Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 16 de julio de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Servicios de pago en el mercado interior — Directiva (UE) 2015/2366 — Artículo 4, punto 3 — Concepto de “servicio de pago” — Artículo 4, punto 24 — Concepto de “transferencia” — Operación de una entidad intermediaria realizada en virtud de un contrato tripartito consistente en que los fondos de un cliente se hallan en la cuenta bancaria de dicha entidad intermediaria y se transfieren a un contratista previa autorización del cliente — Calificación de la operación — Inexistencia de un “servicio de pago” »
En el asunto C‑51/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en Materia Económica, Países Bajos), mediante resolución de 28 de enero de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de enero de 2025, en el procedimiento entre
Betaal Garant Nederland CV
y
De Nederlandsche Bank NV,
con intervención de:
Vereniging Eigen Huis,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni y M. Bošnjak (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 3 de diciembre de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de De Nederlandsche Bank NV, por los Sres. G. Dictus y A. Muhammad, advocaaten;
– en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. J. Langer y la Sra. C. S. Schillemans, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno checo, por la Sra. J. Očková y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. E. Cicatelli, procuratore dello Stato, y la Sra. G. Iappelli, avvocato dello Stato;
– en nombre del Gobierno noruego, por los Sres. J. Høvik, E. Rikheim y P. A. Tønnessen, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. G. Goddin y el Sr. P. Vanden Heede, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de febrero de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, punto 3, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO 2015, L 337, p. 35), en relación con el punto 3, letra c), del anexo I de la Directiva 2015/2366.
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Betaal Garant Nederland CV (en lo sucesivo, «Betaal Garant»), una sociedad comanditaria neerlandesa que proporciona garantías y fianzas a particulares en el marco de proyectos de construcción inmobiliaria, y De Nederlandsche Bank NV, el Banco Central de los Países Bajos (en lo sucesivo, «DNB»), relativo a un apercibimiento, acompañado de una multa coercitiva, impuesto a Betaal Garant por infracción de la legislación nacional que transpuso la Directiva 2015/2366 y, en concreto, por el ejercicio, sin autorización, de la actividad de proveedor de servicios de pago.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3 Los considerandos 6 y 24 de la Directiva 2015/2366 exponen:
«(6) Resulta oportuno establecer nuevas disposiciones que colmen las lagunas legales y, a la vez, aporten más claridad jurídica y garanticen una aplicación uniforme del marco regulador en toda la Unión [Europea]. Es preciso garantizar condiciones operativas equivalentes, tanto a los operadores ya existentes en el mercado como a los nuevos, y facilitar que los nuevos medios de pago lleguen a un mayor número de consumidores, así como asegurar una elevada protección del consumidor en el uso de esos servicios de pago en toda la Unión. Se prevé que ello generará eficiencia en todo el sistema de pago e incrementará la gama de servicios de pago disponibles y la transparencia de estos, reforzando al mismo tiempo la confianza de los consumidores en un mercado de pagos armonizado.
[…]
(24) Es preciso especificar las categorías de proveedores de servicios de pago que pueden legítimamente prestar servicios de pago en toda la Unión, a saber, las entidades de crédito que captan depósitos de los usuarios que pueden utilizarse para financiar operaciones de pago, las cuales deben seguir sometidas a los requisitos prudenciales establecidos en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338)], las entidades de dinero electrónico que emiten dinero electrónico que puede utilizarse para financiar operaciones de pago, las cuales deben seguir sometidas a los requisitos prudenciales establecidos en la Directiva 2009/110/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO 2009, L 267, p. 7)], las entidades de pago y las instituciones de giro postal habilitadas para prestar servicios de pago conforme a la legislación nacional. La aplicación de dicho marco jurídico debe quedar limitada a los proveedores de servicios que presten servicios de pago como ocupación o actividad empresarial habitual conforme a la presente Directiva.»
4 El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto», establece en su apartado 1:
«La presente Directiva establece las normas con arreglo a las cuales los Estados miembros distinguirán entre las seis categorías siguientes de proveedores de servicios de pago:
a) entidades de crédito definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1)] […]
b) entidades de dinero electrónico en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva [2009/110] […]
c) instituciones de giro postal […]
d) entidades de pago;
[…]».
