15.12.2021   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 506/64


P9_TA(2021)0148

Asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta (2021/2611(RSP))

(2021/C 506/09)

El Parlamento Europeo,

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Vistos los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Visto el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistos los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

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Vistas sus Resoluciones, de 15 de noviembre de 2017 (1), 28 de marzo de 2019 (2) y 16 de diciembre de 2019 (3), sobre el Estado de Derecho en Malta,

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Vistos las audiencias, los intercambios de puntos de vista y las visitas de delegación efectuados por el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior desde el 15 de noviembre de 2017,

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Vistos los intercambios de cartas entre la presidenta del Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales y el primer ministro de Malta, el último de los cuales tuvo lugar en abril de 2021,

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Vista la Resolución 2293 (2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 26 de junio de 2019, sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta y otros países, y garantizar que se conozca toda la verdad,

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Visto el informe sobre el seguimiento de la Resolución 2293 (2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria el 8 de diciembre de 2020,

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Visto el dictamen de la Comisión de Venecia, de 8 de octubre de 2020, sobre diez actos y proyectos de ley de ejecución de propuestas legislativas objeto del dictamen CDL-AD(2020)006,

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Visto el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2020,

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Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 20 de abril de 2021, en el asunto Repubblika contra Il-Prim Ministru (4),

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Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que estos valores son universales y comunes a todos los Estados miembros;

B.

Considerando que el Estado de Derecho y el respeto de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y los valores y principios consagrados en los Tratados de la Unión y los instrumentos internacionales de derechos humanos son obligaciones que incumben a la Unión y sus Estados miembros y que deben observadas; que, de conformidad con el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 7 del TUE, la Unión prevé la posibilidad de actuar para proteger los valores comunes sobre los que se fundamenta;

C.

Considerando que la Carta forma parte del Derecho primario de la Unión; que la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en el artículo 11 de la Carta y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);

D.

Considerando que la independencia del poder judicial se consagra en el artículo 19, apartado 1, del TUE, el artículo 47 de la Carta y el artículo 6 del CEDH, y que es un requisito esencial del principio democrático de la separación de poderes;

E.

Considerando que la negativa sistemática de un Estado miembro a respetar los valores fundamentales de la Unión Europea y los Tratados a los que ha accedido libremente afecta a la Unión en su conjunto;

F.

Considerando que Daphne Caruana Galizia, periodista de investigación y bloguera maltesa dedicada a la lucha contra la corrupción, fue asesinada en un atentado con coche bomba el 16 de octubre de 2017; que fue objeto de acoso y de numerosas amenazas en forma de llamadas telefónicas, cartas y mensajes de texto amenazantes, así como de un incendio provocado en su casa y del asesinato de su perro; que el sicario confeso declaró en juicio el 16 de marzo de 2021 que, dos años antes del asesinato de Daphne Caruana Galizia, se tramó, de manera previa e independiente, un plan para acabar con su vida utilizando un rifle AK-47;

G.

Considerando que las investigaciones del asesinato dirigidas por las autoridades maltesas, con la asistencia de Europol, han comportado la identificación, la acusación y el actual enjuiciamiento de varios sospechosos y de un posible cerebro del asesinato, el propietario de la empresa con sede en Dubái 17 Black Ltd. y antiguo miembro del consejo de administración de ElectroGas Malta Ltd.; que la Oficina Federal de Investigación (FBI) también participó en las investigaciones;

H.

Considerando que uno de los presuntos cómplices y algunas grabaciones presentadas en el proceso judicial han implicado al antiguo jefe de gabinete del primer ministro de Malta en la planificación, la financiación o el intento de encubrimiento del asesinato;

I.

Considerando que el antiguo jefe de gabinete del primer ministro dimitió el 26 de noviembre de 2019 tras un interrogatorio policial por el asesinato de Daphne Caruana Galizia; que fue detenido y acusado de blanqueo de capitales, fraude, corrupción y falsificación el 20 de marzo de 2021 en otro asunto, sobre el que Daphne Caruana Galizia había estado investigando, junto con varios de sus socios comerciales; que se le concedió la libertad bajo fianza y se le levantó la medida de prisión preventiva el 5 de abril de 2021;

J.

