Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 16 de julio de 2026 (*)
Índice
I. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Tratado FUE
2. RGPD
B. Normativa de la FIFA
1. Reglamento sobre agentes de fútbol de la FIFA
2. RETJ
3. Estatutos de la FIFA
4. Código Disciplinario de la FIFA
5. Código de Ética de la FIFA
II. Litigio principal y cuestión prejudicial
III. Admisibilidad de la cuestión prejudicial
IV. Sobre el fondo
A. Sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado FUE en materia de Derecho de la competencia y de libre prestación de servicios
1. Observaciones preliminares
2. Aplicación de las disposiciones del Tratado FUE en materia de Derecho de la competencia
a) Sobre la cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 101 TFUE
1) Existencia de un acuerdo, una decisión o una práctica concertada
2) Afectación del comercio entre los Estados miembros
3) El comportamiento en cuestión debe tener por «objeto» o por «efecto» perjudicar la competencia
i) Concepto de «restricción de la competencia por el objeto»
ii) Posibilidad de calificar de restricción de la competencia por el «objeto» normas como las señaladas por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial
– Normas que restringen la representación múltiple
– Normas relativas a la retribución de los agentes por la contratación de un jugador o entrenador
– Normas relativas a las licencias de agente de fútbol
– Normas relativas a los «contactos»
– Normas que regulan la recogida de determinados datos mediante una plataforma digital gestionada por la FIFA y la comunicación de una parte de ellos
– Conclusión provisional
iii) Caracterización de la existencia de un comportamiento que tiene por efecto impedir, restringir o falsear la competencia
iv) Posibilidad de justificar una eventual restricción de la competencia por el «objeto» o por el «efecto»
– Posibilidad de considerar que determinados comportamientos están excluidos de la prohibición prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 1, por perseguir un objetivo de interés general
– Posibilidad de que determinados comportamientos estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3
b) Sobre la cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 102 TFUE
1) Hecho de que el comportamiento de que se trata emana de una o varias empresas
2) Posesión de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo
3) Concepto de «afectación del comercio entre los Estados miembros»
4) Existencia de un abuso
5) Posibilidad de justificar un comportamiento comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 102 TFUE
3. Sobre la cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 56 TFUE
a) Existencia de un obstáculo
b) Existencia de justificaciones
B. Sobre la cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 6 del RGPD
1. Tratamientos de datos personales previstos en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y letra k), inciso ii), del RAF
a) Cumplimiento del primer requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
b) Cumplimiento del segundo requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
c) Cumplimiento del tercer requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
2. Tratamiento de datos personales previsto en el artículo 19 del RAF
a) Cumplimiento del primer requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
b) Cumplimiento del segundo requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
c) Cumplimiento del tercer requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
Costas
« Procedimiento prejudicial — Mercado interior — Competencia — Fútbol profesional — Normativa de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sobre los agentes — Normas sobre la remuneración de los agentes, la licencia de agente, la representación múltiple, los “contactos”, y sobre la comunicación de determinada información a la FIFA, a los demás agentes, a los clubes y a los jugadores — Artículo 101 TFUE, apartado 1 — Prohibición de las prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas — Restricciones a la competencia — Conceptos de “objeto” y de “efecto” contrarios a la competencia — Excepción a la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1 — Requisitos — Excepción con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3 — Requisitos — Concepto de “incrementos de eficiencia” — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Justificación — Requisitos — Artículo 56 TFUE — Obstáculo a la libre prestación de servicios — Objetivos — Proporcionalidad — Protección de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f) — Licitud del tratamiento — Requisitos »
En el asunto C‑209/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Maguncia, Alemania), mediante resolución de 30 de marzo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de marzo de 2023, en el procedimiento entre
FT,
RRC Sports GmbH
y
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan (Ponente), D. Gratsias y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretaria: Sra. R. Şereş, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de febrero de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de FT y RRC Sports GmbH, por los Sres. T. Bernhard y A. Fritzsche, la Sra. S. Kirchgeßner y el Sr. C. von Köckritz, Rechtsanwälte;
– en nombre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), por los Sres. M. B. Keane, D. Slater y D. Waelbroeck, avocats, la Sra. S. Milde y el Sr. M. N. Nohlen, Rechtsanwälte;
– en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Boskovits, en calidad de agente;
– en nombre del Gobierno francés, por los Sres. R. Bénard y T. Lechevallier, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér y la Sra. K. Szíjjártó, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. S. Baches Opi, A. Bouchagiar, M. Mataija y G. Meeßen, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de mayo de 2025;
dicta la presente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE, y del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1) (en lo sucesivo, «RGPD»).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre FT, agente de futbolistas, y RRC Sports GmbH, sociedad alemana de responsabilidad limitada que también ejerce la actividad de agente de futbolistas, por un lado, y la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), por otro lado, en relación con la legalidad de la normativa de la FIFA relativa a los servicios prestados en el marco del sistema internacional denominado de «traspaso» de futbolistas y entrenadores.
I. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
1. Tratado FUE
3 Según el artículo 56 TFUE:
«En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión [Europea] para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación.
El Parlamento Europeo y el Consejo [de la Unión Europea], con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán extender el beneficio de las disposiciones del presente capítulo a los prestadores de servicios que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Unión.»
4 El artículo 101 TFUE establece:
«1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. […]
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
– cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
– cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
– cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.»
5 El artículo 102 TFUE está redactado en los siguientes términos:
«Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;
b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.»
2. RGPD
6 El considerando 47 del RGPD es del siguiente tenor:
«El interés legítimo de un responsable del tratamiento, incluso el de un responsable al que se puedan comunicar datos personales, o de un tercero, puede constituir una base jurídica para el tratamiento, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades del interesado, teniendo en cuenta las expectativas razonables de los interesados basadas en su relación con el responsable. Tal interés legítimo podría darse, por ejemplo, cuando existe una relación pertinente y apropiada entre el interesado y el responsable, como en situaciones en las que el interesado es cliente o está al servicio del responsable. En cualquier caso, la existencia de un interés legítimo requeriría una evaluación meticulosa, inclusive si un interesado puede prever de forma razonable, en el momento y en el contexto de la recogida de datos personales, que pueda producirse el tratamiento con tal fin. En particular, los intereses y los derechos fundamentales del interesado podrían prevalecer sobre los intereses del responsable del tratamiento cuando se proceda al tratamiento de los datos personales en circunstancias en las que el interesado no espere razonablemente que se realice un tratamiento ulterior. Dado que corresponde al legislador establecer por ley la base jurídica para el tratamiento de datos personales por parte de las autoridades públicas, esta base jurídica no debe aplicarse al tratamiento efectuado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. El tratamiento de datos de carácter personal estrictamente necesario para la prevención del fraude constituye también un interés legítimo del responsable del tratamiento de que se trate. El tratamiento de datos personales con fines de mercadotecnia directa puede considerarse realizado por interés legítimo.»
7 El artículo 1 del RGPD, titulado «Objeto», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.»
8 Según el apartado 1 del artículo 2 del RGPD, titulado «Ámbito de aplicación material»:
«El presente Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.»
9 A tenor del apartado 2 del artículo 3 del RGPD, que lleva por título «Ámbito territorial»:
«El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que se encuentren en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con:
a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago, o
b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión.»
10 El artículo 4, del RGPD, titulado «Definiciones», establece lo siguiente en sus puntos 2 y 6:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
2) “tratamiento”: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;
[…]
6) “fichero”: todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica».
11 El artículo 5 del RGPD, titulado «Principios relativos al tratamiento», dispone en su apartado 1:
«Los datos personales serán:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado (“licitud, lealtad y transparencia”);
[…]
c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (“minimización de datos”);
[…]»
12 De conformidad con el párrafo primero del apartado 1 del artículo 6 del RGPD, titulado «Licitud del tratamiento»:
«El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
[…]
f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.»
13 El artículo 10 del RGPD, titulado «Tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales», dispone lo siguiente:
«El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, solo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas.»
14 Con arreglo al artículo 23 del RGPD, que lleva por título «Limitaciones»:
«1. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos en los artículos 12 a 22 y el artículo 34, así como en el artículo 5 en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones contemplados en los artículos 12 a 22, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar:
a) la seguridad del Estado;
b) la defensa;
c) la seguridad pública;
d) la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención;
e) otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social;
f) la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales;
g) la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas;
h) una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados en las letras a) a e) y g);
i) la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros;
j) la ejecución de demandas civiles.
2. En particular, cualquier medida legislativa indicada en el apartado 1 contendrá como mínimo, en su caso, disposiciones específicas relativas a:
a) la finalidad del tratamiento o de las categorías de tratamiento;
b) las categorías de datos personales de que se trate;
c) el alcance de las limitaciones establecidas;
d) las garantías para evitar accesos o transferencias ilícitos o abusivos;
e) la determinación del responsable o de categorías de responsables;
f) los plazos de conservación y las garantías aplicables habida cuenta de la naturaleza alcance y objetivos del tratamiento o las categorías de tratamiento;
g) los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, y
h) el derecho de los interesados a ser informados sobre la limitación, salvo si puede ser perjudicial a los fines de esta.»
B. Normativa de la FIFA
1. Reglamento sobre agentes de fútbol de la FIFA
15 El Reglamento sobre Agentes de Fútbol de la FIFA (en lo sucesivo, «RAF») fue adoptado por el Consejo de la FIFA en su reunión de 16 de diciembre de 2022 y se publicó el 6 de enero de 2023. Los artículos 1 a 10 y 22 a 27 del RAF entraron en vigor el 9 de enero de 2023. Las demás disposiciones de ese Reglamento entraron en vigor el 1 de octubre de 2023.
16 El RAF contiene las siguientes definiciones:
«Agente de fútbol vinculado: un agente de fútbol puede estar vinculado a otro agente de fútbol en virtud de: (i) ser empleados o tener un contrato de colaboración con la misma agencia a través de la cual prestan servicios de representación; (ii) ser ambos directores, accionistas o copropietarios de la misma agencia a través de la cual prestan servicios de representación; (iii) estar casados, ser pareja de hecho, hermanos, o padre e hijo o hijastro; o (iv) haber alcanzado un acuerdo mutuo u otro tipo de acuerdo, formal o informal, para colaborar, en más de una ocasión, en el ejercicio de la actividad o compartir los ingresos o beneficios de cualquiera de sus servicios de representación.
[…]
Contacto: (i) todo contacto en persona o por medios electrónicos con un cliente; (ii) todo contacto directo o indirecto con una persona u organización vinculada o relacionada con el cliente, como un familiar o amigo; o (iii) toda acción llevada a cabo por un tercero o una organización en nombre de un agente de fútbol para contactar con un cliente según lo descrito en los [incisos] (i) y (ii) de esta definición.
[…]
Cliente: federación miembro, club, jugador, entrenador o liga jurídicamente independiente que contrate los servicios de representación de un agente de fútbol.
[…]
Entidad de destino: club, federación miembro o liga jurídicamente independiente que desee contratar los servicios de un jugador o entrenador.
Entidad de origen: club, federación miembro o liga jurídicamente independiente que abandona el jugador o entrenador para ser empleado o inscrito por la entidadde destino.
[…]
Liga jurídicamente independiente: entidad jurídica afiliada a una federación miembro que organiza una o varias ligas y representa el interés común de sus clubes, por ejemplo, al ejercer de empleador de todos los jugadores de los clubes, entre otras actividades.
[…]
Persona: jugador o entrenador.
Plataforma: medio digital gestionado por la FIFA a través del cual se llevan a cabo los procedimientos de concesión de licencias y resolución de disputas, así como el desarrollo profesional continuo y la presentación de cualquier información requerida.
[…]
Servicios de representación: servicio relacionado con el fútbol llevado a cabo para o en representación de un cliente, incluida toda negociación y comunicación informativa o preparatoria, u otras actividades afines, realizada con el objetivo y/o la intención de completar una transacción.»
17 El título I del RAF, titulado «Reglas generales», incluye los artículos 1 a 3.
18 El artículo 1 del RAF, que lleva por título «Objetivos», establece lo siguiente:
«1. La FIFA tiene la obligación estatutaria de regular toda cuestión relacionada con el sistema de traspasos en el fútbol. Los objetivos fundamentales del sistema de traspasos en el fútbol son:
a) proteger la estabilidad contractual entre los jugadores profesionales y los clubes;
b) incentivar el desarrollo de los jugadores jóvenes;
c) promover un espíritu de solidaridad entre el fútbol base y el de élite;
d) proteger a los menores;
e) conservar el equilibrio competitivo; y
f) garantizar la regularidad de las competiciones deportivas.
2. Las normas que rigen la labor del agente de fútbol garantizan que la conducta de todo agente sea coherente tanto con los objetivos fundamentales del sistema de traspasos en el fútbol como con los siguientes objetivos:
a) establecer y elevar los valores éticos y profesionales mínimos de la actividadde los agentes de fútbol;
b) garantizar la calidad de los servicios que los agentes de fútbol prestan a sus clientes, así como unos honorarios justos y razonables aplicados de forma uniforme;
c) limitar los conflictos de intereses para proteger a los clientes frente a conductas poco éticas;
d) mejorar la transparencia administrativa y financiera;
e) proteger a los jugadores que carecen de experiencia o información sobre el sistema de traspasos en el fútbol;
f) mejorar la estabilidad contractual de los jugadores, entrenadores y los clubes; e
g) impedir las prácticas abusivas, excesivas o especulativas.»
19 El artículo 2 del RAF, titulado «Ámbito de aplicación», establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1. Este reglamento rige la actividad de los agentes de fútbol en el marco del sistema internacional de traspasos y es aplicable a:
a) todos los contratos de representación de dimensión internacional; o
b) cualquier conducta vinculada a un traspaso internacional o una transacción internacional.
2. Se considerará que un contrato de representación tiene una dimensión internacional cuando:
a) rija los servicios de representación relacionados con una transacción específica vinculada a un traspaso internacional (o el traslado de un entrenador a un club afiliado a una federación miembro distinta de la de su empleador anterior o a una federación miembro distinta de la de su empleador anterior); o
b) rija los servicios de representación relacionados con varias transacciones específicas, una de las cuales esté vinculada a un traspaso internacional (o el traslado de un entrenador a un club o una federación miembro afiliada a una federación miembro distinta de la de su empleador anterior).»
20 El artículo 3 del RAF, titulado «Reglamentos nacionales sobre agentes», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1. Las federaciones miembro deberán implementar y aplicar los reglamentos nacionales sobre agentes de fútbol antes del 30 de septiembre de 2023.
2. Los reglamentos nacionales sobre agentes de fútbol rigen la actividad de un agente de fútbol en el territorio bajo la jurisdicción de la federación miembro correspondiente y abarcan todos aquellos contratos de representación que no sean de dimensión internacional. Los reglamentos nacionales sobre agentes de fútbol deberán guardar coherencia con el presente reglamento. En particular, deberán:
a) incluir los artículos 11 a 21 del presente reglamento a modo de referencia;
b) incluir referencias a cualquier concepto obligatorio y relevante de la legislación nacional;
c) sentar las bases jurídicas que permitan al órgano nacional competente intervenir ante cualquier disputa, de conformidad con el presente reglamento; y
d) sentar las bases jurídicas que permitan al órgano nacional competente tomar medidas disciplinarias, de conformidad con este reglamento.»
21 El título II del RAF, que lleva por rúbrica «Convertirse en agente de fútbol», comprende los artículos 4 a 10.
22 Según el artículo 4 del RAF, titulado «Disposiciones generales»:
«1. Para convertirse en agente de fútbol, la persona física deberá:
a) enviar el formulario de solicitud de licencia a través de la plataforma;
b) cumplir con los requisitos de elegibilidad exigidos;
c) aprobar el examen de la FIFA;
d) abonar la cuota anual a la FIFA.
2. Al presentar la solicitud de una licencia, el solicitante acepta regirse por el presente reglamento, así como por los Estatutos de la FIFA, el Código de Ética de la FIFA, el Código Disciplinario de la FIFA y el [Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en lo sucesivo, “RETJ”)], que se hallan disponibles en www.fifa.com.»
23 El artículo 5, titulado «Requisitos de elegibilidad», establece lo siguiente en su apartado 1, letra a), incisos ii) y iii):
«1. Todo solicitante deberá cumplir las siguientes condiciones:
a) en el momento de presentación de la solicitud (y con posterioridad a la obtención de la licencia):
[…]
ii. no haber sido condenado en un procedimiento penal, incluidos acuerdos extrajudiciales, relacionado con, entre otros, asuntos como: crimen organizado, tráfico de drogas, corrupción, cohecho, blanqueo de capitales, evasión fiscal, fraude, amaño o manipulación de partidos, malversación de fondos, apropiación indebida, incumplimiento de obligaciones fiduciarias, falsificación, mala praxis legal, abuso sexual, agresiones físicas, acoso, explotación o tráfico de niños o jóvenes en situación vulnerable;
iii. no haber sido suspendido durante más de dos años, descalificado o apercibido por una autoridad reguladora o un órgano rector deportivo por incumplir cualquier regla relacionada con la ética y la conducta profesional».
24 El título III del RAF, titulado «Ejercer de agente de fútbol», incluye los artículos 11 a 17.
25 El artículo 11 del RAF, que lleva por título «Disposiciones generales», indica lo siguiente en sus apartados 1 a 3:
«1. Solo los agentes de fútbol pueden prestar servicios de representación.
2. Los agentes de fútbol deberán cumplir en todo momento los requisitos estipulados en el [artículo] 5 del presente reglamento.
3. Los agentes de fútbol podrán ejercer su actividad a través de una agencia. Los empleados o proveedores de una agencia que no sean agentes de fútbol no podrán brindar servicios de representación o contactar con un posible cliente al objeto de establecer un contrato de representación. Un agente de fútbol será plenamente responsable de cualquier conducta llevada a cabo por su agencia, sus empleados, sus proveedores u otros representantes que contravenga el presente reglamento.»
26 El artículo 12 del RAF, titulado «Representación», establece:
«[…]
3. Los contratos de representación formalizados entre una persona y un agente de fútbol no podrán superar los dos años. Este plazo solo podrá prorrogarse por medio de un nuevo contrato de representación. Toda cláusula de renovación automática o que estipule la prórroga de cualquiera de los términos establecidos en el contrato de representación más allá de este período de validez máximo se considerará nula y sin efecto.
[…]
5. Los contratos de representación firmados entre una entidad de origen o de destino y un agente de fútbol no tienen limitada su duración máxima.
[…]
7. Un contrato de representación solo se considerará válido si incluye los siguientes requisitos mínimos:
a) la identidad de las partes;
b) la duración (cuando corresponda);
c) los honorarios del agente de fútbol;
d) la naturaleza de los servicios de representación contratados;
e) la firma de todas las partes.
8. En una misma transacción, el agente de fútbol solo podrá prestar servicios de representación u otros servicios en nombre de una de las partes, con la única excepción del supuesto descrito en este artículo.
a) Doble representación permitida: un agente de fútbol podrá prestar servicios de representación y otros servicios a una persona y a una entidad de destino en la misma transacción siempre que haya un consentimiento explícito previo, consignado por escrito, de ambos clientes.
9. En una misma transacción, el agente de fútbol no podrá prestar servicios de representación u otros servicios en nombre de:
a) una entidad de origen y una persona; o
b) la entidad de origen y la entidad de destino; o
c) todas las partes de una misma transacción.
10. Un agente de fútbol y un agente de fútbol vinculado no podrán prestar servicios de representación u otros servicios a clientes distintos en una misma transacción, salvo en el supuesto indicado en el [apartado] 8 de este artículo.
[…]
13. Se considerará nula y sin efecto toda cláusula que[, en un contrato de representación]:
a) limite la capacidad de la persona de negociar y formalizar un contrato laboral de forma independiente sin la mediación de un agente de fútbol; o
b) penalice a la persona en caso de negociar y/o formalizar un contrato laboral de forma independiente sin la mediación de un agente de fútbol […]
[…]».
27 A tenor del artículo 14 del RAF, titulado «Honorarios: Principios generales»:
«1. Los agentes de fútbol tendrán derecho a percibir por parte del cliente los honorarios acordados en su contrato de representación.
2. El pago de los honorarios correspondientes a los servicios prestados en virtud de un contrato de representación solo podrá ser efectuado por el cliente del agente de fútbol. El cliente no podrá contratar o autorizar a un tercero para efectuar dicho pago.
3. La única excepción al principio expuesto en el [apartado] 2 de este artículo se dará en el supuesto de que el agente de fútbol represente a una persona cuya remuneración anual negociada sea inferior a 200 000 [dólares estadounidenses (USD)] (o equivalente), sin contar pagos variables. En estos casos, la entidad de destino podrá acordar con la persona el pago de los honorarios del agente de fútbol asociados a la transacción correspondiente en función del contrato de representación. En ese caso, se aplicarán las siguientes condiciones:
a) Los honorarios abonados por la entidad de destino en nombre de la persona no afectarán en forma alguna a las obligaciones fiduciarias del agente de fútbol con respecto a la persona. Tampoco generarán dependencia o subordinación alguna por parte del agente de fútbol con respecto a la entidad de destino.
b) Los honorarios abonados por la entidad de destino en nombre del cliente no podrán superar los honorarios acordados en el contrato de representación suscrito por la persona y el agente de fútbol.
c) La entidad de destino no podrá deducir del salario adeudado a la persona ningún pago de los honorarios efectuado con arreglo al [apartado] 3 de este artículo.
[…]
6. Los honorarios se abonarán tras el cierre del período de inscripción correspondiente en cuotas trimestrales a lo largo de toda la duración del contrato laboral negociado.
7. Solo la remuneración efectivamente percibida por una persona estará sujeta al abono de los honorarios, que se calcularán de forma prorrateada.
[…]
10. Cuando un agente de fútbol represente tanto a una entidad de destino como a una persona en la misma transacción, con arreglo al [artículo] 12, [apartado] 8[, letra] a) del presente reglamento (doble representación permitida), el máximo de los honorarios adeudados que podrá abonar la entidad de destino será el 50 %.
[…]
12. El agente de fútbol no tendrá derecho a percibir honorarios pendientes de cobro derivados de un contrato laboral negociado si:
a) la persona es traspasada a otra entidad de destino antes de que venza el contrato laboral negociado; o
b) el contrato laboral negociado es rescindido prematuramente por la persona sin una causa justificada y el agente de fútbol sigue representando a la persona en el momento de dicha rescisión.
[…]»
28 Según el artículo 15 del RAF, titulado «Límite de los honorarios»:
«1. Los honorarios de un agente de fútbol por servicios de representación se calcularán de la siguiente manera:
a) Cuando represente a una persona o una entidad de destino: se calcularán en función de la remuneración de la persona.
b) Cuando represente a la entidad de origen: se calcularán en función de la indemnización por transferencia de la transacción correspondiente.
2. El límite de los honorarios a percibir por la prestación de servicios de representación asociados a una transacción, independientemente del número de agentes de fútbol que presten los servicios de representación a un cliente concreto, será el siguiente:
|
|
Límite de los honorarios | ||
|
Cliente |
Cuando la remuneración anual de la persona sea inferior o igual a 200 000 USD (o equivalente) |
Cuando la remuneración anual de la persona sea superior a 200 000 USD (o equivalente) |
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Una persona |
El 5 % de la retribución de la persona |
El 3 % de la retribución de la persona |
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Entidad de llegada |
El 5 % de la retribución de la persona |
El 3 % de la retribución de la persona |
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Entidad de destino y una persona (doble representación permitida) |
El 10 % de la retribución de la persona |
El 6 % de la retribución de la persona |
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Entidad de origen (indemnización por transferencia) |
El 10 % de la indemnización por transferencia | ||
Para que no haya lugar a dudas, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) A la hora de establecer el límite de los honorarios calculados en función de la remuneración de una persona no se tendrán en cuenta los pagos variables.
b) Si la remuneración de una persona supera los 200 000 USD (o cantidad equivalente), se aplicará un límite a los honorarios del 3 % sobre la cantidad excedente anual si el agente de fútbol representa a una persona, o del 6 % en el caso de que represente tanto a la entidad de destino como a una persona (doble representación permitida).
c) El cálculo de la indemnización por transferencia no deberá incluir:
i. ningún importe abonado en concepto de retribución por incumplimiento de contrato con arreglo al [artículo] 17, el anexo 2 del RETJ; ni /o bien
ii. cualquier porcentaje de venta futura.
3. Cuando, en los 24 meses anteriores o posteriores a una transacción, un agente de fútbol o un agente de fútbol vinculado preste otros servicios a un cliente involucrado en dicha transacción, se asumirá que dichos servicios son servicios de representación prestados con arreglo a la transacción salvo que se demuestre lo contrario.
4. Si el agente de fútbol y/o el cliente no logran rebatir la presunción descrita en el [apartado] 3 de este artículo, los honorarios abonados por otros servicios se considerarán parte de los honorarios correspondientes a los servicios de representación prestados con relación a dicha transacción.»