5 El artículo 4 de la Directiva 2015/2366, titulado «Definiciones», dispone lo siguiente:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
3) “servicio de pago”: una o más actividades empresariales enumeradas en el anexo I;
4) “entidad de pago”: una persona jurídica a la cual se haya otorgado autorización, de conformidad con el artículo 11, para prestar y ejecutar servicios de pago en toda la Unión;
5) “operación de pago”: una acción, iniciada por el ordenante o por cuenta de este, o por el beneficiario, consistente en ingresar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre el ordenante y el beneficiario;
[…]
8) “ordenante”: la persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autoriza una orden de pago a partir de dicha cuenta, o, en caso de que no exista una cuenta de pago, la persona física o jurídica que dicta una orden de pago;
9) “beneficiario”: la persona física o jurídica que es el destinatario previsto de los fondos objeto de una operación de pago;
[…]
11) “proveedor de servicios de pago”: las entidades y organismos contemplados en el artículo 1, apartado 1, y las personas físicas o jurídicas que se acojan a la exención en virtud los artículos 32 y 33;
[…]
13) “orden de pago”: toda instrucción cursada por un ordenante o beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago;
[…]
20) “consumidor”: una persona física que, en los contratos de servicios de pago objeto de la presente Directiva, actúa con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional;
[…]
22) “servicio de envío de dinero”: un servicio de pago que permite recibir fondos de un ordenante sin que se cree ninguna cuenta de pago en nombre del ordenante o del beneficiario, con el único fin de transferir una cantidad equivalente a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario, y/o recibir fondos por cuenta del beneficiario y ponerlos a disposición de este;
[…]
24) “transferencia”: servicio de pago destinado a efectuar un abono en una cuenta de pago de un beneficiario mediante una operación de pago o una serie de operaciones de pago con cargo a una cuenta de pago de un ordenante por el proveedor de servicios de pago que mantiene la cuenta de pago del ordenante, y prestado sobre la base de las instrucciones dadas por el ordenante;
[…]».
6 El anexo I de esta Directiva tiene el siguiente tenor:
«Servicios de pago
(contemplados en el artículo 4, apartado 3)
[…]
3. Ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago:
a) ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes,
b) ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar,
c) ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
[…]
6. Envío de dinero.
[…]»
Derecho neerlandés
Código Civil
7 El artículo 767 del libro 7 del Burgerlijk Wetboek (Código Civil) establece:
«El promotor solo podrá estar obligado a efectuar los pagos que correspondan, al menos aproximadamente, al avance de la construcción o al valor de los bienes que le hayan sido cedidos; sin embargo, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le incumben, se puede acordar que el promotor deposite ante notario una cantidad que no pueda superar el 10 % del precio de la obra o que proporcione una garantía sustitutiva por dicho importe. El importe pagado en exceso constituye un pago indebido.»
Ley de Supervisión de los Mercados Financieros
8 La Wet op het financieel toezicht (Ley de Supervisión de los Mercados Financieros), de 28 de septiembre de 2006 (Stb. 2007, n.º 475), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Supervisión de los Mercados Financieros»), transpuso al Derecho neerlandés la Directiva 2015/2366.
9 Según el artículo 1:1 de dicha Ley, un proveedor de servicios de pago es una persona cuya actividad profesional consiste en prestar servicios de pago que consisten en cualquiera de las actividades ejercidas con carácter profesional que figuran en el anexo de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO 2007, L 319, p. 1). Al haber sido derogada la Directiva 2007/64 por la Directiva 2015/2366, el órgano jurisdiccional remitente precisa que las definiciones que contiene el artículo 1:1 de dicha Ley se corresponden con las del artículo 4 de la Directiva 2015/2366.
