I.

Introducción

1.

¿Puede un progenitor, nacional de un tercer país y residente en un Estado miembro en virtud de un derecho que se deriva de la ciudadanía de la Unión europea de su hijo menor de edad, alegar esa residencia ante las autoridades de dicho Estado miembro para obtener el estatuto de residente de larga duración?

2.

En su jurisprudencia resultante de las sentencias de 8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano,  ( 2 ) y de 10 de mayo de 2017, Chávez-Vílchez y otros,  ( 3 ) el Tribunal de Justicia declaró que los progenitores de un menor, ciudadano de la Unión, que se encuentre en una situación de dependencia de estos, disfrutan de un derecho de residencia derivado de los derechos de ciudadano del menor. Por lo tanto, los progenitores pueden permanecer en el territorio del Estado miembro en el que reside el menor mientras exista dicha dependencia. Cuando la relación de dependencia termine, el derecho de residencia derivado se extinguirá en consecuencia.

3.

La cuestión que se plantea el órgano jurisdiccional remitente es si esa residencia puede permitir a los progenitores invocar una residencia suficientemente prolongada para solicitar el estatuto de residente de larga duración. E. K., nacional de Ghana que reside en los Países Bajos desde hace muchos años con su hijo, actualmente mayor de edad, presentó una solicitud en este sentido al Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secretario de Estado de Justicia y Seguridad, Países Bajos). La solicitud fue denegada y se interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente.

4.

Dicho órgano jurisdiccional se pregunta si la naturaleza específica de dicha residencia permite incluirla en la categoría de las residencias temporales, en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.  ( 4 ) De ser así, dicha residencia no está comprendida en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.

5.

En las presentes conclusiones, consideraré que el concepto de residencia temporal, en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra e), de la referida Directiva, es un concepto del Derecho de la Unión y que el derecho de residencia derivado, al amparo del artículo 20 TFUE, está comprendido en esta categoría.

II.

Marco jurídico

A.

Directiva 2003/109

6.

Los considerandos 4, 6 y 17 de la Directiva 2003/109 establecen:

7.

El artículo 1 de la citada Directiva, titulado «Objeto», dispone:

8.

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra e), de la referida Directiva:

9.

El artículo 13 de dicha Directiva, titulado «Disposiciones nacionales más favorables», tiene la siguiente redacción:

B.

Derecho neerlandés

1.

Vw 2000

10.

El artículo 8, letra e), de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de Extranjería de 2000),  ( 5 ) de 23 de noviembre de 2000, dispone:

11.

El artículo 21, apartados 1 y 6, de la Vw 2000, establece:

12.

El artículo 45b de la Vw 2000 tiene el siguiente tenor:

2.

Reglamento de Extranjería de 2000

13.

El artículo 3.5 del Vreemdelingenbesluit 2000 (Reglamento de Extranjería de 2000),  ( 8 ) de 23 de noviembre de 2000, prevé:

III.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

14.

La recurrente en el procedimiento principal, E. K., nacida el 30 de noviembre de 1960, es nacional de Ghana. Su hijo, nacido el 10 de febrero de 2002, es nacional neerlandés. El 9 de septiembre de 2013, se entregó a la recurrente, en virtud del artículo 20 TFUE, un permiso de residencia en la Unión Europea con la mención «miembro de la familia de un ciudadano de la Unión».

15.

El 18 de febrero de 2019, E. K. presentó una solicitud para obtener un «permiso de residencia de residente de larga duración ‐ UE». Tal solicitud fue denegada el 30 de agosto de 2019 por el secretario de Estado de Justicia y Seguridad, que estimó que, dado que el derecho de residencia de E. K. era de carácter temporal, no podía obtener el permiso solicitado.

16.

El recurso interpuesto por E. K. fue desestimado por infundado mediante decisión de 12 de diciembre de 2019. E. K. recurrió esta decisión ante el órgano jurisdiccional remitente.

17.

Dicho órgano jurisdiccional se pregunta, en primer lugar, si el carácter temporal de la residencia, cuando un nacional de un tercer país tiene un derecho de residencia derivado sobre la base del artículo 20 TFUE, corresponde a la competencia de los Estados miembros o es un concepto que debe ser objeto de una interpretación uniforme dentro de la Unión.

18.

