1.

Mediante su recurso de casación, el Sr. Carlo Tognoli y los demás recurrentes solicitan que se anule el auto del Tribunal General de 3 de julio de 2020, Tognoli y otros/Parlamento, ( 2 ) por el que dicho Tribunal declaró manifiestamente inadmisibles sus recursos de anulación de las notas de 11 de abril de 2019 emitidas por el jefe de la Unidad de Remuneración y Derechos Sociales de los Diputados de la Dirección General (DG) de Finanzas del Parlamento Europeo y relativas a la adaptación del importe de las pensiones que perciben ( 3 ) tras la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, de la Decisión n.o 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Mesa de la Cámara de Diputados, Italia). ( 4 )

2.

Dichas notas dirigidas a varios antiguos diputados europeos o a sus derechohabientes fueron objeto de múltiples recursos que el Tribunal General declaró manifiestamente inadmisibles. El Tribunal de Justicia conoce de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General dictadas en la misma fecha en términos similares. ( 5 )

3.

Así pues, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre las condiciones en las que se puede interponer recurso contra las decisiones del Parlamento en materia de revisión del importe de las pensiones de los diputados europeos, adoptadas en un procedimiento administrativo que no está regulado por una normativa específica.

4.

La esencia de la reflexión planteada por el presente recurso de casación y por el recurso de casación interpuesto en el asunto C‑408/20 P, que el Tribunal de Justicia ha decidido examinar conjuntamente, radica en el concepto de «acto impugnable» en el sentido del artículo 263 TFUE. ( 6 )

5.

El artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General ( 7 ) enuncia lo siguiente:

«1.   Cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, el demandante podrá adaptar su demanda antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad.

[…]

6.   Sin perjuicio de la futura decisión del Tribunal General sobre la admisibilidad del escrito de adaptación de la demanda, el Presidente fijará un plazo al demandado para que conteste al escrito de adaptación de la demanda.

7.   En su caso, el Presidente fijará un plazo a los coadyuvantes para que completen sus escritos de formalización de la intervención a la vista del escrito de adaptación de la demanda y del escrito de contestación al mismo. A estos efectos, tales escritos serán notificados simultáneamente a los coadyuvantes.»

6.

Los antecedentes del litigio figuran en los apartados 1 a 9 del auto recurrido y pueden resumirse como sigue.

7.

Los recurrentes perciben, en su condición bien de antiguos miembros del Parlamento, elegido en Italia, o bien de cónyuges supérstites de estos, una pensión de jubilación, concedida sobre la base de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados del Parlamento, o una pensión de supervivencia.

8.

El 12 de julio de 2018, la Mesa de la Cámara de Diputados resolvió, mediante la Decisión n.o 14/2018, recalcular, con arreglo al sistema de la cotización, el importe de las pensiones de antiguos miembros de dicha cámara relativas a los años de mandato anteriores al 31 de diciembre de 2011. ( 8 ) Sobre esta base, a partir del 1 de enero de 2019 se redujo la cuantía de las pensiones abonadas a los miembros de dicha cámara o a sus cónyuges supérstites.

9.

A través de un comentario añadido a la hoja de haberes pasivos del mes de enero de 2019, el Parlamento advirtió a los recurrentes que el importe de su pensión podría ser revisado en aplicación de la Decisión n.o 14/2018 y que el nuevo cálculo podría dar lugar a la recuperación de importes indebidamente abonados.

10.

Mediante una nota no fechada del jefe de la Unidad de Remuneración y Derechos Sociales de los Diputados de la DG de Finanzas del Parlamento, adjunta a las hojas de haberes pasivos de los recurrentes del mes de febrero de 2019, el Parlamento les informó de que:

11.

Mediante las notas de 11 de abril de 2019, ( 10 ) dicho jefe de unidad informó a los recurrentes de que, como había anunciado en su nota de febrero de 2019:

12.

Mediante correos electrónicos enviados entre el 13 de mayo y el 4 de junio de 2019, los recurrentes remitieron sus observaciones al servicio competente del Parlamento.

13.

