1.

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE.  ( 2 )

2.

Esta petición de decisión prejudicial se ha presentado en el marco de un litigio derivado de un procedimiento concursal entre R. S., un consumidor en concurso personal, y sus acreedores, entre ellos un banco, G. spółka akcyjna, con sede en W. (en lo sucesivo, «banco G.»), relativo a la determinación de un plan de pago a los acreedores.

3.

Se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la cuestión de la facultad de un juez nacional de examinar de oficio el posible carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera, celebrado entre la persona concursada y el banco G., y de ordenar, en su caso, medidas cautelares para proteger los derechos que la Directiva 93/13 confiere al consumidor.

4.

Si bien esta cuestión ya es conocida por el Tribunal de Justicia, el caso de autos presenta ciertas particularidades. La petición de decisión prejudicial ha sido planteada, en el marco de un procedimiento concursal relativo a personas físicas que no ejercen una actividad económica, por un órgano jurisdiccional (el tribunal del concurso) al que corresponde establecer, sobre la base de una lista de créditos aprobada por otro órgano jurisdiccional (el juez comisario), un plan de pago de los acreedores o declarar que los activos ya acumulados en la masa del concurso son suficientes para satisfacer todas las deudas.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

5.

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 tiene el siguiente tenor:

6.

El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva dispone:

Derecho polaco

Ley Concursal

7.

El procedimiento concursal está regulado por la ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe (Ley Concursal), de 28 de febrero de 2003 (Dz. U. de 2019, posición 498), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley Concursal»).

8.

De conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Ley Concursal, el procedimiento establecido por dicha Ley con respecto a las personas físicas que no ejercen una actividad económica se desarrollará de modo que permita la exoneración de las deudas del concursado no ejecutadas en el procedimiento concursal y, en la medida de lo posible, satisfacer al máximo los créditos de los acreedores.

9.

El artículo 61 de la citada Ley dispone que, a partir de la fecha de la declaración del concurso, el patrimonio de la persona concursada se convertirá en la masa activa del concurso, destinada a satisfacer a sus acreedores. Asimismo, con arreglo al artículo 62 de dicha Ley, la masa activa del concurso comprende el patrimonio perteneciente a la persona concursada en la fecha de declaración del concurso y el que adquiera durante el procedimiento concursal, sin perjuicio de las excepciones previstas en los artículos 63 a 67a de la misma Ley. Así, se desprende, en particular, del artículo 63, apartado 1, punto 2, de la Ley Concursal que la remuneración inembargable del concursado no está comprendida en la masa activa del concurso.

10.

Según el artículo 152, apartados 1 a 3, de la Ley Concursal, corresponde al juez comisario dirigir el procedimiento concursal, controlar los actos del administrador concursal, identificar los actos del administrador concursal que requieren el consentimiento del juez comisario o del comité de acreedores y señalar los incumplimientos que cometa el administrador concursal. El juez comisario realizará también los demás actos establecidos en esta Ley. El juez comisario y el administrador concursal podrán comunicarse entre sí sobre las cuestiones relativas al procedimiento concursal, de forma directa y por medios de comunicación directa a distancia, en particular por teléfono, fax o correo electrónico.

11.

El artículo 154 de la referida Ley dispone que el juez comisario, en el ámbito de su actuación, tendrá los derechos y las obligaciones del tribunal y del presidente del tribunal.

12.

El artículo 236 de la Ley Concursal establece:

13.

De conformidad con el artículo 241 de la Ley Concursal, si la comunicación del crédito cumple determinados requisitos de identificación e información, que se especifican en otros artículos de dicha Ley, el juez comisario remitirá inmediatamente, y a más tardar en un plazo de quince días, una copia de dicha comunicación al administrador concursal.

14.

El artículo 243 de la citada Ley prevé que el administrador concursal comprobará si el crédito comunicado está respaldado por la contabilidad u otros documentos del concursado, o por inscripciones en el registro de la propiedad o en otros registros, e invitará al concursado a aportar, en un plazo determinado, una declaración en la que indique si reconoce el crédito. El artículo 244 de la misma Ley dispone que, tras la expiración del plazo para la comunicación de créditos y la comprobación de los créditos comunicados, el administrador concursal elaborará sin demora la lista de créditos, a más tardar dos meses después del final del plazo para comunicar los créditos.

15.

Según el artículo 245, apartados 2 y 4, de la Ley Concursal, si el administrador concursal rechaza total o parcialmente las comunicaciones de un acreedor, indicará los motivos para ello en una sección distinta. Estos motivos comprenderán la indicación de los hechos que dieron origen al crédito y de los documentos correspondientes. El administrador concursal incluirá también en la lista de créditos, en su caso, las declaraciones del concursado y sus razones, o una mención indicando que este no presentó tales declaraciones ni las razones correspondientes.

16.

Con arreglo al artículo 255, apartado 2, de la Ley Concursal, será objeto de publicación la fecha de presentación de la lista. A tenor del artículo 256 de dicha Ley, en un plazo de dos semanas a partir de la publicación de la lista de créditos, el concursado tendrá derecho a formular oposición ante el juez comisario, en la medida en que el proyecto no se ajuste a sus peticiones o declaraciones. De este mismo artículo se desprende que, si el concursado no presentó declaraciones cuando se le invitó a ello, solo podrá formular oposición si demuestra que no lo hizo por razones ajenas a su voluntad.

17.

Conforme al artículo 260, apartado 2, de dicha Ley, cuando no se formule oposición, el juez comisario aprobará la lista de créditos tras la expiración del plazo de oposición.

18.

El artículo 261 de la citada Ley prevé que el juez comisario podrá modificar de oficio la lista de créditos si constata que se han incluido en ella créditos total o parcialmente inexistentes o que no han sido incluidos créditos que deberían figurar en dicha lista; ese artículo dispone asimismo que la resolución de modificación de la lista será publicada de oficio y que dicha resolución podrá ser recurrida.

19.