29 El artículo 16 del RAF, titulado «Derechos y obligaciones», tiene el siguiente tenor:
«1. Los agentes de fútbol:
[…]
b) no podrán contactar con un cliente sujeto a un contrato de representación exclusivo en vigor con otro agente de fútbol, salvo en los dos meses previos al vencimiento de dicho contrato;
c) no podrán firmar un contrato de representación con un cliente sujeto a un contrato de representación exclusivo en vigor con otro agente de fútbol, salvo en los dos meses previos al vencimiento de dicho contrato.
2. Los agentes de fútbol deberán:
[…]
b) respetar y cumplir los Estatutos, reglamentos, directivas y decisiones de los órganos competentes de la FIFA, las confederaciones y las federaciones miembro;
[…]
f) abonar la cuota de licencia anual a la FIFA en el plazo estipulado en la plataforma, tal como recogen los artículos 7 y 17 del presente reglamento;
[…]
j) subir a la plataforma:
i. el contrato de representación y la información relevante solicitada en la plataforma, en un plazo de catorce días a partir de la formalización, enmienda o rescisión del contrato de representación;
ii. cualquier contrato suscrito con un cliente que no sea un contrato de representación, entre los que se incluyen los acuerdos relacionados con otros servicios, además de la información solicitada en la plataforma, en un plazo de catorce días a partir de la formalización;
iii. la información solicitada en la plataforma en un plazo de catorce días a partir del pago de los honorarios por los servicios prestados;
iv. la información solicitada en la plataforma en un plazo de catorce días a partir del pago de los honorarios adeudados por cualquier contrato firmado con un cliente que no sea un contrato de representación;
v. cualquier contrato o acuerdo alcanzado entre agentes de fútbol para colaborar en la prestación de cualquier servicio o para compartir los ingresos o beneficios por cualquiera de sus servicios de representación, en un plazo de catorce días a partir de darse dicha circunstancia;
vi. toda información que pudiera afectar a la obligación del agente de cumplir los requisitos estipulados en este reglamento, en un plazo de catorce días a partir de darse dicha circunstancia;
vii. todo acuerdo extrajudicial alcanzado con un cliente u otro agente de fútbol, en un plazo de catorce días a partir de darse dicha circunstancia;
k) si desarrollan su actividad a través de una agencia, deberán subir a la plataforma:
i. su estructura de propiedad, la identidad de los accionistas, el porcentaje de capital social que posee cada uno, y/o la identidad de los beneficiarios conjuntos, en un plazo de catorce días a partir de la primera transacción en la que esté involucrada la agencia;
ii. el número de agentes de fútbol que operan a través de la misma agencia para prestar sus servicios y el nombre de todos los empleados, en un plazo de catorce días a partir de la primera transacción en la que esté involucrada la agencia;
iii. cualquier cambio que se hubiera producido en la información facilitada previamente, en un plazo de [treinta] días a partir de darse dicha circunstancia.
3. Los agentes de fútbol no podrán incurrir ni intentar incurrir en las siguientes conductas:
[…]
e) Aceptar el pago de cualquier indemnización por transferencia o compensación por formación adeudada en relación con el traspaso de un jugador entre clubes. Esto incluye, entre otros, todos los derechos descritos en el [artículo] 18 ter del RETJ.
[…]
4. Todo agente de fútbol tiene las siguientes obligaciones en materia de transparencia e información:
a) informar de forma inmediata al cliente de cualquier oferta por escrito (por cualquier medio) recibida con relación a dicho cliente;
b) proporcionar al cliente, bajo petición, una copia del contrato de representación correspondiente o de cualquier acuerdo relacionado con otros servicios prestados, una copia del contrato laboral o de cualquier otro documento escrito obtenido con relación a los servicios de representación, un calendario de pagos de toda índole abonados al agente de fútbol con relación a la transacción en la que hubiesen estado involucrados; y
c) bajo petición, colaborar con el órgano correspondiente de cada federación miembro, de la confederación y/o de la FIFA ante toda petición de información, sea del tipo y del formato que sea.»
30 El título IV del RAF, titulado «Derechos y obligaciones de los clientes», comprende únicamente el artículo 18. Lleva por título «Contratación de agentes de fútbol» y establece lo siguiente:
«1. Los clientes:
[…]
c) deberán comprobar que el agente de fútbol cuenta con la correspondiente licencia de la FIFA antes de firmar el contrato de representación;
[…]
f) (en el caso de los clubes) deberán subir al sistema de correlación de transferencias de la FIFA (TMS) en un plazo de catorce días a partir de darse la circunstancia:
i. la información requerida en el TMS tras la finalización de cada transacción que sea una transferencia internacional en la que esté involucrado el club;
ii. toda modificación del contrato de representación, incluida su rescisión o enmienda;
iii. cualquier contrato suscrito con un agente de fútbol que no sea un contrato de representación, entre los que se incluyen los acuerdos relacionados con otros servicios, y la información relevante solicitada en el TMS;
iv. la información requerida en el TMS tras el pago de los honorarios adeudados por cualquier contrato firmado con un agente de fútbol que no sea un contrato de representación; y
g) deberán asimismo informar de inmediato de cualquier incumplimiento de este reglamento a la FIFA, las confederaciones o las federaciones miembro.
2. Los clientes (y sus oficiales, cuando corresponda) no podrán incurrir, ni intentar incurrir, en las siguientes conductas:
[…]
e) Intervenir o asistir, directa o indirectamente, en cualquier evasión de los límites de los honorarios estipulados en este reglamento.
[…]»
31 Designado con el título «Divulgación y publicación», el título V del RAF únicamente contiene el artículo 19, que lleva el mismo título, y que dispone lo siguiente:
«La FIFA hará públicos los siguientes datos:
a) nombres e información de todos los agentes de fútbol;
b) los clientes a los que representa cada agente de fútbol, así como la vigencia y exclusividad o no exclusividad de su contrato de representación;
c) los servicios de representación que prestan a cada cliente;
d) toda sanción impuesta a un agente de fútbol o a un cliente; y
e) los datos de todas las transacciones en las que participen agentes de fútbol, incluidos los honorarios que perciban.»
32 El título VI del RAF, titulado «Disputas», está integrado únicamente por el artículo 20. Según ese artículo, que lleva por título, «Jurisdicción»:
«1. Sin perjuicio del derecho de cualquier agente de fútbol o cliente a elevar un caso ante un tribunal ordinario, la Cámara de Agentes del Tribunal del Fútbol tendrá la jurisdicción para resolver disputas:
a) surgidas de, o relacionadas con, un acuerdo de representación de alcance internacional ([véase el artículo] 2, [apartado] 2 del presente reglamento);
b) cuando la reclamación se realice de conformidad con el Reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol;
c) cuando no hayan transcurrido más de dos años desde el hecho que hubiera ocasionado la disputa; la aplicación de este límite temporal deberá verificarse ex officio en cada caso.
2. Los procedimientos específicos de resolución de disputas se encuentran detallados en el Reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol.
3. Sin perjuicio del derecho de cualquier agente de fútbol o cliente a elevar un caso ante un tribunal ordinario, en el caso de las disputas surgidas de, o relacionadas con, un contrato de representación de dimensión nacional, el órgano decisorio establecido en el reglamento nacional sobre agentes de fútbol de la federación miembro relevante tendrá la jurisdicción para resolver dichas disputas ([véase el artículo] 2, [apartado] 3).»
2. RETJ
33 El artículo 18 bis del RETJ, titulado «Influencia de terceros en los clubes» establece, en su versión aplicable al litigio principal:
«1. Ningún club concertará un contrato que permita al/los club(es) contrario(s) y viceversa o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club.
2. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones disciplinarias a los clubes que no cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo.»
34 El artículo 18 ter del RETJ, titulado «Propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros», establece en su apartado 1:
«Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes.»
3. Estatutos de la FIFA
35 De conformidad con el apartado 3 del artículo 8 de los Estatutos de la FIFA, titulado «Conducta de órganos, oficiales y otras entidades», en su versión aplicable al litigio principal:
«Todos los órganos y oficiales deberán observar los Estatutos, reglamentos, decisiones y el Código de Ética de la FIFA en sus actividades.»
36 El artículo 14 de los Estatutos de la FIFA, titulado «Obligaciones de las federaciones miembro», dispone:
«1. Las federaciones miembro estarán obligadas a:
a) observar en todo momento los Estatutos, los reglamentos, las disposicionesy las decisiones de los órganos de la FIFA, así como las decisiones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) adoptadas en recurso conforme al artículo 56, apartado 1, de los Estatutos de la FIFA;
b) participar en las competiciones organizadas por la FIFA;
c) pagar la cuota de miembro;
d) velar por que sus propios miembros respeten los Estatutos, reglamentos, disposiciones y decisiones de los órganos de la FIFA;
e) convocar a su órgano legislativo supremo de forma regular, al menos cada dos años;
f) ratificar unos estatutos en concordancia con los requisitos estipulados en los presentes Estatutos;
g) crear una comisión de árbitros directamente subordinada a la federación miembro;
h) respetar las Reglas de Juego
i) de conformidad con el artículo 19 de estos Estatutos, administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos
j) cumplir todas las obligaciones establecidas en los presentes Estatutos y otros reglamentos.
2. La violación de estas obligaciones por parte de las federaciones miembro podrá dar lugar a las sanciones previstas en los presentes Estatutos.
3. La violación del apartado 1, letra i) del presente artículo también podría conllevar sanciones, incluso si la injerencia de un tercero no pudiera imputarse a la federación miembro. Ante la FIFA, las federaciones miembro serán responsables de todos y cada uno de los actos que los integrantes de sus órganos puedan causar por negligencia o conducta dolosa.»
37 El artículo 57, apartado 1, de los Estatutos de la FIFA, titulado «Jurisdicción del TAS», establece:
«Los recursos contra los fallos adoptados en última instancia por la FIFA, especialmente por sus órganos judiciales, así como contra las decisiones adoptadas por las confederaciones, las federaciones miembro o las ligas, deberán interponerse ante el TAS en un plazo de 21 días tras la recepción de la decisión.»
38 A tenor del artículo 58, apartados 1 y 2, de los Estatutos de la FIFA, titulado «Obligaciones relativas a la resolución de disputas»:
«1. Las confederaciones, las federaciones miembro y las ligas se comprometerán a reconocer al TAS como autoridad judicial independiente. Deberán garantizar que sus miembros, jugadores afiliados y oficiales acaten las sentencias del TAS. Esta obligación será igualmente de aplicación en el caso de los agentes de fútbol y los agentes organizadores de partidos con licencia de la FIFA.
2. Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole.»
4. Código Disciplinario de la FIFA
39 La edición de 2019 del Código Disciplinario de la FIFA fue adoptada por el Consejo de la FIFA en su sesión celebrada el 3 de junio de 2019 en París, y entró en vigor el 15 de julio de 2019 (en lo sucesivo, «Código Disciplinario de la FIFA»). Fue sustituido por su edición de 2023 a partir del 1 de febrero de 2023.
40 El artículo 53 del Código Disciplinario de la FIFA, titulado «Jurisdicción», establece:
«1. La Comisión Disciplinaria es competente para sancionar todas las contravenciones de la reglamentación de la FIFA que no recaigan en la jurisdicción de otro órgano.
2. En particular, la Comisión Disciplinaria es responsable de:
a) sancionar las infracciones graves que no hayan advertido los oficiales de partido;
b) rectificar errores manifiestos que pueda haber cometido un árbitro al adoptar sus decisiones disciplinarias;
c) prolongar la duración de una suspensión por partidos impuesta de forma automática por una expulsión;
d) pronunciar otras sanciones adicionales.»
5. Código de Ética de la FIFA
41 El artículo 4 del Código de Ética de la FIFA, titulado «Ámbito del código, lagunas legales, costumbre, doctrina y jurisprudencia», en su versión aplicable al litigio principal, establece:
«1. El presente código rige todas las materias contenidas en la letra o en el espíritu de las disposiciones que lo conforman.
2. Si hubiere lagunas legales con respecto a las normas procedimentales, y en caso de que se planteen dudas sobre la interpretación del código, la Comisión de Ética decidirá de acuerdo con la costumbre de la FIFA.
3. En el contexto general de su actividad, la Comisión de Ética podrá recurrir a los precedentes y principios establecidos en la doctrina y jurisprudencia deportiva.»
42 El artículo 84 del Código de Ética de la FIFA, titulado «Tribunal Arbitral del Deporte», dispone:
«1. El órgano de decisión constituye, en principio, la última instancia, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo ([TAS]), conforme a los Estatutos de la FIFA.
2. Estas decisiones también podrán ser recurridas ante el [TAS] por parte del jefe de instrucción.»
II. Litigio principal y cuestión prejudicial
43 Los demandantes en el litigio principal son FT, un agente de futbolistas y vicepresidente de la asociación de agentes de futbolistas denominada «The Football Forum», y RRC Sports, sociedad establecida en Alemania que también opera como agente de futbolistas y de la que FT es administrador.
44 La FIFA, parte demandada en el litigio principal, es una organización que encabeza y agrupa a numerosas federaciones internacionales y nacionales. Cuenta con 211 federaciones entre sus miembros, entre ellas la Deutscher Fußball-Bund, federación alemana de fútbol (en lo sucesivo, «DFB»). Con arreglo al artículo 14 de los Estatutos de la FIFA, las federaciones miembros deben comprometerse, en sus estatutos, a observar las normas establecidas por dicha federación y a reconocer las decisiones que adopte.
45 La FIFA cuenta con diversos órganos y comités. Entre ellos, el Consejo constituye el órgano estratégico y de supervisión, competente para promulgar reglamentos generales.
46 El 16 de diciembre de 2022, el Consejo de la FIFA adoptó el RAF, que fue publicado el 6 de enero de 2023 y que establece las condiciones aplicables a las personas que prestan servicios de agente de fútbol en el sistema internacional de traspaso de jugadores y entrenadores establecido por esa federación. En particular, dicho Reglamento establece las normas para ofertar y prestar servicios de intermediación a jugadores, entrenadores, clubes y ligas jurídicamente independientes, así como las modalidades de remuneración por esos servicios.
47 Los demandantes en el litigio principal ejercitaron ante el Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Maguncia, Alemania), órgano jurisdiccional remitente, una acción de cesación dirigida a que se prohibiera a la FIFA aplicar algunas de las disposiciones del RETJ y del RAF, en la medida en que estas son supuestamente contrarias a los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE y al RGPD.
48 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en particular, sobre si la excepción derivada, en relación con el artículo101 TFUE, de las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98) y de 18 de julio de 2006, Meca-Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), es de aplicación a normas que, como las controvertidas en el litigio principal, no revisten un carácter puramente deportivo o si también se aplica a normas que, pese a tener naturaleza económica, influyen, al menos indirectamente, en la composición de las plantillas de los clubes.
49 A este respecto señala que no resulta evidente, por un lado, que los objetivos que invoca la FIFA en apoyo de las normas controvertidas puedan considerarse legítimos, ya que, según el órgano jurisdiccional remitente, no afectan directamente a las competiciones deportivas como tales y, por otro lado, que esas normas sean necesarias para alcanzar esos objetivos.
50 Con carácter más general, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad con los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE de las normas recogidas en el RAF.
51 Por último, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, de entre esas normas, aquellas que prevén el tratamiento de datos personales persiguen un interés legítimo, en el sentido del artículo 6, apartado 1, del RGPD, y si cumplen las exigencias que se derivan del principio de proporcionalidad, requisito necesario para que el tratamiento sea lícito.
52 En estas circunstancias, el Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Maguncia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse los artículos 101 [TFUE] (prohibición de prácticas colusorias), 102 TFUE (prohibición de abuso de posición dominante), 56 TFUE (libre prestación de servicios) y 6 del [RGPD]) en el sentido de que se oponen a [determinadas disposiciones de] una normativa adoptada por una federación deportiva internacional (en este caso, la FIFA) a la que pertenecen 211 federaciones deportivas nacionales de la disciplina deportiva de que se trata (a saber, el fútbol) y cuyos reglamentos son, por tanto, en cualquier caso, vinculantes para la mayoría de los actores que intervienen en las respectivas ligas profesionales nacionales de la disciplina deportiva en cuestión —en el presente asunto, clubes (incluidos los clubes de fútbol organizados como sociedades de capital), futbolistas (que son miembros del club) y agentes de futbolista [y que pretenden regir la actividad de los agentes de futbolistas y entrenadores de fútbol]—?»
III. Admisibilidad de la cuestión prejudicial
53 Con carácter preliminar, ha de recordarse que incumbe al propio Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que un juez nacional se dirige a él, a fin de verificar su propia competencia o la admisibilidad de la petición que se le presenta (sentencia de 4 de septiembre de 2025, AW T, C‑225/22, EU:C:2025:649, apartado 29 y jurisprudencia citada).
54 Con arreglo a reiterada jurisprudencia, recogida actualmente en el artículo 94, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la necesidad de lograr una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este defina el contexto fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones prejudiciales que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 59 y jurisprudencia citada).
55 Pues bien, en el presente asunto, la petición de decisión prejudicial cumple todos estos requisitos, ya que de los autos a disposición del Tribunal de Justicia se desprende que la interpretación solicitada guarda relación con la realidad o con el objeto del litigio principal, que el problema planteado no es de naturaleza hipotética y que los autos contienen los elementos de hecho y de Derecho necesarios para permitir al Tribunal de Justicia responder de manera útil a la cuestión planteada.
56 Es cierto que, como observa el Gobierno griego, estos elementos no definen de manera precisa el mercado de referencia ni tampoco analizan su funcionamiento.
57 Sin embargo, el hecho de que el Tribunal de Justicia no disponga de una exposición exhaustiva del contexto económico y jurídico en el que se inscribe el litigio principal no excluye que, pese a ello, pueda llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el órgano jurisdiccional remitente basándose en la información que este último le ha transmitido.
58 Pues bien, de los autos a disposición del Tribunal de Justicia se desprende que el RAF puede influir en el funcionamiento del mercado de los servicios representación de los agentes de fútbol para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales y en el mercado de trabajo de jugadores y entrenadores, mercado, este último, que se caracteriza por ser pluripartito, lo que implica la interacción de varias partes que persiguen intereses diferentes, como las entidades empleadoras de las personas interesadas, las que desean contratar a estas últimas, las propias personas interesadas y, por último, sus agentes.
59 En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que, para responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, no necesita que se determinen con mayor precisión los límites materiales o geográficos de los mercados a los que puede afectar el RAF.
60 En cuanto a la circunstancia a la que alude el Gobierno griego, de que los elementos que figuran en la resolución de remisión no permiten, a falta de un análisis en profundidad, demostrar la existencia de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión, procede recordar que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente pronunciarse sobre la fundamentación de los motivos invocados por las partes del litigio principal.
61 En cambio, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente hace referencia, en su cuestión prejudicial, al artículo 53, apartado 3, del Código Disciplinario de la FIFA. Ahora bien, al reproducir esa disposición en su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente cita la edición de 2019 de ese Código, en la que dicha disposición únicamente tiene dos apartados. Además, cuando reproduce esa misma disposición en su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente únicamente tiene en cuenta esos dos apartados.
62 Por consiguiente, la cuestión prejudicial planteada por dicho órgano jurisdiccional debe considerarse admisible, salvo en la medida en que se refiere a la interpretación de los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE y del artículo 6 del RGPD a la luz de una norma como la enunciada en el artículo 53, apartado 3, del Código Disciplinario de la FIFA.
IV. Sobre el fondo
63 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE y el artículo 6 del RGPD para pronunciarse sobre la compatibilidad con estos cuatro artículos de un conjunto de normas adoptadas por la FIFA que regula el ejercicio de la actividad de los agentes de jugadores y de entrenadores de fútbol.
64 En particular, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE y el artículo 6 del RGPD se oponen a normas adoptadas por una federación deportiva internacional, como las que figuran en el RAF que, atendiendo a su objeto y finalidad, pueden agruparse en cinco categorías, a saber:
– las dirigidas a restringir la representación múltiple, es decir, la representación, por un mismo agente, tanto del jugador o entrenador como de los clubes o ligas jurídicamente independientes compradores y vendedores;
– las dirigidas a regular la remuneración de los agentes;
– aquellas por las que se establecen los requisitos de obtención y retirada de una licencia de la FIFA;
– las que delimitan la posibilidad de que los agentes de fútbol capten a nuevos jugadores o entrenadores para representarlos, y
– las que organizan la comunicación de determinados datos a la FIFA, a otros agentes, a los clubes, a las ligas jurídicamente independientes, a los jugadores y a los entrenadores.
65 En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que es necesario interpretar, con respecto a cada una de estas categorías de normas, en primer lugar, las disposiciones del Tratado FUE en materia de Derecho de competencia y libre prestación de servicios y, en segundo lugar, el artículo 6 del RGPD.
A. Sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado FUE en materia de Derecho de la competencia y de libre prestación de servicios
1. Observaciones preliminares
66 El artículo 165 TFUE establece en su apartado 1, párrafo segundo, que la Unión contribuirá a fomentar los aspectos europeos del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en el voluntariado y su función social y educativa. Por otra parte, el último guion del apartado 2 del citado artículo 165 TFUE precisa que la acción de la Unión en este ámbito se encaminará a desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especialmente la de los más jóvenes. De ello resulta que las instituciones competentes de la Unión deben tener en cuenta esos objetivos cuando adoptan, con fundamento en este artículo y en las condiciones que este establece, medidas de fomento o recomendaciones en el ámbito del deporte.
67 En cambio, no cabe considerar que el artículo 165 TFUE sea una norma especial que deje al deporte al margen de todas o de una parte de las demás disposiciones del Derecho primario de la Unión que puedan aplicarse a este ni que imponga que se depare al deporte un trato particular en el marco de esta aplicación (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 101, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 75).
68 Por consiguiente, al aplicar las disposiciones del Tratado FUE en materia de Derecho de la competencia o de libre prestación de servicios, las características específicas del deporte deben tomarse en consideración si bien, únicamente y siempre que resulten pertinentes y respetando los requisitos de aplicación previstos para cada una de esas disposiciones (véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 84 y jurisprudencia citada).
69 Así, en la medida en que determinados comportamientos o normas persigan una actividad económica o guarden relación con la dimensión económica de un deporte, pueden quedar sujetos a las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables a las actividades económicas, entre ellas los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE, aunque esos comportamientos o esas normas hayan sido adoptados por una federación deportiva (sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 75 y jurisprudencia citada).
70 Solo pueden considerarse ajenas a cualquier actividad económica determinadas normas específicas que, por un lado, hayan sido aprobadas exclusivamente por motivos de orden no económico y que, por otro, se refieran a cuestiones que afecten únicamente al deporte como tal. Así sucede, en particular, con las normas relativas a la exclusión de los jugadores extranjeros de la composición de los equipos que participan en competiciones entre selecciones nacionales o al establecimiento de los criterios de clasificación empleados para seleccionar a los atletas que participan en competiciones a título individual (sentencias de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 76, y de 9 de julio de 2026, ROGON y otros, C‑428/23, EU:C:2026:563, apartado 22 y jurisprudencia citada).
71 Con excepción de estos supuestos muy específicos, las normas aprobadas por las asociaciones deportivas para regular la prestación de servicios por parte de operadores que desarrollan una actividad económica vinculada a la práctica profesional o semiprofesional de un deporte o que tienen una incidencia directa en esas prestaciones de servicios pueden quedar sujetas a las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables cuando existe una actividad de este tipo, como los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 77 y jurisprudencia citada).
72 En el caso de autos, el RAF tiene por objeto regular determinadas actividades de los agentes de fútbol, consistentes, en esencia, en poner en contacto, a cambio de una remuneración, a un jugador o a un entrenador con una entidad establecida en otro Estado con vistas al traslado definitivo o temporal de dicho jugador o entrenador de un club a otro, lo que la normativa de la FIFA califica como «traspaso». Pues bien, en la medida en que estas actividades constituyen una prestación de servicios, ofrecidos a título oneroso y relativos a la colocación de jugadores o entrenadores de fútbol, debe considerarse que tienen naturaleza económica.
73 Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente observa que la actividad de los agentes de fútbol puede influir de manera decisiva en la composición de los equipos, su mantenimiento en el tiempo y su fuerza deportiva. Pues bien, dado que la composición de los equipos es uno de los parámetros básicos de las competiciones en las que se enfrentan los clubes de fútbol profesional y que tales competiciones dan lugar a una actividad económica, debe considerarse que la normativa controvertida en el litigio principal tiene incidencia en las condiciones de ejercicio de esa actividad económica y en la competencia entre los clubes de fútbol profesional que la ejercen (véase, por analogía, sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 81).
