<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1993ESA.0500223901.case.xml"><NO.CASE>C-17/92</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61992C0017</NO.CELEX><NO.SEQ>0003.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2252</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2265</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>14</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. VAN GERVEN — ASUNTO C-17/92</LEFT><RIGHT>DISTRIBUIDORES CINEMATOGRÁFICOS</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del Abogado General</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. W. Van Gerven</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="19930218">18 de febrero de 1993</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua original: neerlandés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Señor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Señores Jueces,</HT></P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>El Tribunal Supremo de España, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Tribunal Supremo<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) solicita al Tribunal de Justicia en el presente asunto que declare si es compatible con el ordenamiento comunitario una norma española relativa a la concesión de licencias de doblaje de películas de terceros países. Dicha norma condiciona la distribución en España de tales películas, en versión doblada a alguna lengua oficial española, a la previa contratación para su distribución de una película española hecha por la empresa distribuida solicitante de la licencia. El Tribunal supremo plantea esta cuestión en el marco de un recurso de nulidad interpuesto por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine), una asociación española de distribuidores de películas, contra la norma española de que se trata.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Antecedentes de hecho</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>España, hasta la adhesión a las Comunidades Europeas, tuvo una normativa especialmente estricta en materia de películas cinematográficas. Dicha normativa contenía un requisito de nacionalidad para los productores de películas y empresas de doblaje de películas establecidos en España; además establecía una licencia para el doblaje y la distribución de películas extranjeras —la concesión de una licencia estaba supeditada a la distribución de una película española— y, por último, fijaba una proporción entre las películas extranjeras y españolas que se podían proyectar en la televisión o en salas de cine.<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En sus observaciones escritas la Comisión trata con mayor detalle la legislación española anterior a la adhesión.</P></NOTE></TXT><P>Tras su adhesión a la Comunidad, España adaptó su legislación mediante el Real Decreto Legislativo 1257/1986, de 13 de junio (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Decreto<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>).<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Boletín Oficial del Estado n<HT TYPE="SUP">o</HT> 153 de <DATE ISO="19860627">27.6.1986</DATE>, p. 23427.</P></NOTE> Su artículo único contiene dos disposiciones sobre la distribución de películas que no sean españolas.<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el texto de este artículo en el informe del Juez Ponente.</P></NOTE> Para las <HT TYPE="ITALIC">películas producidas en otros Estados miembros de L Comunidad</HT> rige la norma de que las empresas distribuidoras legalmente constituidas podrán distribuirlas libremente. Para las <HT TYPE="ITALIC">películas producidas en terceros países,</HT> en cambio, el Decreto recoge la normativa anterior hasta tal punto que la distribución de tales películas en versión doblada queda supeditada a la previa obtención de la correspondiente licencia. Por cada película española que hayan contratado para su distribución se concederá a las empresas distribuidoras un máximo de cuatro licencias de doblaje. Para ello deben comprometerse contractualmente en las siguientes condiciones: i) la primera Ucencia se concederá cuando la autoridad competente (el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>ICAA<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>) tenga notificación<?PAGE NO="I-2253"?> de haberse iniciado el rodaje de una película española previamente contratada por el distribuidor;<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Esu Ucencia quedará automáticamente anulada si la película no se presenta a calificación dentro de los doscientos días siguientes al inicio del rodaje. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, previa justificación de los interesados, podrá prorrogar dicho plazo.</P></NOTE> ii) la segunda, tercera y cuarta licencia se otorgará cuando se acredite que dicha película española ha logrado determinados ingresos brutos en taquilla (respectivamente 30, 60 y 100 millones de pesetas).</P><P>También cabe mencionar que el Gobierno español, a instancia del Tribunal de Justicia, confirmó en una carta de <DATE ISO="19921228">28 de diciembre de 1992</DATE> que está en preparación una nueva modificación de la legislación cinematográfica <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>con miras a su adaptación al Derecho comunitario<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</P></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Fedicine interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso de nulidad contra dicho Decreto. Alega que éste constituye una medida proteccionista y discriminatoria respecto de las películas de otros Estados miembros, dado que impone a los distribuidores de películas favorecer la distribución de películas españolas. El Tribunal Supremo estimó oportuno plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>¿Es compatible con el ordenamiento comunitario la medida de condicionar la concesión de licencias de doblaje de películas de terceros países, para su distribución en España en versión doblada a alguna lengua oficial española, a la previa contratación para su distribución de una película española hecha por la empresa distribuidora solicitante de la licencia?<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Considerando la manera en que el Tribunal Supremo ha formulado su cuestión, me parece oportuno recordar brevemente que el Tribunal de Justicia, en el marco de un asunto prejudicial, no puede pronunciarse sobre la compatibilidad de una normativa nacional con el Derecho comunitario. Sin embargo, es reiterada jurisprudencia que el Tribunal de Justicia puede deducir del texto de las cuestiones planteadas por el Juez nacional, vistos los datos expuestos por éste, los elementos referentes a la interpretación del Derecho comunitario que puedan permitir a este Juez resolver el problema jurídico que se le plantea.<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase, entre otras, la sentencia de <DATE ISO="19870611">11 de junio de 1987</DATE>, Proceso penal contra X (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="14/86" YEAR="1978" PAGE.ECR="2545">14/86, Rec. p. 2545</REF.DOC.ECR>), apañados 15 y 16; véase recientemente ła sentencia de <DATE ISO="19920128">28 de enero de 1992</DATE>, López Brea e Hidalgo Palacios (asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-330/90+C-331/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-323">C-330/90 y C-331/90, Rec. p. I-323</REF.DOC.ECR>), apartado 5.</P></NOTE></TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>El Derecho comunitario aplicable</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Para responder adecuadamente a la cuestión planteada por el Tribunal Supremo, dada la manera genérica en que dicho órgano jurisdiccional pregunta sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario, debo examinar en primer lugar qué normas comunitarias son aplicables al caso de autos.</TXT><P>Fedicine alegó ante el Juez nacional que la norma española controvertida es contraria a los artículos 30 a 36, 59 y 92 del Tratado, a las Directivas 63/607/CEE y 65/264/CEE<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse en la nota 9 las referencias precisas a estas Directivas.</P></NOTE> y al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). En sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia impugna la legalidad del Decreto únicamente con arreglo a los artículos 30 a 36 del Tratado, es decir, las normas comunitarias en materia de <HT TYPE="ITALIC">circu-Ución de mercancías.