzo de 1998</DATE> la demandante interpuso un recurso con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, solicitando la anulación parcial de la Decisión impugnada.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Mediante escrito separado registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19980410">10 de abril de 1998</DATE> formuló asimismo, al amparo del artículo 185 del Tratado, una demanda de suspensión de la ejecución de los puntos 28, 30, 32 y 60 del artículo 1 de la Decisión impugnada, hasta que el Tribunal se pronunciara sobre el fondo y, con carácter subsidiario, al amparo del artículo 186 del Tratado, una pretensión de que se adoptaran las medidas provisionales adecuadas.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19980505">5 de mayo de 1998</DATE> el Consejo presentó sus observaciones escritas sobre la demanda de medidas provisionales.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3064"?><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Mediante demandas presentadas respectivamente el <DATE ISO="19980423">23 de abril</DATE>, el <DATE ISO="19980604">4 de junio</DATE> y el <DATE ISO="19980612">12 de junio de 1998</DATE>, el Reino de España, la Comisión y la República Francesa solicitaron intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la parte demandada. Mediante autos de 12 de mayo, 15 de junio y <DATE ISO="19980616">16 de junio de 1998</DATE> el Presidente del Tribunal de Primera Instancia admitió dichas intervenciones en el procedimiento de medidas provisionales.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Mediante demanda registrada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19980508">8 de mayo de 1998</DATE>, el Gobierno de Aruba, representado por los Sres. P. V. F. Bos y M. M. Slotboom, Abogados de Rotterdam, que designaba como domicilio en Luxemburgo el despacho de M<HT TYPE="SUP">es</HT> Loesch et Wolter, 11, rue Goethe, solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la parte demandante.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Conforme al apartado 1 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento dicha demanda fue notificada a las partes del asunto principal.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19980512">12 de mayo de 1998</DATE> la demandante declaró que no se oponía a dicha demanda. El Consejo no presentó observaciones sobre ésta dentro del plazo señalado.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Mediante fax de <DATE ISO="19980527">27 de mayo de 1998</DATE> la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia invitó al Gobierno de Aruba a que asistiera a la vista, sin pronunciarse no obstante sobre su demanda de intervención. Se le dio traslado de la demanda de medidas provisionales y de las observaciones del Consejo.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19980622">22 de junio de 1998</DATE> se oyeron las explicaciones orales de las partes.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3065"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fundamentos de Derecho</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre la demanda de intervención</P></TI></TITLE><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>En el Anexo IV del Tratado se menciona expresamente a Aruba entre los PTU a los que se aplican las disposiciones de la Cuarta Parte del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>A este respecto, el apartado 1 del artículo 132 y el artículo 133 del Tratado disponen:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ARTICLE IDENTIFIER="132"><TI.ART><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>Artículo 132</TI.ART><PARAG IDENTIFIER="132.001"><NO.PARAG>1.</NO.PARAG><ALINEA>Los Estados miembros aplicarán a sus intercambios comerciales con los países y territorios [PTU] el régimen que se otorguen entre sí en virtud del presente Tratado.</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA></PARAG></ARTICLE><ARTICLE IDENTIFIER="133"><TI.ART>Artículo 133</TI.ART><PARAG IDENTIFIER="133.001"><NO.PARAG>1.</NO.PARAG><ALINEA>Las importaciones de mercancías originarias de los países y territorios [PTU] se beneficiarán, a su entrada en los Estados miembros, de la supresión total de los de los derechos de aduana llevada a cabo progresivamente entre los Estados miembros de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado.<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/></ALINEA></PARAG></ARTICLE></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="II-3066"?><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Procede recordar que en la sentencia de <DATE ISO="19950914">14 de septiembre de 1995</DATE>, Antillean Rice Mills y otros/Comisión (asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-480/93+T-483/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-2305">T-480/93 y T-483/93, Rec. p. II-2305</REF.DOC.ECR>), apartado 92, actualmente objeto de recurso de casación ante el Tribunal de Justicia (C-390/95 P), el Tribunal de Primera Instancia señaló que la aplicación del régimen de asociación de los PTU a la Comunidad, descrito en los artículos 131 a 135 del Tratado, es un <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>proceso dinámico<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> cuyas modalidades de aplicación deben definirse mediante una Decisión del Consejo conforme al artículo 136 del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Subrayaba dicha sentencia (apartado 93) que las disposiciones de aplicación así adoptadas por el Consejo deben contribuir a profundizar la asociación de los PTU a fin de incrementar sus intercambios y promover en común el desarrollo económico y social, sin perjudicar, no obstante, el establecimiento de una política común en el sector de la agricultura.