Edición provisional

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 2 de julio de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea emitida a efectos del ejercicio de acciones penales y la ejecución de penas privativas de libertad — Artículo 6, apartado 1 — Autoridad judicial emisora — Artículo 8, apartado 1, letra c) — Emisión de una orden de detención europea por el Ministerio Fiscal sobre la base de una orden de detención nacional emitida por un juez — Inexistencia de control judicial relativo a la emisión de la orden de detención europea — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Tutela judicial efectiva »

En el asunto C‑446/26 PPU [Blerens], (i)

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos), mediante resolución de 6 de mayo de 2026, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de mayo de 2026, en el procedimiento relativo a la ejecución de una orden de detención europea emitida contra

RI,

con intervención de:

Openbaar Ministerie,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan (Ponente), D. Gratsias y B. Smulders, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de 6 de mayo de 2026, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, de que la petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento de urgencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;

vista la decisión de 21 de mayo de 2026 de la Sala Quinta de acceder a dicha solicitud;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;

dicta el siguiente

Auto

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento penal relativo a la ejecución, en los Países Bajos, de una orden de detención europea emitida por la autoridad griega competente contra RI, un nacional griego que reside en el territorio de este Estado miembro, a efectos del ejercicio de acciones penales y de la ejecución de varias penas privativas de libertad.

 Marco jurídico

3        El artículo 1 de la Decisión Marco 2002/584, titulado «Definición de la orden de detención europea y obligación de ejecutarla», establece, en su apartado 3:

«La presente Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 [TUE].»

4        El artículo 6 de esta Decisión Marco, que lleva por título «Determinación de las autoridades judiciales competentes», preceptúa, en su apartado 1:

«La autoridad judicial emisora será la autoridad judicial del Estado miembro emisor que sea competente para dictar una orden de detención europea en virtud del Derecho de ese Estado.»

5        El artículo 8 de la citada Decisión Marco, con la rúbrica «Contenido y formas de la orden de detención europea», dispone, en su apartado 1:

«La orden de detención europea contendrá la información siguiente, establecida de conformidad con el formulario que figura en el anexo:

[…]

c)      la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2;

[…]».

6        El artículo 15 de la misma Decisión Marco, titulado «Decisión sobre la entrega», preceptúa, en su apartado 2:

«Si la autoridad judicial de ejecución considerare que la información comunicada por el Estado miembro emisor es insuficiente para poder pronunciarse sobre la entrega, solicitará urgentemente la información complementaria necesaria, especialmente en relación con los artículos 3 a 5 y el artículo 8, y podrá fijar un plazo para su recepción, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos que establece el artículo 17.»

7        El artículo 26 de la Decisión Marco 2002/584, que lleva por título «Deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución», establece, en su apartado 1:

«El Estado miembro emisor deducirá del período total de privación de libertad que debería cumplirse en el Estado miembro emisor como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativas de libertad cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención europea.»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8        El 29 de abril de 2025, la Fiscalía del Efeteio Thessalonikis (Tribunal de Apelación de Tesalónica, Grecia) (en lo sucesivo, «Fiscalía griega») emitió contra RI una orden de detención europea a efectos, por una parte, del ejercicio de acciones penales por lesiones reiteradas en el hogar y lesiones, delitos castigados en Grecia con una pena privativa de libertad de una duración máxima, respectivamente, de diez y de dos años, y, por otra parte, de la ejecución de cuatro penas privativas de libertad de una duración, respectivamente, de cinco años, de dos años, de un año y de cuatro meses.

9        En la medida en que se emitió a efectos del ejercicio de acciones penales, esta orden de detención europea se basa en una orden de detención nacional que fue dictada el 29 de mayo de 2018 por el juez de instrucción del Protodikeio Katerinis (Tribunal de Primera Instancia de Katerinis, Grecia), complementada por el auto dictado el 22 de octubre de 2018 por dicho juez y prorrogada en virtud del decreto n.º 26/2019 del Consejo de Delitos Leves de Katerinis.

10      El 30 de octubre de 2025, el fiscal del rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) presentó ante ese órgano jurisdiccional, que es el órgano jurisdiccional remitente, una solicitud al objeto de que se ejecutara la orden de detención europea mencionada. RI fue detenido, sobre la base de dicha orden, con vistas a su entrega al Estado miembro emisor.