74 Así pues, las normas recogidas en el RAF no forman parte de aquellas a las que podría aplicarse la excepción contemplada en el apartado 70 de la presente sentencia, respecto de la cual el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que debe limitarse a su propio objeto y que no puede invocarse para excluir toda una actividad deportiva del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado FUE relativas al Derecho económico de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 79, y de 9 de julio de 2026, ROGON y otros, C‑428/23, EU:C:2026:563, apartado 24 y jurisprudencia citada).
75 Por lo tanto, estas normas pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE.
76 Pues bien, por un lado, en lo que respecta a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, aunque estos persiguen objetivos diferentes y tienen cada uno de ellos un ámbito de aplicación propio, pueden resultar aplicables al mismo tiempo cuando concurren sus respectivos requisitos de aplicación (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 119).
77 Por otra parte, en la medida en que las normas del RAF a que alude el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial son, por lo que respecta a su aplicación, independientes las unas de las otras, la eventual incompatibilidad de una de ellas con el Derecho de la Unión apreciada, en su caso, por dicho órgano jurisdiccional, no puede dar lugar por sí sola, necesariamente, a la incompatibilidad de las demás.
78 Por consiguiente, es necesario examinar la cuestión prejudicial a la luz, en primer lugar, del artículo 101 TFUE, en segundo lugar, del artículo 102 TFUE y, en tercer lugar, del artículo 56 TFUE.
2. Aplicación de las disposiciones del Tratado FUE en materia de Derecho de la competencia
79 Es preciso señalar, de entrada, que el fútbol se caracteriza, entre otras especificidades, por la circunstancia de que da lugar a numerosas competiciones en los ámbitos tanto internacional, como europeo y nacional, en las que pueden participar un número muy elevado de clubes y de jugadores. También se caracteriza, al igual que sucede con otros deportes, por el hecho de que la participación en estas competiciones está reservada a equipos que hayan obtenido determinados resultados deportivos, basándose el desarrollo de estas competiciones en el enfrentamiento y la eliminación progresiva de los equipos participantes. Por consiguiente, el fútbol se asienta esencialmente en el mérito deportivo, que solo puede garantizarse si todos los equipos participantes se enfrentan en condiciones reglamentarias y técnicas homogéneas que garanticen cierta igualdad de oportunidades (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 143).
80 Estas diferentes características específicas permiten considerar que es legítimo someter la organización y el desarrollo de esas competiciones, tanto a nivel internacional como europeo y nacional, a normas comunes destinadas a garantizar la homogeneidad y la coordinación de estas competiciones dentro de un calendario global y, en términos más generales, a promover, de forma adecuada y efectiva, la celebración de competiciones deportivas basadas en la igualdad de oportunidades y en el mérito deportivo (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 144, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartados 62 a 64).
81 Pues bien, dado que la organización y el desarrollo de tales competiciones pueden dar lugar al ejercicio de actividades económicas accesorias, que pueden influir, de por sí, en esas competiciones, no puede considerarse necesariamente ilegítimo que una asociación como la FIFA adopte normas destinadas a regir las relaciones entre, por un lado, sus miembros y sus afiliados y, por otro lado, las empresas que pueden tener un interés económico en la organización de tales competiciones.
82 Dicho esto, la circunstancia de que pueda ser legítimo que una confederación o federación deportiva adopte esas normas no implica, sin embargo, que cada una de las normas adoptadas en ese contexto se considere compatible con el Derecho de la competencia de la Unión. En efecto, es preciso además que las decisiones tomadas al adoptar cada una de esas normas respeten las exigencias derivadas de ese Derecho.
a) Sobre la cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 101 TFUE
83 Con carácter preliminar, es necesario recordar que la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, presupone la existencia de un comportamiento que emana de varias «empresas» o, en su defecto, de una «asociación de empresas».
84 Conforme a reiterada jurisprudencia, se considera que actúa como «empresa», en el sentido, en particular, de dicho artículo 101 TFUE, apartado 1, toda entidad que, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación, ejerza una actividad económica consistente en ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, apartado 76), mientras que queda comprendido en el concepto de «asociación de empresas» una agrupación de varias entidades que ejerzan esa actividad.
85 En el caso de autos, aunque el RAF haya sido adoptado únicamente por la FIFA, procede señalar que esta federación cuenta entre sus miembros con federaciones nacionales de fútbol, que agrupan a su vez a clubes o ligas jurídicamente independientes que ejercen actividades económicas, consistentes en ofrecer productos o servicios en diferentes mercados, como los de la venta de entradas, el patrocinio o incluso el merchandising.
86 En consecuencia, puede considerarse que la FIFA tiene la condición de asociación de empresas en estos mercados y en los mercados ascendentes de estos, como los de la contratación de jugadores o entrenadores o incluso de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales de una entidad a otra.
87 Por consiguiente, en una situación como la que plantea el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial, debe considerarse que el artículo 101 TFUE, apartado 1, puede aplicarse a la FIFA dado que esa entidad puede calificarse como una «asociación de empresas», en el sentido de esa disposición.
88 Sentado lo anterior, es preciso recordar que, con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1, serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior.
89 Como se desprende del tenor de esa disposición, su aplicación en un caso concreto queda supeditada a que concurran varios requisitos acumulativos, a saber, en primer término, que exista un acuerdo entre empresas, una decisión de una asociación de empresas o a una práctica concertada; en segundo término, que ese acuerdo, decisión o práctica puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y, en tercer término, que dicho comportamiento tenga por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado interior.
1) Existencia de un acuerdo, una decisión o una práctica concertada
90 De conformidad con el artículo 101 TFUE, apartado 1, el comportamiento en cuestión debe consistir en un «acuerdo», una «práctica concertada» o una «decisión de asociación de empresas», conceptos que comprenden conductas de diferente naturaleza y que pueden revestir diversas formas.
91 En particular, el Tribunal de Justicia ya ha tenido la ocasión de declarar que la decisión de una asociación consistente en adoptar o aplicar una normativa que tiene incidencia directa sobre las condiciones del ejercicio de la actividad económica de las empresas que son, directa o indirectamente, miembros de la misma puede constituir una «decisión de una asociación de empresas» en el sentido de esta disposición (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 118).
92 Pues bien, como se desprende de los propios términos de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, este solicita al Tribunal de Justicia, precisamente en relación con una decisión de ese tipo, que interprete el artículo 101 TFUE, apartado 1, en una situación en la que una confederación o una federación deportiva internacional ha adoptado y aplicado un conjunto de normas destinadas a establecer el régimen jurídico aplicable a todos los agentes de jugadores y entrenadores que deseen representar a clubes, ligas jurídicamente independientes, entrenadores o jugadores que forman parte del sistema instituido por dicha federación.
93 De ello resulta que, en esas circunstancias, el RAF y, por consiguiente, cada una de las normas que contiene, pueden considerarse una «decisión de una asociación de empresas», en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1.
2) Afectación del comercio entre los Estados miembros
94 La aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, precisa, entre otras cosas, que se determine, con un grado de probabilidad suficiente, que un acuerdo entre empresas, una decisión de una asociación de empresas o una práctica concertada pueden afectar al comercio entre los Estados miembros de manera significativa al ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios a riesgo de obstaculizar la realización o el funcionamiento del mercado interior, requisito que puede considerarse cumplido en presencia de comportamientos que abarcan todo el territorio de un Estado miembro (sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, apartado 43 y jurisprudencia citada).
95 Pues bien, debe considerarse que este requisito se cumple en el litigio principal, toda vez que la normativa a que se refiere la cuestión prejudicial se impone, al menos para la mayor parte de ellos, a los clubes, a las ligas jurídicamente independientes, a los jugadores, a los entrenadores y a los agentes de fútbol activos en los Estados miembros en todos aquellos casos en los que exista un acuerdo de representación de dimensión internacional o una actividad vinculada a una traspaso internacional o a una transacción internacional, de conformidad con el artículo 2 del RAF.
3) El comportamiento en cuestión debe tener por «objeto» o por «efecto» perjudicar la competencia
96 Para poder considerar, en un caso concreto, que a un acuerdo, a una decisión de una asociación de empresas o a una práctica concertada le es aplicable la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, es necesario demostrar, según la propia redacción de esta disposición, que dicho comportamiento o bien tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, o bien tiene tal efecto (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 158 y jurisprudencia citada, y de 9 de julio de 2026, ROGON y otros, C‑428/23, EU:C:2026:563, apartado 47).
97 Para ello, debe realizarse, en un primer momento, el examen del objeto del comportamiento en cuestión. En el supuesto de que, al término de tal examen, quede de manifiesto que ese comportamiento tiene un objeto contrario a la competencia, no es necesario llevar a cabo el examen de su efecto sobre la competencia. Así pues, solo en el supuesto de que no quepa considerar que dicho comportamiento tiene un objeto contrario a la competencia, será necesario llevar a cabo, en un segundo momento, el examen de este efecto (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 159 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 37).
98 A este respecto, el examen que debe llevarse a cabo difiere dependiendo de si el comportamiento en cuestión tiene por «objeto» o por «efecto» impedir, restringir o falsear la competencia, ya que cada uno de estos dos conceptos está sometido a un régimen jurídico y probatorio diferente (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 160).
99 En la medida en que un comportamiento puede que solo tenga parcialmente el objeto o el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia, no es necesario que ese examen se efectúe forzosamente a la luz del acuerdo, de la decisión de una asociación de empresas o de la práctica concertada en su globalidad. Si una o varias disposiciones, una o varias medidas o uno o varios aspectos de ese acuerdo, de esa decisión o de esa práctica concertada pueden separarse dado que pueden generar, por sí mismos, una restricción de la competencia en el mercado en cuestión, ese examen podrá realizarse a la luz de aquella disposición, de aquella medida o de aquel aspecto.
i) Concepto de «restricción de la competencia por el objeto»
100 El concepto de «objeto» contrario a la competencia, pese a no constituir una excepción respecto del concepto de «efecto» contrario a la competencia, debe interpretarse, no obstante, de manera estricta (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 161 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 38).
101 Por tanto, debe entenderse que este concepto se refiere exclusivamente a ciertos tipos de coordinación entre empresas que revelen un grado de nocividad para la competencia suficiente para que se pueda considerar innecesario el examen de sus efectos. Determinadas formas de coordinación entre empresas pueden considerarse, en efecto, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 162 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 39).
102 Para apreciar, en un determinado caso, si ciertas normas establecidas en virtud de un acuerdo entre empresas, de una decisión de una asociación de empresas o de una práctica concertada constituyen una forma de coordinación que, por su propia naturaleza, debe considerarse perjudicial para el buen funcionamiento del normal juego de la competencia, es preciso examinar, en primer término, el contenido de esas normas; en segundo término, el contexto económico y jurídico en el que se inscriben, y, en tercer término, los fines que pretenden alcanzar (véase, en ese sentido, la sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 165, y de 26 de febrero de 2026, Cargolux Airlines/Comisión, C‑401/22 P, EU:C:2026:132, apartado 172).
103 A este respecto, en primer lugar, el examen del contenido de las normas establecidas por el acuerdo, la decisión o la práctica concertada de que se trate implica examinar sus diferentes aspectos para determinar el tipo de concertación que establecen esas normas y, por consiguiente, determinar si esas normas presentan características que permiten vincularlas a una forma de coordinación entre empresas que, por su propia naturaleza, deba considerarse perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, lo que sucede, en particular, si una coordinación con tales características es apta para abocar, precisamente por razón de estas, a condiciones de competencia que no correspondan a las condiciones normales del mercado de referencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartado 45 y jurisprudencia citada).
104 Por lo que se refiere, en segundo lugar, al contexto económico y jurídico en el que se inscriben las normas en cuestión, dado que el concepto de restricción por el «objeto» designa únicamente los acuerdos, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que constituyen una forma de coordinación que deba considerarse, por su propia naturaleza, perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, no resulta en absoluto necesario analizar ni, con mayor razón, demostrar los efectos de esas normas sobre la competencia, ya sean estos reales o potenciales, negativos o positivos (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 166 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 131).
105 En cambio, debe tomarse en consideración la naturaleza de los bienes o servicios afectados, así como las condiciones reales que caracterizan el funcionamiento y la estructura de los sectores o mercados de referencia (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 166 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 131).
106 En efecto, es posible que solo cuando se den determinadas condiciones particulares pueda considerarse que ciertas formas de coordinación, y, por tanto, los acuerdos, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que forman parte de ellas son perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia. Por consiguiente, el examen del contexto económico y jurídico en el que se inscriben estas formas de coordinación debe permitir comprobar que, cuando una forma de acuerdo, de decisión de una asociación de empresas o de práctica concertada es, por su propia naturaleza, nociva para la competencia únicamente en determinadas circunstancias relativas, en particular, a la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate, a las condiciones reales de funcionamiento del mercado y a su estructura, tales circunstancias concurren (véanse, en ese sentido, las sentencias de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartado 48, y 9 de julio de 2026, ROGON y otros , C‑428/23, EU:C:2026:563, apartado 52).
107 Por último, en lo tocante a los fines perseguidos por la coordinación en cuestión, cuyo examen se limita a lo estrictamente necesario para concluir que existe una restricción de la competencia por el «objeto», es preciso, de conformidad con reiterada jurisprudencia, identificar los fines «objetivos» sobre la competencia que se pretenden alcanzar con ella (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 167 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 132).
108 Esos fines «objetivos» se corresponden, desde el punto de vista de la competencia, con la finalidad intrínseca a la práctica de que se trata.
109 En cambio, la circunstancia de que las empresas implicadas hayan actuado sin tener la intención subjetiva de impedir, restringir o falsear la competencia y el hecho de que hayan perseguido determinados objetivos legítimos carecen de relevancia a efectos de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1 (véanse las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 167 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 50).
110 En cualquier caso, el examen que se efectúe a tal efecto debe poner de manifiesto las razones precisas que justifiquen que la totalidad o parte del acuerdo entre empresas, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, International Skating Union/Comisión, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, apartado 108, de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 168, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 51).
111 En lo que respecta al litigio principal, ha de recordarse que, en el contexto del procedimiento prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia no está habilitado para aplicar las normas del Derecho de la Unión a un asunto determinado, respecto del cual, por lo demás, solo tiene un conocimiento de los datos obrantes en los autos a su disposición, sino tan solo para pronunciarse sobre la interpretación de esas reglas (véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de mayo de 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» y otros, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393, apartado 201 y jurisprudencia citada).
112 Por consiguiente, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de todos los elementos de hecho y de Derecho de que dispone, si determinadas disposiciones del RAF pueden dar lugar, en el mercado de referencia, a una restricción de la competencia por el «objeto».
113 No obstante, para facilitar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia puede tener en cuenta los autos del procedimiento principal y las observaciones escritas que le hayan sido presentadas, para precisar la manera en la que debe interpretarse el artículo 101 TFUE, apartado 1, a la luz de esos datos y observaciones (véase, por analogía, la sentencia de 10 de julio de 2025, INTERZERO y otros, C‑254/23, EU:C:2025:569, apartado 124).
ii) Posibilidad de calificar de restricción de la competencia por el «objeto» normas como las señaladas por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial
– Normas que restringen la representación múltiple
114 En su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente menciona normas, como las enunciadas en el artículo 12, apartados 8 a 10, del RAF, que establecen que un mismo agente de fútbol o varios agentes de fútbol «vinculados» —a saber, directivos, copropietarios, accionistas o empleados de la misma agencia, o incluso personas que estén emparentadas o que hayan alcanzado un acuerdo para colaborar— no pueden representar simultáneamente a dos o tres de las partes interesadas en el traspaso de un jugador o de un entrenador de una entidad a otra —a saber, el jugador o entrenador, la entidad de destino y la entidad de origen—. Sin embargo, el artículo 12, apartado 8, del RAF establece una excepción que permite la representación conjunta del jugador o entrenador y de la entidad de destino, siempre que ambas partes hayan dado su consentimiento explícito a dicha representación conjunta.
115 A este respecto, por una parte, procede señalar que normas como las enunciadas en el artículo 12, apartados 8 a 10, del RAF pueden reducir desde luego la intensidad de la competencia en los diferentes segmentos del mercado de los servicios de representación de los agentes de fútbol que intervienen en traspasos internacionales de jugadores o entrenadores profesionales de una entidad a otra, en la medida en que prohíben a los agentes ya contratados por una de las partes prestar sus servicios a otra de las partes de una misma transacción, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 12, apartado 8, del RAF. Sin embargo, esta característica solo puede, por sí sola, llevar a considerar que un comportamiento que suponga esa forma coordinación tiene, por su propia naturaleza, un grado de nocividad para la competencia suficiente si, a la luz del contexto en que se inscribe esa coordinación, el mercado en cuestión se caracteriza por un grado elevado de concentración, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
116 Por otra parte, aunque normas como las previstas en el artículo 12, apartados 8 a 10, del RAF, que exigen que los agentes de fútbol solo puedan representar a una de las partes interesadas y, con carácter excepcional, a los jugadores o entrenadores y a la entidad de destino, pueden restringir la libertad de acción económica de los agentes de fútbol, esa circunstancia no implica necesariamente que las referidas normas constituyan una forma de coordinación que deba considerarse, por su propia naturaleza, perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia.
117 En efecto, ha de recordarse que las normas de la Unión en materia de defensa de la competencia no tienen directamente como objetivo garantizar a los operadores económicos el libre ejercicio de su actividad comercial. Pretenden garantizar, en cambio, por encima de todo, que en un mercado determinado, las empresas no falseen la competencia en perjuicio tanto de las demás empresas como de los consumidores y, con carácter más general, del bienestar de los pueblos de la Unión, conforme a los objetivos que persigue la Unión, enunciados en el artículo 3 TUE, apartados 1 y 3 (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 41).
118 En consecuencia, en la medida en que no hay constancia —lo que no obstante incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente— de que las normas adoptadas por una asociación de empresas como las enunciadas en el artículo 12, apartados 8 a 10, del RAF tengan en sí mismas un grado de nocividad para la competencia suficiente, es preciso considerar que esas normas no parecen constituir una restricción de la competencia por el «objeto».
– Normas relativas a la retribución de los agentes por la contratación de un jugador o entrenador
119 En su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia a siete normas distintas establecidas por el RAF en relación con la remuneración de los agentes de fútbol que procede, por lo tanto, examinar sucesivamente.
120 Por lo que respecta, en primer término, a una norma como la prevista en el artículo 15, apartado 2, del RAF, que establece un límite a los honorarios de los agentes de fútbol calculado como porcentaje del importe de la transferencia o de la remuneración anual del jugador o entrenador, es cierto que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que determinados comportamientos colusorios, como los que llevan a la fijación horizontal de los precios, son, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia en el mercado de que se trate y, más concretamente, para la libre determinación del precio, de la cantidad o de la calidad de los productos y servicios (véase, en ese sentido, por analogía, la sentencia de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros, C‑128/21, EU:C:2024:49, apartados 93 y 94).
121 Dicho esto, como subrayó, en esencia, el Abogado General en los puntos 56 y 57 de sus conclusiones, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se desprende que la fijación de un precio máximo, como en el litigio principal, pueda, por su propia naturaleza, falsear necesariamente el juego de la competencia.
122 Además, a la vista de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia y sin perjuicio del examen en profundidad que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no hay constancia de que una norma como la recogida en el artículo 15, apartado 2, del RAF, que establece un límite de honorarios, sea, a la luz de su influencia en la propensión de las empresas de que se trata a prestar sus servicios o en la calidad de tales servicios, lo suficientemente nociva como para eximir de que se examinen sus efectos. En efecto, habida cuenta de que esa norma no establece un límite fijo de remuneración, sino un límite relativo —por ser este proporcional, según sea el caso, o bien a la remuneración que el jugador o entrenador percibirá cuando el agente de fútbol represente a esas personas o a la entidad de destino, o bien a la cantidad que abone la entidad de destino a la entidad de salida cuando el agente de fútbol represente a esta última—, no consta que esa norma impida a los agentes rentabilizar los esfuerzos que hayan desplegado para, en particular, mejorar la calidad de los servicios que prestan mediante la obtención de una remuneración más elevada ni que pueda disuadirles de ofrecer sus servicios en el mercado de que se trata.
123 Además, debe destacarse que una norma como la recogida en el artículo 15, apartado 2, del RAF, no puede calificarse como una restricción de la competencia por el «objeto», en el sentido del artículo 101 TFUE, en relación con los agentes de fútbol que representan a las entidades de destino o de origen, por el simple hecho de que el límite de los honorarios que la norma prevé se calcule, para esos agentes de fútbol, como un porcentaje de la indemnización denominada de «transferencia».
124 Por lo que se refiere, en segundo término, a una norma que prohíbe que terceras personas abonen los honorarios adeudados en virtud de un contrato de representación por cuenta de las contrapartes contractuales de un agente de jugadores y entrenadores y que no se aplica a los agentes que representan a una persona cuya remuneración anual negociada sea igual o inferior a 200 000 USD (188 341,65 euros en la fecha de adopción del RAF) o equivalente, como es el caso de establecida en el artículo 14, apartados 2 y 3, del RAF, resulta que esta norma se limita a restringir el recurso a determinados artificios financieros para remunerar a un agente de fútbol, sin impedir, no obstante, que los agentes de fútbol o sus clientes compitan según uno de los parámetros determinantes en los que se basa la competencia, como el precio o la calidad de los servicios ofrecidos. Por lo tanto, no parece que esa norma presente un grado de nocividad para la competencia suficiente para que pueda calificarse como restricción de la competencia por el «objeto», extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
125 Lo mismo ocurre, en tercer término, con una norma, como la enunciada en el artículo 15, apartados 3 y 4, del RAF, que establece la presunción de que los demás servicios que un agente de fútbol o un agente de fútbol vinculado al anterior preste en los veinticuatro meses anteriores o posteriores a una prestación de servicios de representación deben considerarse incluidos en estos servicios de representación y que, por lo tanto, cuando el agente y/o un cliente no puedan refutar esa presunción, los honorarios abonados por esos otros servicios se considerarán parte de los honorarios percibidos por los servicios de representación. En efecto, al igual que ocurre con la norma mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia, no cabe considerar que esta norma tenga por objeto restringir la competencia en el mercado de referencia.
126 En lo tocante, en cuarto término, a una norma, como la prevista en el artículo 15, apartado 1, del RAF, que prohíbe a los agentes de fútbol convenir su remuneración sobre una base distinta de la remuneración de la persona traspasada o de la indemnización por transferencia, y, en quinto término, a una norma, como la establecida en el artículo 16, apartado 3, letra e), del RAF, en relación con el artículo 18 ter del RETJ, que prohíbe el abono o la percepción por los agentes de fútbol de honorarios o compensaciones por el traspaso de una persona cuya base de cálculo dependa de la indemnización por transferencia futura que la entidad de destino reciba por el posterior traspaso de un jugador o entrenador, ha de señalarse que esas normas afectan no ya al importe de dicha remuneración, sino únicamente a sus modalidades de cálculo o de pago.
127 Pues bien, aunque unas normas como las descritas puedan limitar la posibilidad de que los agentes de fútbol compitan entre sí, proponiendo a sus clientes modalidades alternativas de cálculo o pago de sus honorarios, no consta, no obstante, que impidan que se ejerza una competencia basada en el precio. Además, dado que, en principio, son indistintamente aplicables, tampoco parece que esas normas puedan favorecer, a primera vista, a determinados agentes de fútbol o a sus clientes.
128 Por consiguiente, no puede considerarse justificado catalogar normas que presentan características como las reseñadas como una forma de coordinación entre empresas que, por su naturaleza, deban considerarse que tienen un grado de nocividad para la competencia suficiente, extremo que deberá comprobar, no obstante, el órgano jurisdiccional remitente.
129 En lo referente, en sexto término, a una norma, como la prevista en el artículo 14, apartado 10, del RAF, que prohíbe que, cuando un agente de jugadores y entrenadores represente a la vez a la entidad de destino y a una persona, los clubes o ligas jurídicamente independientes abonen más del 50 % de los honorarios totales adeudados por esa persona o entidad por los servicios de representación, procede recordar que esta regla, que se refiere no ya al cálculo de los honorarios que deben abonarse al agente sino a la determinación de la persona que puede adeudar esos honorarios, solo se aplica en el supuesto excepcional, mencionado en el artículo 12, apartado 8, del RAF, en el que la entidad de destino y la persona han prestado su consentimiento explícito a esta doble representación, lo que limita su potencial nocividad para la competencia.
130 Por lo demás, una norma como esta puede evitar que se produzcan comportamientos colusorios que puedan falsear el juego de la oferta y de la demanda y, por ello, tener consecuencias favorables en la competencia, de modo que no puede considerarse que presente, por sí misma, un grado de nocividad para la competencia suficiente para que quepa considerar que no es necesario un examen de sus efectos.