En segundo lugar, en caso de que la «residencia temporal» sea un concepto del Derecho de la Unión, el tribunal remitente se pregunta si la residencia de un nacional de un tercer país en virtud de un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE [en lo sucesivo, «derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE» es o no de carácter temporal. Señala, en efecto, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no confiere ningún derecho autónomo a favor de tales nacionales de terceros países. Los eventuales derechos que se les confieren, con arreglo al Tratado o al Derecho derivado, son únicamente los que resultan del ejercicio del derecho de un ciudadano de la Unión a circular y residir en el territorio de la Unión.

19.

El tribunal remitente señala que, si bien la Directiva 2004/38/CE  ( 10 ) permite al titular de un derecho de residencia derivado obtener un derecho de residencia permanente, esta norma fue aprobada por los Estados miembros, a diferencia del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE, que es una creación de la jurisprudencia.

20.

El órgano jurisdiccional remitente recuerda que el artículo 3, apartado 2, ab initio y letra e), de la Directiva 2003/109 excluye del ámbito de aplicación de la citada Directiva a los nacionales de terceros países que residan exclusivamente por motivos de carácter temporal. Dicho órgano jurisdiccional indica que tales motivos incluyen los supuestos en los que el nacional no tiene intención de instalarse de forma duradera en el país de que se trata. De ello deduce que debe adoptarse el criterio de la intención de instalarse de forma duradera para apreciar el carácter temporal o no temporal de una residencia basada en el artículo 20 TFUE. Añade que la parte recurrida en el litigio principal admite que un permiso concedido al progenitor de un menor por motivos de vida familiar sobre la base del artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales  ( 11 ) no es de carácter temporal.

21.

En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta acerca de la aplicación por el Reino de los Países Bajos del artículo 3, apartado 2, ab initio y letra e), de la Directiva 2003/109, en el caso de que debiera admitirse el carácter temporal de la residencia de un nacional de un tercer país en virtud del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE. En efecto, con arreglo al artículo 45b de la Vw 2000, solo los permisos nacionales que dan derecho a residencia temporal constituyen motivos de denegación de un permiso de residencia de residente de larga duración ‐ UE. En cambio, los derechos de residencia de carácter temporal, pero basados en el Derecho de la Unión, permiten obtener un permiso de residencia de residente de larga duración.

22.

En estas circunstancias, el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Ámsterdam, Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

23.

E. K., los Gobiernos neerlandés, danés y alemán y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas. Estas partes, a excepción del Gobierno danés, formularon observaciones orales en la vista celebrada el 7 de diciembre de 2021.

IV.

Análisis

24.

Mediante estas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si la residencia de un nacional de un tercer país que tiene un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE, que el Tribunal de Justicia reconoció en la sentencia Ruiz Zambrano y en la sentencia de 10 de mayo de 2017, Chávez-Vílchez y otros,  ( 12 ) a un nacional en esa misma situación que era progenitor de un menor de edad ciudadano de la Unión, es de carácter temporal o no, a efectos de determinar, en particular, si la situación de esa persona está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109.

A.

Sobre la primera cuestión prejudicial, relativa a si el carácter temporal o no de la residencia, en el sentido de la Directiva 2003/109, cuando el nacional de un país tercero disfruta de un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE, debe ser objeto de una interpretación uniforme y autónoma dentro de la Unión

25.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el concepto de «residencia temporal», que figura, en particular, en el artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109, es un concepto del Derecho de la Unión o si corresponde a la competencia de los Estados miembros.

26.

Coincido con todas las partes, con excepción del Gobierno danés, en que se trata de un concepto del Derecho de la Unión que ha de ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme dentro de la Unión.

27.

En efecto, de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia cabe deducir dos normas.

28.

Por una parte, el Tribunal de Justicia, al interpretar la Directiva 2003/109, ha indicado que, habida cuenta de su objeto, tal como se establece en el artículo 1, letra a), la determinación del concepto de «residencia legal» y de las condiciones o derechos inherentes a esa residencia corresponde a la competencia de los Estados miembros.  ( 13 ) Sin embargo, el Tribunal ha declarado asimismo que debe considerarse que los términos «en los casos en que el permiso de residencia está limitado formalmente», contenidos en el artículo 3, apartado 2, letra e), de dicha Directiva, designan un concepto autónomo del Derecho de la Unión que, con el fin de respetar las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio de igualdad, ha de ser objeto de una interpretación uniforme pues no existe una remisión expresa a la legislación de los Estados miembros para determinar el sentido y el alcance de ese concepto.  ( 14 )

29.