10 El artículo 2:3a, apartado 1, de la misma Ley establece:
«Se prohíbe a toda persona que tenga su domicilio social en los Países Bajos ejercer la actividad profesional de proveedor de servicios de pago sin haber obtenido la correspondiente autorización del [DNB].»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11 Betaal Garant es una sociedad que presta asesoramiento y proporciona fianzas y garantías a particulares en el marco de proyectos de construcción y contratos de obras. En este sentido, ofrece a los particulares, entre otros, los productos denominados «Afbouwgarantie» («Garantía de Finalización de Obras») y «Zekerheidsstelling» («Fianza»). De la formulación de la cuestión prejudicial y de la motivación de la petición de decisión prejudicial se desprende que esta se refiere únicamente a la prestación de fianza.
12 La Stichting BGN Zekerheidsstelling (en lo sucesivo, «fundación Betaal Garant») es una fundación vinculada a Betaal Garant.
13 Betaal Garant ofrece la fianza a las partes de un contrato de obra, con arreglo a un contrato que celebra con el cliente y el contratista. El objetivo de esta fianza es cubrir el riesgo de incumplimiento del cliente al que se expone un contratista que se encarga de la construcción de una vivienda u otro edificio. En efecto, los contratistas se exponen a tal riesgo habida cuenta de que el cliente tiene derecho, según el Derecho neerlandés, a abonar el precio de la obra en varios pagos parciales y, por lo general, no tiene que realizar el último pago parcial hasta que no se ha recepcionado la obra. Para cubrir este riesgo, los contratistas pueden exigir a los clientes que depositen ante notario el importe del último pago parcial o que presten una fianza sustitutiva. Esta fianza tiene por objeto garantizar que se abonará al contratista el importe de ese último pago parcial.
14 Según las condiciones generales de la fianza, que son estipulaciones contractuales redactadas por Betaal Garant, tal como se exponen en la petición de decisión prejudicial, con arreglo a la fianza, el cliente abona a la fundación Betaal Garant determinado importe calculado en función del primer pago a cuenta devengado del precio de la construcción adeudado al contratista, en el momento de efectuar dicho pago a cuenta. El importe de la fianza asciende, por regla general, al 6 % del precio de la construcción.
15 Si el contrato de obra se ha ejecutado a satisfacción del contratista y del cliente, y previa notificación escrita a Betaal Garant, el empresario recibe el importe de la fianza en un plazo de cinco días laborables. Este importe se transfiere de la cuenta de pago de la fundación Betaal Garant a la del contratista.
16 Los gastos de la prestación de tal fianza ascenderán, por regla general, para el cliente, al 4 % del importe de esta, con un mínimo de 300 euros, y para el contratista, al 2,5 % de ese importe, con un mínimo de 200 euros. Betaal Garant factura al cliente los gastos que le corresponden. Los gastos a cargo del contratista se deducen del importe que percibe de la fianza. En caso de insolvencia del contratista, Betaal Garant pagará dicho importe al contratista que le suceda.
17 A petición de la Vereniging Eigen Huis, el DNB examinó si la garantía de finalización y la fianza ofrecidas por Betaal Garant eran contrarias a la Ley de Supervisión de los Mercados Financieros.
18 Mediante resolución de 8 de diciembre de 2020, el DNB emitió un apercibimiento acompañado de una multa coercitiva contra Betaal Garant debido, en particular, a que, al ofrecer la fianza, infringía la prohibición de ejercer con carácter profesional, sin autorización, la actividad de proveedor de servicios de pago que resulta del artículo 2:3a, apartado 1, de la Ley de Supervisión de los Mercados Financieros.
19 Según dicho apercibimiento, Betaal Garant debía, en particular, poner fin a esa infracción en un plazo de cuatro semanas partir de su notificación y dejar de ofrecer la fianza, cediendo, modificando o rescindiendo los contratos vigentes. La multa total por las infracciones constatadas ascendía a 10 000 euros por cada semana que transcurriese tras el vencimiento del período de gracia que se señaló a Betaal Garant para cumplir íntegramente el apercibimiento. El importe máximo de la multa coercitiva ascendía a 50 000 euros.
20 Betaal Garant interpuso un recurso en vía administrativa contra el referido apercibimiento, pero el DNB lo declaró infundado mediante resolución de 6 de octubre de 2021. Betaal Garant interpuso un recurso contra esta resolución ante el rechtbank Rotterdam (Tribunal de Primera Instancia de Róterdam, Países Bajos).