131 Del mismo modo, en lo concerniente, en séptimo término, a una norma como la prevista en el artículo 14, apartado 7, del RAF, según la cual el importe de los honorarios por representación, calculados como porcentaje, deben determinarse sobre la base del salario efectivamente abonado a la persona y calcularse de forma prorrateada, es preciso señalar que, aparte del hecho de que esa norma no impide la competencia basada en el precio u en otro de los restantes parámetros determinantes en los que se fundamenta la competencia, no consta que sea suficientemente nociva para la competencia en el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales de una entidad a otra. Al contrario, esta norma parece capaz de favorecer la competencia en el mercado de trabajo de esas personas, en la medida en que incentiva que los agentes de fútbol se esfuercen por garantizar a sus clientes el pago efectivo de su remuneración.
132 Dicho esto, procede señalar que, por lo que respecta a esta última norma, el órgano jurisdiccional remitente se refiere también al artículo 14, apartado 12, del RAF, que establece, en realidad, una norma distinta según la cual un agente de fútbol no puede exigir que se le abonen honorarios de representación «pendientes de cobro» derivados de un contrato laboral negociado, cuando la persona titular de ese contrato es traspasada a otra entidad de destino antes del vencimiento de dicho contrato o cuando esa persona rescinde prematuramente su contrato de trabajo negociado sin causa justificada estando aún representada por el agente de fútbol en el momento de la rescisión.
133 Pues bien, si el término «pendientes» que figura en el artículo 14, apartado 12, del RAF, debiera interpretarse, a la luz de su contexto, en el sentido de que significa «vencidos» o «exigibles», extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de ello resultaría que la expresión «pendientes de cobro» debería considerarse referida a la indemnización que el agente tiene derecho a percibir por el traspaso de la persona a la entidad con la que celebró un contrato antes de que este fuera rescindido.
134 Esa interpretación de la expresión «pendientes» implicaría que un agente de fútbol que hubiera intervenido en un primer traspaso perdería parte de la indemnización que se le adeudase por ese traspaso si, de conformidad con el artículo 14, apartado 12, letra a), de dicho Reglamento, la persona traspasada fuera nuevamente traspasada antes del vencimiento de su nuevo contrato laboral o si, en virtud del artículo 14, apartado 12, letra b), de dicho Reglamento, dicha persona rescindiera prematuramente su contrato laboral negociado sin causa justificada y el agente aún la representara en el momento de la rescisión.
135 Es cierto que, en este sentido, esa norma podría neutralizar el incentivo que los agentes de fútbol que hayan representado a una persona con ocasión de un primer traspaso podrían tener en inducir a sus clientes a rescindir sus contratos lo antes posible para percibir una nueva indemnización, o incluso en alentarlos a celebrar contratos de un duración relativamente corta para poder percibir una indemnización con la mayor frecuencia posible, lo cual podría contribuir a reforzar la competencia en el mercado de trabajo de esas personas.
136 Sin embargo, en la medida en que el artículo 14, apartado 12, letra a), del RAF establece, con respecto a la situación a que se alude en él, como único requisito de aplicación que la persona haya sido traspasada a otra entidad de destino antes de que venza el contrato laboral negociado, esa norma implicaría que los agentes de fútbol que intervinieron en el primer traspaso de la persona, pero que hayan dejado de representarlo desde entonces, quedarían automáticamente privados de una parte de su remuneración en caso de que esa persona fuera nuevamente traspasada a otra entidad, incluso aunque no hayan tenido nada que ver con ese nuevo traspaso.
137 Habida cuenta de que esa privación de remuneración sería de carácter arbitrario, de conformidad con el planteamiento adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824), debe entenderse que esa norma constituye una forma de coordinación que, por su propia naturaleza, es perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia.
138 A la vista de lo anterior, procede concluir, por lo que respecta a las normas relativas a la remuneración de los agentes de fútbol que figuran en el RAF a las que se refiere el órgano jurisdiccional remitente que, a excepción de una norma como la que cabe deducir del artículo 14, apartado 12, letra a), de dicho Reglamento, que, en caso de traspaso de una persona a una nueva entidad, privaría a los agentes de fútbol que la hubieran representado en un traspaso anterior pero que hubieran dejado de hacerlo desde entonces de los honorarios adeudados por ese traspaso, tales normas no constituyen una forma de coordinación entre empresas que, por su propia naturaleza, sean perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, de modo que sigue siendo necesario examinar sus efectos.
– Normas relativas a las licencias de agente de fútbol
139 Con carácter preliminar, procede señalar que las dudas del órgano jurisdiccional remitente no se refieren al requisito, como tal, de estar en posesión de una licencia expedida por la FIFA para ejercer la actividad de agente de jugadores, entrenadores, clubes o ligas jurídicamente independientes en el contexto de la contratación de futbolistas o entrenadores, sino que guardan relación con determinadas modalidades relativas a la obtención y al mantenimiento de tal licencia.
140 Para determinar si esas normas constituyen una restricción de la competencia por el «objeto», es preciso examinar si constituyen una forma de coordinación que, por su propia naturaleza, presenta un grado de nocividad para la competencia suficiente, de modo que no es necesario examinar sus efectos.
141 En el caso de autos, entre las diferentes normas previstas por el RAF u otros textos de la FIFA que regulan los requisitos para la obtención y el mantenimiento de la licencia de la FIFA, el órgano jurisdiccional remitente solo se refiere a dos grupos de normas.
142 El primer grupo comprende normas, como las enunciadas en los artículos 4, apartado 2, 16, apartado 2, letra b), y 20 del RAF, en relación con los artículos 8, apartado 3, 57, apartado 1, y 58, apartados 1 y 2, de los Estatutos de la FIFA, y en los artículos 4, apartado 2, y 84 del Código Ético de la FIFA, que supeditan la obtención y el mantenimiento de una licencia de la FIFA a que los solicitantes y los titulares de licencias acepten regirse, por una parte, por las normas de la FIFA y, con carácter subsidiario, por el Derecho suizo y, por otra parte, se sometan a la jurisdicción de dicha federación, de las federaciones miembros y del TAS, cuya sede está en Suiza.
143 A este respecto, basta con señalar que el mero hecho de obligar a todo operador económico que desee intervenir en traspasos dentro del sistema de la FIFA a someterse a las normas de esta federación deportiva internacional y, con carácter subsidiario, el Derecho del tercer país en que se encuentra la sede de dicha federación, así como a la jurisdicción de esta, de sus confederaciones y federaciones miembros o incluso de un órgano arbitral particular no puede, como tal, considerarse que caracterice la existencia de una restricción de la competencia por el «objeto».
144 En efecto, únicamente en caso de que se demuestre que las normas materiales de la FIFA o las establecidas por el Derecho suizo aplicables en consecuencia resultan, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, unas normas como las enunciadas en los artículos 4, apartado 2, 16, apartado 2, letra b), y 20 del RAF, en relación con los artículos 8, apartado 3, 57, apartado 1, y 58, apartados 1 y 2, de los Estatutos de la FIFA, y en los artículos 4, apartado 2, y 84 del Código de Ética de la FIFA podrían calificarse, en sí mismas, de restricciones de la competencia por el «objeto».
145 En el litigio principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si es así, siempre que los demandantes en ese litigio hayan formulado una alegación de esa índole.
146 El segundo grupo de normas mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial incluye las que figuran en el artículo 5, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del RAF, que exigen que, para la obtención de una licencia FIFA, los solicitantes no pueden haber sido nunca condenados en un procedimiento penal por uno de los delitos que se enumeran en esa norma, ni haber sido suspendidos durante más de dos años, descalificados o apercibidos por una autoridad reguladora o un órgano rector deportivo por haber incumplido reglas relacionadas con la ética y la conducta profesional.
147 A este respecto, es cierto que ese grupo de normas supedita el acceso a la actividad de que se trata a consideraciones ajenas a cualquier esfuerzo que pueda desplegarse y a cualquier recurso a disposición del solicitante.
148 Sin embargo, no puede considerarse que las normas previstas en el artículo 5, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del RAF establezcan una restricción de la competencia por el «objeto». En efecto, como se ha recordado en el apartado 101 de la presente sentencia, únicamente constituyen una restricción de este tipo los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que constituyen una forma de coordinación que sean suficientemente nocivas para el buen funcionamiento del mercado de referencia.
149 Pues bien, no consta que el hecho de exigir a todo solicitante que nunca haya sido condenado en un procedimiento penal ni haya sido objeto, en esencia, de una sanción profesional o deportiva pueda impedir a un número significativo de personas acceder al mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales de una entidad a otra.
150 Ello es tanto más cierto cuanto que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del RAF pueden ser objeto de una aplicación transparente, objetiva y no discriminatoria (véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 177).
151 Por consiguiente, no puede entenderse que una norma como la prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del RAF, que supedita la concesión de una licencia de la FIFA al requisito de que el solicitante no haya sido condenado por determinados delitos u objeto de determinadas sanciones deportivas, constituya una restricción de la competencia por el «objeto».
– Normas relativas a los «contactos»
152 Cabe señalar, de entrada, que, si bien el órgano jurisdiccional remitente se refiere a normas como las establecidas en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del RAF en tanto que normas que prohíben a los agentes de fútbol contactar o firmar un contrato de representación con un cliente sujeto a un contrato de representación exclusivo en vigor con otro agente de fútbol, del tenor de esas disposiciones se desprende que no prohíben de manera absoluta a los agentes de fútbol entrar en contacto con clientes o celebrar contratos de este tipo. En efecto, por una parte, limitan a los dos meses previos al vencimiento del contrato de representación exclusiva el período durante el cual esos agentes pueden ponerse en contacto con un cliente sujeto a contrato y, por otra parte, les prohíben firmar un contrato con tales clientes fuera de ese período de dos meses.
153 Pues bien, a este respecto, no cabe excluir que la obligación que se impone a todos los agentes que deseen firmar un contrato de representación exclusiva con un club, una liga jurídicamente independiente, un entrenador o un futbolista, de negociar la celebración de ese acuerdo en un mismo período pueda favorecer una mejor comparabilidad de las ofertas y, por tanto, dar lugar a que se establezca un precio que refleje más fielmente el juego de la oferta y de la demanda en el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales.
154 Es cierto que, al mismo tiempo, normas como las que figuran en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del RAF pueden reforzar la estabilidad de los contratos, es decir, la efectividad de la vigencia de los contratos de representación exclusiva ya celebrados. No obstante, siempre que la duración de un contrato de representación exclusiva no sea manifiestamente excesiva, no puede considerarse que tales normas, por sí solas, constituyan una forma de coordinación entre empresas que tenga, por su propia naturaleza, un grado de nocividad para la competencia suficiente.
155 En efecto, aunque todo contrato que tenga una cierta vigencia puede obstaculizar el ajuste óptimo de la oferta y la demanda, esta circunstancia debe ponderarse con la necesidad de previsibilidad a la que se enfrenta cualquier operador económico para organizar su actividad.
156 En el caso de autos, del tenor del artículo 12, apartado 3, del RAF se desprende que un contrato de representación celebrado entre una persona y un agente de fútbol no puede exceder de dos años, mientras que, por lo que respecta a un contrato de representación celebrado entre una entidad de destino o de origen y un agente, el artículo 12, apartado 5, de dicho Reglamento no establece ningún período máximo de validez.
157 Dicho esto, en la medida en que estas disposiciones no exigen, a la inversa, que tales contratos tengan una duración mínima, es necesario señalar que los efectos sobre la competencia de normas que, como las señaladas por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial, limitan el período durante el cual los agentes de fútbol pueden entrar en contacto con un cliente y firmar con él un nuevo contrato depende de la práctica imperante en el mercado de referencia en cuanto a la duración de esos contratos y de las características propias de ese mercado. Por lo tanto, la apreciación de la incidencia de normas de esta naturaleza implica, en principio, un examen de sus efectos.
158 Por el contrario, procede señalar que las normas recogidas en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del RAF se aplican únicamente a los agentes a los que el jugador, entrenador, liga jurídicamente independiente o club de que se trate no esté ya vinculado por un contrato de representación. En cuanto a los agentes ya vinculados por un contrato de representación exclusiva, estos no están obligados a esperar a los dos meses previos al vencimiento de ese contrato para renegociar sus términos o celebrar uno nuevo. De este modo, procede señalar que esas normas confieren una ventaja a los segundos en relación con los primeros, ventaja que puede falsear el juego de la oferta y de la demanda en el mercado de referencia. Por consiguiente, parece justificado calificar estas normas, si bien solo en la medida en que excluyen de su aplicación a los agentes ya vinculados por un contrato de representación exclusiva, como una forma de coordinación entre empresas que tiene, en sí, un grado de nocividad para la competencia suficiente, de modo que no es preciso examinar sus efectos.
– Normas que regulan la recogida de determinados datos mediante una plataforma digital gestionada por la FIFA y la comunicación de una parte de ellos
159 En su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se refiere, por una parte, a la norma enunciada en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF, que obliga a los agentes a cargar determinada información en una plataforma digital gestionada por la FIFA y, por otra parte, a la norma establecida en el artículo 19 del RAF, según la cual los nombres e información de los agentes de fútbol; los clientes a los que representan; los servicios de representación que prestan a cada cliente; toda sanción impuesta a los agentes de fútbol o clientes y los datos de todas las transacciones en las que participen agentes de fútbol, incluidos los honorarios que perciban, serán puestos a disposición de los clubes, de las ligas jurídicamente independientes, de los futbolistas, entrenadores y agentes.
160 Por lo que respecta a una norma como la que figura en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF, procede señalar que no cabe considerar, a primera vista, que el mero hecho de que estas disposiciones prevean la recogida de información para la FIFA para que esta pueda cerciorarse de que se respetan las disposiciones materiales que establece dicha normativa pueda constituir, per se, una restricción de la competencia. En efecto, dado que la FIFA no opera en uno de los mercados de referencia, ese mecanismo de recogida de información no incide, en sí mismo, y sin perjuicio de la eventual difusión o utilización de esa información, en el juego de la competencia.
161 En lo que concierne a una norma como la prevista en el artículo 19 del RAF, procede señalar que esta prevé la divulgación y publicación, de entre la información recogida por la FIFA, de datos relativos, en particular, a los servicios prestados por cada agente de fútbol a cada uno de sus clientes, así como datos de todas las transacciones en las que participen dichos agentes, incluidos las remuneraciones que perciban. Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, en principio pueden acceder a esos datos las personas que disponen de un derecho de acceso a la plataforma gestionada por la FIFA, entre ellos, los clubes, las ligas jurídicamente independientes, los jugadores, los entrenadores y los agentes que disponen de una licencia FIFA, que constituyen las diferentes personas físicas y jurídicas que operan en los mercados de referencia.
162 Pues bien, aunque en principio la transparencia entre operadores económicos, al menos en un mercado no oligopolístico, puede contribuir a intensificar la competencia entre los oferentes, para que un mercado funcione eficazmente, los operadores deben determinar autónomamente su comportamiento, lo cual supone que deben tener incertidumbre al menos en cuanto a la fecha, el alcance y las modalidades de modificación futura del comportamiento de sus competidores en ese mercado (véase, en ese sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartados 53, 54 y 61).
163 Así, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un intercambio de información puede considerarse una forma de coordinación entre empresas que, por su propia naturaleza, es perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, tanto cuando, en el contexto que rodea este intercambio, la información intercambiada solo puede conducir a que los participantes, que son razonablemente activos y económicamente racionales, sigan tácitamente una misma línea de conducta en lo que respecta a uno de los parámetros en los que se basa la competencia, como cuando la información intercambiada permite reducir tal incertidumbre al ser, por una parte, confidencial y por otra, estratégica (véase, en ese sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartado 62).
164 Debe considerarse «información confidencial» toda información aún no conocida por ningún operador económico activo en el mercado de referencia. Por «información estratégica» debe entenderse la información que puede revelar, en su caso una vez combinada con otra información ya conocida por los participantes en un intercambio de información, la estrategia que algunos de esos participantes pretenden aplicar en lo que respecta a uno o varios de los parámetros en los que se basa la competencia en el mercado de referencia (sentencia de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartado 63).
165 En el caso de autos, por una parte, la información cuya divulgación y publicación prevé el artículo 19 del RAF beneficia a las diferentes personas físicas y jurídicas que operan en los mercados de referencia, a saber, el de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o de entrenadores profesionales, así como el mercado de trabajo de jugadores o entrenadores, de modo que no puede considerarse que, en principio, sea confidencial en esos mercados. Por otra parte, dado que esa información se refiere a transacciones ya realizadas, en principio no pueden revelar la estrategia que esas personas pretenden aplicar en lo que respecta a uno o varios de los parámetros en los que se basa la competencia en esos mercados, ni tampoco considerarse que, en principio, es estratégica, en el sentido de la jurisprudencia recordada en los apartados 162 a 164 de la presente sentencia, salvo si, debido a determinadas características específicas de esos mercados o del sector de actividad de que se trata, resulta posible deducir de ella el comportamiento futuro de esas personas en tales mercados, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
166 En cuanto a la posibilidad de considerar que, en el contexto examinado en el litigio principal, la puesta a disposición de esa información podría llevar a todas las personas razonablemente activas y económicamente racionales que tuvieran acceso a ella seguir una misma línea de conducta por lo que respecta a uno de los parámetros en los que se basa la competencia en el mercado de referencia, procede recordar que esa posibilidad no solo depende de la naturaleza de la información divulgada, sino también de las características propias del mercado y, en particular, del número de empresas que operan en él.
167 En particular, aunque es cierto que, en un mercado muy concentrado, intercambiar información sobre los precios aplicados puede favorecer comportamientos colusorios, no lo es menos que, en un mercado que se caracteriza por la dispersión de actores, la divulgación y publicación de esa información puede, por el contrario, contribuir a estimular la competencia.
168 Pues bien, en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente no parece considerar que los mercados de referencia estén muy concentrados, extremo que deberá verificar.
169 Por consiguiente, aun cuando una norma, como la prevista en el artículo 19, letra e), del RAF, prevea que la FIFA ha de publicar datos sobre todas las transacciones en las que participen agentes de fútbol, incluidos los honorarios de representación que perciban, no es menos cierto que, en la medida en que, por una parte, esta información se refiere únicamente a transacciones pasadas y, por otra parte, los mercados de referencia no parecen muy concentrados, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, no parece que esa obligación constituya una forma de coordinación entre empresas que, por su propia naturaleza, deba considerarse perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia.
– Conclusión provisional
170 De todo lo anterior resulta que, a la vista de los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia y sin perjuicio de las comprobaciones que realice el órgano jurisdiccional remitente, entre las distintas categorías de normas identificadas por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial, solo dos de ellas pueden considerarse restricciones de la competencia por el «objeto», a saber:
– una norma como la que figura en el artículo 14, apartado 12, letra a), del RAF, en la medida en que deba entenderse en el sentido de que un agente de jugadores o de entrenadores de fútbol no puede exigir el pago de la parte pendiente de cobro de sus honorarios adeudados por el traspaso de una persona, cuando esta es nuevamente traspasada a otra entidad antes del vencimiento del contrato laboral relativo al primer traspaso, incluso aunque ese agente haya dejado de representar a esa persona y no haya tenido nada que ver con el nuevo traspaso, y
– normas como las recogidas en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del RAF, que, por una parte, limitan a los dos meses previos al vencimiento del contrato de representación exclusiva el período durante el cual un agente de jugadores o entrenadores de fútbol puede entrar en contacto con un cliente sujeto a un contrato con otro agente y, por otra parte, le prohíben firmar un contrato con ese cliente fuera de ese período de dos meses, en la medida en que excluyen de su aplicación a los agentes ya sujetos a un contrato de representación exclusiva, dado que estos últimos agentes no están obligados a esperar a los dos meses anteriores al vencimiento de dicho contrato para renegociar sus términos o celebrar uno nuevo.
iii) Caracterización de la existencia de un comportamiento que tiene por efecto impedir, restringir o falsear la competencia
171 El concepto de comportamiento que tiene un «efecto» contrario a la competencia engloba cualquier comportamiento colectivo del que no pueda considerarse que tiene un «objeto» contrario a la competencia, siempre que se demuestre que este comportamiento tiene por efecto real o potencial impedir, restringir o falsear la competencia de modo sensible (sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, apartado 99 y jurisprudencia citada).
172 Para ello, es necesario examinar el juego de la competencia en el marco real en el que se desarrollaría de no existir el acuerdo, la decisión de una asociación de empresas o la práctica concertada en cuestión, definiendo el mercado o los mercados en los que este comportamiento puede producir sus efectos y, posteriormente, identificando estos efectos, ya sean reales o potenciales. Este examen implica tomar en consideración el conjunto de las circunstancias pertinentes (sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, apartado 100 y jurisprudencia citada).
173 Dicho esto, en el procedimiento prejudicial previsto por el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia no puede determinar si, de no existir las normas controvertidas, la competencia en el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales de una entidad a otra o en el mercado de trabajo de los futbolistas o entrenadores sería más intensa, dado que para realizar esa apreciación es preciso tener en cuenta consideraciones fácticas que no son de su competencia.
174 En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, en el litigio principal, las normas que menciona en su cuestión prejudicial respecto de las cuales haya constatado que no cabe calificarlas como restricciones de la competencia por el «objeto» pueden constituir, no obstante, una restricción de la competencia por sus «efectos».
iv) Posibilidad de justificar una eventual restricción de la competencia por el «objeto» o por el «efecto»
175 Cuando se determina que una medida contenida en un acuerdo entre empresas, en una decisión de una asociación de empresas o en una práctica concertada tiene total o parcialmente por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear la competencia, esa medida puede eludir el principio de prohibición de las restricciones a la competencia por su objeto o efecto que sienta el artículo 101 TFUE, apartado 1, si está comprendida en la excepción que se establece en el artículo 101 TFUE, apartado 3, o, en caso de tratarse de una forma de coordinación que tenga por efecto restringir la competencia, si esta persigue un objetivo de interés general y si cumple los requisitos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
– Posibilidad de considerar que determinados comportamientos están excluidos de la prohibición prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 1, por perseguir un objetivo de interés general
176 De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que no todo acuerdo entre empresas, ni toda decisión de una asociación de empresas o práctica concertada que restrinja la libertad de acción de las empresas que son parte de ese acuerdo o que están obligadas a cumplir esa decisión está comprendido necesariamente en el ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1. En efecto, el examen del contexto económico y jurídico en el que se inscriben algunos de estos acuerdos y algunas de estas decisiones puede llevar a que se aprecie, en primer término, que la totalidad o parte de estos están justificados por perseguir uno o varios objetivos legítimos de interés general que no son, en sí mismos, contrarios a la competencia; en segundo término, que los medios concretos empleados para perseguir estos objetivos son realmente necesarios para ello, y, en tercer término, que, aunque se concluya que estos medios tienen por efecto inherente restringir o falsear, cuando menos potencialmente, la competencia, este efecto inherente no va más allá de lo que es necesario para alcanzar los referidos objetivos, en particular eliminando cualquier competencia (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 183 y jurisprudencia citada, y de 9 de julio de 2026, ROGON y otros, C‑428/23, EU:C:2026:563, apartado 36).
177 Sin embargo, esa jurisprudencia no se aplica respecto de comportamientos que, lejos de limitarse a tener por «efecto» inherente restringir, cuando menos potencialmente, la competencia limitando la libertad de acción de determinadas empresas, presentan para esa competencia un grado de nocividad que permite considerar que tienen por su propio «objeto» impedirla, restringirla o falsearla (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 186, y de 9 de julio de 2026, ROGON y otros, C‑428/23, EU:C:2026:563, apartado 37).
178 En efecto, el grado de nocividad de estos comportamientos para la competencia, y por tanto el perjuicio directo o indirecto que pueden causar a los usuarios y consumidores intermedios o finales de los distintos sectores o mercados afectados, es demasiado elevado para que pueda considerarse que están justificados y son proporcionados (sentencia de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 92).
179 Además, a la luz del carácter necesario y proporcionado en sentido estricto que deben tener dichos comportamientos, es preciso señalar que el examen de este implica, como se desprende de la jurisprudencia mencionada en el apartado 176 de la presente sentencia, para empezar, determinar si los medios concretos a los que se recurre, en un caso específico, para perseguir un objetivo legítimo de interés general son adecuados para garantizar la realización de dicho objetivo, a continuación, apreciar si hacer uso de estos medios es necesario para alcanzar dicho objetivo, lo que exige que no existen otras medidas que sean igualmente eficaces a tal fin y sean a la vez menos restrictivas para la competencia, y, por último, comprobar que los efectos restrictivos generados por las medidas adoptadas no son desproporcionados en relación con tal objetivo, en particular eliminando toda competencia en el mercado de que se trate (sentencia de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 98, y de 9 de julio de 2026, ROGON y otros, C‑428/23, EU:C:2026:563, apartado 38).