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Añadía por último (apartado 94) que la Decisión PTU instauró por vez primera como principio el libre acceso a la Comunidad de los productos agrícolas originarios de los PTU.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>El artículo 108 <HT TYPE="ITALIC">ter</HT> de la Decisión PTU, introducido por la Decisión impugnada, establece no obstante una limitación cuantitativa de las importaciones a la Comunidad de azúcar originaria de los Estados PTU, determinando las cantidades anuales que pueden beneficiarse de la regla de acumulación del origen ACP/PTU.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Dado que en su condición de PTU Aruba puede beneficiarse del régimen de intercambios comerciales establecido por la Cuarta Parte del Tratado y por la Decisión PTU y que, según la demandante, la Decisión impugnada infringió los artículos 132 y 133 del Tratado, debe reconocerse que Aruba tiene un interés en la solución del presente litigio, conforme al párrafo segundo del artículo 37 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 46.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3067"?><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Procede pues admitir la intervención del Gobierno de Aruba en apoyo de las pretensiones de la parte demandante en el presente procedimiento de medidas provisionales.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre L demanda de medidas provisionales</P></TI></TITLE><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>En virtud de los artículos 185 y 186 del Tratado en relación con el artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de <DATE ISO="19881024">24 de octubre de 1988</DATE>, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="319" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="1">DO L 319, p. 1</REF.DOC.OJ>), modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de <DATE ISO="19930608">8 de junio de 1993</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="144" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="21">DO L 144, p. 21</REF.DOC.OJ>), el Tribunal de Primera Instancia podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado u ordenar las medidas provisionales necesarias.</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>El apartado 1 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento precisa que una demanda de suspensión de la ejecución de un acto sólo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. El apartado 2 del mismo artículo establece que las demandas de medidas provisionales deben especificar las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista <HT TYPE="ITALIC">(fumus boni iuris)</HT> la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las medidas provisionales deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de ellos [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19961014">14 de octubre de 1996</DATE>, SCK y FNK/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-268/96 P(R)" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-4971">C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, apartado 30</REF.DOC.ECR>].</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>En el presente asunto procede examinar en primer lugar el requisito de la urgencia.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI></TITLE><?PAGE NO="II-3068"?><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>La demandante afirma que la suspension de la ejecución de la Decisión impugnada es necesaria para evitar que se le irrogue un perjuicio grave e irreparable.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Afirma que la cantidad anual de azúcar que se beneficia de la regla de la acumulación del origen ACP/PTU, fijada por la Decisión controvertida en 3.000 toneladas para el conjunto de la industria azucarera de los PTU (veáse el apartado 14 <HT TYPE="ITALIC">supra)</HT> <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="2018"/>, corresponde a la producción mensual elaborada y transformada en la fábrica de la demandante, y ni siquiera permitiría garantizar la rentabilidad económica de una sola fábrica de azúcar en los PTU.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>La aplicación de la Decisión PTU, modificada por la Decisión impugnada, ya dio lugar, según la demandante, a que ésta tuviera que poner fin a sus actividades comerciales en la isla de Aruba y cerrara su fábrica. Ello fue consecuencia de la restricción cuantitativa establecida por la Decisión impugnada y del hecho de que la operación de <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>milling<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> fuera excluida de la Usta de operaciones de elaboración o de transformación suficientes para permitir que el azúcar ACP se considere originaria de los PTU (véase el apartado 17 <HT TYPE="ITALIC">supra).