</HT> Por el contrario, el<?PAGE NO="I-2254"?> Gobierno español y la Comisión estiman que la compatibilidad del Decreto con el Derecho comunitario debe examinarse bajo la perspectiva del artículo 59 del Tratado, con otras palabras, las disposiciones en materia de <HT TYPE="ITALIC">circulación de servicios.</HT> En consecuencia, debo examinar primeramente si son aplicables al caso de autos las disposiciones del Tratado en materia de circulación de mercancías o de circulación de servicios.</P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Como se ha dicho, en sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia Fedicine estima que el régimen contenido en el Decreto constituye una medida de efecto equivalente contraria al artículo 30 del Tratado, dado que a través del sistema de licencias antes esbozado favorece la distribución de películas españolas y, por tanto, hace menos atractiva la distribución de películas procedentes de cualquier otro país comunitario. Fedicine establece claramente la premisa de que las películas son mercancías con arreglo al Tratado.</TXT><P>Por el contrario, la Comisión sostiene que en el presente asunto sólo se discuten las <HT TYPE="ITALIC">condiciones de explotación</HT> de películas de producción española y de las procedentes de otros Estados miembros y de países terceros. Según dicha Institución, ha de considerarse la explotación de una película como un servicio con arreglo al artículo 59 del Tratado CEE. Si bien para la explotación comercial de una película producida fuera de España se precisa importar al menos una copia de dicha película, según la Comisión el elemento esencial de la actividad económica de explotación de películas lo constituye el hecho de que el productor autoriza la exhibición al público de su película y recibe a cambio como contraprestación por esta licencia una remuneración por parte del distribuidor, que puede consistir en una cantidad a tanto alzado o bien en un porcentaje calculado basándose en la recaudación de dicha película.</P></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Se sobrentiende que la filmación de una película cinematográfica presupone la <HT TYPE="ITALIC">fabricación</HT> de un soporte material de la película, la cinta, que puede ser la copia estándar o la reproducción de una película. Dicha cinta es sin lugar a dudas una <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>mercancía<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> con arreglo a las disposiciones del Tratado relativas a la circulación de mercancías, tal como el Tribunal de Justicia precisó este concepto, en particular, <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>productos que pueden valorarse en dinero y que, como tales, pueden ser objeto de transacciones comerciales<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19681210">10 de diciembre de 1968</DATE>, Comisión/Italia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="7/68" YEAR="1968" PAGE.ECR="589">7/68, Rec pp. 589 y ss., especialmente p. 598</REF.DOC.ECR>); véase la reciente sentencia de <DATE ISO="19920709">9 de julio de 1992</DATE>, Comisión/Bélgica (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-2/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-4431">C-2/90, Rec. p. I-4431</REF.DOC.ECR>), apartados 23 y 26; véase la definición de <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>mercancias<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> en us conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs, de <DATE ISO="19910919">19 de septiembre de 1991</DATE>, en el asunto últimamente citado (Rec 1992, p. I-4460), punto 18.</P></NOTE> En este sentido también declaró dicho Tribunal en la sentencia Cinéthèque, en relación con la producción de casetes de vídeo, que:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>no puede calificarse de <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="201C"/>servicios<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="201D"/> con arreglo al Tratado la fabricación de casetes de vídeo, dado que las prestaciones del fabricante de tales productos conducen directamente a la fabricación de un objeto material que, además, está clasificado en el Arancel Aduanero Común (partida 3707). Según el artículo 60 del Tratado, se considerarán como servicios las prestaciones realizadas a cambio de una remuneración <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="201C"/>que no se<?PAGE NO="I-2255"?> rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="201D"/><QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19850711">11 de julio de 1985</DATE>, Cinéthèque (asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="60/84+61/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="2605">60/84 y 61/84, Rec. p. 2605</REF.DOC.ECR>), apartado 10. Compárese, asimismo, con la sentencia de <DATE ISO="19850507">7 de mayo de 1985</DATE>, Comisión/Francia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="18/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="1339">18/84, Rec. p. 1339</REF.DOC.ECR>), apartado 12, en la que el Tribunal rehusa calificar de servicio los trabajos de imprenta, <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>porque las actividades del impresor conducen directamente a la producción de un objeto material que, además, está clasificado como tal en el Arancel Aduanero Común [...]<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</P></NOTE></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Sin embargo, con ello no se ha dicho, en absoluto, que la <HT TYPE="ITALIC">explotación</HT> de películas esté comprendida en las disposiciones del Tratado relativas a la circulación de mercancías. Aunque la explotación en un Estado miembro de una película cinematogràfica realizada en otro Estado miembro supone un movimiento de mercancías con cruce de fronteras, en el sentido de que en el país de explotación debe importarse al menos una copia de dicha película,<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Es por ello que la acción comunitaria, al crearse el mercado común, se haya dirigido primeramente a la supresión de los contingentes de importación de películas procedentes de otro Estado miembro: véanse, en particular, los artículos 5 a 10 de la Directiva 63/607/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19631015">15 de octubre de 1963</DATE>, para la aplicación de las disposiciones del Programa general para la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios en materia de cinematografía (DO 1963, p. 2661; EE 06/01, p. 25). La segunda Directiva adoptada en esu materia obliga a los Estados miembros a suprimir a más tardar el <DATE ISO="19661231">31 de diciembre de 1966</DATE> todos los contingentes de importación de películas que tengan la nacionalidad de uno o varios Estados miembros: artículo 7 de la Segunda Directiva 65/264/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19650513">13 de mayo de 1965</DATE>, para la aplicación de las disposiciones de los Programas generales para la supresión de las restricciones a la libertadae establecimiento y a la Ubre prestación de servicios en materia de cinematografía (DO 1965, p. 1437; EE 06/01, p. 63). El párrafo tercero del artículo 7 de esta Directiva aclara que la supresión de los contingentes implicará el derecho de importación ilimitada de copias, contratipos y material publicitario.</P></NOTE> opino que el meollo de la explotación de películas no radica en los intercambios materiales de cintas de películas.<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>El comercio intracomunitário de materiales, soportes de sonido, películas y otros productos materiales necesarios para el producción de una película está comprendido evidentemente en las disposiciones del Tratado en materia de circulación de mercancías: véase en relación con los productos utilizados para la emisión de mensajes televisados la sentencia de <DATE ISO="19740430">30 de abril de 1974</DATE>, Sacchi (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="155/73" YEAR="1974" PAGE.ECR="409">155/73, Rec. p. 409</REF.DOC.ECR>), apartado 7; véase también la sentencia de <DATE ISO="19910618">18 de junio de 1991</DATE>, Elliniki Radiophonia Tileorassi (ERT) (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-260/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2925">C-260/89, Rec. p. I-2925</REF.DOC.ECR>), apartado 14. Por otra parte, los productos fotográficos o cinematográficos, entre ellos la película cinematográfica, son objeto de un capítulo específico, a saber el capítulo 37 del Arancel Aduanero Común: véase el Reglamento (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2658/87 del Consejo, de <DATE ISO="19870723">23 de julio de 1987</DATE>, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="256" DATE.PUB="1987" PAGE.FIRST="1">DO 1987, L 256, pp. 1</REF.DOC.OJ> y ss., especialmente pp. 249 a 252).