Pues bien, la Directiva 2003/109 no contiene ninguna remisión expresa a la legislación de los Estados miembros para definir el significado de los términos de la expresión de que se trata en la presente cuestión prejudicial, a saber, «[residencia] exclusivamente por motivos de carácter temporal».

30.

Por otra parte, las exigencias de la aplicación uniforme y del principio de igualdad deben respetarse, con mayor razón, cuando se trata del alcance y de la naturaleza de los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión,  ( 15 ) como sucede en el caso de autos, puesto que el derecho de residencia del nacional de un tercer país se deriva de los derechos de un ciudadano de la Unión.

31.

Así pues, propongo que se responda a esta primera cuestión prejudicial que el concepto de «residencia temporal», en el sentido, en particular, del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109, es un concepto del Derecho de la Unión que debe interpretarse de modo autónomo y uniforme.

B.

Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, relativas a la naturaleza temporal o no temporal, en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109, del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE

32.

Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, por una parte, si el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE se diferencia del derecho de residencia accesorio concedido a un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, previsto en la Directiva 2004/38, y, por otra parte, si la circunstancia de que el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE esté supeditado a una relación de dependencia entre el nacional de un tercer país que disfruta de ese derecho y dicho ciudadano de la Unión basta para determinar el carácter temporal de la residencia. Estas cuestiones pueden ser analizadas de forma conjunta, ya que, en esencia, preguntan al Tribunal de Justicia acerca del carácter temporal o no, en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109, de la residencia del nacional de un tercer país que goza de un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE.

33.

La respuesta a estas cuestiones es necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente determine si E. K. puede o no obtener el estatuto de residente de larga duración con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2003/109, según el cual los Estados miembros concederán dicho estatuto a los nacionales de terceros países que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud correspondiente, y procede recordar que el artículo 4, apartado 2, de la referida Directiva dispone que «los períodos de residencia por los motivos previstos en la [letra] e) […] del apartado 2 del artículo 3 no se tendrán en cuenta a efectos de calcular el período a que se refiere el apartado 1».

34.

Así pues, si la residencia de un nacional de un tercer país que tiene un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE se califica de temporal, en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109, la duración de esa residencia no podrá computarse a efectos de calcular el período de residencia necesario de cinco años que exige el artículo 4 de dicha Directiva para obtener el estatuto de residente de larga duración.

35.

En el presente asunto, no se discute que E. K. disfrutó de un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE durante los cinco años anteriores a su solicitud de residente de larga duración.

36.

Esta cuestión es distinta de la de determinar si, después de la mayoría de edad de su hijo, ciudadano de la Unión, la recurrente en el litigio principal podría seguir beneficiándose de un derecho de residencia derivado como consecuencia de que su hijo depende de ella, lo cual no parece plantear dificultades de principio a la luz de la jurisprudencia, siempre que el juez nacional compruebe esa situación de dependencia, que deberá ser apreciada de una forma más estricta que en el caso de un hijo de corta edad.  ( 16 )

37.

Procede señalar a este respecto que en la actualidad E. K. goza, como se recordó en la vista, de un derecho de residencia por «vida privada y familiar», basado en el artículo 8 del CEDH, que le dará derecho, una vez transcurrido un plazo de cinco años, a obtener el estatuto de residente de larga duración.

38.

Las tesis en juego se oponen, en realidad, en la cuestión de si la solución depende únicamente de la filosofía que subyace a la Directiva 2003/109 o si conviene tener en cuenta la especificidad del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE para dotarle de efectos que se limiten estrictamente al objetivo que motivó su reconocimiento por la jurisprudencia, esto es, garantizar el disfrute efectivo por el ciudadano de la Unión del contenido esencial de los derechos que le concede su estatuto. El objetivo perseguido por el Tribunal de Justicia no fue conferir derechos propios al nacional de un tercer país que acompaña y cuida al ciudadano de la Unión que depende de él, ni crear en la práctica derechos propios a favor de dicho nacional al margen de esa relación de dependencia.

39.

