–

en nombre de Vivacom Bulgaria EAD, por el Sr. S. Kostov y la Sra. S. Yordanova, advokati;

–

en nombre del Varhoven administrativen sad, por las Sras. A. Adamova-Petkova y T. Kutsarova-Hristova y por el Sr. M. Semov;

–

en nombre del Gobierno búlgaro, por la Sra. T. Mitova y el Sr. R. Stoyanov, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. K. Herrmann y E. Rousseva y por el Sr. P. J. O. Van Nuffel, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Vivacom Bulgaria EAD, por una parte, y el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria) y la Natsionalna agentsia za prihodite (Agencia Nacional de Recaudación, Bulgaria) (en lo sucesivo, «NAP»), por otra, en relación con la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD (en lo sucesivo, «BTK»), actualmente Vivacom Bulgaria, como consecuencia de una violación del Derecho de la Unión.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, dispone:

4

El artículo 47 de la Carta establece:

Derecho búlgaro

Código de Procedimiento Administrativo

5

El artículo 1, punto 3, del Administrativnoprotsesualen kodeks (Código de Procedimiento Administrativo), en su versión aplicable al procedimiento principal (DV n.o 94, de 29 de noviembre de 2019) (en lo sucesivo, «Código de Procedimiento Administrativo»), está redactado en los siguientes términos:

6

A tenor del artículo 128, apartado 1, punto 6, de dicho Código:

7

El artículo 203 de dicho Código dispone:

Ley sobre la Responsabilidad del Estado y de los Municipios por los Daños Causados

8

El artículo 2c de la zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (Ley sobre la Responsabilidad del Estado y de los Municipios por los Daños Causados), en su versión aplicable al procedimiento principal (DV n.o 94, de 29 de noviembre de 2019) (en lo sucesivo, «Ley sobre la Responsabilidad del Estado y de los Municipios por los Daños Causados»), tiene el siguiente tenor:

Litigio principal y cuestión prejudicial

9

Entre los años 2007 y 2008, BTK Mobile EOOD, en cuyos derechos se subrogó BTK, envió a dos sociedades rumanas facturas que tenían por objeto la venta de tarjetas y bonos de prepago por servicios de telecomunicaciones. En esas facturas, dichas operaciones se consideraban prestaciones de servicios cuyo lugar de ejecución estaba situado en Rumanía y que, por tanto, no estaban sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) en Bulgaria.

10

El 20 de junio de 2012, la NAP giró a BTK una liquidación complementaria en la que se determinaban deudas de IVA correspondientes a dichas facturas. En efecto, en su opinión, las operaciones de que se trata debían calificarse de prestaciones de servicios cuyo lugar de ejecución estaba situado en Bulgaria y, por tanto, estaban sujetas al impuesto en dicho Estado miembro.

11

Mediante sentencia de 22 de noviembre de 2013, completada mediante sentencia de 28 de enero de 2014, el Administrativen sad Sofia grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria) confirmó dicha liquidación complementaria en lo que atañe a los períodos fiscales comprendidos entre los meses de diciembre de 2007 y junio de 2008, al tiempo que consideraba que las operaciones controvertidas eran entregas de bienes cuyo lugar de ejecución estaba situado en Bulgaria. Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2014, que ha adquirido firmeza, el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.

12

Mediante recurso contencioso‑administrativo interpuesto el 12 de diciembre de 2019 ante el Administrativen sad Sofia grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía) contra la NAP y el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), BTK solicitó, sobre la base del artículo 2c de la Ley sobre la Responsabilidad del Estado y de los Municipios por los Daños Causados, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, la concesión de una indemnización de daños y perjuicios por la cantidad abonada en virtud de la liquidación complementaria más los intereses legales, por un importe total de 1 808 638,32 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 925 000 euros). Dicha sociedad solicitó asimismo la concesión de los intereses legales sobre una parte de esa cantidad, por el período comprendido entre la interposición del recurso y su resolución definitiva.

13

Estos importes corresponden al perjuicio derivado de una violación suficientemente caracterizada, por la NAP y por el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), de determinadas disposiciones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión aplicable entre diciembre de 2007 y junio de 2008 (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), tal como las interpretó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 3 de mayo de 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264).

14

Mediante sentencia de 18 de abril de 2022, el Administrativen sad Sofia grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía) desestimó el recurso de BTK, y declaró, en particular, que ni la NAP ni el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) habían infringido de manera caracterizada el Derecho de la Unión. Según dicho Tribunal, la NAP calificó correctamente las operaciones controvertidas de prestaciones de servicios y no infringió el Derecho de la Unión al considerar que no se cumplía uno de los requisitos para poder fijar el lugar de ejecución de dichas prestaciones en un Estado miembro distinto de la República de Bulgaria, a saber, la obtención de tarjetas y bonos de prepago por sujetos pasivos establecidos en ese Estado miembro.

15

El Administrativen sad Sofia grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía) consideró asimismo que la calificación de las operaciones controvertidas como entregas de bienes y no como prestaciones de servicios realizada por el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) era contraria a la Directiva del IVA y a la sentencia de 3 de mayo de 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264). Sin embargo, con independencia de este error, el recurso contra la liquidación complementaria no habría podido llevar a un resultado diferente, puesto que no se había demostrado que los destinatarios de las entregas de tarjetas y de los bonos de prepago fueran sujetos pasivos establecidos en otro Estado miembro. Por otra parte, el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) constató acertadamente la falta de identidad de las circunstancias del asunto que dio lugar a la sentencia de 3 de mayo de 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264), y de las circunstancias que dieron lugar a la adopción por la NAP de la liquidación complementaria controvertida.

16

BTK ha interpuesto un recurso de casación ante el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) con objeto de que se anule la sentencia de primera instancia de 18 de abril de 2022, que, a su juicio, adolece de una infracción del Derecho sustantivo, de una infracción sustancial de las normas procesales y de una falta de motivación. BTK alega, en particular, que la violación del Derecho de la Unión derivada de la calificación errónea por el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) de las operaciones controvertidas resulta del procedimiento de infracción n.o EU Pilot 8498/1/TAXU, incoado contra la República de Bulgaria por la Comisión Europea. Esta violación, que se deriva de un desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es suficientemente caracterizada a la luz de los criterios enunciados en el apartado 43 de la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391).

17

En este contexto, BTK solicitó al Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), que es el órgano jurisdiccional remitente, que plantease una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. Esta parte reconoce que la formación de dicho órgano jurisdiccional que conoce del litigio principal es diferente de la que dictó la sentencia de 16 de diciembre de 2014, citada en el apartado 11 de la presente sentencia. Sin embargo, sostiene que existen dudas legítimas en cuanto a la imparcialidad de todas las formaciones de dicho órgano jurisdiccional, ya que este fue parte demandada en primera instancia y ya expresó la opinión de que el recurso interpuesto contra él era inadmisible o, en cualquier caso, infundado.

18

El órgano jurisdiccional remitente, al tiempo que observa que BTK no ha formulado alegaciones concretas sobre la imparcialidad subjetiva u objetiva de la formación que conoce del asunto, considera que necesita aclaraciones sobre su competencia para conocer del litigio principal, antes de poder pronunciarse sobre el fondo de este.

19

Dicho órgano jurisdiccional expone que, habida cuenta de las particularidades de la jurisdicción contencioso‑administrativa, el legislador búlgaro ha previsto que las acciones de indemnización de daños resultantes de la actividad jurisdiccional de los tribunales contencioso‑administrativos y del Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) sean competencia de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso‑administrativo, siendo de entre ellos el órgano jurisdiccional remitente el que se pronuncia en última instancia. El mencionado órgano jurisdiccional se pregunta si dicha legislación cumple las exigencias del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que consagra la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, y del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, relativo al requisito de un juez independiente e imparcial.

20

En su opinión, la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los recursos interpuestos contra la República de Bulgaria no permite determinar de manera definitiva si un órgano jurisdiccional puede conocer de un recurso en el que es parte demandada sin que ello suponga una infracción del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH).

21

Así, el órgano jurisdiccional remitente indica que, en las sentencias del TEDH de 10 de abril de 2008, Mihalkov c. Bulgaria (CE:ECHR:2008:0410JUD006771901), y de 5 de abril de 2018, Boyan Gospodinov c. Bulgaria (CE:ECHR:2018:0405JUD002841707), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró una infracción del artículo 6, apartado 1, del CEDH, en el contexto de las acciones de responsabilidad ejercitadas contra el Estado en relación con la actividad de un órgano jurisdiccional, debido a la vinculación profesional de los jueces a dicho órgano jurisdiccional, parte en el litigio, y a la circunstancia de que el pago de las indemnizaciones que podían concederse debía imputarse al presupuesto del órgano jurisdiccional en cuestión.

22

En cambio, en las sentencias del TEDH de 18 de junio de 2013, Valcheva y Abrashev c. Bulgaria (CE:ECHR:2013:0618DEC000619411), y de 18 de junio de 2013, Balakchiev y otros c. Bulgaria (CE:ECHR:2013:0618DEC006518710), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que no existía violación del CEDH debido a que la indemnización de los daños causados por la actividad de cada órgano jurisdiccional procedía de una partida presupuestaria específica de este.

23

El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el caso de autos, las normas presupuestarias aplicables al pago de eventuales daños y perjuicios como consecuencia de la resolución que resuelva el litigio principal son análogas a las descritas en los asuntos citados en el apartado anterior y que el Consejo Superior de la Magistratura podría incrementar, en su caso, los presupuestos de los órganos jurisdiccionales destinados a la indemnización, a petición del órgano jurisdiccional de que se trate. Por lo tanto, a su juicio, la retribución de los magistrados y sus condiciones de trabajo en un órgano jurisdiccional no dependen de las indemnizaciones por daños y perjuicios que este pueda tener que pagar.

24

En estas circunstancias, el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Sobre la cuestión prejudicial

25

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional conoce en última instancia, en el marco de un recurso de casación, de un asunto relativo a la responsabilidad del Estado derivada de una supuesta infracción del Derecho de la Unión como consecuencia de una sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional, asunto en el que este último tiene la condición de parte demandada.

26

A este respecto, ha de recordarse que, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar a los justiciables el respeto de su derecho a la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, de los que forma parte el del IVA, que constituye el objeto del litigio principal.

27

Por otra parte, es preciso señalar que el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, que enuncia, en particular, el derecho fundamental a un juez independiente e imparcial, se aplica a los Estados miembros, de conformidad con su artículo 51, apartado 1, cuando apliquen el Derecho de la Unión. Así sucede en el caso de autos, dado que el litigio principal versa sobre la responsabilidad del Estado por una supuesta infracción de la Directiva del IVA.

28

En la medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, el artículo 52, apartado 3, de la Carta tiene por objeto asegurar la coherencia necesaria entre los derechos que esta contiene y los derechos correspondientes garantizados por el CEDH, sin que ello afecte a la autonomía del Derecho de la Unión. Según las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17), el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta se corresponde con el artículo 6, apartado 1, del CEDH. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe velar por que la interpretación que realice en el presente asunto garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6, apartado 1, del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann‑Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 46 y jurisprudencia citada).

29

Por otra parte, ha de recordarse que la exigencia de independencia de los tribunales, inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho fundamental a un proceso equitativo, que revisten una importancia capital como garantías de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann‑Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 49 y jurisprudencia citada).

30

Según reiterada jurisprudencia, la exigencia de independencia comprende dos aspectos. El primero de ellos, de orden externo, supone que el órgano en cuestión ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar e influir en sus decisiones (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann‑Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 50 y jurisprudencia citada).

31

El segundo aspecto, de orden interno, se asocia al concepto de «imparcialidad» y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. Este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann‑Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 51 y jurisprudencia citada).

32

Por lo tanto, las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por el Derecho de la Unión postulan la existencia de normas que permitan excluir toda duda legítima en los justiciables en lo que respecta, en particular, a la neutralidad del órgano en cuestión ante los intereses en litigio [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2024, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (Asociaciones de jueces y fiscales), C‑53/23, EU:C:2024:388, apartado 51 y jurisprudencia citada].

33

En cuanto al requisito de «imparcialidad», en el sentido del artículo 6, apartado 1, del CEDH, su apreciación objetiva, que es la única pertinente en el caso de autos a la luz de las dudas del órgano jurisdiccional remitente, consiste en determinar si el tribunal ofrecía, en particular por su composición, garantías suficientes para excluir toda duda legítima en cuanto a su imparcialidad. Así pues, procede preguntarse si, independientemente de la conducta personal de los jueces, determinados hechos verificables permiten dudar de la imparcialidad de estos. A este respecto, incluso las apariencias pueden tener importancia. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para pronunciarse sobre la existencia de motivos que hagan temer que no se satisfacen en un determinado asunto esas exigencias de independencia o de imparcialidad objetiva, el punto de vista de una parte se tiene en cuenta, pero no desempeña un papel decisivo. El factor decisivo consiste en si los temores de que se trate pueden considerarse objetivamente justificados [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartados 128 y 129 y jurisprudencia citada].

34

Procede examinar a la luz de esta jurisprudencia el caso particular que es objeto de la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia, a saber, el de un órgano jurisdiccional que conoce en última instancia, en el marco de un recurso de casación, de un asunto relativo a la responsabilidad del Estado derivada de una supuesta infracción del Derecho de la Unión como consecuencia de una sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional, asunto en el que este último tiene la condición de parte demandada.

35

A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el principio de esta responsabilidad no se refiere a la responsabilidad personal del juez, sino a la del Estado. Pues bien, no parece que la posibilidad de exigir, en determinadas condiciones, la responsabilidad del Estado por las resoluciones judiciales contrarias al Derecho de la Unión suponga riesgos particulares para la independencia de un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 42).

36

El Tribunal de Justicia también ha recordado que, a falta de una normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la protección de los derechos que corresponden a los justiciables en virtud del Derecho de la Unión. Sin perjuicio de que los Estados miembros tengan que garantizar, en cada caso, una tutela judicial efectiva de los derechos individuales derivados del ordenamiento jurídico de la Unión, no corresponde al Tribunal de Justicia intervenir en la solución de los problemas de competencia que pueda plantear, en el plano de la organización judicial nacional, la calificación de determinadas situaciones jurídicas fundadas en el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartados 46 y 47 y jurisprudencia citada).

37

Por consiguiente, no está prohibido, por principio, que un Estado miembro designe a un órgano jurisdiccional como competente para conocer en última instancia, en el marco de un recurso de casación, de la responsabilidad del Estado por los daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión derivadas, en su caso, de una de las sentencias de dicho órgano jurisdiccional, siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar la independencia y la imparcialidad de este, en el sentido de la jurisprudencia citada en los apartados 30 a 33 de la presente sentencia.

38

En segundo lugar, por lo que respecta al hecho de que, en un litigio como el litigio principal, el órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia pueda haber tomado posición, como parte demandada en primera instancia, sobre las cuestiones de hecho y de Derecho que constituyen el objeto del litigio, procede señalar que dicho estatuto procesal no puede poner en cuestión la imparcialidad de ese órgano jurisdiccional, a condición de que los miembros de la formación que conoce del litigio en última instancia no hayan participado en modo alguno en la defensa de dicho órgano jurisdiccional en primera instancia.

39

A este respecto, procede señalar que la circunstancia de que el «Tribunal de Justicia de la Unión Europea», como institución, sea parte demandada en el proceso no impide que el Tribunal de Justicia pueda resolver un litigio (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de mayo de 2000, Kögler/Tribunal de Justicia, C‑82/98 P, EU:C:2000:282, y de 4 de mayo de 2023, KY/Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C‑100/22 P, EU:C:2023:377). Del mismo modo, el derecho fundamental a un juez independiente e imparcial, consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, no se vulnera cuando el Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de casación interpuesto por la Unión Europea, representada por la institución «Tribunal de Justicia de la Unión Europea» (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2018, Unión Europea/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, apartado 36).

40

Ahora bien, cuando el Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su condición de Presidente de dicha institución, ha decidido interponer un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal General relativa a esa institución, el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial de la otra parte en el procedimiento solo se considera garantizado cuando el Presidente del Tribunal de Justicia en cuanto órgano jurisdiccional no interviene en la tramitación judicial del asunto y es sustituido en sus funciones por el Vicepresidente (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2018, Unión Europea/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, apartado 38).

41

Aunque ciertamente corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si en el litigio principal se cumple el requisito mencionado en el apartado 38 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación judicial establecida en el artículo 267 TFUE, puede proporcionar a dicho órgano jurisdiccional, a partir de los datos obrantes en los autos, los elementos de interpretación del Derecho del Unión que pudieran serle útiles para la apreciación de los efectos de una u otra disposición de este Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann‑Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 60 y jurisprudencia citada).

42

En el caso de autos, como ha indicado Vivacom Bulgaria y como se desprende de las observaciones de la parte demandada en el litigio principal, la posición del Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), como parte demandada en primera instancia, fue expresada por un funcionario de dicho órgano jurisdiccional designado por el presidente de este. En cambio, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que los miembros de la formación que conoce del asunto principal hayan desempeñado papel alguno en la defensa del Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar esta información.

43

En estas circunstancias, si estas se confirmaran, la jurisprudencia, recordada por Vivacom Bulgaria, según la cual el concepto de «independencia» implica que el órgano de que se trate tenga la calidad de tercero con respecto a la autoridad que haya adoptado la decisión recurrida (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de enero de 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, apartado 62, y de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 46), no sería incompatible con la competencia de un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia para conocer de un recurso de casación en un asunto en el que tiene la condición de parte demandada.

44

En tercer lugar, por lo que respecta a la exigencia de independencia e imparcialidad de los jueces, procede recordar que las reglas aplicables al estatuto de estos y al ejercicio de sus funciones de juez deben permitir excluir no solo cualquier influencia directa, en forma de instrucciones, sino también las formas de influencia más indirecta que pudieran orientar las decisiones de los jueces de que se trate, y evitar de este modo una falta de apariencia de independencia de esos jueces que pudiera menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática y un Estado de Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Hann‑Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 53 y jurisprudencia citada).

45

A este respecto, para empezar, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que los jueces del Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) no dispongan, con arreglo a la normativa búlgara, de garantías que puedan asegurar su independencia e imparcialidad, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

46

A continuación, la resolución de remisión indica que la remuneración y las condiciones de empleo de esos jueces no dependen del pago de una eventual indemnización por daños y perjuicios por parte de dicho órgano jurisdiccional. En estas circunstancias, las normas presupuestarias que regulan el pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios que, en su caso, deban abonarse como consecuencia de la resolución por la que se resuelva el litigio principal no pueden suscitar dudas legítimas en los justiciables en cuanto a la independencia o imparcialidad de dichos jueces.

47

Por último, procede señalar que el mero hecho de que varias formaciones de un órgano jurisdiccional se encarguen sucesivamente de asuntos relativos a problemas jurídicos distintos derivados de una misma situación no basta para suscitar dudas legítimas en los justiciables en cuanto a la independencia o a la imparcialidad de dicho órgano jurisdiccional en cada uno de esos asuntos.

48

Como ha señalado la Abogada General en el punto 39 de sus conclusiones, de las sentencias del TEDH de 29 de julio de 2004, San Leonard Band Club c. Malta (CE:ECHR:2004:0729JUD007756201), y de 7 de julio de 2020, Scerri c. Malta (CE:ECHR:2020:0707JUD003631818), se desprende, en cambio, que, en el supuesto de que esos mismos jueces tuvieran que pronunciarse, en una determinada instancia, sobre la cuestión de si han cometido errores de interpretación o de aplicación del Derecho en una resolución anterior, debería declararse la existencia de una infracción del artículo 6 del CEDH.

49

Asimismo, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que el derecho fundamental a un juez independiente e imparcial, tal como se enuncia en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, se respeta cuando el Tribunal General, al conocer de una pretensión de indemnización dirigida a obtener la reparación del supuesto perjuicio resultante de la inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento, resuelve dicha pretensión en una formación diferente de la que conoció del litigio que dio lugar al procedimiento cuya duración se critica (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de noviembre de 2013, Gascogne Sack Deutschland/Comisión, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, apartado 96, y de 13 de diciembre de 2018, Unión Europea/Kendrion, C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada).

50

Pues bien, en el caso de autos, de la resolución de remisión y de las observaciones escritas presentadas por Vivacom Bulgaria se desprende que ninguno de los jueces que componen la formación que conoce del litigio principal formó parte de la que dictó la sentencia que dio lugar a dicho litigio. Así pues, basta con señalar, sin que sea necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre si sería compatible con las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se le solicita que las dos formaciones jurisdiccionales estén compuestas, aunque solo sea parcialmente, por los mismos jueces, que, en las circunstancias del litigio principal, la composición respectiva de estas dos formaciones jurisdiccionales no puede suscitar dudas legítimas en los justiciables en cuanto a la independencia o a la imparcialidad del Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo).

51

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional conoce en última instancia, en el marco de un recurso de casación, de un asunto en el que dicho órgano jurisdiccional tiene la condición de parte demandada relativo a la responsabilidad del Estado derivada de una supuesta infracción del Derecho de la Unión como consecuencia de una sentencia dictada por ese órgano jurisdiccional, siempre que dicha normativa nacional y las medidas adoptadas para tramitar el asunto permitan excluir toda duda legítima en los justiciables en cuanto a la independencia y la imparcialidad del órgano jurisdiccional en cuestión.

Costas

52

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.