</P></NOTE> Como el Tribunal de Justicia confirmó en las sentencias Coditei, la película cinematográfica se diferencia de otros productos culturales que suponen la puesta en circulación, en grandes cantidades, de soportes materiales (libros, discos compactos, casetes de vídeo). En efecto,</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>la película pertenece a la categoría de obras literarias y artísticas que se ponen a disposición del público por la vía de representaciones que pueden repetirse hasta el infinito y cuya comercialización está comprendida en la circulación de servicios, cualquiera que sea el modo de difusión al público, cine o televisión.<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19821006">6 de octubre de 1982</DATE>, Coditei II (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="262/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="3381">262/81, Rec. p. 3381</REF.DOC.ECR>), apartado 11, con remisión a la sentencia de <DATE ISO="19800318">18 de marzo de 1980</DATE>, Coditei I (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="62/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="881">62/79, Rec. p. 881</REF.DOC.ECR>), apartado 12.</P></NOTE></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Por consiguiente, el aspecto esencial de la explotación de una película radica en la puesta a disposición, por el productor, de los derechos de distribución en un mercado determinado, así como en la cesión, con carácter temporal, de los derechos de representación pública en el mercado de que se trate.<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la definición de <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>actividades de distribución y de alquiler de películas<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 68/369/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19681015">15 de octubre de 1968</DATE>, relativa a la realización de la libertad de establecimiento para las actividades no asalariadas de distribución de películas (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="260" DATE.PUB="1968" PAGE.FIRST="22">DO 1968, L 260, p. 22</REF.DOC.OJ>; EE 06/01, p. 107).</P></NOTE> La cesión (con cruce de fronteras) de un soporte material de película no es más que una consecuencia lógica, por lo que no cabe hablar de circulación de mercancías con arreglo al Tratado. Me parece evidente que aquí se trata de una prestación de servicios remunerada —normalmente determinado porcentaje de los ingresos recaudados con las proyecciones—, de modo que también se reúne este elemento del concepto comunitario de servicios establecido en el artículo 60 del Tratado.<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sobre el elemento de la retribución o contraprestación como característica del concepto comunitario de servicio y, más en general, del concepto de actividad económica con arreglo al Tratado CEE, véanse, entre otras, la sentencia de <DATE ISO="19760714">14 de julio de 1976</DATE>, Dona (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="13/76" YEAR="1976" PAGE.ECR="1333">13/76, Rec. p. 1333</REF.DOC.ECR>), apartado 12; la sentencia de <DATE ISO="19881005">5 de octubre de 1988</DATE>, Steymann (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="196/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="6159">196/87, Rec. p. 6159</REF.DOC.ECR>), apartado 14, y la sentencia de <DATE ISO="19911004">4 de octubre de 1991</DATE>, Grogan (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-159/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-4685">C-159/90, Rec. p. I-4685</REF.DOC.ECR>), apartados 16 a 21.</P></NOTE></TXT></NP><?PAGE NO="I-2256"?><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Todo ello no significa necesariamente que siempre sean aplicables las disposiciones del Tratado relativas a la circulación de servicios. Para esto también se requiere (de conformidad con el párrafo primero del artículo 59 del Tratado CEE) que el prestador del servicio sea nacional de un Estado miembro y esté establecido en la Comunidad y que el servicio prestado tenga carácter intracomunitário. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este carácter existe, en particular, cuando i) el prestador del servicio se desplaza a otro Estado miembro para prestar el servicio;<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Según las sentencias denominadas de los <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>guías turísticos<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>, el artículo 59 también es aplicable cuando el prestador y el destinatario del servicio están establecidos en el mismo Estado miembro, pero el servicio es ofrecido en el territorio de otro Estado miembro: sentencias de <DATE ISO="19910226">26 de febrero de 1991</DATE>, Comisión/Francia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-154/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-659">C-154/89, Rec. p. I-659</REF.DOC.ECR>), apartado 10; Comisión/Italia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-180/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-709">C-180/89, Rec. p. I-709</REF.DOC.ECR>), apartado 9, y Comisión/Grecia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-199/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-727">C-198/89, Rec. p. I-727</REF.DOC.ECR>), apartado 10.</P></NOTE> ii) el destinatario del servicio se desplaza a otro Estado miembro para recibir el servicio;<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19840131">31 de enero de 1984</DATE>, Luisi y Carbone (asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="286/82+26/83" YEAR="1984" PAGE.ECR="377">286/82 y 26/83, Rec. p. 377</REF.DOC.ECR>), apartado 10; sentencia de <DATE ISO="19890202">2 de febrero de 1989</DATE>, Cowan (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="186/87" YEAR="1989" PAGE.ECR="195">186/87, Rec p. 195</REF.DOC.ECR>), apartado 15.</P></NOTE> iii) ninguno de los dos se desplaza a otro Estado miembro, pero el servicio lo presta una persona establecida en un Estado miembro distinto del país del destinatario del servicio.<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Semencia de <DATE ISO="19910725">25 de julio de 1991</DATE>, Säger (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-76/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-4221">C-76/90, Rec p. I-4221</REF.DOC.ECR>), apartado 13.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Opino que, en la mayor parte de los casos, la explotación en un Estado miembro de películas realizadas en otro Estado miembro estará comprendida en esta última categoría, dado que esta prestación de servicios no requiere que el productor (prestador del servicio) ni el distribuidor explotador (destinatario del servicio) crucen las fronteras interiores de la Comunidad.</TXT><P>Sin embargo, deseo señalar aún que, si el productor extranjero mantiene una presencia económica continua en el país en el que se realiza la prestación del servicio —sea a través de una sucursal, de un agente autónomo o de cualquier otra forma—, entonces no rigen las disposiciones del Tratado relativas a la prestación de servicios, sino las correspondientes al derecho de establecimiento (artículos 52 a 58 del Tratado).<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia de <DATE ISO="19861204">4 de diciembre de 1986</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="205/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="3755">205/84, Rec p. 3755</REF.DOC.ECR>), apartado 21; véase también la sentencia de <DATE ISO="19910725">25 de julio de 1991</DATE>, Factortame II (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-221/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-3905">C-221/89, Rec p. I-3905</REF.DOC.ECR>), apartado 20.</P></NOTE> Esto emana de la norma de prioridad contenida en el artículo 60 del Tratado, que sólo declara aplicables las disposiciones relativas a la circulación de servicios en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas (entre otras) a la libre circulación de personas.