Considerando que el entonces ministro de Turismo de Malta, anteriormente ministro de Energía, dimitió el 26 de noviembre de 2019; que un consorcio de periodistas de investigación ha publicado un informe detallado sobre las relaciones comerciales entre una familia china y el antiguo ministro de Energía, así como con el antiguo jefe de gabinete del primer ministro (5); que la familia china supuestamente desempeñó un papel fundamental en las negociaciones relativas a una inversión por valor de 380 millones de euros por parte de la empresa pública china Shanghai Electric Power en la empresa eléctrica pública maltesa Enemalta y es propietaria de las empresas Dow’s Media Company y Macbridge, la segunda de las cuales tenía previsto pagar un total de dos millones de dólares estadounidenses a empresas panameñas controladas por el antiguo ministro de Energía y el antiguo jefe de gabinete del primer ministro; que, en el momento de su asesinato, el trabajo de Daphne Caruana Galizia estaba centrado en la investigación de estas transacciones comerciales;

K.

Considerando que, a finales de 2019, se inició una investigación pública independiente sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia que continúa abierta;

L.

Considerando que uno de los sospechosos en el asunto judicial en curso sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia ha recibido un indulto presidencial por su participación en otro asunto judicial y ha testificado bajo juramento; que dio a entender que el antiguo ministro de Economía podría haber participado en una trama para matar a un periodista y que un ministro en ejercicio estaba implicado en un delito grave, dando lugar a especulaciones sobre un intento de robo ocurrido en la sede del banco HSBC en Qormi en 2010 que desembocó en un tiroteo con la policía;

M.

Considerando que, supuestamente, la antigua secretaria parlamentaria de Derechos Civiles y Reformas del Ministerio de Justicia, Igualdad y Gobernanza de Malta habría aceptado dinero en efectivo de la persona acusada de ordenar el asesinato de Daphne Caruana Galizia, después de declarar que en 2019 había actuado como intermediaria en un proyecto de venta inmobiliaria; que dicha venta nunca tuvo lugar;

N.

Considerando que persisten serias preocupaciones en relación con la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Malta, como se indica en el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2020; que las normas existentes en materia de prevención, investigación y enjuiciamiento son claramente inadecuadas; que este hecho amenaza con socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y genera peligrosas interconexiones entre grupos delictivos y autoridades públicas; que la corrupción es la que principalmente hace posible la delincuencia organizada; que se ha puesto en marcha un proyecto de reforma estructural para colmar las lagunas y reforzar el marco institucional en materia de lucha contra la corrupción, incluidas la aplicación de la ley y el enjuiciamiento;

O.

Considerando que los periodistas, en particular, aunque no exclusivamente, periodistas de investigación, reciben cada vez más las denominadas «demandas estratégicas contra la participación pública», cuyo único objetivo es frustrar su trabajo, evitar el escrutinio público e impedir que las autoridades rindan cuentas, lo que crea un efecto disuasorio sobre la libertad de los medios de comunicación; que, en el momento de su asesinato, los activos de Daphne Caruana Galizia habían sido inmovilizados mediante órdenes cautelares emitidas conjuntamente con cuatro demandas por difamación presentadas por el antiguo ministro de Economía de Malta y su asesor; que estas se encontraban entre las 42 demandas por difamación civil abiertas contra ella en el momento de su muerte, entre ellas una presentada por el entonces primer ministro, dos por el entonces ministro de Turismo y dos por el entonces jefe de gabinete del primer ministro;

1.

Manifiesta su profunda preocupación por las últimas revelaciones en las investigaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia, en particular la posible participación de ministros del Gobierno y cargos políticos; reconoce los avances realizados en las investigaciones sobre el asesinato; reitera, no obstante, que las recientes revelaciones plantean nuevas cuestiones sobre el caso y las investigaciones conexas;

2.