Mediante correos electrónicos enviados entre el 22 de mayo y el 24 de junio de 2019, el Parlamento acusó recibo de dichas observaciones e indicó a los recurrentes que se les daría una respuesta una vez examinadas sus alegaciones.

14.

Mediante escritos fechados entre el 20 de junio y el 23 de julio de 2019, esto es, con posterioridad a la interposición de los recursos en primera instancia por los recurrentes, ( 11 ) el jefe de la Unidad de Remuneración y Derechos Sociales de los Diputados de la DG de Finanzas del Parlamento señaló que las observaciones formuladas por estos no contenían ningún elemento que justificase que el Parlamento reconsiderara su posición, expuesta en las notas controvertidas, y que, por consiguiente, los derechos a pensión y el plan de recuperación de las cantidades indebidamente pagadas, determinados conforme al nuevo cálculo y adjuntos como anexo a esas notas, devinieron definitivos en la fecha de la notificación de dichas decisiones.

15.

No obstante, en la fecha del auto recurrido, el Parlamento no se había pronunciado definitivamente sobre la situación del Sr. Eugenio Melandri (asunto T‑437/19), debido a las particularidades que esta presentaba.

16.

Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General entre el 28 de junio y el 8 de julio de 2019, los recurrentes interpusieron sendos recursos de anulación de las notas controvertidas.

17.

Los días 16, 19 y 24 de septiembre de 2019, el Parlamento, mediante escritos separados, propuso sendas excepciones de inadmisibilidad de dichos recursos.

18.

Entre el 19 de septiembre y el 4 de octubre de 2019, los recurrentes, a excepción de la Sra. Allione (asunto T‑396/19) y del Sr. Melandri (asunto T‑437/19), presentaron sendos escritos de adaptación de sus respectivas demandas. Entre el 15 y el 28 de octubre de 2019, el Parlamento presentó observaciones sobre dichos escritos.

19.

Entre el 3 y el 12 de noviembre de 2019, los recurrentes, a excepción del Sr. Melandri (asunto T‑437/19), ( 12 ) presentaron sus observaciones sobre las excepciones de inadmisibilidad propuestas por el Parlamento contra las demandas.

20.

Mediante autos de 10 de diciembre de 2019, el Tribunal General decidió examinar las excepciones de inadmisibilidad junto con el fondo de los asuntos. Los días 27 y 28 de enero de 2020, el Parlamento presentó sus escritos de contestación.

21.

El 3 de febrero de 2020, el Tribunal General declaró que no era necesario proceder a un segundo turno de escritos de alegaciones.

22.

Mediante el auto recurrido, dictado con arreglo al artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General declaró los recursos manifiestamente inadmisibles.

23.

En primer lugar, en lo que se refiere a la pretensión de anulación de las notas controvertidas, el Tribunal General declaró, en primer término, que el Parlamento había presentado las excepciones de inadmisibilidad en los plazos señalados, por cuanto estos deben calcularse teniendo en cuenta un plazo de diez días por razón de la distancia. ( 13 )

24.

A continuación, el Tribunal consideró que las notas controvertidas no constituían actos lesivos. ( 14 ) Tras haber señalado que el hecho de que el nuevo método de cálculo de las pensiones se hubiera aplicado desde abril de 2019 no bastaba por sí solo para acreditar la adopción por parte del Parlamento de una posición definitiva sobre el importe de las pensiones, ( 15 ) de la redacción de las notas controvertidas y de la posibilidad brindada a los recurrentes de formular observaciones, recordada en dichas notas y ejercida por estos, ( 16 ) dedujo que las respuestas del Parlamento a los recurrentes eran las decisiones definitivas de dicha institución y, por consiguiente, no podían ser analizadas como actos meramente confirmatorios de las notas controvertidas. ( 17 )

25.

Por último, el Tribunal General estimó que carecían de pertinencia tanto el hecho de que las notas controvertidas no especificaran el plazo en que el Parlamento respondería a las observaciones de los recurrentes como las imputaciones basadas en la falta de motivación y en la violación del principio de proporcionalidad. ( 18 )

26.