21 Tras declarar que el plazo de gracia había vencido sin que Betaal Garant hubiera cumplido el apercibimiento, el DNB procedió a tramitar el cobro de la multa coercitiva en cuestión mediante resolución de 31 de enero de 2022.
22 Betaal Garant formuló una objeción contra esta resolución. El DNB remitió esta objeción al rechtbank Rotterdam (Tribunal de Primera Instancia de Róterdam) como recurso interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional.
23 Este órgano jurisdiccional desestimó los recursos de Betaal Garant contra la resolución de 6 de octubre de 2021 y contra la resolución de 31 de enero de 2022 por infundado e inadmisible, respectivamente. Declaró que el DNB había hecho constar acertadamente que Betaal Garant debía poseer una autorización para ofrecer la garantía de finalización y la fianza y que, a falta de tal autorización, esta última había actuado infringiendo la Ley de Supervisión de los Mercados Financieros.
24 Posteriormente, Betaal Garant interpuso recurso de apelación ante el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en Materia Económica, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente.
25 El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si la postura defendida por el DNB es fundada en Derecho. Entiende en efecto que, en la operación de pago del importe correspondiente a la fianza, el cliente, en calidad de «ordenante» en el sentido del artículo 4, punto 8, de la Directiva 2015/2366, emite una orden de pago en el sentido del artículo 4, punto 13, de esa Directiva a su banco como proveedor de servicios de pago, en el sentido del artículo 4, punto 11, de dicha Directiva, para que transfiera fondos de su cuenta de pago, en el sentido del artículo 4, punto 12, de la misma Directiva, a la cuenta de la fundación Betaal Garant. Por lo tanto, debería calificarse a esta última de «beneficiario», en el sentido del artículo 4, punto 9, de la Directiva 2015/2366. Este órgano jurisdiccional considera que el banco del cliente ejecuta una operación de pago, en el sentido del punto 3 del anexo I de la citada Directiva, de modo que presta un servicio de pago. De igual forma, por lo que respecta a la operación consistente en transferir fondos de la cuenta de la fundación Betaal Garant a la del contratista, dicho órgano jurisdiccional considera que el banco de esta fundación ejecuta una operación de pago y presta así un servicio de pago, siendo la fundación el «ordenante» y el contratista, el «beneficiario».
26 En cambio, el DNB considera que la recepción de los fondos del cliente en la cuenta de la fundación Betaal Garant y su posterior transferencia de dicha cuenta a la del contratista constituyen una operación de pago única ejecutada por Betaal Garant. En este contexto, esta última, según el DNB, realiza, en calidad de intermediario, una transferencia de fondos del cliente al contratista, prestando así un servicio de pago en el sentido del artículo 4, punto 3, de la Directiva 2015/2366, en relación con el punto 3 del anexo I de dicha Directiva.
27 No obstante, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia a una respuesta de la Comisión Europea, publicada el 18 de marzo de 2022, a la pregunta 2020/5216, que figura entre las normas prudenciales aplicadas por la Autoridad Bancaria Europea. Según esa respuesta, la recepción y transferencia de fondos constituyen un servicio de pago, de conformidad con el artículo 4, punto 3, de la Directiva 2015/2366, en relación con el anexo I de la misma Directiva. A este respecto, la Comisión considera que podría tratarse de un «servicio de envío de dinero» en el sentido del artículo 4, punto 22, de dicha Directiva, en relación con el punto 6 del anexo I de esta, o de una ejecución de operaciones de pago conforme al punto 3 del anexo I de la citada Directiva. El órgano jurisdiccional remitente considera que esta respuesta vendría a corroborar la postura defendida por el DNB.
28 En tales circunstancias, el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en Materia Económica) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 4, punto 3, de la Directiva [2015/2366], en relación con el punto 3, frase introductoria y letra c), del anexo I de esta Directiva, en el sentido de que un servicio de recepción y reenvío de fondos ofrecido por una entidad en calidad de intermediario constituye un servicio de pago —en concreto, la ejecución de transferencias en el sentido de dicha Directiva— si, en el marco de un contrato celebrado con un cliente y un contratista, dicha entidad recibe los fondos del cliente en su cuenta de pago y, una vez que el cliente ha dado su consentimiento al respecto, transfiere esos fondos desde esa cuenta de pago al contratista?»