180 Aunque corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si los objetivos invocados por la FIFA en apoyo de las normas controvertidas pueden cumplir estos requisitos, el Tribunal de Justicia considera necesario, no obstante, formular la siguientes consideraciones para proporcionar una respuesta útil a dicho órgano jurisdiccional.
181 En este asunto, del apartado 170 de la presente sentencia se desprende que, a excepción de las dos normas específicamente mencionadas en él, no puede considerarse que las demás normas que el órgano jurisdiccional remitente menciona en su cuestión prejudicial constituyan, en principio, una restricción de la competencia por el «objeto», de modo que la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia puede serles potencialmente aplicable.
182 Además, en la medida en que en sus escritos la FIFA aduce, con carácter principal, que alguna de las normas controvertidas pretenden subsanar ciertas anomalías del mercado, que guardan relación, en particular, con la asimetría de información entre los agentes de fútbol y sus clientes, con la existencia de una «ventana» de negociación de una duración limitada que puede alentar a que se adopten estrategias de «hold-up», con la existencia de relaciones de exclusividad entre los agentes de fútbol y sus clientes que generan situaciones de tipo «gate keeper» y con la falta de transparencia en cuanto a la remuneración de los agentes de fútbol, ha de destacarse que esos objetivos no pueden considerarse de interés general, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia.
183 En efecto, de la misma manera que los motivos de naturaleza puramente económica no constituyen razones imperiosas de interés general que permitan justificar una restricción a una libertad de circulación garantizada por el Tratado FUE (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 251 y jurisprudencia citada), los objetivos que una asociación de empresas puede invocar sobre la base de la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia tampoco pueden revestir un carácter puramente económico.
184 Dicho esto, aun cuando un objetivo de naturaleza puramente económica no puede ni constituir una razón imperiosa de interés general que permita justificar un obstáculo a una libertad fundamental garantizada por el Tratado FUE ni ser invocado sobre la base de la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia, el hecho de que una normativa venga impuesta por uno o varios motivos de orden económico no excluye que esa normativa pueda estar justificada si resulta que, a través de esos motivos, persigue, en definitiva, uno o varios objetivos legítimos de interés general de naturaleza no económica (véanse, en ese sentido, las sentencias de 22 de octubre de 2013, Essent y otros, C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, apartados 51, 52 y 57, y de 10 de julio de 2025, INTERZERO y otros, C‑254/23, EU:C:2025:569, apartado 123).
185 Cuando se alega la existencia de una situación de esa índole, corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente comprobar que, a través de los motivos de carácter económico que la imponen, la normativa en cuestión persigue efectivamente los objetivos legítimos de interés general que se invocan para justificarla (véase, en ese sentido, las sentencias de 22 de octubre de 2013, Essent y otros, C‑105/12 a C‑107/12, EU:C:2013:677, apartados 57 y 66, y de 10 de julio de 2025, INTERZERO y otros, C‑254/23, EU:C:2025:569, apartado 123). En este contexto, el citado órgano jurisdiccional debe cerciorarse además de que no se ha alterado la función propia de dichos objetivos para servir, en realidad, a fines puramente económicos (véanse, en ese sentido, las sentencias de 14 de marzo de 2000, Iglesia de la cienciología, C‑54/99, EU:C:2000:124, apartado 17, y de 13 de julio de 2023, Xella Magyarország, C‑106/22, EU:C:2023:568, apartado 66).
186 Procede recordar, por otro lado, que al igual que ocurre con todos los requisitos exigidos para acogerse a la jurisprudencia mencionada en el apartado 176 de la presente sentencia, incumbe a la parte que invoca esos objetivos legítimos de interés general acreditarlos mediante alegaciones y pruebas convincentes (sentencia de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 94 y jurisprudencia citada).
187 En el caso de autos, la FIFA arguye también que el RAF, según se desprende por lo demás de su artículo 1, apartado 2, persigue varios objetivos que no presentan un carácter puramente económico, como, entre otros, el establecimiento de reglas profesionales y éticas mínimas, la protección de los clientes frente a comportamientos de los agentes de fútbol contrarios a las exigencias éticas aplicables a esa actividad, la protección de los jugadores que carecen de experiencia o de información sobre el sistema de traspasos en el fútbol o, también el refuerzo de la estabilidad contractual entre los clubes, los jugadores y los entrenadores.
188 Pues bien, los tres primeros objetivos mencionados en el apartado anterior de la presente sentencia constituyen objetivos legítimos de interés general, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 174 de esta misma sentencia, que, a la luz de lo que se desprende de su apartado 81, puede perseguir una asociación deportiva (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, C‑3/95, EU:C:1996:487, apartado 31, y de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 183). Ocurre lo mismo con el último de esos objetivos, referido al refuerzo de la estabilidad contractual, en la medida en que guarda relación con la necesidad de garantizar la estabilidad de las plantillas durante una misma temporada deportiva (véase, en ese sentido, la sentencias de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartados 100 a 102, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 96).
189 Es cierto que, como destaca el órgano jurisdiccional remitente, esos objetivos no están directamente relacionados con la organización de competiciones deportivas. Sin embargo, esta circunstancia no es pertinente a efectos de la aplicación de la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia que, por lo demás, no es propia del deporte (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C‑309/99, EU:C:2002:98, apartados 97 a 110).
190 Corresponde no obstante al órgano jurisdiccional remitente determinar si la normativa controvertida en el litigio principal persigue efectivamente los objetivos indicados en el apartado 187 de la presente sentencia y si no se han alterado sus funciones para servir, en realidad, a fines puramente económicos.
191 En ese caso, incumbiría al órgano jurisdiccional remitente apreciar, con respecto a cada una de las normas controvertidas en el litigio principal, si son adecuadas para perseguir uno de esos objetivos y necesarias para alcanzarlo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera útil proporcionar indicaciones a dicho órgano jurisdiccional para que realice esa apreciación.
192 A este respecto, ha de señalarse, en primer lugar, que las normas que restringen la representación múltiple, como las enunciadas en el artículo 12, apartados 8 a 10, del RAF, parecen adecuadas para perseguir el objetivo legítimo de interés general que invoca la FIFA referido a la protección de los clientes de los agentes de fútbol frente a eventuales comportamientos de esos agentes contrarios a las exigencias éticas aplicables a esa actividad. En efecto, al limitar las situaciones en las que un agente de fútbol puede hallarse en una situación de conflicto de intereses, esas normas reducen el riesgo de que se produzcan tales comportamientos.
193 Seguidamente, aunque para perseguir ese objetivo la FIFA habría podido adoptar otras medidas menos restrictivas de la competencia —como imponer obligaciones de transparencia o de información a los agentes de fútbol o exigir la obtención del consentimiento por escrito de las partes afectadas—, procede señalar que los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no permiten determinar si tales medidas habrían sido igualmente eficaces para proteger a los clientes de los agentes de fútbol contra el riesgo de conflicto de intereses. Corresponde pues al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la FIFA no podía recurrir a otras medidas que, siendo menos restrictivas de la competencia, permitirían alcanzar ese objetivo con la misma eficacia.
194 Por último, no consta que las normas que restringen la representación múltiple que el órgano jurisdiccional remitente menciona en su cuestión prejudicial puedan generar, por su naturaleza, efectos restrictivos de la competencia desproporcionados con respecto al objetivo perseguido mencionado en el apartado 192 de la presente sentencia. En efecto, el artículo 12, apartados 8 a 10, del RAF se limita a exigir un consentimiento informado en situaciones en las que los potenciales conflictos de intereses son de menor gravedad, en particular, entre, por un lado, los jugadores o entrenadores y, por otro lado, las entidades de destino, y únicamente prohíbe la doble representación en los supuestos en los que es patente la existencia de un conflicto de intereses, como en el caso de la doble representación de un jugador o de un entrenador y de la entidad de origen, de la entidad de origen y de la de destino o también cuando el agente pretende representar a todas las partes de la transacción.
195 Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional remitente constatase que no existen otros medios menos perjudiciales para la competencia que permitan alcanzar con la misma eficacia el objetivo de proteger a los clientes de los agentes de fútbol frente a eventuales conflictos de intereses de estos últimos, unas normas que, como las enunciadas en el artículo 12, apartados 8 a 10, del RAF, tienen por objeto restringir la representación múltiple, pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia mencionada en el apartado 176 de la presente sentencia.
196 En lo que respecta, en segundo lugar, a las normas relativas a la remuneración que puede percibir un agente de fútbol por la contratación de un futbolista o de un entrenador y, en particular, a la norma que establece un límite de honorarios dinámico, recogida en el artículo 15, apartado 2, del RAF, la FIFA sostiene, con carácter principal, que persiguen el objetivo de subsanar determinadas anomalías del mercado, entre ellas, las expuestas en el apartado 182 de la presente sentencia. Pues bien, formulado en estos términos, parece que ese objetivo tiene un carácter puramente económico de manera que no puede justificar, por sí solo, que se aplique la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia.
197 Dicho esto, de las observaciones de la FIFA se desprende que esta también alega que esas normas persiguen determinados objetivos enunciados en el artículo 1, apartado 2, del RAF, entre los que figuran, en particular, los relativos a la protección de los clientes frente a comportamientos de los agentes de fútbol contrarios a las exigencias éticas aplicables a esa actividad y a la protección de los jugadores que carecen de experiencia o información sobre el sistema de traspasos en el fútbol. Pues bien, como se ha indicado en el apartado 188 de la presente sentencia, esos objetivos son objetivos legítimos de interés general, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia, que una federación deportiva puede perseguir.
198 Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe que dichas normas persiguen efectivamente, en última instancia, los objetivos mencionados en el apartado anterior de la presente sentencia y que no se han alterado sus funciones para servir, en realidad, a fines puramente económicos, es preciso realizar las siguientes observaciones en relación con las diferentes normas de que se trata.
199 En lo referente, en primer término, a la norma por la que se establece un límite de honorarios dinámico, recogida en el artículo 15, apartado 2, del RAF; en segundo término, a la norma que prohíbe a los agentes de fútbol que representan a una persona pactar su remuneración sobre una base distinta de la remuneración de la persona transferida y a los agentes de fútbol que representan a la entidad de origen pactarlos sobre una base distinta de la indemnización por transferencia, que figura en el artículo 15, apartado 1, de ese Reglamento, y, en tercer término, a la norma que prevé que el importe de los honorarios debe determinarse sobre la base de la remuneración efectivamente percibida por la persona, plasmada en el artículo 14, apartado 7, de ese mismo Reglamento, resulta que todas ellas pueden alcanzar, al menos, el objetivo legítimo de interés general de proteger a los clientes contra comportamientos de los agentes de fútbol contrarios a las exigencias éticas aplicables a esa actividad. En efecto, esas normas pueden evitar situaciones en las que los agentes de fútbol se verían incentivados a actuar en un interés distinto del de sus clientes y, en consecuencia, pueden reducir el riesgo de que aquellos se encuentren en una situación de conflicto de intereses.
200 Lo mismo sucede con la norma prevista en el artículo 14, apartado 10, del RAF que prohíbe que, cuando un agente ejerce la representación tanto de la entidad de destino como la de una persona, la primera pague más del 50 % de la remuneración total adeudada; con la norma contemplada en el artículo 14, apartados 2 y 3, del dicho Reglamento, que prohíbe a terceros pagar las remuneraciones adeudadas, y con la norma prevista en el artículo 16, apartado 3, letra e), de ese mismo Reglamento, en relación con el artículo 18 ter del RETJ, que prohíbe que, por el traspaso de una persona, los agentes perciban remuneraciones cuya base de cálculo dependa de la indemnización por transferencia futura que la entidad de destino recibirá con ocasión de un posterior traspaso de esa misma persona.
201 En cuanto a la norma recogida en el artículo 15, apartados 3 y 4, del RAF, que sienta la presunción de que los otros servicios que un agente de fútbol u otro agente vinculado al primero, preste dentro de los veinticuatro meses anteriores o posteriores a la prestación de los servicios de representación, deben considerarse parte de esos servicios de representación, debe señalarse que esa norma pretende evitar que se eluda la norma que establece un límite de honorarios dinámico. De ello se deduce que debe considerarse que una norma que establece tal presunción persigue los mismos objetivos que la norma que fija un límite de honorarios dinámico y, en particular, el basado en la protección de los clientes frente a comportamientos de los agentes que son contrarios a las exigencias éticas aplicables a esa actividad, y que tal norma es adecuada para perseguir, al menos, este último objetivo.
202 Si el órgano jurisdiccional remitente constata que esas normas relativas a la remuneración de los agentes de fútbol persiguen efectivamente los objetivos enunciados en el apartado 197 de la presente sentencia y que no se han alterado sus funciones propias para servir, en realidad, a perseguir fines puramente económicos, le corresponderá seguidamente determinar si se podía recurrir a otras medidas menos restrictivas de la competencia que habrían permitido contribuir con la misma eficacia a la consecución de esos objetivos.
203 Por último, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente evaluar si tales normas pueden generar efectos restrictivos de la competencia desproporcionados.
204 En particular, por lo que respecta al establecimiento de un límite dinámico, —que, de entre las normas relativas a la remuneración de los agentes a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, resulta ser aquella que, a priori, puede ser perjudicial para la competencia— es preciso señalar que, por una parte, ese límite se determina en proporción, bien a la remuneración percibida por el jugador o entrenador cuando el agente de fútbol representa a una persona o entidad de destino, bien a la compensación abonada por la entidad de destino a la entidad de origen, cuando el agente representa a esta última y que, de este modo, los operadores afectados conservan la facultad de competir tanto en los precios como en relación con cualquier otro parámetro pertinente, como la calidad de los servicios prestados o la innovación. Por otra parte, de los autos a disposición del Tribunal de Justicia no se desprende que se haya previsto una limitación para los honorarios que los agentes pueden percibir por servicios distintos de los vinculados al traspaso, sin perjuicio de la aplicación de la presunción iuris tantum enunciada en el artículo 15, apartados 3 y 4, del RAF.
205 En cuanto a la norma que prohíbe a terceros abonar la remuneración adeudada en virtud de un contrato de agente de jugadores o entrenadores prevista en el artículo 14, apartados 2 y 3, del RAF, la circunstancia, puesta de relieve por el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, de que dicha norma priva a los jugadores y entrenadores de que se trata de la ventaja consistente en no tener que abonar ellos mismos esa remuneración, no consta que permita considerar que esa norma produce un efecto desproporcionado sobre la competencia en relación con el objetivo perseguido consistente, según la FIFA, en la protección de los clientes de los agentes de fútbol de eventuales comportamientos de estos últimos contrarios a las exigencias éticas aplicables a esa actividad, ya que esa misma norma no es menos apta para evitar que los agentes de futbolistas o de entrenadores se vean incitados a actuar en interés de la persona que abona la remuneración en detrimento del interés de sus clientes. Pues bien, ese riesgo de conflicto de intereses puede suponer para los clientes consecuencias que, de un modo diferente, son más importantes que la obligación de tener que abonar ellos mismos esa remuneración.
206 Sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar que las normas mencionadas en los apartados 204 y 205 de la presente sentencia, así como las restantes normas relativas a la remuneración que puede percibir un agente, reúnen todos los requisitos recordados en el apartado 176 de la presente sentencia.
207 En tercer lugar, en lo tocante a las normas relativas a las licencias de agente de fútbol, recogidas en el artículo 5, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del RAF, en la medida en que supeditan la obtención de esa licencia a la inexistencia de medidas penales o disciplinarias contra los agentes, de la resolución de remisión se desprende que esas normas pretenden establecer reglas éticas mínimas y proteger a los jugadores y entrenadores, sobre todos a aquellos que comienzan su carrera, contra las prácticas abusivas de los agentes. Pues bien, esas normas resultan adecuadas para alcanzar esos objetivos legítimos de interés general.
208 Sentado lo anterior, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, sobre la base de todos los elementos pertinentes de que dispone, si no podía alcanzarse el mismo nivel de protección de ese objetivo mediante medidas menos restrictivas de la competencia que fueran igualmente eficaces y si los efectos restrictivos generados por las medidas adoptadas no son desproporcionados en relación con tal objetivo, en particular eliminando toda competencia en el mercado de que se trate.
209 En lo que respecta a las normas a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial relativas a las licencias de agente de fútbol que condicionan su obtención y mantenimiento a que los solicitantes y titulares de una licencia de agente de fútbol acepten, por un lado, regirse por las normas de la FIFA y, con carácter subsidiario, por el Derecho suizo y, por otro lado, someterse a la jurisdicción de dicha federación, de las federaciones miembros y del TAS, estas normas puedan considerarse justificadas por el objetivo que invoca la FIFA, consistente en garantizar un mejor nivel de protección a los clientes de los agentes de fútbol y a los propios agentes, en particular proporcionándoles en todo el mundo un marco jurídico uniforme acompañado de un mecanismo de control por parte de una instancia decisoria única.
210 Además, en la medida en que imponen a los solicitantes y titulares de una licencia de agente de fútbol que acepten regirse por las normas de la FIFA, cabe considerar que tales normas pretenden garantizar la integridad del sistema de traspasos y, en sentido más amplio, de las competiciones deportivas. Pues bien, ese objetivo puede considerarse un objetivo legítimo de interés general en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia.
211 Incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si la aplicación de las normas de la FIFA y del Derecho suizo a los agentes de fútbol y su sumisión a la jurisdicción de las instancias previstas al efecto, puede generar efectos restrictivos de la competencia desproporcionados con respecto a ese objetivo.
212 En lo concerniente, en cuarto lugar, a las normas referidas a los «contactos», plasmadas en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c) del RAF, no consta, en cambio, que estén justificadas por el objetivo que ha invocado la FIFA. En efecto, en sus observaciones escritas, esta se limita a invocar, como objetivo que no tiene un carácter puramente económico, que tales normas permiten determinar con claridad el período durante el cual los agentes de fútbol pueden entrar en contacto con un jugador para firmar un contrato de representación y en el que los jugadores pueden escoger a sus agentes. No obstante, aun suponiendo que ese objetivo pueda considerarse un objetivo legítimo de interés general, no cabe entender que se esté persiguiendo de forma coherente, toda vez que, como se ha observado en el apartado 158 de la presente sentencia, esas normas no se aplican a los agentes que ya están vinculados mediante un contrato de representación exclusiva.
213 En quinto lugar, en cuanto a las normas recogidas en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), y las recogidas en el artículo 19, letras a) a d), del RAF, que rigen la comunicación de determinados datos a la FIFA y a las demás personas que deben aplicar el RAF, en la medida en que ese reglamento persigue, en sí, ciertos objetivos legítimos de interés general, puede considerarse que esas normas contribuyen a la aplicación de los medios necesarios para la consecución de los objetivos mencionados en el apartado 187 de la presente sentencia.
214 Pues bien, en la medida en que estas normas exigen la comunicación de datos para permitir por un lado, que la FIFA compruebe la observancia de dicho Reglamento y, por otro lado, que los destinatarios de dicho Reglamento se atengan a él, parecen adecuadas para alcanzar tales objetivos.
215 Además, por lo que respecta, en todo caso, a los datos a que se refiere el artículo 16, apartado 2, letra j), incisos ii) a v), y a los mencionados en el artículo 19, letras a) a d), del RAF, no parece desprenderse de los autos a disposición del Tribunal de Justicia que existan otras medidas que permitan alcanzar con la misma eficacia los objetivos que se persiguen. Por otro lado, no parece que pueda considerarse que la publicación de esos datos puede generar, por sí misma, efectos restrictivos de la competencia desproporcionados. Corresponde no obstante al órgano jurisdiccional remitente examinar estos dos aspectos a la luz de todos los elementos pertinentes aportados por las partes en el litigio principal.
216 En cambio, en lo que atañe a los datos mencionados en el artículo 19, letra e), del RAF, es preciso señalar que la redacción particularmente amplia de esa disposición, al referirse a «los datos de todas las transacciones en las que participen agentes de fútbol», parece dejar abierta la posibilidad de que la publicación de esos datos no sea necesaria para lograr el objetivo de garantizar la aplicación correcta de tal Reglamento.
217 En particular, la aplicación de esa disposición resulta ser apta para permitir a los competidores conocer el importe de los honorarios abonados a los agentes de fútbol. Pues bien, aunque una cierta transparencia tarifaria es necesaria para permitir a los agentes de fútbol que desean ponerse en contacto con nuevos clientes ofrecer precios competitivos, es preciso señalar que el acceso a datos anonimizados, como la dispersión de los precios que aplican los agentes de fútbol con respecto al promedio, podría bastar para lograr ese objetivo.
218 Par consiguiente, la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia parece aplicarse únicamente a normas como las recogidas en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF y en el artículo 19, letras a) a d), de dicho Reglamento, pero no a la que figura en su artículo 19, letra e).
– Posibilidad de que determinados comportamientos estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3
219 De conformidad con el artículo 101 TFUE, apartado 3, cualquier acuerdo, cualquier decisión de asociación de empresas o cualquier práctica concertada que sea contraria al artículo 101 TFUE, apartado 1, por tener un objeto o efectos contrarios a la competencia, puede acogerse a una excepción si ese acuerdo, esa decisión o esa práctica cumple los cuatro requisitos acumulativos previstos en aquella disposición.
220 Como se desprende del propio tenor de la citada disposición, los requisitos que el artículo 101 TFUE, apartado 3, prevé para acogerse a una excepción son, en primer término, que el acuerdo entre empresas, la decisión de una asociación de empresas o la práctica concertada controvertida contribuya a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico; en segundo término, que quede demostrado que se reserva a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante de esos incrementos de eficiencia; en tercer término, que el acuerdo, la decisión o la práctica en cuestión no imponga a las empresas participantes restricciones que no sean indispensables para alcanzar esos incrementos de eficiencia, y, en cuarto término, que ese acuerdo, esa decisión o esa práctica no ofrezca a las empresas participantes la posibilidad de eliminar cualquier competencia efectiva respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate.
221 En lo que respecta al primero de esos cuatro requisitos, este exige que se demuestre con un grado suficiente de probabilidad que el acuerdo entre empresas, la decisión de una asociación de empresas o la práctica concertada en cuestión permite que se obtengan incrementos de eficiencia (sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 154).
222 A este respecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que los incrementos de eficiencia que el acuerdo, la decisión de una asociación de empresas o la práctica concertada de que se trata en un determinado caso debe permitir obtener no pueden identificarse con todas las ventajas que las empresas participantes extraigan de ese acuerdo, esa decisión o esa práctica en relación con su actividad económica, sino únicamente con las ventajas objetivas apreciables que dicho acuerdo, dicha decisión o dicha práctica permita obtener en los diferentes sectores o mercados de que se trate. Asimismo, para poder considerar cumplido este primer requisito, es preciso no solo demostrar la realidad y el alcance de esos incrementos de eficiencia, sino también acreditar que estos pueden compensar los inconvenientes que el acuerdo, la decisión o la práctica en cuestión genera en el ámbito de la competencia (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 192 y jurisprudencia citada).
223 Esos incrementos deben ser cuantificables (véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 196), en el sentido de que debe ser posible ponderarlos, con ayuda de una tabla de evaluación, con la nocividad que, en el contexto de que se trate, presente la forma de coordinación entre empresas que representa el acuerdo, la decisión o la práctica concertada debido a sus características o incluso con los efectos restrictivos de la competencia, concretos o potenciales, que produce ese acuerdo, esa decisión o esa práctica.
224 En el litigio principal, el hecho de que las normas controvertidas restrinjan las posibilidades de que los agentes de fútbol puedan beneficiarse de determinadas anomalías del mercado podría implicar la existencia de incrementos de eficiencia en el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales de una entidad otra o en el mercado de trabajo de los futbolistas o entrenadores. En efecto, la corrección de un fallo del mercado puede generar, en principio, esos incrementos de eficiencia económica, extremo que incumbe comprobar, no obstante, al órgano jurisdiccional teniendo en cuenta todas las exigencias recordadas en los apartados 219 a 223 de la presente sentencia.
225 En cuanto al segundo requisito mencionado en el apartado 220 de la presente sentencia, este implica demostrar que los incrementos de eficiencia que el acuerdo, la decisión o la práctica en cuestión debe permitir obtener inciden favorablemente sobre el conjunto de los usuarios, ya se trate de profesionales, de consumidores intermedios o de consumidores finales, en los diferentes sectores o mercados de que se trate (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 193).
226 A este respecto, procede señalar que, en la medida en que el concepto de «el conjunto de los usuarios» supone apreciar la existencia de esos incrementos, este segundo requisito debe entenderse en el sentido de que no exige necesariamente que cada potencial usuario de los bienes o servicios de que se trate se beneficie por igual, o incluso de manera individual, de tales incrementos, siempre que una parte equitativa del beneficio resultante de esos incrementos beneficie al conjunto de los usuarios globalmente considerados.