</HT></TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>Según la demandante, la interrupción de sus actividades provocó además el desmantelamiento de su fábrica, y las máquinas fueron <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/><QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="201C"/>mothballed<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="201D"/> (se procedió a parar y guardar las máquinas)<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Basándose en los autos dictados el <DATE ISO="19971017">17 de octubre de 1997</DATE> (asunto 97/1405) y <DATE ISO="19971219">19 de diciembre de 1997</DATE> (asunto 97/1657) por el Presidente del Arrondissementsrechtbank <QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="2019"/>s Gravenhage, la demandante afirma que el perjuicio que sufre actualmente a causa de la Decisión impugnada es grave e irreparable. Señala que según dichos autos <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>se encuentra bajo la amenaza de un perjuicio grave y totalmente irreparable<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3069"?><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Considera que su perjuicio es grave, ya que la paralización total de sus actividades comerciales dará lugar a que no puedan ejecutarse los contratos de venta celebrados con sus compradores, provocando asimismo una pérdida de cuota de mercado, la interrupción anticipada de los contratos de suministro celebrados con el productor de azúcar de caña de Trinidad y Tobago, la pérdida de la confianza de los inversores, la pérdida de facilidades crediticias y en último término despidos. Por consiguiente, es de prever un perjuicio económico considerable para la demandante y sus accionistas.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>Según la demandante, desde la apertura de la fábrica de Aruba en abril de 1997, transformó y exportó a la Comunidad unas 7.500 toneladas de azúcar originaria de los Estados ACP. Afirma que desde el <DATE ISO="19971201">1 de diciembre de 1997</DATE>, la Decisión impugnada hizo imposibles dichas exportaciones y redujo a cero el volumen de negocios de la demandante.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>En su opinión, el tipo de inversiones realizadas y la insuficiente utilización de su fábrica no permiten que la demandante espere a que concluya el procedimiento en el asunto principal. Señala que al haber suspendido sus actividades, la exigibilidad de los créditos de financiación le llevará con toda probabilidad a la quiebra si no se estima su demanda de medidas provisionales.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>Considera que el perjuicio sufrido por ella es asimismo irreparable. Por una parte, la reparación que pudiera concedérsele no podría reponerla en la posición que ocupaba en el mercado en 1997 (auto del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19900712">12 de julio de 1990</DATE>, Comisión/Alemania, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-195/90 R" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-3351">C-195/90 R, Rec. p. I-3351</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Aunque en esta fase del procedimiento se demostrara que el daño sufrido por la demandante es meramente pecuniario, <HT TYPE="ITALIC">quod non,</HT> ello no implicaría a su juicio que debiera denegarse por dicha razón la demanda de medidas provisionales.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3070"?><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>En efecto, según la jurisprudencia el Juez de medidas provisionales debe examinar, en principio, conforme a las circunstancias particulares de cada caso, si el interesado, en caso de no adoptarse las medidas provisionales solicitadas, puede sufrir un perjuicio que ya no podrá repararse cuando se resuelva el litigio principal.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Debe examinarse también este criterio cuando el daño alegado es puramente pecuniario (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19930929">29 de septiembre de 1993</DATE>, Hogan/Tribunal de Justicia, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-497/93 R II" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-1005">T-497/93 R II, Rec. p. II-1005</REF.DOC.ECR>). La posibilidad de entablar un procedimiento de indemnización de un perjuicio conforme al artículo 215 del Tratado no significa que el daño alegado no sea grave ni irreparable (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19810821">21 de agosto de 1981</DATE>, Agricola Commerciale Olio y otros/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="232/81" YEAR="1981" PAGE.ECR="2193">232/81 R, Rec. p. 2193</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>La demandante concluye que al estar amenazada de quiebra (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19941026">26 de octubre de 1994</DATE>, Transacciones Marítimas y otros/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-231/94 R+T-232/94 R+T-234/94 R" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-885">T-231/94 R, T-232/94 R y T-234/94 R, Rec. p. II-885, apartado 42</REF.DOC.ECR>) o, al menos, al tener que soportar una carga económica excepcionalmente gravosa hasta que se dicte sentencia de fondo en el asunto principal (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19940825">25 de agosto de 1994</DATE>, Aristrain/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-156/94 R" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-715">T-156/94 R, Rec. p. II-715, apartado 33</REF.DOC.ECR>), el requisito de la urgencia debe considerarse cumplido en el caso de asuntos.