En segundo lugar, el Tribunal General declaró manifiestamente inadmisibles los escritos de adaptación de la demanda presentados por los recurrentes debido a que sus escritos de demanda iniciales no eran admisibles en la fecha en que fueron presentados ( 19 ) y a que, en cualquier caso, las pretensiones formuladas en dichos escritos, que se referían a otros actos «preliminares, preparatorios, posteriores o conexos», debían rechazarse por inadmisibles en la medida en que no especificaban el objeto del litigio con suficiente precisión. ( 20 )

27.

En tercer lugar, el Tribunal General declaró manifiestamente inadmisibles las pretensiones de los recurrentes por las que estos solicitaban que se condenara al Parlamento a abonar las cantidades que había retenido indebidamente basándose en que, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal General no puede dirigir órdenes conminatorias a las instituciones de la Unión. ( 21 )

28.

Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:

29.

El Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que:

30.

Los recurrentes invocan con carácter principal un motivo basado en el carácter impugnable de las notas controvertidas. Con carácter subsidiario, se invocan otros dos motivos basados, el primero, en un error de interpretación del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y, el segundo, en una violación del principio de contradicción y en un error de interpretación del artículo 126 de dicho Reglamento.

31.

Mediante este motivo, los recurrentes impugnan la resolución por la que el Tribunal General consideró que las notas controvertidas no constituyen actos lesivos que pueden ser objeto de un recurso de anulación en el sentido del artículo 263 TFUE. ( 22 )

32.

Los recurrentes alegan:

33.

El Parlamento sostiene que era posible modificar la reducción del importe de la pensión teniendo en cuenta las observaciones de los recurrentes y que su posición definitiva fue adoptada después de las notas controvertidas, como resulta del texto de dichas notas y del ejercicio por parte de los interesados de la facultad de presentar observaciones escritas. La inexistencia de base jurídica para considerar que dichas notas eran preparatorias no influye en modo alguno en su calificación, por cuanto la práctica del Parlamento tiene por objeto garantizar el derecho de las personas afectadas a ser oídas antes de que se adopte una decisión definitiva por la que se reduzca la cuantía de sus pensiones. En cuanto a los efectos inmediatos de esas mismas notas, el Parlamento señala su carácter provisional.

34.

Mediante el primer motivo antes indicado, los recurrentes critican, en esencia, la apreciación por parte del Tribunal General del criterio de los efectos jurídicos que permiten abrir la vía de recurso prevista en el artículo 263 TFUE, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

35.

Por consiguiente, procede recordar que se consideran «actos recurribles», a efectos de dicho artículo, todas las disposiciones adoptadas por las instituciones, cualquiera que sea su forma, destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la persona física o jurídica demandante, modificando marcadamente su situación jurídica. ( 23 )

36.

En cambio, escapa al control jurisdiccional previsto en el artículo 263 TFUE cualquier acto que no produzca efectos jurídicos obligatorios, como los actos preparatorios y los actos de mera ejecución, las simples recomendaciones y los dictámenes y, en principio, las instrucciones internas. ( 24 )

37.

Para determinar si el acto impugnado produce tales efectos, hay que atenerse tanto a su contenido esencial como a la intención de su autor ( 25 ) y apreciar tales efectos en función de criterios objetivos como el contenido de ese mismo acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución que fue su autora. ( 26 )

38.

Por lo tanto, los trámites intermedios que tienen por objeto preparar la decisión final no constituyen, en principio, actos que puedan ser objeto de un recurso de anulación. Así sucede cuando expresan una opinión provisional de la institución. ( 27 )

39.

Los actos intermedios tampoco pueden ser objeto de recurso cuando consta que la ilegalidad de que adolecen dichos actos puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra la decisión final de la que dichos actos constituyen una fase de elaboración. En tales circunstancias, el recurso interpuesto contra la decisión que pone fin al procedimiento garantizará una tutela judicial suficiente. ( 28 )

40.

Por otro lado, la decisión de que se trata solo puede ser objeto de recurso de anulación cuando, aun sin alterar la redacción de la parte dispositiva de la decisión anterior, la modificación de algunos de sus motivos ha cambiado la esencia de lo decidido en dicha parte dispositiva, afectando a los intereses de los demandantes en el sentido de la jurisprudencia relativa al artículo 263 TFUE. De lo contrario, se trata de un acto confirmatorio que no es impugnable en el sentido de dicho artículo.