El artículo 264, apartados 1 a 3, de la referida Ley establece que, al término del procedimiento concursal o en caso de sobreseimiento, el extracto de la lista de créditos aprobada por el juez comisario, que indicará el crédito y el importe del mismo percibido por el acreedor, constituirá un título ejecutivo que podrá hacerse valer ante el concursado. El concursado podrá solicitar que se declare que un crédito incluido en la lista de créditos no existe o tiene un valor inferior, siempre que no haya reconocido el crédito comunicado en el procedimiento concursal y no se haya dictado aún una resolución judicial firme al respecto. Tras la inserción de una apostilla ejecutiva en el extracto de la lista de créditos, el concursado podrá alegar que un crédito incluido en la lista de créditos no existe o tiene un valor inferior a través de una acción dirigida a impedir la ejecución del título ejecutivo.

20.

El artículo 49114, apartados 1 a 3, de la Ley Concursal prevé que, tras la ejecución del plan definitivo de distribución o cuando, debido a la insuficiencia del patrimonio del concursado, no se haya establecido un plan de distribución, el tribunal establecerá, después de la aprobación de la lista de créditos y una vez oídos el concursado, el administrador concursal y los acreedores, un plan de pago a los acreedores. Si la situación personal del concursado indica claramente que no podrá efectuar ningún pago en el marco del plan de pago a los acreedores, el tribunal acordará la exoneración de las deudas del concursado sin elaborar un plan de pago a los acreedores. La resolución del tribunal del concurso por la que se establece el plan de pago a los acreedores o se acuerda la exoneración de las deudas del concursado sin establecer un plan de pago a los acreedores se notificará a los acreedores y será susceptible de recurso. Cuando esta resolución adquiera fuerza de cosa juzgada, el procedimiento finalizará.

21.

De conformidad con el artículo 49115, apartados 1 y 4, de la misma Ley, en la resolución relativa al establecimiento del plan de pago a los acreedores, el tribunal precisará en qué medida y en qué plazo, no superior a treinta y seis meses, el concursado deberá satisfacer las deudas reconocidas en la lista de créditos, no ejecutadas durante el procedimiento sobre la base del plan de distribución, y qué parte de las deudas del concursado vencidas antes de la declaración del concurso quedará exonerada tras la ejecución del plan de pago a los acreedores. El tribunal no estará vinculado por la posición del concursado acerca de los términos del plan de pago a los acreedores. Para elaborar el plan de pago a los acreedores, el tribunal tendrá en cuenta la capacidad de generar ingresos del concursado, la necesidad del concursado y de las personas a su cargo de subvenir a sus necesidades, incluidas sus necesidades en materia de vivienda, el importe de los créditos no satisfechos y la posibilidad real de satisfacerlos con posterioridad.

Código de Trabajo

22.

El artículo 87 de la ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Ley relativa al Código de Trabajo), de 26 de junio de 1974 (Dz. U. de 2022, posición 1510), en su versión modificada, dispone, en particular, que, en caso de ejecución de otras deudas o de compensación por los importes anticipados por el empresario para cubrir gastos profesionales, podrán practicarse retenciones hasta la mitad del salario.

Hechos, procedimiento principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

23.

El 30 de marzo de 2007, R. S. celebró junto con su cónyuge y otras dos personas físicas un contrato de préstamo hipotecario indexado al franco suizo (CHF) con el banco G., por un importe de 489 821,63 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 126 673 euros) y por un plazo de 360 meses. En virtud de la indexación del préstamo, los prestatarios se comprometieron a reembolsar al banco G. un importe de 211 952,23 CHF (aproximadamente 130 456 euros).  ( 3 )

24.

Mediante resolución de 15 de octubre de 2019, el Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de Distrito de Lodz, Centro, Polonia), XIV Sala Mercantil para Asuntos de Concursos y Reestructuraciones, declaró el concurso personal de R. S. Se designó a un administrador concursal, P. C., y a un juez comisario.

25.

A continuación, el administrador concursal elaboró una lista de créditos, que fue aprobada por resolución de 26 de abril de 2021 del juez comisario. El crédito del banco G., en virtud del contrato de préstamo en cuestión, fue incluido en dicha lista. R. S. reconoció todos los créditos y no formuló oposición contra dicha lista. El juez comisario no introdujo tampoco de oficio ninguna modificación en la lista.

26.

El 20 de julio de 2023, se declaró el concurso del banco G. y se continuó la tramitación del procedimiento con el administrador concursal de este.

27.

En el estado actual del procedimiento concursal, incumbe al Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de Distrito de Lodz, Centro), órgano jurisdiccional remitente, establecer, sobre la base de la lista de créditos elaborada, un plan de pago a los acreedores de R. S., en función de su capacidad de generar ingresos y del importe de las deudas no satisfechas, o declarar que los activos ya acumulados en la masa activa del concurso son suficientes para satisfacer todas sus deudas, de modo que no es necesario un plan de pago.

28.

El órgano jurisdiccional remitente estima, sin embargo, que el contrato de préstamo del que se derivan los créditos del banco G. contiene cláusulas abusivas que pueden acarrear la nulidad de dicho contrato y señala que el administrador concursal y el juez comisario no han comprobaron previamente esta cuestión. Así pues, los créditos de ese banco podrían haberse ya satisfecho.  ( 4 )

29.

Según el órgano jurisdiccional remitente, si bien el concursado reconoció todos los créditos, de los autos del procedimiento concursal no se desprende que hubiera sido informado del posible carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo de que se trata ni que hubiera declarado con pleno conocimiento de causa que no solicitaba la protección que le confería la Directiva 93/13. Por el contrario, una vez finalizada la vista ante ese órgano jurisdiccional, el representante jurídico del concursado, que le representaba desde el 3 de noviembre de 2022, presentó un escrito en el que señaló la posible nulidad de dicho contrato por la existencia de cláusulas abusivas, por lo que las cantidades que debían reembolsarse podrían ser revisadas a la baja.

30.