</TXT></NP><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>El Consejo alega que la demandante no ha probado que se cumpla el requisito de la urgencia.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Señala, en primer lugar, que el perjuicio invocado es meramente económico. Por ello no puede considerarse irreparable, ya que puede ser objeto de una compensación económica posterior.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3071"?><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>En segundo lugar, afirma que la demandante no ha aclarado ni justificado su situación económica en una medida suficiente para que el Juez de medidas provisionales pueda estimar su demandanda de suspensión de la ejecución.</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Por último, el Consejo considera que la demandante no ha probado suficientemente con arreglo a Derecho la existencia de una relación de causalidad entre la Decisión impugnada y el supuesto daño grave e irreparable. En el caso de autos dicho perjuicio es imputable únicamente —o al menos en gran parte— a la actuación de la demandante, que, según el Consejo, conocía las posibles consecuencias de su comportamiento o habría debido conocerlas (sentencias del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19820929">29 de septiembre de 1982</DATE>, Oleifici Mediterranei/CEE, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="26/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="3057">26/81, Rec. p. 3057</REF.DOC.ECR>, y de <DATE ISO="19931005">5 de octubre de 1993</DATE>, Driessen en Zonen y otros, asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-13/92+C-14/92+C-15/92+C-16/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-4751">C-13/92, C-14/92, C-15/92 y C-16/92, Rec. p. I-4751</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Apreciación del Juez de medidas provisionales</P></TI></TITLE><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>Corresponde al Juez de medidas provisionales considerar si la eventual anulación del acto controvertido por el Tribunal de Primera Instancia permitiría suprimir la situación provocada por la ejecución inmediata de dicho acto e, inversamente, si la suspensión de la ejecución de éste podría entorpecer la plena eficacia del acto en el caso de que se desestimara el recurso en el asunto principal (véase en particular el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19890511">11 de mayo de 1989</DATE>, Radio Teleris Eireann y otros/Comisión, asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="76/89 R+77/89+et 91/89 R" YEAR="1989" PAGE.ECR="1141">76/89 R, 77/89 R y 91/89 R, Rec. p. 1141, apartado 15</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>Según reiterada jurisprudencia, el carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de decidir provisionalmente, con el fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a la parte que solicita la suspensión de la ejecución de una Decisión impugnada aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio que implique consecuencias graves e irreparables (véase, en particular, el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19950512">12 de mayo de 1995</DATE>, SNCF y British Railways/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-79/95 R+T-80/95 R" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-1433">T-79/95 R y T-80/95 R, Rec. p. II-1433, apartado 36</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3072"?><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>Para determinar las exigencias de prueba en el caso de autos, debe recordarse que los artículos 108 <HT TYPE="ITALIC">bis</HT> y 108 <HT TYPE="ITALIC">ter,</HT> que establecen contingentes arancelarios anuales para las exportaciones de arroz y de azúcar a la Comunidad, modifican la Decisión PTU que, antes de su revisión por la Decisión impugnada, no preveía ninguna limitación de la regla de la acumulación del origen ACP/PTU en lo que respecta a dichos productos.</TXT></NP><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>En el séptimo considerando de la Decisión impugnada se hace constar expresamente que el Consejo introdujo esos nuevos artículos en la Decisión PTU para hacer frente al riesgo de conflicto entre dos objetivos del Tratado: el desarrollo de los PTU y la Política Agraria Común. En efecto, el hecho de que la Decisión PTU estableciera el libre acceso para todos los productos originarios de los PTU y la acumulación del origen ACP/PTU dio lugar a graves perturbaciones en el mercado comunitario, que habían llevado en varias ocasiones a la adopción de medidas de salvaguardia.</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>Como han alegado el Consejo y el Gobierno francés en la vista, dichos contingentes arancelarios se establecieron para mantener las importaciones a la Comunidad de azúcar originaria de los PTU dentro de límites compatibles con el equilibrio del mercado comunitario del azúcar. En efecto, la falta de toda restricción cuantitativa podría poner en peligro dicho equilibrio, perjudicando a los productores comunitarios. Como han señalado la Comisión y el Gobierno francés, sin que lo haya negado la demandante, toda cantidad de azúcar importada por encima de las limitaciones actuales a la importación crearía un excedente en el mercado comunitario. La única forma de restablecer ese equilibrio sería reducir la cuota de producción de los productores comunitarios.