41.

En el presente asunto, con arreglo a la jurisprudencia correspondiente a la recordada en los puntos 35 y 38 de las presentes conclusiones, ( 29 ) el Tribunal General señaló los elementos basados en el contenido de las notas controvertidas, a saber, el término «proyecto» empleado en ellas y la precisión de que la revisión de los derechos a pensión y la recuperación de las cantidades indebidamente percibidas por los meses de enero a marzo de 2019 solo pasarían a ser definitivas una vez transcurrido un plazo de 30 días durante el cual podían formularse observaciones. El Tribunal General consideró que el ejercicio de esta facultad por los recurrentes impidió que los proyectos de fijación de nuevos derechos a pensión adquirieran carácter definitivo, y que, en consecuencia, los escritos posteriores a las observaciones de los recurrentes constituían las decisiones definitivas del Parlamento.

42.

Además, el Tribunal General declaró que dichos escritos no son actos meramente confirmatorios, puesto que las notas controvertidas no tenían carácter definitivo, y que, a este respecto, la falta de precisión en esas notas sobre el plazo de respuesta del Parlamento es irrelevante.

43.

En el primer motivo de casación, los recurrentes no cuestionan las apreciaciones del Tribunal General relativas al contenido de las notas controvertidas y al contexto de su emisión. Los recurrentes consideran que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en la apreciación del carácter impugnable de esas notas en lo que respecta a las competencias de la administración de la que emanan, al alegar que estas tuvieron por efecto la reducción inmediata del importe de las pensiones.

44.

De los apartados 5, 6 y 51 del auto recurrido se desprende que el Tribunal General constató que las notas controvertidas fueron emitidas por el Parlamento, facultado para adoptar decisiones, y que, de acuerdo con el sistema de fijación del importe de las pensiones de los diputados europeos, el Parlamento tiene la obligación de revisar la cuantía de las pensiones abonadas. Según las apreciaciones del Tribunal General, en ese contexto, la práctica de la DG de Finanzas de la referida institución consistió en informar a los recurrentes, en febrero de 2019, acerca de la revisión que iba a efectuarse del importe de las pensiones, resultante de la aplicabilidad automática de la Decisión n.o 14/2018, y posteriormente, dos meses después, mediante dichas notas, sobre su aplicación efectiva, así como de la posibilidad de formular observaciones en un plazo de 30 días a partir del envío de esas notas.

45.

En consecuencia, de ello cabe deducir que el Parlamento adoptó de manera inequívoca una medida que produce efectos jurídicos que afectan a los intereses de los recurrentes y que es vinculante para ellos.

46.

Para considerar que las notas controvertidas no constituyen decisiones, el Tribunal General tuvo en cuenta la facultad de formular observaciones tras la emisión de dichas notas y declaró que esta había sido ejercida, que las observaciones de los recurrentes habían sido examinadas y que las cantidades abonadas indebidamente desde enero de 2019 no habían sido recuperadas.

47.

Al actuar de este modo, el Tribunal General no tomó en consideración los siguientes elementos que resultan de sus apreciaciones:

48.

De ello se deriva que, en estas circunstancias particulares muy distintas a las que dieron lugar a la jurisprudencia citada por el Tribunal General en el apartado 50 del auto recurrido, las notas controvertidas no pueden ser consideradas, a diferencia de las emitidas en febrero de 2019, meras cartas informativas remitidas a los recurrentes con el fin de conocer su punto de vista y de obtener por parte del Parlamento la información más completa posible antes de adoptar su decisión o, en otras palabras, dichas notas no pueden ser consideradas una etapa necesaria previa a la restricción de sus derechos.

49.

En este contexto, las notas controvertidas solo podrían considerarse una toma de posición preliminar o preparatoria si el Parlamento hubiera puesto claramente de manifiesto que su decisión de reducir el importe de las pensiones a raíz de la Decisión n.o 14/2018 únicamente produciría efectos concretos a falta de observaciones de los interesados o al expirar un determinado plazo para formular tales observaciones, lo que no ha sucedido en el presente asunto.