</P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>¿Es contrario el Decreto a las disposiciones del Tratado en materia de circulación de servicios?</P></TI></TITLE><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Así pues, en las circunstancias descritas estoy de acuerdo en que el presente asunto debe examinarse bajo la perspectiva del régimen del Tratado relativo a la circulación de servicios. Concretamente, se trata de saber si una normativa, como la contenida en el Decreto, constituye una restricción a la libre circulación de servicios contraria al artículo 59 del Tratado.</TXT><P>Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia existe tal incompatibilidad cuando un prestador de servicios es discriminado por razón de su nacionalidad o por el hecho de estar establecido en un Estado miembro distinto de aquel en el que debe prestarse el servicio.<?PAGE NO="I-2257"?><NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia de <DATE ISO="19741203">3 de diciembre de 1974</DATE>, Van Binsbergen (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="33/74" YEAR="1974" PAGE.ECR="1299">33/74, Rec. p. 1299</REF.DOC.ECR>), apartado 25; véanse más recientemente, entre otras, la sentencia Comisión/Alemania, ciuda en la nota anterior, apañado 25; las sentencias denominadas de los <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>guías turísticos<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>, antes citadas; semtemcias Comisión/Francia, apañado 12; Comisión/Italia, apañado 15, y Comisión/Grecia, apañado 16; sentencia ERT, ciuda en la nou 10, apañado 19; las semencias <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>Mediawet<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> de <DATE ISO="19910725">25 de julio de 1991</DATE>, Comisión/Países Bajos (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-353/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-4069">C-353/89, Rec. p. I-4069</REF.DOC.ECR>), apañado 14, y Collectieve Antennevoorziening Gouda (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-288/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-4007">C-288/89, Ree. p. I-4007</REF.DOC.ECR>), apartado 10; sentencia de <DATE ISO="19920520">20 de mayo de 1992</DATE>, Ramrath (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-106/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-3351">C-106/91, Rec. p. I-3351</REF.DOC.ECR>), apartado 27.</P></NOTE> En la sentencia Säger el Tribunal añadió que el artículo 59 también exige suprimir cualquier discriminación, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando prohibe u obstaculiza de otro modo las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos.<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Säger, apartado 12.</P></NOTE></P></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>¿Existe, en tal caso, trato discriminatorio de los prestadores de servicios de otro Estado miembro o cualquier otra restricción a la circulación de servicios? Difícilmente puede negarse que el Decreto favorece a los productores de películas españolas respecto de los productores de películas de otros Estados miembros: el sistema de licencias para el doblaje y la distribución de películas de países terceros está supeditado exclusivamente a la producción y distribución de una película <HT TYPE="ITALIC">española.</HT> En la práctica, esto supone una considerable ventaja para los productores españoles, como resulta de los datos del ICAA citados por la Comisión. Las películas estadounidenses suponen más del 40 % del total de películas distribuidas en España y representan más del 70 % en términos de recaudación y de espectadores. Las películas estadounidenses en versión doblada representan más de dos tercios del total. Como consecuencia del Decreto impugnado, por cada cuatro licencias de doblaje de estas películas debe distribuirse al menos una película española. En tales circunstancias no puede negarse que el Decreto pone a los productores de películas de <HT TYPE="ITALIC">otros Estados miembros</HT> en una posición más desfavorable que a los productores españoles, pues a aquéllos se les deniega la ventaja de la obligación de distribución y de los correspondientes ingresos de taquilla.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Con cuanto precede queda desvirtuado inmediatamente el argumento del Gobierno español de que el Decreto no tiene ningún efecto restrictivo a la distribución de películas procedentes de otros Estados miembros: en la misma medida en que el Decreto tiene un efecto protector para los prestadores de servicios que sean productores de películas establecidos en España, perjudica a los prestadores de servicios que sean productores establecidos en otro Estado miembro.<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>Mediawet<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> Comisión/Países Bajos, apartado 23.</P></NOTE> Dado que sus películas quedan excluidas del sistema de distribución obligatoria que, como se ha dicho, sólo rige para las películas españolas, la prestación de servicios de los productores de otros Estados miembros resulta menos incentivada y, por tanto, obstaculizada: con dicho sistema, tanto la promoción como la distribución de sus películas en España se ven obstaculizadas. Además, esta restricción tiene carácter discriminatorio, pues a los productores de películas de otros Estados miembros se les deniega una ventaja concreta que sí se les concede a los productores de películas españolas.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Es reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las normativas nacionales, que entrañan un trato discriminatorio de las prestaciones de servicios procedentes de otro Estado miembro, sólo son compatibles con el Derecho comunitario si pueden acogerse a<?PAGE NO="I-2258"?> una disposición expresa del Tratado que establezca una excepción.<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia de <DATE ISO="19880426">26 de abril de 1988</DATE>, Bond van Adverteerders (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="352/85" YEAR="1988" PAGE.ECR="2085">352/85, Rec. p. 2085</REF.DOC.ECR>), apartado 32; sentencia Collectieve Antennevoorziening Gouda, apartado 12; sentencia Comisión/Países Bajos, apartado 15.</P></NOTE></TXT><P>La única excepción expresa a la que España podría acogerse es la contenida en el artículo 66 en relación con el artículo 56 del Tratado, que admiten regímenes discriminatorios que estén justificados por razones de orden público, seguridad y salud públicas. Me parece que eventualmente sólo puede tomarse en consideración la primera causa de justificación, el orden público.</P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>¿Puede justificarse el régimen invocando el orden público?</P></TI></TITLE><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>El Gobierno español, que además estima que en el Decreto no hay ningún elemento de discriminación, alega que el régimen controvertido persigue objetivos culturales justificados desde el punto de vista del Derecho comunitario, a saber, la protección del cine de producción nacional de un Estado miembro. En defecto de normativa comunitaria los Estados miembros, dentro de los límites que les autoriza el Derecho comunitario, pueden fijar los objetivos políticos y determinar los instrumentos necesarios para su consecución.</TXT><P>El Parlamento Europeo, ya en un informe de 1983, reconoció la parte fundamental que el cine representa en el patrimonio cultural de la Comunidad y la necesidad de que sea protegido en la misma medida que otros elementos de ese patrimonio.<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Se hace claramente alusión al <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>Rapport fait au nom de la commission de la jeunesse, de la culture, de l'éducation, de l'information et des sports sur la promotion du cinéma des Íiays de la Communauté<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> elaborado por la Sra. Marieeanne Pruvot, Parlement européen, Documents de séance 1983-1984, <DATE ISO="19830715">15 de julio de 1983</DATE>, PE 76.975/final.