11      En su resolución interlocutoria de 24 de marzo de 2026, dicho órgano jurisdiccional consideró que la entrega de RI debía denegarse respecto a tres de las cuatro condenas en las que se basa la orden de detención europea, pero que, en cambio, no apreciaba ninguna razón, en esta fase, para denegar completamente su entrega, con independencia de si la decisión de la Fiscalía griega de emitir una orden de detención europea, en la medida en que esta última tiene por finalidad el ejercicio de acciones penales, podía ser objeto de un recurso judicial que cumpliera plenamente las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva.

12      En relación con este último punto, el órgano jurisdiccional remitente trasladó a la Fiscalía griega, como autoridad judicial emisora, una serie de preguntas a fin de determinar, principalmente, por una parte, si, en el momento de la emisión de la orden de detención nacional o en una fase posterior, los requisitos necesarios para emitir la referida orden de detención europea, por lo que respecta al ejercicio de las acciones penales, y, en particular, su proporcionalidad también fueron examinados por un juez en el Estado miembro emisor y, por otra parte, en caso de respuesta negativa, si es posible que dicho juez compruebe tal proporcionalidad antes de la entrega efectiva de la persona reclamada.

13      Mediante escrito de 21 de enero de 2026, la Fiscalía griega respondió a esta última pregunta que, en primer lugar, la autoridad judicial facultada para dictar una orden de detención europea es el fiscal del tribunal de apelación competente, el cual resuelve sobre el cumplimiento de los requisitos de emisión de dicha orden teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad; en segundo lugar, que el juez griego, a saber, el juez de instrucción, valora si se cumplen los requisitos para dictar la orden de detención nacional teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, y, en tercer lugar, que el principio de proporcionalidad es un principio reconocido con carácter general y consagrado en la Constitución de la República Helénica que se aplica en todas las fases del procedimiento penal y que ha sido tomado en consideración en el presente asunto, tanto en el momento de la emisión de la orden de detención nacional por el juez de instrucción como en el de la emisión de la orden de detención europea.

14      Tras subrayar que, con independencia de que la orden de detención europea controvertida en el litigio principal tenga también por finalidad la ejecución de penas privativas de libertad, el presente asunto es comparable al asunto pendiente C‑722/25, Wertergen, el órgano jurisdiccional remitente, reiterando los motivos que figuran en la petición de decisión prejudicial que dio lugar a este último asunto, concluye, sobre la base de la información proporcionada por la autoridad judicial emisora, que, en el Estado miembro emisor, la decisión de un fiscal de emitir una orden de detención europea a efectos del ejercicio de acciones penales no puede ser objeto, antes de la entrega de la persona buscada, de control por parte de un juez. Por otro lado, según dicho órgano jurisdiccional, esta información no le permite determinar ni si, al emitir una orden de detención nacional, el juez competente del Estado miembro emisor ha llevado a cabo o puede llevar a cabo un control respecto a los requisitos necesarios para emitir una orden de detención europea a efectos del ejercicio de acciones penales, en particular, respecto a su proporcionalidad, ni si la decisión de emitir una orden de detención nacional puede ser objeto, antes de la entrega de la persona buscada, de control por parte de un juez. El órgano jurisdiccional remitente señala que carece de relevancia a este respecto que, habida cuenta de su naturaleza y de la sanción que pueden comportar, los hechos de los que esta persona es sospechosa en Grecia constituyan delitos graves y que dicha persona resida fuera del territorio griego.

15      Por consiguiente, según el órgano jurisdiccional remitente, existen dudas acerca de si, antes de su entrega al Estado miembro emisor, la persona buscada puede disfrutar de una tutela judicial efectiva, bien en relación con la orden de detención europea, bien en relación con la resolución judicial nacional en la que aquella se fundamenta, a saber, la emisión de la orden de detención nacional.

16      A este respecto, dicho órgano jurisdiccional recuerda que, en los apartados 47 y 48 de la sentencia de 10 de marzo de 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), el Tribunal de Justicia declaró que la persona contra la que se dicta una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales debe poder disfrutar de una tutela judicial efectiva antes de su entrega al Estado miembro emisor en uno de los dos niveles de protección exigidos, es decir, ya sea en relación con la orden de detención europea, ya sea respecto de la resolución judicial sobre la que se fundamenta dicha orden.

17      Es cierto que esa sentencia se refiere a una situación diferente de la que es objeto del litigio principal, ya que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, un fiscal había emitido tanto la orden de detención europea como la orden de detención nacional.