Propongo aplicar, en primer lugar, los métodos clásicos de interpretación, para a continuación examinar la especificidad del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE y, por último, efectuar una comparación con los derechos de residencia accesorios que hacen posible obtener un permiso de larga duración.

1.

Carácter temporal de la residencia en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109 a la luz de los métodos de interpretación

40.

En primer lugar, el método literal parece conducir a una interpretación de la expresión «motivos de carácter temporal» de la residencia que excluye del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109 el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE.

41.

En efecto, mediante la expresión «carácter temporal», se designa aquello que solo dura un tiempo limitado y, por consiguiente, se contrapone al carácter permanente o definitivo de la residencia. Significa que se prevé desde un principio que la residencia será de corta duración. En esta acepción, es innegable que la residencia resultante del ejercicio del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE no es ni permanente ni definitiva, ya que su duración está vinculada a la existencia de una situación de dependencia entre el progenitor que disfruta de este derecho y su hijo. Por consiguiente, esta residencia es «temporal» en el sentido literal del término.

42.

En segundo lugar, desde un punto de vista teleológico, en cambio, la apreciación es más bien la contraria. En efecto, de los objetivos de la Directiva 2003/109, enunciados en los considerandos 4 y 6, se desprende que la instalación duradera y el período de residencia legal e ininterrumpida en el territorio de que se trata son elementos esenciales para obtener el estatuto de residente de larga duración y permitir la cohesión económica y social.

43.

Es incuestionable que la crianza de un niño en un país durante toda su minoría de edad puede dar lugar, aunque no siempre suceda así, a una instalación duradera y a una residencia por un período relativamente largo, incluso muy largo, que puede superar el período de cinco años exigido por la Directiva 2003/109 para la obtención del estatuto de residente de larga duración.

44.

Conviene asimismo hacer referencia a los ejemplos mencionados por esta Directiva como motivos de carácter temporal de la residencia que figuran en el artículo 3, apartado 2, letra e), de la citada Directiva, a saber, prestar servicios au pair, trabajar como temporeros o bien por ser trabajadores por cuenta ajena desplazados por un prestador de servicios a efectos de prestar servicios transfronterizos. Estos ejemplos ponen de manifiesto que desde un principio se prevé que la residencia será de corta duración. De ello cabe deducir, por un lado, que la crianza de un menor en un país no es comparable a una residencia como au pair ni a un trabajo de temporada y, por otro lado, que el carácter temporal de dicha residencia no tiene la misma naturaleza que la de las residencias de los ejemplos que la Directiva enuncia. Por tanto, habida cuenta de los objetivos de la Directiva 2003/109, parece que el carácter temporal de la residencia puede interpretarse en el sentido de que no implica, desde el inicio de la residencia, una instalación duradera.

45.

Varios elementos abogan en este sentido. Por una parte, la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Consejo que dio lugar a la adopción de la Directiva 2003/109 indica precisamente, en cuanto a su ámbito de aplicación, que «las únicas categorías excluidas son aquellas que no tienen como objetivo instalarse permanentemente, en particular, las personas que residen temporalmente por motivos de estudios o las que tienen un empleo sujeto a temporalidad e igualmente las que gozan de protección temporal».  ( 17 ) Por otra parte, mucho más recientemente, la Comisión, en su «Informe sobre migración y asilo», presentado el 29 de septiembre de 2021, anunció que propondría una revisión de la Directiva relativa a los residentes de larga duración para mejorar los derechos y la movilidad dentro de la Unión de los migrantes que ya estén bien integrados en los Estados miembros.  ( 18 ) Por último, el Tribunal de Justicia, al examinar la interpretación de la otra categoría de derechos de residencia excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva en virtud del artículo 3, apartado 2, letra e), en concreto, los «permisos limitados formalmente», se pronunció sobre los «motivos de carácter temporal» declarando que tales motivos «no reflejan a priori una voluntad […] de instalarse de forma duradera en el territorio de los Estados miembros».  ( 19 )

46.

Además, las repercusiones sociales y económicas de la educación de un hijo pueden favorecer la integración del progenitor, teniendo en cuenta que, con arreglo al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2003/109, los Estados miembros tienen la posibilidad de verificar el cumplimiento de las medidas de integración por los nacionales de terceros países, de conformidad con su legislación nacional. Sin embargo, los Estados miembros no se pronuncian sobre la integración de la persona en esta fase del examen del requisito de la duración y la naturaleza de la residencia, aunque la Directiva 2003/109 persigue claramente el objetivo de la integración.

