La demandante del procedimiento en el que hoy me corresponde informar, junto con su filial, Telerunken -Fernseh- und Rundfunk GmbH (TFR) la cual, desde el
En cuanto a la distribución, en lo que a una parte concreta de la producción se refiere que se ha dado en llamar el
En aplicación del sistema de distribución, se celebraron acuerdos con mayoristas y minoristas especializados que reunían determinados requisitos, en virtud de cuyos acuerdos AEG-Telefunken tiene la obligación de suministrar los productos objeto de los contratos sólo a los distribuidores, según la definición que de ellos se daba en el contrato de distribución selectiva, y los comerciantes se comprometen a vender los productos objeto de los contratos dentro del ámbito de aplicación territorial del sistema -la Comunidad Europea- sólo a los detallistas que, de antemano prueben que han suscrito un contrato de distribución selectiva. Hasta finales de 1978 los contratos citados se otorgaron por AEG, que a la vez actuaba en nombre y representación de TFR; posteriormente AEG-Telefunken-Konsumgüter Aktiengesellschaft, obrando en nombre y por cuenta de AEG y, al mismo tiempo de TFR, aparece en los contratostipo como la empresa que contrata con los distribuidores. Los departamentos y oficinas de venta de AEG garantizan la distribución en la República Federal de Alemania, cumpliendo el mismo cometido, en otros Estados miembros, las filiales de AEG encargadas de las actividades de distribución, como por ejemplo, AEG-Telefunken France SA,
Con el paso del tiempo, diversos distribuidores que consideraban había razones para impugnar la manera como se aplicaba el sistema de distribución selectiva de AEG presentaron denuncias ante la Comisión. Ello hizo que, en junio de 1979, la Comisión realizara algunas verificaciones en las dependencias de TFR, ATBG y ATF, a la par que las investigaciones que, en tal momento, la misma llevaba a cabo en otras empresas del sector de la electrónica recreativa que aplicaban sistemas de distribución selectiva. Según las informaciones recogidas, mediante Decisión de
Posteriormente se adoptó la Decisión final de la Comisión el
El
Mediante escrito separado, la demandante solicitó, al mismo tiempo, que el Tribunal de Justicia acordara la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada. Después de que, el
Sobre este asunto debo hacer las siguientes observaciones.
Ante todo debo examinar brevemente
Antes de examinar la pertinencia de los cargos imputados por la Comisión y de las alegaciones que sobre el particular ha formulado la demandante, me parece de utilidad, por lo demás, recordar la
Sentencia de
Similares declaraciones aparecen en las sentencias recaídas en los asuntos 99/79, Sentencia de Sentencia de Sentencia de Ibidem.
Por otra parte, debe señalarse que, en el asunto 26/76 Véase la sentencia citada en el punto 1
Aquí debo añadir además que, en mi opinión, se equivoca la demandante al deducir de la utilización del término Véase la sentencia citada en la nota 4 Véase la sentencia citada en la nota 1
Una vez hechas las anteriores observaciones, debo abordar la parte de este asunto relativa al problema de la discriminación en la admisión de distribuidores y a la concesión de protección territorial en algunos casos. Sobn! el particular, empezaré por examinar los casos particulares citados en la Decisión y acto seguido trataré de las observaciones críticas de carácter general que se hacen en la Decisión, a propósito de la cuestión que interesa en el caso de autos, bajo los títulos
Aquí deben tenerse en cuenta dos supuestos: la negativa a realizar suministros al Ratio-Markt, local abierto en mayo de 1976 en Kassel perteneciente a la cadena de almacenes de venta al por menor (hipermercados) de la sociedad Terfloth & Snoek GmbH, así como la prohibición de suministrar que se había impuesto en diciembre de 1976 contra el mayorista autorizado Harder en Villingen, y los acontecimientos que desempeñan un papel importante en relación con las tentativas de levantar la prohibición.
No es necesario que aluda aquí a los detalles de este caso; sobre el particular me remito al informe para la vista y a los documentos obrantes en autos. En opinión de la demandante sólo se puede hablar de una inadmisión discriminatoria cuando se demuestra que un distribuidor reunía los requisitos que requiere el sistema de distribución. Ratio no satisfacía los criterios del comercio especializado y, por lo tanto, a causa de su obligación contractual con respecto a los comerciantes autorizados, la demandante no pudo admitir a los almacenes Ratio en su sistema de distribución. Por el contrario, de una nota de
En mi opinión, tan sólo puede hablarse de aplicación discriminatoria de los criterios para la admisión en el sistema de distribución cuando se dejan de efectuar los suministros a pesar de que se reúnan
Por consiguiente, en relación con Ratio-Markt de Kassel, es evidente que de la nota de
Por otra parte, algunos factores revelan que la apreciación realizada posteriormente, por algunos motivos legítimos, tuvo un resultado negativo. Se desprende, así, de una carta del Abogado de Ratio, de
Por otra parte, a mi juicio, tampoco puede considerarse que se haya demostrado suficientemente el hecho de que el
Por último, cuando la Comisión censura el hecho de que, con posterioridad al compromiso contraído en la carta de Sentencia de
Por lo tanto, el asunto Ratio-Markt no ofrece la prueba de una práctica de admisión discriminatoria de la demandante. En consecuencia, no debe
No se trata aquí de la admisión inicial de un distribuidor como mayorista especializado, sino de la manera como la demandante trató a un distribuidor autorizado después de que, en el mes de diciembre de 1976 se prohibió que el mismo recibiera suministros (sobre el particular, véase la carta del departamento de ventas de Friburgo del
La Comisión ha llegado al convencimiento de que igualmente se trataba de un supuesto de aplicación discriminatoria del sistema de distribución, precisamente porque la demandante no se contentaba con el respeto de los requisitos técnicos recogidos en el contrato de distribución selectiva CE que Harder claramente reunía.
En mi opinión, al igual que en el asunto Ratio-Kassel, la Comisión se refirió equivocadamente a este asunto para probar una práctica de admisión discriminatoria.
En primer lugar, según parece, es inconcuso que, con razón, la demandante prohibió que se suministrara a Harder; en efecto, a tenor de la letra a) de la cláusula VI del contrato de distribución selectiva CE, cualquier nueva entrega a favor de un distribuidor puede suspenderse si éste incumple las obligaciones establecidas en el contrato de distribución, y la Comisión nunca dudó seriamente de que Harder había incumplido la obligación que le incumbe en virtud del punto 2 de la cláusula V del contrato de distribución selectiva CE.
Por otra parte, en lo tocante a la conversación sobre una posible reanudación de relaciones comerciales a que se refiere la nota del
Por consiguiente, el caso Harder no puede reputarse como prueba de aplicación discriminatoria del sistema de distribución dado que, simplemente se trata de un supuesto de exclusión lícita decidida a causa de las infracciones cometidas y de la falta de voluntad de Harder de dar garantías para la correcta ejecución del contrato de distribución.