18      Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente no está seguro de que de esta diferencia se derive que, en el presente asunto, la exigencia de una tutela judicial efectiva antes de la entrega de la persona buscada no se aplicaría en alguno de esos dos niveles. Dicho órgano jurisdiccional señala que el Tribunal de Justicia consagró esta exigencia en su jurisprudencia anterior relativa a los dos niveles de protección, en particular, en la sentencia de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y de Zwickau) (C‑508/18 y C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), a la que se refiere en los apartados 43 a 47 de la sentencia de 10 de marzo de 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187). Indica que, como sucede en el caso de autos, en el asunto que dio lugar a la primera de esas sentencias, un fiscal había emitido la orden de detención europea, mientras que la orden de detención nacional había sido dictada por un juez. Por lo tanto, en opinión de ese órgano jurisdiccional, es poco probable que la exigencia de tutela judicial efectiva que enuncia esta última sentencia no sea aplicable en un caso como el del litigio principal.

19      El referido órgano jurisdiccional subraya que, en un asunto similar anterior relativo a la ejecución de una orden de detención europea emitida por un fiscal de un tribunal de apelación griego, consideró que no se vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta, dado que, antes de la entrega de la persona buscada, la orden de detención nacional había sido emitida por un juez, y que, después de la entrega de esta persona, la legalidad de la orden de detención europea debía, en su caso, con arreglo a la jurisprudencia derivada de la sentencia de 13 de enero de 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4), apartados 72 y 73, poder ser examinada con carácter incidental por el órgano jurisdiccional penal competente para pronunciarse sobre los hechos que dieron lugar a esa orden.

20      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si tal razonamiento sigue siendo válido, por dos razones.

21      Por una parte, dicho órgano jurisdiccional señala que este razonamiento supone que, en el supuesto de que la orden de detención europea a efectos del ejercicio de acciones penales haya sido emitida por un fiscal, el requisito vinculado a la exigencia de tutela judicial efectiva ya se cumple en relación con la resolución judicial nacional si la orden de detención nacional ha sido dictada por un juez. De los apartados 50 a 53 de la sentencia de 10 de marzo de 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), se deriva, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, que esta circunstancia, por sí sola, no es suficiente, en la medida en que, si la orden de detención europea ha sido emitida por un fiscal, el juez debe haber tenido la posibilidad, cuando emite la orden de detención nacional y, por tanto, antes de la entrega, de controlar que se cumplen los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, su proporcionalidad.

22      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente indica que dicho razonamiento implica que un control judicial relativo a los requisitos de emisión de una orden de detención europea, en particular, a su proporcionalidad, llevado a cabo por un juez en el Estado miembro emisor después de la entrega de la persona buscada a este Estado miembro, da cumplimiento, como en el caso al que se refiere la sentencia de 13 de enero de 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4), a la exigencia de tutela judicial efectiva. Sin embargo, de los apartados 54 a 57 de la sentencia de 10 de marzo de 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), se desprende, según el órgano jurisdiccional remitente, que la posibilidad de someter a control judicial la legalidad de la decisión de un fiscal de emitir una orden de detención europea después de la entrega de la persona buscada, por sí sola, no satisface tal exigencia.

23      En estas circunstancias, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco [2002/584], en relación con el artículo 47 de la [Carta] en el sentido de que no se cumplen las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de que debe disfrutar una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales y, además, para la ejecución de penas privativas de libertad, si:

–        la orden de detención europea ha sido emitida por un fiscal, que puede tener la consideración de “autoridad judicial emisora” en el sentido del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión Marco, pero cuya decisión de emitir esa orden de detención europea no puede ser objeto de control judicial en el Estado miembro emisor antes de la entrega de la persona buscada, cuando

–        esa orden de detención europea —en lo que se refiere al ejercicio de acciones penales— se basa en una orden de detención nacional emitida por un juez que, al emitir dicha orden, no ha examinado la concurrencia de los requisitos para la emisión de una orden de detención europea ni, en particular, su proporcionalidad, y cuya decisión no puede ser objeto de tal control judicial en el Estado miembro emisor antes de la entrega de la persona buscada?»