Sobre la cuestión prejudicial
29 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, punto 3, de la Directiva 2015/2366, en relación con el punto 3, letra c), del anexo I de esta, debe interpretarse en el sentido de que un servicio de recepción y transferencia de fondos prestado por una entidad que actúa en calidad de intermediario constituye un «servicio de pago», en el sentido del citado artículo 4, punto 3, y, más concretamente, una «transferencia», si, en el marco de un contrato celebrado con un cliente y un contratista, esa entidad recibe los fondos del cliente en la cuenta de pago de una fundación vinculada a ella y, a continuación, los transfiere al contratista desde esa cuenta, con el consentimiento del cliente.
30 Con carácter preliminar, de la petición de decisión prejudicial se desprende que Betaal Garant presta servicios de fianza y aportación de garantías en el contexto de operaciones relativas a la construcción de inmuebles, servicios que constituyen una «garantía sustitutiva» en el sentido del artículo 767 del libro 7 del Código Civil neerlandés. Según estas indicaciones, dichos servicios se subdividen cada uno en dos suboperaciones distintas:
– En un primer momento, se efectúa una transferencia de fondos desde la cuenta de pago del cliente de Betaal Garant a la cuenta de pago de la fundación Betaal Garant. Las cantidades pagadas se retienen en esta última cuenta en concepto de garantía, hasta que el cliente interesado haya comprobado y notificado a Betaal Garant que el contratista ha ejecutado el contrato de obra satisfactoriamente.
– En un segundo momento, tras esa comprobación y con el consentimiento del cliente, la fundación Betaal Garant transmite una orden de pago a su banco, para que este transfiera la cantidad requerida desde su cuenta de pago a la cuenta de pago de dicho contratista.
31 Precisado cuanto antecede, conviene recordar que, según reiterada jurisprudencia, al interpretar una disposición de Derecho de la Unión, deben tenerse en cuenta su tenor, el contexto en que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 91).
32 Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor de las disposiciones en cuestión, procede señalar que el artículo 4, punto 3, de la Directiva 2015/2366, que define el concepto de «servicio de pago», remite a las actividades enumeradas en el anexo I de esa Directiva, indicando que debe tratarse de una o más actividades «empresariales».
33 Entre las actividades enumeradas en esa lista figura, en el punto 3, letra c), de dicho anexo I, la «ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago» cuando esa operación consiste en «ejecución de transferencias».
34 Según el punto 5 del artículo 4 de la Directiva 2015/2366, por «operación de pago» debe entenderse «una acción, iniciada por el ordenante o por cuenta de este, o por el beneficiario, consistente en ingresar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre el ordenante y el beneficiario».
35 Además, procede recordar, por un lado, que el artículo 4, punto 24, de la Directiva 2015/2366 define el concepto de «transferencia» como un «servicio de pago destinado a efectuar un abono en una cuenta de pago de un beneficiario mediante una operación de pago o una serie de operaciones de pago con cargo a una cuenta de pago de un ordenante por el proveedor de servicios de pago que mantiene la cuenta de pago del ordenante, y prestado sobre la base de las instrucciones dadas por el ordenante», y, por otro lado, que el artículo 4, punto 8, de dicha Directiva define el concepto de «ordenante» refiriéndose a toda «persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autoriza una orden de pago a partir de dicha cuenta, o, en caso de que no exista una cuenta de pago, la persona física o jurídica que dicta una orden de pago».
36 De lo anterior se deduce que, para que se ejecute una transferencia, es necesario que el ordenante emita una orden de pago a su proveedor de servicios de pago, pero este proveedor debe ser además quien mantiene la cuenta de pago del ordenante.
37 Por consiguiente, de la interpretación literal de las disposiciones examinadas se infiere que la existencia de una cuenta de pago del ordenante y el mantenimiento de esta por el proveedor de servicios de pago son elementos característicos necesarios para establecer que una operación de pago consiste en un procedimiento de «ejecución de transferencias» en el sentido del anexo I, punto 3, letra c), de la Directiva 2015/2366 y, por tanto, en un «servicio de pago» a los efectos de las referidas disposiciones.
