Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 1 de octubre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/7/UE — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Artículo 1, apartados 1 y 2 — Ámbito de aplicación — Artículo 2, punto 4 — Concepto de “morosidad” — Artículo 6 — Cantidad fija mínima de 40 euros en concepto de compensación al acreedor por los costes de cobro en que haya incurrido — Requisitos — Principio general del Derecho de la Unión que prohíbe el abuso de derecho »
En el asunto C‑209/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 1 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de marzo de 2025, en el procedimiento entre
Premium Food Kebab sp. z o.o.
y
Cydonia sp. z o.o.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra (Ponente) y N. Fenger, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Milanowska y M. Owsiany-Hornung, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2011, L 48, p. 1), así como del principio general del Derecho según el cual los justiciables no pueden invocar de forma abusiva o fraudulenta las normas del Derecho de la Unión.
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Premium Food Kebab sp. z o.o. (en lo sucesivo, «PFK») y Cydonia sp. z o.o., dos sociedades polacas, en relación con una demanda de PFK por la que se solicita que se condene a Cydonia al pago de una cantidad fija de 40 euros debido a la morosidad en el pago de una factura.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3 Los considerandos 12, 16 a 19 y 28 de la Directiva 2011/7 exponen:
«(12) La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en demora o de la lentitud de los procedimientos de recurso. Es necesario un cambio decisivo hacia una cultura de pago sin demora, que prevea, entre otras cosas, que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea siempre considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente abusiva, para invertir esta tendencia y desalentar la morosidad. Este cambio también debe incluir la introducción de disposiciones concretas sobre los plazos de pago y la compensación a los acreedores por los costes en que hayan incurrido, así como, entre otras cosas, la indicación de que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva.
[…]
(16) La presente Directiva no debe obligar al acreedor a reclamar intereses por demora en el pago. En caso de demora en los pagos, la presente Directiva debe permitir al acreedor cobrar intereses de demora sin necesidad de aviso previo de vencimiento o notificación similar que recuerde al deudor su obligación de pagar.
(17) El pago del deudor se considerará demorado a efectos de tener derecho a intereses de demora cuando el acreedor, habiendo cumplido sus obligaciones legales y contractuales, no disponga del importe debido en la fecha prevista.
(18) Las facturas equivalen a solicitudes de pago y constituyen documentos relevantes en la cadena de operaciones para el suministro de bienes y servicios, en particular, para determinar el plazo límite de pago. […]
(19) Es necesario compensar adecuadamente a los acreedores por los costes de cobro debidos a la morosidad para desalentar esta práctica. Los costes de cobro deben incluir los costes administrativos y una compensación por los gastos internos derivados de la morosidad, para los que la presente Directiva debe establecer una cantidad fija mínima acumulable con el interés de demora. La compensación en forma de una cantidad fija debe tener como objetivo limitar los costes administrativos e internos ligados al cobro. La compensación por los costes de cobro debe fijarse sin perjuicio de las disposiciones nacionales en virtud de las cuales un tribunal nacional pueda reconocer el derecho del acreedor a una indemnización adicional por los daños y perjuicios relacionados con la morosidad del deudor.
[…]
(28) La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratación en perjuicio del acreedor. […] La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales abusivas para el deudor.»
4 El artículo 1 de la Directiva citada, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone:
«1. El objeto de la presente Directiva es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las [pequeñas y medianas empresas (pymes)].
2. La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales.
[…]»
5 A tenor del artículo 2 de dicha Directiva:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) “operaciones comerciales”: las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación;
[…]
4) “morosidad”: no efectuar el pago en el plazo contractual o legal establecido, habiéndose cumplido las condiciones fijadas en el artículo 3, apartado 1, o en el artículo 4, apartado 1;
[…]».
6 El artículo 3 de la misma Directiva, titulado «Operaciones entre empresas», está redactado en los siguientes términos:
«1. Los Estados miembros velarán por que, en las operaciones comerciales entre empresas, el acreedor tenga derecho a intereses de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento, en los casos en que se den las condiciones siguientes:
a) el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y
b) el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, a menos que el retraso no sea imputable al deudor.
[…]
3. En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:
a) el acreedor tenga derecho a un interés de demora a partir del día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;
[…]
5. Los Estados miembros velarán por que el plazo de pago fijado en el contrato no exceda de 60 días naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7.»