</P></NOTE></P><P>Sin embargo, desde el punto de vista jurídico surge la pregunta de en qué medida puede recogerse en el concepto de orden público, con arreglo al artículo 66 en relación con el artículo 56 del Tratado, un régimen nacional o regional que, con miras a proteger la propia producción cinematográfica en el marco de una política orientada a la conservación del patrimonio cultural, concede a los productores cinematográficos nacionales una importante ventaja competitiva en perjuicio de los productores de otros Estados miembros.</P></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>De la actual jurisprudencia comunitaria se deduce que hay muy pocas posibilidades de que esto se produzca. El Tribunal de Justicia retiene al respecto ima <HT TYPE="ITALIC">interpretación estricta</HT> del concepto de <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>orden público<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> con arreglo al artículo 56 del Tratado CEE: según la sentencia Bouchereau, para poder invocar esta causa de justificación es preciso:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>en todo caso, aparte de la perturbación social que constituye toda infracción de la Ley, que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19771027">27 de octubre de 1977</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="30/77" YEAR="1977" PAGE.ECR="1999">30/77, Rec. p. 1999</REF.DOC.ECR>), apartado 35.</P></NOTE></P></QUOT.S></P><P>El Tribunal de Justicia ha declarado desde antiguo, en materia de circulación de mercancías, que, en todo caso, están excluidos de este concepto, recogido en el artículo 36 del Tratado, los motivos de política económica.<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia de <DATE ISO="19611219">19 de diciembre de 1961</DATE>, Comisión/Italia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="7/61" YEAR="1961" PAGE.ECR="633">7/61, Rec. pp. 633 y ss., especialmente p. 657</REF.DOC.ECR>), Este principio ha sido confirmado recientemente, entre otras, en la sentencia de <DATE ISO="19840207">7 de febrero de 1984</DATE>, Duphar (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="238/82" YEAR="1984" PAGE.ECR="523">238/82, Rec. p. 523X apartado 23</REF.DOC.ECR>; sentencia de <DATE ISO="19850611">11 de junio de 1985</DATE>, Comisión/Irlanda (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="288/83" YEAR="1985" PAGE.ECR="1761">288/83, Rec. p. 1761</REF.DOC.ECR>), apartado 28; sentencia de <DATE ISO="19860605">5 de junio de 1986</DATE>, Comisión/Italia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="103/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="1759">103/84, Rec p. 1759</REF.DOC.ECR>), apañado 22.</P></NOTE> El Tribunal también ha confirmado esta doctrina en materia de circulación de servicios.<?PAGE NO="I-2259"?> En este sentido declaro en la sentencia Bond van Adverteerders:</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>[...] los objetivos de política económica, como garantizar a la fundación pública nacional la totalidad de los ingresos procedentes de mensajes publicitarios específicamente destinados al público del Estado de que se trate, no pueden constituir razones de orden público en el sentido del artículo 56 del Tratado<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Bond van Adverteerders, apartado 34; véanse tambien las sentencias <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>Mediawet<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>; sentencia Collectieve Antennevoorziening Gouda, apartado 11, y sentencia Comisión/Países Bajos, apartado 15.</P></NOTE></P></QUOT.S></P><P>Sin embargo, esto no significa que está excluida la aplicación del artículo 36 (y, cabe pensar, la del 56) <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>por el mero hecho de que una normativa nacional, justificada por circunstancias objetivas que obedezcan a las exigencia de los intereses que protege, permita alcanzar también otros objetivos de naturaleza económica<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19871006">6 de octubre de 1987</DATE>, Nertsvoederfabriek Nederland (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="118/86" YEAR="1987" PAGE.ECR="3883">118/86, Rec. p. 3883</REF.DOC.ECR>), apartado 15; sentencia de <DATE ISO="19840910">10 de septiembre de 1984</DATE>, Campus Oil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="72/83" YEAR="1984" PAGE.ECR="2727">72/83, Rec. p. 2727</REF.DOC.ECR>), apartado 36; véanse también las conclusiones del Abogado General Sr. Mancini en la sentencia Duphar (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="238/82" YEAR="1984" PAGE.ECR="546">238/82, Rec. 1984, pp.546 y ss., especialmente pp. 549 y 550</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> Ello es así con mayor razón cuando el objetivo de carácter económico sea necesario para permitir la realización de un objetivo mencionado en dicha disposición <HT TYPE="ITALIC">(in casu</HT> la protección de la salud).<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Nertsvoederfabriek Nederland, apartado 15.</P></NOTE></P><P>Sin embargo, aunque se cumpla el requisito material de la sentencia Bouchereau, el Tribunal impone, además, una severa <HT TYPE="ITALIC">exigencia de proporcionalidad:</HT> en Bond van Adverteerders recordó que:</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>las medidas adoptadas en virtud de este artículo, no deben ser desproporcionadas en relación con el objetivo perseguido. Como excepción a un principio fundamental del Tratado, el artículo 56 debe, en efecto, interpretarse de modo que sus efectos se limiten a lo necesario para la protección de los intereses que pretende garantizar<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Bond van Adverteerders, apartado 36.</P></NOTE></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>La estricta definición del concepto y la exigencia de proporcionalidad hacen que sólo excepcionalmente pueda invocarse el concepto de orden público para normativas nacionales, en la medida en que produzcan efecto sobre la circulación de servicios entre Estados miembros. Aunque su contenido puede variar en cierta medida de un Estado miembro a otro,<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19741204">4 de diciembre de 1974</DATE>, Van Duyn (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="41/74" YEAR="1974" PAGE.ECR="1337">41/74, Rec. p. 1337</REF.DOC.ECR>), apartado 18; sentencia Bouchereau, apartado 34.</P></NOTE> este concepto contempla exclusivamente <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>amenazas reales y suficientemente graves que afecten a un interés fundamental de la sociedad<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>. Además, no abarca ningún objetivo económico, lo cual implica que no ampara regímenes nacionales o regionales que, so pretexto de proteger intereses fundamentales, persiguen exclusiva o principalmente un objetivo económico. Por último, incluso cuando el régimen tenga realmente por objetivo mantener el orden público, sólo podrá ser tolerado a condición que dicho objetivo no pueda ser alcanzado por medio de regímenes menos restrictivos o en su caso menos discriminatorios o no discriminatorios.</TXT><P>En relación con la prestación de servicios en el sector audiovisual esto quedó esclarecido en la sentencia Bond van Adverteerders y en la reciente sentencia sobre el Decreto flamenco del cable.</P></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>En el asunto citado en primer lugar se debatía el régimen neerlandés, vigente a la<?PAGE NO="I-2260"?> sazón, que contenía una prohibición de difundir por cable programas de radio y televisión, emitidos desde otros Estados miembros, que incluyeran mensajes publicitarios específicamente destinados al público neerlandés o subtítulos en neerlandés. El derecho a difundir mensajes publicitarios estaba reservado a una fundación cuyos ingresos los utilizada el Estado para subvencionar a los organismos de radiodifusión y a la prensa nacionales. El Gobierno neerlandés había alegado que las mencionadas prohibiciones perseguían un objetivo no económico de orden público, a saber conservar el carácter no comercial y pluralista del sistema de radiodifusión nacional. Sin contradecir este argumento, el Tribunal de Justicia aplicó la mencionada exigencia de proporcionalidad. Según admitió el propio Gobierno neerlandés, no se había cumplido dicho requisito: se podían alcanzar, en todo caso, los mencionados objetivos con otros medios menos restrictivos y no discriminatorios.<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Bond van Adverteerders, apartado 37.