Se trata del mayorista Diederichs con el que se mantuvieron negociaciones en septiembre de 1977 sobre una normalización de sus actividades (véase la nota de
En relación con este caso, la totalidad de los argumentos formulados sobre el particular durante el procedimiento induce a pensar que la Comisión tuvo razón al proponerlo como prueba de una puesta en práctica irregular del sistema de distribución y que lo alegado por la demandante para su defensa (esencialmente que Diederichs no había cumplido los requisitos cualitativos necesarios para la admisión) no parecen muy convincentes.
En la medida en que la demandante se refiere a una conducta contraria al Derecho de la competencia que Diederichs observó en el pasado, por una parte procede destacar el hecho de que, de acuerdo con la nota de
Diederichs, no fue la causa determinante de la ruptura de las negociaciones. Si bien es cierto que, por otra parte, debe reconocerse que, a tenor del contrato de distribución selectiva CE, los distribuidores están obligados a respetar las disposiciones del Derecho de la competencia, no obstante, es inconcuso que esto solamente se aplica al período siguiente a la admisión en el sistema de distribución. Por lo tanto, las infracciones cometidas con anterioridad sólo pueden ser tenidas en cuenta, a lo sumo, cuando justifican -por su número y su importancia- el temor de que se las persiga también tras la admisión en el sistema de distribución.
Sin embargo, el caso Diederichs no ofrece indicios suficientes en tal sentido. En efecto, sobre el particular no puede considerarse suficiente (no se han alegado otros hechos) la referencia de la demandante al hecho de que en 1975, se había planteado al Ministerio belga de Economía un caso de competencia desleal imputado a Diederichs, asunto que aparentemente no tuvo consecuencias, ni la referencia a la condena dictada contra Diederichs por publicidad engañosa contenida en una sentencia dictada por el Tribunal de commerce de Tongeren el
Por otra parte, en la medida en que la demandante ha alegado insistentemente que, en realidad, Diederichs no había cumplido los criterios del comercio especializado previstos en su contrato de distribución selectiva CE, su referencia a la situación económica de Diederichs, sobre la que ya había obtenido información en septiembre de 1977 y que se calificaba de
Por último, en relación con la argumentación de la demandante referente a las conversaciones sobre los precios (no se trataba de precios de venta al detall, que Diederichs desconocía, sino de precios de compra, y en el caso de Diederichs se trataría de evitar una violación del Derecho belga en cuya virtud, ATBG está obligado a comunicar al Ministerio los precios netos de base para el comercio especializado y a conceder sobre dichos precios, tan sólo, rebajas máximas determinadas y no un margen especial como lo solicita Diederichs), procede señalar que el citado motivo no se contempla en ninguno de los documentos aportados, como obstáculo a la admisión en el sistema de distribución. De acuerdo con la nota de
Por lo tanto, de hecho, es innegable que, con razón, la Comisión ha apreciado en el trato deparado al mayorista belga Diederichs, un caso de inadmisión discriminatoria en el sistema de distribución, precisamente porque, en el caso de autos, la exclusión se funda no sobre los criterios del comercio especializado sino sobre un factor diferente, que se refiere a la fijación de los precios y que, en consecuencia, reviste un carácter ilícito.
Aquí el interés se centra sobre tres casos en los que la admisión para formar parte del sistema de distribución de la demandante sólo se produjo una vez que los distribuidores dieron ciertas garantías en lo que atañe a la fijación de los precios.
Sobre el particular, en sus observaciones sobre la comunicación de cargos, la demandante alegó que desde siempre, Anchan destacaba por utilizar métodos agresivos en sus anuncios y, en particular, por una publicidad referente a los precios de coste y a los precios mínimos. Es posible demostrarlo mediante algunas cartas de la entidad Thomson-Brandt de los años 1977 a 1980 en las que se mencionan
En mi opinión, tampoco puedo estar de acuerdo con la demandante sobre este extremo. Sobre el particular, lo de menos es si la utilización sistemática de ofertas reclamo por un distribuidor realmente justifica su exclusión del sistema de distribución y si la demandante ha probado suficientemente que, en el pasado, la conducta de Auchan sobre el particular era contraria al Derecho de la competencia, lo cual difícilmente demuestran los documentos en que se ampara la demandante, los cuales datan de un período posterior a la admisión de Auchan en el sistema de distribución. Los términos en que aparece redactada la nota de
Por lo tanto, puede afirmarse que se supeditó la admisión de Auchan a una condición adicional que no guarda ninguna relación con los criterios del comercio especializado, es decir, una condición que tiende a excluir un comportamiento lícito en el mercado. En realidad, ello constituye la puesta en práctica de forma discriminatoria, del sistema de distribución que, con razón, la Comisión ha puesto en tela de juicio, habida cuenta de la jurisprudencia invocada al principio de mis conclusiones.
Sobre el particular, la misma se refiere a una nota de fecha
Sobre el particular, ante todo, la demandante ha replicado que el caso Mammouth no había figurado en la comunicación de los cargos y que, por primera vez, había sido mencionado en la Decisión impugnada, lo cual parece que debe entenderse en el sentido de que procede no tener en cuenta este caso en razón de la violación del derecho a ser oído en el marco de un procedimiento administrativo. Por otra parte, la misma ha declarado que tan sólo podía tenerse una idea correcta de la situación si se consideraba que, como se desprende igualmente de la nota de
Ciertamente, a propósito de esta argumentación, en lo que a su primera parte se refiere, debe admitirse que, tan sólo las infracciones mencionadas en la comunicación de cargos pueden apreciarse en una Decisión con arreglo al artículo 85 y que, si deben alegarse hechos nuevos contra una empresa, es preciso completar los cargos a fin de que el interesado tenga la posibilidad de presentar observaciones (sentencias recaídas en los asuntos 41/69 Sentencia de Sentencia de Sentencia de Véase la sentencia citada en la nota 11
Por otra parte, en principio, debo igualmente estar de acuerdo con la apreciación de la Comisión desde el punto de vista del Derecho de la competencia. También es cierto que en el documento de
En consecuencia, debe señalarse (y ello sin que parezca necesario oír a testigos sobre el sentido del acuerdo celebrado) que en el caso Mammouth, el suministro estuvo igualmente supeditado a un requisito adicional en el sentido de la renuncia a una determinada competencia en los precios y que, por lo tanto, con razón se ha referido el caso como prueba de la puesta en práctica de forma discriminatoria, del sistema de distribución.
Por una parte, se ha dicho que la admisión aquí estuvo supeditada al acuerdo de los distribuidores de Metz ya autorizados; por otra parte, Iffli tuvo que comprometerse frente a ATF a respetar los precios de venta al por menor que fijara dicha sociedad.