47.

Por consiguiente, la voluntad de instalarse es el elemento que, al parecer, debe permitir aclarar el concepto de «motivos de carácter temporal» que figura en el artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109. Así pues, conviene analizar la duración de la residencia y la voluntad de instalarse del progenitor que acompaña al ciudadano de la Unión en el momento de concesión del derecho de residencia temporal. Ello supone descartar el concepto subjetivo relativo a la intención de instalarse, que podría existir en ciertos derechos de residencia temporal excluidos expresamente del ámbito de aplicación de dicha Directiva, como en el caso de las personas que prestan servicios au pair, que podrían tener la intención última de instalarse. En cambio, es evidente que una persona que goza de un permiso de residencia para prestar servicios como au pair en una familia no tiene, solo por este hecho, voluntad de instalarse. Del mismo modo, no procede tener en cuenta la integración puesto que, como he explicado en el punto precedente, se trata de un requisito distinto para obtener el estatuto de residente de larga duración, que toma en consideración la forma en que se ha desarrollado la residencia, y no la razón por la que se ha autorizado.

48.

En tercer lugar, la aplicación de la interpretación subjetiva tampoco permite extraer una conclusión clara a favor de incluir el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109.

49.

En efecto, si bien a primera vista, la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva hace referencia a la intención de las familias de los ciudadanos de la Unión de instalarse,  ( 20 ) es preciso, no obstante, tener en cuenta que esta afirmación obedeció únicamente a que dicha Propuesta contenía inicialmente el artículo 3, apartado 3, específico para las familias de los ciudadanos de la Unión que habían ejercido su derecho a la libre circulación.  ( 21 ) Dicho apartado fue suprimido en el curso del procedimiento legislativo, ya que se consideró que era poco comprensible y que la cuestión debía tratarse en el marco de la Directiva sobre la libertad de circulación.  ( 22 ) Por consiguiente, la situación de las familias solo se mencionó en el supuesto de que el ciudadano hubiera ejercido previamente dicha libertad, y se descartó después en el marco de la negociación de dicha Propuesta.

50.

A mi juicio, tampoco cabe argumentar alegando que el texto de la Directiva no fue modificado a raíz de la sentencia Ruiz Zambrano. En efecto, esa decisión se adoptó en la etapa final de la revisión de la Directiva 2003/109 por la Directiva 2011/51/UE  ( 23 ) y no pudo tenerse en cuenta (en un sentido u otro) en ese momento.

51.

En cuarto lugar, la aplicación de la interpretación sistemática me invita en realidad a examinar la naturaleza muy específica del derecho de residencia derivado en cuestión.

2.

Especificidad del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE

52.

Cabe recordar que, en la sentencia Ruiz Zambrano, el Tribunal de Justicia sentó el principio de que «el artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro, por un lado, deniegue a un nacional de un Estado tercero, que asume la manutención de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, la residencia en el Estado miembro de residencia de estos, del cual son nacionales, y, por otro, deniegue a dicho nacional de un Estado tercero un permiso de trabajo, en la medida en que tales decisiones privarían a dichos menores del disfrute efectivo de la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión».  ( 24 )

53.

En sentencias posteriores se ha especificado que «las disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión no confieren ningún derecho autónomo a los nacionales de terceros Estados» y que «los eventuales derechos conferidos [a dichos nacionales] por las disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión no son derechos propios de esos nacionales, sino derechos derivados de los que tiene el ciudadano de la Unión».  ( 25 ) El Tribunal de Justicia precisó que existen situaciones muy específicas en las que se vulneraría el efecto útil de la ciudadanía de la Unión «si, a consecuencia de la denegación de ese derecho [de residencia a favor de un nacional de un tercer Estado], dicho ciudadano se viera obligado de hecho a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, lo que le privaría del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por ese estatuto».  ( 26 )

54.