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Menos éxito tuvo todavía el Gobierno belga en el asunto del Decreto flamenco del cable. Un Decreto de la Comunidad Flamenca prohibía a las sociedades de televisión transmitir, por sus redes de distribución de programas de radio y televisión, servicios de radiodifusión de otros Estados miembros que no se realizaran en una de las lenguas del Estado miembro en que estuviera establecido el servicio de radiodifusión. Para justificar esta restricción discriminatoria el Gobierno belga había invocado objetivos de política cultural, en particular conservar el carácter pluralista de la prensa escrita (que participa directamente en los ingresos por publicidad de las televisiones nacionales), la conservación y el desarrollo del patrimonio artístico y la viabilidad de los servicios de radiodifusión nacionales. El Tribunal de Justicia no quedó convencido por estos argumentos y en cambio encontró un indicio (concretamente en los argumentos primero y tercero) de que el régimen controvertido tenía por finalidad restringir la competencia efectiva a los servicios de radiodifusión nacionales para poner a salvo los ingresos por publicidad de dichos servicios.<NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19921216">16 de diciembre de 1992</DATE>, Comisión/Bélgica (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-211/92" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-6757">C-211/91, Rec. p. I-6757)</REF.DOC.ECR>, aparado 9.</P></NOTE> Además, añadió el Tribunal siguiendo la opinión del Abogado General:<NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro, de <DATE ISO="19921124">24 de noviembre de 1992</DATE> (Rec. p. I-6769), punto 5.</P></NOTE></TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>las justificaciones aducidas por el Gobierno belga no pueden englobarse en las excepciones a la libre prestación de servicios admitidas por el artículo 56, a saber, orden público, seguridad y salud públicas<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0034" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Comisión/Bélgica, apartado 10.</P></NOTE></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Si aplico esta jurisprudencia al presente asunto, debo concluir que un régimen como el contenido en el Decreto no puede acogerse a la excepción de orden público establecida en el artículo 56. El Decreto no constituye un medio de protección contra una <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>amenaza real y suficientemente grave<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> de un interés fundamental de la sociedad. Además, me parece que, como en el asunto del Decreto flamenco del cable, está inspirado en motivos de política económica. Aunque la finalidad del Decreto es promover películas en alguna de las lenguas oficiales españolas, sin embargo me parece que persigue sobre todo afianzar la industria nacional del cine,<NOTE NOTE.ID="E0035" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Esto también aparece claramente en el pasaje, citado por la Comisión en sus observaciones escritas, de la exposición de motivos del proyecto de ley que desembocaría en la Ley n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3/80, antecesora del Decreto.</P></NOTE> ya que sólo se ofrece a los productores de películas españolas la ventaja de una distribución suficiente.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-2261"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>¿Puede justificarse el régimen invocando la protección del patrimonio cultural?</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Actualmente en la Comunidad se concede una importancia cada vez mayor al desarrollo de las culturas de los Estados miembros y de sus regiones. Así pues, me parece oportuno examinar brevemente si para un régimen como el de autos no se puede hallar con arreglo al Decreto comunitario una causa de justificación distinta del orden público y si, en particular, no puede invocarse una razón imperiosa de interés general que guarde relación con la protección del patrimonio cultural.</TXT><P>La importancia que se concede al patrimonio cultural aumentará aún más cuando haya entrado en vigor el Tratado de la Unión Europea. Deseo recordar que este Tratado impone a la Comunidad aportar una contribución <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>al desarrollo de las culturas de los Estados miembros<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>,<NOTE NOTE.ID="E0036" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Letra p) del artículo 3 del Tratado CEE tal como es modihcado por el artículo G del Tratado de la Unión Europea. El tratto de este Tratado se publico en el <REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="191" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="1">DO 1992, C 191, p.l</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> misión que, según el artículo 128 del Tratado, se cumplirá <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> (apartado 1). Además, este artículo establece que la Comunidad tendrá en cuenta <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>los aspectos culturales<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> en su actuación <HT TYPE="ITALIC">en virtud de otras disposiáones del Tratado</HT> (apartado 4).</P><P>A modo de ejemplo, por lo que se refiere a este último aspecto se puede llamar la atención sobre el nuevo artículo 92, apartado 3, letra d) del Tratado CEE previsto por el Tratado de la Unión Europea. Con arreglo a esta disposición, podrán considerarse compatibles con el mercado común</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>La diversidad de culturas, no obstante las dificultades inherentes, constituye una de las riquezas de la Comunidad. Se deduce de numerosas sentencias que el Tribunal de Justicia no es insensible a esta diversidad y a las necesidades específicas que entrañan los esfuerzos por conservar las particularidades culturales.</TXT><P>En materia de <HT TYPE="ITALIC">circulacion de servidos</HT> puedo remitirme a los asuntos de los <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>guías turísticos<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>, en los que el Tribunal reconoció expresamente <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0037" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19910228">28 de febrero de 1991</DATE>, Comisión/Italia, ya ciuda en la nou 14, aparudo 20; confirmado por el Tribunal de Justicia en las sentencias <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>Mediawet<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/>: sentencia Collectieve Antennevoorziening Gouda, aparudo 14, y sentencia Comisión/Países Bajos, aparudo 18.</P></NOTE> y <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>la valoración de las riquezas históricas y la mejor difusión posible de los conocimientos relativos al patrimonio artístico y cultural de un país<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0038" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Comisión/Francia, ya citada en la nou 14, aparudo 17; sentencia Comisión/Grecia, ya ciuda en la nou 14, aparudo 21; desde entonces, confirmado asimismo en las sentencias <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>Mediawet<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>, en el mismo aparudo al que se ha hecho referencia en la nou anterior.</P></NOTE> como razones imperativas de interés general que pueden justificar una restricción a la libre circulación de servicios.</P><P>En fecha aún más reciente el Tribunal de Justicia reconoció en sus sentencias <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>Mediawet<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/> que una política cultural nacional, dirigida a salvaguardar la libertad de expresión de las<?PAGE NO="I-2262"?> diferentes corrientes sociales, culturales, religiosas y filosóficas en un Estado miembro <HT TYPE="ITALIC">(in casu</HT> los Países Bajos), persigue un objetivo comunitario justificado:</P><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>Es cierto que, entendida en este sentido, una política cultural puede constituir una razón imperativa de interés general que justifique una restricción a la libre prestación de servicios. Efectivamente, el mantenimiento del pluralismo que esta política neerlandesa pretende garantizar está relacionado con la libertad de expresión, protegida por el artículo 10 del Convenio de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que figura entre los derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento jurídico comunitario [...]