Por lo tanto, no parece que en el caso de Iffli exista un requisito adicional ilícito para la admisión consistente en un derecho de consulta a favor de los distribuidores ya autorizados, de manera que esta imputación no puede tomarse en consideración al obj eto de valorar el caso en su conjunto.
Sobre el particular, ya señaló la demandante que a juzgar por las expresiones utilizadas (
No obstante, me parece que sobre este particular deberíamos seguir la interpretación de la Comisión más que la de la demandante. En relación con este extremo, debe observarse que no se ha probado que antes de su admisión, mediante las ofertas de reclamo, Iffli hubiera observado un comportamiento contrario al Derecho de la competencia, del mismo modo es importante señalar que
Por lo tanto, sin aportar más pruebas, toda vez que la credibilidad de Iffli, puesta en duda por la demandante, no reviste una importancia determinante en este caso, puede incluirse el caso de Iffli entre los que revelan una práctica de admisión discriminatoria al estar supeditada la admisión a la promesa de abstenerse de realizar una competencia basada en el precio de venta al pormenor.
Paso ahora a examinar los hechos que en la decisión de la Comisión están encabezados por el título
En este caso, no tengo la impresión de que se haya probado la existencia de los elementos fácticos citados en la Decisión (garantía de una protección territorial y negativa a admitir nuevos candidatos).
Sobre el primer extremo, la Comisión tan sólo ha podido referirse a dos cartas dirigidas al citado distribuidor el
En cuanto al segundo extremo (negativa a admitir nuevos distribuidores), ciertamente no debe tenerse en cuenta la manifestación que figura en el primer párrafo de la carta que Iffli dirigió a la Comisión el
En relación con el mismo la Comisión se limita a citar una carta de
En mi opinión, lo anterior prueba únicamente una
Los otros dos casos citados en relación con este punto (Radio du Centre y Schadroff), en cualquier caso de acuerdo con la motivación de la Decisión, se refieren a otro aspecto de la protección territorial; no obstante acto seguido paso a examinarlos en razón de la conexidad de los hechos.
Por lo tanto, en este caso no se trata de un rechazo de candidatos y una selección cuantitativa sino de la
Según parece, ello debe entenderse en el sentido de que la admisión en el sistema de distribución se acompaña de una delimitación de zonas de actividad cuyo efecto consiste en que cada mayorista debe atenerse a la zona que tenga atribuida y, en consecuencia, abstenerse de competir en otras zonas. Se comprende fácilmente que ello pueda censurarse dado que se trata de una conducta vinculada al sistema de distribución. A la observación que hace la demandante sobre el particular de que simplemente se trata de determinar los centros de distribución regionales, desprovistos de derechos de exclusiva, dado que la misma se encuentra en total libertad para asignar partes de dichas zonas a otros distribuidores, no sólo puede oponérsele que en las cartas citadas se mencionan expresamente los
Por consiguiente, de entrada, no puede considerarse injustificado el hecho de que la Comisión haya incluido en su decisión el caso de
Sobre el particular la Comisión se refiere a la carta de
En efecto puede suponerse que ello se apoya en un acuerdo sobre la
Por el contrario, en mi opinión, y ello, poiło demás, se ha mencionado solamente en el curso del procedimiento judicial y no en la comunicación de cargos ni en la misma Decisión, la Comisión no ha logrado probar igualmente que en el territorio de Schadroff se había practicado una selección cuantitativa bajo la forma de la
No obstante, es necesario recordar lo que, sobre el particular ha expuesto la demandante en sus alegaciones a la comunicación de cargos, sin que, con una base seria, ello se haya puesto en duda o refutado. Así pues, en mayo de 1977, cuando solamente explotaban un local comercial de venta al detall, al parecer, los establecimientos Chapel se interesaron solamente en las condiciones de venta y, sin duda alguna, con razón ATF reaccionó contra ello de forma negativa dado que no se percibía interés alguno para la compra. En abril de 1978 fue cuando se produjo la constitución de una sociedad de comercio al por mayor con el nombre de Semavem. En septiembre, ésta cursó un único pedido, de un carácter inusual (un aparato de cada clase) e inmediatamente después efectuó la publicación de anuncios para todos los aparatos objeto del pedido. Ello, junto con la continuación de dicha actividad, aunque el oficial judicial comprobó que Semavem no tenía a su disposición los aparatos anunciados en su publicidad, fue considerado por la demandante como una violación de las normas que regulan la libre competencia (ofertas reclamo) y por este motivo la misma ni firmó el contrato de distribución ni, en consecuencia, admitió a Semavem en el sistema de distribución.
Habida cuenta de esta situación que la Comisión se abstuvo de examinar más extensamente, no se puede, en efecto, dar por supuesto que la falta de suministro a los establecimientos Chapel y posteriormente a la sociedad de comercio al por mayor que la misma constituyó sea prueba suficiente de la existencia de una exclusiva garantizada a favor de Schadroff y de la aplicación de una selección cuantitativa en su zona de actividad.
Dado que el examen de los casos citados en la Decisión ha demostrado que únicamente una parte de ellos permite afirmar una puesta en práctica ilícita del sistema de distribución selectiva, a continuación voy a referirme al párrafo de la motivación de la Decisión relativo a la
Sobre el particular la Comisión citó cuatro documentos de los que se desprende la intención de principio de no suministrar a los distribuidores que pueden constituir un peligro para el nivel de precios pretendido por la demandante, cuyos documentos, por ende, llevan a la conclusión de que se aplicaban criterios de selección distintos de los meramente cualitativos.
Con respecto a este extremo doy menor importancia al hecho de que la utilización de la palabra Véase la sentencia citada en la nota 1
Ciertamente no considero que sea determinante lo expuesto por la demandante sobre el particular, apoyándose en citas de diccionarios, a saber que los establecimientos
como máximo, abstracción hecha que al comienzo de dicho documento, de manera totalmente general, se menciona
Previa instrucción de verificar cuidadosamente si se satisfacen todos los criterios del contrato de distribución, el mismo reza como sigue (véase el Anexo A acompañado al escrito de
Al igual que la demandante, considero que en tales casos no puede censurarse el principio del no suministro, a causa del riesgo de que los productos objeto del sistema se pongan en poder de filiales que no satisfacen los requisitos, lo cual puede perjudicar el prestigio de la marca debido a una distribución inadecuada de los productos. Sin embargo, ello no debe dar lugar a objeción alguna en el supuesto de que se requiera previo acuerdo con la central de TFR en los casos en que, no obstante, el suministro se reputa adecuado (en tal sentido la demandante pudo ampararse en una sentencia dictada por el Bundesgerichtshof el
Bajo el encabezamiento
Por una parte se expresa:
Fijación de criterios cualitativos para los grandes comercios.
Si tan sólo determinados establecimientos de cadenas de hipermercados reúnen los requisitos, la entidad de que se trata debe aceptar el principio de la selección.
La selección de los grandes comercios se llevará a cabo en estrecha colaboración entre la oficina y TFR.