El órgano jurisdiccional remitente indica que, en los procedimientos concursales, es difícil determinar el órgano competente para examinar, en su caso, el posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales de las que proceden los créditos comunicados en el marco del procedimiento concursal. En efecto, el administrador concursal remite la lista de créditos al juez comisario que, en principio, no los examina en cuanto al fondo. Es cierto que el juez comisario tiene la posibilidad de modificar de oficio la lista de créditos. Sin embargo, a falta de oposición por parte del concursado o de los acreedores, o sin una actuación de oficio del juez comisario, una vez aprobada dicha lista, el tribunal del concurso queda vinculado por ella.

31.

De este modo, las disposiciones aplicables del Derecho nacional no permiten al tribunal del concurso, cuando establece un plan de pago a los acreedores, examinar por sí mismo el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Únicamente puede suspender el procedimiento y remitir la cuestión al juez comisario, que dispone, con arreglo al Derecho nacional, de la facultad de modificar de oficio la lista de créditos.

32.

Pues bien, durante todo ese procedimiento y hasta que adquiera fuerza de cosa juzgada la resolución del tribunal del concurso por la que se establece un plan de pago a los acreedores, la masa activa del concurso continúa alimentándose con las retenciones automáticas practicadas sobre el salario del concursado. En el caso de autos, desde la declaración del concurso, se retenía automáticamente el 50 % del salario del concursado, para incorporarlo a la masa activa del concurso, de modo que, tras las retenciones, el concursado disponía de 3 500 PLN (aproximadamente 754 euros),  ( 5 ) y la eventual cantidad excedente no se le podría devolver hasta la conclusión del procedimiento concursal.

33.

Además, con arreglo al Derecho nacional el tribunal del concurso y el juez comisario no pueden ajustar en modo alguno la cuantía de estas retenciones. Solo el tribunal del concurso, en caso de establecimiento de un plan de pago a los acreedores, puede tener en cuenta la situación personal del concursado, sus necesidades económicas y las de su familia cercana, y decidir que la cantidad mensual que ha de reservarse para el pago de las deudas tras la conclusión del procedimiento se fije, en su caso, en un importe inferior a las retenciones sobre su salario.

34.

No obstante, según el órgano jurisdiccional remitente, por una parte, la remisión de la cuestión del carácter abusivo de las cláusulas contractuales al juez comisario supondría una demora en la tramitación del asunto, por cuanto el tribunal, en la vista señalada para determinar el plan de pago a los acreedores, dispone ya, por lo general, de toda la información necesaria para apreciar esta cuestión. La decisión de realizar tal modificación es, además, una facultad discrecional del juez comisario y la resolución que este adopte al respecto podrá recurrirse ante el tribunal del concurso.

35.

Por otra parte, el concursado alegó que el importe del salario que conserva después de la retención es insuficiente para subvenir a sus necesidades y las de su familia.

36.

En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente considera que el concursado podría verse disuadido de solicitar la protección que se deriva de la Directiva 93/13. Si no solicita dicha protección, el tribunal del concurso podría elaborar con mayor rapidez un plan de pago que tenga en cuenta sus necesidades y las de su familia cercana, lo que probablemente implicaría un reembolso de cuantías inferiores a las cantidades que actualmente se retienen sobre su salario. Sin embargo, ello supondría aceptar que la lista de créditos comprende el préstamo frente al banco G. en su totalidad.

37.

En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de Distrito de Lodz, Centro) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

38.

Han presentado observaciones escritas el Gobierno polaco, el administrador concursal del banco, el administrador concursal del concursado y la Comisión Europea. El Gobierno polaco, el administrador concursal del banco y la Comisión presentaron también sus observaciones orales en la vista pública que se celebró el 14 de noviembre de 2024.

Análisis

39.

La esencia del problema planteado por el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto radica en que, en primer lugar, habida cuenta del desarrollo del procedimiento concursal de las personas físicas que no ejercen una actividad económica, una vez que la lista de créditos ha sido aprobada mediante una resolución del juez comisario, que es a su vez un órgano jurisdiccional, y se ha entablado el procedimiento ante el tribunal del concurso, este último está vinculado por dicha lista.

40.

Ahora bien, aunque el administrador concursal examina en principio los créditos en cuanto al fondo y aunque el juez comisario dispone de la facultad de examinarlos de nuevo y modificar de oficio la lista de créditos, este último no está obligado a hacerlo. Así, el órgano jurisdiccional remitente indicó que el juez comisario solo examina, por lo general, los créditos comunicados desde un punto de vista formal.  ( 6 ) En cualquier caso, en el presente asunto, no se cuestiona que el administrador concursal y el juez comisario no examinaron el contrato de préstamo hipotecario celebrado entre el concursado y el banco G. desde el punto de vista de la protección contra las cláusulas abusivas que confiere la Directiva 93/13.

41.

En la fase de la elaboración del plan de pago a los acreedores, el tribunal del concurso que, de oficio o a instancia de un consumidor, tenga dudas sobre el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato del que proceda un crédito comunicado en el marco del procedimiento concursal no puede apreciar el carácter abusivo de esas cláusulas ni modificar la lista de créditos en consecuencia, aun cuando tal examen no se hubiera realizado previamente.

42.

En cambio, el tribunal del concurso puede suspender el procedimiento y remitir la cuestión del carácter abusivo de las cláusulas contractuales al juez comisario, en virtud de su facultad de modificar de oficio la lista de créditos. La resolución que adopte el juez comisario a raíz de esa remisión puede ser recurrida ante el tribunal del concurso. Sin embargo, la modificación de la lista de créditos se deja a la apreciación del juez comisario, quien no está vinculado por la posición del tribunal del concurso al respecto.

43.

En segundo lugar, a lo largo de toda la duración del procedimiento concursal, no es posible adoptar ninguna medida cautelar para ajustar, en su caso, la cantidad del salario que es objeto de retención.

44.