<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0039" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda, apartado 23; sentencia Comisión/Países Bajos, apartado 30; este punto acaba de ser confirmado expresamente por el Tribunal de Justicia: sentencia de <DATE ISO="19930203">3 de febrero de 1993</DATE>, Vereniging Veronica Omroep Organisatie (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-148/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-487">C-148/91, Rec. p. I-487</REF.DOC.ECR>), apartados 9 y 10.</P></NOTE></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Asimismo, en el ámbito de la libre <HT TYPE="ITALIC">circu-Ución de trabajadores</HT> el Tribunal se muestra comprensible respecto de las medidas nacionales o regionales que persiguen la conservación de la identidad cultural de un pueblo. Esto queda ilustrado con la sentencia Groener en la que el Tribunal, respondiendo a la cuestión de si era compatible con el Derecho comunitario una normativa irlandesa que, para un puesto de profesor en un centro docente público, exigía probar un conocimiento suficiente de la lengua irlandesa, declaró lo siguiente:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>El Tratado CEE no se opone a la adopción de una política enfocada hacia la defensa y promoción de la lengua de un Estado miembro que, al mismo tiempo, es la lengua nacional y la primera lengua oficial. Ahora bien, la puesta en práctica de semejante política no debe menoscabar una libertad fundamental, como es el caso de la libre circulación de trabajadores. Por consiguiente, las exigencias derivadas de las medidas de ejecución de una política de este tipo no deben ser desproporcionadas, en ningún caso, en relación con el fin perseguido; y sus modalidades de aplicación no deben suponer discriminación alguna en detrimento de nacionales de otros Estados miembros.<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0040" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19891128">28 de noviembre de 1989</DATE>, Groener (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-379/87" YEAR="1989" PAGE.ECR="3967">C-379/87, Rec. p. 3967</REF.DOC.ECR>), apartado 19.</P></NOTE></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Por último, en su jurisprudencia sobre libre <HT TYPE="ITALIC">circulación de mercancías</HT> el Tribunal también ha dado muestras de esta apertura a objetivos culturales (y aún más amplios, socioculturales) que en principio no sean discriminatorios.</TXT><P>En la sentencia Cinéthèque el Tribunal estimó que persigue un objetivo justificado con arreglo al Derecho comunitario un régimen nacional que, <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>para alentar la creación de obras cinematográficas sin distinción de origen, da prioridad durante un breve período inicial a la difusión de dichas obras en sala<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/>. El artículo 30 no es aplicable a tal régimen en la medida en que los obstáculos causados a los intercambios intracomunitários por la aplicación de esta prohibición no vayan más allá de cuanto sea necesario para alcanzar dicho objetivo.<NOTE NOTE.ID="E0041" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Cinéthèque, apartados 23 y 24.</P></NOTE></P><P>En los recientes asuntos del cierre dominical el Tribunal también ha confirmado que corresponde a los Estados miembros <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>hacer opciones en relación con las peculiaridades socioculturales nacionales o regionales tomando en consideración los requisitos que<?PAGE NO="I-2263"?> emanan del Derecho comunitario y, en particular, el principio de proporcionalidad<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0042" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Semencia de <DATE ISO="19921216">16 de diciembre de 1992</DATE>, B &amp; Q (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-169/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-6635">C-169/91, Rec. p. I-6635</REF.DOC.ECR>), apartado 11; véase la formulación similar, pero algo distinta, en las anteriores sentencias del descanso dominical: sentencia de <DATE ISO="19891123">23 de noviembre de 1989</DATE>, Torfaen (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-145/88" YEAR="1989" PAGE.ECR="3851">C-145/88, Rec. p. 3851</REF.DOC.ECR>), apartado 14; sentencias de <DATE ISO="19910228">28 de febrero de 1991</DATE>, Conforama (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-312/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-997">C-312/89, Rec. p. I-997</REF.DOC.ECR>), apartado 11, y Marchandise (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-332/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-1017">C-332/89, Rec. p. I-1027</REF.DOC.ECR>), apartado 12.</P></NOTE></P></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>De esta jurisprudencia se sigue que un régimen encardinado en la política cultural de las autoridades nacionales o regionales puede acogerse, en su caso, a una <HT TYPE="ITALIC">razón imperativa de interés general,</HT> reconocida por el Derecho comunitario, la cual justifique determinadas restricciones a la circulación intracomunitária de personas, mercancías o servicios. Se trata de medidas que persiguen la conservación y la gestión de riquezas históricas y artísticas o la difusión de los conocimientos artísticos y de la cultura (sentencias de los <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>guías turísticos<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/>),<NOTE NOTE.ID="E0043" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Procede recordar que, según el apartado 1 del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>tomar parte libremente en la vida cultural de la Comunidad<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/> y a <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>gozar de las artes<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>. Es reiterada jurisprudencia que el Tribunal de Justicia se deja inspirar por tales <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relau'vos a la protección de los derechos humanos, con los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>: véase la sentencia de <DATE ISO="19740514">14 de mayo de 1974</DATE>, Nold (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="4/73" YEAR="1975" PAGE.ECR="491">4/73, Rec. p. 491</REF.DOC.ECR>), apartado 13; sentencia ERT, apartado 41.</P></NOTE> que están dirigidas a salvaguardar la libertad de expresión pluralista de las diferentes corrientes sociales, culturales, religiosas y filosóficas en un país (sentencias <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>Mediawet<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/>) o que están dirigidas a la protección de una lengua nacional (sentencia Groener). Esta razón imperativa de interés general puede definirse de un modo general como la protección, el desarrollo y la difusión del propio patrimonio cultural de un Estado miembro o de una de sus regiones, en un contexto <HT TYPE="ITALIC">pluralista</HT> y como <HT TYPE="ITALIC">parte de una herencia</HT> cultural <HT TYPE="ITALIC">común</HT> a los Estados miembros (denominada en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>protección del patrimonio cultural<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>).</TXT><P>Sin embargo, es evidente que tal razón imperativa no puede justificar obstáculos que van más allá de lo que es necesario para alcanzar el objetivo perseguido.<NOTE NOTE.ID="E0044" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En relación con este control de la proporcionalidad véase también, ademas del citado pasaje de las sentencias Groener y Cinéthèque: sentencia Collectieve Antennevoorziening Gouda, apartados 24 y 25; sentencia Comisión/Países Bajos, apartados 31, 42 y 43.</P></NOTE> Además, con tales regímenes tampoco pueden perseguirse objetivos de carácter económico (aunque no tiene por qué quedar excluido que se alcancen efectos económicos derivados).<NOTE NOTE.ID="E0045" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse mis arriba el punto 17 y las sentencias citadas en la nou 26. Véase también la citada sentencia Veronica Omroep Organisatie, en la que se justifica la imposición de una prohibición económica como medio para alcanzar un objetivo de política cultural: apartados 10 y ss.