Insta al Gobierno de Malta a que despliegue todos los recursos necesarios para llevar ante la justicia no solo a todas las personas implicadas en el asesinato de Daphne Caruana Galizia, sino también a las implicadas en todos los demás casos que se están investigando o denunciando actualmente y que ella había sacado a la luz antes de su asesinato; considera que la labor de Daphne Caruana Galizia ha sido esencial para denunciar la corrupción en Malta y que los recientes avances en investigaciones conexas afirman la importancia capital de unos medios de comunicación independientes y de una sociedad civil activa como pilares fundamentales de la justicia, de la democracia y del Estado de Derecho;

3.

Reitera su llamamiento en favor de la participación plena y continua de Europol en todos los aspectos de la investigación del asesinato y todas las investigaciones conexas; pide que se refuerce la participación de Europol, habida cuenta de los resultados logrados;

4.

Celebra que continúe la investigación pública independiente sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia; pide al Gobierno y a las autoridades competentes de Malta que apliquen plenamente todas las recomendaciones derivadas de la investigación;

5.

Expresa su preocupación por la oferta y el uso reiterados de indultos presidenciales en el contexto del juicio por asesinato; hace hincapié en que los testimonios presentados en relación con otros delitos deben evaluarse con sumo cuidado y no deben utilizarse para evadir la justicia plena por asesinato; observa, no obstante, que un indulto presidencial y una sentencia acordada fueron dos de los elementos que llevaron a la detención en noviembre de 2019 de una persona sospechosa de ordenar el asesinato;

6.

Reconoce los avances realizados, aunque con mucho retraso, en algunas de las investigaciones en casos conexos de blanqueo de capitales y corrupción, en particular por lo que se refiere al antiguo jefe de gabinete del primer ministro; destaca, no obstante, que los últimos testimonios y revelaciones han sacado a la luz nuevos hechos sospechosos y posibles actos delictivos, por lo que pide a las autoridades maltesas que también inicien e impulsen las investigaciones en estos casos sin demora, incluidas las posibles tentativas de funcionarios públicos de ocultar pruebas y obstruir investigaciones y actuaciones judiciales;

7.

Considera que todas las acusaciones de corrupción y fraude, especialmente a un alto nivel político, deben investigarse y enjuiciarse con el rigor apropiado y al nivel adecuado, también en relación con la posible participación de agentes extranjeros; cuestiona si es adecuado que las acusaciones contra la antigua secretaria parlamentaria de Derechos Civiles y Reformas solo sean investigadas por el comisario de Normas para la Vida Pública;

8.

Reitera que el Gobierno maltés debe considerar la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y la intimidación de periodistas como una prioridad absoluta;

9.

Reconoce que, en su sentencia de 20 de abril de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que las disposiciones introducidas por la reforma constitucional maltesa de 2016 sobre el nombramiento de los miembros del poder judicial reforzaban la independencia judicial y, por tanto, eran conformes con el Derecho de la Unión;

10.

Lamenta profundamente que la evolución de la situación en Malta a lo largo de los años haya dado lugar a amenazas graves y persistentes para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, incluidas las cuestiones relativas a la libertad de los medios de comunicación, la independencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y del poder judicial frente a las injerencias políticas y la libertad de reunión pacífica; considera que deben reforzarse aún más las garantías constitucionales en relación con la separación de poderes; observa que, tras la aplicación de algunas de las recomendaciones de la Comisión, del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia, el Gobierno de Malta ha realizado progresos en relación con el Estado de Derecho; anima al Gobierno de Malta a que continúe esforzándose por reforzar sus instituciones;

11.

Manifiesta su profunda preocupación por algunas de las conclusiones de la Comisión en su Informe sobre el Estado de Derecho de 2020 en relación con Malta, en particular los «patrones de corrupción profunda»; celebra, no obstante, la puesta en marcha del proyecto de reforma estructural; reitera su llamamiento a la Comisión para que utilice todos los instrumentos y procedimientos a su disposición para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho de la Unión en relación con el funcionamiento eficiente de los sistemas judiciales, la lucha contra el blanqueo de capitales, la supervisión bancaria, la contratación pública y la planificación y el desarrollo urbanos;

12.