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente planteó las dos cuestiones prejudiciales, que abordaré sucesivamente exponiendo también los principios generales enunciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha tenido numerosas ocasiones de pronunciarse sobre la cuestión del examen de oficio del carácter abusivo de cláusulas contractuales y, en menor medida, sobre la adopción de medidas cautelares en el contexto de la protección de los consumidores.

Sobre la primera cuestión prejudicial, relativa al examen de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales

45.

A la luz de la motivación expuesta por el órgano jurisdiccional remitente, tal como se desprende de la petición de decisión prejudicial, y del núcleo del problema que se ha expuesto en los puntos 39 a 42 de las presentes conclusiones, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente propongo reformular la primera cuestión prejudicial  ( 7 ) de manera que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la cuestión de si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en un procedimiento concursal, dispone que, una vez que la lista de créditos ha sido aprobada por un órgano jurisdiccional y se ha iniciado el procedimiento ante el tribunal del concurso, este último está vinculado por dicha lista, de modo que no puede apreciar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales ni modificar dicha lista en consecuencia, sino que debe, en su caso, suspender el procedimiento y remitir la cuestión del posible carácter abusivo de tales cláusulas al citado órgano jurisdiccional.

46.

Con carácter preliminar, procede recordar que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en su contenido.  ( 8 )

47.

Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor.  ( 9 ) Además, el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, en relación con su vigesimocuarto considerando, impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.

48.

El Tribunal de Justicia ha subrayado, además, que la situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional solo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato, del juez nacional que conoce de tales litigios.  ( 10 ) El Tribunal de Justicia ha declarado así, incluso en el contexto de un procedimiento concursal, que, en el marco de las funciones que incumben al juez nacional, este deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional tan pronto como disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello.  ( 11 )

49.

Como el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar respecto a los procedimientos de ejecución nacionales, tales como los procedimientos de ejecución hipotecaria,  ( 12 ) un procedimiento concursal nacional está sujeto a las exigencias que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que tienen por objeto garantizar la protección efectiva de los consumidores.

50.

Además, el juez nacional debe, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, deducir todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de la comprobación del carácter abusivo de una cláusula a fin de evitar que la mencionada cláusula vincule al consumidor, lo que implica abstenerse de aplicar la cláusula declarada abusiva con el fin de que no produzca efectos vinculantes frente a ese consumidor, y que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que este se encontraría de no haber existido dicha cláusula.  ( 13 )

51.

Se desprende, asimismo, de la jurisprudencia que, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en esta materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal, designar los tribunales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. A este respecto, tal regulación procesal no debe ser menos favorable que la de los recursos similares de Derecho interno (principio de equivalencia) y no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad).  ( 14 )

52.

En el presente asunto, no se desprende de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente que la legislación polaca se aplique de manera distinta dependiendo de que un litigio verse sobre derechos basados en el Derecho nacional o derechos basados en el Derecho de la Unión, de modo que el análisis que sigue se referirá exclusivamente a la conformidad de la normativa nacional controvertida con el principio de efectividad.

53.

Por cuanto se refiere al principio de efectividad, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa la citada disposición dentro del conjunto del procedimiento, así como el desarrollo y las peculiaridades de este vistas como un todo, y, en su caso, los principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento.  ( 15 )

54.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, examinaré, en primer lugar, la cuestión de la remisión al juez comisario de la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales a la luz de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13. A continuación, me centraré en responder a determinadas alegaciones formuladas fundamentalmente por el administrador concursal del banco y por el administrador concursal del concursado, según las cuales el concursado dispuso, durante el procedimiento concursal, de la oportunidad de invocar el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de préstamo de que se trata, de modo que debe considerarse que permaneció totalmente pasivo o incluso que renunció con conocimiento de causa a acogerse a la protección que le confiere la Directiva 93/13. Por último, propondré al Tribunal de Justicia una respuesta a la primera cuestión prejudicial a la luz de todos los elementos expuestos y teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal.

Sobre la remisión al juez comisario de la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales a la luz del principio de efectividad

55.

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el hecho de exigir un comportamiento activo del consumidor y la tramitación de un procedimiento contradictorio separado,  ( 16 ) o que un procedimiento particular implique determinados requisitos procesales que el consumidor debe cumplir para hacer valer sus derechos,  ( 17 ) no significa, sin embargo, que no tenga reconocida una tutela judicial efectiva.

56.

Por tanto, se suscita la cuestión de determinar en qué medida una nueva intervención del juez comisario puede garantizar al consumidor una tutela judicial efectiva y cumplir los requisitos enunciados en los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.

57.

En el caso de autos, es preciso constatar que, según se desprende de la petición de decisión prejudicial, el juez comisario, al que se remite la cuestión del carácter abusivo de las cláusulas contractuales con el fin de modificar, en su caso, la lista de créditos en consecuencia, no está vinculado por la opinión del tribunal del concurso en cuanto al carácter abusivo de las cláusulas en cuestión y puede decidir que no procede modificar dicha lista. Además, las normas aplicables del Derecho nacional no prevén que el juez comisario deba apreciar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales ni que el tribunal del concurso pueda obligarle a ello. Así pues, la apreciación del posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales en la nueva intervención del juez comisario está sujeta a un determinado grado de incertidumbre.

58.

Se desprende, asimismo, de los autos que la resolución que dicte el juez comisario es susceptible de recurso ante el tribunal del concurso, que dispone entonces de competencia para examinar de nuevo el carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contractuales.  ( 18 ) Por tanto, en caso de recurso contra la resolución del juez comisario, correspondería indefectiblemente al tribunal del concurso, al final de este «ping‑pong judicial»,  ( 19 ) resolver la cuestión del carácter abusivo de las cláusulas en cuestión y de la modificación de la lista de créditos.

59.

Se añade a la incertidumbre antes mencionada, como recalca el órgano jurisdiccional remitente, una demora injustificada en la tramitación del asunto, pues este órgano jurisdiccional dispone ya de todos los elementos de hecho y de Derecho que le permiten apreciar el posible carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo en cuestión.

60.