</TXT></NP><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>En el caso de autos debe ponerse asimismo de relieve que, salvo en una situación de urgencia evidente, el Juez de medidas provisionales no puede sustituir por su propia apreciación, sin riesgo de menoscabar la potestad discrecional del Consejo,<?PAGE NO="II-3073"?> la que formulò esta Institución al elegir la medida más apropiada para evitar perturbaciones en el mercado comunitario del azúcar, teniendo en cuenta al mismo tiempo las exigencias derivadas de la asociación de los PTU a la Comunidad (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19980302">2 de marzo de 1998</DATE>, Antillas Neerlandesas/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-310/97 R" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-455">T-310/97 R, Rec. p. II-455, apartado 64</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>De ello se sigue que únicamente se puede estimar la demanda de la parte demandante si la urgencia de las medidas solicitadas resulta incuestionable (véase el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19970321">21 de marzo de 1997</DATE>, Antonissen/Consejo y Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-179/96 R" YEAR="1997" PAGE.ECR="II-425">T-179/96 R, Rec. p. II-425, apartado 22</REF.DOC.ECR>, y el auto Antillas Neerlandesas/Consejo, antes citado, apartado 36).</TXT></NP><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>A primera vista no sucede así en el caso de autos.</TXT></NP><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>Procede hacer constar que el perjuicio alegado por la demandante es de orden meramente económico.</TXT></NP><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>Según la demandante, se compone de tres elementos.</TXT></NP><NP><NO.P>65</NO.P><TXT>En primer lugar, consiste en el lucro cesante vinculado al establecimiento de limitaciones cuantitativas en lo que respecta a la aplicación de la regla de acumulación del origen ACP/PTU. En segundo lugar, la Decisión impugnada dio lugar a una pérdida en términos de inversiones. En caso de que el Tribunal de Primera Instancia anulara la Decisión impugnada, este último perjuicio se limitaría no obstante a los costes de amortización del período durante el cual estuvieron interrumpidas la producción y la venta.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3074"?><NP><NO.P>66</NO.P><TXT>La demandante invoca además <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>otros perjuicios<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> causados por la adopción de la Decisión impugnada. Se trata en particular de gastos relacionados con la resolución o el aplazamiento de la ejecución del contrato de suministro de azúcar que la demandante había celebrado con su proveedor para el período 1997/2002, gastos ocasionados por la resolución de contratos de financiación y gastos de mantenimiento de la empresa durante el período intermedio, como rentas de alquiler, gastos de mantenimiento y salarios, que ascendieron, según la demandante, a 11.415 ECU mensuales.</TXT></NP><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>En respuesta a una cuestión planteada en la vista por el Juez de medidas provisionales, la demandante afirmó por otra parte que los problemas que plantearía una eventual reanudación de la producción son únicamente de orden práctico.</TXT></NP><NP><NO.P>68</NO.P><TXT>Manifestó no obstante que podría subsistir un problema jurídico a este respecto, consistente en la eventual decisión del Consejo de modificar el marco jurídico aplicable cuando proceda a la revisión de su Decisión PTU, cuyo período de vigencia expira el <DATE ISO="20000301">1 de marzo de 2000</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>69</NO.P><TXT>Sin embargo, por tratarse de una mera hipótesis basada en acontecimientos futuros e inciertos, esta circunstancia no puede justificar que se acuerden en este momento medidas provisionales.</TXT></NP><NP><NO.P>70</NO.P><TXT>Conforme a lo expuesto, procede hacer constar que el perjuicio alegado puede expresarse en cifras y, en su caso, ser objeto de reparación posterior, si se estima el recurso de la demandante en el asunto principal.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3075"?><NP><NO.P>71</NO.P><TXT>Pues bien, según la jurisprudencia, un perjuicio de orden meramente económico no puede, salvo en circunstancias excepcionales, considerarse irreparable, toda vez que puede repararse mediante una compensación económica posterior (véase, en particular, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19911018">18 de octubre de 1991</DATE>, Abertal y otros/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-213/91 R" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-5109">C-213/91 R, Rec. p. I-5109, apartado 24</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>72</NO.P><TXT>Según reiterada jurisprudencia, puede apreciarse que existen circunstancias excepcionales cuando, de no adoptarse tal medida, el interesado se vería expuesto a una situación que podría poner en peligro su propia existencia o modificar de modo irremediable su cuota de mercado (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19951107">7 de noviembre de 1995</DATE>, Eridania y otros/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-168/95 R" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-2817">T-168/95 R, Rec. p. II-2817, apartado 42</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>73</NO.P><TXT>En lo que respecta a la supervivencia económica de la empresa, la demandante afirma que la aplicación de la Decisión impugnada ocasionó la paralización inmediata de sus actividades y el cierre total de su empresa. Según ella, los trabajadores de la empresa ya han dejado la fábrica, habiéndose parado y guardado (<QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>mothballed<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>) las máquinas. Los contratos de suministro y de venta han quedado provisionalmente en suspenso.