 Sobre la solicitud de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia

24      El órgano jurisdiccional remitente ha solicitado que la presente petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento prejudicial de urgencia, previsto en el artículo 23 bis, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 107, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

25      En apoyo de esta solicitud, el órgano jurisdiccional remitente ha alegado que la cuestión prejudicial trata sobre una materia contemplada en el título V de la tercera parte del Tratado FUE y que la persona reclamada se encuentra detenida con vistas a su entrega al Estado miembro emisor. En su opinión, la decisión sobre dicha entrega no puede adoptarse sin la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial planteada y, por tanto, su rapidez tiene una incidencia directa y determinante en la duración de la detención referida.

26      A este respecto, se ha de recordar, en primer lugar, que la petición de decisión prejudicial tiene por objeto, en particular, la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584, la cual está comprendida en el ámbito de las materias contempladas en el título V de la tercera parte del Tratado FUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia. En consecuencia, esta petición puede tramitarse mediante el procedimiento prejudicial de urgencia.

27      Por lo que respecta, en segundo lugar, al requisito relativo a la urgencia, de reiterada jurisprudencia se deriva que este requisito se cumple cuando, en la fecha de presentación de la petición de decisión prejudicial, la persona de que se trate en el procedimiento principal esté privada de libertad y su mantenimiento en prisión dependa de la decisión del Tribunal de Justicia, debiendo precisarse que la situación de esa persona debe valorarse tal como se presente en la fecha del examen de la solicitud de tramitación del procedimiento prejudicial de urgencia (véase, en particular, la sentencia de 23 de abril de 2026, Casotta, C‑24/26 PPU, EU:C:2026:333, apartado 55 y jurisprudencia citada).

28      En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que RI se halla privado de libertad desde el 27 de octubre de 2025 con vistas a su entrega a las autoridades griegas competentes y que se encuentra en esta situación en la fecha del examen de la solicitud de que la petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento prejudicial de urgencia, habiendo precisado, además, el órgano jurisdiccional remitente, en la resolución de remisión, que esta solicitud tiene por efecto prorrogar en 60 días la detención de RI a efectos de su entrega al Estado miembro emisor.

29      Pues bien, la cuestión prejudicial planteada por dicho órgano jurisdiccional pretende, en esencia, permitirle determinar, como autoridad judicial de ejecución, si las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refiere dicha cuestión prejudicial justifican que deniegue la ejecución de una orden de detención europea, en la medida en que ha sido emitida a efectos del ejercicio de acciones penales, por no cumplir las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de la que debe disfrutar la persona buscada.

30      Una respuesta afirmativa del Tribunal de Justicia debería conducir, en principio, a la puesta en libertad de RI, puesto que su entrega a efectos del ejercicio de acciones penales en el Estado miembro emisor debería denegarse y su detención ha sido prorrogada con la única finalidad de instar el presente procedimiento prejudicial.

31      Es cierto que, en el caso de autos, la orden de detención europea también se emitió a efectos de la ejecución de cuatro penas privativas de libertad basadas en sentencias firmes dictadas en el Estado miembro emisor, sin que el órgano jurisdiccional remitente exprese dudas en cuanto a la entrega de RI a efectos de la ejecución de ninguna de esas penas.

32      Ahora bien, de acuerdo con el artículo 26, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, el Estado miembro emisor debe deducir del período total de privación de libertad que debería cumplirse en su territorio como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativas de libertad cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención europea.

33      En esta medida, la denegación de la entrega de una persona detenida con el fin de ejecutar una orden de detención europea emitida a efectos del ejercicio de acciones penales, que también es objeto de tal orden de detención para la ejecución de una pena privativa de libertad, no conduce necesariamente a su puesta en libertad.

34      Así sucede cuando la duración de la pena privativa de libertad que debe cumplirse en el Estado miembro emisor es lo suficientemente larga como para poder absorber la duración de la detención padecida en el Estado miembro de ejecución.

35      Pues bien, en el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, en caso de entrega de RI al Estado miembro emisor, esta persona se enfrenta a una pena privativa de libertad mínima de cuatro meses de duración.

36      Por consiguiente, dado que la duración de la detención sufrida por RI en los Países Bajos ya excede la de dicha pena, es preciso considerar que se cumple el requisito relativo a la urgencia, dado que el mantenimiento en prisión de RI en este Estado miembro depende de la decisión del Tribunal de Justicia.

37      En estas circunstancias, con arreglo al artículo 108, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, debe estimarse la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que la presente petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento prejudicial de urgencia.