Debo observar, además, que, según el órgano jurisdiccional remitente, la decisión de suspender el procedimiento y remitir la cuestión del carácter abusivo de las cláusulas contractuales al juez comisario tiene como consecuencia que, mientras dure el eventual examen de esta cuestión por este último, la mitad del salario del concursado continúa siendo retenida para alimentar la masa activa del concurso. En el caso de autos, el concursado alegó que el importe del salario restante después de la retención es insuficiente para subvenir a sus necesidades y las de su familia. Las disposiciones aplicables al procedimiento concursal que el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto no permiten al tribunal del concurso ni al juez comisario ajustar la cantidad retenida.  ( 20 ) Efectivamente, como he recordado antes,  ( 21 ) únicamente en el momento de establecer el plan de pago a los acreedores puede el tribunal del concurso tener en cuenta la situación personal del concursado y fijar, en su resolución relativa a la determinación del plan de pago que pone fin al procedimiento concursal, un reembolso por un importe mensual inferior.

61.

A este respecto, se desprende de la jurisprudencia que la protección que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores se extiende a los supuestos en los que el consumidor que haya celebrado con un profesional un contrato en el que figure una cláusula abusiva no invoque el carácter abusivo de dicha cláusula, en particular porque los gastos que acarrea el ejercicio de una acción ante los tribunales le disuadan de defenderlos,  ( 22 ) o cuando exista un riesgo no desdeñable de que no formule la oposición requerida por los costes que ello implicaría en relación con la cuantía de la deuda litigiosa, que pueden disuadir al consumidor de acudir al juez con el fin de que examine el carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contractuales.  ( 23 )

62.

En el marco de un procedimiento concursal como el del caso de autos, existe, en mi opinión, un riesgo no desdeñable de que el concursado, que se encuentra ya en una situación económica precaria, se vea disuadido de hacer valer los derechos que le confiere la Directiva 93/13. Así sucede, en efecto, cuando el tribunal del concurso, que alberga dudas acerca del carácter abusivo de determinadas cláusulas contractuales, no puede más que suspender el procedimiento y remitir la cuestión al juez comisario, lo que prolonga el procedimiento y mantiene durante un tiempo adicional al concursado en una situación en la que su salario sigue siendo objeto de retenciones automáticas que no es posible ajustar, máxime cuando no está garantizado que el juez comisario lleve a cabo el examen del carácter abusivo de las cláusulas controvertidas.

63.

Si la cuestión del carácter abusivo de determinadas cláusulas ya ha sido remitida al juez comisario por el tribunal del concurso, de oficio o a instancia del concursado, el concursado puede verse también disuadido de interponer un recurso contra la resolución del juez comisario, con el fin de no retrasar más aún el momento en que el tribunal del concurso pueda tomar en consideración sus dificultades económicas al establecer el plan de pago a los acreedores, aunque ello implique que el crédito controvertido se mantenga en su totalidad.

64.

En estas circunstancias, considero que el procedimiento concursal controvertido en el litigio principal pone en peligro la realización del objetivo perseguido por la Directiva 93/13 y resulta contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las características específicas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre los profesionales y los consumidores, en el marco del Derecho nacional, no pueden constituir un factor que afecte a la protección jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la Directiva 93/13.  ( 24 )

65.

Ha de considerarse que el carácter hipotético del examen de la abusividad de las cláusulas contractuales por un órgano jurisdiccional es insuficiente para garantizar la plena efectividad de la protección del consumidor que persigue la Directiva 93/13. Es preciso que dicho control se lleve a cabo, en su caso de oficio, por el primer órgano jurisdiccional que intervenga en el procedimiento o por el segundo órgano jurisdiccional, y que no exista un riesgo significativo de que el consumidor renuncie a invocar la protección contra las cláusulas abusivas en virtud de la Directiva 93/13, protección que debe ser concreta y efectiva, y no teórica o ilusoria.

66.

Por consiguiente, en las circunstancias del presente asunto y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, existen sólidos indicios de que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a la aplicación de las normas procesales nacionales controvertidas, ya que dichas normas no constituyen, en mi opinión, un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, por lo que la protección del consumidor es incompleta e insuficiente.

67.

A mi juicio, esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, si no se formula oposición contra la resolución por la que el juez comisario aprueba inicialmente la lista de créditos, esta adquiere fuerza de cosa juzgada, como alegó en la vista el administrador concursal del banco.

68.

Es cierto que el principio de fuerza de cosa juzgada reviste una importancia indudable tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, y el Tribunal de Justicia ha precisado en numerosas ocasiones que, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos.  ( 25 )

69.

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha admitido que la protección del consumidor no es absoluta. Más concretamente, ha considerado que el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar la infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13, siempre que, no obstante, se respeten los principios de equivalencia y efectividad,  ( 26 ) y siempre que no exista un riesgo no desdeñable de que el consumidor no interponga recurso en el plazo previsto al efecto.  ( 27 )

70.

El Tribunal de Justicia ha señalado, asimismo, que, habida cuenta de la naturaleza y de la importancia del interés público que subyace a la protección que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores, una normativa nacional según la cual se considera que se ha realizado un examen de oficio del carácter abusivo de las cláusulas contractuales y que este tiene fuerza de cosa juzgada aun en ausencia de cualquier motivación al efecto en una resolución puede vaciar de contenido la obligación que incumbe al juez nacional de proceder a un examen de oficio del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales.  ( 28 )

71.

Según el Tribunal de Justicia, a falta de un motivo que acredite la existencia de un control del carácter abusivo de las cláusulas contractuales en cuestión, el consumidor no es informado de la existencia de dicho control ni, al menos sucintamente, de los motivos en virtud de los cuales un órgano jurisdiccional estimó que las cláusulas controvertidas no tenían carácter abusivo. Pues bien, no podría garantizarse un control eficaz del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales, tal como se exige en la Directiva 93/13, si la fuerza de cosa juzgada se extendiera también a las resoluciones judiciales que no mencionan tal control.  ( 29 )

72.