50.

A este respecto, es inoperante la declaración de que el Parlamento no hizo surtir plenos efectos a la reducción del importe de las pensiones, efectiva desde abril de 2019, al no recuperar las cantidades abonadas indebidamente entre enero y marzo de 2019. En efecto, dicha declaración no puede modificar la calificación de las notas controvertidas basada en la revisión automática del importe de las pensiones vencidas y futuras, puesto que los requisitos materiales para el reembolso de las cantidades indebidamente abonadas están vinculados también a la Decisión n.o 14/2018.

51.

El carácter impugnable de las notas controvertidas se ve corroborado por la apreciación, que resulta del apartado 56 del auto recurrido, de que en este procedimiento de revisión de las pensiones no se adoptó ninguna otra decisión al expirar el plazo de 30 días de que dispone el acreedor de la pensión para formular observaciones o en caso de que estas sean rechazadas. Por lo tanto, a falta de un procedimiento de revisión que concluya con una decisión que contenga una motivación detallada en respuesta a las observaciones de los acreedores de la pensión, la legalidad del acto que tuvo por efecto modificar su importe será apreciada al término de dicho plazo en función de la información de que podía disponer el Parlamento en el momento en que informó a los acreedores.

52.

Del mismo modo, en circunstancias como las del presente litigio, el Parlamento no puede afirmar válidamente que los recurrentes, quienes, tras recibir las notas controvertidas, formularon observaciones, deberían haber esperado a que dicha institución confirmase la reducción del importe de sus pensiones para que esta respuesta a sus observaciones pudiera considerarse un acto definitivo y, por tanto, impugnable. En efecto, el éxito de tal actuación por parte de los recurrentes era altamente improbable en lo que respecta al principio de la reducción del importe de las pensiones dependiente de la Decisión n.o 14/2018, según la información que había sido reiterada por el Parlamento, pues corrían el riesgo de que la respuesta de esta institución fuera considerada, a falta de elementos nuevos, un acto confirmatorio, no susceptible de recurso. ( 30 )

53.

El análisis que precede se ve corroborado por la jurisprudencia relativa a la definición de acto lesivo en el ámbito del contencioso de la función pública en caso de impugnación de los efectos económicos de una decisión. En este sentido, una hoja de haberes mensual puede poner de manifiesto la existencia de una decisión. ( 31 ) Cuando esta hoja de haberes expresa, por primera vez, la aplicación de un nuevo acto de alcance general sobre la determinación de los derechos económicos, plasma necesariamente, respecto a su destinatario, la adopción de una resolución administrativa de alcance individual que produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar directa e inmediatamente a los intereses del funcionario de que se trate. En cambio, las hojas de haberes sucesivas se limitan a informar sobre la continuidad de los efectos de esa resolución administrativa inicial de alcance individual y podrían calificarse de resoluciones administrativas confirmatorias de alcance individual. ( 32 )

54.

Además, cabe recordar la jurisprudencia reiterada según la cual, cuando un candidato en una oposición solicita la revisión de una decisión adoptada por un tribunal calificador, la decisión adoptada por este después de reconsiderar la situación del candidato es el acto lesivo para dicho candidato, puesto que la decisión adoptada tras esa reconsideración sustituye de este modo a la decisión inicial del tribunal calificador. ( 33 )

55.

Por último, dado que, en mi opinión, el carácter impugnable de las notas controvertidas, en el sentido del artículo 263 TFUE, resulta esencialmente de la secuencia de comunicaciones efectuadas a los recurrentes y de la materialización de una decisión general en unas condiciones que tornan incierta la tutela judicial de los recurrentes, me parece oportuno señalar a la atención del Tribunal de Justicia el alcance de la sentencia de 28 de junio de 2018, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Comisión. ( 34 )

56.