 Sobre la cuestión prejudicial

38      Conforme al artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.

39      Procede aplicar esta disposición en el presente procedimiento prejudicial.

40      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una orden de detención europea ha sido dictada por un fiscal que constituye una «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión Marco, a efectos del ejercicio de acciones penales y de la ejecución de penas privativas de libertad, se cumplen las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de la que debe disfrutar la persona buscada aun cuando, por una parte, la decisión de ese fiscal de emitir dicha orden de detención europea no pueda ser objeto de un recurso judicial en el Estado miembro emisor antes de la entrega de esta persona y, por otra parte, la referida orden de detención europea se base, en la medida en que tiene por finalidad el ejercicio de acciones penales, en una orden de detención nacional emitida por un juez que no haya efectuado un control de los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad, y cuya decisión tampoco pueda ser objeto de recurso antes de dicha entrega.

41      Debe recordarse, de entrada, que tanto el principio de confianza mutua entre los Estados miembros como el principio de reconocimiento mutuo, que se basa a su vez en la confianza recíproca entre aquellos, tienen una importancia fundamental en el Derecho de la Unión, dado que permiten la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores. Más específicamente, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de esos Estados, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho (sentencia de 29 de julio de 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, apartado 36 y jurisprudencia citada).

42      No obstante, la eficacia y el buen funcionamiento del sistema simplificado de entrega de personas condenadas o sospechosas de haber infringido el Derecho penal, establecido por la Decisión Marco 2002/584, se basan en el cumplimiento de determinados requisitos establecidos por dicha Decisión Marco y cuyo alcance ha quedado precisado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 10 de marzo de 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, apartado 36, y auto de 22 de junio de 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, apartado 40).

43      En primer lugar, a tenor del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, la «autoridad judicial emisora» será la autoridad judicial del Estado miembro emisor que sea competente para dictar una orden de detención europea con arreglo al Derecho de ese Estado miembro.

44      Según la jurisprudencia, este concepto puede englobar a las autoridades de un Estado miembro que, sin ser necesariamente jueces o tribunales, participan en la administración de la justicia penal de ese Estado miembro y actúan con independencia al ejercer sus funciones inherentes a la emisión de órdenes de detención europea, independencia que exige que existan normas estatutarias u organizativas adecuadas para garantizar que la autoridad judicial emisora no se vea expuesta, a la hora de adoptar una decisión de emitir tal orden de detención, a riesgo alguno de recibir instrucciones individuales del poder ejecutivo [sentencia de 12 de diciembre de 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg y Openbaar Ministerie (Fiscales de Lyon y de Tours), C‑566/19 PPU y C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, apartado 52 y jurisprudencia citada].

45      En el caso de autos, no se discute la participación en la administración de la justicia penal en la República Helénica de los miembros del Ministerio Fiscal de este Estado miembro. Por lo tanto, el referido Ministerio Fiscal está comprendido en el concepto de «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.

46      En segundo lugar, según el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584, la orden de detención europea debe contener la indicación de la existencia de «una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza».

47      De la jurisprudencia resulta que este requisito reviste una especial importancia puesto que implica que, cuando se ha dictado una orden de detención europea para la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales, dicha persona ya ha podido disfrutar, en una primera fase del procedimiento, de las garantías procesales y los derechos fundamentales cuya tutela debe garantizar la autoridad judicial del Estado miembro emisor según la normativa nacional aplicable, en particular la relativa a la adopción de una orden de detención nacional (sentencia de 1 de junio de 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, apartado 55).

48      Puesto que el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584 incluye un requisito de regularidad cuya observancia constituye una condición de la validez de la orden de detención europea, el incumplimiento de este requisito debe tener como consecuencia, en principio, que la autoridad judicial de ejecución no dé curso a dicha orden de detención (sentencia de 1 de junio de 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, apartado 64).

49      El sistema de la orden de detención europea entraña, por consiguiente, en virtud del requisito establecido en el citado artículo 8, apartado 1, letra c), una protección a dos niveles de los derechos procesales y de los derechos fundamentales de los que debe disfrutar la persona buscada, puesto que, a la tutela judicial prevista, en el primer nivel, a la hora de adoptar una resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, se añade la tutela que debe conferirse, en un segundo nivel, al emitir una orden de detención europea, la cual puede dictarse, en su caso, en un breve plazo tras la adopción de la mencionada resolución judicial nacional (sentencia de 10 de marzo de 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, apartado 42 y jurisprudencia citada, y auto de 22 de junio de 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, apartado 44).