Se mantendrá puntualmente informadas a las principales asociaciones del comercio especializado. Si las negociaciones se encontraran con la incomprensión de las asociaciones, lógicamente sería preciso actuar judicialmente para preservar el sistema de distribución selectiva.
Habida cuenta del tenor de este documento, no cabe duda que, en principio, debe reconocerse que, con razón lo ha apreciado la Comisión en el sentido de demostrar la imputación que formuló, en la medida en que revela que, al parecer, el caso de los grandes comercios, hasta entonces se negó el examen de la existencia de los criterios del comercio especializado; y que, con respecto a los mismos, tan sólo
Es cierto que igualmente debe añadirse que del informe antes aludido parece difícil inferir todos los requisitos necesarios para la aplicación del artículo 85, y en particular, para imponer una multa. En efecto, no contiene ninguna indicación (y sobre el particular la Comisión tampoco llevó a cabo ulteriores investigaciones) sobre el alcance de la discriminación que afecta a los grandes comercios, ya que difícilmente se concibe que la totalidad de los grandes comercios de que se trata satisfagan los criterios del comercio especializado y se hallen interesados igualmente en la distribución de aparatos Telerunken.
Por otra parte el referido informe, según parece, plantea algunas reservas en lo tocante al acuerdo mencionado en la página 5, por una parte en la medida en que se hace referencia a la fijación de criterios de carácter cualitativo para los grandes comercios (lo que Índica la fijación de criterios adicionales), por otra parte, en relación con la información de las principales asociaciones del comercio especializado y la necesidad, en caso de falta de entendimiento por su parte, de actuar judicialmente para preservar el sistema de distribución. Sin embargo, aun suponiendo, como lo resalta la demandante, que ello no signifique que debía informarse al comercio especializado de cada petición de admisión de un gran comercio, no obstante, a la luz de la totalidad del contexto, se ha de presumir que, previa información con carácter general al comercio especializado acerca del contenido del acuerdo y en caso de que las citadas asociaciones hubieran emitido alguna reserva, los jefes de venta se creían obligados a tenerlo en cuenta y a correr el riesgo de instar los procedimientos judiciales oportunos en relación con la admisión de grandes comercios. Según parece, de ello se desprende que, tanto si esto se califica como derecho de consulta concedido a las asociaciones del comercio especializado como si no, lo cual, sin lugar a dudas resulta un tanto excesivo, se han incrementado las dificultades para, y se ha demorado la admisión de grandes comercios en el caso de que se produjera alguna reacción por parte de tales asociaciones del comercio especializado, e igualmente ello parece reflejar una puesta en práctica discriminatoria del sistema de distribución.
No obstante, en el escrito de réplica, la demandante alegó sobre este punto que sólo se trataba
A propósito de
En relación con el primer razonamiento, en mi opinión le es aplicable lo que ya he expuesto acerca del caso Mammouth. Lo importante es el hecho de que en la comunicación de cargos se haya realizado una censura de carácter general de la política de ATF en materia de admisión de grandes almacenes. Sobre este punto, el documento que ahora interesa y del que la demandante conocía que la Comisión había obtenido una copia en el procedimiento instado en su contra, constituye únicamente un complemento de prueba en el sentido de la citada jurisprudencia. Por ello, sin duda podía el mismo ser utilizado en el procedimiento seguido contra la demandante, sin que pueda hablarse de violación del derecho de defensa.
En cuanto a la segunda parte del razonamiento, es cierto que no ha sido posible refutar que a las citadas tres
La demandante no ha podido exponer nada relevante sobre el particular. Por lo tanto, la Comisión ha citado con razón dicho documento como prueba de una política de admisión restrictiva seguida por la demandante con respecto a los establecimientos comerciales de descuento; pues en dicho documento nada indica que las peticiones mencionadas hayan merecido una contestación negativa a causa de la inobservancia de los criterios del comercio especializado, sin que tampoco se precise que la política prevista para 1978 debiera afectar solamente a los supuestos en los que los establecimientos comerciales de descuento no cumplieran los criterios de admisión.
Lo manifestado por la demandante sobre este aspecto en el sentido de que la citada frase debía meramente entenderse en el sentido de que la misma no se esforzó en contratar con dichos distribuidores, se puede contradecir no sólo mediante la nota de
En efecto, en ello puede verse tan sólo la confirmación de la idea de que hasta entonces se había aplicado una política de admisión restrictiva (
Llegados a esta nueva parte de mi exposición, paso a tratar de la crítica referente a la puesta en práctica del sistema de distribución con el propósito de ejercer una influencia sobre los precios de mercado.
El punto de partida de la Comisión es de una claridad meridiana: a su juicio, los sistemas de distribución selectiva se hallan en el límite de lo admitido por el Derecho de la competencia, porque ésta a nivel comercial entre los productos de una misma marca (competencia Véase la sentencia citada en la nota 1
Habida cuenta de que, igualmente en este contexto, la Decisión por una parte alude a algunos casos particulares y, por otra, teniendo en cuenta documentos de carácter general se esfuerza en demostrar la existencia de una política general que tiende a garantizar unos elevados precios y márgenes comerciales, parece oportuno hacer una nueva subdivisión en nuestro análisis (al igual que en la primera parte) de forma que, en primer lugar, examinemos los casos particulares citados en los distintos países para, a continuación, centrarnos en la política general de distribución seguida en los países de que se trata.
Ya se ha visto claramente en otro contexto que la admisión de Auchan en el sistema de distribución se había supeditado al compromiso de que se siguieran las recomendaciones de ATF sobre precios, y de que no se cobraran precios inferiores a los practicados en la ciudad de que se trate (véase la nota de
Por el contrario, la argumentación de la demandante según la cual, posteriormente, Auchan nunca respetó el compromiso contraído, no es pertinente ya que, a los fines de la aplicación del artículo 85, basta con que la
Este caso se presenta de forma análoga. Aquí también reviste una decisiva importancia la promesa, mencionada en la carta de
A juicio de la Comisión, intervienen tres elementos fácticos en este caso. Por una parte, en el momento de su admisión en el sistema de distribución, Iffli se comprometió a respetar los precios al por menor que indicara ATF (véase la nota de
Sobre el primer extremo debe reconocerse que con razón la Comisión censura una puesta en práctica de este tipo del sistema de distribución, dado que la misma redunda en una limitación de la competencia de precios.
Por el contrario, en cuanto a los otros dos extremos, el procedimiento ha revelado motivos serios y fundados para no compartir la opinión de la Comisión.