227 Por lo que se refiere al tercer requisito, relativo al carácter indispensable o necesario del comportamiento en cuestión, tal requisito implica apreciar y comparar la incidencia respectiva, por un lado, del acuerdo, de la decisión o de la práctica de que se trata y, por otro lado, de las medidas alternativas que puedan realmente contemplarse, para determinar si los incrementos de eficiencia que se esperan de dicho comportamiento pueden alcanzarse a través de medidas menos restrictivas para la competencia (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 197, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 156).
228 En lo concerniente al cuarto requisito, la comprobación de que este se cumple en un caso concreto implica llevar a cabo un examen de los elementos cuantitativos y cualitativos que caracterizan el funcionamiento de la competencia en los sectores o mercados correspondientes para determinar si el acuerdo, la decisión de una asociación de empresas o la práctica concertada en cuestión ofrece a las empresas participantes la posibilidad de eliminar cualquier competencia efectiva respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 198).
229 El hecho de que no se cumpla uno de estos cuatro requisitos acumulativos basta para excluir que el comportamiento en cuestión pueda acogerse a la excepción prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 3 (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 208, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 155).
230 Corresponde a la empresa o asociación de empresas que invoque dicha disposición demostrar, mediante argumentos y pruebas convincentes, que concurren los requisitos exigidos para acogerse a una excepción (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, GlaxoSmithKline Services y otros/Comisión y otros, C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, EU:C:2009:610, apartado 82).
231 Cuando la naturaleza de estos argumentos y pruebas pueda obligar a la otra parte a refutarlos de forma convincente, cabe considerar que, en ausencia de tal refutación, la parte que invoca el artículo 101 TFUE, apartado 3, ha satisfecho la carga de la prueba que recae sobre ella (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 191).
232 De ello se deduce que, en el litigio principal, para poder acogerse al artículo 101 TFUE, apartado 3, incumbe a la FIFA demostrar ante el órgano jurisdiccional remitente, mediante argumentos y pruebas convincentes, que la adopción del RAF ha generado incrementos de eficiencia, cualitativos o cuantitativos, que pueden producirse en los mercados que guardan relación con los servicios de representación y que estos incrementos pueden compensar, para los consumidores, todos los efectos negativos resultantes de las normas controvertidas de dicho Reglamento, aun cuando tales normas constituyan restricciones de la competencia por su «objeto» o «efecto».
233 Dicho esto, por lo que respecta a una norma como la establecida en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del RAF, procede recordar que del apartado 158 de la presente sentencia se desprende que la prohibición a los agentes de entrar en contacto o celebrar un contrato de representación con un cliente ya sujeto a un contrato de representación exclusiva no es aplicable a los agentes que ya están sujetos a un contrato de este tipo, de manera que esta norma confiere a estos últimos una ventaja indebida. Por lo tanto, no parece que cumpla el primero de los requisitos enunciados en el artículo 101 TFUE, apartado 3, ya que no puede considerarse que genere ningún incremento de eficiencia.
234 Por consiguiente, de todas las consideraciones anteriores se desprende que el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, en la medida en que, por una parte, las exigencias derivadas de esa normativa crean restricciones de la competencia, tanto si se califican de restricciones por el «objeto», como por el «efecto», y, por otra parte, tales restricciones no pueden cumplir los requisitos que el artículo 101 TFUE, apartado 3, establece para acogerse a una excepción a la prohibición prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 1, o, por lo que respecta a las exigencias que tienen por efecto restringir la competencia, dichas restricciones no persiguen un objetivo legítimo de interés general a la luz del cual estas resulten adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto.
b) Sobre la cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 102 TFUE
235 Conviene recordar, de entrada, que los artículos 101 TFUE y 102 TFUE deben ser interpretados y aplicados de forma coherente, observando, no obstante, las características específicas propias de cada uno de ellos (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 119).
236 Pues bien, de conformidad con el artículo 102 TFUE, es incompatible con el mercado interior y queda pues prohibido todo comportamiento imputable a una o varias empresas que tengan una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros y que consista en una explotación abusiva de esa posición.
1) Hecho de que el comportamiento de que se trata emana de una o varias empresas
237 En el caso de autos, consta que el RAF fue adoptado únicamente por la FIFA. Es cierto que, a efectos de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, se consideró que dicha entidad constituía una asociación de empresas. Sin embargo, esta circunstancia no excluye que dicha federación pueda calificarse, a efectos de la aplicación del artículo 102 TFUE, como una «empresa».
238 En efecto, dado que la FIFA también persigue objetivos propios y que, a tal efecto, opera en varios mercados, como los de la organización de competiciones deportivas y los de la venta de entradas, la cesión de los derechos televisivos, la comercialización de acuerdos mediáticos, el patrocinio o la comercialización de licencias de uso de derechos de propiedad intelectual, cabe considerar que esa federación encaja en la calificación de «empresa» a efectos de la aplicación del artículo 102 TFUE (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 115).
2) Posesión de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo
239 Según reiterada jurisprudencia, el concepto de «posición dominante» se refiere a una situación de poder económico en la que se encuentra una o varias empresas, que les da la facultad de oponerse al mantenimiento de una competencia efectiva en uno o varios mercados de referencia, que pueden ser distintos de aquel en el que tienen ese poder, permitiéndoles actuar, en gran medida, de manera independiente respecto a sus competidores, a sus clientes y, finalmente, a los consumidores (véase, en ese sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, AstraZeneca/Comisión, C‑457/10 P, EU:C:2012:770, apartado 175).
240 Pues bien, ese poder económico en un mercado puede derivarse, en particular, del hecho de que una empresa ejerza facultades normativas, de control y sancionadoras en una parte significativa de ese o esos mercados (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 137).
241 En el caso de autos, consta que la FIFA, como organización que encabeza y agrupa a las diferentes confederaciones y federaciones internacionales y nacionales de fútbol, puede, en virtud de la facultad normativa que le confiere dicha organización, ejercer en la práctica esa facultad respecto a la mayor parte de las actividades económicas vinculadas al fútbol y, por lo tanto, en los mercados de referencia, y, en ese contexto, obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en esos mercados.
242 Es cierto que, a diferencia de los hechos que dieron lugar a las sentencias de 1 de julio de 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), y de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011), la FIFA no opera, ella misma, en esos mercados ni, en particular, en aquellos que puedan verse afectados principalmente por el RAF, a saber, el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales y el mercado de trabajo de los jugadores o entrenadores profesionales.
243 No obstante, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 137 de sus conclusiones, esa circunstancia no se opone a que la FIFA está facultada para determinar las condiciones en las que las empresas pueden acceder al mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales y al mercado de trabajo de los jugadores o entrenadores.
244 Por consiguiente, procede declarar que la FIFA ocupa una posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, en los distintos mercados en los que ejerce sus facultades normativas, de control y sancionadoras, en particular, en los mercados que pueden verse afectados por la aplicación del RAF.
3) Concepto de «afectación del comercio entre los Estados miembros»
245 Habida cuenta de que el concepto de «afectación del mercado entre los Estados miembros» es común a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE y en la medida en que en el apartado 95 de la presente sentencia se ha declarado que, en este caso, ese requisito se cumple a efectos de la aplicación del artículo 101 TFUE, de ello se desprende que ocurre lo mismo en lo que respecta a la aplicación del artículo 102 TFUE.
4) Existencia de un abuso
246 Como resulta de reiterada jurisprudencia, el artículo 102 TFUE tiene por objetivo evitar que se menoscabe la competencia en detrimento del interés general, de las empresas individuales y de los consumidores, reprimiendo los comportamientos de empresas en posición dominante que restringen la competencia basada en los méritos y que, de este modo, pueden causar un perjuicio directo a los consumidores, o que impiden o falsean esta competencia y que pueden, de este modo, causarles un perjuicio indirecto (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 124 y jurisprudencia citada).
247 En efecto, sobre las empresas que ocupan una posición dominante, con independencia de las causas de tal posición, recae una responsabilidad especial, la de no perjudicar, con su conducta, a la competencia efectiva y no falseada en el mercado interior (sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 74).
248 Constituyen abusos de este tipo los comportamientos que, por medios distintos de los que rigen una competencia entre las empresas basada en los méritos, impiden el mantenimiento del grado de competencia que existe en el mercado o el desarrollo de esta competencia (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 125 y jurisprudencia citada).
249 En cambio, el artículo 102 TFUE no tiene por objeto impedir que las empresas alcancen, por sus propios méritos, una posición dominante en uno o varios mercados ni garantizar que permanezcan en el mercado empresas competidoras menos eficaces que las que ocupan tal posición dominante (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 126 y jurisprudencia citada).
250 Por el contrario, la competencia basada en los méritos puede, por definición, entrañar la desaparición del mercado o la marginalización de los competidores menos eficaces y, por tanto, menos interesantes para los consumidores, especialmente en cuanto a precios, oferta, calidad o innovación (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 127 y jurisprudencia citada).
251 Con más razón, el artículo 102 TFUE, al mismo tiempo que impone a las empresas en posición dominante la responsabilidad especial de no menoscabar, con su comportamiento, una competencia efectiva y no falseada en el mercado interior, no prohíbe la existencia en sí misma de una posición dominante, sino únicamente su explotación abusiva (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 128 y jurisprudencia citada).
252 La demostración de que un comportamiento debe calificarse de «explotación abusiva de una posición dominante», que puede implicar el recurso a marcos de análisis diferentes en función del tipo de comportamiento de que se trate en un caso concreto, debe realizarse, sin embargo, en todos los casos, tomando en consideración todas las circunstancias de hecho pertinentes (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 130 y jurisprudencia citada).
253 Entre los tipos de comportamientos que puedan caracterizar un abuso de posición dominante no solo figuran los «abusos de exclusión», es decir, aquellos que pueden excluir a los competidores de uno o varios mercados de referencia mediante el recurso a medios distintos de los que rigen una competencia basada en los méritos (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 129), sino también los que pueden calificarse como un «abuso de explotación», consistentes en que esa empresa aproveche de forma abusiva su posición dominante en el mercado en perjuicio de sus clientes o proveedores y, en última instancia, de los consumidores, imponiéndoles condiciones comerciales, de tarifas o de otro tipo, que no se habrían aplicado en caso de competencia efectiva y, por lo tanto, suficientemente eficaz (véase, en este sentido, la sentencias de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión, 27/76, EU:C:1978:22, apartado 249, y de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartado 35).
254 En el caso de autos, los demandantes en el litigio principal sostienen que las normas del RAF mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente producen a la vez efectos de exclusión y efectos de explotación en el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales y en el mercado de trabajo de jugadores o entrenadores.
255 En tal sentido señalan, por una parte, que estas normas tienen por efecto restringir, tanto para los agentes de fútbol como para los jugadores, entrenadores, clubes o ligas jurídicamente independientes, el acceso al primero de estos mercados y, para los agentes que ya operan en él, la posibilidad de competir de manera efectiva e, igualmente, que limitan, para los clubes, los medios para competir entre ellos en el mercado de trabajo de jugadores o entrenadores. Por otra parte, dichas normas implican, según los demandantes, imponer a los agentes condiciones de transacción distintas de las que habrían prevalecido en condiciones normales de competencia.
256 En lo que respecta, en primer lugar, a la existencia de eventuales abusos de exclusión, es preciso recordar que, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 253 de la presente sentencia, para que el comportamiento adoptado por una empresa quede comprendido en ese marco de análisis, esa empresa debe competir de manera efectiva o potencial con las empresas afectadas por el comportamiento de que se trata.
257 En efecto, el marco de análisis propio de los abusos de exclusión se basa en el examen de que, por un lado, el comportamiento de que se trata se aparte de la competencia basada en el mérito y, por otro lado, que ese comportamiento pueda surtir efectos reales o potenciales que puedan restringir la competencia, expulsando a empresas competidoras igualmente eficaces del mercado o de los mercados en cuestión o impidiendo su desarrollo en estos mercados, debiendo señalarse que tales mercados pueden ser tanto aquellos en los que se ostenta la posición dominante como aquellos, conexos o próximos, en los que tal comportamiento puede producir sus efectos reales o potenciales [véase, en ese sentido, la sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 129, y de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 165].
258 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el primer requisito que debe analizarse en el contexto de ese examen puede cumplirse, en particular, si se demuestra que un hipotético competidor igual de eficiente pero no dominante no puede replicar el comportamiento de que se trata (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 82), mientras que el segundo requisito exige que el comportamiento en cuestión tenga por efecto excluir a un hipotético competidor igual de eficiente del mercado o de los mercados de referencia o impedir su desarrollo en esos mercados (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 129 y jurisprudencia citada).
259 Dicho esto, la constatación de una infracción del artículo 102 TFUE a consecuencia de un abuso de exclusión no está supeditada a la demostración de que el comportamiento en cuestión puede expulsar, en concreto, a ese competidor [véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartados 263 y 264].
260 En efecto, la referencia a un competidor de igual eficacia, cuando resulta pertinente, también permite recordar que, para que concurra el segundo requisito mencionado en el apartado 257 de la presente sentencia, los efectos de exclusión reales o potenciales del comportamiento en cuestión no deben afectar solo a las empresas menos eficaces, habida cuenta de que consta que el artículo 102 TFUE no tiene por objeto impedir que las empresas alcancen, por sus propios méritos, una posición dominante en uno o varios mercados, ni garantizar que permanezcan en el mercado empresas competidoras menos eficaces que las que ocupan tal posición dominante. Por el contrario, la competencia basada en el mérito puede entrañar, por definición, la desaparición del mercado o la marginalización de los competidores menos eficaces y, por tanto, menos interesantes para los consumidores, especialmente en cuanto a precios, producción, oferta, calidad o innovación [sentencia de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping), C‑48/22 P, EU:C:2024:726, apartado 164 y jurisprudencia citada].
261 Ha de señalarse que, en el litigio principal, cabe considerar que la FIFA ocupa una posición dominante en el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales y en el mercado de trabajo de jugadores o entrenadores, que se deriva de las facultades normativas, de control y sancionadoras que ejerce en esos mercados, como se ha señalado en el apartado 244 de la presente sentencia.
262 Es cierto que de los autos a disposición del Tribunal de Justicia no se desprende que la FIFA esté presente, como empresa, en uno u otro de esos mercados o que tenga la intención de ejercer una actividad económica en ellos a corto o medio plazo.
263 Sin embargo, la FIFA tiene como miembros a las federaciones nacionales de fútbol, que agrupan a su vez a empresas, como las ligas jurídicamente independientes y los clubes, que ejercen distintas actividades económicas, entre ellas, en particular, la organización de competiciones de fútbol y la participación en ellas. El ejercicio de esta última actividad implica que tales ligas y clubes intervengan en el mercado de la contratación de jugadores y entrenadores profesionales y en el de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales.
264 Ahora bien, aunque no puede considerarse que las ligas jurídicamente independientes y los clubes de fútbol, por un lado, y los agentes de fútbol que operan en ese mercado, por otro lado, sean competidores, lo cierto es que persiguen intereses económicos, comerciales y financieros contrapuestos, en particular, en lo que respecta al reparto de los beneficios que pueden derivarse del traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales en el que puedan intervenir.
265 Por lo tanto, en el supuesto de que la FIFA hiciera uso de sus facultades normativas y, por lo tanto, de su posición dominante, para limitar, orientar o regular el desarrollo de la competencia en el mercado de mercado de los servicios de representación en función de los intereses económicos o competitivos de las ligas jurídicamente independientes y de los clubes que son miembros de las federaciones nacionales afiliadas a ella, ese comportamiento podría calificarse de abuso de posición dominante y, más concretamente, de abuso de exclusión, aunque los efectos de ese comportamiento se manifestaran en mercados conexos o próximos a aquel en el que la FIFA ejerce sus propias actividades económicas. Ocurriría lo mismo en caso de que esa federación ejercitara las facultades de que dispone para limitar, orientar o regular el desarrollo de la competencia en ese mercado en función de sus propios intereses económicos o competitivos, incluidos los que se manifiesten en otros mercados, como el de la organización de determinadas competiciones entre clubes en los que ocupa una posición dominante.
266 Para determinar si ese es el caso en un asunto como el que se ventila en el litigio principal, es preciso realizar, no obstante, un análisis detallado, completo y global del comportamiento en cuestión, lo que supone examinar la naturaleza, el contenido y los efectos reales o potenciales, en los mercados afectados, de las normas adoptadas por esa asociación para regular, controlar o sancionar los diferentes aspectos de las actividades económicas de que se trata.
267 En el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo ese análisis.
268 En lo tocante, en segundo lugar, a la existencia de un eventual abuso de explotación, es preciso señalar que la aplicación del marco de análisis inherente a esta calificación implica que, con su comportamiento, una empresa en posición dominante aproveche o intente aprovechar esa posición de manera abusiva en un determinado mercado en perjuicio de sus clientes, proveedores u otros socios comerciales.
269 En particular, constituyen un abuso de este tipo los comportamientos de una empresa en posición dominante consistentes en imponer a sus clientes o proveedores condiciones de transacción sin relación razonable con la naturaleza de la transacción o con el valor económico del producto o del servicio en el mercado (véase, en ese sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartado 35, y de 18 de diciembre de 2025, OSA, C‑161/24, EU:C:2025:985, apartado 29).
270 En el caso de autos, si bien consta que los agentes de fútbol no proporcionan ningún bien ni prestan ningún servicio a la FIFA, no es menos cierto que, con arreglo al artículo 16, apartado 2, letra f), del RAF, los agentes que deseen ejercer su actividad en el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales están obligados a abonar a dicha federación una cuota anual para el mantenimiento de su licencia, a la que pueden sumarse, en particular, los gastos derivados de realización del examen para la obtención de esa licencia.
271 Además, con carácter más general, ese mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales está intrínsecamente vinculado, en sí mismo, al mercado de trabajo de jugadores o entrenadores, mercados ambos en los que operan las empresas que son las ligas jurídicamente independientes y los clubes, las cuales son miembros de las federaciones nacionales de fútbol, reagrupadas a su vez en el seno de la FIFA y respecto de las cuales se ejercen las facultades normativas, de control y sancionadoras de que dispone la citada federación. En estas circunstancias, los agentes de fútbol están sujetos a las facultades de la FIFA y dependen al mismo tiempo, para ejercer su actividad, de socios comerciales que también son miembros, de forma indirecta, de esa federación. Por lo tanto, pueden verse expuestos a un eventual abuso de explotación derivado de que esa federación haga uso de las facultades de que dispone.
272 Dicho esto, como señala, en esencia, el Abogado General en los puntos 127 y 128 de sus conclusiones, para que se demuestre, mediante este marco de análisis, la existencia de ese abuso en circunstancias como las del litigio principal, es necesario demostrar que la empresa dominante impuso, en su interés, a sus clientes, a sus proveedores o a otros socios comerciales, condiciones de ejercicio de su actividad que carecen de justificación económica, técnica o jurídica objetiva.
273 En el litigio principal, la existencia de un abuso de explotación podría de este modo acreditarse demostrando que una federación deportiva razonablemente eficaz, que se encontrara en una situación comparable, se habría visto obligada a adoptar normas diferentes de las controvertidas, que, pese a ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos, hubieran sido significativamente menos perjudiciales para los intereses propios de los agentes.
274 En cualquier caso, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, respecto de cada una de esas normas, si pueden examinarse mediante el marco de análisis aplicable a los abusos de explotación y determinar si las diferentes normas a las que se refiere el órgano jurisdiccional remitente pueden constituir abusos de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE.
5) Posibilidad de justificar un comportamiento comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 102 TFUE
275 En el supuesto de que los demandantes en el litigio principal lograran demostrar que algunas de las normas controvertidas pueden calificarse de «explotación abusiva de posición dominante», en la medida en que tales normas reflejen que la FIFA abusa de la posición dominante que tiene, por ejemplo, en el mercado de los servicios de representación para el traspaso internacional de jugadores o entrenadores profesionales o en el mercado de trabajo de futbolistas o entrenadores, dicha federación podría intentar justificar ese comportamiento. Para ello, la FIFA podría alegar o bien que su comportamiento está comprendido en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia citada en el apartado 176 de la presente sentencia, que es objetivamente necesario debido a limitaciones específicas y legítimas, en particular de orden jurídico, industrial o comercial (véanse, por analogía, las sentencias de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16, EU:C:2017:689, apartado 60, y de 25 de febrero de 2025, Alphabet y otros , C‑233/23, EU:C:2025:110, apartados 71 y 74), o bien, además, demostrar que los efectos negativos que pueden derivarse de ese comportamiento para los consumidores se ven contrarrestados, o incluso superados, por incrementos de eficiencia que beneficien también a esos consumidores (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 202).
276 En lo concerniente, en primer término, a la jurisprudencia citada en el apartado 176 de la presente sentencia, procede señalar que su aplicación está sujeta, en el contexto de la aplicación del artículo 102 TFUE, a los mismos requisitos que se han recordado en los apartados 176 a 179 de la presente sentencia en relación con la aplicación del artículo 101 TFUE.
277 En particular, esa jurisprudencia no es aplicable a comportamientos que, con independencia de los objetivos legítimos de interés general que podrían invocarse para justificarlos, infringen por su propia naturaleza el artículo 102 TFUE (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 185).
278 En segundo término, en cuanto a la facultad de una empresa de invocar el carácter objetivamente necesario de su comportamiento debido a limitaciones específicas y legítimas, es preciso recordar que, entre las situaciones que la jurisprudencia ya ha considerado que pueden caracterizar la existencia de tales limitaciones, figura, en particular, la existencia de exigencias legítimas, como la necesidad de hacer frente a limitaciones comerciales o técnicas particulares (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 3 de octubre de 1985, CBEM, 311/84, EU:C:1985:394, apartado 26, y de 25 de febrero de 2025, Alphabet y otros, C‑233/23, EU:C:2025:110, apartado 73).
279 En el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si los demandantes han demostrado la existencia de esa situación.
280 De ser así, dicho órgano jurisdiccional deberá comprobar además que el comportamiento de la empresa de que se trata, en el caso de autos, la FIFA, ha sido proporcionado, lo que supone, como exige la aplicación de la jurisprudencia recordada en el apartado 179 de la presente sentencia, que dicho comportamiento haya sido, en primer lugar, adecuado para responder a dichas limitaciones, en segundo lugar, necesario a tal fin y, en tercer lugar, que no haya supuesto un perjuicio para la competencia desmesurado en relación con las consecuencias que se habrían derivado del incumplimiento de dichas limitaciones, en particular, eliminando toda competencia.
281 En lo tocante, en tercer término, a la posibilidad de justificar un eventual abuso de posición dominante en que los efectos negativos que pueden derivarse de ese comportamiento para los consumidores se ven contrarrestados, o incluso superados, por incrementos de eficiencia que también les benefician, conviene recordar que tal posibilidad está sujeta a los mismos requisitos que se prevén para la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3, expuestos en los apartados 176 a 179 de la presente sentencia.
282 En el supuesto de que se demostrara, en el caso de autos, que los demandantes han satisfecho la carga de la prueba que recae sobre ellos, en lo que respecta a la demostración de la existencia de un abuso de posición dominante, corresponderá a continuación al órgano jurisdiccional remitente apreciar el carácter fundado de las alegaciones formuladas por la FIFA para justificar dichas normas, sobre la base de la jurisprudencia recordada en el apartado 176 de la presente sentencia, de la existencia de incrementos de eficiencia o bien de su carácter objetivamente necesario a la luz de limitaciones específicas.
283 De todo lo anterior resulta que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, siempre que, por una parte, esa federación disponga de facultades normativas obligatorias con respecto a una parte sustancial del mercado de referencia y que las exigencias derivadas de esa normativa puedan constituir un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, y, por otra parte, tales exigencias no persigan un objetivo legítimo de interés general a la luz del cual estas resulten adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto, no sean objetivamente necesarias debido a limitaciones específicas y legítimas, en particular de orden jurídico, industrial o comercial, y no generen incrementos de eficiencia que beneficien a los consumidores que permitan compensar los efectos negativos que aquellas suponen para esos consumidores.
3. Sobre la cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 56 TFUE
284 De conformidad con el artículo 56 TFUE, quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación.
285 Aunque esta disposición se dirige, en primer lugar, a los Estados miembros, puede aplicarse, no obstante, cuando un grupo o una organización que ejerce cierto poder sobre los particulares, puede imponerles condiciones equivalentes a las que podría imponerles un Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 1974, Walrave y Koch, 36/74, EU:C:1974:140, apartado 17; de 11 de abril de 2000, Deliège, C‑51/96 y C‑191/97, EU:C:2000:199, apartado 47, y de 13 de junio de 2019, TopFit y Biffi, C‑22/18, EU:C:2019:497, apartado 39).