50      Esta protección exige, tratándose de una medida que, como la emisión de una orden de detención europea, puede afectar al derecho a la libertad de la persona en cuestión, que se adopte una resolución conforme con las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, cuando menos en uno de los dos niveles de dicha protección (sentencia de 13 de enero de 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, apartado 63 y jurisprudencia citada).

51      De ello se sigue que, cuando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europeas a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un juez o un tribunal, la resolución judicial nacional, como una orden de detención nacional, en la que se fundamenta la orden de detención europea debe satisfacer, por su parte, tales exigencias (sentencia de 10 de marzo de 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, apartado 44 y jurisprudencia citada, y auto de 22 de junio de 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, apartado 46).

52      El cumplimiento de estas exigencias permite así garantizar a la autoridad judicial de ejecución que la decisión de dictar una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales se basa en un procedimiento nacional sujeto a control judicial y que la persona objeto de esa orden de detención nacional ha disfrutado de todas las garantías propias de la adopción de este tipo de resoluciones, en particular las derivadas de los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales a los que hace referencia el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 (sentencia de 10 de marzo de 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, apartado 45 y jurisprudencia citada, y auto de 22 de junio de 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, apartado 47).

53      Además, el segundo nivel de protección de los derechos de la persona reclamada implica que la «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión Marco, controle el cumplimiento de los requisitos necesarios para la emisión de una orden de detención europea y examine de manera objetiva, teniendo en cuenta todas las pruebas de cargo y de descargo y sin estar expuesta al riesgo de recibir instrucciones externas, en particular del poder ejecutivo, si dicha emisión tiene carácter proporcionado [sentencias de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y de Zwickau), C‑508/18 y C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, apartado 71 y jurisprudencia citada, y de 13 de enero de 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, apartado 64 y jurisprudencia citada].

54      En efecto, es a la «autoridad judicial emisora» mencionada en el artículo 6, apartado 1, de la citada Decisión Marco, esto es, a la entidad que en último término toma la decisión de emitir la orden de detención europea, a quien corresponde garantizar este segundo nivel de protección, también cuando esa orden de detención europea se fundamenta en una resolución nacional dictada por un juez o un tribunal [sentencia de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y de Zwickau), C‑508/18 y C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, apartado 72].

55      Por otro lado, cuando el Derecho del Estado miembro emisor atribuye la competencia para emitir órdenes de detención europeas a una autoridad que, si bien participa en la administración de la justicia de ese Estado miembro, no es un tribunal, la decisión de emitir dicha orden de detención europea y, en particular, la proporcionalidad de esa decisión deben poder ser objeto de un recurso judicial en dicho Estado miembro que satisfaga plenamente las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva (sentencia de 10 de marzo de 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, apartado 46 y jurisprudencia citada, y auto de 22 de junio de 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, apartado 48).

56      Tal recurso judicial contra la decisión de emitir una orden de detención europea a efectos del ejercicio de acciones penales adoptada por una autoridad que, si bien participa en la administración de justicia y goza de la necesaria independencia respecto del poder ejecutivo, no es un órgano jurisdiccional tiene por objeto garantizar que el control judicial de dicha decisión y de los requisitos necesarios para la emisión de esa orden y, en particular, de su proporcionalidad respeta las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva (sentencia de 13 de enero de 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, apartado 66 y jurisprudencia citada).

57      Por consiguiente, corresponde a los Estados miembros velar por que sus ordenamientos jurídicos garanticen efectivamente el nivel de protección judicial exigido por la Decisión Marco 2002/584, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, estableciendo vías de recurso que pueden diferir de un ordenamiento a otro (sentencia de 13 de enero de 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, apartado 67 y jurisprudencia citada).

58      En este contexto, solo es una posibilidad a este respecto el establecimiento de una vía de recurso independiente contra la decisión de emitir una orden de detención europea adoptada por una autoridad judicial distinta de un órgano jurisdiccional (sentencia de 13 de enero de 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, apartado 68 y jurisprudencia citada).

59      Por lo tanto, la presencia, en el ordenamiento jurídico nacional, de normas procesales en virtud de las cuales los requisitos de emisión de una orden de detención europea, en particular, su proporcionalidad, pueden ser objeto, en el Estado miembro emisor, de control judicial previo o simultáneo a su adopción, pero también posterior, responde a las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva (sentencia de 13 de enero de 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, apartado 69 y jurisprudencia citada).