38 Pues bien, en el presente asunto, si bien los servicios de fianza o de aportación de garantías ofrecidos por Betaal Garant implican, entre otros, transferencias de fondos en el marco de las dos suboperaciones mencionadas en el apartado 30 de la presente sentencia, de las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial se infiere que estas transferencias son ejecutadas por los respectivos bancos del cliente y de la fundación Betaal Garant y no por la propia Betaal Garant. Según dichas indicaciones, los referidos bancos son «proveedores de servicios de pago» en el sentido del artículo 4, punto 11, de la Directiva 2015/2366.
39 Por otra parte, de la petición de decisión prejudicial y de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende que ni Betaal Garant ni la fundación Betaal Garant poseen cuentas de pago por cuenta de sus clientes, de modo que las transferencias de importes adeudados en virtud de los contratos entre Betaal Garant, los clientes y los contratistas se efectúan desde cuentas que poseen los respectivos proveedores de servicios de pago de estos clientes y los de la fundación Betaal Garant.
40 De ello se sigue que, en el marco de las dos suboperaciones descritas en el apartado 30 de la presente sentencia, la ejecución de las operaciones de pago y de las transferencias incumbe a los proveedores de servicios de pago respectivos del cliente y de la fundación Betaal Garant, sin que la relación contractual subyacente entre el cliente, Betaal Garant y el contratista tenga alguna incidencia al respecto.
41 Si bien las transferencias de fondos efectuadas por los proveedores de servicios de pago del cliente y de la fundación Betaal Garant pueden calificarse de «servicios de pago», en particular de ejecución de transferencias, procede recordar que, en cambio, el servicio de fianza o de aportación de garantías prestado por Betaal Garant en el presente caso constituye, en virtud del artículo 767 del libro 7 del Código Civil neerlandés, una especie de garantía personal y, más concretamente, una «garantía sustitutiva» alternativa al servicio de prestación ante notario. Ahora bien, dado que tal servicio no está definido ni regulado por la Directiva 2015/2366, no está comprendido en el ámbito de aplicación de esta.
42 Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscriben las disposiciones examinadas, se ha de observar que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2015/2366 establece seis categorías de proveedores de servicios de pago. Entre estas categorías figuran, en particular, las entidades de crédito, las entidades de dinero electrónico, las entidades de pago y las instituciones de giro postal. Pues bien, como resulta del artículo 4, punto 24, de esta Directiva y del punto 3 de su anexo I, la citada Directiva está destinada a aplicarse a servicios de pago y transferencias que solo presten entidades pertenecientes a las expresadas categorías de proveedores de servicios de pago.
43 Esta interpretación se ve corroborada por el considerando 24 de la misma Directiva, según el cual la aplicación del marco jurídico instaurado por esta debe quedar limitada a los proveedores de servicios que presten servicios de pago como ocupación o actividad empresarial habitual.
44 Tal requisito se explica por el contexto normativo del que forma parte la Directiva 2015/2366. En efecto, calificar una operación como «servicio de pago» conlleva efectos jurídicos importantes para la persona que ofrece tal servicio con carácter empresarial y habitual.
45 Es preciso señalar que tanto las disposiciones relativas a la autorización y la supervisión prudencial de las entidades de pago como las que regulan la responsabilidad civil del proveedor de servicios de pago constituyen un conjunto de normas caracterizadas por imponer no pocos requisitos, como señaló el Abogado General en los puntos 61 a 65 de sus conclusiones. La aplicación de tal régimen jurídico estricto se justifica, habida cuenta de su rigor, por la participación directa del proveedor de servicios de pago en la transferencia de fondos.
46 Por si fuera poco, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, los requisitos en materia de autorización de las entidades de pago, de supervisión prudencial y de responsabilidad civil impuestos por la Directiva 2015/2366 no están justificados si las transferencias de fondos se efectúan solamente para realizar otro servicio ofrecido con carácter principal, como ocurre en este caso, a saber, un servicio de garantía sustitutiva, actividad que, en sí misma, no está comprendida en las disposiciones de esta Directiva.