286 Por lo tanto, el artículo 56 TFUE puede oponerse a cualquier normativa adoptada por un organismo deportivo internacional que pueda dificultar el ejercicio de esta libertad al prohibir, obstaculizar o hacer menos interesante para cualquier prestador establecido en un Estado miembro el ejercicio de sus actividades en otro Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de marzo de 2010, Olympique Lyonnais, C‑325/08, EU:C:2010:143, apartado 33, y de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 247 y jurisprudencia citada), a menos que esa normativa esté justificada.
a) Existencia de un obstáculo
287 En el caso de autos, consta que el RAF se aplica en todos los Estados miembros.
288 No obstante, no es menos cierto que, a raíz de la adopción de las normas controvertidas por parte de la FIFA, los agentes de fútbol establecidos en determinados Estados miembros no pueden prestar desde entonces algunos de sus servicios a determinados clientes, actuales o potenciales, establecidos en el territorio de otros Estados miembros en los que esa actividad no estaba regulada con anterioridad o estaba sujeta a normas más flexibles. Así ocurre en el caso de las normas que restringen la representación múltiple, las relativas a la licencia de agente de fútbol en la medida en que supeditan su obtención a que no se haya adoptado contra los agentes ninguna de las medidas penales o disciplinarias contempladas en el artículo 5, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del RAF o las normas relativas a los «contactos», enunciadas en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del RAF.
289 En cambio, en cuanto a las normas relativas a la remuneración que puede percibir un agente de fútbol, a las que el órgano jurisdiccional remitente hace referencia en su cuestión prejudicial, ha de señalarse que, conforme a reiterada jurisprudencia, una normativa no constituye una restricción a la libre prestación de servicios, en el sentido del artículo 56 TFUE, por el mero hecho de que se habrían podido aplicar normas menos rigurosas y más interesantes desde el punto de vista económico de no haberse adoptado dicha normativa [véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2011, Comisión/Italia, C‑565/08, EU:C:2011:188, apartado 49, y de 8 de junio de 2023, Fastweb y otros (Periodicidad de facturación), C‑468/20, EU:C:2023:447, apartado 85 y jurisprudencia citada].
290 Por consiguiente, no puede considerarse que las normas relativas a la remuneración a las que el órgano jurisdiccional remitente alude en su cuestión prejudicial instituyen una restricción a la libre prestación de servicios exclusivamente porque regulan la remuneración de los agentes de futbolistas y entrenadores o su pago. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si, teniendo en cuenta los argumentos invocados por los demandantes en el litigio principal, esas normas pueden constituir una restricción de este tipo por otras razones.
291 En cuanto a las normas que regulan la recogida de ciertos datos a través de una plataforma digital gestionada por la FIFA y la comunicación de parte de ellos a otros agentes de fútbol, a los clubes, a las ligas jurídicamente independientes, a los entrenadores y a los jugadores, que el órgano jurisdiccional remitente menciona en su cuestión prejudicial, no hay constancia de que puedan constituir un obstáculo a la libre prestación de servicios en la medida en que los efectos que esas normas puedan generar para el ejercicio, por parte de los agentes de fútbol, de su actividad en otro Estado miembro son demasiado aleatorios e indirectos para que quepa considerar que pueden obstaculizar esta libertad.
292 En efecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que una normativa aplicable a todos los operadores que ejercen su actividad en el territorio nacional, que no tenga por objeto regular las condiciones de ejercicio de la prestación de servicios de las empresas en cuestión y cuyos efectos restrictivos sobre la libre prestación de servicios sean demasiado aleatorios e indirectos para poder considerar que la obligación establecida puede constituir un obstáculo a esta libertad, no es contraria a la prohibición prevista en el artículo 56 TFUE (sentencia de 22 de diciembre de 2022, Airbnb Ireland y Airbnb Payments UK, C‑83/21, EU:C:2022:1018, apartado 45).
293 Pues bien, ha de señalarse, para empezar, que las normas que regulan la recogida de datos a través de una plataforma digital a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial no parecen tener por objeto regular las condiciones de ejercicio del derecho a la libre prestación de servicios de las empresas establecidas en otro Estado miembro ni prohibir, obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte los agentes de fútbol establecidos en otros Estado miembros, de esa libertad de manera suficientemente cierta y directa, a menos que la información solicitada sea difícil de facilitar o excesivamente voluminosa [véase, en ese sentido y por analogía, sentencia de 20 de junio de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Desplazamiento de trabajadores de terceros países), C‑540/22, EU:C:2024:530, apartado 116], extremo que, no obstante, debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente.
294 A continuación, las normas, a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial, relativas a las licencias de agente de fútbol y que supeditan su obtención y mantenimiento a que los agentes acepten regirse por las normas de la FIFA y, con carácter subsidiario, por el Derecho suizo, únicamente establecen una restricción a la libre prestación de servicios en caso de que las normas que de ese modo devienen aplicables a los citados agentes de fútbol les disuadan, por ellas mismas, de ejercer su actividad en otro Estado miembro.
295 Por último, por lo que respecta a las normas relativas a las licencias de agente de fútbol que supeditan su obtención y mantenimiento a que los agentes se sometan a la jurisdicción de aquella federación, de las federaciones miembros y del TAS, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente no explica suficientemente de qué manera esas normas pueden, en cuanto tales, prohibir, obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los agentes establecidos en otros Estados miembros, de su derecho a la libre prestación de servicios en el territorio de un Estado miembro, de modo que el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse al respecto.
b) Existencia de justificaciones
296 En la medida en que, como se ha señalado en el apartado 288 de la presente sentencia, algunas de las normas que el órgano jurisdiccional remitente menciona en su cuestión prejudicial constituyen obstáculos a la libre prestación de servicios consagrada en el artículo 56 TFUE, debe recordarse que es posible admitir medidas de origen no estatal, aun cuando obstaculicen una libertad de circulación consagrada por el Tratado FUE, si se demuestra, en primer término, que su adopción está justificada por un objetivo legítimo de interés general cuya naturaleza no sea puramente económica y, en segundo término, que respetan el principio de proporcionalidad, lo cual implica que sean aptas para garantizar la consecución de este objetivo y que no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzarlo (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 251 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 95).
297 Por lo que se refiere a la exigencia relativa a la aptitud de tales medidas, debe recordarse asimismo que estas solo pueden considerarse adecuadas para garantizar la consecución del objetivo alegado si responden verdaderamente al empeño por alcanzarlo de forma congruente y sistemática (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 251 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 95). En cuanto a la exigencia referente a la necesidad de esas medidas, implica comprobar que no existía ninguna medida alternativa que, pese a ser menos restrictiva, habría permitido lograr el objetivo perseguido con la misma eficacia [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros /Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 824, y de 10 de julio de 2025, INTERZERO y otros, C‑254/23, EU:C:2025:569, apartado 208].
298 Por último, al igual que sucede en el caso de las medidas de origen estatal, cuando las parte o las partes demandantes demuestran que medidas de origen no estatal constituyen un obstáculo, en el sentido del Tratado FUE, incumbe al autor de esas medidas demostrar que se cumplen los dos requisitos acumulativos recordados en el apartado 296 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 252 y jurisprudencia citada).
299 En el caso de autos, por lo que respecta, en primer lugar, a las normas que restringen la representación múltiple que el órgano jurisdiccional remitente menciona en su cuestión prejudicial, procede señalar que tienen por objeto evitar los conflictos de intereses y, de este modo, proteger a los clientes frente a comportamientos de los agentes de fútbol que sean contrarios a las exigencias éticas aplicables a esa actividad. Pues bien, del mismo modo que, como se ha señalado en el apartado 188 de la presente sentencia, la jurisprudencia indicada en el apartado 176 de esta sentencia puede aplicarse a acuerdos o decisiones que revisten la forma de normas que persiguen objetivos de naturaleza ética o deontológica (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 183), el objetivo de evitar los conflictos de intereses debe considerarse un objetivo legítimo de interés general que puede justificar un obstáculo a la libre prestación de servicios.
300 Además, tales normas resultan aptas para alcanzar este último objetivo, puesto que limitan la posibilidad de que un mismo agente, o varios agentes que están «vinculados» por el hecho de ser directores, accionistas, copropietarios o empleados de una misma agencia o de tener una relación de parentesco, o incluso de haber alcanzado un acuerdo para colaborar, representen simultáneamente a un jugador y a los clubes comprador y vendedor en una misma transacción.
301 Además, si bien podrían haberse previsto otras medidas, como la imposición de obligaciones de transparencia y de información a los agentes de fútbol o la exigencia de obtener el consentimiento por escrito de las partes afectadas, no parece que esas medidas permitan alcanzar el objetivo perseguido con la misma eficacia, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
302 Por lo que respecta, en segundo lugar, a las normas relativas a la licencia de agentes de fútbol, en la medida en que condicionan la concesión de esa licencia a que no se haya adoptado contra los agentes ninguna de las medidas penales o disciplinarias contempladas en el artículo 5, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del RAF, del apartado 207 de la presente sentencia se desprende que esas normas persiguen un objetivo legítimo de interés general relativo al establecimiento de reglas éticas mínimas y a la protección de los jugadores y entrenadores, sobre todos a aquellos que comienzan su carrera, contra las prácticas abusivas de los agentes.
303 En cuanto a las normas relativas a la licencia de agentes de fútbol, en la medida en que condicionan su obtención y mantenimiento a que los solicitantes y titulares de una licencia de agente de fútbol acepten, por un lado, regirse por las normas de la FIFA y, con carácter subsidiario, por el Derecho suizo y, por otro lado, someterse a la jurisdicción de dicha federación, de las federaciones miembros y del TAS, suponiendo que pueda considerarse que esas normas establecen una restricción a la libre prestación de servicios, del apartado 209 de la presente sentencia se desprende que cabe considerar que esas normas tienen la finalidad de garantizar un mejor nivel de protección a los clientes de los agentes de fútbol y a los propios agentes estableciendo un marco jurídico uniforme, acompañado de un mecanismo de control por parte de una instancia decisoria única. Pues bien, como se ha señalado en el apartado 299 de la presente sentencia, ese objetivo constituye un objetivo legítimo de interés general que puede justificar un obstáculo a la libre prestación de servicios.
304 Además, en la medida en que exigen a los solicitantes y titulares de una licencia de agente de fútbol que acepten regirse por las normas de la FIFA, ha de considerarse que las normas relativas a las licencias de agente de fútbol tienen por objeto, en definitiva, garantizar la integridad del sistema de traspasos y, en sentido más amplio, de las competiciones deportivas, así como mejorar las reglas profesionales aplicables a esa actividad. Pues bien, esos objetivos también pueden considerarse objetivos legítimos de interés general que pueden justificar un obstáculo a la libre prestación de servicios.
305 No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de todos los elementos pertinentes a su disposición, si, al someter la obtención y el mantenimiento de una licencia a requisitos como los que se mencionan en los apartados 302 y 303 de la presente sentencia, las normas relativas a las licencias de agentes de fútbol son aptas para lograr los objetivos indicados en los apartados 302 y 304 de esta sentencia y si esos objetivos no pueden lograrse mediante medidas menos restrictivas de la libre prestación de servicios, en el sentido del artículo 56 TFUE.
306 Por lo que respecta, en tercer lugar, a las normas relativas a los «contactos», que prohíben a los agentes de fútbol contactar con un cliente potencial y celebrar con él un contrato fuera de determinados períodos, procede señalar que, ante el órgano jurisdiccional remitente, la FIFA justificó estas normas por la necesidad de garantizar la estabilidad de los contratos entre los agentes de jugadores y sus clientes. Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 111 de sus conclusiones, perseguir ese objetivo, distinto del de asegurar la estabilidad de los contratos entre los futbolistas y los clubes para garantizar el correcto desarrollo de las competiciones deportivas, resulta ser de naturaleza puramente económica, de manera que no puede justificar un obstáculo a la libre prestación de servicios.
307 Es cierto que la FIFA también ha alegado, en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia, que esas normas «benefician a los jugadores que disponen ahora de un plazo claro en el que pueden contemplar distintas opciones». Este argumento puede guardar relación con el objetivo legítimo de interés general mencionado en el artículo 1, apartado 2, letra e), del RAF, consistente en proteger a los jugadores que carecen de experiencia y de información sobre el funcionamiento del sistema de traspasos en el fútbol.
308 Sin embargo, también es cierto que, en el presente asunto, las normas controvertidas protegen indistintamente a jugadores y a clubes, a pesar de que el objetivo señalado solo puede guardar relación con los futbolistas. Además, como se desprende del apartado 212 de la presente sentencia, esas normas no persiguen ese objetivo de forma coherente, pues no se aplican a los agentes de fútbol que ya están sujetos a un contrato de representación.
309 Por consiguiente, en el supuesto de que, en el litigio principal, los demandantes logren demostrar que las normas relativas a los «contactos», pese a parecer neutras, constituyen pese a todo un obstáculo a la libre prestación de servicios, ese obstáculo no podría estar justificado por ninguno de los objetivos mencionados en los apartados 306 y 307 de la presente sentencia. En tal caso, correspondería al órgano jurisdiccional remitente determinar si, habida cuenta de otros objetivos eventualmente invocados por la FIFA, tales normas podrían, no obstante, estar justificadas por un objetivo legítimo de interés general no puramente económico y si persiguen ese objetivo respetando las exigencias que se derivan del principio de proporcionalidad.
310 De ello se deriva que el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos mediante normas que, en primer término, restringen la representación múltiple por parte de esos agentes; en segundo término, condicionan la obtención de la licencia necesaria para realizar determinadas transacciones a que no se haya adoptado contra los agentes ninguna medida penal o disciplinaria; en tercer término, supeditan la concesión de esa licencia al cumplimiento de ciertas disposiciones sustantivas que pueden prohibir, obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los agentes establecidos en otros Estados miembros, de su derecho a la libre prestación de servicios en el territorio de otro Estado miembro, y, en cuarto término, regulan la facultad de determinados agentes de jugadores de entrar en contacto con nuevos jugadores para representarlos, siempre que estas diferentes categorías de normas no estén justificadas por un objetivo legítimo de interés general ni sean proporcionadas a ese objetivo.
B. Sobre la cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a la interpretación del artículo 6 del RGPD
311 De conformidad con el artículo 2, apartado 1, del RGPD, este Reglamento se aplica, desde el punto de vista material, al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
312 Sentado lo anterior, del artículo 1, apartado 1, del citado Reglamento resulta que este solo regula el tratamiento de los datos personales relativos a personas físicas.
313 Por consiguiente, el artículo 6 del RGPD solo puede oponerse a la adopción de normas que prevén el tratamiento de datos personales en la medida en que ese tratamiento guarde relación con datos relativos a personas físicas como, en particular, agentes, jugadores o entrenadores, pero no datos relativos a entidades, como clubes o ligas jurídicamente independientes.
314 Por lo que respecta al ámbito de aplicación territorial del RGPD, el artículo 3, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento establece que este se aplicará al tratamiento de datos personales de interesados que se encuentren en la Unión, cuando dicho tratamiento sea llevado a cabo por un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión y las actividades de tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichas personas en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago.
315 En el presente asunto, el RAF pretende regular la actividad profesional de los agentes de fútbol. Por consiguiente, en la medida en que los tratamientos de datos personales previstos por el RAF se refieran a las actividades económicas o deportivas ejercidas en la Unión por personas físicas, como agentes, jugadores o entrenadores, dichos tratamientos están comprendidos en el ámbito de aplicación del RGPD.
316 Pues bien, sin perjuicio, en particular, de las excepciones que permite el artículo 23 de dicho Reglamento, todo tratamiento de datos personales debe respetar los principios que rigen el tratamiento de datos personales y los derechos del interesado enunciados respectivamente en los capítulos II y III del citado Reglamento. En particular, todo tratamiento de datos de carácter personal debe, por una parte, ser conforme con los principios establecidos en el artículo 5 de ese mismo Reglamento y, por otra parte, cumplir las condiciones de licitud enumeradas en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de aquel (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2023, Norra Stockholm Bygg, C‑268/21, EU:C:2023:145, apartado 43).
317 Como señaló el Abogado General en el punto 159 de sus conclusiones, aunque el órgano jurisdiccional remitente no ha precisado cuáles de las condiciones de licitud previstas en esa disposición se aplican en el litigio principal, se desprende tanto de los elementos que constan en la petición de decisión prejudicial, como de la naturaleza de las normas controvertidas del RAF que se trata de la condición que figura en el artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD.
318 Esa disposición establece que el tratamiento datos personales será lícito si es «necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales».
319 Según reiterada jurisprudencia, esta disposición establece tres requisitos acumulativos, a saber, en primer lugar, que el responsable del tratamiento o el tercero persigan un interés legítimo, en segundo lugar, que el tratamiento de los datos personales sea necesario para la satisfacción de ese interés legítimo y, en tercer lugar, que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado en la protección de los datos sobre el interés legítimo del responsable del tratamiento [véase, en ese sentido, la sentencias de 4 de julio de 2023, Meta Platforms y otros (Condiciones generales del servicio de una red social), C‑252/21, EU:C:2023:537, apartado 106, y de 9 de enero de 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, apartado 45].
320 En lo que respecta, en primer lugar, al requisito relativo a que el responsable del tratamiento persiga uno o varios «intereses legítimos», en el sentido del RGPD, el Tribunal de Justicia ha declarado que a falta de una definición del concepto de «interés legítimo» en ese Reglamento, es evidente que una amplia gama de intereses es susceptible de ser considerada legítima. En particular, este concepto no se limita a los intereses consagrados y determinados por una ley (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, apartado 46), sino que, como resulta del considerando 47 del RGPD, puede aplicarse, por ejemplo, cuando existe una relación pertinente y apropiada entre el interesado y el responsable en situaciones como aquellas en las que el interesado es cliente o está al servicio del responsable. Con carácter general, ese concepto es distinto del de «objetivo legítimo de interés general» al que se refiere la jurisprudencia citada, en particular, en los apartados 176 y 296 de la presente sentencia, como se desprende de sus respectivos tenores.
321 Por lo que respecta, en segundo lugar, al requisito de que el tratamiento de datos personales sea necesario para la satisfacción del interés legítimo que se persigue, es preciso comprobar si tal interés legítimo podría alcanzarse razonablemente de manera igualmente eficaz por otros medios menos atentatorios respecto de las libertades y los derechos fundamentales de los interesados, en particular, de los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales consagrados respectivamente en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), pues las excepciones y restricciones al principio de protección de esos datos deben aplicarse sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario (véase, en ese sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, apartados 28 y 48).
322 En este contexto, procede recordar igualmente que el requisito relativo a la necesidad del tratamiento debe examinarse en relación con el principio de «minimización de datos», consagrado en el artículo 5, apartado 1, letra c), del RGPD, conforme al cual los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (véanse en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio y Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV, C‑17/22 y C‑18/22, EU:C:2024:738, apartado 52, y de 9 de enero de 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, apartado 49).
323 Por lo que respecta, en tercer lugar, al requisito de que los intereses o las libertades y los derechos fundamentales del interesado en la protección de los datos no prevalezcan sobre el interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero, dicho requisito implica la ponderación de los derechos e intereses en conflicto, que dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular (sentencia de 12 de septiembre de 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio y Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV, C‑17/22 y C‑18/22, EU:C:2024:738, apartado 53).
324 En particular, como se desprende del considerando 47 del RGPD, los intereses y los derechos fundamentales de los interesados podrían prevalecer sobre los intereses del responsable del tratamiento, en particular, cuando se proceda al tratamiento de datos personales en circunstancias en las que el interesado no espere razonablemente que se realice un tratamiento ulterior.
325 Por otra parte, aunque el hecho de que los datos personales se refieran a actividades profesionales no puede, por sí mismo, excluir esos datos de la protección que confiere el derecho fundamental al respeto de la vida privada que garantiza el artículo 7 de la Carta, ni de la protección que confiere el derecho a la protección de los datos, consagrado en el artículo 8 de la Carta y concretado en el RGPD (véase, en este sentido y por analogía, sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 38), ese hecho puede ser tenido en cuenta no obstante para apreciar si los intereses y libertades y los derechos fundamentales del interesado prevalecen sobre el interés legítimo que persigue el responsable del tratamiento o el tercero, en particular, cuando el interés legítimo invocado guarda relación con el hecho de que el interesado sea un cliente del responsable del tratamiento o esté a su servicio.
326 Si bien corresponde, en definitiva, al órgano jurisdiccional remitente apreciar si las normas del RAF que figuran en los artículos 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), y 19 de dicho Reglamento cumplen los tres requisitos mencionados en el apartado 319 de la presente sentencia, también en este caso, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre la cuestión prejudicial, puede aportar precisiones destinadas a orientar a dicho órgano jurisdiccional a efectos de proceder a esa apreciación (véase, en ese sentido, la sentencia de 9 de enero de 2025, Mousse, C‑394/23, EU:C:2025:2, apartado 51).
327 Así, toda vez que, en su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente menciona las normas a que se ha aludido en el apartado anterior, procede proporcionarle los elementos de interpretación del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD necesarios para que lleve a cabo la apreciación de la compatibilidad con esa disposición de los tratamientos de datos personales que prevén las normas del RAF antes citadas.
1. Tratamientos de datos personales previstos en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y letra k), inciso ii), del RAF
328 El artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF establece que los agentes de fútbol están obligados a comunicar a la FIFA cierta información que puede contener datos personales a saber, en primer término, cualquier contrato suscrito con un cliente que no sea un contrato de representación, entre los que se incluyen los acuerdos relacionados con otros servicios, además de la información solicitada en la plataforma digital gestionada por la FIFA; en segundo término, la información solicitada en esa plataforma del pago de los honorarios por los servicios prestados; en tercer término, la información solicitada en la citada plataforma del pago de los honorarios adeudados por cualquier contrato firmado con un cliente que no sea un contrato de representación; en cuarto término, cualquier contrato o acuerdo alcanzado entre agentes de fútbol para colaborar en la prestación de cualquier servicio o para compartir la totalidad o parte de los ingresos o beneficios por cualquiera de sus servicios de representación y, en quinto término, el número de agentes de fútbol que operan a través de la misma agencia y el nombre de todos sus empleados.
329 Dado que, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, el funcionamiento de una plataforma digital como la que gestiona la FIFA supone recurrir a «tratamientos automatizados» y a «ficheros», en el sentido del artículo 2, apartado 1, del RGPD, en relación, en lo tocante al segundo de estos dos conceptos, con el artículo 4, punto 6, de dicho Reglamento, siempre que tales actos de recogida se refieran a datos personales, debe considerarse que estos constituyen tratamientos de datos personales en el sentido del RGPD, de modo que están sujetos a los requisitos enunciados en el apartado 319 de la presente sentencia.
a) Cumplimiento del primer requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
330 En lo concerniente a si los tratamientos previstos en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF, cumplen el primer requisito recordado en el apartado 319 de la presente sentencia, relativo a que responsable del tratamiento o el tercero persigan un interés legítimo, es preciso señalar que, para justificar esos tratamientos, la FIFA invoca, en particular, la necesidad de estos a efectos de garantizar que los interesados, es decir, los agentes de fútbol y sus clientes, ya sean estos clubes, jugadores, entrenadores o ligas jurídicamente independientes, respeten el marco reglamentario establecido por esa federación.
331 Procede señalar que, en la medida en que las personas físicas cuyos datos pueden ser transmitidos por los agentes de fútbol a la FIFA, sobre la base de esa disposición, son, todas ellas, partes interesadas en las competiciones organizadas por dicha federación o por confederaciones o federaciones afiliadas a ella y en que los datos que pueden transmitirse se refieren a las actividades profesionales que esas personas físicas ejercen en relación con esas competiciones deportivas, cabe considerar que existe una relación pertinente y adecuada, en el sentido del considerando 47 del RGPD, entre, por una parte, esas partes interesadas y, por otra parte, la FIFA.
332 Por consiguiente, procede considerar que la exigencia que la FIFA impone a los agentes de fútbol de transmitirle la información indicada en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF para garantizar que esos agentes de fútbol y sus clientes cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de ese Reglamento, persigue un interés legítimo, en el sentido del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD, siempre que las obligaciones que justifican la comunicación de esa información sean, a su vez, conformes con el Derecho nacional aplicable y con el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, C‑621/22, EU:C:2024:858, apartado 49), extremo este que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
b) Cumplimiento del segundo requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
333 En cuanto al segundo requisito mencionado en el apartado 319 de la presente sentencia, sobre la necesidad del tratamiento y la minimización de datos, es preciso señalar que los datos indicados en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF, pese a ser relativamente numerosos, parecen adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para satisfacer el interés legítimo que persiguen los tratamientos de que se trata, a saber, asegurarse de que, además de los agentes de fútbol, las restantes partes interesadas, como los clubes, las ligas jurídicamente independientes, los jugadores y los entrenadores, respetan el marco reglamentario establecido por el RAF.
334 En efecto, de entrada, procede observar que la comunicación de cualquier contrato suscrito con un cliente que no sea un contrato de representación, entre los que se incluyen los acuerdos relacionados con otros servicios, a que alude el artículo 16, apartado 2, letra j), inciso ii), del RAF, permite asegurarse de que los diferentes requisitos relativos al contenido del contrato de representación establecidos en dicho Reglamento, como los contemplados en el artículo 12, apartados 8 y 9, de ese mismo Reglamento, o en su artículo 15, no se eluden mediante cláusulas introducidas en contratos celebrados entre un agente de fútbol y sus clientes distintos del contrato de representación y que tuvieran, en realidad, por objeto regular la relación jurídica de estos para la prestación de esos servicios.
335 No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si podría llevarse a cabo un control igualmente eficaz mediante otras medidas que fueran menos lesivas para los derechos de los interesados.
336 A continuación, es preciso subrayar que los datos personales que pueden verse afectados por la comunicación de la información a que se refiere el artículo 16, apartado 2, letras j), inciso v), y k), inciso ii), del RAF parecen adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para permitir a la FIFA cerciorarse de que los agentes cumplen las obligaciones derivadas, por una parte, de los artículos 15, apartados 3 y 4, y 12, apartado 10, de dicho Reglamento, y, por otra parte, del artículo 11, apartado 3, de ese mismo Reglamento. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si podría llevarse a cabo un control igualmente eficaz mediante otras medidas que fueran menos lesivas para los derechos de los interesados.
337 Por último, por lo que respecta a los tratamientos mencionados en el artículo 16, apartado 2, letra j), incisos iii) y iv), del RAF, procede señalar que estas dos disposiciones no precisan qué información deben comunicar los agentes de fútbol, y se limitan a remitirse a este respecto a la que solicite la plataforma digital gestionada por la FIFA. Por lo tanto, no pueden considerarse contrarias al RGPD, ya que no imponen, en sí mismas, ningún tratamiento preciso y remiten a la adopción, por parte de esa federación, de otras disposiciones. Lo mismo sucede con el artículo 16, apartado 2, letra j), inciso ii), del RAF, en la medida en que se refiere a la «información solicitada en la plataforma».
c) Cumplimiento del tercer requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
338 En lo tocante al tercer requisito mencionado en el apartado 319 de la presente sentencia, consistente en ponderar los diferentes intereses, derechos fundamentales y libertades en juego, procede señalar que, pese a que algunos de los datos de los agentes titulares de una licencia de la FIFA, así como los jugadores y entrenadores que representan, los administradores de los clubes y de las ligas jurídicamente independientes y los empleados de las agencias a través de las que esos agentes ejercen su actividad pueden ser objeto de los tratamientos previstos en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF, el número de interesados en relación con tales tratamientos sigue siendo relativamente limitado.
339 Además, los datos personales de que se trata no se refieren a la vida familiar o íntima de los interesados, sino a las actividades profesionales que ejercen en el marco reglamentario establecido por la FIFA y que supuestamente conocen en su calidad de profesionales. Pues bien, en estas circunstancias, esas personas pueden esperar legítimamente que dicha federación se vea obligada a tratar algunos de sus datos personales.
340 Por otra parte, el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF pretende garantizar la correcta aplicación del RAF.
341 Pues bien, cabe considerar que ese objetivo tiene una importancia clara para la FIFA.
342 Por consiguiente, y sin perjuicio de la apreciación que, como se desprende del apartado 326 de la presente sentencia, debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, este podría considerar que los tratamientos de datos personales previstos en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF se basan en una ponderación equilibrada entre, por una parte, los intereses, libertades y derechos fundamentales de los interesados y, por otra parte, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento.
343 Así pues, siempre que, además, el órgano jurisdiccional remitente determine que las normas controvertidas no infringen ninguna disposición del Derecho de la Unión ni del Derecho nacional aplicable, esta disposición podría considerarse compatible con el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD.
344 Es preciso subrayar, sin embargo, que esta consideración no prejuzga la conformidad con el RGPD de determinados tratamientos de datos personales cuyo contenido exacto no está especificado en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF, como los relativos a otra información solicitada por la plataforma digital gestionada por la FIFA distinta de la mencionada en dicha disposición, que el órgano jurisdiccional remitente podría declarar, toda vez que la apreciación de esa conformidad exige tener en cuenta la naturaleza y alcance de esos tratamientos.
2. Tratamiento de datos personales previsto en el artículo 19 del RAF
345 De conformidad con el artículo 19 del RAF, la FIFA debe hacer públicos los datos relativos a todos los agentes de fútbol, incluidos sus nombres e información, así como la de los clientes a los que representan, precisando la exclusividad o no exclusividad del contrato de representación y su vigencia, los servicios de representación que presten a cada cliente, toda sanción impuesta a un agente de fútbol o a un cliente, así como los datos de todas las transacciones en las que participen agentes de fútbol, incluidos los honorarios que perciban.
346 Esos actos de publicación pueden calificarse como operaciones de difusión de datos personales, en el sentido del artículo 4, apartado 2, del RGPD, de manera que están sujetos a los requisitos recordados en el apartado 319 de la presente sentencia.
347 En cuanto al artículo 19, letra d), del RAF, que exige la publicación de toda sanción impuesta a un agente de fútbol o a un cliente, procede recordar que, de conformidad con el artículo 10 del RGPD, los tratamientos de datos personales relativos a condenas e infracciones penales solo pueden llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas a menos estén «autori[zados por] el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados».
348 De este modo, dicho artículo 10 tiene por objeto garantizar una mayor protección frente a tratamientos que, en atención a la particular sensibilidad de los datos afectados, pueden constituir una injerencia especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta [sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C‑439/19, EU:C:2021:504, apartado 74].
349 En efecto, dado que los datos contemplados en el artículo 10 del RGPD se refieren a comportamientos que conllevan la desaprobación de la sociedad, la concesión de un acceso a tales datos puede estigmatizar a la persona afectada y constituir así una injerencia grave en su vida privada o profesional [sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C‑439/19, EU:C:2021:504, apartado 75], incluso a pesar de que esa consecuencia no sea parte de la sanción prevista para esos comportamientos.
350 Pues bien, para garantizar la mayor protección prevista en el mencionado artículo 10 que, no obstante, se limita al ámbito penal [véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C‑439/19, EU:C:2021:504, apartado 78], cuando un tratamiento de datos personales guarde relación con condenas penales, infracciones o medidas de seguridad adoptadas contra un interesado, sin que ese tratamiento esté autorizado por el Derecho de la Unión o de un Estado miembro, es necesario que la autoridad pública bajo cuyo control se lleva a cabo ese tratamiento esté a su vez obligada a aplicar el RGPD y, en su caso, pueda atribuírsele responsabilidad, lo que implica que emana de un Estado miembro.
351 En el presente asunto, de los autos a disposición del Tribunal de Justicia no se desprende que los tratamientos a que se refiere el artículo 19, letra d), del RAF estén autorizados por el Derecho de la Unión o de un Estado miembro que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Por consiguiente, si en el litigio principal resultase que las sanciones a que se refiere en el artículo 19, letra d), del RAF están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 10 del RGPD, la FIFA no podría en ningún caso efectuar esos tratamientos de datos, ya que no se estarían llevando a cabo bajo el control de una autoridad pública de un Estado miembro.
352 Sin perjuicio del supuesto antes citado, sobre el que el órgano jurisdiccional remitente no interroga al Tribunal de Justicia, procede examinar, por lo tanto, si los diferentes tratamientos contemplados en el mencionado artículo 19 cumplen los requisitos recordados en el apartado 319 de la presente sentencia.
a) Cumplimiento del primer requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
353 Por lo que respecta a la conformidad de los distintos tratamientos de datos personales que prevé el artículo 19 del RAF con el primer requisito recordado en el apartado 319 de la presente sentencia, procede señalar que la FIFA alega, en particular, que estos tratamientos tienen por objeto permitir a las diferentes personas a las que el RAF impone obligaciones de verificación, cumplir esas obligaciones.
354 Pues bien, al igual que el objetivo perseguido por los tratamientos de datos personales previstos en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del RAF, mencionado en el apartado 330 de la presente sentencia, puede considerarse que el objetivo indicado en el apartado anterior constituye un interés legítimo, siempre que las obligaciones en cuestión sean a su vez conformes con el Derecho de la Unión y del Estado miembro de que se trate, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
b) Cumplimiento del segundo requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
355 En cuanto al segundo requisito mencionado en el apartado 319 de la presente sentencia relativo a que el tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido y a que los datos sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados, es preciso observar que, dado que el interés legítimo que invoca la FIFA consiste en permitir a las diferentes personas a las que el RAF impone obligaciones de verificación cumplir esas obligaciones, la divulgación y publicación de la información indicada en el artículo 19 de dicho Reglamento debe circunscribirse a las personas físicas o jurídicas a las que incumben esas obligaciones, lo cual puede requerir que se establezcan modalidades de acceso diferenciadas en función de la categoría de personas o entidades interesadas.
356 En el presente asunto, el citado Reglamento no precisa la categoría de personas que pueden tomar conocimiento de cada uno de los datos que menciona su artículo 19. No obstante, el hecho de que ese artículo no incluya esa precisión no implica, en sí mismo, que sea contrario al artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD, siempre y cuando el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que esa omisión no entraña que todas las categorías de personas tienen un acceso indiferenciado a la totalidad de la información.
357 Por otra parte, esta falta de precisión no impide que el Tribunal de Justicia formule observaciones sobre las categorías de personas respecto de las cuales podría estar justificado cada tratamiento de datos personales previsto en el artículo 19 del RAF, habida cuenta de las obligaciones que impone dicho Reglamento.
358 A este respecto, en un primer momento, procede señalar que, por lo que respecta a los nombres e información de los agentes de fútbol, indicados en el artículo 19, letra a), del citado Reglamento, la publicación de esos datos en beneficio de los demás agentes de fútbol puede considerarse adecuada, pertinente y limitada a lo necesario para permitirles cumplir las obligaciones que les impone dicho Reglamento, puesto que esos datos son, en cualquier caso, necesarios para entablar una relación con el agente que representa a un futbolista o entrenador de cara a una eventual contratación.
359 Lo mismo sucede con la divulgación y publicación de estos datos en beneficio de clubes, ligas jurídicamente independientes, jugadores y entrenadores, en la medida en que de los autos a disposición del Tribunal de Justicia no se desprende que existan medidas alternativas que, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra c), del RAF, permitan a las personas físicas y jurídicas que deseen ser representadas por un agente verificar que el profesional con el que pretenden celebrar un contrato de representación es efectivamente titular de una licencia de la FIFA.
360 En lo tocante a la identidad de los clientes a los que representa cada agente de fútbol, así como a la exclusividad o no de su contrato de representación y a su vigencia, cuya publicación exige el artículo 19, letra b), del RAF, conviene destacar que, en lo que respecta a los clubes y las ligas jurídicamente independientes, dicha publicación podría permitirles cumplir con el artículo 18 bis del RETJ.
361 En efecto, en virtud de este último artículo, ningún club puede concertar un contrato que permita a terceros asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club. Pues bien, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, parece que un agente debe ser considerado un tercero a efectos de la aplicación de dicho artículo.
362 En lo que respecta a la vigencia y exclusividad o no exclusividad del contrato de representación entre cada agente de fútbol y sus clientes, la publicación de esa información en beneficio de los demás agentes de fútbol podría satisfacer esa misma exigencia, ya que esos datos son necesarios para permitir a estos últimos cumplir las normas previstas en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del RAF, que delimitan la posibilidad de que dispone un agente de fútbol para entrar en contacto con clientes que han firmado un contrato de representación exclusiva.
363 Pues bien, con respecto a cada uno de esos datos, no hay constancia de que existan medidas alternativas que, siendo menos lesivas para el derecho al respeto de la vida privada, garantizado en el artículo 7 de la Carta, y al derecho a la protección de datos, garantizado en el artículo 8 de la Carta, permitan cumplir estas exigencias con la misma eficacia, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
364 En segundo lugar, es preciso señalar en cambio, por un lado, que del RAF no se desprende que establezca obligaciones cuyo cumplimiento exija la divulgación y publicación de la información indicada en el artículo 19 de dicho Reglamento en beneficio de personas físicas o jurídicas distintas de los agentes, jugadores, entrenadores, clubes y ligas jurídicamente independientes. Por otro lado, al margen de quién sea el destinatario de esa información, la publicación de datos relativos a los servicios de representación que cada agente presta a cada cliente, en el sentido del citado artículo 19, letra c), a toda sanción impuesta a un agente de fútbol o a un cliente, en el sentido del artículo 19, letra d), y a los datos de todas las transacciones en las que participen agentes de fútbol, en el sentido del artículo 19, letra e), no puede considerarse necesaria para cumplir ninguna obligación derivada de ese Reglamento.
365 Es cierto que el artículo 18, apartado 2, letra e), del RAF impone a los agentes la obligación de abstenerse de intervenir o asistir, directa o indirectamente, en cualquier evasión de los límites de los honorarios estipulados en ese Reglamento. No obstante, para velar por el cumplimiento de esa obligación, no es preciso que los demás agentes de fútbol tengan conocimiento de los servicios que sus competidores prestan a sus clientes ni, a fortiori, de datos de todas las transacciones en las que estos han participado.
366 Del mismo modo, si bien, con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra g), del RAF, los clientes de los agentes están obligados a informar sin demora a la FIFA, a las confederaciones o a las federaciones miembros de cualquier infracción de dicho Reglamento, esa obligación no exige que deba ponerse previamente a su disposición información específica a tal efecto.
367 De ello se deduce que, sin perjuicio de la existencia de otras normas aplicables que figuren en otros instrumentos distintos del RAF, el objetivo que invoca la FIFA y que se ha mencionado en el apartado 353 de la presente sentencia no puede justificar, por sí solo, todos los tratamientos de datos personales previstos en el artículo 19 de dicho Reglamento.
368 Dicho esto, del artículo 1 del RAF se desprende que este también persigue el interés de establecer reglas profesionales y éticas mínimas, de proteger a los clientes frente a conductas poco éticas y de proteger a los jugadores que carezcan de experiencia o información sobre el sistema de traspasos en el fútbol. Pues bien, por una parte, la satisfacción de esos intereses por una federación deportiva puede considerarse legítima.
369 Por otra parte, la publicación de la información enunciada en el artículo 19, letras a) a c), del RAF y, por lo tanto, los tratamientos de datos personales derivados de esa publicación podrían considerarse adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para satisfacer tales intereses legítimos.
370 No obstante, aun cuando el RAF pretenda satisfacer esos intereses legítimos, el hecho de que el artículo 19, letra e), de dicho Reglamento prevea la divulgación y publicación de todas las transacciones en las que hayan intervenido agentes de fútbol sigue siendo contraria al principio de minimización de datos, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra c), del RGPD, puesto que el alcance de ese tratamiento no está suficientemente delimitado para garantizar el respeto del citado principio.
371 Por último, por lo que respecta al tratamiento previsto en el artículo 19, letra d), del RAF, consistente en la divulgación y publicación de cualquier sanción impuesta a un agente de fútbol o a un cliente, procede señalar que ese tratamiento puede ser necesario, pues puede constituir una sanción más eficaz y disuasoria que una multa, en la medida en que las consecuencias asociadas a esa publicación son difícilmente previsibles, de manera que cualquier apreciación que se haga, en términos de los costes y beneficios que puede implicar incumplir una norma, deviene poco fiable. Por lo demás, ese tratamiento puede resultar necesario para permitir que las personas que puedan haber sido perjudicadas por la infracción del RAF que ha justificado la sanción tengan conocimiento de ella.
372 Pues bien, no parece que una medida menos lesiva del derecho al respeto de la vida privada, garantizado en el artículo 7 de la Carta, así como del derecho a la protección de los datos de carácter personal, garantizado en el artículo 8 de la Carta, permita satisfacer los intereses legítimos perseguidos con la misma eficacia. Sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tales medidas pueden contemplarse, por ejemplo, efectuando una publicación de datos personales más limitada en cuanto a contenido o difusión.
c) Cumplimiento del tercer requisito del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del RGPD
373 Por lo que respecta a si los tratamientos contemplados en el artículo 19, letras a) a c), del RAF cumplen el tercer requisito recordado en el apartado 319 de la presente sentencia, consistente en ponderar los diferentes intereses, derechos fundamentales y libertades en juego, procede señalar que estos tratamientos afectan a un número limitado de personas y se refieren exclusivamente a las actividades profesionales que estas personas ejercen en el marco reglamentario establecido por la FIFA y que, en su calidad de profesionales, supuestamente conocen.
374 En este contexto, en lo tocante, en primer lugar, a los tratamientos de datos personales previstos en el artículo 19, letras a) a c), del RAF, consistentes en hacer públicos, en primer término, los nombres e información de todos los agentes de fútbol; en segundo término, la identidad de los clientes a los que representan esos agentes, así como la vigencia y exclusividad o no exclusividad de su contrato de representación, y, en tercer término, los servicios de representación que prestan a cada cliente, puede considerarse que son resultado de una ponderación adecuada entre el interés legítimo perseguido y los derechos de las personas cuyos datos personales son objeto de esos tratamientos.
375 En lo tocante, en segundo lugar, a la divulgación y publicación de las sanciones impuestas a los agentes de fútbol o sus clientes, previstas en el artículo 19, letra d), del RAF, es cierto que tales datos pueden exponer al interesado a una determinada forma de exclusión.
376 Sin embargo, esta circunstancia no puede, por sí sola, impedir que el interés legítimo del responsable del tratamiento y de terceros pueda prevalecer sobre los intereses, las libertades y los derechos fundamentales de los agentes de fútbol afectados y de sus clientes.
377 Es cierto que, en el apartado 92 de la sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico) (C‑439/19, EU:C:2021:504), el Tribunal de Justicia destacó el riesgo de estigmatización al podían quedar expuestos, en determinadas situaciones, los conductores de vehículos que han cometido una infracción de tráfico y a los que se les haya impuesto una sanción económica o de otro tipo, en caso de publicación de los puntos por infracciones de tráfico que se les hayan retirado. Sin embargo, las sanciones de que se trataba en el asunto que dio lugar a esa sentencia no guardaban relación con la actividad profesional de los interesados, sino con su vida diaria, de manera que su publicación no podía contribuir al restablecimiento de la confianza en un mercado determinado ni permitir a los eventuales perjudicados conocer los hechos reprochados al interesado.
378 Pues bien, en el caso de autos, parece que los tratamientos en cuestión pueden considerarse un elemento de la propia sanción y también pueden restablecer la confianza en los mercados de referencia y facilitar el ejercicio, por parte de las personas que puedan haber sido perjudicadas, de su derecho a indemnización. Cabe considerar que ese objetivo responde a intereses superiores a los de los agentes de fútbol que han incumplido el RAF, siempre que las normas cuyo incumplimiento haya dado lugar a la sanción no sean contrarias al Derecho de la Unión.
379 Por consiguiente, a pesar del riesgo de exclusión que pueden implicar, esos tratamientos pueden ser resultado, en determinadas situaciones, de una ponderación adecuada entre el interés legítimo perseguido y los intereses, derechos fundamentales y libertades de los interesados afectados por esos tratamientos.
380 No obstante, aunque no cabe excluir que, en las circunstancias que hayan rodeado los hechos sancionados, la publicación de sanciones de cierta gravedad puede ser resultado de una ponderación adecuada de los intereses, derechos y libertades de que se trata, no sucede lo mismo, en cambio, con las consecuencias que entraña, en este contexto, la obligación, prevista en el artículo 19, letra d), del RAF, de hacer pública toda sanción impuesta a los agentes de fútbol y sus clientes.
381 En efecto, esta última obligación parece implicar el deber de divulgar y publicar todas las sanciones impuestas, con independencia de su gravedad, del perjuicio que los hechos que han dado lugar a dichas sanciones hayan podido causar a la confianza en los mercados de referencia, de la existencia de un eventual perjuicio sufrido por terceros o incluso del tiempo transcurrido desde la comisión de la infracción de que se trate.
382 Pues bien, en el litigio principal, del artículo 19 del RAF no se desprende que trace una distinción entre las sanciones impuestas a un agente o a sus clientes en función de su gravedad ni que dichas sanciones dejen de estar publicadas transcurrido un determinado período de tiempo tras la comisión de los hechos.
383 De todas estas consideraciones se desprende que el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, en la medida en que prevea la divulgación y publicación por dicha federación, de un lado, de toda sanción impuesta a un agente de fútbol o a un cliente y, de otro lado, de datos de todas las transacciones en las que participen tales agentes de fútbol, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
384 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que:
– el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, en la medida en que, por una parte, las exigencias derivadas de esa normativa crean restricciones de la competencia, tanto si se califican de restricciones por el «objeto», como por el «efecto», y, por otra parte, tales restricciones no pueden cumplir los requisitos que el artículo 101 TFUE, apartado 3, establece para acogerse a una excepción a la prohibición prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 1, o, por lo que respecta a las exigencias que tienen por efecto restringir la competencia, dichas restricciones no persiguen un objetivo legítimo de interés general a la luz del cual estas resulten adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto;
– el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, siempre que, por una parte, esa federación disponga de facultades normativas obligatorias con respecto a una parte sustancial del mercado de referencia y que las exigencias derivadas de esa normativa puedan constituir un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, y, por otra parte, tales exigencias no persigan un objetivo legítimo de interés general a la luz del cual estas resulten adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto, no sean objetivamente necesarias debido a limitaciones específicas y legítimas, en particular de orden jurídico, industrial o comercial, y no generen incrementos de eficiencia que beneficien a los consumidores que permitan compensar los efectos negativos que aquellas suponen para esos consumidores;
– el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos mediante normas que, en primer término, restringen la representación múltiple por parte de esos agentes; en segundo término, condicionan la obtención de la licencia necesaria para realizar determinadas transacciones a que no se haya adoptado contra los agentes ninguna medida penal o disciplinaria; en tercer término, supeditan la concesión de esa licencia al cumplimiento de ciertas disposiciones sustantivas que pueden prohibir, obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los agentes establecidos en otros Estados miembros, de su derecho a la libre prestación de servicios en el territorio de otro Estado miembro, y, en cuarto término, regulan la facultad de determinados agentes de jugadores de entrar en contacto con nuevos jugadores para representarlos, siempre que estas diferentes categorías de normas no estén justificadas por un objetivo legítimo de interés general ni sean proporcionadas a ese objetivo;
– el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, en la medida en que prevea la divulgación y publicación por dicha federación, de un lado, de toda sanción impuesta a un agente de fútbol o a un cliente y, de otro lado, de datos de todas las transacciones en las que participen tales agentes de fútbol.
Costas
385 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes en el litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 101 TFUE
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, en la medida en que, por una parte, las exigencias derivadas de esa normativa crean restricciones de la competencia, tanto si se califican de restricciones por el «objeto», como por el «efecto», y, por otra parte, tales restricciones no pueden cumplir los requisitos que el artículo 101 TFUE, apartado 3, establece para acogerse a una excepción a la prohibición prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 1, o, por lo que respecta a las exigencias que tienen por efecto restringir la competencia, dichas restricciones no persiguen un objetivo legítimo de interés general a la luz del cual estas resulten adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto.
El artículo 102 TFUE
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, siempre que, por una parte, esa federación disponga de facultades normativas obligatorias con respecto a una parte sustancial del mercado de referencia y que las exigencias derivadas de esa normativa puedan constituir un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, y, por otra parte, tales exigencias no persigan un objetivo legítimo de interés general a la luz del cual estas resulten adecuadas, necesarias y proporcionadas en sentido estricto, no sean objetivamente necesarias debido a limitaciones específicas y legítimas, en particular de orden jurídico, industrial o comercial, y no generen incrementos de eficiencia que beneficien a los consumidores que permitan compensar los efectos negativos que aquellas suponen para esos consumidores.
El artículo 56 TFUE
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos mediante normas que, en primer término, restringen la representación múltiple por parte de esos agentes; en segundo término, condicionan la obtención de la licencia necesaria para realizar determinadas transacciones a que no se haya adoptado contra los agentes ninguna medida penal o disciplinaria; en tercer término, supeditan la concesión de esa licencia al cumplimiento de ciertas disposiciones sustantivas que pueden prohibir, obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los agentes establecidos en otros Estados miembros, de su derecho a la libre prestación de servicios en el territorio de otro Estado miembro, y, en cuarto término, regulan la facultad de determinados agentes de jugadores de entrar en contacto con nuevos jugadores para representarlos, siempre que estas diferentes categorías de normas no estén justificadas por un objetivo legítimo de interés general ni sean proporcionadas a ese objetivo.
El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra f), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional que regula la actividad de los agentes deportivos, en la medida en que prevea la divulgación y publicación por dicha federación, de un lado, de toda sanción impuesta a un agente de fútbol o a un cliente y, de otro lado, de datos de todas las transacciones en las que participen tales agentes de fútbol.
Firmas
* Lengua de procedimiento: alemán.