En tales casos, la exigencia de la tutela judicial efectiva requiere que el juez que conoce del asunto con posterioridad pueda apreciar, incluso por primera vez, el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales sobre las que se fundamenta una resolución dictada previamente por un juez a instancia de un acreedor y contra la cual el deudor no ha formulado oposición.  ( 30 )

73.

A la luz de esta jurisprudencia, considero que, en las circunstancias del litigio principal, en caso de que exista una resolución del juez comisario con fuerza de cosa juzgada, sin que se haya examinado el carácter abusivo de cláusulas contractuales en las que se basa un crédito del concurso, la Directiva 93/13 exige al tribunal del concurso apreciar, de oficio o a instancia de parte, siempre que disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas y deducir de ello las conclusiones necesarias.

74.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo podría ser de otro modo si el juez comisario hubiera indicado expresamente haber examinado el carácter abusivo de las cláusulas contractuales controvertidas y que ese examen, motivado al menos sucintamente, no había puesto de manifiesto la existencia de ninguna cláusula abusiva, precisando, además, en su caso, que la apreciación efectuada por el juez comisario al término de dicho examen no podía ya cuestionarse de no interponerse recurso en el plazo señalado al efecto. Ahora bien, no se discute que no sucede así en el presente asunto.

Sobre la pasividad del concursado ante otras posibilidades de hacer valer los derechos conferidos por la Directiva 93/13

75.

Es cierto que, según la jurisprudencia, el respeto del principio de efectividad no puede llegar hasta el extremo de suplir íntegramente la total pasividad del consumidor interesado.  ( 31 ) A este respecto, es importante subrayar que, en la sentencia Asturcom,  ( 32 ) el Tribunal de Justicia se refirió por primera vez a este límite expreso a la intervención de oficio de un órgano jurisdiccional nacional en relación con la protección que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores. Es también el único asunto en el que el Tribunal de Justicia extrajo directamente consecuencias de esta constatación.  ( 33 ) En dicho asunto, la cuestión del carácter abusivo de una cláusula arbitral se había planteado ante el juez encargado de la ejecución forzosa de un laudo firme. El Tribunal de Justicia declaró que el respeto del principio de efectividad no podía llegar, en circunstancias como las del caso de autos, hasta el extremo de exigir que un órgano jurisdiccional nacional deba no solo subsanar una omisión procesal de un consumidor que desconoce sus derechos, sino también suplir íntegramente la absoluta pasividad del consumidor interesado que ni había participado en el procedimiento arbitral ni había comparecido ante el árbitro ni había ejercitado una acción de anulación en el plazo de dos meses previsto por la normativa nacional contra el laudo arbitral que, en consecuencia, adquirió firmeza.

76.

Dicho lo anterior, considero que las circunstancias del presente asunto son diferentes de las que llevaron al Tribunal de Justicia a esta conclusión en la sentencia Asturcom. En el caso de autos, el concursado participó en el procedimiento concursal y compareció, a través de su representante jurídico, ante el tribunal del concurso. Además, dicho representante, después de la vista celebrada ante el tribunal del concurso, presentó un documento con el fin de que se declarara el carácter abusivo de determinadas cláusulas del contrato de préstamo controvertido, lo que hizo posible que el tribunal del concurso se preguntara sobre este particular.

77.

Es cierto que el concursado no formuló oposición contra la lista de créditos y no ejercitó ninguna acción para que se declarara la inexistencia del crédito litigioso.

78.

Sin embargo, no se le puede reprochar una pasividad total.

79.

Efectivamente, el Tribunal de Justicia ha matizado en numerosas ocasiones la postura adoptada en la sentencia Asturcom. Ha añadido en varias ocasiones, haciendo referencia a este criterio jurisprudencial sobre la pasividad total del consumidor, que es necesario examinar si, habida cuenta de las particularidades del procedimiento nacional de que se trate, existe un riesgo no desdeñable de que, en litigios iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, se disuada a estos últimos de hacer valer los derechos que la Directiva 93/13 les otorga, en particular debido al plazo particularmente breve previsto para interponer un recurso, o porque los costes que implica la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa puedan disuadirlos de defenderse, o incluso porque ignoran sus derechos o no perciben la amplitud de los mismos.  ( 34 )

80.

En el presente asunto, se desprende de los elementos obrantes en autos que, en el marco del procedimiento concursal de Derecho polaco, el concursado únicamente puede, en principio, formular oposición a la lista de créditos o ejercitar una acción por inexistencia de un crédito a condición de que previamente haya declarado ante el administrador concursal que no reconocía el crédito en cuestión. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que si el concursado hubiera comunicado al administrador concursal sus dudas acerca del carácter abusivo de las cláusulas contractuales, ello hubiera implicado sustanciar un procedimiento ante un órgano jurisdiccional ordinario,  ( 35 ) lo que habría prolongado el procedimiento concursal, durante el cual el salario del concursado hubiera seguido reteniéndose de forma automática, y habría generado costas judiciales adicionales.

81.

Además, al declarar que reconoce el crédito, el concursado pierde el derecho a invocar posteriormente la nulidad del contrato en el que se basa el crédito en cuestión. En la vista se confirmó que ese reconocimiento implica que el concursado reconoce tanto el importe del crédito como su fundamento jurídico. En cuanto al plazo dentro del cual el concursado puede presentar una declaración de reconocimiento o no reconocimiento del crédito, no hay ningún elemento en los autos que haga posible determinarlo y la Ley Concursal se limita a disponer que se trata de un «plazo determinado» comunicado por el administrador concursal.  ( 36 )

82.

El órgano jurisdiccional remitente indicó, asimismo, que la oposición contra la lista de créditos debe formularse en las dos semanas siguientes a la publicación de dicha lista y está supeditada al pago de la parte proporcional de las costas judiciales, que equivalen a un 5 % de la cuantía litigiosa, especificándose que no pueden ser inferiores a 30 PLN (aproximadamente 6 euros) ni superiores a 100 000 PLN (aproximadamente 22 000 euros)  ( 37 ) Dichas costas deben pagarse, además, con los propios recursos del concursado, procedentes de la parte remanente de su salario después de las retenciones.