47 En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende que Betaal Garant no pertenece a ninguna de las categorías de «proveedor de servicios de pago» mencionadas en el apartado 42 de la presente sentencia y que, para efectuar el servicio de prestación de garantía sustitutiva controvertido en el litigio principal, Betaal Garant no realiza directamente transferencias de fondos.
48 Por lo que se refiere, en tercer y último lugar, a los objetivos perseguidos por la Directiva 2015/2366, es preciso señalar que de su considerando 6 se desprende, en particular, que va dirigida no solo a asegurar una elevada protección del consumidor en el uso de los servicios de pago en toda la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 2020, DenizBank, C‑287/19, EU:C:2020:897, apartado 102), sino también a aportar más claridad jurídica y a garantizar una aplicación uniforme del marco regulador en toda la Unión.
49 A este respecto, conviene observar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el contexto de la Directiva 2007/64, que precedió a la Directiva 2015/2366, que el legislador de la Unión pretendió crear un mercado único de los servicios de pago sustituyendo los veintisiete regímenes nacionales existentes, cuya coexistencia daba lugar a confusiones y a la ausencia de seguridad jurídica, por un marco jurídico armonizado que define los derechos y obligaciones respectivos de los usuarios y proveedores de servicios de pago (sentencia de 2 de septiembre de 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, apartado 44).
50 La circunstancia de que el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores constituya un objetivo fundamental del régimen establecido por la Directiva 2015/2366 no puede, por sí solo, ni modificar el ámbito de aplicación de las disposiciones de esta Directiva ni ampliar, más allá del tenor de sus definiciones, el alcance de los conceptos pertinentes que figuran en dichas disposiciones. De igual forma, tal interpretación sería contraria al objetivo de garantizar la claridad jurídica en el ámbito de los servicios de pago.
51 Por añadidura, como se ha recordado en los apartados 13 y 41 de la presente sentencia, el servicio de fianza o de aportación de garantías prestado por Betaal Garant en el presente asunto constituye, en virtud del artículo 767 del libro 7 del Código Civil neerlandés, una alternativa al servicio de prestación de garantía ante notario. Pues bien, es preciso señalar que ni las disposiciones ni el sistema general de la Directiva 2015/2366 sugieren que la voluntad de esta sea someter la prestación de tales servicios a través de notario al régimen especial de los servicios de pago ni al requisito de autorización previsto en dicha Directiva.
52 Por consiguiente, de la interpretación literal, contextual y teleológica de las disposiciones examinadas se deduce que la Directiva 2015/2366 excluye de su ámbito de aplicación a los proveedores de servicios de fianza que utilizan, de manera accesoria, servicios de pago ofrecidos por otros proveedores que prestan tales servicios con carácter principal, en el ejercicio de su actividad habitual o empresarial.
53 A la vista de cuantas consideraciones anteceden, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 4, punto 3, de la Directiva 2015/2366, en relación con el punto 3, letra c), del anexo I de esta, debe interpretarse en el sentido de que un servicio de recepción y transferencia de fondos prestado por una entidad que actúa en calidad de intermediario no constituye un «servicio de pago», en el sentido del citado artículo 4, punto 3, y, más concretamente, una «transferencia», si, en el marco de un contrato celebrado con un cliente y un contratista, esa entidad recibe los fondos del cliente en la cuenta de pago de una fundación vinculada a ella y, a continuación, los transfiere al contratista desde esa cuenta, con el consentimiento del cliente.
Costas
54 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 4, punto 3, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE, en relación con el punto 3, letra c), del anexo I de la Directiva 2015/2366,
debe interpretarse en el sentido de que
un servicio de recepción y transferencia de fondos prestado por una entidad que actúa en calidad de intermediario no constituye un «servicio de pago», en el sentido del citado artículo 4, punto 3, y, más concretamente, una «transferencia», si, en el marco de un contrato celebrado con un cliente y un contratista, esa entidad recibe los fondos del cliente en la cuenta de pago de una fundación vinculada a ella y, a continuación, los transfiere al contratista desde esa cuenta, con el consentimiento del cliente.
Firmas
* Lengua de procedimiento: neerlandés.