Esta línea jurisprudencial ha creado así un derecho de residencia derivado que se refiere a situaciones muy específicas en el ámbito del derecho de residencia de los nacionales de terceros países, cuya determinación es competencia de los Estados miembros. Dado que el mencionado derecho de residencia derivado se concede únicamente en beneficio del ciudadano de la Unión, la contrapartida de esa ampliación ha consistido en no conferir ningún derecho propio a tales nacionales, sino solamente un derecho de residencia en consideración de la ciudadanía de la Unión de su hijo dependiente y mientras persista esa situación de dependencia.

55.

Pues bien, es innegable que la Directiva 2003/109 prevé, mediante la creación de un estatuto de residente de larga duración, el otorgamiento de un derecho propio a los nacionales de terceros países, siempre que cumplan los requisitos previstos en los capítulos I y II de la referida Directiva. Además, para ilustrar las residencias por «motivos de carácter temporal» que están excluidas de su ámbito de aplicación, la citada Directiva ofrece únicamente ejemplos en los que los nacionales gozan de un derecho personal de residencia (personas que prestan servicios au pair, por ejemplo). Por lo tanto, incluso el hecho de disponer de un derecho de residencia propio  ( 27 ) no es suficiente para que esa residencia quede comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en consecuencia, poder acogerse, con ciertas condiciones, al estatuto de residente de larga duración.

56.

Así pues, a mi juicio E. K. que, en virtud de la sentencia Ruiz Zambrano, solo disfruta de un derecho de residencia derivado vinculado a la existencia de una situación de dependencia por parte de su hijo, no tiene un derecho de residencia propio. Esta falta de posibilidad de disfrutar de derechos propios debe ponerse en relación con la intención de instalarse de forma duradera en la que se basa la Directiva 2003/109.

57.

En cualquier caso, estimo que tomar en consideración la voluntad de E. K. de instalarse de forma duradera en el territorio del Estado miembro en cuestión para acogerse a las disposiciones de la Directiva 2003/109 tras cinco años de residencia en virtud del derecho de residencia derivado iría más allá de las consecuencias que el Tribunal de Justicia pretendió extraer del artículo 20 TFUE a este respecto. En efecto, en mi opinión, la voluntad de instalarse de manera duradera forma parte de los derechos propios del nacional del tercer país, a los que este no puede optar debido al carácter derivado de su derecho de residencia. Además, interpretar esta Directiva en el sentido sostenido por E. K. equivaldría, como subrayó la Comisión en sus observaciones, a permitirle adquirir no solo el estatuto de residente de larga duración, sino también, por esta vía, el derecho de residencia en los demás Estados miembros.  ( 28 )

58.

En efecto, mientras persista la relación de dependencia del menor ciudadano de la Unión, lo cual incumbe al juez nacional comprobar, el progenitor puede permanecer en el territorio con objeto de garantizar el disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos de la ciudadanía de la Unión de su hijo.

59.

En cambio, el Tribunal de Justicia ha declarado que «el solo hecho de que a un nacional de un Estado miembro le pueda parecer deseable, […] para mantener la unidad familiar en el territorio de la Unión, que miembros de su familia, que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro, puedan residir con él en el territorio de la Unión no basta por sí mismo para considerar que el ciudadano de la Unión se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión si ese derecho no fuera concedido».  ( 29 ) Así, el artículo 20 TFUE no da lugar a un derecho de residencia para el mantenimiento de la unidad familiar en caso de que la salida del nacional del tercer país no implique la salida del ciudadano de la Unión. Por consiguiente, no se protege el derecho a la unidad familiar en cuanto tal, sino la posibilidad de que dicho ciudadano de la Unión permanezca en el territorio.

60.

A modo de conclusión provisional, estimo que, si se considera la especificidad del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE, dado que la persona que disfruta de ese derecho no tiene intención de instalarse, tal residencia está excluida, a mi juicio, del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109, puesto que está basada en un motivo de carácter temporal.

61.

Cabe preguntarse incluso si excluir del ámbito de aplicación de la Directiva la residencia resultante del derecho derivado del artículo 20 TFUE no sería, en realidad, una consecuencia intrínseca de su naturaleza, que no crea ningún derecho propio.

3.

Especificidad del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE a la luz del razonamiento por analogía

62.

El principal argumento de E. K. y de la Comisión en apoyo de que el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE surte efectos para la obtención de un estatuto de residente de larga duración se basa en que la legislación de la Unión contempla ejemplos de derechos de residencia derivados que dan lugar a un derecho de residencia permanente que es, en sí, un derecho propio. Por lo tanto, conviene razonar por analogía.