Sobre el primer extremo, es cierto que debe reconocerse que en la nota de
En relación con el tercer extremo, la demandante explicó insistentemente que la manifestación de Iffli carecía de todo fundamento, e igualmente ha llamado la atención sobre los indicios que revelan la falta de credibilidad de Iffli (véase la carta de
Por consiguiente, en relación con Iffli, sólo se halla justificada la censura del primer hecho expresado. Por otra parte, cuando la demandante alude al volumen de negocios muy modesto logrado por Iffli con los aparatos Teleŕunken en el curso de los años 1978 y 1979, así como a la inexistencia de pedidos a partir de 1980 (alegaciones a la comunicación de cargos, página 89, y demanda, página 98) y cuando alude al hecho de que, en realidad, Iffli no respetó el acuerdo mencionado en la carta de
Si bien, esencialmente, en los casos de los tres distribuidores a que acabo de referirme, se trataba de acuerdos celebrados en el momento de la admisión en el sistema de distribución, los tres casos restantes que deben examinarse en este contexto se refieren a actos cuyo objetivo consiste en influir sobre los precios con posterioridad a la admisión en el sistema de distribución.
Tanto durante el procedimiento administrativo como ante el Tribunal de Justicia, la demandante expuso sobre el particular que la carta se apoyaba en el hecho de que, para los tres tipos de aparatos, Darty había emprendido una campaña de promoción de ventas limitada al mes de mayo y a París. Al término de dicha campaña, por su propia iniciativa, Darty volvió a cobrar los precios normales anteriores, habiendo sido la finalidad la mera información a los colaboradores del servicio exterior de ATF y a otros distribuidores. Habida cuenta de la importante posición que Darty ocupa en el mercado (en el ámbito de la electrónica recreativa, la sociedad ostenta en Francia una cuota del mercado entre el 8 % y el 10 %), y de la reducida parte del mercado que la demandante tiene en Francia, habría sido inconcebible que la demandante influenciara a Darty en cuanto a la fijación de precios. La utilización de la palabra
Pero, en mi opinión, este argumento no es convincente. De hecho, igualmente manifestó la demandante (véase p. 145 del escrito de demanda) que durante la citada campaña, los distribuidores competidores prácticamente no vendieron ningún aparato y no cursaron ningún pedido; esto es lo que movió a los representantes de ATF a realizar una visita a Darty. Si posteriormente se afirmó expresamente que se había llegado a un
Habida cuenta de toda la información recibida, la Comisión se precipitó en sacar conclusiones sin efectuar las investigaciones necesarias. En efecto, la demandante manifestó que la nota hacía referencia a la campaña de promoción de ventas de Darty a la que se había adherido FNAC. Como se desprende de su introducción, la misma se redactó posteriormente a la visita a Darty y, por lo tanto, es plausible suponer, especialmente también a causa del uso de la palabra
Por consiguiente, a falta de más aclaraciones sobre el particular, no puede darse como probada la tesis de la Comisión según la cual se produjeron acuerdos sobre precios por iniciativa de ATF entre los distribuidores parisinos, o que los contactos con FNAC con el fin de influir sobre los precios hubieran excedido lo admisible en el marco de un sistema de distribución.
Habida cuenta del razonamiento de la demandante y a falta de otras aclaraciones de parte de la Comisión, en este caso tampoco considero probada una influencia ilícita sobre los precios. En efecto, la demandante ha explicado que debía considerarse la petición de que se trata a la luz del aumento de los precios de venta de los fabricantes previsto para primeros de septiembre de 1978, y que se menciona efectivamente en una carta dirigida a Cart (documento n° 10, anexo al escrito de la Comisión de
Sobre el particular, al parecer, es fundada la censura que formula la Comisión, en particular a la luz de las explicaciones de la demandante. Según parece, los importantes clientes citados disponían todavía de grandes existencias de aparatos adquiridos a bajos precios, mientras que los pequeños clientes no conseguían vender los aparatos adquiridos a precios elevados después del aumento del mes de septiembre de 1978 y por lo tanto urgían a ATF para que tomara medidas. Si en este contexto tuvo lugar una concertación sobre los precios entre ATF y algunos clientes, dicha participación activa de ATF en una armonización de precios ciertamente sobrepasa lo que en el marco de un sistema de distribución selectiva puede calificarse como preocupación norinal para garantizar, mediante negociaciones sobre los precios, un cierto nivel de precios en el comercio especializado.
Sobre este extremo, la demandante manifestó que los precios del catálogo de invierno 1977 de Cart estaban claramente distanciados de los precios previstos de común acuerdo y que, al expresar su asombro ATF, Cart descubrió que, efectivamente se había cometido un error a causa de la utilización, por
No obstante, esta interpretación que, en sí misma, tiende a minimizar los hechos, no parece convincente. Sobre el particular, poco importa conocer si realmente se cometió un error, sobre los precios al prepararse el catálogo de invierno de Cart para 1977. Efectivamente, lo importante es que, en la primera carta citada, se menciona expresamente la publicación de dos catálogos en unas determinadas condiciones, es decir, un acuerdo sobre los precios, y que igualmente se aluda a un deterioro de las relaciones comerciales que, en su caso, pudiera producirse, lo cual puede entenderse como una amenaza o el ejercicio de una presión. El texto de la carta de
Igualmente en este caso debe, no obstante, compartirse el punto de vista de la Comisión, según el cual la carta revela un comportamiento censurable con arreglo al Derecho de la competencia. Efectivamente, se trata de un acuerdo cuyo objetivo consiste en que la prima concedida por ATF no se utilice para la reducción de los precios de venta al por menor por debajo de los que se indican en la carta. Ello constituye un acuerdo inadmisible en cuanto al respeto de un nivel de precios determinado.
Habiendo observado que en algunos casos concretos registrados en el mercado francés, se influyeron ilícitamente los precios en el marco del sistema de distribución y que ello redundó en una limitación de la competencia basada en el precio, me quedan por examinar los factores complementarios que, en relación con esta cuestión, pueden entresacarse de los documentos de carácter general que la Comisión trajo a los autos en prueba del hecho de que ATF siguió una política de precios elevados.
Sobre el particular, deben tenerse en cuenta cuatro documentos:
En mi opinión, sobre la cuestión de la influencia ilícita ejercida sobre los precios, de lo anterior no se desprende ningún
El objetivo de la nota citada en primer lugar era ciertamente facilitar a los colaboradores del servicio exterior un argumento publicitario; aparte de la perfecta legitimidad de un determinado margen de beneficios mínimo a causa de los gastos imputables a los servicios que presta el comercio especializado, al mencionar aquí un
Lo mismo puede afirmarse en lo que al segundo documento aludido se refiere, por cuanto en el mismo se hace mención de un
En relación con los documentos citados en tercero y cuarto lugares, ciertamente debe reconocerse que, aparentemente, confirman la existencia de una política de precios elevados de ATF. Sin embargo, los mismos tampoco reflejan nada nuevo a propósito de las
Sobre el particular la Decisión cita
No me parece que ello pueda plantear objeciones. Sobre el particular, poco importa si simplemente estamos en presencia de una nueva prueba presentada en apoyo de una imputación ya contenida en la comunicación de cargos. Lo que, en cualquier modo, es determinante es el hecho de que las dos cartas citadas se presentaran a la demandante a fin de que la misma formulara alegaciones, sobre cuyo contenido, por lo demás, ya lo hizo (véase la carta de su Abogado de
Habida cuenta de esta situación (la Comisión no accedió a la petición de la demandante), en principio pueden manifestarse dudas sobre el problema de si, de cualquier modo, pueden considerarse las indicaciones de Verbinnen como pruebas pertinentes. Pero, en ningún caso, las mismas permitirían que se probara la existencia de una conducta contraria a las reglas de la competencia en el marco de la puesta en práctica del sistema de distribución. En efecto, tan sólo puede darse
En mi opinión, el caso del distribuidor Verbinnen, a quien se le continúa suministrando, según las indicaciones de la demandante, no puede considerarse como la prueba de una influencia ilícita ejercida sobre la fijación de los precios en Bélgica.