7 El artículo 6 de la Directiva 2011/7, titulado «Compensación por los costes de cobro», dispone:
«1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales con arreglo a los artículos 3 o 4, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 [euros].
2. Los Estados miembros se asegurarán de que la cantidad fija mencionada en el apartado 1 sea pagadera sin necesidad de recordatorio como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor.
3. Además de la cantidad fija establecida en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen la cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este. Esta podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro.»
8 El artículo 7 de esta Directiva, titulado «Cláusulas contractuales y prácticas abusivas», establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros dispondrán que una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro si resulta manifiestamente abusiva para el acreedor no sea aplicable o pueda dar lugar a una reclamación por daños.
Para determinar si una cláusula contractual o una práctica es manifiestamente abusiva para el acreedor en el sentido del párrafo primero, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas:
[…]
c) si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse […] de la cantidad fija a la que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1.
[…]»
Derecho polaco
9 La ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad excesiva en las operaciones comerciales), de 8 de marzo de 2013 (Dz. U. de 2013, posición 403), en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2022, posición 893), que transpuso la Directiva 2011/7 al ordenamiento jurídico polaco, establece en su artículo 7, apartado 1, lo siguiente:
«En las operaciones comerciales, a excepción de aquellas en las que el deudor sea una entidad pública, el acreedor tendrá derecho a obtener, sin requerimiento, los intereses legales de demora aplicables a las operaciones comerciales, a menos que las partes hayan acordado intereses más elevados, por el período comprendido entre el día del vencimiento de la prestación dineraria hasta el día del pago, si se dan de modo acumulativo las siguientes condiciones:
1) el acreedor ha ejecutado su prestación;
2) el acreedor no ha recibido el pago dentro del plazo fijado en el contrato.»
10 El artículo 10 de la citada Ley dispone lo siguiente:
«1. A partir del devengo de los intereses mencionados en el artículo 7, apartado 1, o en el artículo 8, apartado 1, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor, sin requerimiento, en concepto de compensación por los costes de cobro, el equivalente al importe de:
1) 40 euros, cuando el valor de la prestación dineraria no sea superior a 5 000 eslotis [polacos (PLN)];
[…]
2. Además de la cantidad establecida en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a que se le reembolsen, de forma razonable, los costes de cobro en que haya incurrido que superen dicha cantidad.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
11 En agosto de 2020, Cydonia compró alimentos a PFK, uno de sus proveedores habituales, en el marco de su actividad de restauración. La factura emitida por PFK por dicha compra ascendía a 4 874,60 PLN (aproximadamente 1 218,00 euros) y debía pagarse el 3 de septiembre de 2020. Cydonia satisfizo la factura el 8 de septiembre de 2020.
12 El 23 de mayo de 2023, PFK presentó ante el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, una demanda por la que solicitaba que se condenara a Cydonia a abonarle una cantidad fija de 40 euros, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7. PFK no reclamó intereses de demora sobre el importe de su crédito, exigible, en su opinión, desde el 4 de septiembre de 2020.
13 Dicho órgano jurisdiccional señala que, en la fecha de expedición de la factura, PFK y Cydonia mantenían, desde hacía cuatro años, una relación comercial estable, en el marco de la cual se entregaban mercancías varias veces por semana, cuyo pago se producía en ocasiones con algunos días de retraso, sin que PFK reclamara a Cydonia intereses de demora. Añade que, en el momento de la cesión, en octubre de 2022, de la totalidad de las participaciones sociales de PFK a Funds Get Support spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, sociedad domiciliada en Varsovia, no se constató ninguna demora en el pago por parte de Cydonia. Según ese órgano jurisdiccional, la sociedad cesionaria es, por lo demás, financieramente poco fiable.
14 El mismo órgano jurisdiccional considera que PFK actúa de manera desleal al reclamar el pago de una cantidad fija mínima varios años después de que su relación comercial con Cydonia finalizara a raíz de su adquisición por una nueva sociedad. Precisa que PFK presentó contra Cydonia cientos de otras demandas de pago del mismo importe, sin reclamar intereses sobre los créditos principales, con el único fin de obtener beneficios adicionales de una empresa con la que había suscrito contratos anteriormente y con la que nunca había tenido una verdadera controversia en materia de pago.