63.

Sobre esta premisa se basa la segunda cuestión prejudicial que se refiere a las disposiciones de la Directiva 2004/38, cuyo artículo 16, apartado 2, establece que, una vez transcurridos cinco años, el derecho de residencia derivado da acceso al derecho de residencia permanente.  ( 30 ) En sus observaciones, E.K. cita también el artículo 15 de la Directiva 2003/86/CE  ( 31 ) que prevé un permiso de residencia autónomo para los miembros de la familia del reagrupante.  ( 32 )

64.

Por lo que se refiere a la Directiva 2004/38, la analogía con el mecanismo que establece dicha Directiva puede parecer atractiva en un principio, ya que las circunstancias de hecho son las mismas desde el punto de vista del progenitor: el progenitor, nacional de un tercer país, goza de un derecho de residencia derivado vinculado a la condición de ciudadano de la Unión de su hijo, durante un período superior a cinco años. Además, estos dos derechos de residencia derivados surgen en el ámbito de la libre circulación de las personas y el Derecho de la Unión protege, de esta forma, esa libertad de dicho ciudadano.  ( 33 ) En los supuestos contemplados por dicha Directiva y por el artículo 21 TFUE,  ( 34 ) el progenitor puede obtener de este modo, al cabo de cinco años, un derecho de residencia permanente.

65.

No obstante, existen varias diferencias notables entre estos dos derechos de residencia derivados.

66.

Por una parte, el derecho de residencia derivado y el derecho de residencia permanente que procede de aquel en virtud de la Directiva 2004/38 fueron concedidos de modo expreso por los Estados miembros a los miembros de la familia de los ciudadanos de la Unión que son nacionales de terceros países, mientras que el Tribunal de Justicia, para conferir un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE al nacional del tercer país de quien depende el ciudadano de la Unión, se colocó en el punto de vista de ese ciudadano de la Unión, quien podía verse imposibilitado de ejercer los derechos inherentes a su estatuto.

67.

Por otra parte, en realidad, las situaciones de hecho consideradas desde el punto de vista de dicho ciudadano de la Unión son diferentes. En efecto, la Directiva 2004/38 no es aplicable cuando ese ciudadano de la Unión nunca ha hecho uso de su derecho de libre circulación y siempre ha residido en el Estado miembro cuya nacionalidad posee,  ( 35 ) que es la situación del hijo de E. K. Así, el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE, reconocido por el Tribunal de Justicia, solo encuentra justificación en la medida en que se mantenga la situación de dependencia entre el menor, ciudadano de la Unión, y su progenitor, nacional de un tercer país. En consecuencia, a fin de proteger el disfrute efectivo por el ciudadano de la Unión de los derechos esenciales que le otorga su estatuto, no es necesario ampliar el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE mediante un derecho de residencia permanente a favor del progenitor nacional de un tercer país si persiste la situación de dependencia.

68.

Asimismo, es evidente que, incluso a efectos de la Directiva 2004/38, que persigue los objetivos de protección de la vida familiar e integración de la familia en el Estado miembro de acogida, el Tribunal de Justicia considera secundarios estos objetivos en relación con la finalidad principal, que es favorecer la libre circulación de los ciudadanos de la Unión.  ( 36 ) Pues bien, los derechos de libre circulación y de residencia del hijo de E. K. no se ven obstaculizados mientras se mantenga la situación de dependencia con respecto a su progenitor y, en consecuencia, el derecho de residencia derivado de este. Cuando termine esa situación de dependencia, la eventual salida del progenitor no entrañará de modo automático la salida de su hijo ciudadano de la Unión.

69.

Ciertamente, el Tribunal de Justicia ha establecido una analogía entre las limitaciones a la libertad de circulación por razones de orden público, seguridad pública o salud pública, por un lado, previstas en el artículo 27 de la Directiva 2004/38 y, por otro lado, las que siempre pueden invocar los Estados miembros en el marco de la ciudadanía de la Unión, establecida por el artículo 20 TFUE.  ( 37 )

70.