Sobre el particular, ha subrayado la demandante que tan sólo se trataba de ideas que había desarrollado la persona que había redactado la exposición, y no de la determinación obligatoria de la política de ATGB. En realidad, el destinatario de la nota (el director de ATGB) no alcanzó a comprender, a nivel conceptual, el sistema de cálculo de precios propuesto, el cual, en cualquier caso, nunca se aplicó en Bélgica. Habida cuenta de estos argumentos, la Comisión se esforzó por determinar si se había realizado dicha política de precios, y las acciones que se habían emprendido contra los distribuidores recalcitrantes. Pero, aparentemente, sin resultado. Sea como fuera, la demandante ha podido alegar, sin ser contradicha, que después de haber sido oída, se habían dirigido a sus distribuidores belgas siete peticiones de información, pero que la Comisión había recibido tan sólo la respuesta ya examinada de Verbinnen. En consecuencia, me parece que difícilmente puede mantenerse la imputación según la cual en Bélgica se haya seguido una política de precios tal como la descrita en el citado documento.
Por otro lado, si se parte de la idea de que se han hecho a los detallistas algunas Véase la sentencia citada en la nota 1
Por último debo abordar algunos casos de una influencia pretendidamente ilícita sobre los precios, que la Comisión ha creído poder observar en Alemania. Sobre el particular, en su Decisión la misma distingue entre influencia directa (apartados 40 y 41) e influencia indirecta (apartados 48 a 52) sobre los precios.
De dichos documentos se desprende claramente que en el caso de autos no sólo se trataba de reuniones sin carácter vinculante sobre la fijación eventual de los precios. Põiel contrario, nos hallamos ante una concertación sobre precios en el marco del sistema de distribución, la cual, incluso en el caso posible de que no se diera promesa alguna de respetar los precios de venta que fijara Telefunken, en efecto, debía limitar la libertad de Suma de fijar sus precios a la baja. Ciertamente la Comisión tuvo razón al considerar que ello constituía un abuso.
Cuando, igualmente en el mismo contexto, la demandante alegó que, en realidad, el acuerdo careció de incidencia, ello no tiene importancia para la apreciación de principio, sino que, como máximo, contribuye a determinar el alcance de la violación de las reglas sobre la competencia.
Habida cuenta de las alegaciones formuladas durante el procedimiento, ello, no obstante, difícilmente prueba que se ejerciera una influencia ilícita sobre los precios. Como lo expuso la demandante sin que se la haya contradicho, aparentemente, se trataba de la presentación de un nuevo aparato de elevado precio, que requiere una mejor instrucción de la clientela, y, por lo tanto, mediante una discusión sobre los precios, los distribuidores debían quedar convencidos de sus posibilidades de venta. Por otra parte, no sólo falta la prueba de que se ejerciera una presión cualquiera, lo que podría haberse determinado preguntando a la empresa Holder; además se ha demostrado que la empresa Holder no se ajustó a las indicaciones sobre precios que se le habían hecho, sino que realizó publicidad de precios bajos, lo que provocó que Telerunken procediera a la compra del aparato en el mercado.
Por otra parte, cuando la Comisión consideró que la primera frase de la nota podía hacer suponer que debía seguirse este ejemplo en las reuniones que se mantuvieran con la cooperativa de compras Interfunk, con el objetivo de reforzar la disciplina de precios, ello no parece que sea pertinente, dado que nada se ha indagado sobre el contenido de tales reuniones, sin que meras suposiciones sobre la influencia que, en su caso, podría ejercerse sobre los precios, ciertamente puedan constituir base suficiente de imputaciones en materia de Derecho de la competencia.
Sobre el particular, la demandante resaltó el hecho de que, en realidad, TFR nunca aceptó, tal como se le presentara, la propuesta del departamento de ventas de Munich. Por el contrario, en el momento de la audiencia ante la Comisión, el Director de la distribución para el mercado nacional de la demandante ya calificó a la prima de buena conducta como una remuneración por la puesta a disposición de superficies comerciales de venta; del mismo modo, en las alegaciones a la comunicación de cargos (página 73) se expuso que se había concedido la prima citada por la participación en campañas de promociones de ventas y el acondicionamiento de escaparates. Por consiguiente, de la nota de
Habida cuenta de la situación descrita, ciertamente no puede considerarse demostrado el hecho de que, en el caso de la empresa Suma, se influyera el comportamiento en materia de precios a través de la citada prima.
Cuando en julio de 1976, éste hizo publicidad con precios reducidos, TFR, después de haber observado que se hacía un anuncio de la empresa Wilhelm con
No obstante, mediante un examen minucioso llega a determinarse que este caso tampoco puede utilizarse para probar el intento de influir ilícitamente sobre los precios. Sobre el particular, es determinante el hecho de que se haya contestado a la petición de
En consecuencia, incluso si debiera considerarse la carta del
Por lo que a dichos documentos se refiere, el que he citado en primer lugar, efectivamente da la impresión de que el mismo sirve de prueba del ejercicio de una influencia eficaz sobre la empresa en el momento de la fijación del precio de mercado y, por lo tanto, de una acción ilícita en el marco del sistema de distribución, aún en el caso de que no se trate necesariamente de mantener el nivel de precios que desea la demandante. Es cierto que durante el procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia, la demandante ha sostenido sobre este extremo que los anuncios efectuados acerca del citado tema debían considerarse como una publicidad para una presentación especial e ilícita en el sentido del artículo 9 de la Ley sobre la competencia desleal, en relación con los artículos 1 y 2 del Decreto de
En relación con el segundo documento citado, en sus alegaciones a la comunicación de cargos indicó la demandante que, en primer lugar, su finalidad consistía en dar una información sobre las presentaciones especiales que se hallan en el límite de lo que legalmente es lícito, es decir, de un supuesto que, en su caso, pudiera constituir competencia desleal. Ciertamente, una información de tal naturaleza y un control correspondiente de los distribuidores admitidos en el sistema de distribución no suscitan ninguna objeción, dado que la persistencia de ofertas a precios reducidos podría hacer suponer que ya no pueden garantizarse las prestaciones del comercio especializado demasiado costosas (información y servicio posventa) (véase la sentencia dictada por el Bundesgerichtshoft, de
La Comisión considera importante que se resalte en el mismo que las ofertas que realizaron las sociedades Gruoner y Südschall en relación con un cierto modelo Imperial semejante a otro aparato, se han revelado
No obstante, tampoco puedo estar de acuerdo con la Comisión sobre este punto.
El procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia ciertamente demostró que se aludió equivocadamente a los casos Gruoner y Südschall (por lo demás, en el curso de la vista la Comisión ha hablado de un error sobre el particular) dado que en tales supuestos no se trataba de productos objeto del contrato, de modo que poco importa ya determinar si deben ignorarse dichos casos, por cuanto no se hacía mención a los mismos en la comunicación de cargos. En mi opinión, lo mismo puede afirmarse en lo tocante al asunto Massa-Märkte, en el cual, por lo demás, igualmente se utilizó irregularmente la marca
Sin embargo, por lo que a las
Sobre el particular, pienso en la observación según la cual, la no admisión de distribuidores y la influencia que se ejerce sobre los precios no constituyen medidas específicas aisladas, sino que se está en presencia de una multitud de casos en los que se han producido restricciones a la competencia, lo cual ciertamente no es exacto si atendemos por una parte, al período al que se refiere la Decisión y, por otra parte, al enorme volumen de operaciones comerciales que no se han censurado, que se han formalizado con alrededor de
Sentencia de
Sentencia de
Véase la sentencia citada en la nota 4
Esto es lo que la Comisión considera que debe suponerse, toda vez que el sistema de distribución regula
En mi opinión, como en opinión de la demandante, desde diversos ángulos pueden plantearse objeciones a esta tesis.
En principio, el sistema de distribución, tan sólo detennina a la persona que, como mayorista o minorista, se halla facultada a comerciar con los productos Telefunken, es decir, a vender los productos de los que, en principio, debe suponerse que, por regla general, se adquieren a las sociedades de distribución Por otra parte, debe darse por sentado que, ya que el sistema de distribución selectiva no está comprendido en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, con las condiciones formuladas por la jurisprudencia, tan sólo le es de aplicación el artículo 85 a un sistema de tal naturaleza Sentencia de Sentencia de En este sentido, tan sólo deben quedar comprendidos en el presente asunto, el caso de Diederichs en Bélgica, la inadmisión temporal de grandes almacenes en Alemania y de establecimientos comerciales de descuento en Francia, tales como los casos Auchan, Mammouth (Toulouse) e Iffli (Metz) en los que la admisión en el sistema de distribución se ha condicionado al compromiso de respetar un nivel de precios determinado. Si sobre el particular se examina si estos casos dejan entrever la causación de un perjuicio apreciable al comercio, pienso que la Comisión no ha logrado probarlo. Sin embargo, por sí mismo, este caso, apenas da lugar a que se hable ciertamente de un perjuicio apreciable irrogado a los intercambios. En este sentido, no bastan las informaciones que ha recogido la Comisión sobre la naturaleza y el volumen de las actividades comerciales de Diederichs (el volumen de negocios es más bien reducido); en este sentido, debe destacarse la reducida cuota de mercado que igualmente corresponde a los aparatos de televisión Telefunken en Bélgica (señalamos sobre el particular las sentencias recaídas en los asuntos 73/74, Sentencia de Véase Ia sentencia citada en la nota 16 Véase la sentencia citada en la nota 17 Por otra parte, tampoco debe dejarse de lado el hecho de que los citados distribuidores no fueron excluidos de la distribución; por el contrario procede censurar el hecho de que su admisión se haya condicionado a compromisos sobre precios. Esta circunstancia, aparte del aparente incumplimiento de los compromisos, apenas puede, no obstante, haber tenido repercusiones sobre eventuales operaciones de importación que, en su caso , hubieran podido realizarse, haciendo que la venta fuera más difícil, ya que, a Auchan solamente se le ha obligado a no aplicar precios inferiores a los que se practicaban en la ciudad de que se trata y que , en el caso de Iffli, se trataba principalmente de la obligación Incluso teniendo en cuenta el hecho de que el apartado 1 del artículo 85 exige no un efectivo obstáculo de los intercambios sino la posibilidad de obstaculizarlos (asunto 19/77 Véase la sentencia citada en la nota 16 Sentencia citada en la nota 20
Ello significa que no puede mantenerse la afirmación de principio que contiene el artículo 1 de la Decisión impugnada, a tenor del cual el sistema de distribución de los productos marca Telerunken, establecido por AEG-Telefunken, en su aplicación práctica infringe el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. Al mismo tiempo ello priva de fundamento tanto al mandato contenido en el artículo 2 de poner fin a la infracción apreciada como, en especial, a la multa que se impone en virtud del artículo 3.
Teniendo en cuenta cuanto antecede, de hecho no es necesario examinar los demás problemas planteados durante el procedimiento. No obstante haremos una sucinta referencia a los mismos, al menos con carácter subsidiario.
Sobre el particular, la Decisión indica que lá aplicación del sistema de distribución, tal como la ha censurado la Comisión, no ñie notificada a ésta, y por sí mismo este hecho excluye cualquier exención. Por otra parte se ha resaltado el hecho de que no puede concederse una exención para un sistema de distribución que suponga la comisión de discriminaciones en materia de admisión y el ejercicio de una influencia sobre los precios, ya que tales restricciones no son indispensables para una buena distribución de los productos, sin que tampoco parezca que onezcan ninguna ventaja para los consumidores. Por el contrario, la demandante ha alegado que la misma había solicitado expresamente una exención en el momento de la notificación y que, en consecuencia, la Comisión no podía imponer ninguna multa sin pronunciarse sobre el particular. Considera igualmente, invocando la sentencia pronunciada en el asunto 26/76, Véase la sentencia citada en la nota 1
Sobre este particular, me inclino a adherirme a la Comisión, en el supuesto de que, contrariamente a mi punto de vista, no obstante, sea de aplicación el artículo 85.
Por regla general una exención supone haber cursado una notificación a la Comisión. Igualmente ha quedado acreditado que, en el momento del examen del sistema, se declaró a la Comisión que cualquier distribuidor que cumpliera los criterios del comercio especializado, sería admitido en el sistema de distribución. Por contra, es evidente que nunca se mencionó y, por ende, tampoco la notificación contenía precisiones, que determinados casos límites debían tramitarse con mucha dilación, que, en su caso, debían cumplirse condiciones adicionales, que en el momento de la admisión, existía la posibilidad de determinar zonas de actividad en las que otros distribuidores no podían realizar su actividad, ni que durante las relaciones comerciales con los distribuidores autorizados se llegaría a acuerdos de colusión sobre los precios o se ejercería una influencia sobre la fijación de los precios, que trascendería los límites de una simple orientación. En consecuencia, aunque esto sólo sea por motivos de forma, en efecto no se concibe una decisión de exención, habida cuenta de las infracciones a las normas de la competencia que ya reprochó la Comisión y en la medida en que deba reconocerse que dicha crítica estaba justificada.