15 En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre las consecuencias que deben extraerse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los requisitos de pago de la cantidad fija mínima prevista en el artículo 6 de la Directiva 2011/7. Considera que esa jurisprudencia puede incitar a los acreedores a instrumentalizar de manera manifiesta las disposiciones del citado artículo 6 y que este no puede interpretarse en el sentido de que se opone a que un juez nacional desestime una demanda por la que se solicita el pago de una cantidad fija cuando, aunque el demandante haya demostrado la morosidad, las circunstancias en las que se presenta dicha solicitud revelan que esta resulta injusta y contraria a los objetivos perseguidos por esa Directiva. Por consiguiente, según el órgano jurisdiccional remitente, el juez nacional debería apreciar tal pretensión a la luz de un abuso de derecho subjetivo, incluido el Derecho de la Unión.
16 El órgano jurisdiccional remitente estima, además, que toda solicitud de pago de una cantidad fija debería ir acompañada de una solicitud de pago de intereses de demora adecuados y que la concesión incondicional de dicha compensación, incluso en situaciones en las que la morosidad es insignificante, debería considerarse abusiva en el marco de una relación comercial consolidada.
17 En este contexto, el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva [2011/7] en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional puede denegar la concesión de la cantidad fija en concepto de compensación por los costes de cobro si las circunstancias en las que el titular del derecho la solicitó ponen de manifiesto que la compensación reclamada no es equitativa y que la demanda de compensación por los costes de cobro es contraria a los objetivos de dicha Directiva?»
Sobre la cuestión prejudicial
18 Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro desestime la demanda de un acreedor dirigida al pago de la cantidad fija mínima prevista en esa disposición, en circunstancias en las que, mediante su comportamiento, ese acreedor haya vulnerado el principio general del Derecho según el cual los justiciables no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta.
19 Con carácter preliminar, procede observar, por un lado, que el órgano jurisdiccional remitente no excluye, habida cuenta de las circunstancias del litigio principal, que Cydonia no incurriera en situación de morosidad en el pago respecto de PFK, en el sentido del artículo 2, punto 4, de la Directiva 2011/7, de modo que esta última no tendría derecho a exigir el pago de la cantidad fija de 40 euros prevista en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva.
20 Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente señala que PFK toleró retrasos puntuales y de escasa cuantía en los pagos por parte de Cydonia, al considerar más ventajoso renunciar a reclamar intereses de demora con el fin de conservar a Cydonia como cliente.
21 Así pues, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, al actuar de ese modo, PFK reconoció implícitamente que Cydonia no se encontraba en situación de «morosidad», en el sentido del artículo 2, punto 4, de la Directiva 2011/7, en el momento en que esta pagó la factura controvertida en el litigio principal, o si, mediante ese comportamiento, PFK renunció a los derechos que le confiere el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, ya que tal renuncia es compatible con la citada Directiva, siempre que haya sido libremente consentida (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2017, IOS Finance EFC, C‑555/14, EU:C:2017:121, apartados 33 y 34).
22 Precisado lo anterior, procede señalar que la Directiva 2011/7, de conformidad con su artículo 1, interpretado a la luz de su considerando 28, tiene por objeto luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esa Directiva prohíbe el abuso de la libertad de contratación en perjuicio del acreedor, sin no obstante «afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales abusivas para el deudor».
23 El concepto de «morosidad» se define en el artículo 2, punto 4, de dicha Directiva como el hecho de no efectuar el pago en el plazo contractual o legal establecido. Como se desprende del considerando 18 de la misma Directiva, las facturas, que equivalen a solicitudes de pago y constituyen documentos relevantes en la cadena de operaciones comerciales, revisten especial importancia para determinar esos plazos de pago.
24 Dado que la Directiva 2011/7 abarca, con arreglo a su artículo 1, apartado 2, «todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales», tal como estas se definen en su artículo 2, punto 1, el concepto de «morosidad» se aplica a cada operación comercial considerada individualmente [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Skarb Państwa (Retraso en el pago no significativo o de escasa cuantía), C‑279/23, EU:C:2024:605, apartado 23 y jurisprudencia citada].