83.

Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que un plazo de dos semanas es un plazo particularmente breve y genera un riesgo no desdeñable de que el consumidor no formule la oposición requerida,  ( 38 ) y que el hecho de que un deudor deba constituir una fianza cuyo importe se calcula en función de la cuantía litigiosa puede disuadirle de formular oposición.  ( 39 )

84.

Por último, no ha de olvidarse que el reconocimiento de la situación de inferioridad en que se halla el consumidor respecto al profesional en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información es el fundamento del sistema de protección que confiere la Directiva 93/13. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que es posible que los consumidores ignoren que una cláusula incluida en un contrato de préstamo hipotecario es abusiva o no perciban la amplitud de los derechos que les reconoce la Directiva 93/13,  ( 40 ) tanto en el momento del cumplimiento íntegro del contrato como con posterioridad.  ( 41 )

85.

Por tanto, el mero hecho de que la impugnación basada en el carácter abusivo de determinadas cláusulas del contrato de préstamo controvertido en el caso de autos no se haya producido hasta una fase avanzada del procedimiento concursal no basta, en mi opinión, para imputar un comportamiento totalmente pasivo al concursado.

86.

De lo anterior resulta que las condiciones de ejercicio del derecho a hacer valer la protección que confiere la Directiva 93/13 en el marco de un procedimiento concursal de Derecho polaco, tal como las ha expuesto el órgano jurisdiccional remitente, ponen de manifiesto elementos que pueden suscitar serias dudas en cuanto a la efectividad de los medios de control judicial disponibles. Así pues, a mi juicio, existe un riesgo no desdeñable de que un consumidor se abstenga de solicitar al administrador concursal la protección de que disfruta en virtud de la Directiva 93/13 porque ignore o no perciba el alcance de sus derechos, y se abstenga de formular oposición contra la lista de créditos porque los costes que implica esa oposición en relación con la cuantía de la deuda litigiosa pueden disuadirle de defenderse, siendo así, además, que la oposición debe formularse en un plazo particularmente breve. Por consiguiente, en estas circunstancias, no cabe considerar que el concursado haya dado muestras de una pasividad total en el sentido de la jurisprudencia recordada en el punto 75 de las presentes conclusiones.

Sobre la renuncia a hacer valer los derechos conferidos por la Directiva 93/13

87.

El Tribunal de Justicia ha precisado que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 no es preceptivo. El derecho a la tutela judicial efectiva del consumidor comprende la facultad de renunciar a hacer valer sus derechos, de forma que el juez nacional debe tener en cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter no vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, sin embargo, que es contrario a que esta se excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula.  ( 42 )

88.

En el caso de autos, nada apunta a que el concursado, en el momento en que el administrador concursal estableció la lista de créditos, fuera consciente del carácter no vinculante de determinadas cláusulas del contrato de préstamo controvertido y de las consecuencias que se derivaban de ello, de modo que renunciara, con conocimiento de causa, a hacer valer su carácter abusivo y la protección que le otorga la Directiva 93/13. Fue declarado en concurso de acreedores el 15 de octubre de 2019 y el juez comisario aprobó la lista de créditos en virtud de una resolución de 26 de abril de 2021. Pues bien, el concursado solo estuvo representado a partir del 3 de noviembre de 2022. Además, ese representante jurídico, tras la vista ante el tribunal del concurso, presentó un documento escrito en el que invocó el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de préstamo en cuestión.

89.

Por tanto, opino que, a falta del asesoramiento de un representante jurídico, no cabe deducir que, al reconocer ante el administrador concursal los créditos comunicados y no formular oposición ante el juez comisario, el concursado hubiera renunciado, de forma definitiva, libre e informada, a hacer valer el sistema de protección contra el uso de cláusulas abusivas por los profesionales que establece la Directiva 93/13 en beneficio de los consumidores.

Conclusión sobre la primera cuestión prejudicial

90.

Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, considero que las normas procesales polacas que regulan el procedimiento concursal, al menos del modo en que son aplicadas en la práctica jurídica polaca, pueden hacer excesivamente difícil a los concursados la aplicación de la protección que la Directiva 93/13 pretende conferirles y no cumplen las exigencias de la tutela judicial efectiva de los consumidores.

91.

Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en un procedimiento concursal, dispone que, una vez que la lista de créditos ha sido aprobada por una resolución de un órgano jurisdiccional, resolución de la que no resulta expresamente que se haya realizado un examen del carácter abusivo de las cláusulas contractuales, y una vez que se ha entablado el procedimiento ante el tribunal del concurso, este último está vinculado por dicha lista, de modo que no puede apreciar, de oficio o a instancia de un consumidor, el carácter abusivo de las cláusulas contractuales ni modificar dicha lista en consecuencia, sino que debe, en su caso, suspender el procedimiento y remitir la cuestión del posible carácter abusivo de tales cláusulas al citado órgano jurisdiccional.

Sobre la segunda cuestión prejudicial, relativa a la adopción de medidas cautelares

92.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que no permite la adopción de medidas cautelares en un procedimiento concursal, como el del presente asunto.

93.

Por lo que se refiere a la cuestión de la concesión de medidas cautelares,  ( 43 ) cabe recordar que el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual. Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales procedimientos en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, a condición, no obstante, de que respeten los principios de equivalencia y efectividad.  ( 44 ) Como se ha indicado anteriormente, el análisis que sigue se centrará en el principio de efectividad, que es el único que es objeto de las preguntas del órgano jurisdiccional remitente.

94.

En lo atinente, en particular a las medidas cautelares solicitadas para hacer valer los derechos dimanantes de la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha considerado que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a una normativa nacional que no permite que el juez que conoce del fondo, competente para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual, adopte medidas cautelares, como la suspensión de un procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de la resolución que se ha de dictar sobre el carácter abusivo de cláusulas contractuales, pues tal normativa puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva.  ( 45 )

95.