Por otra parte, tampoco se desprende una valoración distinta de la referencia al hecho de que en la sentencia dictada en el asunto 26/76 Véase la sentencia citada en la nota 1
Sobre este punto, la demandante ya resaltó en sus alegaciones a la comunicación de cargos el hecho de que TFR, cuya distribución es la única que interesa, constituía un sector de la empresa AEG jurídicamente autónomo y que su dirección disponía de una amplia libertad de decisión. Igualmente alegó que la decisión de implantar el sistema de distribución se había tomado sin recibir instrucciones de la Dirección de AEG-Telefunken y que había correspondido únicamente a TFR la definición de la política de distribución así como la puesta en práctica del sistema de distribución. Por lo tanto, algunas formas de puesta en práctica del sistema de distribución no pueden imputarse a la casa matriz AEG y, por lo tanto no debería haberse dirigido a ésta la Decisión, dada la falta de una verdadera participación de AEG en la puesta en práctica del sistema.
Por el contrario, la Comisión considera decisivo el hecho de que el sistema de distribución lo haya notificado AEG, y que igualmente se considera a AEG como parte en los contratos celebrados con los distribuidores y que se realice la distribución a través de la organización de distribución AEG. Por otra parte, considera importante el hecho de que, incluso si la aplicación del sistema de distribución correspondiera a TFR, ésta se halla bajo el control de AEG y obligada a seguir sus instrucciones, las cuales, por lo demás se dieron en casos concretos. Por consiguiente se está ante una unidad económica, con la consecuencia de que la casa matriz debe considerarse responsable de la aplicación práctica del sistema de distribución. Semejantes problemas han sido abordados por la jurisprudencia en múltiples ocasiones. Por ejemplo en la sentencia recaída en el asunto 48/69, Sentencia de Sentencia de Véase la sentencia citada en la nota 19
En el caso de autos, se trata de la puesta en práctica del sistema de distribución que se hace merecedor de algunas críticas a causa de la exclusión de un distribuidor de forma discriminatoria, de la fijación de requisitos adicionales para la admisión y de la determinación de zonas de actividad de los distribuidores autorizados, así como desde el punto de vista de medidas cuyo objeto consiste en influir sobre la fijación de los precios de los distribuidores autorizados por todo el tiempo de duración de las relaciones comerciales. Teniendo en cuenta la citada jurisprudencia, parece efectivamente dudoso que todo ello pueda pura y simplemente imputarse a la casa matriz porque firma los contratos de distribución y haya puesto su organización de distribución a disposición de TFR. Incluso en el supuesto de que se considere justificable la imputación a la casa matriz, firmante, de lo que sucede en el momento de la
Por consiguiente, es fundado que la demandante impugne la Decisión en la medida en que la misma dirige a la casa matriz
Si el Tribunal de Justicia debiera considerar que la puesta en práctica ilícita del sistema de distribución, en la medida en que ello puede considerarse probado, infringe el artículo 85, en principio la fijación de una multa no plantea ninguna objeción. Hago la anterior observación porque, en cualquier caso, parece justificada la imputación de culpa, según la sentencia recaída en el asunto 26/76 Véase la sentencia citada en la nota 1
Sin embargo, ciertamente debería reducirse la multa considerablemente. Sobre este particular, el hecho de que una parte muy importante de las imputaciones de la Comisión no puedan mantenerse, y de que la Comisión no haya presentado un cuadro verosímil de los verdaderos efectos de determinadas infracciones sobre el mercado y los consumidores, es decisivo. Dejo a la discreción del Tribunal de Justicia la fijación de la cuantía de la multa.
Por último, todavía debe examinarse brevemente la cuestión de si, en el supuesto de que se mantenga la multa, la demandante tiene la obligación de pagar los intereses correspondientes a la cuantía de que se trate hasta la realización del pago efectivo.
Sobre el particular procede recordar que, en el momento de la notificación de la Decisión impugnada, la Comisión manifestó que al expirar el período de pago (
Posteriormente el
Al respecto, alega la demandante que una obligación de tal naturaleza carece de cualquier fundamento jurídico de Derecho comunitario. La Comisión se remite al artículo 185 del Tratado CEE y alude al hecho de que la misma supeditó su aceptación de la suspensión de la ejecución al compromiso de la demandante, el cual, por ende, constituye el fundamento jurídico de la exigibilidad de los intereses. Por otra parte, la misma considera que únicamente esto permite alcanzar el objetivo de la imposición de la multa y evitar cualquier procedimiento judicial ocioso destinado a beneficiarse en base a los tipos de interés.
Para el caso de que el Tribunal de Justicia negara la existencia de la obligación de pago de intereses, con carácter subsidiario propone incrementar la cuantía de la multa proporcionadamente con el fin de descartar la consecución de cualquier ventaja de carácter econòmico como consecuencia de la suspensión de la ejecución forzosa.
Sobre este punto, nuevamente me inclino a compartir el punto de vista de la Comisión. Cuando la misma aprecia una infracción del apartado 1 del artículo 85 y considera que debe imponerse una multa, ésta es indefectiblemente exigible en el plazo previsto; dado que los recursos no tienen efecto suspensivo, en principio las sanciones económicas que prevé el sistema del Tratado deben aplicarse inmediatamente. Existe la posibilidad de acordar una exención mediante auto dictado con arreglo al artículo 85 del Reglamento de Procedimiento, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Puesto que hace algún tiempo se encontró una solución intermedia, la cual se ha aplicado igualmente en el caso de autos, la misma me parece no sólo completamente razonable en tanto que con la misma se evita el rigor de la ejecución inmediata, sirve de garantía para la Comisión y disipa la tentación de retrasar la ejecución de la obligación de pago mediante la presentación del recurso. A este respecto, tampoco hay carencia de cualquier fundamento jurídico, por cuanto la idea fundamental de una solución de esta naturaleza está contenida en el apartado 2 del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento.
Por consiguiente, en el supuesto de que, contrariamente a nuestro punto de vista, el Tribunal de Justicia considerara que la conducta de la demandante justifica la imposición de una multa, procede pues confirmar el auto dictado por el Presidente en el sentido de que puede exigirse el pago de intereses en la forma indicada sobre la cuantía correspondiente a partir de la fecha señalada en la Decisión, a menos que se prefiera fijar su cuantía de forma que se tenga en cuenta la obligación de pago de intereses, lo cual sería posible en caso de que se redujera la multa.
En mi opinión, del procedimiento se desprende que la declaración por la Comisión de que el sistema de distribución selectiva que implantara AEG-Telefunken con efectos a partir del