En ciertos aspectos, cabe trazar un paralelismo entre las circunstancias del asunto que dio lugar a dicha sentencia y aquellas en las que se basa el primer motivo de casación. En efecto, el Tribunal de Justicia señaló que la recurrente había recibido un correo electrónico que podía considerar como una notificación por la que la Comisión Europea desestimaba su propuesta ( 35 ) y que desconocía la existencia de la decisión definitiva adoptada por esta institución con posterioridad a la fecha de interposición de su recurso. Contrariamente al Tribunal General, que, para declarar inadmisible dicho recurso, sostuvo que este se había interpuesto contra un correo electrónico del que la Comisión no era la autora y que el acto impugnado tenía únicamente carácter provisional, ( 36 ) el Tribunal de Justicia dedujo de las apreciaciones del Tribunal General que este debería haber reconocido, habida cuenta de las circunstancias particulares de ese asunto y a fin de garantizar el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, que el objeto del recurso interpuesto contra la Comisión ( 37 ) era la anulación de la decisión definitiva.

57.

Por lo tanto, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre el carácter provisional del acto controvertido, sino sobre el hecho de que la recurrente no estaba en condiciones de indicar la Decisión de Ejecución de la Comisión que constituía el acto definitivo, habida cuenta del procedimiento aplicado, tomando asimismo en consideración que el correo electrónico controvertido contenía la información sobre las vías de recurso de que disponía dicha sociedad y que esta se había valido de ellas ignorando la existencia de la Decisión de Ejecución. ( 38 ) En este sentido, esta misma sentencia merece una atención particular en la medida en que pone de manifiesto las consecuencias procesales que deben extraerse en caso de que existan dudas sobre la naturaleza y el alcance de determinados actos en cuanto a sus efectos jurídicos por razón de su tenor y su contexto. ( 39 ) En consecuencia, con carácter subsidiario, propongo al Tribunal de Justicia que adopte una motivación análoga.

58.

De todas estas consideraciones deduzco que el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar manifiestamente inadmisibles los recursos de anulación de las notas controvertidas interpuestos por los recurrentes debido a que no constituyen actos impugnables que puedan ser objeto de tal recurso en virtud del artículo 263 TFUE.

59.

Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare fundado el primer motivo de casación y, en consecuencia, anule el auto recurrido sin que haya lugar a examinar los motivos de casación segundo y tercero, que son de carácter subsidiario.

60.

Sin embargo, por si el Tribunal de Justicia decide desestimar este primer motivo, completaré mi análisis de los otros dos motivos.

61.

En apoyo de este segundo motivo, los recurrentes alegan, en esencia, que los escritos de adaptación de la demanda se refieren a los actos que tornaron definitivos los actos teóricamente provisionales, inicialmente impugnados, por lo que declararlos inadmisibles es ilógico y contrario a la exigencia de economía procesal y constituye una denegación de justicia.

62.

Se remiten a las sentencias de 9 de noviembre de 2017, HX/Consejo, ( 40 ) y Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Comisión, de las que se desprende que el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General debe interpretarse de forma que garantice la tutela judicial efectiva.

63.

Además, según los recurrentes, el Tribunal General consideró erróneamente, en los apartados 68 y 69 del auto recurrido, que los actos a los que se refieren los escritos de adaptación de la demanda no están identificados de manera suficientemente clara.

64.

El Parlamento sostiene que:

65.

El Tribunal de Justicia recordó en la sentencia de 20 de septiembre de 2018, España/Comisión, ( 42 ) que:

66.

La jurisprudencia citada tanto por el Tribunal General como por los recurrentes en apoyo de su recurso de casación no aborda cuestiones de índole procesal análogas a las que plantean los recursos interpuestos por estos.

67.

Las resoluciones de inadmisibilidad mencionadas en el apartado 66 del auto recurrido solo sirven para recordar los principios aplicables sin ofrecer ejemplos pertinentes para el presente asunto. En efecto, en el auto de 14 de enero de 2015, SolarWorld y otros/Comisión, ( 46 ) el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso por inexistencia de interés en ejercitar la acción y, en el auto de 21 de noviembre de 2019, ZW/BEI, ( 47 ) por extemporaneidad.

68.