60      De esta jurisprudencia se deriva que, cuando una orden de detención europea ha sido emitida a efectos del ejercicio de acciones penales por un fiscal que constituye una «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, la cual se basa en una orden de detención nacional emitida por un juez, el cumplimiento de todas las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva consagradas en el artículo 47 de la Carta implica que los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, su proporcionalidad, puedan ser objeto de control judicial en el Estado miembro emisor.

61      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido del referido artículo 47, no exige que ese control judicial pueda llevarse a cabo antes de la entrega de la persona afectada a las autoridades competentes del Estado miembro emisor [véanse las sentencias de 28 de enero de 2021, Spetsializirana prokuratura (Declaración de derechos), C‑649/19, EU:C:2021:75, apartados 79 y 80 y jurisprudencia citada, y de 30 de junio de 2022, Spetsializirana prokuratura (Información sobre la decisión nacional de detención), C‑105/21, EU:C:2022:511, apartado 44].

62      Es cierto que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, en la sentencia de 10 de marzo de 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), apartados 47 y 48, y en el auto de 22 de junio de 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria (C‑206/20, EU:C:2021:509), apartado 49, el Tribunal de Justicia declaró que la persona contra la que se dicta una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales debe poder disfrutar de una tutela judicial efectiva antes de su entrega al Estado miembro emisor, al menos en uno de los dos niveles de protección exigidos por dicha jurisprudencia, lo que supone, por tanto, que pueda ejercerse un control judicial ya sea en relación con la orden de detención europea, ya sea respecto de la resolución judicial sobre la que se fundamenta dicha orden, antes de que se proceda a la ejecución de esta última.

63      Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de la que debe gozar una persona contra la que se haya dictado una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales no se cumplen cuando tanto la orden de detención europea como la resolución judicial sobre la que se fundamenta han sido dictadas por un fiscal que puede calificarse de «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión Marco, pero no pueden ser objeto de un control judicial en el Estado miembro emisor antes de la entrega de la persona buscada por el Estado miembro de ejecución (sentencia de 10 de marzo de 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, apartado 60, y auto de 22 de junio de 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, apartado 54).

64      Sin embargo, como se desprende del apartado anterior, esta última exigencia se imponía, en los asuntos que dieron lugar a la sentencia y al auto citados, a causa de la falta de intervención de un juez en alguno de los dos niveles de protección antes de dicha entrega, dado que tanto la orden de detención nacional como la orden de detención europea habían sido emitidas, en tales asuntos, por un fiscal que constituía una «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.

65      En efecto, como señaló expresamente el Tribunal de Justicia en los apartados 51 a 54 de la sentencia de 10 de marzo de 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), de las sentencias de 12 de diciembre de 2019, Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg y Openbaar Ministerie (Fiscales de Lyon y de Tours) (C‑566/19 PPU y C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077), apartados 67 a 71, y de 12 de diciembre de 2019, Openbaar Ministerie (Fiscalía de Suecia) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078), apartados 46 a 53, resulta que el control judicial de la proporcionalidad de la decisión del Ministerio Fiscal de emitir una orden de detención europea puede tener lugar no solo antes, sino también después de la entrega de la persona buscada, cuando existe un conjunto de disposiciones procesales nacionales que garantizan la intervención de un juez tras la emisión de la orden de detención nacional contra esa persona y, por tanto, antes de su entrega, máxime cuando este juez efectúa, además, una valoración de los requisitos necesarios para la emisión de una orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad.

66      De este modo, la exigencia según la cual el control judicial relativo a los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad, debe poder llevarse a cabo antes de la entrega de la persona buscada, que resulta de los apartados 47, 48 y 60 de la sentencia de 10 de marzo de 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), y de los apartados 49 y 54 del auto de 22 de junio de 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria (C‑206/20, EU:C:2021:509), se justifica únicamente, con carácter excepcional, en circunstancias específicas tales como las de los asuntos que dieron lugar a la sentencia y el auto citados, en los que ni la orden de detención nacional ni la orden de detención europea habían sido emitidas por un juez. En cambio, cuando una u otra de esas órdenes de detención haya sido emitida por un juez, ese control judicial podrá, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 59 y 61 del presente auto, tener lugar, en su caso, después de esa entrega.