Sin embargo, esta jurisprudencia se inscribe en un contexto particular. En efecto, sin esa posibilidad de adoptar medidas cautelares, la resolución final del juez que conoce del fondo del asunto por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual controvertida solo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.  ( 46 )

96.

De la misma manera, cuando el Tribunal de Justicia consideró que era necesario poder suspender una acción individual de un consumidor que solicitaba la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual a la espera de una sentencia firme relativa a una acción colectiva paralela pendiente cuya solución podía ser tomada en consideración respecto de la acción individual, existía el riesgo de que el consumidor abonase, a lo largo del proceso judicial de declaración de la nulidad de un contrato de préstamo hipotecario, cuya duración podía ser considerable, cuotas mensuales de un importe superior al que efectivamente debería abonar si se excluyera la aplicación de esa cláusula.  ( 47 )

97.

Asimismo, cuando la normativa nacional controvertida permitía la adopción de medidas cautelares, el Tribunal de Justicia precisó que la plena efectividad de la protección de los consumidores perseguida por la Directiva 93/13 requiere que dichas medidas se concedan de un modo que no pueda disuadir al consumidor de interponer y mantener una acción.  ( 48 )

98.

En otro asunto en el que la normativa nacional también admitía la concesión de medidas cautelares, aunque habitualmente eran denegadas, el Tribunal de Justicia señaló que, si el órgano jurisdiccional nacional considera, por un lado, que existen indicios suficientes de que las cláusulas contractuales controvertidas son abusivas y que resulta probable que se devuelvan las cantidades abonadas por el consumidor afectado en virtud del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal y, por otro, que, a falta de medidas cautelares que tengan por objeto la suspensión del pago de las cuotas mensuales adeudadas en virtud de dicho contrato, no puede garantizarse la plena eficacia de la resolución definitiva que recaiga sobre el fondo, extremo este que corresponderá apreciar al órgano jurisdiccional nacional teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto, dicho órgano jurisdiccional debe adoptar medidas cautelares consistentes en suspender la obligación del consumidor de efectuar pagos con fundamento en el citado contrato.  ( 49 )

99.

En el presente asunto, por una parte, la normativa polaca controvertida no admite la adopción de medidas cautelares para ajustar la situación de un consumidor concursado durante el procedimiento concursal.  ( 50 )

100.

Por otra parte, no existen riesgos de pago indebido a favor del acreedor con el que se celebró el contrato en el que figura la cláusula abusiva. Durante el procedimiento, el concursado no efectúa aún reembolsos a los acreedores. Los realizará cuando surta efecto el plan de pago establecido por el tribunal del concurso. Además, una vez que concluya el procedimiento concursal, el concursado recuperará las eventuales cantidades excedentes incorporadas a la masa activa del concurso.

101.

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que, teniendo en cuenta el importe de los fondos incorporados hasta ese momento a la masa activa del concurso y la cuantía de las deudas del concursado, puede resultar que esos fondos sean suficientes para satisfacer los créditos, con excepción del crédito litigioso. Pues bien, conviene tener presente que, en un procedimiento concursal, el consumidor concursado ya se encuentra en una situación precaria. Si bien puede recuperar las cantidades excedentes incorporadas a la masa activa del concurso, no es menos cierto que, a lo largo de todo el procedimiento concursal, se ve privado de una parte de su salario, sobre el que se practican retenciones automáticas, aun cuando los fondos que integran la masa activa del concurso sean suficientes para pagar a los acreedores, con excepción del acreedor que invoca un contrato en el que figuran ciertas cláusulas potencialmente abusivas. No cabe descartar que, en tal situación, las dificultades económicas del concursado se vean agravadas, lo que puede afectar también a su familia cercana.

102.

Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente no excluye que, de no concederse medidas cautelares para reducir las retenciones sobre el salario del concursado, ante la prolongación del procedimiento en caso de examen del carácter abusivo de las cláusulas contractuales y el riesgo de deterioro de su situación económica, existe un riesgo no desdeñable de que el concursado renuncie a ejercitar las acciones necesarias para acogerse a la protección que le otorga la Directiva 93/13 y se conforme con un plan de pago de importes inferiores a las cantidades retenidas sobre su salario, como se ha señalado en el punto 60 de las presentes conclusiones.

103.

La protección que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores y la consiguiente exigencia de una tutela judicial efectiva me parecen, por tanto, claramente incompletas cuando, no obstante el examen por un juez nacional, de oficio o a instancia del concursado, del carácter abusivo de las cláusulas contractuales, no es posible ajustar las retenciones sobre su salario, aun cuando los fondos que integran la masa activa del concurso puedan cubrir, o incluso superar, el importe de los créditos adeudados, con excepción del crédito litigioso.

104.

Incumbe, sin embargo, al juez nacional determinar si la adopción de medidas cautelares, consistentes en reducir las retenciones sobre el salario del concursado, es necesaria para garantizar al concursado la protección que le confiere la Directiva 93/13, la plena eficacia de la resolución que se ha de dictar relativa al carácter abusivo de las cláusulas en cuestión y el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho del concursado, en función de las circunstancias propias del caso de autos. Para ello, el juez nacional podrá tener en cuenta, en particular, la existencia de indicios suficientes de que las cláusulas contractuales de que se trata son abusivas, la posibilidad concreta de que la masa activa del concurso cuente ya con recursos suficientes para satisfacer a los acreedores, con excepción, en su caso, del crédito litigioso, así como la situación económica del concursado y el riesgo de que tenga que soportar una prolongación del procedimiento que podría dar lugar a un deterioro injustificado de su situación económica mientras espera la conclusión del procedimiento concursal.

105.

Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en un procedimiento concursal, no permite la adopción de medidas cautelares adecuadas, si la concesión de tales medidas es necesaria para garantizar la plena eficacia de la resolución que se ha de dictar sobre el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

Conclusión

106.

A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de Distrito de Lodz, Centro, Polonia) de la siguiente manera: