Edición provisional
AUTO DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 29 de septiembre de 2026 (*)
« Procedimiento sobre medidas provisionales — Artículo 263 TFUE — Recurso de anulación de un acto de la Unión — Artículo 278 TFUE — Demanda de suspensión de la ejecución de dicho acto — Decisión (UE) 2026/183 — Aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur — Urgencia — Inexistencia »
En el asunto C‑460/26 R,
que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución, con arreglo al artículo 278 TFUE, presentada el 10 de mayo de 2026,
República de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. A. Antoniadis y B. Driessen, la Sra. L. Hamtcheva y el Sr. J. Rurarz, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyado por
República Federal de Alemania, representada por los Sres. J. Möller y N. Scheffel y por la Sra. R. Wolfe, en calidad de agentes,
Reino de los Países Bajos, representado por la Sra. P. Huurnink y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes,
República de Finlandia, representada por las Sras. A. Laine y M. Pere, en calidad de agentes,
Comisión Europea, representada por los Sres. L. Baumgart y C. Hermes, la Sra. M. Kocjan y el Sr. R. Vidal Puig, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
EL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
oído el Abogado General, Sr. D. Spielmann;
dicta el siguiente
Auto
1 Mediante su demanda de medidas provisionales, la República de Polonia solicita al Tribunal de Justicia que ordene la suspensión de la ejecución de la Decisión (UE) 2026/183 del Consejo, de 9 de enero de 2026, relativa a la firma y a la aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea, por una parte, y el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra parte (DO L, 2026/183; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento en el asunto C‑460/26.
2 Esta demanda se ha presentado paralelamente a la interposición, el 10 de mayo de 2026, por dicho Estado miembro, de un recurso, con arreglo al artículo 263 TFUE, por el que se solicita que se anule la Decisión controvertida.
Marco jurídico
Decisión controvertida
3 A tenor de los considerandos 1 a 3 y 5 a 7 de la Decisión controvertida:
«(1) El 13 de septiembre de 1999, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Partes con miras a un acuerdo, compuesto por partes políticas, de cooperación y comerciales. Las negociaciones concluyeron con éxito el 6 de diciembre de 2024.
(2) Las negociaciones dieron lugar a dos instrumentos jurídicos paralelos. El primer instrumento es el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra parte (“EMPA”, por sus siglas en inglés), que incluye un pilar político y de cooperación y un pilar de comercio e inversión. El segundo instrumento es el Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea, por una parte, y el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra parte (“ITA”, por sus siglas en inglés), que abarca la liberalización del comercio y las inversiones. El ITA dejará de surtir efecto y será sustituido por el EMPA a partir de la entrada en vigor de este último.
(3) Hasta la adopción y entrada en vigor de un acto legislativo específico de la Unión por el que se aplique la cláusula bilateral de salvaguardia del EMPA y del ITA para los productos agrícolas, y con el fin de que la Unión pueda adoptar medidas rápidas y eficaces para proteger sus intereses en virtud del EMPA o del ITA, según proceda, la Comisión debe estar facultada para adoptar, mediante reglamentos de ejecución, medidas bilaterales de salvaguardia en materia agrícola (en lo sucesivo, “medidas bilaterales de salvaguardia”) que sean coherentes con el EMPA o el ITA, según proceda. Por lo que se refiere a los productos agrícolas sensibles, la Comisión también debe adoptar salvaguardias bilaterales de conformidad con las condiciones establecidas en la presente Decisión.
[…]
(5) Uno o varios Estados miembros deben tener la posibilidad de solicitar a la Comisión que adopte medidas bilaterales de salvaguardia en las condiciones establecidas en el ITA y, por lo que respecta a los productos agrícolas sensibles, en la presente Decisión. Si la Comisión rechaza dicha solicitud, debe informar oportunamente al Consejo de los motivos de su denegación.
(6) Por lo tanto, procede firmar el ITA.
(7) El ITA debe aplicarse de forma provisional, a la espera de su entrada en vigor, entre la Unión, por una parte, y uno o varios de los Estados MERCOSUR que sean Partes del ITA (en lo sucesivo, “Estados MERCOSUR signatarios”), por otra parte […]».
4 El artículo 1 de esta Decisión dispone lo siguiente:
«Se autoriza la firma del Acuerdo Interino de Comercio entre la Unión Europea, por una parte, y el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por otra parte, a reserva de la celebración de dicho Acuerdo.»
5 A tenor del artículo 2 de la citada Decisión:
«1. Hasta la adopción y entrada en vigor de un acto legislativo específico de la Unión por el que se aplique la cláusula bilateral de salvaguardia para los productos agrícolas del EMPA y del ITA, la Comisión podrá adoptar, mediante reglamentos de ejecución, medidas bilaterales de salvaguardia que sean coherentes con las condiciones establecidas en el capítulo 9 del ITA y en la presente Decisión.
2. La Comisión seguirá de cerca el mercado de los productos agrícolas sensibles, es decir, los productos sujetos a contingentes arancelarios de la Unión de conformidad con la sección B del anexo 2‑A (cronograma de eliminación arancelaria) del ITA, en particular en lo que respecta a las tendencias de importación y exportación relacionadas con MERCOSUR, la producción y la evolución de los precios.
La Comisión evaluará rápidamente la situación del mercado sobre la base de dicho seguimiento y establecerá la relación entre un posible aumento de las importaciones de los productos agrícolas sensibles pertinentes y la evolución de la producción y/o el consumo, los precios y las cuotas de mercado en el mercado de la Unión, así como las exportaciones de la Unión.
Cada seis meses, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de seguimiento en el que se evalúe el impacto de las importaciones de productos agrícolas sensibles, tanto en uno como en varios Estados miembros.
3. Cuando haya suficientes indicios razonables, obtenidos, en particular, mediante el seguimiento y la evaluación de la situación del mercado a que se refiere el apartado 2, de un perjuicio grave o una amenaza de perjuicio grave para la rama de la producción de la Unión de productos agrícolas sensibles, incluso cuando dicho perjuicio o amenaza de perjuicio se concentre geográficamente en uno o varios Estados miembros, la Comisión abrirá sin demora una investigación a petición de uno o varios Estados miembros o de cualquier persona jurídica o asociación que actúe en nombre de la rama de la producción de la Unión y esté activa en el sector de que se trate.
4. A efectos del presente artículo, se entenderá por “rama de la producción de la Unión” los productores de la Unión de productos pertinentes similares o directamente competidores.
5. La Comisión examinará, con carácter prioritario, si existen indicios razonables de un perjuicio grave o una amenaza de perjuicio grave cuando se produzca un aumento de las importaciones o una bajada de los precios de forma concentrada en uno o varios Estados miembros, o cuando se produzca un aumento de las importaciones o una bajada del precio de un producto y la rama de la producción de la Unión esté establecida predominantemente en uno o varios Estados miembros.
La Comisión considerará como indicio razonable de perjuicio grave o de amenaza de perjuicio grave para la rama de la producción de la Unión, salvo indicaciones en contrario, un aumento de más del 5 % interanual, como regla general, en el volumen de las importaciones en condiciones preferenciales de un producto determinado [procedente] de Estados MERCOSUR signatarios que esté sujeto [a] un contingente arancelario, siempre que, al mismo tiempo, el precio medio de importación de dichas importaciones procedentes de Estados MERCOSUR signatarios sea, como regla general, al menos un 5 % inferior al precio medio nacional pertinente de los productos similares o directamente competidores durante el mismo período.
6. La Comisión considerará como indicio razonable de perjuicio grave o de amenaza de perjuicio grave para la rama de la producción de la Unión, salvo indicaciones en contrario, una disminución de más del 5 % interanual, como regla general, del precio medio de importación de un producto dado procedente de Estados MERCOSUR signatarios importado en la Unión en condiciones preferenciales que esté sujeto a un contingente arancelario, siempre que, al mismo tiempo, el precio medio de importación de ese producto procedente de Estados MERCOSUR signatarios sea, como regla general, al menos un 5 % inferior al precio medio nacional pertinente de los productos similares o directamente competidores durante el mismo período.
7. La Comisión impondrá sin demora ni vacilación y, en el caso de los productos agrícolas sensibles a más tardar en un plazo de veintiún días a partir de la recepción de la solicitud a que se refiere el apartado 3, medidas bilaterales de salvaguardia provisionales para evitar cualquier perjuicio a la rama de la producción de la Unión que sería difícil de reparar, incluso cuando dicho perjuicio esté concentrado geográficamente en uno o varios Estados miembros.
8. Dado que el seguimiento minucioso del mercado caracteriza permanentemente las actividades de la Comisión en el sector agrícola, la Comisión procurará concluir lo antes posible cualquier investigación sobre productos agrícolas sensibles en relación con las medidas bilaterales de salvaguardia, con el fin de adoptar una decisión definitiva en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la solicitud a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. Dicho período podrá prorrogarse, pero no excederá del plazo de un año previsto en el artículo 9.13 del ITA.
9. Podrá imponerse una medida de salvaguardia cuando un producto pertinente originario de un Estado MERCOSUR signatario se importe en la Unión:
a) en cantidades tan elevadas, en términos absolutos o relativos con respecto a la producción o el consumo de la Unión y en condiciones tales que cause o amenace con causar un perjuicio grave a la rama de la producción de la Unión, incluso cuando dicho perjuicio o amenaza de perjuicio se concentre geográficamente en uno o varios Estados miembros, y
b) cuando el aumento de las importaciones se deba a las obligaciones derivadas del ITA, incluida la reducción o eliminación de los derechos de aduana sobre el producto.
10. Una medida de salvaguardia podrá adoptar la forma de una suspensión temporal del cronograma de reducción arancelaria para el producto de que se trate, o de una reducción de la preferencia arancelaria, hasta alcanzar el nivel del tipo de nación más favorecida o del tipo básico, si este último es inferior.
11. Toda medida de salvaguardia se aplicará durante un período de dos años, que podrá prorrogarse por un período adicional de hasta dos años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.9 del ITA, siempre que se cumplan las condiciones pertinentes que justifiquen dicha prórroga.»
6 El artículo 3 de la misma Decisión está redactado en los siguientes términos:
«1. A la espera de su entrada en vigor, el ITA se aplicará de manera provisional entre la Unión, por una parte, y uno o varios de los Estados MERCOSUR signatarios, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 del Acuerdo, a partir del primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que uno o varios de los Estados MERCOSUR signatarios, según proceda, notifiquen a la Unión la finalización de sus respectivos procedimientos internos necesarios para la aplicación provisional del ITA y confirmen que están de acuerdo en aplicarlo de manera provisional.
2. La fecha a partir de la cual el ITA se aplicará de manera provisional se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.»
ITA
7 El capítulo 6 del ITA, titulado «Medidas sanitarias y fitosanitarias», incluye, en particular, sus artículos 6.1, 6.4, 6.6 y 6.14.
8 El artículo 6.1 de este Acuerdo, titulado «Objetivos», estipula lo siguiente:
«Los objetivos del presente capítulo son:
a) proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal en los territorios de las Partes, facilitando al mismo tiempo el comercio entre las Partes en lo que respecta a las medidas sanitarias y fitosanitarias (en lo sucesivo, “MSF”);
b) establecer una cooperación en la aplicación del Acuerdo [sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que figura en el anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se aprobó mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO 1994, L 336, p. 40) (en lo sucesivo, “Acuerdo MSF”)];
[…]».
9 El artículo 6.4 del ITA, titulado «Derechos y obligaciones», dispone lo siguiente:
«Las Partes afirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo MSF. Ninguna de las disposiciones del presente capítulo afectará a los derechos ni a las obligaciones de las Partes establecidos en el Acuerdo MSF.»
10 El artículo 6.6 del ITA, bajo el título «Obligaciones generales», establece lo siguiente en su apartado 1:
«Los productos exportados desde una Parte cumplirán los requisitos sanitarios y fitosanitarios aplicables de la Parte importadora.»
11 El artículo 6.14 de ese mismo Acuerdo, que lleva por título «Medidas de emergencia», dispone, en sus apartados 2 y 4, lo siguiente:
«2. En caso de riesgos graves para la vida o la salud de las personas, los animales o los vegetales, la Parte importadora podrá adoptar medidas de emergencia contra esos riesgos.
[…]
4. Las medidas a que se refiere el apartado 2 podrán adoptarse sin notificación previa de conformidad con el artículo 6.12. La Parte que adopte medidas de emergencia notificará a la otra Parte lo antes posible la adopción de dichas medidas y, en cualquier caso, a más tardar 48 (cuarenta y ocho) horas después.»
12 El capítulo 9 del ITA, bajo el título «Medidas de salvaguardia bilaterales», incluye, entre otros, los artículos 9.3, recogido en la sección C, y 9.15, dentro de la sección F, de este.
13 El artículo 9.3 del citado Acuerdo, titulado «Aplicación de medidas de salvaguardia bilaterales», establece lo siguiente:
«1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones mencionados en el capítulo 8, una Parte podrá, en circunstancias excepcionales, para mercancías distintas de los vehículos clasificados en las partidas 8703 y 8704 del [Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, hecho en Bruselas el 14 de junio de 1983, en el marco de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y aprobado, junto con su Protocolo de Enmienda de 24 de junio de 1986, en nombre de la Comunidad Económica Europea mediante la Decisión 87/369/CEE del Consejo, de 7 de abril de 1987 (DO 1987, L 198, p. 1)], aplicar medidas de salvaguardia bilaterales con arreglo a las condiciones establecidas en la presente sección si, después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las importaciones de la otra Parte de un producto con condiciones preferenciales han aumentado en tales cantidades, absolutas o relativas a la producción o el consumo interno, y en condiciones tales que causan o amenazan con causar un daño grave a su rama de producción nacional de productos similares o directamente competidores.
2. Para las mercancías que figuran en el apartado 1, las medidas de salvaguardia bilaterales solo se aplicarán en la medida necesaria para prevenir o remediar el daño grave o la amenaza de daño grave.
3. Las medidas de salvaguardia bilaterales se aplicarán tras una investigación realizada por las autoridades investigadoras competentes de la Parte importadora con arreglo a los procedimientos establecidos en el presente capítulo.»
14 El artículo 9.15 de dicho Acuerdo, con el epígrafe «Medidas de salvaguardia provisionales», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«En circunstancias críticas en las que un retraso pueda causar un daño difícil de reparar, una Parte, tras la debida notificación, podrá adoptar una medida de salvaguardia provisional con arreglo a una determinación preliminar de que existen pruebas claras de que han aumentado las importaciones en condiciones preferenciales y de que dichas importaciones han causado o amenazan con causar un daño grave. […]»
15 El artículo 23.3 del ITA, titulado «Aplicación antes de la entrada en vigor», establece, en su apartado 1, lo siguiente:
«El presente Acuerdo podrá aplicarse de forma provisional. La aplicación provisional podrá tener lugar entre, por una parte, la Unión Europea y, por otra, uno o varios de los Estados MERCOSUR signatarios, de conformidad con sus respectivos procedimientos internos.»
Antecedentes del litigio
16 De la demanda de medidas provisionales se desprende que las negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Mercosur comenzaron en 1999. El 13 de septiembre de 1999, el Consejo adoptó una serie de directrices de negociación y autorizó a la Comisión a entablar negociaciones para la celebración de un «acuerdo de asociación interregional» entre la Unión y el Mercosur, destinado a sustituir al Acuerdo marco aprobado mediante la Decisión del Consejo, de 22 de marzo de 1999, relativa a la conclusión, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados parte, por otra (DO 1999, L 112, p. 65). Estas directrices de negociación autorizaban a la Comisión a negociar un acuerdo de asociación único que debía incluir tanto una parte comercial como una parte dedicada al diálogo político y a la cooperación. Sobre la base de esta autorización, la Comisión inició las negociaciones.
17 Según la referida demanda, estas negociaciones concluyeron el 28 de junio de 2019 con la celebración de un acuerdo comercial entre la Unión y el Mercosur. Este acuerdo incluía, en particular, una serie de disposiciones relativas al comercio de mercancías. La parte política del acuerdo de asociación fue negociada por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y se le puso fin el 18 de junio de 2020. Las negociaciones concluyeron el 6 de diciembre de 2024.
18 También se desprende de la demanda de medidas provisionales que, el 3 de septiembre de 2025, la Comisión transmitió al Consejo, por una parte, dos propuestas relativas a la firma y a la conclusión del EMPA y, por otra parte, otras dos propuestas relativas a la firma y a la conclusión del ITA. Al mismo tiempo, según la citada demanda, la Comisión propuso incluir la decisión relativa a la aplicación provisional del Acuerdo Interino de Comercio únicamente en el proyecto de la decisión relativa a la conclusión del Acuerdo, y no en la relativa a la firma de este.
19 De este modo, la Comisión dividió el acuerdo de asociación con el Mercosur en dos acuerdos distintos, a saber, el EMPA y el ITA, que se limita a las cuestiones comerciales y que contiene, en esencia, las mismas obligaciones que se derivan de la parte comercial del EMPA.
20 Según la demanda de medidas provisionales, esta escisión ha permitido que el Consejo concluya el ITA sobre la base de la competencia exclusiva de la Unión en materia de política comercial común, previa aprobación del Parlamento. En cambio, el EMPA se presenta como un acuerdo mixto y requerirá la aprobación del Parlamento y la ratificación por los veintisiete Estados miembros antes de que el Consejo pueda adoptar la decisión relativa a su conclusión.
21 Además, de la demanda de medidas provisionales se desprende que, el 9 de enero de 2026, a pesar de la oposición de Irlanda, de la República Francesa, de Hungría, de la República de Austria y de la República de Polonia, así como de la abstención del Reino de Bélgica, el Consejo adoptó la Decisión controvertida, por la que autorizó la firma del ITA e impuso su aplicación con carácter provisional. Esta Decisión permite aplicar el ITA incluso antes de su entrada en vigor definitiva. Debe precisarse que las disposiciones del ITA también forman parte del EMPA. Se prevé que, una vez concluido por todas las partes, el EMPA sustituirá al ITA, que dejará de estar en vigor, en lo que respecta a las disposiciones comerciales.
22 El 19 de enero de 2026, el Consejo solicitó al Parlamento que aprobara la celebración del ITA y del EMPA.
23 El 21 de enero de 2026, el Parlamento aprobó una resolución en la que solicitaba un dictamen del Tribunal de Justicia sobre la conformidad del ITA y del EMPA con los Tratados.
24 Según la República de Polonia, el 27 de febrero de 2026, la presidenta de la Comisión anunció que, tras la ratificación del «Acuerdo UE-Mercosur» por parte de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay, y en vista de la próxima ratificación de dicho Acuerdo por la República Federativa de Brasil y la República del Paraguay, «la Comisión [iba a] proceder ahora a la aplicación provisional [de dicho Acuerdo]».
25 El ITA se aplica con carácter provisional desde el 1 de mayo de 2026.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
26 Mediante decisiones del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 8, 17 y 19 de junio de 2026, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania, de la República de Finlandia, del Reino de los Países Bajos y de la Comisión en apoyo de las pretensiones del Consejo.
27 De conformidad con el artículo 160, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Consejo presentó observaciones escritas el 12 de junio de 2026.
28 La República Federal de Alemania, la República de Finlandia y la Comisión presentaron sus escritos de formalización de la intervención los días 1 y 3 de julio de 2026, respectivamente. Mediante escrito de 26 de junio de 2026, el Reino de los Países Bajos renunció a la posibilidad de presentar observaciones escritas.
29 La República de Polonia solicita al Tribunal de Justicia que ordene la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento sobre el fondo.
30 El Consejo, apoyado por la República Federal de Alemania, la República de Finlandia y la Comisión, solicita al Tribunal de Justicia que:
– Desestime la pretensión de suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida.
– Condene en costas a la República de Polonia.
Sobre la demanda de medidas provisionales
31 Con carácter preliminar, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 160, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, las demandas de suspensión de la ejecución de un acto de una institución y de otras medidas provisionales, previstas en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, han de especificar el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada.
32 Según jurisprudencia reiterada, el juez de medidas provisionales puede ordenar la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales si se demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que son urgentes, en el sentido de que es necesario, para evitar un perjuicio grave e irreparable para los intereses de la parte que las solicita, que sean acordadas y surtan efectos desde antes de que se resuelva sobre el fondo. El juez de medidas provisionales debe proceder, asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego. Estos requisitos son acumulativos, de manera que la demanda de medidas provisionales debe desestimarse cuando no concurra alguno de ellos [auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, apartado 56 y jurisprudencia citada].
33 En el marco del examen de estos requisitos, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la concurrencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma del Derecho de la Unión le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 13 de abril de 2021, Lituania/Parlamento y Consejo, C‑541/20 R, EU:C:2021:264, apartado 13 y jurisprudencia citada].
34 En el presente asunto, es preciso comprobar, antes de nada, si se cumple el requisito relativo a la urgencia.
Alegaciones
35 En primer lugar, la República de Polonia considera que las circunstancias en las que se adoptó la Decisión controvertida, en particular las violaciones flagrantes de los Tratados cometidas entonces, justifican la suspensión de la ejecución de esta hasta que se dicte una resolución que ponga fin al procedimiento sobre el fondo. A su parecer, las instituciones de la Unión, que pretenden aplicar el ITA lo antes posible, actuaron violando los Tratados, incurriendo en desviación de poder, vulnerando el principio de cooperación leal y privilegiando intereses económicos selectivos en detrimento del respeto de los Tratados y de los principios fundamentales de la Unión. Autorizar la aplicación del ITA podría, por tanto, a juicio de la República de Polonia, incitarlas a emprender acciones similares en el futuro.