</TXT></NP><NP><NO.P>74</NO.P><TXT>La demandante afirma que puede verse en la necesidad de solicitar la suspensión de pagos y que, de no acogerse su demanda de medidas provisionales, la empresa podría ser declarada en quiebra en las semanas posteriores al auto que las desestimara.</TXT></NP><NP><NO.P>75</NO.P><TXT>Pues bien, la demandante no ha probado que esté fundada esta última alegación. En efecto, ni los autos ni los numerosos documentos aportados tan sólo una semana antes de que se celebrara la vista —cuya admisión, por lo demás, fue rechazada por no haberse motivado su presentación fuera de plazo— contienen suficiente información sobre la situación patrimonial de la demandante que permita al<?PAGE NO="II-3076"?> Juez de medidas provisionales examinar su situación económica y apreciar si puede creerse seriamente que, de no concederse las medidas solicitadas, la demandante no podrá sobrevivir kasta que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el recurso principal.</TXT></NP><NP><NO.P>76</NO.P><TXT>Además, la demandante no ha aportado datos sobre la rentabilidad de su empresa y, en particular, no ha precisado qué cantidad anual de azúcar sería absolutamente necesaria para garantizar su supervivencia hasta que se resuelva el procedimiento principal. La declaración que figura en sus escritos, de que debe poder exportar 34.000 toneladas anuales de azúcar para seguir siendo viable, no pasa de ser una mera afirmación, cuya realidad no se ha probado y de la que, por consiguiente, no puede extraerse ninguna consecuencia.</TXT></NP><NP><NO.P>77</NO.P><TXT>Por consiguiente la demandante no ha aportado la prueba, cuya carga pesa sobre ella, de que esté amenazada de quiebra.</TXT></NP><NP><NO.P>78</NO.P><TXT>En cualquier caso, aun suponiendo que se proceda a la liquidación judicial de la demandante antes de que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el asunto principal, debe señalarse que la disolución forzosa de la sociedad y, por consiguiente, la realización forzosa de su activos se limitarían, en relación con su situación actual, a provocar un perjuicio adicional meramente económico, susceptible de posterior reparación.</TXT></NP><NP><NO.P>79</NO.P><TXT>En efecto, como ha afirmado la propia demandante, la aplicación de la Decisión impugnada ya provocó la paralización temporal de sus actividades y el cierre de su empresa, con el consiguiente paro técnico de los trabajadores (véase el apartado 73 <HT TYPE="ITALIC">supra).</HT> En tales circunstancias, la eventual disolución forzosa de la demandante no tendría las mismas consecuencias socioeconómicas que el cierre de una empresa aún activa en el mercado, cierre que la concesión de medidas provisionales pretende evitar.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3077"?><NP><NO.P>80</NO.P><TXT>En atención a las especiales circunstancias del caso de autos, el Juez de medidas provisionales considera, por lo tanto, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 71 <HT TYPE="ITALIC">supra,</HT> que ni siquiera la amenaza de quiebra, suponiendo que se hubiera probado, podría justificar la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada.</TXT></NP><NP><NO.P>81</NO.P><TXT>En cuanto al supuesto riesgo de modificación irremediable de su cuota de mercado, basta señalar que la demandante no ha aportado dato alguno que permita suponer que en caso de una eventual sentencia anulatória de la Decisión impugnada, no pudiera reanudar sus exportaciones a la Comunidad y recuperar en ella su cuota de mercado.</TXT></NP><NP><NO.P>82</NO.P><TXT>De lo expuesto se deduce que la demandante no ha probado que pueda sufrir un perjuicio grave e irreparable.</TXT></NP><NP><NO.P>83</NO.P><TXT>Por consiguiente no se cumple en el caso de autos el requisito de la urgencia.</TXT></NP><NP><NO.P>84</NO.P><TXT>Procede pues desestimar la demanda de medidas provisionales, sin que sea necesario examinar los demás motivos y alegaciones invocados por la demandante para justificar que se acuerde la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada.</TXT></NP><NP><NO.P>85</NO.P><TXT>Por último, por los mismos motivos ya expuestos, procede desestimar asimismo la pretensión, sin mayores precisiones, de que se acuerden otras medidas provisionales.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3078"?><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Admitir la intervención del Gobierno de Aruba en el presente procedimiento de medidas provisionales en apoyo de las pretensiones de la parte demandante.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Desestimar la demanda de medidas provisionales.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Reservar la decisión sobre las costas.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19980814">14 de agosto de 1998</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>B. Vesterdorf</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>