67      En consecuencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un régimen nacional en el que una orden de detención europea emitida a efectos del ejercicio de acciones penales por un fiscal que constituye una «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, cuya decisión no puede ser objeto de un recurso judicial antes de la entrega de la persona buscada, se base en una orden de detención nacional emitida por un juez que no lleve a cabo un control de los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad, es conforme con las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta, siempre que pueda interponerse un recurso judicial en relación con los requisitos de emisión de la orden de detención europea antes o después de dicha entrega.

68      Con respecto a este último extremo, es preciso recordar además que, a falta de normas procesales en el Estado miembro emisor que permitan a un órgano jurisdiccional controlar los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, su proporcionalidad, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, en el apartado 72 de la sentencia de 13 de enero de 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4), que el Derecho de la Unión confería a un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro una base competencial para ejercer un control incidental de la validez de la orden de detención europea.

69      En el caso de autos, de la información que figura en la resolución de remisión se desprende que, según las indicaciones proporcionadas por la Fiscalía griega en respuesta a la solicitud del órgano jurisdiccional remitente, el fiscal, en su condición de «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, controla el cumplimiento de los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad, y que el juez que dictó la orden de detención nacional en la que se basa la orden de detención europea referida no lleva a cabo un control de ese tipo de la orden de detención europea, sino que únicamente comprueba si se cumplen los requisitos para dictar esa orden de detención nacional, en particular, su proporcionalidad.

70      Según la valoración efectuada por el órgano jurisdiccional remitente, de esas indicaciones se deduce que ni ese juez ni ningún otro órgano jurisdiccional nacional controla, antes de la entrega de la persona buscada, si los requisitos de emisión de la orden de detención europea son conformes con el principio de proporcionalidad.

71      En cambio, de la resolución de remisión no se desprende claramente que el Derecho griego prevea la existencia de un recurso judicial tras la entrega de la persona buscada que permita a un juez llevar a cabo el control de los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad.

72      En consecuencia, parece que tal régimen solo sería conforme con las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva derivadas del artículo 47 de la Carta si en el Estado miembro emisor se previera tal recurso judicial, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, solicitando, en su caso, a la autoridad judicial emisora, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584, que le facilite urgentemente toda la información complementaria necesaria.

73      Por lo tanto, la ejecución de la orden de detención europea controvertida en el litigio principal, en la medida en que se emitió a efectos del ejercicio de acciones penales, solo debería denegarse si no existe dicho recurso.

74      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco 2002/584, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una orden de detención europea ha sido dictada por un fiscal que constituye una «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión Marco, a efectos del ejercicio de acciones penales y de la ejecución de penas privativas de libertad, se cumplen las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de la que debe disfrutar la persona buscada aun cuando, por una parte, la decisión de ese fiscal de emitir dicha orden de detención europea no pueda ser objeto de un recurso judicial en el Estado miembro emisor antes de la entrega de esta persona y, por otra parte, la referida orden de detención europea se base, en la medida en que tiene por finalidad el ejercicio de acciones penales, en una orden de detención nacional emitida por un juez que no haya efectuado un control de los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad, y cuya decisión tampoco pueda ser objeto de recurso antes de dicha entrega, siempre que, después de ella, se prevea, en el Estado miembro emisor, un recurso judicial que garantice el control de los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad.

 Costas

75      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) resuelve:

El artículo 8, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que,

cuando una orden de detención europea ha sido dictada por un fiscal que constituye una «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión Marco, a efectos del ejercicio de acciones penales y de la ejecución de penas privativas de libertad, se cumplen las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de la que debe disfrutar la persona buscada aun cuando, por una parte, la decisión de ese fiscal de emitir dicha orden de detención europea no pueda ser objeto de un recurso judicial en el Estado miembro emisor antes de la entrega de esta persona y, por otra parte, la referida orden de detención europea se base, en la medida en que tiene por finalidad el ejercicio de acciones penales, en una orden de detención nacional emitida por un juez que no haya efectuado un control de los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad, y cuya decisión tampoco pueda ser objeto de recurso antes de dicha entrega, siempre que, después de ella, se prevea, en el Estado miembro emisor, un recurso judicial que garantice el control de los requisitos de emisión de la orden de detención europea, en particular, de su proporcionalidad.

Firmas

*      Lengua de procedimiento: neerlandés.

i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.