25 El artículo 3 de dicha Directiva establece, en su apartado 1, leído en relación con sus considerandos 16 y 17, que, en las operaciones comerciales entre empresas, un acreedor que haya cumplido sus obligaciones y no haya recibido la cantidad adeudada a tiempo tiene derecho a intereses de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento, a menos que el retraso no sea imputable al deudor. Dichos intereses, al igual que la cantidad fija mínima, se hacen exigibles automáticamente al vencimiento del plazo de pago previsto en el artículo 3, apartados 3 y 5, de la misma Directiva, siempre que se den las condiciones establecidas en el apartado 1 de dicho artículo.
26 El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7, que hace referencia, en particular, a dicho artículo 3, establece que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales, el acreedor tendrá derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 euros, en concepto de compensación por los costes de cobro. De conformidad con el apartado 2 de ese artículo 6, esta cantidad fija será pagadera, sin que sea necesario enviar un recordatorio al deudor, como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor. En virtud del artículo 6, apartado 3, de esa Directiva, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor, además de tal cantidad fija, una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen tal cantidad, como los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro.
27 En primer lugar, de una interpretación literal y contextual del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva se desprende que la cantidad fija mínima de 40 euros se adeuda al acreedor que haya cumplido sus obligaciones por cada pago no realizado a su vencimiento como contraprestación por una operación comercial, en el sentido del artículo 2, punto 1, de la misma Directiva, con independencia de la cuantía de la deuda afectada por la morosidad o de la duración de la demora [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Skarb Państwa (Retraso en el pago no significativo o de escasa cuantía), C‑279/23, EU:C:2024:605, apartado 26].
28 En segundo lugar, esta interpretación se ve confirmada por la finalidad de la Directiva 2011/7. En efecto, de conformidad con su artículo 1, apartado 1, interpretado a la luz de sus considerandos 12 y 19, esa Directiva no solo pretende desalentar la morosidad, evitando que sea económicamente provechosa para el deudor a causa de los bajos intereses aplicados o de la no aplicación de intereses en tal situación, sino también proteger eficazmente al acreedor frente a dicha morosidad [véase, en este sentido, también la sentencia de 11 de julio de 2024, Skarb Państwa (Retraso en el pago no significativo o de escasa cuantía), C‑279/23, EU:C:2024:605, apartado 27].
29 Desde esta perspectiva, el carácter no significativo de la demora en el pago no puede justificar que se exima al deudor que no ha satisfecho su deuda al vencimiento del pago de la cantidad fija mínima ni que se le reduzca la cantidad adeudada en concepto de compensación de los costes de cobro por cada demora en el pago de la que el deudor es el único responsable. Esta exención o reducción supondría privar de efecto útil al artículo 6 de la Directiva 2011/7, cuyo objetivo es no solo compensar con dicho importe al acreedor «por los costes de cobro en que haya incurrido», sino también desalentar la morosidad [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, apartado 28 y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2024, Skarb Państwa (Retraso en el pago no significativo o de escasa cuantía), C‑279/23, EU:C:2024:605, apartado 28].
30 Además, la exención del deudor del pago de la cantidad fija mínima de 40 euros, prevista en el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva, equivaldría a conceder al deudor una excepción a esta disposición que supondría eximirle de la carga financiera, derivada de su obligación de abonar tal importe por cada pago no abonado a su vencimiento, sin que esta excepción esté justificada por ninguna «razón objetiva», en el sentido del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, letra c), de dicha Directiva [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, apartado 28, y de 11 de julio de 2024, Skarb Państwa (Retraso en el pago no significativo o de escasa cuantía), C‑279/23, EU:C:2024:605, apartado 28 y jurisprudencia citada].
31 En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente considera que, además de la determinación del vencimiento del pago por las partes en el litigio principal y de la existencia de un incumplimiento por parte del deudor, le corresponde examinar la solicitud de pago de la cantidad fija de 40 euros presentada por PFK a la luz de «un abuso de derecho subjetivo, incluido el Derecho de la Unión», dado que, a su juicio, PFK pretende instrumentalizar las disposiciones de la Directiva 2011/7 con el único fin de obtener beneficios adicionales de Cydonia, su deudor.
32 Del principio general del Derecho de la Unión que prohíbe a los particulares invocar de manera abusiva o fraudulenta las normas de dicho Derecho se desprende que un Estado miembro debe denegar, aun cuando no existan disposiciones de Derecho nacional que prevean tal denegación, el amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión cuando estas se invoquen por una persona no para la realización de los objetivos de las normas en cuestión, sino con el fin de disfrutar de una ventaja que le confiere el Derecho de la Unión, cuando las condiciones objetivas requeridas para la obtención de la ventaja buscada, establecidas en el Derecho de la Unión, se cumplan solo formalmente (sentencia de 30 de octubre de 2025, Mercedes-Benz Bank y Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, apartados 78 y 80 y jurisprudencia citada).
33 Para probar la existencia de una práctica abusiva es necesario que concurran, por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, pese a haberse respetado formalmente las condiciones establecidas en la normativa aplicable de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la citada normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención (sentencia de 30 de octubre de 2025, Mercedes-Benz Bank y Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, apartado 81 y jurisprudencia citada).
34 Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar la existencia de una práctica abusiva en los litigios pendientes ante él, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias de cada asunto, el Tribunal de Justicia puede proporcionar a dicho órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión destinados a facilitar su apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de octubre de 2025, Mercedes-Benz Bank y Volkswagen Bank, C‑143/23, EU:C:2025:837, apartado 82).
35 En el presente asunto, procede señalar, como hace la Comisión en sus observaciones escritas, que, por un lado, el reconocimiento, en favor de PFK, del derecho al pago de la cantidad fija puede contribuir a la consecución de los objetivos perseguidos por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7, tal como se han recordado en el apartado 28 de la presente sentencia, al desalentar la morosidad, al evitar que dicha morosidad resulte económicamente provechosa para el deudor a causa de los bajos intereses aplicados o de la no aplicación de intereses de demora y al garantizar al acreedor una compensación lo más completa posible por los costes de cobro en que haya incurrido. Por otro lado, el mero ejercicio del derecho previsto en esa disposición no puede asimilarse a la creación artificial de una situación en la que los requisitos para el ejercicio del derecho a indemnización solo se cumplan formalmente.
36 Además, como se desprende del considerando 16 de dicha Directiva, el acreedor tiene derecho a exigir la cantidad fija prevista en el artículo 6, apartado 1, de esta, con independencia de cualquier reclamación que tenga por objeto el pago de intereses de demora.
37 Por otra parte, ninguna disposición de la citada Directiva supedita el ejercicio de ese derecho al respeto de un plazo determinado. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva 2011/7 no regula las condiciones en las que pueden extinguirse, en su caso, los créditos correspondientes, en particular, a la cantidad fija mínima [véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, E. (Compensación de créditos), C‑481/24, EU:C:2025:996, apartado 34].
38 Así pues, la regulación procesal destinada a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, siempre que no sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares de naturaleza interna (principio de equivalencia) y que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2026, Bukla, C‑26/25, EU:C:2026:593, apartado 105 y jurisprudencia citada).
39 Por lo demás, atendiendo a la jurisprudencia recordada en los apartados 27 a 30 de la presente sentencia, el carácter supuestamente insignificante de la demora en el pago, la presentación de otras demandas de pago de la cantidad fija prevista en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7 en circunstancias similares, el hecho de que la relación comercial entre PFK y Cydonia haya finalizado desde hace varios años o la compra de PFK por una empresa financieramente poco fiable son factores que no bastan, por sí solos, para fundamentar la existencia de una práctica abusiva, en el sentido de la jurisprudencia expuesta en los apartados 32 y 33 de la presente sentencia, que pueda poner en entredicho el derecho del acreedor a obtener, por cada demora en el pago imputable al deudor, la cantidad fija mínima prevista en dicha disposición en concepto de compensación por los costes de cobro.
40 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro desestime la demanda de un acreedor dirigida al pago de la cantidad fija mínima prevista en esa disposición, en circunstancias en las que, mediante su comportamiento, ese acreedor haya vulnerado el principio general del Derecho según el cual los justiciables no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. No obstante, para probar la existencia de una práctica abusiva es necesario que concurran, por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, pese a haberse respetado formalmente las condiciones establecidas en la normativa aplicable de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la citada normativa mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención.
Costas
41 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro desestime la demanda de un acreedor dirigida al pago de la cantidad fija mínima prevista en esa disposición, en circunstancias en las que, mediante su comportamiento, ese acreedor haya vulnerado el principio general del Derecho según el cual los justiciables no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. No obstante, para probar la existencia de una práctica abusiva es necesario que concurran, por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, pese a haberse respetado formalmente las condiciones establecidas en la normativa aplicable de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la citada normativa mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención.
Firmas
* Lengua de procedimiento: polaco.