Este razonamiento por analogía tampoco es suficiente para convencerme, puesto que esta referencia a la amenaza para el orden público está relacionada con la posibilidad o no de limitar el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE, mientras que, en el presente asunto, E. K. solicita que se conceda un derecho de residencia propio al beneficiario de ese derecho de residencia derivado. Por último, en lo que atañe al requisito de la disponibilidad de recursos suficientes, que puede servir asimismo para limitar el derecho de residencia derivado, el Tribunal de Justicia rechazó establecer una analogía entre el régimen previsto en la Directiva 2004/38 y el resultante del artículo 20 TFUE, declarando que «cuando exista una relación de dependencia […] entre un ciudadano de la Unión y un nacional de un tercer país, miembro de la familia de aquel, el artículo 20 TFUE se opone a que un Estado miembro establezca una excepción al derecho de residencia derivado que ese artículo reconoce al nacional de un tercer país, por la única razón de que el ciudadano de la Unión no disponga de recursos suficientes».  ( 38 ) Así, incluso en la apreciación de los límites del derecho de residencia derivado (que no es objeto del presente asunto), el Tribunal de Justicia rechaza realizar de modo automático un razonamiento por analogía.

71.

Por lo que se refiere a la Directiva 2003/86 invocada por E. K., la analogía es aún más difícil de establecer. En efecto, el Tribunal de Justicia ha señalado recientemente que los nacionales de terceros países, cónyuges de un ciudadano de la Unión y víctimas de violencia doméstica cometida por este último, no se encuentran, a efectos del mantenimiento de su derecho de residencia en el territorio del Estado miembro de que se trate, en situaciones comparables dependiendo de que su situación esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/38 o de la Directiva 2003/86.  ( 39 ) Además, los miembros de la familia de estos ciudadanos de la Unión están excluidos expresamente del ámbito de aplicación de dicha Directiva.  ( 40 ) Por último, aunque el caso de estos ciudadanos de la Unión que no han ejercido su libertad de circulación había sido incluido en la Propuesta inicial de la Directiva sobre el derecho a la reagrupación familiar, no se mantuvo en la versión adoptada.  ( 41 )

72.

De este modo, el razonamiento por analogía con las disposiciones de Derecho derivado no permite considerar que exista un derecho propio del nacional a la consolidación de su derecho de residencia derivado en virtud del artículo 20 TFUE.

73.

No obstante, debe precisarse que el artículo 13 de la Directiva 2003/109 prevé que los Estados miembros podrán expedir permisos de residencia permanente o de duración ilimitada en condiciones más favorables que las establecidas en dicha Directiva. A este respecto, resulta de los autos que la Administración neerlandesa pudo expedir un permiso de residencia sobre la base del artículo 8 del CEDH y reconoció, en la vista, que dicho permiso podría conferir derecho, al cabo de cinco años, al estatuto de residente de larga duración. Procede señalar que el citado permiso no dará acceso al derecho de residencia en los demás Estados miembros.

74.

Si se tiene en cuenta la especificidad del derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE y el hecho de que esa residencia no demuestra una voluntad de instalarse de forma duradera, por lo que puede calificarse de residencia por motivos de carácter temporal, lo cual justifica su exclusión del ámbito de aplicación de la citada Directiva, considero que ese derecho de residencia derivado, por su carácter temporal, no permite acogerse al estatuto de residente de larga duración previsto en el artículo 4 de dicha Directiva.

75.

De este modo, el artículo 3, apartado 2, letra e), de la Directiva 2003/109 debe interpretarse en el sentido de que la residencia de un nacional de un país tercero que disfruta de un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE constituye una residencia exclusivamente por motivos de carácter temporal.

C.

Sobre la cuarta cuestión prejudicial relativa a la conformidad con la Directiva 2003/109 de la legislación nacional que únicamente excluye los permisos nacionales de corta duración de la obtención del estatuto de residente de larga duración — UE

76.

El órgano jurisdiccional remitente pregunta acerca de la compatibilidad de la legislación nacional con la Directiva 2003/109, en la medida en que el Derecho nacional resulta más favorable que dicha Directiva, ya que únicamente los permisos nacionales de corta duración quedan excluidos de la obtención de los permisos de residencia de larga duración ‐ UE.

77.

A la luz de las respuestas propuestas a las otras cuestiones, según las cuales el derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE no está comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva, no es necesario responder a esta cuestión.

V.

Conclusión

78.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Ámsterdam, Países Bajos):