Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 16 de abril de 2026 (1)

Asunto C‑24/26 PPU [Casotta] (i)

Procedimiento penal

con intervención del:

Procuratore generale presso la Corte di Appello

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Roma (Tribunal de Apelación de Roma, Italia)]

« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva (UE) 2016/343 — Derecho a estar presente en el juicio — Sentencia condenatoria dictada en rebeldía — Procedimiento de revocación — Derecho a un nuevo juicio — Requisitos — Elusión del conocimiento del procedimiento inicial — Armonización mínima — Posibilidad de que los Estados miembros proporcionen un mayor grado de protección — Requisitos — Directiva 2012/297UE — Derecho de la víctima a participar en el procedimiento de revocación »

I. Introducción

1. Tal como se establece en la Directiva (UE) 2016/343 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, (2) el derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio se basa en el derecho a un juicio justo, que es uno de los principios básicos de una sociedad democrática.

2. Sin embargo, como precisa dicha Directiva, el derecho a estar presentes en el juicio no es absoluto. (3) Los Estados miembros pueden disponer que una sentencia dictada en rebeldía pueda ejecutarse sin necesidad de celebrar un nuevo juicio. No obstante, el requisito es que el interesado, debidamente informado, haya renunciado de manera voluntaria e inequívoca a estar presente en el juicio y que su ausencia sea, por lo tanto, resultado de una elección deliberada. (4) En cambio, si no se demuestra la existencia de tal elección, la ejecución de una sentencia dictada en rebeldía solo es posible a condición de que el interesado tenga derecho a un nuevo juicio si así lo solicita.

3. En el marco de la presente petición de decisión prejudicial, la Corte d’appello di Roma (Tribunal de Apelación de Roma, Italia) pretende que se dilucide si la Directiva 2016/343 se opone a una normativa nacional que no le permite, al examinar tal solicitud, tener en cuenta el comportamiento del acusado para examinar si este ha eludido deliberadamente conocer el proceso en su contra. En otras palabras, pregunta si el Derecho de la Unión no solo obliga a los Estados miembros a garantizar el derecho de defensa del interesado, sino también a prevenir un ejercicio abusivo de dicho derecho.

4. Además, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (5) se opone a una normativa nacional que no prevé, con ocasión del examen de una solicitud de celebración de un nuevo juicio tras dictarse una sentencia en rebeldía, ninguna información o participación a favor de la víctima del delito de que se trate.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1. Directiva 2012/29

5. Los considerandos 12, 20, 22, 26 y 31 de la Directiva 2012/29 exponen:

«(12) Los derechos establecidos en la presente Directiva se han de entender sin perjuicio de los derechos del infractor. […]

[…]

(20) El estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal y si pueden participar activamente en procesos penales varían de un Estado miembro a otro en función del sistema nacional, y está determinado por uno o más de los criterios siguientes […] Los Estados miembros deben decidir cuál de esos criterios se aplica para determinar el alcance de los derechos establecidos en la presente Directiva, en los casos en que se haga referencia al estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal correspondiente.

[…]

(22) El momento en que se presente una denuncia, a efectos de la presente Directiva, se considera el momento que entra en el ámbito del proceso penal. Ello ha de incluir, asimismo, las situaciones en que las autoridades inician de oficio procesos penales a resultas de un delito padecido por una víctima.

[…]

(26) Cuando se facilite información, se debe ofrecer el grado de detalle suficiente para garantizar que se trata a las víctimas de manera respetuosa y permitirles adoptar decisiones con conocimiento de causa sobre su participación en los procesos. A este respecto, es especialmente importante la información que permite a la víctima conocer la situación en que se encuentra cualquier procedimiento[.] […]

[…]

(31) El derecho a la información sobre la hora y el lugar de un juicio derivado de la denuncia de un delito padecido por la víctima debe aplicarse también a la información sobre la hora y el lugar de una audiencia relacionada con una apelación contra una sentencia en el caso.»

6. Los artículos 1, apartado 1, párrafo primero, 6, 10, 18 y 20, letra b), de la Directiva 2012/29 establecen lo siguiente:

«Artículo 1

Objetivos

1. La finalidad de la presente Directiva es garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales.

[…]

Artículo 6

Derecho a recibir información sobre su causa

1. Los Estados miembros garantizarán que se notifique a las víctimas sin retrasos innecesarios su derecho a recibir la siguiente información sobre el proceso penal iniciado a raíz de la denuncia de una infracción penal de la que hayan sido víctimas, y que, si lo solicitan, reciban dicha información:

a) cualquier decisión de no iniciar o de poner término a una investigación o de no procesar al infractor;

b) la hora y el lugar del juicio, y la naturaleza de los cargos contra el infractor.

2. Los Estados miembros garantizarán que, en función de su estatuto en el sistema judicial penal correspondiente, se notifique a las víctimas sin retrasos innecesarios su derecho a recibir la información siguiente sobre el proceso penal iniciado a raíz de la denuncia de una infracción penal de la que hayan sido víctimas, y que, si lo solicitan, reciban dicha información:

a) cualquier sentencia firme en un juicio;

b) información que permita a la víctima conocer en qué situación se encuentra el proceso penal, a menos que, en casos excepcionales, el correcto desarrollo de la causa pueda verse afectado por dicha notificación.

3. La información facilitada en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, letra a), y el apartado 2, letra a), incluirá los motivos o un breve resumen de los motivos de la decisión de que se trate, salvo en el caso de una decisión de un jurado o de una decisión con carácter confidencial, para las que el ordenamiento jurídico nacional no exija motivación.

4. El deseo de las víctimas de recibir o no información será vinculante para las autoridades competentes, a menos que sea obligatorio facilitar esa información en virtud del derecho de la víctima a participar de manera activa en el proceso penal. Los Estados miembros permitirán a las víctimas cambiar de opinión al respecto en cualquier momento, y tendrán en cuenta dicho cambio.

5. Los Estados miembros garantizarán que se brinde a las víctimas la oportunidad de que se les notifique, sin retrasos innecesarios, el hecho de que la persona privada de libertad, inculpada o condenada por las infracciones penales que les afecten haya sido puesta en libertad o se haya fugado. Además, los Estados miembros velarán por que se informe a las víctimas de cualquier medida pertinente tomada para su protección en caso de puesta en libertad o de fuga del infractor.

6. Las víctimas recibirán, si lo solicitan, la información contemplada en el apartado 5, al menos en los casos en que exista peligro o un riesgo concreto de daño para las víctimas, y a no ser que exista un riesgo concreto de daño para el infractor que pudiera resultar de la notificación.

[…]

Artículo 10

Derecho a ser oído

1. Los Estados miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba. […]

2. Las normas de procedimiento en virtud de las cuales las víctimas pueden ser oídas y pueden presentar pruebas durante el proceso penal se determinarán en el Derecho nacional.

[…]

Artículo 18

Derecho a la protección

Sin perjuicio de los derechos de la defensa, los Estados miembros velarán por que se dispongan medidas para proteger a las víctimas y a sus familiares frente a la victimización secundaria o reiterada, la intimidación o las represalias, incluido el riesgo de daños emocionales o psicológicos, y para proteger la dignidad de las víctimas durante la toma de declaración y cuando testifiquen. […]

[…]

Artículo 20

Derecho a la protección de las víctimas durante las investigaciones penales

Sin perjuicio de los derechos de la defensa y de conformidad con las normas relativas a la facultad de apreciación de los tribunales, los Estados miembros velarán por que durante las investigaciones penales:

[…]

b) el número de declaraciones de las víctimas sea el menor posible y solo se celebren cuando sea estrictamente necesario para los fines de las investigaciones penales[.]»

2. Directiva 2016/343

7. La Directiva 2016/343 se adoptó sobre la base del artículo 82 TFUE, apartado 2, letra b), y sus considerandos 3, 9, 10, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42 y 48 tienen el siguiente tenor:

«(3) Con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la cooperación judicial en materia penal en la Unión debe basarse en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras resoluciones judiciales.

[…]

(9) La finalidad de la presente Directiva consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y al derecho a estar presente en el juicio.

(10) Mediante el establecimiento de normas mínimas comunes sobre la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados, la presente Directiva tiene la finalidad de reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas mínimas comunes pueden suprimir también los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.

[…]

(33) El derecho a un juicio justo es uno de los principios básicos de una sociedad democrática. El derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio se basa en ese derecho y debe garantizarse en toda la Unión.

[…]

(35) El derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio no es absoluto. En determinadas circunstancias, los sospechosos y acusados han de poder renunciar a ese derecho, de manera expresa o tácita, pero siempre inequívoca.

(36) En determinadas circunstancias, debe poder pronunciarse una resolución de condena o absolución de un sospechoso o acusado, aun cuando la persona interesada no se encuentre presente en el juicio. Este puede ser el caso si el sospechoso o acusado no comparece personalmente, pese a haber sido informado oportunamente del juicio y de las consecuencias de su incomparecencia. El hecho de que se haya informado del juicio al sospechoso o acusado se debe entender como una citación a comparecer personalmente o, de otro modo, como una comunicación de información oficial a esa persona acerca de la fecha y el lugar de celebración del juicio de tal manera que se le permita tener conocimiento del juicio. El hecho de que se informe al sospechoso o acusado de las consecuencias de la incomparecencia se debe entender, en particular, en el sentido de que dicha persona ha sido informada de que puede pronunciarse una resolución sin que haya comparecido en el juicio.

(37) También debe poder celebrarse un juicio que pueda dar lugar a una resolución de condena o absolución de un sospechoso o acusado en su ausencia, cuando este haya sido informado del juicio y haya encomendado a un letrado, designado o bien por el sospechoso o acusado o bien por el Estado, su defensa en el juicio, y dicho letrado haya defendido en el juicio los intereses del sospechoso o acusado.

(38) A los efectos de considerar si el modo en que se notifica la información es suficiente para garantizar que la persona tenga conocimiento del juicio, también debe prestarse especial atención, en su caso, a la diligencia de las autoridades públicas en informar a la persona interesada, por una parte, y a la diligencia de la persona interesada en recibir la información que se le remite, por otra.

(39) Si los Estados miembros tienen establecida la posibilidad de celebrar juicio en ausencia del sospechoso o acusado, pero no se cumplen las condiciones para adoptar una resolución en ausencia de un determinado sospechoso o acusado, porque este no ha podido ser localizado pese a haberse invertido en ello esfuerzos razonables, por ejemplo porque la persona ha huido o se ha fugado, debe ser posible no obstante adoptar tal resolución en ausencia del sospechoso o acusado y que se ejecute dicha resolución. En tal caso, los Estados miembros deben garantizar que, cuando los sospechosos o acusados sean informados de la resolución, en particular cuando se les detenga, se les informe además de la posibilidad de impugnarla y del derecho a un nuevo juicio o a interponer otro tipo de recurso. Dicha información debe facilitarse por escrito. También puede facilitarse oralmente, a condición de que quede registrado con arreglo al procedimiento previsto en el Derecho nacional el hecho de haberse proporcionado la información.

[…]

(42) Los Estados miembros deben garantizar que, en la aplicación de la presente Directiva, en especial con respecto al derecho a estar presente en el juicio y el derecho a un nuevo juicio, se toman en consideración las necesidades específicas de las personas vulnerables. Con arreglo a la Recomendación, de 27 de noviembre de 2013, de la Comisión, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales, (6) debe entenderse como acusados o sospechosos vulnerables, todos los acusados o sospechosos que no puedan comprender o participar eficazmente en un proceso penal debido a su edad, su condición mental o física, o a cualquier discapacidad que puedan tener.

[…]

(48) Dado que la presente Directiva fija normas mínimas, los Estados miembros deben poder ampliar los derechos en ella establecidos para proporcionar un mayor grado de protección. El grado de protección que establezcan los Estados miembros nunca debe ser inferior al previsto en la Carta o en el CEDH, según la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»

8. Los artículos 1, 8, apartados 1 a 4, y 9 de la Directiva 2016/343 tienen el siguiente tenor:

«Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece normas mínimas comunes relativas a:

a) determinados aspectos de la presunción de inocencia en el proceso penal;

b) el derecho a estar presente en el juicio en el proceso penal.

[…]

Artículo 8

Derecho a estar presente en el juicio

1. Los Estados miembros garantizarán que los sospechosos y acusados tengan derecho a estar presentes en el juicio.

2. Los Estados miembros pueden disponer que, aun en ausencia del sospechoso o acusado, pueda celebrarse un juicio que pueda dar lugar a una resolución de condena o absolución del sospechoso o acusado, siempre que:

a) el sospechoso o acusado haya sido oportunamente informado del juicio y de las consecuencias de la incomparecencia, o

b) el sospechoso o acusado, tras haber sido informado del juicio, esté formalmente defendido por un letrado designado o bien por el sospechoso o acusado o bien por el Estado.

3. Cualquier resolución adoptada de conformidad con el apartado 2 podrá ejecutarse contra el sospechoso o acusado en cuestión.

4. Si los Estados miembros establecen la posibilidad de celebrar juicio en ausencia del sospechoso o acusado, pero no es posible cumplir las condiciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo, porque el sospechoso o acusado no ha podido ser localizado pese a haberse invertido en ello esfuerzos razonables, los Estados miembros podrán prever que, no obstante, se pueda adoptar y ejecutar una resolución. En tal caso, los Estados miembros garantizarán que, cuando los sospechosos o acusados sean informados de la resolución, en particular cuando se les detenga, se les informe además de la posibilidad de impugnarla y del derecho a un nuevo juicio o a interponer otro tipo de recurso con arreglo al artículo 9.

[…]

Artículo 9

Derecho a un nuevo juicio

Los Estados miembros velarán por que, cuando los sospechosos o acusados no estén presentes en el juicio y no se cumplan las condiciones fijadas en el artículo 8, apartado 2, estos tengan derecho a un nuevo juicio, u otras vías de recurso, que permita una nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y pueda desembocar en la revocación de la resolución original. En este sentido, los Estados miembros garantizarán que dichos sospechosos o acusados tengan derecho a estar presentes, a participar efectivamente, de conformidad con los procedimientos previstos en el Derecho nacional, y a ejercer su derecho de defensa.»

B. Derecho italiano

9. El artículo 420 bis del Codice di procedura penale (Código de Enjuiciamiento Criminal), titulado «Ausencia del acusado», establece:

«1. Si el acusado, en libertad o privado de ella, no comparece en la vista, el juez procederá en su ausencia:

a) cuando el acusado haya sido citado a comparecer mediante notificación del escrito en persona o a través de una persona expresamente designada por él para tal fin;

b) cuando el acusado haya renunciado expresamente a comparecer o, si existe un impedimento con arreglo al artículo 420 ter, haya renunciado expresamente a invocarlo.

2. El juez también procederá en ausencia del acusado cuando, de otro modo, estime probado que este tiene conocimiento efectivo del proceso pendiente y que su rebeldía responde a una elección voluntaria y consciente. A tal fin, el juez tendrá en cuenta los métodos de notificación, las acciones realizadas por el acusado antes de la vista, la designación de un letrado de su elección y cualquier otra circunstancia pertinente.

3. El juez procederá en ausencia del acusado incluso fuera de los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, cuando este haya sido declarado fugado o, de cualquier otro modo, haya eludido voluntariamente conocer el proceso pendiente en su contra.

4. En los supuestos previstos en los apartados 1, 2 y 3, el juez declarará al acusado en rebeldía. Salvo disposición en contrario de la ley, el acusado declarado en rebeldía estará representado por letrado.

5. Salvo en los supuestos previstos en los apartados 1, 2 y 3, antes de proceder de conformidad con el artículo 420 quater, el juez aplazará la vista y ordenará que la policía judicial comunique personalmente al acusado la notificación a que se refiere el artículo 419, la solicitud de apertura de juicio oral y el acta de la vista.

6. El auto por el que se declare al acusado en rebeldía también se revocará de oficio si comparece antes de la resolución. El acusado se beneficiará nuevamente del plazo para ejercer las facultades de que haya sido privado

a) si demuestra que, por caso fortuito, fuerza mayor u otro impedimento legítimo, se encontró en la imposibilidad absoluta de comparecer oportunamente para ejercer las facultades de las que ha sido privado y que no pudo presentar, a su debido tiempo, la prueba del impedimento por causas que no le sean imputables;

b) cuando, en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, demuestre que no tenía conocimiento efectivo del juicio pendiente en su contra y que no pudo intervenir oportunamente, por causas que no le sean imputables, para ejercer las facultades de las que ha sido privado;

c) en cualquier caso, cuando no se cumplan los requisitos para proceder en rebeldía.

7. Salvo en el supuesto previsto en el apartado 6, cuando no se cumplan los requisitos para proceder en rebeldía, el juez revocará, incluso de oficio, el auto por el que se declare al acusado en rebeldía y actuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.»

10. El artículo 629 bis del Código de Enjuiciamiento Criminal, titulado «Rescisión de sentencia firme», dispone:

«1. Salvo en los casos contemplados en el artículo 628 bis, la persona condenada u objeto de una medida de seguridad por sentencia con fuerza de cosa juzgada contra la que se haya resuelto en rebeldía podrá obtener la rescisión de dicha sentencia si prueba que fue declarado en rebeldía sin que concurrieran los requisitos previstos en el artículo 420 bis y que no pudo interponer recurso en plazo contra dicha sentencia por causas que no le sean imputables, salvo si se constata que tuvo conocimiento efectivo del proceso pendiente antes de que se dictara sentencia.

2. El recurso se interpondrá ante el tribunal de apelación en cuya demarcación se encuentre el órgano jurisdiccional que dictó la medida, so pena de inadmisibilidad, personalmente por el interesado o por letrado con poder especial, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que tuvo conocimiento de la sentencia

3. El tribunal de apelación resolverá de conformidad con el artículo 127 y, en caso de estimar el recurso, revocará la sentencia y ordenará el traslado de las actuaciones al órgano jurisdiccional de la fase o de la instancia que dictó la resolución anulada.

4. Serán de aplicación los artículos 635 y 640.»

III. Antecedentes del litigio

11. Mediante sentencia de 23 de octubre de 2023 del Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma, Italia), CV fue condenado a una pena privativa de libertad de cinco años y tres meses y a una multa de 1 500 euros como coautor de delitos de lesiones graves y de robo agravado con violencia.

12. Dado que CV no interpuso recurso de apelación, dicha sentencia adquirió firmeza el 14 de abril de 2024 y CV fue detenido el 19 de noviembre de 2024 para la ejecución de la pena impuesta.

13. El 19 de diciembre de 2024, CV solicitó ante la Corte d’appello di Roma (Tribunal de Apelación de Roma) la rescisión de la sentencia del Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma), alegando que había sido declarado en rebeldía a pesar de que no concurrían los requisitos del artículo 420 bis del Código de Enjuiciamiento Criminal. Según afirmó, no había tenido conocimiento del hecho de que estaba pendiente un procedimiento en su contra.

14. Tras examinar las actuaciones del procedimiento en primera instancia, la Corte d’appello di Roma (Tribunal de Apelación de Roma) señala que dicho procedimiento se inició el 2 de abril de 2022 a raíz de la detención en flagrante delito de CV por delitos de lesiones graves y de robo agrabado con violencia cometidos en calidad de coautor junto con otra persona que también fue detenida, así como con otras ocho personas no identificadas. Además, CV fue acusado de reincidencia, al haber sido ya condenado anteriormente por otros delitos del mismo tipo.

15. A petición de CV, la policía informó a su madre de su detención y CV designó a un abogado para su defensa.

16. El 4 de abril de 2022, CV fue puesto a disposición del Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) a efectos de la confirmación de su detención, así como de su enjuiciamiento mediante el procedimiento de urgencia. En esa ocasión, declaró que estaba empadronado en el domicilio de su madre en Sicilia, pero que residía de manera estable en Roma desde hacía cinco años. Asimismo, declaró que su lugar de residencia estaba situado en Roma en una «mensa per i poveri» (comedor para personas en dificultades económicas) gestionada por la «Comunità di Sant’Egidio».

17. Tras la vista celebrada el 4 de abril de 2022, no se confirmó la detención de CV, no se inició el procedimiento de urgencia, se devolvió el asunto al Ministerio Fiscal y CV fue puesto en libertad.

18. Acto seguido, el Ministerio Fiscal solicitó al Giudice per le indagini preliminari (Juez encargado de la instrucción penal, Italia) ante el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) que dictara un auto de enjuiciamiento inmediato, al considerar que la evidencia de las pruebas permitía examinar directamente el asunto sin celebrar una vista preliminar.

19. Esta solicitud fue estimada y el Giudice per le indagini preliminari (Juez encargado de la instrucción penal) remitió a CV ante el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) para que fuera enjuiciado mediante el procedimiento de juicio inmediato en la vista celebrada el 4 de octubre de 2022.

20. El 9 de mayo de 2022, la policía se personó en la «mensa per i poveri» antes mencionada a fin de proceder a la notificación del auto de enjuiciamiento inmediato, pero no encontró allí a CV y dejó la notificación a una de las personas encargadas de la asociación. Esta declaró que CV había estado allí dos días antes y aseguró que depositaría el auto de enjuiciamiento inmediato en el buzón personal de CV.

21. El 13 de julio de 2022, el abogado designado por CV le envió un telegrama a su residencia en la «mensa per i poveri» para informarle de que renunciaba a su mandato debido a la imposibilidad de localizarlo.

22. El 4 de octubre de 2022, el auto de enjuiciamiento inmediato fue notificado, por correo electrónico certificado, al abogado designado por CV, al no resultar idóneo a tal efecto el domicilio indicado por este.

23. En la vista celebrada el 4 de octubre de 2022, habida cuenta de la renuncia del abogado designado por CV, el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) designó a otro abogado de oficio.

24. Al término de esa vista celebrada el 4 de octubre de 2022, el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) constató que el auto de enjuiciamiento inmediato no había sido notificado al acusado y devolvió los autos a la Secretaría a fin de que se procediera nuevamente a dicha notificación.

25. En la vista celebrada el 17 de enero de 2023, el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) declaró que procedía buscar al interesado dado que no se había probado que CV hubiera tenido efectivamente conocimiento del proceso y remitió los autos a la Secretaría a tal efecto.

26. El 20 de enero de 2023, la policía se personó nuevamente en la «mensa per i poveri» a fin de proceder a la notificación, pero tampoco encontró allí a CV, por lo que dejó un aviso del intento de notificación a un voluntario, quien señaló que lo depositaría en el buzón personal de aquel.

27. Los días 20, 21 y 23 de enero de 2023, la policía intentó en vano ponerse en contacto telefónico con CV, quien había facilitado su número de teléfono móvil.

28. El 20 de enero de 2023, la policía efectuó una consulta en los registros de población y comprobó que CV figuraba empadronado en el domicilio de su madre en Sicilia. Sin embargo, el 3 de febrero de 2023, la madre de CV acudió a las oficinas del Registro Civil del municipio y presentó una declaración en la que se hacía constar que su hijo ya no residía en el domicilio, solicitando que fuera dado de baja de su unidad familiar.

29. En la vista celebrada el 13 de junio de 2023, el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) constató, a la vista del informe policial, que no había sido posible localizar a CV y, en consecuencia, ordenó que se procediera a su búsqueda en la dirección de su domicilio, esto es, en la dirección de su madre en Sicilia, a fin de notificarle una copia del auto de enjuiciamiento inmediato y del acta de la vista de 13 de junio de 2023, por la que se aplazaba la vista al 23 de octubre de 2023.

30. El 19 de junio de 2023, la policía notificó dichos actos a la madre de CV, en calidad de «madre conviviente».

31. En la vista celebrada el 23 de octubre de 2023, el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) constató que el auto de enjuiciamiento inmediato había sido notificado y entregado a la madre conviviente y que, por lo tanto, debía considerarse acreditado que el acusado había tenido conocimiento del proceso.

32. Por consiguiente, el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) ordenó que se celebrara el juicio en ausencia de CV, al considerar que había quedado acreditado que este había tenido efectivamente conocimiento del proceso y que su incomparecencia en la vista debía considerarse una elección voluntaria y consciente en virtud del artículo 420 bis, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Criminal.

33. El 23 de octubre de 2023, en el marco de la fase oral del procedimiento, se recabó el testimonio de la víctima del delito y, tras oír a las partes, el Tribunale ordinario di Roma (Tribunal Ordinario de Roma) condenó a CV a una pena privativa de libertad de cinco años y tres meses y a una multa de 1 500 euros como coautor de delitos de lesiones graves y de robo agravado con violencia. Esta sentencia adquirió firmeza el 14 de abril de 2024.

34. CV fue detenido el 19 de noviembre de 2024 e interpuso la acción de rescisión mencionada en el punto 13 de las presentes conclusiones.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y cuestiones prejudiciales

35. En el marco de este procedimiento, la Corte d’appello di Roma (Tribunal de Apelación de Roma) decidió, mediante auto de 7 de enero de 2026, presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de enero de 2026, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Deben interpretarse, conjuntamente, los artículos 6, 10 y 18 de la [Directiva 2012/29], en relación con los artículos 47 y 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con los artículos 6 y 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la contemplada en el artículo 629 bis del Código de Enjuiciamiento Criminal italiano, que, en un procedimiento de rescisión de una sentencia que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, procedimiento que puede revocar la sentencia condenatoria y hacer necesario un nuevo procedimiento sobre el fondo, no prevé ninguna forma de información, comunicación o participación de la víctima del delito que no se haya personado como parte civil?

2) ¿Deben interpretarse, conjuntamente, los artículos 8 y 9 de la [Directiva 2016/343], en relación con los artículos 47 y 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con los artículos 6 y 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la prevista en los artículos 420 bis y 629 bis del Código de Enjuiciamiento Criminal italiano, que permite la revocación de una sentencia condenatoria cuando el acusado alegue que no tuvo conocimiento efectivo del proceso, en la medida en que dicha normativa excluye que la elusión voluntaria del conocimiento del proceso pueda deducirse de la culpa manifiesta del acusado o de la aceptación consciente del riesgo de no recibir los documentos procesales como consecuencia de comportamientos objetivos y de pruebas indirectas?»

36. Tras celebrar reuniones administrativas los días 5 y 9 de febrero de 2026, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia decidió someter el presente asunto al procedimiento prejudicial de urgencia establecido en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

37. El Gobierno italiano y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Las mismas partes participaron en la vista celebrada el 18 de marzo de 2026.

V. Apreciación

A. Sobre la segunda cuestión prejudicial

38. Mediante su segunda cuestión prejudicial, que propongo examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se interpreten los artículos 8 y 9 de la Directiva 2016/343, en relación con los artículos 47 y 54 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y con los artículos 6 y 17 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). Desea saber si estas disposiciones se oponen a una normativa nacional que, conforme a su interpretación por la jurisprudencia pertinente, excluye que un órgano jurisdiccional que conoce de una solicitud de un nuevo juicio a raíz de una condena en rebeldía pueda deducir del comportamiento del interesado y de pruebas indirectas que este eludió voluntariamente conocer el proceso inicial.

1. Requisitos de las disposiciones pertinentes

39. En virtud del artículo 8, apartados 2 y 3, de la Directiva 2016/343, los Estados miembros pueden disponer que, aun en ausencia del interesado, pueda celebrarse un juicio que pueda dar lugar a una resolución ejecutiva de condena o absolución. Esto es posible siempre que, bien el interesado haya sido oportunamente informado del juicio y de las consecuencias de la incomparecencia [artículo 8, apartado 2, letra a)], o bien que simplemente haya sido informado de la celebración del juicio, cuando, por lo demás, esté formalmente defendido por un letrado designado o bien por el sospechoso o acusado o bien por el Estado [artículo 8, apartado 2, letra b)]. (7) De conformidad con el apartado 4 de ese artículo, cuando no sea posible cumplir estas condiciones porque el interesado no ha podido ser localizado pese a haberse invertido en ello esfuerzos razonables, también podrá adoptarse y ejecutarse una resolución, pero el interesado tendrá derecho a un nuevo juicio, tal como se establece en el artículo 9 de dicha Directiva.

40. Según la sentencia Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), (8) la facultad que el artículo 8, apartados 2 y 3, de la Directiva 2016/343 confiere a los Estados miembros de sustanciar, cuando concurran las condiciones establecidas en el apartado 2, un juicio en rebeldía y ejecutar la resolución sin prever el derecho a un nuevo juicio parte del postulado de que, en la situación contemplada en ese apartado 2, el interesado, debidamente informado, ha renunciado de manera voluntaria e inequívoca a ejercer el derecho a estar presente en el juicio.

41. En esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia reconoció que también puede considerarse, en su caso, que una persona fue informada de la celebración del juicio y renunció voluntaria e inequívocamente a ejercer su derecho a estar presente en él cuando no pueda localizarse a dicha persona a efectos de la notificación de la citación al juicio. Tal puede ser el caso cuando de indicios precisos y objetivos se desprenda que la persona afectada, aun habiendo sido informada oficialmente de que está acusada de haber cometido una infracción penal y sabiendo así que se iba a celebrar un juicio contra ella, evita deliberadamente recibir oficialmente información sobre la fecha y el lugar del juicio. La existencia de tales indicios precisos y objetivos puede constatarse, por ejemplo, cuando dicha persona, como sucedió en el asunto que dio lugar a la sentencia Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), haya comunicado voluntariamente una dirección errónea a las autoridades competentes o ya no se encuentre en la dirección que ha comunicado. (9)

42. Así, la situación de tal persona que impidió a las autoridades informarle oficialmente de la celebración del juicio en su momento oportuno mediante un documento oficial está comprendida en el supuesto contemplado en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2016/343. (10) Además, en tales circunstancias, el envío oportuno, por las autoridades competentes, del documento oficial en el que se indique la fecha y el lugar del juicio a la dirección que el interesado ha comunicado a esas autoridades y la prueba de que ese documento se ha entregado efectivamente en esa dirección equivalen a haber informado a esa persona que ya no puede ser localizada, de tales fecha y lugar, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2016/343. Sin embargo, solo puede ser así si las autoridades han realizado esfuerzos razonables para localizar a esa persona y citarla personalmente o informarla oficialmente, de otro modo, de la fecha y del lugar del juicio. (11)

43. Además, solo podrá denegarse a dicho interesado la celebración de un nuevo juicio si concurren, por otro lado, los demás requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2016/343, es decir, que dicha persona haya sido informada oportunamente de las consecuencias de la incomparecencia o haya estado defendida por un letrado. (12)

2. Dudas del órgano jurisdiccional remitente en el contexto de su comprensión del Derecho nacional

44. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si, con arreglo al Derecho de la Unión, debe disponer de una facultad de apreciación que le permita tener en cuenta el comportamiento de CV para examinar si este eludió voluntariamente conocer el proceso, de modo que su solicitud de un nuevo juicio deba calificarse de abusiva.

45. A la vista de las afirmaciones del Gobierno italiano, esta cuestión parece hipotética. Según estas afirmaciones, las circunstancias del presente asunto deberían permitir al órgano jurisdiccional remitente denegar la celebración de un nuevo juicio. Así, afirma que, en virtud de la jurisprudencia nacional, es el conocimiento efectivo del juicio lo que legitima la declaración de rebeldía y no puede deducirse automáticamente de la «negligencia en materia de información» del acusado su voluntad de eludir dicho conocimiento. No obstante, esta negligencia puede tenerse en cuenta cuando las autoridades competentes hayan realizado esfuerzos razonables para localizar al interesado. Correspondería entonces a estas últimas aportar «indicios precisos y objetivos» que demuestren que ha recibido información suficiente.

46. Sostiene que la toma en consideración de estos dos requisitos excluye toda invocación abusiva del derecho de defensa, al atribuir importancia tanto a la diligencia de las autoridades para informar al interesado como a la diligencia de este para recibir la información pertinente. A su parecer, a la luz de estos requisitos, las circunstancias expuestas en la resolución de remisión permiten denegar el derecho de CV a un nuevo juicio.

47. Frente a esta argumentación, procede recordar que el procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE se basa en una clara separación de las funciones de los órganos jurisdiccionales nacionales y del Tribunal de Justicia, conforme a la cual solo este es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de los actos de la Unión contemplados en dicho artículo. En este contexto, no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones nacionales ni juzgar si la interpretación que el órgano jurisdiccional remitente hace de ellas es correcta. De ello resulta que al Tribunal de Justicia le incumbe tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión. Así pues, en el presente asunto, procede ceñirse a la interpretación de la normativa italiana tal como resulta de la petición de decisión prejudicial y que constituye la premisa de la cuestión planteada al Tribunal de Justicia. (13)

48. Según el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 420 bis del Código de Enjuiciamiento Criminal enumera ciertamente una serie de elementos cuya concurrencia permite concluir que el acusado tenía la intención de eludir el conocimiento del proceso y que su incomparecencia obedece a una elección deliberada. Sin embargo, en virtud de la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), una solicitud de un nuevo juicio solo puede desestimarse si se aporta una prueba directa de la voluntad de eludir el conocimiento del procedimiento.

49. Según el órgano jurisdiccional remitente, ello equivale, en la práctica, a exigir una declaración expresa del interesado en la que manifieste su voluntad de eludir el procedimiento. Según afirma, no está permitido concluir que la imposibilidad de localizarlo se debe a comportamientos que demuestran de manera indirecta, pero cierta, tal voluntad. Por consiguiente, no es posible tener en cuenta una negligencia que revele la aceptación consciente del riesgo de no tener conocimiento del procedimiento y que pueda asimilarse a una elusión deliberada de tal conocimiento. Sostiene que, por lo tanto, en las circunstancias del presente asunto, está obligado a estimar la solicitud de un nuevo juicio debido a la falta de prueba directa de la voluntad de CV de eludir el conocimiento del proceso inicial.

50. Así, el órgano jurisdiccional remitente parece considerar que el Derecho nacional, tal como se vería obligado a aplicarlo, «sobreprotege» en cierto modo el derecho de defensa. Según afirma., dicho Derecho le obliga a reabrir el procedimiento y le impide examinar los indicios que pueden demostrar que la incomparecencia de CV en el proceso resulta, en su caso, de una elección consciente por parte de este.

3. Prohibición del ejercicio abusivo del derecho a un nuevo juicio garantizado por la Directiva 2016/343

51. La Directiva 2016/343, tal como se desprende de su base jurídica (el artículo 82 TFUE, apartado 2), de sus considerandos 9 y 48 y de su artículo 1, solo lleva a cabo una armonización mínima y no una armonización completa y exhaustiva, de modo que los Estados miembros pueden ampliar los derechos en ella establecidos para proporcionar un mayor grado de protección. (14)

52. Así, de los propios términos del artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva se desprende que los Estados miembros «pueden disponer que, aun en ausencia del sospechoso o acusado, pueda celebrarse un juicio que pueda dar lugar a una resolución de condena o absolución del sospechoso o acusado». (15) Por lo tanto, los Estados miembros son libres de no prever la posibilidad de celebrar juicios en rebeldía en su Derecho nacional. (16)

53. No obstante, cuando prevean la posibilidad de celebrar tales juicios, deben respetar los requisitos de la Directiva. Estos establecen y enmarcan las obligaciones que incumben a los Estados miembros habida cuenta del derecho de los sospechosos y acusados a estar presentes en el juicio, así como las excepciones a ese derecho. (17) Esto no solo significa que deben garantizar el derecho del acusado a estar presente en el juicio, sino también que deben prevenir el ejercicio abusivo del derecho a un nuevo juicio en caso de sentencia dictada en rebeldía, lo que obstaculizaría la efectividad de las acciones penales y la buena administración de justicia.

54. Ciertamente, los Estados miembros siguen siendo libres, en principio, de proporcionar un mayor grado de protección del derecho de defensa que el previsto en la Directiva 2016/343. No obstante, la garantía de tales derechos no debe menoscabar su finalidad ni su aplicación efectiva. En efecto, cuando un acto de la Unión confiere a los Estados miembros una libertad de elección entre varias formas de aplicación, el ejercicio de esta facultad discrecional forma parte de la aplicación del Derecho de la Unión. Por consiguiente, el examen de la conformidad de las normas nacionales establecidas a tal efecto forma parte de la interpretación de dicha Directiva a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión. (18)

55. Del mismo modo, al aplicar estas normas, los Estados miembros están vinculados por las disposiciones de la Carta. Ciertamente, pueden aplicar estándares nacionales de protección de los derechos fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección previsto por la Carta ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión. (19)

56. De conformidad con estos principios, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las disposiciones de la Directiva 2016/343 relativas al derecho a estar presente en el juicio y al derecho a un nuevo juicio deben interpretarse de manera que se evite que una persona que, pese a estar informada de la celebración de un juicio, haya renunciado, de manera expresa o tácita, pero siempre inequívoca, a estar presente en el juicio pueda, tras una condena en rebeldía, reivindicar la celebración de un nuevo juicio y, de este modo, obstaculizar abusivamente la efectividad de las actuaciones y la buena administración de justicia. (20)

57. Según el Tribunal de Justicia, esta interpretación se deriva de la finalidad de la Directiva 2016/343, que consiste, como enuncian sus considerandos 9 y 10, en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, a fin de aumentar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos. El postulado de que, cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, el interesado, debidamente informado, ha renunciado de manera voluntaria e inequívoca a ejercer el derecho a estar presente en el juicio, garantiza el respeto de dicha finalidad. (21)

58. Esta interpretación se ve corroborada por el hecho de que, al haber sido adoptada para facilitar el reconocimiento mutuo y la cooperación policial y judicial en materia penal entre los Estados miembros, la Directiva 2016/343 persigue el mismo objetivo que las decisiones marco relativas al reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros. (22) Al formar parte del mismo conjunto normativo, la Directiva 2016/343 debe interpretarse de manera coherente con dichas Decisiones marco. (23)

59. Pues bien, como ha explicado el Abogado General Richard de la Tour, en virtud de estas últimas decisiones marco, los órganos jurisdiccionales nacionales también deben disponer de una facultad de apreciación que les permita examinar si, a la luz de las circunstancias del caso, se ha respetado el derecho de defensa a pesar de haberse dictado una sentencia en rebeldía. (24) Sustenta asimismo este punto de vista, en particular, en la efectividad de las acciones penales y la buena administración de justicia. (25)

60. Por último, la interpretación propuesta es conforme con el derecho de la víctima a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable y a no ser sometida a una nueva victimización, con el principio de economía procesal penal y con el principio general de prohibición del abuso de Derecho según el cual los justiciables no pueden invocar las normas del Derecho de la Unión de manera fraudulenta o abusiva. (26)

61. La prohibición del abuso de Derecho es, en efecto, de aplicación general. Es cierto que el artículo 54 de la Carta y el artículo 17 del CEDH consagran expresamente una prohibición del abuso de derecho que no parece pertinente en las circunstancias que nos ocupan. Como sostiene la Comisión, estas disposiciones tienen el objetivo específico de impedir que individuos, grupos o Estados utilicen las libertades que garantizan para destruir o limitar de manera excesiva los derechos que en ellas se reconocen. Sin embargo, esta prohibición específica no excluye la prohibición más general reconocida por el Tribunal de Justicia.

4. Conclusión sobre la segunda cuestión prejudicial

62. De las consideraciones anteriores se desprende que, al examinar si concurren los requisitos de aplicación del derecho a un nuevo juicio en caso de sentencia dictada en rebeldía, consagrado en el artículo 9 de la Directiva 2016/343, el órgano jurisdiccional competente debe disponer de una facultad de apreciación.

63. En el ejercicio de esta facultad, dicho órgano jurisdiccional debe poder examinar si concurren los requisitos resumidos en los puntos 39 a 43 de las presentes conclusiones. Por tanto, debe apreciar si existen indicios precisos y objetivos de que la persona afectada, aun habiendo sido informada oficialmente de que está acusada de haber cometido una infracción penal y sabiendo así que se iba a celebrar un juicio contra ella, evita deliberadamente recibir oficialmente información sobre la fecha y el lugar del juicio. Al proceder a dicha apreciación, debe tener debidamente en cuenta la situación particular de las personas vulnerables a las que se refiere, en particular, el considerando 42 de la Directiva 2016/343. (27) Por último, al llevar a cabo dicho examen, el órgano jurisdiccional debe determinar si concurre uno de los requisitos alternativos establecidos en el artículo 8, apartado 2, letras a) y b), de dicha Directiva, es decir, que la persona haya sido informada de la fecha y el lugar de celebración del juicio y de las consecuencias de la incomparecencia, o haya estado formalmente defendida por un letrado debidamente designado a lo largo de todo el proceso. (28)

64. Solo cuando, sobre la base de ese examen, se concluya que la persona afectada ha actuado deliberadamente para no recibir oficialmente la información relativa al juicio y que, además, concurra uno de los requisitos mencionados, podrá denegársele el derecho a un nuevo juicio. Solo podría ser de otro modo si se demostrara que la persona en cuestión ha actuado deliberadamente para impedir que se cumplieran dichos requisitos, por ejemplo, evitando recibir la información relativa a la fecha y el lugar del juicio y a las consecuencias de una sentencia dictada en rebeldía, o rompiendo, de manera deliberada y repetida, el contacto con su abogado. En tal caso, el principio general de prohibición del abuso de derecho podría abogar en contra de la reapertura de un nuevo proceso.

65. En el caso de autos, sin perjuicio del examen que incumbe al órgano jurisdiccional remitente, no queda claro si existen indicios que apunten a que CV impidió, deliberada y abusivamente, que se cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2016/343. Por lo tanto corresponderá a dicho órgano jurisdiccional examinar, en particular a la vista del acta y de la transcripción del interrogatorio de CV realizado el 4 de abril de 2022 (punto 16 anterior), durante el cual estuvo asistido por el abogado de su elección debidamente designado, (29) si de esos documentos se desprende que CV fue informado de manera suficiente de que estaba acusado de haber cometido una infracción penal y de que iba a celebrarse un juicio en su contra. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente debe examinar, a la luz, en particular, de las indicaciones de CV sobre sus direcciones y de los esfuerzos realizados para notificarle la información sobre su juicio, si debe considerarse que este evitó deliberadamente recibir oficialmente la información relativa a la fecha y al lugar del juicio, pese a que las autoridades competentes realizaron esfuerzos suficientes para localizarlo.

66. En el curso de dicho análisis, el órgano jurisdiccional remitente debe tener debidamente en cuenta no solo la vulnerabilidad de CV derivada de su situación de carencia de domicilio fijo, sino también la cuestión de si de su testimonio durante el interrogatorio de 4 de abril de 2022 se desprende que estaba suficientemente informado y lúcido para comprender las implicaciones de la situación en la que se encontraba. Además, en el marco del procedimiento de petición de que se celebre un nuevo juicio, CV debe poder invocar, en concreto, circunstancias particulares que, en su caso, pudieran haberle impedido recibir las notificaciones remitidas a la «mensa per i poveri» (comedor para personas en dificultades económicas) gestionada por la «Comunità di Sant’Egidio» (véanse los puntos 16, 20 y 26 de las presentes conclusiones).

67. Además, el órgano jurisdiccional remitente debe examinar si, en el caso de autos, concurre alguno de los dos requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2016/343. A este respecto, por una parte, le corresponde determinar si puede considerarse que CV estuvo formalmente defendido por un letrado debidamente designado a lo largo de todo el proceso, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos (véanse los apartados 15, 21 y 23 de las presentes conclusiones). (30)

68. Por otra parte, en lo que respecta al requisito establecido en el artículo 8, apartado 2, letras a), de la Directiva 2016/343, el órgano jurisdiccional remitente debe apreciar si puede considerarse que con el depósito de la notificación del auto de enjuiciamiento inmediato en la «mensa per i poveri» (comedor para personas en dificultades económicas) gestionada por la «Comunità di Sant’Egidio» se informó a CV de la fecha y el lugar del juicio, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), de dicha Directiva (véase el punto 42 de las presentes conclusiones). Además, debe examinar si se ha demostrado suficientemente que CV fue oficialmente informado de manera oportuna, en particular durante el interrogatorio del 4 de abril de 2022, de las consecuencias de la incomparecencia.

69. Por último, a los efectos oportunos, conviene recordar que el procedimiento en el que un sospechoso o un acusado debe poder solicitar un nuevo juicio en virtud del artículo 9 de la Directiva 2016/343 debe cumplir los requisitos del derecho a un recurso efectivo. Esto implica, en particular, que la solicitud de reapertura se examine en un plazo suficientemente breve para garantizar, sobre todo en caso de privación de libertad de la persona afectada, como en el presente asunto, la efectividad de dicho procedimiento, que puede conducir, en su caso, a la anulación de la resolución inicial y a la puesta en libertad del interesado. Ahora bien, en las circunstancias del caso de autos, es dudoso que el procedimiento principal cumpla estos requisitos, puesto que CV fue detenido el 19 de noviembre de 2024, solicitó la rescisión de la sentencia inicial el 19 de diciembre de 2024 y el órgano jurisdiccional remitente no remitió la presente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia hasta el 7 de enero de 2026, es decir, más de un año después, cuando CV ya había cumplido una parte nada desdeñable de la pena que se le había impuesto. (31)

B. Sobre la primera cuestión prejudicial

70. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si los artículos 6, 10 y 18 de la Directiva 2012/29, en relación con los artículos 47 y 54 de la Carta y con los artículos 6 y 17 del CEDH, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la contemplada en el artículo 629 bis del Código de Enjuiciamiento Criminal italiano, que, en un procedimiento de rescisión de una sentencia que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, procedimiento que puede revocar la sentencia condenatoria y hacer necesario un nuevo procedimiento sobre el fondo, no prevé ninguna forma de información, comunicación o participación de la víctima del delito que no se haya personado como parte civil.

71. De conformidad con el tenor del artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2012/29, la finalidad de esta es garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales.

72. A tal fin, el artículo 6 de la Directiva 2012/29 establece el derecho de la víctima a recibir información sobre su causa. Esta disposición no se refiere expresamente a un procedimiento de reapertura como el del litigio principal, en el que el órgano jurisdiccional competente examina si durante el procedimiento inicial concurrían los requisitos para dictar sentencia en rebeldía. Asimismo, a efectos del derecho de la víctima a recibir, en principio, información que le permita conocer en qué situación se encuentra el proceso penal, consagrado específicamente en el artículo 6, apartado 2, letra b), de dicha Directiva, el artículo 6, apartado 2, remite, al igual que el considerando 20, al estatuto de la víctima en el sistema de justicia penal pertinente.

73. El artículo 10 de la Directiva 2012/29, que consagra el derecho de las víctimas a ser oídas, remite también con carácter general a los «procesos penales».

74. No obstante, del sistema general de la Directiva 2012/29 y de su finalidad se desprende que esta se basa en la consideración de las graves implicaciones que los procesos dirigidos contra los autores de delitos tienen para las víctimas de estos y que pretende garantizar que estas puedan participar activamente y de manera adecuada en dichos procesos.

75. Desde esta perspectiva, el considerando 26 de la Directiva 2012/29 subraya la importancia de transmitir a las víctimas información que les permita conocer la situación en que se encuentra cualquier procedimiento. El considerando 31 de esta Directiva indica, además, que el derecho a la información sobre la hora y el lugar de un juicio debe aplicarse también a la información sobre la hora y el lugar de una audiencia relacionada con una apelación contra una sentencia en el caso.

76. Pues bien, un procedimiento en el que el órgano jurisdiccional competente examina si procede anular la sentencia inicial y reabrir el procedimiento sobre el fondo puede asimilarse a un procedimiento de apelación contra una sentencia dictada en un proceso penal. Tal procedimiento de rescisión implica, en efecto, que un procedimiento sobre el fondo, en principio concluido mediante sentencia firme, puede reabrirse.

77. Un procedimiento de este tipo reviste una importancia capital para la víctima. En efecto, implica que la víctima puede verse obligada a afrontar nuevamente a una experiencia traumática y que, en su caso, puede verse obligada a declarar otra vez en el marco del nuevo procedimiento sobre el fondo.

78. En estas circunstancias, el derecho de la víctima a participar activamente en los procesos penales no puede limitarse, en mi opinión, a los procedimientos sobre el fondo dirigidos a determinar la infracción, sino que debe aplicarse también en el marco de un procedimiento de rescisión de la sentencia inicial. Del mismo modo, el derecho de la víctima a participar en tal procedimiento no puede depender de si esta se personó como parte civil o de si fue su denuncia o una actuación de oficio la que dio lugar al procedimiento inicial. (32)

79. Es cierto, como subraya la Comisión, que no procede ponderar los derechos de la víctima y los del acusado a la hora de apreciar el derecho a un nuevo juicio. Como precisa el considerando 12 de la Directiva 2012/29, los derechos de la víctima establecidos en esta Directiva se han de entender sin perjuicio de los derechos del infractor. Por lo tanto, no se trata de limitar el derecho del acusado a un juicio justo en razón de las implicaciones que un nuevo juicio sobre el fondo pueda tener para la víctima. Las disposiciones de la mencionada Directiva destinadas a evitar la victimización secundaria o un número inútilmente elevado de audiencias (33) no pueden interpretarse de manera que menoscaben el derecho del acusado a un nuevo juicio si se cumplen los requisitos para su aplicación.

80. Además, en un procedimiento de rescisión, no se examina la infracción como tal y el testimonio de la víctima sobre dicho delito no se tiene en cuenta para apreciar si se cumplen los requisitos para la reapertura del procedimiento sobre el fondo.

81. No obstante, es posible que la víctima pueda aportar información pertinente al órgano jurisdiccional competente sobre si el acusado tenía o no la voluntad de eludir deliberadamente el proceso inicial. Esto es especialmente cierto en situaciones como, por ejemplo, los casos de violencia doméstica, en los que el acusado y la víctima se conocen o mantienen relaciones estrechas.

82. De ello se deduce que, en respuesta a la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, procede indicar que los derechos garantizados a la víctima por la Directiva 2012/29 exigen que esta sea informada de toda solicitud de nuevo juicio. Asimismo, debe poder ser oída durante el examen de tal solicitud para poder proporcionar cualquier información eventualmente pertinente a efectos de la apreciación del comportamiento del acusado.

VI. Conclusión

83. A la vista de lo que antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Corte d’appello di Roma (Tribunal de Apelación de Roma, Italia):

«Los artículos 8 y 9 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, y los artículos 6, 10 y 18 de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo

deben interpretarse en el sentido de que

– los órganos jurisdiccionales nacionales deben disponer de una facultad de apreciación para determinar si, a la vista de todos los elementos pertinentes del asunto concreto, un acusado que no haya estado presente en el juicio debe tener derecho a un nuevo juicio con el fin de garantizar su derecho a un juicio justo;

– en el marco de esta apreciación, los órganos jurisdiccionales nacionales deben examinar si se ha acreditado suficientemente que el acusado tuvo conocimiento de la celebración del juicio y de las consecuencias de una sentencia dictada en rebeldía, y que su ausencia obedece a una elección deliberada;

– la víctima debe ser informada de la solicitud de nuevo juicio formulada por el acusado y tener derecho a ser oída en el procedimiento en el que el órgano jurisdiccional competente examina dicha solicitud.»

1 Lengua original: francés.

i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.

2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 (DO 2016, L 65, p. 1). Véase su considerando 33.

3 Considerando 35 de dicha Directiva. Véase, asimimo, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), apartado 49.

4 Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de mayo de 2022, Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado) [C‑569/20, en lo sucesivo «Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado)», EU:C:2022:401], apartados 34 y 35.

5 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 (DO 2012, L 315, p. 57).

6 DO 2013, C 378, p. 8.

7 Sentencias de 19 de mayo de 2022, Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), apartados 33 y 39 a 43, de 16 de enero de 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16), apartado 37, y de 20 de mayo de 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366), apartados 34 y ss.

8 Véanse los apartados 34 y 35 de dicha sentencia; véase asimismo la sentencia de 15 de septiembre de 2022, HN (Proceso de un acusado expulsado del territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679, apartados 35, 36 y 58).

9 Véanse los apartados 48 y 49 de dicha sentencia.

10 Sentencia Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), apartado 48.

11 Véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de enero de 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16), apartado 42, y de 20 de mayo de 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366), apartado 37. Esta hipótesis no se abordó en la sentencia de 24 de mayo de 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), apartados 33 y siguientes, examinada en el presente asunto, en la que se planteaba la cuestión de si la notificación del acto de acusación a un adulto que vivía en el domicilio del acusado bastaba para considerar que el acusado había sido informado del juicio, sin que se abordara la cuestión de si este último había sido informado, con anterioridad a dicha notificación, de que se iba a celebrar un juicio en su contra.

12 Sentencias Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), apartados 38 y 54 y siguientes, de 16 de enero de 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16), apartado 43, y de 20 de mayo de 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366), apartado 38. Véanse, asimismo, las conclusiones de la Abogada General Medina en el asunto Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306), puntos 41 y siguientes.

13 Véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588), apartados 28 y 29 y jurisprudencia citada.

14 Sentencias de 13 de febrero de 2020, Spetsializirana prokuratura (Vista celebrada en ausencia del acusado) (C‑688/18, EU:C:2020:94), apartados 29 y 30, y Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), apartado 43 y jurisprudencia citada.

15 El subrayado es mío.

16 Sentencia de 15 de septiembre de 2022, HN (Proceso de un acusado expulsado del territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679), apartados 37 a 39.

17 Sentencia de 15 de septiembre de 2022, HN (Proceso de un acusado expulsado del territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679), apartados 40 y 47).

18 Véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 25 de mayo de 2016, Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:349), apartado 39, de 9 de marzo de 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198), apartados 52 y 53, y de 13 de junio de 2017, Florescu y otros (C‑258/14, EU:C:2017:448), apartado 48.

19 Sentencias de 26 de febrero de 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), apartado 60, y Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), apartado 29.

20 Sentencia Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), apartado 37.

21 Sentencia Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), apartados 34 a 36.

22 Véase, sobre este objetivo, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), apartado 51. Véanse, asimismo, la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), y la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por la que se modifican las Decisiones Marco 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI y 2008/947/JAI, destinada a reforzar los derechos procesales de las personas y a propiciar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado (DO 2009, L 81, p. 24).

23 Véanse las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour presentadas en el asunto Höldermann (C‑447/24, EU:C:2025:716), punto 83 y siguientes.

24 Véanse las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour presentadas en el asunto Khuzdar (C‑95/24, EU:C:2025:712), punto 59 y siguientes.

25 Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour presentadas en el asunto Khuzdar(C‑95/24, EU:C:2025:712), punto 73.

26 Véanse, sobre este último principio, las sentencias de 9 de marzo de 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126), apartado 24; de 5 de julio de 2007, Kofoed (C‑321/05, EU:C:2007:408), apartado 38; de 2 de junio de 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401), apartado 57, y de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135), apartado 70.

27 Véanse, en este sentido, la sentencia Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), apartado 48, y las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour presentadas en el asunto Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado) (C‑569/20, EU:C:2022:26), punto 54.

28 Véanse, a este respecto, la sentencia de 20 de mayo de 2025 Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366), apartados 59 a 63), y las Conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306), puntos 61 a 67.

29 Véanse, sobre los requisitos exigidos a tal efecto, las sentencias Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), apartado 56, de 16 de enero de 2025, Stangalov (C‑644/23, EU:C:2025:16), apartado 48, y de 20 de mayo de 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366) apartados 41 y 61.

30 Véanse, a este respecto, la sentencia de 20 de mayo de 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:366), apartados 59 a 63, y las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306), puntos 61 a 67.

31 Véanse, a este respecto, las sentencias de 16 de enero de 2025, VB II (Información sobre el derecho a un nuevo juicio) (C‑400/23, EU:C:2025:14), apartados 63 y 64, y de 20 de mayo de 2025, Kachev (C‑135/25 PPU, EU: C:2025:366), apartados 67 a 70, y las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Kachev (C‑135/25 PPU, EU:C:2025:306), punto 80.

32 Es cierto que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2012/29 se refiere al «proceso penal iniciado a raíz de la denuncia de una infracción penal de la que hayan sido víctimas». Una referencia similar figura también en el considerando 31 de dicha Directiva. No obstante, habida cuenta de la gravedad de las implicaciones que un procedimiento de rescisión tiene para la víctima, su derecho a participar en él no puede depender de la presentación de una denuncia o de su personación como parte civil. Esta interpretación se ve corroborada por el considerando 22 de la Directiva 2012/29, que asimila la presentación de una denuncia y la incoación de oficio de un proceso a efectos de definir las situaciones que entran en el ámbito del proceso penal.

33 Artículos 18 y 20, letra b), de la Directiva 2012/29. Véase, sobre estas disposiciones, la sentencia de 29 de julio de 2019, Gambino e Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:628), apartados 30 y ss. y 50 y siguientes.