</P></NOTE> Por último, según declaró el Tribunal en la sentencia Groener <HT TYPE="ITALIC">(supra,</HT> punto 24), las modalidades de aplicación de tal política cultural (en dicho asunto, política lingüística) no deben suponer discriminación alguna en detrimento de nacionales de otros Estados miembros.</P></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Por lo que se refiere a este último requisito, a saber el carácter no discriminatorio de la medida, en mi opinión no cabe excluir cierta agilización de la jurisprudencia. Las medidas adoptadas para la protección del patrimonio cultural de un Estado miembro o de alguna de sus regiones a menudo entrañarán una ventaja directa o indirecta de los propios artistas o instituciones culturales (por ejemplo, la creación de un premio cinematográfico o literario o alentar de otro modo a los artistas o a las asociaciones artísticas).<NOTE NOTE.ID="E0046" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Conviene que tales medidas sean lo más transfronterizas posibles, por ejemplo, mediante la creación de premios literarios o cinematografíeos para un territorio lingüístico común a varios Estados miembros. De este modo se pone de relieve, como desea el Tratado de la Unión Europea (supra, punto 22), el formar parte de la propia cultura de un patrimonio cultural común.</P></NOTE> También cuando tales medidas guarden relación con las prestaciones de servicios comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 59 del Tratado CEE, es decir, en la<?PAGE NO="I-2264"?> medida en que las actividades culturales contempladas en dicha disposición constituyan una actividad económica con arreglo al artículo 60 del Tratado CEE y no sea una cuestión puramente interna de determinado Estado miembro,<NOTE NOTE.ID="E0047" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Por lo que se refiere al primer elemento, véanse las remisiones en la nota 13. En relación con el segundo elemento cabe remitirse en último lugar, entre otras, ala sentencia de <DATE ISO="19910423">23 de abril de 1991</DATE>, Höfner y Elser (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-41/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-1979">C-41/90, Rec. p. I-1979</REF.DOC.ECR>), apartados 37 a 39; sentencia López Brea, citada en la nota 5, apartado 7; sentencia de <DATE ISO="19920319">19 de marzo de 1992</DATE>, Batista Morais (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-60/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-2085">C-60/91, Rec. p. I-2085</REF.DOC.ECR>), apartado 7.</P></NOTE> podrán, en su caso, beneficiarse de una justificación con arreglo al Derecho comunitario.</TXT><P>Su fundamento puede hallarse en una aplicación por analogía, a las medidas nacionales relativas a la circulación de servicios, del motivo mencionado en el artículo 36, en relación con la circulación de mercancías, motivo de protección del <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/>. Semejante aplicación por analogía encuentra apoyo en la jurisprudencia del Tribunal,<NOTE NOTE.ID="E0048" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse las sentencias Coditei I, apartados 14 y 15, y Coditei II, apartado 13.</P></NOTE> en las conclusiones de los Abogados Generales<NOTE NOTE.ID="E0049" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Warner, en la sentencia Coditei I y en la sentencia Debauve (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="52/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="860">52/79, Rec. 1980, pp. 860 y ss., especialmente p. 878</REF.DOC.ECR>); compárense las conclusiones del Abogado General Su* Gordon Slynn en la sentencia Cinéthèque (Ree. 1985, pp. 2606 y ss., especialmente p. 2615).</P></NOTE> y en la doctrina.<NOTE NOTE.ID="E0050" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Defalque, L.: <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/>, en Commentaire Mégret. Le droit de la CEE, I, Bruselas, Editions de l'Université de Bruxelles, 1992, pp. 201 y ss., especialmente pp.272 y 273, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 290; Kapteyn, P. J. G. y VerLoren van Themaat, P.: Inleiding tot bet recht van de Europese Gemeenschappen, Deventer, Kluwer, 1987, p. 294; véase, asimismo, la edición inglesa de este libro, realizada por Gormley, L. W.: introduction to the law of the European Communities, Deventer-Boston, Kluwer Law Sc Taxation, 1989, p. 450.</P></NOTE> No veo ninguna objeción en que el motivo formulado en el artículo 36 sea más restringido que la protección del patrimonio cultural, aunque el Tribunal ha admitido que la enumeración del artículo 36 es limitativa.<NOTE NOTE.ID="E0051" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Opino que puede hacerse una ampliación igual en relación con el motivo, mencionado en el artículo 36, de protección de la salud y vida de las personas y animales y preservación de los vegetales, que queda englobado en el motivo más amplio de protección del medio ambiente. Compárese al respecto la sentencia de <DATE ISO="19920709">9 de julio de 1992</DATE>, Comisión/Bélgica (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-2/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-4431">C-2/90, Rec. p. I-4431</REF.DOC.ECR>), cuya solución quizá también se hubiera podido basar en la excepción, entendida en sentido amplio, del artículo 36.</P></NOTE> Esta tesis no obsta para que a los motivos mencionados en el artículo 36 se les conceda un significado que corresponda a la evolución del Derecho comunitario mencionada anteriormente (puntos 22 y siguientes).<NOTE NOTE.ID="E0052" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En la ciuda sentencia Coditei II, el Tribunal mismo declaró que procedía equiparar la protección de la <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>propiedad artística e intelectual<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/> con la expresión más restringida, utilizada en el artículo 36, de protección de la <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>propiedad industrial y comercial<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/>.</P></NOTE></P></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Sea como fuere, opino que no puede invocarse la razón imperativa de protección del patrimonio cultural en favor del régimen controvertido en el presente asunto, pues no se ha demostrado que el Decreto impugnado persiga en primer lugar la conservación y promoción de la cultura propia. Como se ha dicho antes (punto 21), el Decreto está inspirado sustancialmente en motivos de política económica, pues pretende que las películas españolas sean distribuidas <HT TYPE="ITALIC">lo más posible</HT> y no es de tal naturaleza que, a falta de todo control de calidad, fomente la producción de <HT TYPE="ITALIC">pelícuks de calidad.</HT> Para llevar a cabo esto último, puedo imaginarme, por lo demás, otras medidas orientadas verdaderamente a la cultura y que pongan menos obstáculos a la circulación de servicios dentro de la Comunidad, tal como la creación de premios para promover buenas películas de calidad.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2265"?><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Dado que ei anterior examen me ha llevado a la conclusión de que el Decreto es incompatible con el artículo 59 del Tratado, no me parece necesario indagar las demás normas comunitarias cuya infracción ha alegado Fedicine en el litigio principal (punto 4).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusión</P></TI></TITLE><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Propongo al Tribunal de Justicia que responda lo siguiente a la cuestión planteada por el Tribunal Supremo:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>Un régimen nacional que supedita el doblaje de películas procedentes de países terceros a un sistema de licencias, de modo que se obliga al distribuidor a comprometerse contractualmente a distribuir al mismo tiempo una película del Estado miembro de que se trate, implica una discriminación de los productores de películas de otros Estados miembros contraria al artículo 59 del Tratado, por lo cual, dado que persigue principalmente objetivos económicos, no puede acogerse a ninguna causa de justificación reconocida por el Derecho comunitario.<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>