Por lo que respecta a la jurisprudencia invocada por los recurrentes, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de noviembre de 2017, HX/Consejo, ( 48 ) los hechos no son comparables. El representante de HX tuvo noticia de la existencia del acto por el que se modificó el acto impugnado en el escrito de interposición del recurso en la vista y, debido a las imprecisiones de la versión del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en la lengua de procedimiento, no había confirmado por escrito su voluntad de adaptar sus pretensiones formuladas durante dicha vista. El Tribunal de Justicia consideró que correspondía al Tribunal General advertir al recurrente de su error y permitirle rectificarlo.

69.

En el asunto que dio lugar a la segunda sentencia citada, a saber, la sentencia Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Comisión, el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre los requisitos de aplicación del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. ( 49 )

70.

Habida cuenta del tenor del citado artículo 86 y del contexto en el que se aceptó la posibilidad de adaptar el escrito de demanda inicial ante el Tribunal General, no me parece concebible ampliar su ámbito de aplicación a los supuestos en los que el demandante haya apreciado erróneamente el alcance del acto cuya legalidad impugna.

71.

En efecto, si bien tengo muy presente el hecho de que el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General responde al requisito de economía procesal, que consiste en eximir al demandante de la obligación de interponer un nuevo recurso ante el Tribunal General mediante un procedimiento separado, mis reservas se basan en la modificación del objeto del litigio llevada a cabo a través del escrito de adaptación de la demanda, señalada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de septiembre de 2018, España/Comisión. ( 50 )

72.

Esta modificación del escrito de demanda inicial justifica que se tenga especialmente en cuenta el respeto del carácter contradictorio del procedimiento. ( 51 ) Los requisitos formales enunciados en el citado artículo 86 aspiran al cumplimiento de dicho objetivo.

73.

Si bien cabe admitir que el nivel de exigencia relativo a dichas normas debe adaptarse teniendo en consideración que la identificación del acto impugnado puede deducirse implícitamente de menciones recogidas en la demanda y en el conjunto de sus alegaciones y que un recurso dirigido formalmente contra un acto que forma parte de un conjunto de actos que conforman un todo puede considerarse dirigido igualmente, en la medida en que resulte necesario, contra los demás, ( 52 ) considero que los requisitos de aplicación del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General deben estar estrictamente limitados a los supuestos en los que una decisión definitiva ha sido modificada.

74.

Dicho de otro modo, dado que las disposiciones del citado artículo 86 no pueden ser interpretadas de manera que se disipen las incertidumbres sobre la naturaleza y el alcance de actos impugnados por razón de su tenor y de su contexto, a mi parecer, solo una interpretación del concepto de «acto impugnable», habida cuenta de tales circunstancias, permite garantizar una tutela judicial efectiva y una buena administración de justicia. ( 53 )

75.

A la luz del conjunto de las consideraciones que preceden, en mi opinión, debe desestimarse el segundo motivo de casación por cuanto el Tribunal General aplicó correctamente la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia al declarar, con carácter principal, la inadmisibilidad de los escritos de adaptación de la demanda, presentados por los recurrentes (a excepción de la Sra. Allione y del Sr. Torbesi, en los asuntos T‑396/19 y T‑437/19) sobre la base del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y a raíz de las excepciones de inadmisibilidad del Parlamento, que tenían por objeto obtener la anulación de cualquier otro acto, nota o comunicación preliminar, preparatoria, posterior o relacionada con los proyectos de decisión.

76.

Los recurrentes alegan que:

77.

El Parlamento sostiene que:

78.

En respuesta a la pregunta escrita formulada por el Tribunal de Justicia sobre la pertinencia del artículo 86, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General en relación con la violación del principio de contradicción, los recurrentes alegan que dicha disposición, que reserva al Tribunal General la facultad de apreciar los requisitos de admisibilidad del escrito de adaptación de la demanda, no excluye la aplicación por analogía del artículo 130, apartado 4, del citado Reglamento para recabar las observaciones de la parte demandante sobre las alegaciones formuladas por el demandado en apoyo de la excepción de inadmisibilidad que ha presentado. El Parlamento señala que el Tribunal General respetó el principio de contradicción al concederle un plazo para contestar a los escritos de adaptación de la demanda y se pronunció sobre la admisibilidad de estos, a la luz de su jurisprudencia, sin basarse, no obstante, en las alegaciones de las observaciones formuladas en su defensa, recordadas en el apartado 65 del auto recurrido.