Reitera su llamamiento a las autoridades maltesas para que apliquen plenamente todas las recomendaciones pendientes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y el Comité Especial de Expertos sobre Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo (Moneyval); considera que deben aplicarse adecuadamente las recomendaciones relativas al Parlamento nacional y a los diputados, el efecto de las sentencias del Tribunal Constitucional y los tribunales especializados; pide a las autoridades maltesas que soliciten el dictamen de la Comisión de Venecia sobre el cumplimiento de sus recomendaciones; se reserva el derecho de presentar dicha solicitud de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Estatuto de la Comisión de Venecia y el apartado 28 del Memorándum de Acuerdo entre el Consejo de Europa y la Unión Europea;

13.

Reconoce que el asesinato de Daphne Caruana Galizia desencadenó reformas para mejorar la protección de los periodistas y defender la libertad de los medios de comunicación; destaca, no obstante, que las autoridades maltesas deben adoptar nuevas medidas demostrables, estableciendo medidas legislativas y políticas a largo plazo que sirvan para garantizar un entorno favorable para el periodismo crítico e independiente en Malta y la rendición de cuentas de políticos y funcionarios, en particular por lo que se refiere a sancionar las prácticas públicas o en línea de amenazas, acoso, intimidación y deshumanización de periodistas; pide al Gobierno maltés que aborde las preocupaciones existentes en relación con la libertad de los medios de comunicación, la independencia de los reguladores de los medios de comunicación y de los medios de comunicación públicos y privados frente a las interferencias políticas y el creciente uso de la incitación al odio en las redes sociales;

14.

Expresa su profunda preocupación por las repercusiones negativas de los regímenes de ciudadanía y residencia para la integridad de la ciudadanía de la Unión; recuerda las recientes revelaciones sobre la interpretación laxa de los requisitos de residencia para la naturalización, así como el papel de los intermediarios y la participación de funcionarios públicos; reitera su llamamiento a las autoridades maltesas para que garanticen la transparencia y pongan fin a sus regímenes de ciudadanía y residencia para inversores, en lugar de modificarlos; pide a la Comisión que emita cuanto antes su dictamen motivado sobre el caso de infracción de que se trata;

15.

Señala que la protección de los periodistas de investigación y los denunciantes de irregularidades reviste un interés vital para la sociedad; señala el papel clave de las organizaciones de la sociedad civil y de los periodistas internacionales y malteses en la continuación de las investigaciones de Daphne Caruana Galizia; pide a las autoridades maltesas que garanticen la protección de la seguridad personal, los medios de subsistencia y, por ende, la independencia de los periodistas y denunciantes de irregularidades a toda costa y en todo momento; pide a las autoridades maltesas a que apliquen rápidamente la Directiva (UE) 2019/1937 (6);

16.

Pide a la Comisión que proponga legislación de la Unión contra las demandas estratégicas contra la participación pública, con el fin de proteger a los periodistas de demandas vejatorias; pide a las autoridades maltesas que, entretanto, promulguen legislación nacional contra las demandas estratégicas contra la participación pública; destaca que, en el marco de la lucha contra la corrupción y la mala administración, el periodismo de investigación debe recibir una consideración y un apoyo financiero o presupuestario particulares como herramienta que sirve al bien público; subraya la necesidad de mecanismos de respuesta rápida ante las violaciones de la libertad de prensa y de los medios de comunicación, así como del fondo transfronterizo de periodismo de investigación;

17.

Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y al presidente de la República de Malta.

(1)  DO C 356 de 4.10.2018, p. 29.

(2)  DO C 108 de 26.3.2021, p. 107.

(3)  Textos Aprobados, P9_TA(2019)0103.

(4)  Sentencia de 20 de abril de 2021, Repubblika/Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.

(5)  «Special Report: Money trail from Daphne murder probe stretches to China» (Informe especial: el rastro del dinero vinculado a la investigación del asesinato de Daphne llega hasta China), Reuters, 29 de marzo de 2021.

(6)  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17).