36 En segundo lugar, la República de Polonia sostiene que la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida también está justificada por el hecho de que esta autoriza la aplicación provisional del ITA, que amplía la posibilidad de introducir en el mercado de la Unión productos agrícolas procedentes de los países del Mercosur. Pues bien, dicho Acuerdo no contiene cláusulas de las denominadas «espejo» que impongan a los agricultores de los países del Mercosur la obligación de respetar las mismas normas de producción, en particular en materia de medio ambiente, de salud o de bienestar animal, que las que se aplican a los productores de la Unión.
37 El citado Estado miembro destaca, en particular, el uso intensivo de productos fitosanitarios en la agricultura de los países del Mercosur, así como el hecho de que muchos de estos productos contienen sustancias activas retiradas del mercado de la Unión debido al peligro que suponen para la salud y la vida de las personas y de los animales y para el medio ambiente. Así, desde que empiece a aplicarse el ITA, podrían aparecer en el mercado de la Unión productos agrícolas importados que contengan residuos de sustancias activas no autorizadas en la Unión.
38 Según la República de Polonia, no cabe duda, por tanto, de que los productos agrícolas procedentes de los países del Mercosur pueden presentar un riesgo real para la salud o la vida humana y animal y de que su producción supondría una presión inaceptable sobre el medio ambiente de la Unión. Si estas sustancias activas no supusieran una amenaza real y grave, la Comisión no las habría retirado del mercado de la Unión.
39 Además, el citado Estado miembro sostiene que el perjuicio alegado es grave e irreparable. Afirma que, una vez comercializados en la Unión, los productos agrícolas que contienen sustancias activas nocivas tendrían efectos negativos en la salud humana y animal y en el medio ambiente que no podrían revertirse posteriormente.
40 En tercer lugar, la República de Polonia sostiene que la aplicación provisional del ITA ocasionará un perjuicio grave e irreversible que se traducirá en una disminución de los ingresos de los agricultores y en una perturbación del funcionamiento del mercado de diversos productos agrícolas, al autorizar la presencia en dicho mercado de productos más baratos, cultivados o fabricados con productos químicos prohibidos en la Unión.
41 El referido Estado miembro alega que los productores agrícolas de los países del Mercosur pueden utilizar productos fitosanitarios nocivos para las personas, los animales y el medio ambiente, pero más baratos y más eficaces. De este modo, obtienen rendimientos más elevados a un menor coste, lo que les permite ofrecer sus productos a un precio inferior. Estos productos constituyen, a juicio de la República de Polonia, una competencia desleal para los agricultores de la Unión, reducen sus ingresos y ponen en peligro la estabilización del mercado interior y la seguridad del abastecimiento.
42 Según la República de Polonia, la disminución de los ingresos de los agricultores de la Unión, la perturbación del funcionamiento de los mercados de los diferentes productos agrícolas y la exclusión del mercado de productos agrícolas más saludables y de mejor calidad, pero más caros, ya que se obtienen respetando las normas y los requisitos estrictos establecidos por el Derecho de la Unión, en favor de productos más baratos, pero que contienen residuos de productos químicos prohibidos en la Unión, pueden causar un perjuicio grave e irreparable.
43 En particular, no sería posible reparar el perjuicio que provocarían las quiebras de explotaciones agrícolas debido a la afluencia masiva de productos más baratos procedentes de los países del Mercosur. El restablecimiento del buen funcionamiento de los mercados agrícolas, perturbado por la afluencia de estos productos, podría tardar muchos años y poner en peligro la seguridad alimentaria de la Unión.
44 El Consejo rebate estas alegaciones. En su opinión, la República de Polonia no ha demostrado que la aplicación de la Decisión controvertida hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento en el asunto C‑460/26 pueda causar, de manera previsible y con un grado de probabilidad suficiente, un perjuicio grave e irreparable ni que se cumpla el requisito relativo a la urgencia.
45 La República Federal de Alemania, la República de Finlandia y la Comisión consideran también que no se cumple el requisito relativo a la urgencia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
46 Según reiterada jurisprudencia, la finalidad del procedimiento de medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la decisión definitiva que debe dictarse, con el fin de evitar una laguna en la protección jurisdiccional que depara el Tribunal de Justicia. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte probar que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento sobre el fondo sin sufrir un perjuicio de esa naturaleza. Para demostrar la existencia de tal perjuicio grave e irreparable, no es necesario exigir que se pruebe con absoluta certeza la producción del perjuicio. Es suficiente que este sea previsible con un grado de probabilidad suficiente (auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 23 de julio de 2025, Comisión/Ortis, C‑54/25 P‑R, EU:C:2025:590, apartado 28 y jurisprudencia citada).
47 Conforme a esta jurisprudencia, incumbe siempre a la parte que solicita la adopción de una medida provisional exponer y demostrar la probable producción de un perjuicio grave e irreparable. A este respecto, el juez de medidas provisionales debe disponer de información concreta y precisa, respaldada por pruebas documentales detalladas que permitan apreciar las consecuencias concretas que se producirían probablemente de no concederse las medidas solicitadas (véase, en este sentido, el auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 13 de abril de 2021, Lituania/Parlamento y Consejo, C‑541/20 R, EU:C:2021:264, apartados 19 y 20 y jurisprudencia citada).
48 Por tanto, en el presenten asunto, incumbe a la República de Polonia demostrar que la aplicación de la Decisión controvertida en el período comprendido entre la firma del presente auto y el pronunciamiento de la sentencia que ponga fin al procedimiento en el asunto C‑460/26 puede causar, de manera previsible con un grado de probabilidad suficiente, un perjuicio grave e irreparable.
49 En primer lugar, como se desprende de la demanda de medidas provisionales, dicho Estado miembro invoca una violación de los Tratados, un abuso de poder y la vulneración del principio de cooperación leal para afirmar que la Decisión controvertida adolece de ilegalidad y que permitir la aplicación del ITA, incluso con carácter provisional, podría incitar a las instituciones de la Unión a emprender «acciones similares» en el futuro.
50 A este respecto, en la medida en que la República de Polonia parece basar la urgencia en el hecho de que la Decisión controvertida es ilegal, debe señalarse que tal circunstancia, aun suponiéndola acreditada, no permite, como tal, demostrar el riesgo de un perjuicio grave e irreparable.
51 En efecto, según reiterada jurisprudencia, si bien la infracción, por parte de un acto de la Unión, de una norma jurídica de rango superior puede poner en duda la validez de dicho acto, en principio, la eventual ilegalidad de tal acto no basta para demostrar, por sí sola, la gravedad y el carácter irreparable de un posible perjuicio (auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2018, República Checa/Parlamento y Consejo, C‑482/17 R, EU:C:2018:119, apartado 38 y jurisprudencia citada).
52 Por lo demás, no basta con alegar, de manera abstracta, la infracción de las disposiciones de los Tratados y la vulneración de los principios fundamentales de la Unión —en el presente asunto, en particular, del principio de cooperación leal recogido en el artículo 4 TUE, apartado 3— para demostrar que el daño que podría derivarse de ello tiene necesariamente carácter irreparable (véase, en este sentido, el auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 13 de abril de 2021, Lituania/Parlamento y Consejo, C‑541/20 R, EU:C:2021:264, apartado 25 y jurisprudencia citada).
53 Pues bien, la República de Polonia se limita a invocar, de manera general y abstracta, el hecho de que la aplicación provisional del ITA significa que las instituciones de la Unión privilegian intereses económicos selectivos en detrimento del respeto de los Tratados y de los principios fundamentales de la Unión, sin aportar la menor indicación concreta que permita demostrar la producción y la inminencia probables de un perjuicio grave e irreparable.
54 En cualquier caso, la cuestión de si la adopción de la Decisión controvertida adolece efectivamente de una ilegalidad resultante de una violación de los Tratados, de un abuso de poder o de la vulneración del principio de cooperación leal solo puede ser resuelta por el Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento relativo al recurso que tiene precisamente por objeto la anulación de dicha Decisión.
55 Por lo que respecta, en particular, a la alegación de la República de Polonia de que las instituciones de la Unión se verían «incitadas» a cometer en el futuro violaciones de los Tratados, dado que podrían aplicar provisionalmente actos jurídicos viciados de ilegalidad hasta que una sentencia los anule, basta con señalar que tal alegación consiste en invocar un perjuicio de naturaleza puramente hipotética y que, por tanto, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 47 del presente auto, no puede justificar la concesión de la suspensión de la ejecución solicitada.
56 En segundo lugar, para justificar el carácter urgente de la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida, la República de Polonia invoca los perjuicios derivados de los efectos de dicha Decisión en la situación económica y social de los agricultores de la Unión, en el funcionamiento del mercado interior, en la salud humana y animal y en el medio ambiente en la Unión.
57 A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, estos diversos perjuicios pueden ser invocados por la República de Polonia para obtener la adopción de medidas provisionales, ya que los Estados miembros son responsables de los intereses considerados generales a nivel nacional y pueden defenderse en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales (véanse, en este sentido, los autos del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2022, Bulgaria/Parlamento y Consejo, C‑545/20 R, EU:C:2022:445, apartado 35 y jurisprudencia citada, y de 18 de septiembre de 2023, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑445/23 R, EU:C:2023:703, apartado 30).
58 Por tanto, procede determinar si las pruebas presentadas por la República de Polonia permiten demostrar, por una parte, que es previsible que se produzcan uno o varios de esos perjuicios con un grado de probabilidad suficiente y, por otra parte, que los mismos perjuicios tienen carácter grave e irreparable.
59 A este respecto, es preciso recordar que el procedimiento sobre medidas provisionales no está concebido para acreditar la realidad de hechos complejos y muy controvertidos. El juez de medidas provisionales no dispone de los medios necesarios para llevar a cabo las comprobaciones requeridas y, en muchos casos, solo con dificultad podrá proceder a ello en tiempo útil (auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartado 54 y jurisprudencia citada).
60 En el presente asunto, de la demanda de medidas provisionales se desprende que la República de Polonia considera que la aplicación provisional del ITA, autorizada por la Decisión controvertida, permitiría introducir en el mercado de la Unión productos agrícolas procedentes de países del Mercosur que contengan sustancias nocivas que puedan tener efectos adversos irreversibles en la salud o la vida humana y animal, así como en el medio ambiente. Este Estado miembro subraya, en particular, que el ITA no contiene cláusulas de las llamadas «espejo» que impongan a los agricultores de los países del Mercosur la obligación de respetar las mismas normas de producción, en particular en materia de medio ambiente, de salud o de bienestar animal, que se aplican a los agricultores de la Unión.
61 Sin embargo, la mera posibilidad de que el ITA permita importar en la Unión productos procedentes de países del Mercosur que puedan contener residuos de sustancias activas cuyo uso no esté autorizado en la Unión debido a posibles riesgos para la salud humana y animal, así como para el medio ambiente, no basta para demostrar la producción de un perjuicio grave e irreparable.
62 Además, sobre todo, es importante señalar que la falta de «cláusulas espejo» en el ITA no significa que las medidas sanitarias y fitosanitarias, la normativa en materia de seguridad alimentaria y las normas sanitarias y medioambientales de la Unión no se apliquen a los productos importados de los países del Mercosur en virtud del ITA.
63 En efecto, como ha subrayado el Consejo en sus observaciones escritas, apoyado por la Comisión, los productos agrícolas importados están sujetos a normativas fitosanitarias y de seguridad alimentaria análogas a las aplicables a los productos fabricados en la Unión. A este respecto, la Unión ha adoptado una normativa, aplicable en todo el mercado interior, para garantizar unas normas alimentarias y sanitarias estrictas para los productos agrícolas, en particular en lo que respecta a la presencia de sustancias o residuos nocivos procedentes del uso de fertilizantes o de productos fitosanitarios. Estas normas se aplican de la misma manera a los productos agrícolas fabricados en la Unión que a los productos importados.
64 Más concretamente, como se desprende de las observaciones escritas del Consejo, el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE (DO 2019, L 4, p. 43), que prohíbe el uso de antimicrobianos en animales con el fin de fomentar su crecimiento o de aumentar el rendimiento, se aplica a los operadores de la Unión y a los operadores de países terceros que exportan hacia la Unión. Además, en el caso de los residuos de plaguicidas en los productos agrícolas o los alimentos, se aplican los mismos límites máximos tanto a los productos fabricados en la Unión como a los importados, y se sigue el mismo procedimiento de evaluación para las solicitudes de fijación de límites máximos de residuos aplicables a los productos fabricados en la Unión y a los productos importados.
65 De conformidad con el artículo 6.4 del ITA, que figura en su capítulo 6, ninguna de las disposiciones de dicho capítulo afecta a los derechos ni a las obligaciones relacionados con el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias recogidas en el Acuerdo MSF. A este respecto, debe señalarse, en particular, que el artículo 6.6, apartado 1, del ITA establece expresamente que «los productos exportados desde una Parte cumplirán los requisitos sanitarios y fitosanitarios aplicables a la Parte importadora». Así pues, los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, en particular el Acuerdo MSF, garantizan a la Unión el derecho a imponer normas a los productos alimenticios importados y le permiten imponer medidas sanitarias y fitosanitarias y medidas medioambientales adecuadas.
66 De ello se deduce que la Unión dispone de facultades para imponer medidas que impidan la entrada en el territorio de la Unión de productos agrícolas que no cumplan las normas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales vigentes.
67 Debe añadirse también que, conforme al artículo 6.14, apartado 2, del ITA, en caso de riesgos graves para la vida o la salud de las personas, los animales o los vegetales, la Parte importadora puede adoptar medidas de emergencia contra esos riesgos.
68 En cualquier caso, ha de señalarse, asimismo, que, incluso antes de la adopción de la Decisión controvertida, la legislación de la Unión no prohibía las importaciones de productos, incluidos productos agrícolas, procedentes de los países del Mercosur, siempre que dichos productos respetasen las normas de la Unión aplicables a los productos importados. El ITA solo contempla un aumento limitado de los contingentes arancelarios, una reducción arancelaria y una reducción de las barreras no arancelarias al comercio, en especial para las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, el ITA podría, a lo sumo, conducir a un aumento cuantitativo de determinadas importaciones. Pues bien, la República de Polonia no explica en qué medida un eventual aumento de las importaciones ya autorizadas hasta la fecha podría entrañar un riesgo de perjuicio grave e irreversible.
69 Por consiguiente, la República de Polonia no ha logrado demostrar la existencia de un riesgo, previsible con un grado de probabilidad suficiente, de un perjuicio grave e irreparable resultante de los efectos de la Decisión controvertida en la salud o la vida humana y animal, así como en el medio ambiente de la Unión como consecuencia de las importaciones de productos procedentes de países del Mercosur que puedan contener residuos de sustancias activas cuyo uso no está autorizado en la Unión.
70 En tercer lugar, la República de Polonia sostiene que la aplicación provisional del ITA ocasionará un perjuicio grave e irreversible que se traducirá en una disminución de los ingresos de los agricultores y en una perturbación del funcionamiento del mercado de diversos productos agrícolas, al autorizar la presencia en dicho mercado de productos más baratos cultivados o fabricados con productos químicos prohibidos en la Unión, lo que dará lugar a la quiebra de operadores económicos que ejercen actividades agrícolas.
71 A este respecto, es preciso recordar que un perjuicio de carácter pecuniario no puede, salvo en circunstancias excepcionales, considerarse irreparable, pues, por regla general, una compensación pecuniaria permite restablecer a la persona perjudicada en la situación anterior a la producción del perjuicio. En particular, tal perjuicio podría repararse en el marco de un recurso de indemnización interpuesto sobre la base de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE (véase el auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 13 de abril de 2021, Lituania/Parlamento y Consejo, C‑541/20 R, EU:C:2021:264, apartado 29 y jurisprudencia citada).
72 Pues bien, el mero hecho de que los agricultores de la Unión puedan enfrentarse a la competencia de productos importados de los países del Mercosur, incluso si se acreditara, no basta para demostrar, a falta de elementos más precisos en cuanto a la situación financiera de dichos agricultores y de un análisis de los contingentes arancelarios establecidos por el ITA, que estos no puedan hacer frente a esta competencia y que, por tanto, se vean obligados a cesar su actividad (véanse, por analogía, los autos del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 3 de junio de 2022, Bulgaria/Parlamento y Consejo, C‑545/20 R, EU:C:2022:445, apartado 51, y de 18 de septiembre de 2023, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑445/23 R, EU:C:2023:703, apartado 39).
73 Del mismo modo, las alegaciones generales y abstractas de la República de Polonia, según las cuales la aplicación provisional del ITA llevaría a una «competencia desleal» para los productos agrícolas obtenidos en la Unión, a una reducción de los ingresos de los agricultores de la Unión y a poner en peligro la estabilidad del mercado interior y la seguridad del abastecimiento, no van acompañadas de ninguna prueba que pueda demostrar la existencia de un riesgo, previsible con un grado de probabilidad suficiente, de que se produzca, con carácter inminente, un perjuicio grave e irreparable.
74 A este respecto ha de destacarse que el artículo 2, apartado 1, de la Decisión controvertida, a la luz de su considerado 3, establece que, hasta la adopción y entrada en vigor de un acto legislativo específico de la Unión por el que se aplique la cláusula bilateral de salvaguardia para los productos agrícolas del EMPA y del ITA, la Comisión puede adoptar, mediante reglamentos de ejecución, medidas bilaterales de salvaguardia que sean coherentes con las condiciones establecidas en el capítulo 9 del ITA y en dicha Decisión. A tal efecto, la citada Decisión obliga a la Comisión a garantizar un seguimiento minucioso del mercado de los productos agrícolas, lo que caracteriza permanentemente sus actividades en dicho sector.
75 En particular, el artículo 2, apartado 3, de la Decisión controvertida, en relación con su considerando 5, obliga a la Comisión a abrir sin demora una investigación a petición de uno o varios Estados miembros o de cualquier persona jurídica o asociación que actúe en nombre de la rama de la producción de la Unión y esté activa en el sector de que se trate cuando haya suficientes indicios razonables, obtenidos, en particular, mediante el seguimiento minucioso del mercado mencionado en el apartado precedente del presente auto, de un perjuicio grave o una amenaza de perjuicio grave para la rama de la producción de la Unión de productos agrícolas sensibles, incluso cuando dicho perjuicio o amenaza de perjuicio se concentre geográficamente en uno o varios Estados miembros.
76 Asimismo, el artículo 2, apartado 7, de dicha Decisión confiere a la Comisión la facultad de imponer sin demora ni vacilación y, en el caso de los productos agrícolas sensibles a más tardar en un plazo de veintiún días a partir de la recepción de la solicitud a que se refiere el apartado 3 de ese mismo artículo 2, medidas bilaterales de salvaguardia provisionales para evitar cualquier perjuicio a la rama de la producción de la Unión que sería difícil de reparar, incluso cuando dicho perjuicio esté concentrado geográficamente en uno o varios Estados miembros.
77 Por último, debe puntualizarse que, de conformidad con el artículo 2, apartado 9, de dicha Decisión, pueden imponerse medidas de salvaguardia cuando los productos originarios de los Estados del Mercosur se importen en la Unión en cantidades tan elevadas, en términos absolutos o relativos con respecto a la producción o el consumo de la Unión y en condiciones tales que causen o amenacen con causar un perjuicio grave a la rama de la producción de la Unión, incluso cuando dicho perjuicio o amenaza de perjuicio se concentre geográficamente en uno o varios Estados miembros. Estas medidas pueden adoptarse siempre que el aumento de las importaciones se deba a las obligaciones derivadas del ITA, incluida la reducción o eliminación de los derechos de aduana sobre tales productos. Según el artículo 2, apartado 10, de la misma Decisión, estas medidas pueden adoptar la forma de una suspensión temporal del cronograma de reducción arancelaria para el producto de que se trate, o de una reducción de la preferencia arancelaria, hasta alcanzar el nivel del tipo de nación más favorecida o del tipo básico, si este último es inferior.
78 De las consideraciones anteriores resulta que la Decisión controvertida confiere a la Comisión facultades para impedir que se produzca un perjuicio grave e irreparable resultante de los riesgos para la seguridad alimentaria y de la degradación de la situación económica y social de los agricultores de la Unión.
79 Por lo demás, la República de Polonia no aporta las pruebas necesarias que permitan demostrar con una probabilidad suficiente que la Decisión controvertida, como tal, llevaría, antes de que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento en el asunto C‑460/26, a una perturbación importante de la competencia leal en el mercado interior de los productos agrícolas que pueda provocar la quiebra de agricultores de la Unión ni, a fortiori, que permitan apreciar la magnitud de ese perjuicio que sería previsible antes de que se dictara dicha sentencia.
80 En efecto, la República de Polonia se limita a afirmar, de manera abstracta, la existencia de un vínculo entre el ITA y la degradación de la situación económica y social de los agricultores de la Unión. Pues bien, la información facilitada por dicho Estado miembro no permite determinar si los cambios invocados en el mercado de los productos agrícolas se deben a la aplicación provisional del ITA o a otros elementos del mercado, en particular a la fluctuación de los precios de la energía, a los elevados costes de los fertilizantes, a la competencia de países terceros distintos de los países del Mercosur o a las preferencias de los clientes.
81 Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 47 del presente auto, no puede concederse la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida, puesto que la República de Polonia no ha demostrado suficientemente que la aplicación provisional del ITA hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento en el asunto C‑460/26 pueda causar, de manera previsible con un grado de probabilidad suficiente, un perjuicio grave e irreparable.
82 De ello resulta que dicho Estado miembro no ha demostrado la urgencia que justifique la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida.
83 Habida cuenta del carácter acumulativo de los requisitos exigidos para la concesión de medidas provisionales, procede, en consecuencia, desestimar la demanda de medidas provisionales, sin que sea necesario examinar los requisitos relativos al fumus boni iuris y a la ponderación de los intereses en juego.
84 Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.
En virtud de todo lo expuesto, el Vicepresidente del Tribunal de Justicia resuelve:
1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
2) Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
* Lengua de procedimiento: polaco.