79.

En el artículo 86, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General se establece que, «sin perjuicio de la futura decisión del Tribunal General sobre la admisibilidad del escrito de adaptación de la demanda, el Presidente fijará un plazo al demandado para que conteste al escrito de adaptación de la demanda».

80.

El artículo 130, apartado 4, de este mismo Reglamento, relativo a las excepciones tramitadas mediante auto, dispone que, en cuanto se presente la demanda del demandado, mediante escrito separado, con objeto de que el Tribunal General resuelva sobre una excepción de inadmisibilidad sin entrar en el fondo del asunto, el Presidente fijará un plazo al demandante para que presente por escrito sus motivos y pretensiones.

81.

En el presente asunto, el Parlamento invocó la inadmisibilidad de los escritos de adaptación de la demanda en sus observaciones a que se refiere el apartado 20 del auto recurrido basadas en el artículo 86, apartado 6, del citado Reglamento. Del apartado 21 de dicho auto se deduce que estas observaciones fueron notificadas a los recurrentes después de que estos hubieran presentado sus observaciones sobre las excepciones de inadmisibilidad propuestas por el Parlamento contra los recursos, extremo este que se encuentra corroborado en lo indicado en la nota 3 de la respuesta de los recurrentes a la pregunta formulada por el Tribunal de Justicia.

82.

En primer lugar, procede recordar que, a tenor del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demanda y el escrito de contestación pueden completarse con una réplica del demandante y una dúplica del demandado, salvo que el Tribunal General decida que no es necesario un segundo turno de escritos de alegaciones porque el contenido de los autos es suficientemente completo. La decisión del Tribunal General de autorizar o no a la parte demandante a presentar un escrito de réplica con arreglo a la citada disposición depende de la facultad discrecional de dicho Tribunal. ( 55 )

83.

En segundo lugar, ha de señalarse que el Tribunal General declaró el carácter manifiesto de la inadmisibilidad de los escritos de adaptación de la demanda con arreglo al artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

84.

Esta disposición autoriza al Tribunal General, que ha examinado la admisibilidad de una demanda, ya sea de oficio o sobre la base de las observaciones formuladas ante él como defensa, a declarar el carácter manifiesto de su inadmisibilidad, sin someter su apreciación al debate de las partes y en cualquier momento del procedimiento en curso.

85.

Por consiguiente, si un demandante considera que el Tribunal General no ha aplicado correctamente la citada disposición, debe impugnar la apreciación que hizo el juez de primera instancia de los requisitos a que está supeditada la aplicación de dicha disposición. ( 56 ) Solo son operativos los motivos esgrimidos contra la motivación en que se basó el Tribunal General para declarar la inadmisibilidad.

86.

En el presente asunto, la resolución del Tribunal General se basa en la jurisprudencia reiterada que recordó en el apartado 66 del auto recurrido. Esta motivación es criticada mediante el segundo motivo de casación.

87.

En estas circunstancias, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el tercer motivo de casación por infundado.

88.

Si el Tribunal de Justica decide anular el auto recurrido, es preciso plantearse la posibilidad de que el Tribunal de Justicia entre a conocer del asunto.

89.

De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

90.

En el presente asunto, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse, en esta fase del procedimiento, sobre el fondo de los recursos interpuestos por los recurrentes ante el Tribunal General, ya que este solo se ha pronunciado sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Parlamento.

91.

En cambio, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para resolver definitivamente sobre dicha excepción de inadmisibilidad. ( 57 )

92.

Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare que la referida excepción de inadmisibilidad, basada en que las notas controvertidas no son susceptibles de recurso de anulación, debe ser desestimada.

93.

En consecuencia, procede devolver el asunto al Tribunal General para que examine los recursos de anulación de las notas controvertidas interpuestos por los recurrentes.

94.

La devolución del asunto al Tribunal General justifica que se reserven las costas correspondientes al procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia.

95.

A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que: