–

en nombre de Prokurator Rejonowy we Włocławku, por la Sra. T. Rutkowska-Szmydyńska;

–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

–

en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, la Sra. T. Suchá y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Hottiaux y el Sr. M. Wasmeier, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación:

–

de los artículos 6 TUE, apartados 1 a 3, y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo;

–

de los artículos 4 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»);

–

de los artículos 1, apartado 2, 2, apartado 1, letra b), 4, apartado 5, 8 y 9 de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO 2016, L 297, p. 1);

–

del artículo 3, apartados 2, letras a) a c), y 3, letras a) y b), de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO 2013, L 294, p. 1);

–

de los puntos 6, 7, 11 y 13 de la Recomendación (2013/C 378/02) de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales (DO 2013, C 378, p. 8; en lo sucesivo, «Recomendación de la Comisión»), y

–

de los principios de primacía, efectividad y efecto directo del Derecho de la Unión.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal incoado contra K. P., por una parte, por poseer estupefacientes y sustancias psicotrópicas y, por otra parte, por conducir bajo los efectos de estupefacientes.

Marco jurídico

Derecho internacional

3

Los puntos 23 y 32 de los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, adoptados el 20 de diciembre de 2012 mediante la Resolución 67/187 de la Asamblea General, tienen la siguiente redacción:

Derecho de la Unión

Directiva 2013/48

4

A tenor de los considerandos 50 y 51 de la Directiva 2013/48:

5

El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 1:

6

El artículo 3 de la citada Directiva, bajo la rúbrica «Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales», tiene el siguiente tenor:

7

El artículo 12 de esa Directiva, titulado «Vías de recurso», establece:

8

El artículo 13 de la Directiva 2013/48 está redactado en los siguientes términos:

Directiva 2016/1919

9

A tenor de los considerandos 1, 3, 4, 6, 17 a 19, 23 y 24 de la Directiva 2016/1919:

10

A tenor del artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto»:

11

El artículo 2 de la Directiva 2016/1919, bajo la rúbrica «Ámbito de aplicación», dispone, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:

12

El artículo 4 de la Directiva 2016/1919, titulado «Asistencia jurídica gratuita en los procesos penales», tiene la siguiente redacción:

13

A tenor del artículo 8 de esta Directiva, bajo la rúbrica «Vías de recurso»:

14

El artículo 9 de la citada Directiva, titulado «Personas vulnerables», está así redactado:

15

El artículo 11 de la misma Directiva, titulado «No regresión», establece:

Recomendación de la Comisión

16

A tenor de los considerandos 1, 6, 7, 11 y 13 de la Recomendación de la Comisión:

17

El punto 4 de esta Recomendación figura en su sección 2, titulada «Identificación de las personas vulnerables». A tenor de este punto 4:

18

La sección 3 de la mencionada Recomendación, bajo la rúbrica «Derechos de las personas vulnerables», consta de diez partes, cuatro de las cuales se titulan «No discriminación», «Presunción de vulnerabilidad», «Derecho a la asistencia de letrado» y «Grabación de los interrogatorios». El punto 6 de la misma Recomendación, que figura en la primera de esas cuatro partes, está redactado en los siguientes términos:

19

El punto 7 de la Recomendación de la Comisión, que figura en la parte titulada «Presunción de vulnerabilidad», dispone:

20

En virtud del punto 11 de esta Recomendación, que aparece en la parte titulada «Derecho a la asistencia de letrado»:

21

El punto 13 de la citada Recomendación, que figura en la parte titulada «Grabación de los interrogatorios», establece:

Derecho polaco

22

De conformidad con el artículo 6 de la ustawa — Kodeks postępowania karnego (Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Penal), de 6 de junio de 1997 (Dz. U. de 2022, posición 1375), en su versión aplicable al proceso penal del litigio principal (en lo sucesivo, «CPP»), el acusado goza del derecho de defensa, incluido el derecho a la asistencia letrada. Será informado de este derecho.

23

El artículo 79 del CPP establece, en su apartado 1, que, en un proceso penal, el acusado debe estar asistido de letrado cuando existan dudas razonables de que en el momento de la comisión del acto no tuviera la capacidad de comprender su significado o de controlar su comportamiento o de que tal capacidad estuviera sustancialmente limitada (apartado 3) y cuando existan dudas razonables de que su estado de salud mental le permita participar en el proceso o defenderse de manera independiente y razonable (apartado 4). Por otra parte, el artículo 79, apartado 3, del CCP dispone que, en los supuestos contemplados, en particular, en su apartado 1, la presencia del letrado será obligatoria en la vista y en las sesiones en las que deba participar el acusado.

24

En virtud del artículo 168a del CPP, las pruebas no podrán declararse inadmisibles por el mero hecho de haberse obtenido infringiendo normas procesales o mediante la comisión de una infracción, en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Código Penal, a menos que las pruebas hayan sido obtenidas por un funcionario público en el marco del ejercicio de sus funciones tras un homicidio doloso, lesiones dolosas o privación de libertad.

25

El artículo 300 del CPP versa sobre el derecho de información de los sospechosos. A este respecto, antes de su primer interrogatorio, el sospechoso deberá ser informado de sus derechos a ser oído, a guardar silencio o a negarse a responder a determinadas preguntas, del contenido de la inculpación y de sus modificaciones, a pedir que se practiquen diligencias de investigación previa o de instrucción, a recibir asistencia letrada, incluso a solicitar la designación de un letrado de oficio en determinados supuestos de los que deberá ser informado, y a conocer los elementos del expediente final de la instrucción penal y los derechos que se mencionan en el artículo 301 del CPP, así como las obligaciones y las consecuencias expuestas en el artículo 74 del CPP. El sospechoso deberá obtener esta información por escrito y confirmar que la ha recibido firmando un acuse de recibo del documento informativo.

26

De conformidad con el artículo 301 del CPP, cuando así lo solicite, el sospechoso será interrogado en presencia del letrado designado. La incomparecencia de este no impide que se lleve a cabo el interrogatorio.

27

En virtud del artículo 344a del CPP, el órgano jurisdiccional competente remitirá la causa al fiscal para que complete la instrucción si el expediente pone de manifiesto carencias importantes en el proceso, en particular la necesidad de obtener pruebas, y si ese órgano jurisdiccional se enfrenta a considerables dificultades para la práctica de las actuaciones necesarias. Cuando remita la causa al fiscal, dicho órgano jurisdiccional especificará el rumbo que deberá adoptar la instrucción adicional y, en caso necesario, las medidas apropiadas que deban adoptarse. Las partes podrán recurrir este auto.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

28

El Sąd Rejonowy we Włocławku (Tribunal de Distrito de Włocławek, Polonia), tribunal remitente en el presente asunto, conoce de un proceso penal incoado contra K. P.

29

Según indica el tribunal remitente, las diligencias penales se iniciaron en el contexto siguiente. El 22 de julio de 2022, informados de una colisión en la que se vieron implicados dos vehículos, unos agentes de policía procedieron a identificar a K. P. Se encontraba en el exterior de su vehículo, nervioso, y hablaba de modo confuso e incoherente.

30

Los agentes de policía le pidieron que les entregara todos los objetos cuya posesión pudiera estar prohibida. K. P. sacó de una bolsa bolsitas de plástico que contenían polvo blanco y una sustancia seca de color verde. Estas sustancias fueron incautadas y posteriormente se dictaminó que podían ser anfetaminas y marihuana, respectivamente.

31

Tras su identificación, K. P. fue detenido y conducido al hospital, en donde se realizó una extracción de sangre para comprobar si había consumido estupefacientes. Fue inculpado de posesión de un producto estupefaciente y de una sustancia psicotrópica.

32

K. P. fue informado de su derecho a ser asistido por un letrado de su elección y del derecho a que se le asignara un letrado nombrado de oficio si su situación económica no le permitía elegir uno. También fue informado de su derecho a ser oído, a guardar silencio y a negarse a responder a las preguntas. El acta del interrogatorio contiene la anotación de un oficial de policía con arreglo a la cual, «según sus declaraciones, [K. P.] está en plenitud de sus facultades mentales, no sigue ni ha seguido tratamiento psiquiátrico, medicamentoso o neurológico alguno».

33

El tribunal remitente indica que K. P. no renunció a su derecho a ser asistido por letrado, si bien tampoco solicitó contactar con ninguno. Añade que no existe prueba alguna de que el oficial de policía examinara a K. P. para determinar si, en su interrogatorio, se encontraba bajo los efectos de productos o sustancias que limitaran su capacidad de comprensión o su capacidad para recordar los hechos o si estaba bajo los efectos de productos estupefacientes.

34

Las sustancias que se hallaban en poder de K. P. y que fueron objeto de incautación y las muestras de sangre extraídas en el hospital fueron objeto de un peritaje científico. Habida cuenta de la concentración de anfetaminas presente en esas muestras, se llegó a la conclusión de que, en el momento de la extracción de sangre, K. P. se encontraba «bajo la influencia de una droga con un efecto similar al del alcohol». Por tanto, el 7 de agosto de 2022, fue inculpado de haber conducido un vehículo bajo la influencia de una droga con un efecto similar al del alcohol.

35

El 14 de octubre de 2022, le fue entregada la imputación en el servicio psiquiátrico del hospital en el que estaba ingresado. Fue oído, sin la presencia de letrado, al no haber solicitado por lo demás el fiscal que se nombrara de oficio un letrado que lo asistiera. La audiencia a la que fue sometido tampoco fue grabada por medios audiovisuales.

36

Según el tribunal remitente, antes de esta audiencia, el 22 de agosto de 2022, un médico psiquiatra que había tratado anteriormente a K. P. declaró, cuando fue interrogado, que el estado psíquico del interesado, es decir, la gravedad de los síntomas de su enfermedad mental, no le permitía participar en actos procesales y que ese estado podía durar al menos varias semanas. Por otra parte, dicho tribunal señala que, del historial médico de K. P., remitido al fiscal a petición suya el 23 de septiembre de 2022, se desprende que el interesado había ingresado en repetidas ocasiones en hospitales psiquiátricos entre el 30 de junio de 2021 y el 22 de julio de 2022 para tratar una esquizofrenia y trastornos esquizoafectivos. También resulta de dicho historial médico que se le había diagnosticado inicialmente un trastorno mental y un trastorno causado por el consumo alterno de estupefacientes y sustancias psicoactivas, así como un trastorno mental psicótico.

37

El 15 de diciembre de 2022, fue presentado ante el tribunal remitente el escrito de acusación.

38

El 28 de febrero de 2023, dicho tribunal decidió, sobre la base del artículo 344a, apartado 1, del CPP, devolver la causa al Ministerio Fiscal para una instrucción adicional, con el fin de que K. P. fuera interrogado en presencia de un abogado y de recabar el dictamen de peritos psiquiatras sobre el estado de salud mental de K. P. en el momento de la comisión de los hechos y durante el proceso penal incoado contra él.

39

No obstante, esta resolución fue anulada por el Sąd Okręgowy we Włocławku (Tribunal Regional de Włocławek, Polonia) a raíz de un recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal. La causa fue devuelta al tribunal remitente para que continuara con el proceso.

40

En dicho proceso, el tribunal remitente indica haber constatado, en particular, que no se había realizado ningún examen individual durante la fase de investigación para comprobar si K. P. se encontraba en una situación de vulnerabilidad que requiriera la designación de un letrado nombrado de oficio. Tampoco se demostró si su salud mental le permitía participar en el proceso o defenderse de manera independiente y razonable.

41

El tribunal remitente deduce de tales apreciaciones que, por tanto, K. P. se vio privado, por una parte, de la protección mínima a la que tiene derecho, en virtud de la Directiva 2016/1919, como sospechoso y persona potencialmente vulnerable y, por otra parte, de los derechos que todos los sospechosos pueden reclamar en virtud de las Directivas 2012/13 y 2013/48. Se trataría, principalmente, del derecho a la asistencia letrada garantizado a las personas presuntamente vulnerables y de su derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el momento en que se sospecha que dichas personas han cometido un delito.

42

Según el tribunal remitente, esta situación resulta de que esas Directivas no han sido transpuestas íntegra y debidamente y de que la Recomendación de la Comisión no se aplica en el ordenamiento jurídico polaco. Por consiguiente, considera que hay que determinar, en primer lugar, si las disposiciones pertinentes de las Directivas antes citadas cumplen los criterios del efecto directo.

43

El tribunal remitente señala, por otro lado, que las normas procesales penales vigentes no ofrecen soluciones suficientemente precisas que garanticen íntegramente a toda persona comprendida en el ámbito de aplicación de las Directivas 2013/48 y 2016/1919 los derechos que estas Directivas establecen, como el derecho a la asignación inmediata de letrado, el derecho a ser asistida por un letrado desde el inicio de la fase de instrucción o incluso el derecho a que se identifiquen sin demora sus necesidades antes de ser interrogadas en calidad de sospechosas. Al no poder interpretar estas normas de conformidad con el Derecho de la Unión, el tribunal remitente desea saber, en segundo lugar, si no solo los órganos jurisdiccionales nacionales, sino también, en sentido más amplio, la policía u otra autoridad perteneciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, están obligadas a inaplicar dichas normas.

44

En su petición de decisión prejudicial, el tribunal remitente indica, en tercer lugar, que trata de «establecer una vía de recurso efectiva» que permita borrar los efectos de la vulneración de los derechos de los que debería haber gozado el sospechoso en las fases anteriores del proceso con arreglo a la Directiva 2016/1919. A tal efecto, se remite al artículo 8 de dicha Directiva y al artículo 12 de la Directiva 2013/48, así como a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

45

En cuarto lugar, el tribunal remitente se pregunta acerca de la situación de un sospechoso o acusado que ha sido calificado de persona vulnerable a la que debe prestarse asistencia jurídica gratuita sin demora, de conformidad con la Directiva 2016/1919. Dicho tribunal se pregunta si las autoridades nacionales que, como el fiscal, intervienen en la fase de instrucción y la dirigen, están obligadas a garantizar una tutela judicial efectiva en virtud de esta Directiva cuando el delito de que se trate se castiga con una pena privativa de libertad. Considera además que la aplicación efectiva del Derecho de la Unión exige la independencia y la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, pero también de las autoridades encargadas de la persecución de un delito en los asuntos que presentan un elemento de conexión con el Derecho de la Unión.

46

En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy we Włocławku (Tribunal de Distrito de Włocławek) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre el procedimiento ante el Tribunal de Justicia

47

El tribunal remitente también solicitó al Tribunal de Justicia que sometiera el presente litigio al procedimiento acelerado previsto en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Mediante auto de 8 de noviembre de 2023, Barało (C‑530/23, EU:C:2023:927), el Presidente del Tribunal de Justicia decidió, tras oír a la Juez Ponente y a la Abogada General, desestimar dicha solicitud.

Sobre las cuestiones prejudiciales

48

Las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente versan, en esencia, sobre la interpretación de varias disposiciones de las Directivas 2013/48 y 2016/1919. Mediante tales cuestiones, el tribunal remitente pretende, principalmente, determinar el alcance del derecho a la asistencia letrada y del derecho a la asistencia jurídica gratuita de una persona vulnerable.

49

No obstante, se añaden al objeto principal de la petición de decisión prejudicial y se entremezclan en las distintas cuestiones prejudiciales diversas dudas relativas a varios conceptos del Derecho de la Unión y a distintos aspectos procesales, como la determinación del efecto directo de ciertas disposiciones de las Directivas 2013/48 y 2016/1919 o la eventual obligación de establecer vías de recurso que supuestamente imponen esas Directivas.

50

Habida cuenta de cómo se articulan entre sí todas estas cuestiones prejudiciales, procede examinar conjuntamente, en primer lugar, las cuestiones primera a décima, decimotercera y decimocuarta, en la medida en que versan sobre el alcance del derecho a la asistencia letrada y del derecho a la asistencia jurídica gratuita de una persona vulnerable, así como sobre las consecuencias de la eventual disconformidad de una normativa nacional con las obligaciones que dimanan de las Directivas 2013/48 y 2016/1919; en segundo lugar, las cuestiones segunda, décima y undécima, en la medida en que se refieren a la exigencia de una vía de recurso efectiva en caso de vulneración de los derechos establecidos en esas Directivas y a la admisibilidad de las pruebas; en tercer lugar, la duodécima cuestión, y, por último, en cuarto lugar, la decimoquinta cuestión.

Sobre las cuestiones prejudiciales primera a décima, decimotercera y decimocuarta, en la medida en que versan sobre el alcance del derecho a la asistencia letrada y del derecho a la asistencia jurídica gratuita de una persona vulnerable, así como sobre las consecuencias de la eventual disconformidad de una normativa nacional con las obligaciones que dimanan de las Directivas 2013/48 y 2016/1919

51

Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a décima, decimotercera y decimocuarta, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si los artículos 1, apartado 2, 2, apartado 1, letra b), 4, apartado 5, y 9 de la Directiva 2016/1919, en relación con el artículo 3, apartados 2, letras a) a c), y 3, letras a) y b), de la Directiva 2013/48, deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros tienen la obligación, por una parte, de garantizar la detección y el reconocimiento de la vulnerabilidad de un acusado o sospechoso antes de que sea interrogado en un proceso penal o antes de que se lleven a cabo actuaciones concretas de investigación o de obtención de pruebas a él referidas y, por otra parte, de garantizarle la asistencia letrada comprendida en la asistencia jurídica gratuita a efectos de ese proceso.

52

Mediante estas cuestiones prejudiciales, el tribunal remitente aborda varios problemas que procede examinar sucesivamente. Se trata, en primer lugar, de determinar los respectivos ámbitos de aplicación de las Directivas 2013/48 y 2016/1919 y cómo se articulan entre sí. A continuación, hay que evaluar el alcance del derecho a la asistencia letrada y del derecho a la asistencia jurídica gratuita de una persona vulnerable. Por último, para dar una respuesta exhaustiva a ese tribunal, es preciso considerar las consecuencias de la eventual disconformidad de una normativa nacional con las obligaciones que dimanan de las Directivas 2013/48 y 2016/1919.

Sobre los respectivos ámbitos de aplicación de las Directivas 2013/48 y 2016/1919 y su articulación

53

Del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2016/1919 se deriva expresamente que por ella se completa la Directiva 2013/48 y que el derecho a la asistencia jurídica gratuita está vinculado al ejercicio del derecho a la asistencia letrada. El artículo 2, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 2016/1919 establece, además, que esta Directiva se aplica a los sospechosos o acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48 y que estén privados de libertad, deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión, o deban o puedan asistir a determinados actos de investigación o de obtención de pruebas.

54

Pues bien, a tenor del artículo 3, apartado 2, letras a) a d), de la Directiva 2013/48, el sospechoso o acusado en un proceso penal tendrá, en cualquier caso, derecho a ser asistido por un letrado en cuatro supuestos. Así, se ha de garantizar este derecho al sospechoso o acusado, en primer término, antes de que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales; en segundo término, cuando se realicen ciertas actuaciones de investigación o de obtención de pruebas; en tercer término, sin demora injustificada tras haber sido privado de libertad, o, en cuarto término, con la suficiente antelación antes de que haya sido citado a personarse ante el tribunal competente.

55

Por tanto, de las distintas disposiciones citadas se desprende que el hecho de que se produzcan los acontecimientos enumerados en el artículo 3, apartado 2, letras a) a d), de la Directiva 2013/48 condiciona no solo el nacimiento del derecho a la asistencia de letrado, sino también, simultáneamente, la aplicabilidad de la Directiva 2016/1919 y el derecho a la asistencia jurídica gratuita que esta establece.

56

Esta simultaneidad en la protección que brindan ambas Directivas también deriva del artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2016/1919, que obliga expresamente a los Estados miembros a velar por que la asistencia jurídica gratuita se conceda sin demora injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio que efectúe la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva.

57

La importancia de la pronta concesión de la asistencia jurídica gratuita se ve confirmada por el considerando 24 de la citada Directiva. De él se desprende que la intervención temporal de la policía o la fiscalía en el procedimiento de concesión de dicha asistencia ha de ser posible cuando resulte necesaria, en situaciones de urgencia, para conceder tal asistencia en tiempo oportuno.

58

De este modo, el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2016/1919 materializa el objetivo que persigue esta Directiva, que, como establece su primer considerando, pretende garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado según lo dispuesto en la Directiva 2013/48 ofreciendo la asistencia de un letrado, financiada por los Estados miembros, a los sospechosos y acusados en los procesos penales.

59

En efecto, el derecho a la asistencia de letrado es un principio fundamental que debe permitir a los sospechosos y acusados ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva. Por ello, los sospechosos y acusados tendrán derecho a ser asistidos por un letrado sin demora injustificada y, en cualquier caso, a partir del momento que antes se produzca de entre los cuatro específicos que se indican en el artículo 3, apartado 2, letras a) a d), de la Directiva 2013/48, entre los que figura el que sean interrogados por la policía (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, apartados 47 y 48). De ello se desprende que, para que sea eficaz, la propia asistencia jurídica gratuita debe producirse en la fase temprana del procedimiento (véase, por analogía, la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, apartado 50).

Sobre el alcance del derecho a la asistencia letrada y del derecho a la asistencia jurídica gratuita de una persona vulnerable

60

Por lo que respecta a la situación de las personas vulnerables, el artículo 13 de la Directiva 2013/48 y el artículo 9 de la Directiva 2016/1919 obligan a los Estados miembros, en términos similares, a garantizar que, en la aplicación de estas Directivas, se tomen en consideración las necesidades específicas de los sospechosos y acusados que sean vulnerables.

61

En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado, a este respecto, que las personas que padecen trastornos mentales están comprendidas en la categoría de personas vulnerables contempladas en dicho artículo 13 (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, apartado 48). Dado que, como se ha indicado en el apartado 53 de la presente sentencia, por la Directiva 2016/1919 se completa la Directiva 2013/48 y que ambas Directivas persiguen el objetivo común de proteger los derechos de los sospechosos o acusados en los procesos penales, sus respectivos ámbitos de aplicación ratione personae no pueden ser diferentes. De ello se deduce que quienes padecen trastornos mentales también forman parte de la categoría de personas vulnerables, en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2016/1919.

62

En segundo lugar, por lo que respecta a la supuesta obligación de los Estados miembros de establecer una presunción de vulnerabilidad en los procesos penales, mencionada por el tribunal remitente en su tercera cuestión prejudicial, hay que señalar que el legislador de la Unión no ha precisado el alcance de la obligación que recae sobre los Estados miembros en virtud del artículo 13 de la Directiva 2013/48 o del artículo 9 de la Directiva 2016/1919. Por consiguiente, no cabe deducir de estas dos disposiciones que los Estados miembros estén obligados a establecer, en determinadas circunstancias, una presunción de vulnerabilidad del sospechoso o acusado.

63

Es cierto que la Recomendación de la Comisión, que el tribunal remitente menciona en apoyo de su petición de decisión prejudicial, incita a los Estados miembros a establecer esa presunción, en particular en lo que respecta a las personas que presentan trastornos psíquicos que les impiden comprender y participar efectivamente en el proceso.

64

Sin embargo, esta Recomendación es un acto no vinculante que no puede ser fuente de obligaciones para los Estados miembros. Aún menos lo es en el contexto de una armonización mínima, en la que el legislador de la Unión no ha concretado el proyecto de adopción de un texto vinculante relativo a las salvaguardias especiales para sospechosos o acusados que sean vulnerables, recordado en el considerando 9 de la Directiva 2013/48 y en el considerando 4 de la Directiva 2016/1919.

65

Dicho esto, el considerando 23 de la Directiva 2016/1919 establece que los Estados miembros deben respetar los Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal.

66

Pues bien, a tenor del punto 23 de dichos Principios y directrices, incumbe a la policía, los fiscales y los jueces velar por que las personas que comparezcan ante ellos y que no puedan sufragar los gastos de un abogado o sean vulnerables tengan acceso a asistencia jurídica. El punto 32 de dichos Principios y directrices precisa además que se deben adoptar medidas especiales para asegurar un acceso real a la asistencia jurídica a los grupos con necesidades especiales, tales como las personas con enfermedades mentales y los consumidores de drogas.

67

Además, a tenor del considerando 51 de la Directiva 2013/48, tanto la fiscalía como las autoridades policiales y judiciales deben propiciar que las personas que estén en una posible situación vulnerable puedan ejercer de manera efectiva los derechos que establece esa Directiva. Para ello, deben, en particular, como se desprende del citado considerando 51, tener en cuenta cualquier posible vulnerabilidad que afecte a su capacidad de ejercer el derecho a la asistencia de letrado y tomar las medidas necesarias para garantizar dichos derechos.

68

De ello se deduce que las autoridades de instrucción, otra autoridad policial o una autoridad judicial, como los fiscales, deben asegurarse de que se detecte y reconozca la vulnerabilidad de un sospechoso o acusado antes de que sea interrogado en un proceso penal o antes de que se lleven a cabo actuaciones concretas de investigación o de obtención de pruebas a él referidas, con el fin de permitirle, como se ha indicado en el apartado 59 de la presente sentencia, ejercer su derecho de defensa en la práctica y de manera efectiva.

69

Además, del considerando 18 de la Directiva 2016/1919 se desprende que, habida cuenta, en particular, de las necesidades específicas de las personas vulnerables, la solicitud de asistencia jurídica gratuita formulada por el sospechoso o el acusado no debe considerarse un requisito sustantivo para la concesión de tal asistencia.

70

Así pues, resulta que, sin llegar hasta el punto de establecer una presunción de vulnerabilidad de los sospechosos o acusados, el legislador de la Unión no pretendió supeditar la concesión de la asistencia jurídica gratuita a una solicitud de la persona en situación de vulnerabilidad.

71

En tercer lugar, la opción que tienen los Estados miembros de aplicar, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/1919, una evaluación de medios económicos para determinar si se debe conceder la asistencia jurídica gratuita no puede retrasar la concesión de esa asistencia a una persona vulnerable. En efecto, a tenor del considerando 19 de dicha Directiva, las autoridades competentes que no pudieran conceder esa asistencia antes del interrogatorio que efectúe la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas específicos, deben conceder una asistencia jurídica gratuita de urgencia o provisional antes de que se lleven a cabo tales actos.

72

De ello se deduce que debe concederse a una persona vulnerable, como quien padece trastornos mentales, la asistencia letrada comprendida en la asistencia jurídica gratuita sin demora injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio que efectúe la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas en los que dicha persona deba o pueda participar.

Sobre las consecuencias de la eventual disconformidad de una normativa nacional con las obligaciones que dimanan de las Directivas 2013/48 y 2016/1919

73

En el caso de autos, de lo indicado por el tribunal remitente se desprende que las disposiciones pertinentes del Derecho nacional, en particular el artículo 79, apartado 1, puntos 3 y 4, del CPP, establecen la asistencia letrada obligatoria cuando existan dudas razonables de que en el momento de la comisión del acto el acusado no tuviera la capacidad de comprender su significado o de controlar su comportamiento o de que tal capacidad estuviera sustancialmente limitada o cuando existan dudas razonables de que su estado de salud mental le permita participar en el proceso o defenderse de manera independiente y razonable. En virtud del artículo 301 del CPP, cuando así lo solicite, el sospechoso debe ser interrogado también en presencia del letrado designado, sin que la incomparecencia de este impida el interrogatorio.

74

El tribunal remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de tales disposiciones con el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva 2013/48, así como con los artículos 1, apartado 2, 2, apartado 1, letra b), 4, apartado 5, y 9 de la Directiva 2016/1919. Dicho tribunal se pregunta, además, si las autoridades de instrucción, los órganos jurisdiccionales o cualquier otra autoridad del Estado están obligados a inaplicar las disposiciones del Derecho nacional que sean incompatibles con el Derecho de la Unión y a sustituirlas por las disposiciones de las Directivas 2013/48 y 2016/1919 dotadas de efecto directo.

75

A este respecto, en el marco del reparto de funciones entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales en que se basa el artículo 267 TFUE, no corresponde al Tribunal de Justicia interpretar las disposiciones del Derecho nacional ni pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de febrero de 1977, Benedetti, 52/76, EU:C:1977:16, apartado 25; de 21 de enero de 1993, Deutsche Shell, C‑188/91, EU:C:1993:24, apartado 27, y de 15 de octubre de 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, apartado 53).

76

Así pues, incumbe al tribunal remitente comprobar si las disposiciones del Derecho nacional antes citadas son compatibles con el Derecho de la Unión. Dicho esto, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al referido tribunal determinadas indicaciones útiles a la luz de los elementos que figuran en la resolución de remisión [sentencias de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 64, y de 15 de octubre de 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, apartado 53].

77

En este contexto, procede recordar, en primer lugar, que, para garantizar la efectividad del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión, el principio de primacía obliga, en particular, a los órganos jurisdiccionales nacionales a interpretar su Derecho interno, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad del acto del Derecho de la Unión de que se trate, para alcanzar una solución conforme con el objetivo que este persigue [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, apartado 119; de 29 de junio de 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, apartado 31, y de 5 de septiembre de 2024, M. S. y otros (Garantías procesales de los menores), C‑603/22, EU:C:2024:685, apartado 116].

78

No obstante, la obligación de interpretación conforme del Derecho nacional tiene determinados límites y no puede, en particular, servir de fundamento para una interpretación contra legem del Derecho nacional [véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de junio de 2017, Popławski, C‑579/15, EU:C:2017:503, apartado 33, y de 5 de septiembre de 2024, M. S. y otros (Garantías procesales de los menores), C‑603/22, EU:C:2024:685, apartado 117].

79

Cuando no resulte posible interpretar el Derecho nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, el principio de primacía obliga entonces al juez nacional a garantizar la plena eficacia de las exigencias de este Derecho en el litigio de que conozca. Para ello, ese juez debe dejar inaplicada, si fuera necesario y por su propia iniciativa, cualquier normativa o práctica nacional, aun posterior, contraria a una disposición del Derecho de la Unión con efecto directo, sin que deba solicitar o esperar a su previa eliminación por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2024, M. S. y otros (Garantías procesales de los menores), C‑603/22, EU:C:2024:685, apartado 118].

80

En efecto, las autoridades nacionales competentes están obligadas a garantizar la observancia de los derechos que una disposición del Derecho de la Unión que es, desde el punto de vista de su contenido, incondicional y lo suficientemente precisa atribuye a las personas físicas o jurídicas directamente afectadas [véanse, por analogía, las sentencias de 3 de octubre de 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland y otros, C‑197/18, EU:C:2019:824, apartado 32, y de 19 de mayo de 2022, Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado fugado), C‑569/20, EU:C:2022:401, apartado 28].

81

Desde esta perspectiva, a falta de medidas de ejecución adoptadas en el plazo señalado o en caso de transposición incorrecta de una directiva, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a todas las autoridades del Estado garantizar dicho respeto. En efecto, al igual que el juez nacional, esas autoridades, entre las que figuran las policiales o judiciales, como la policía y el Ministerio Fiscal, tienen el deber, por una parte, de inaplicar cualquier disposición de Derecho nacional que no sea conforme con las disposiciones incondicionales y suficientemente precisas de una directiva y, por otra parte, aplicar esas disposiciones en la medida en que sean de tal naturaleza que definan derechos que los particulares pueden invocar frente al Estado [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81, EU:C:1982:7, apartado 25; de 22 de junio de 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, apartados 30 y 31; de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, EU:C:1991:428, apartado 11, y de 20 de abril de 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Ayuntamiento de Ginosa), C‑348/22, EU:C:2023:301, apartado 77].

82

En segundo lugar, por lo que respecta al efecto directo de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en el apartado 74 de la presente sentencia, de reiterada jurisprudencia se desprende que una disposición del Derecho de la Unión es, por un lado, incondicional cuando establece una obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte ningún acto de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros que no sea el acto que la transpone en Derecho nacional y, por otro lado, suficientemente precisa para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez cuando establece una obligación en términos inequívocos [véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de abril de 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe, 28/67, EU:C:1968:17, p. 226; de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 18, y de 1 de agosto de 2022, TL (Ausencia de intérprete y omisión de traducción), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, apartado 50].

83

El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que, aun cuando una directiva deje a los Estados miembros un cierto margen de apreciación a la hora de adoptar las normas de aplicación, puede considerarse que sus disposiciones tienen carácter preciso e incondicional cuando ponen a cargo de los Estados miembros, en términos inequívocos, una obligación de resultado precisa que no está sometida a condición alguna en cuanto a la aplicación de la regla que recoge [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 19, y de 1 de agosto de 2022, TL (Ausencia de intérprete y omisión de traducción), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, apartado 51]. Lo esencial al respecto es que el margen de apreciación que la directiva de que se trate confiere a los Estados miembros no impida determinar el contenido de protección mínima o la garantía mínima de que deben gozar las personas objeto de esa directiva [véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, apartado 17, y de 20 de abril de 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Ayuntamiento de Ginosa), C‑348/22, EU:C:2023:301, apartado 65].

84

Por lo que respecta, en primer término, al artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva 2013/48, por una parte, del propio tenor del artículo 3, apartado 2, de esta Directiva se desprende que el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada y, en cualquier caso, como muy tarde a partir del momento que antes se produzca de entre los que se enuncian sucesivamente en las letras a) a d) de esta disposición. Así pues, esta disposición tiene efecto directo, en la medida en que obliga a los Estados miembros, en términos inequívocos, a garantizar la asistencia letrada desde que se produzcan hechos concretos, sin que tales Estados dispongan de ningún margen de apreciación o puedan sujetar esa obligación a ningún requisito y sin que sea necesario adoptar actos de la Unión o de los Estados miembros.

85

Al mencionar los elementos constitutivos de ese derecho a la asistencia de letrado, el artículo 3, apartado 3, de la referida Directiva también goza de efecto directo, ya que establece, de manera incondicional y lo suficientemente precisa, un contenido de protección mínima en favor de los sospechosos o acusados.

86

En segundo término, el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2016/1919 también estipula una obligación claramente identificada, cuyo cumplimiento se define de manera incondicional.

87

En efecto, según el tenor literal de esta disposición, la asistencia jurídica gratuita se concederá a los sospechosos y acusados sin demora injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio que efectúe la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c), de esa Directiva.

88

De ello se deduce que, si bien, con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva, los Estados miembros pueden optar por aplicar una evaluación de medios económicos, de méritos o incluso ambas cosas para decidir si se ha de conceder la asistencia jurídica gratuita, este margen de apreciación no puede influir en el momento en el que se ha de conceder esa asistencia, ya que este está acotado por la indicación de un límite temporal preciso en el artículo 4, apartado 5, de la misma Directiva.

89

En tercer término, por lo que respecta al artículo 9 de la Directiva 2016/1919, al obligar a los Estados miembros a que garanticen que se tomen en consideración las necesidades específicas de los sospechosos o acusados, esta disposición impone a los Estados miembros una obligación de resultado precisa que no está sujeta a requisito alguno en cuanto a la aplicación de la norma que establece.

90

En efecto, el margen de apreciación reconocido a los Estados miembros para definir el modo en que se han de tomar en consideración las necesidades específicas de los sospechosos o acusados que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad tiene sus límites en la obligación de esos Estados miembros, expuesta genéricamente y en términos inequívocos en la misma disposición, de garantizar, en esa aplicación, una consideración específica de esas personas.

91

De todas las consideraciones anteriores se desprende que incumbe al tribunal remitente interpretar, en la medida de lo posible, las disposiciones nacionales, mencionadas en particular en el apartado 73 de la presente sentencia, de conformidad con el Derecho de la Unión, para garantizar su plena efectividad. Cuando no resulte posible tal interpretación, le corresponderá inaplicar, por su propia iniciativa, las disposiciones nacionales que resulten incompatibles con el artículo 3, apartados 2 y 3, de la Directiva 2013/48, así como con los artículos 4, apartado 5, y 9 de la Directiva 2016/1919 y aplicar dichas disposiciones de las Directivas, ya que las obligaciones que establecen se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, entre las que figuran las policiales y judiciales, como la policía y el Ministerio Fiscal.

Conclusión sobre las cuestiones prejudiciales primera a décima, decimotercera y decimocuarta

92

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a décima, decimotercera y decimocuarta que los artículos 2, apartado 1, letra b), 4, apartado 5, y 9 de la Directiva 2016/1919, en relación con el artículo 3, apartados 2, letras a) a c), y 3, de la Directiva 2013/48, deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros tienen la obligación, por una parte, de garantizar la detección y el reconocimiento de la vulnerabilidad de un acusado o sospechoso antes de que sea interrogado en un proceso penal o antes de que se lleven a cabo actuaciones concretas de investigación o de obtención de pruebas a él referidas y, por otra parte, de garantizarle la asistencia letrada comprendida en la asistencia jurídica gratuita a efectos de ese proceso sin demora injustificada y, a más tardar, antes del interrogatorio que efectúe la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial, o antes de que se lleven a cabo los actos de investigación o de obtención de pruebas en los que deba o pueda participar.

Sobre las cuestiones prejudiciales segunda, décima, undécima y decimotercera, en la medida en que se refieren a la exigencia de una vía de recurso efectiva y a la admisibilidad de las pruebas

93

Con carácter preliminar, procede señalar que, en el tenor de su undécima cuestión prejudicial, el tribunal remitente menciona el artículo 8 de la Directiva 2016/1919 y no el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2013/48. No obstante, dicho tribunal se refiere a esta última disposición en la motivación de su petición de decisión prejudicial y ambos artículos versan sobre las vías de recurso y están redactados en términos similares.

94

En estas circunstancias, se debe entender que, mediante sus cuestiones prejudiciales segunda, décima, undécima y decimotercera, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12 de la Directiva 2013/48 y el artículo 8 de la Directiva 2016/1919 deben interpretarse en el sentido de que obligan a que las decisiones relativas, por una parte, al examen de la posible vulnerabilidad de un sospechoso o acusado y, por otra parte, a la denegación de la asistencia jurídica gratuita a una persona vulnerable y a la opción por interrogarla en ausencia de letrado estén motivadas y puedan ser objeto de una vía de recurso efectiva. Por otro lado, el citado tribunal pregunta si esas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en un proceso penal, no permite al juez declarar inadmisibles aquellas pruebas inculpatorias basadas en declaraciones de una persona vulnerable durante el interrogatorio efectuado por la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial vulnerando los derechos establecidos en las Directivas 2013/48 o 2016/1919.

95

A este respecto, en primer lugar, del propio tenor del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2013/48 y del artículo 8 de la Directiva 2016/1919 se desprende que los sospechosos o acusados deben disponer de vías de recurso efectivas conforme a la normativa nacional en los casos en que se hayan vulnerado los derechos que les confieren dichas Directivas.

96

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la primera de estas disposiciones obliga a los Estados miembros a garantizar el respeto del derecho a un proceso equitativo y del derecho de defensa, consagrados, respectivamente, en los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta, estableciendo un recurso efectivo que permita a todo sospechoso o acusado interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional encargado de examinar si se han vulnerado los derechos que le reconoce la Directiva 2013/48 [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Registro corporal), C‑209/22, EU:C:2023:634, apartado 51].

97

La misma interpretación se impone por lo que respecta al artículo 8 de la Directiva 2016/1919. En efecto, la concesión de asistencia jurídica gratuita es un aspecto del derecho a la tutela judicial efectiva que se garantiza expresamente en el artículo 47, párrafo tercero, de la Carta y el objetivo de dicha Directiva es garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado establecido en la Directiva 2013/48. De este modo, mediante su acción conjunta, estas dos Directivas contribuyen a la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47, párrafo primero, de la Carta, ya que la concesión de la asistencia jurídica gratuita facilita el derecho a la asistencia de letrado [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2023, K. B. y F. S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal), C‑660/21, EU:C:2023:498, apartado 44].

98

De ello se desprende que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2013/48 y el artículo 8 de la Directiva 2016/1919 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a cualquier medida nacional que obstaculice el empleo de vías de recurso efectivas en caso de vulneración de los derechos que estas Directivas implementan [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, apartados 57 y 58, y de 22 de junio de 2023, K. B. y F. S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal), C‑660/21, EU:C:2023:498, apartado 37].

99

En segundo lugar, hay que precisar que los artículos 47 y 48 de la Carta no obligan a los Estados miembros a crear recursos autónomos que los sospechosos o acusados puedan interponer para defender los derechos que les confieren dichas Directivas. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el Derecho de la Unión, incluidas las disposiciones de la Carta, no tiene como efecto obligar a los Estados miembros a crear vías de recurso distintas de las existentes en el Derecho interno, a menos, no obstante, que del sistema del ordenamiento jurídico nacional en cuestión se desprenda que no existe ninguna vía de recurso judicial que permita, siquiera sea por vía incidental, garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables [véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, apartado 71; de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, apartado 62, y de 7 de septiembre de 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Registro corporal), C‑209/22, EU:C:2023:634, apartado 54].

100

A este respecto, procede añadir que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2013/48 y el artículo 8 de la Directiva 2016/1919 disponen que el derecho a solicitar que se declare la existencia de posibles vulneraciones de los derechos conferidos por esas Directivas se concede conforme «a la normativa nacional» y el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2013/48 precisa que la admisibilidad de pruebas sigue correspondiendo a las disposiciones y sistemas nacionales.

101

Por consiguiente, dichas disposiciones no determinan las modalidades conforme a las cuales pueden alegarse tales vulneraciones, dejando así a los Estados miembros cierto margen de apreciación a la hora de determinar los procedimientos específicos que serán aplicables al respecto [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit (Registro corporal), C‑209/22, EU:C:2023:634, apartado 52], sin perjuicio, como resulta del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2013/48, del respeto de los derechos de la defensa y de las garantías de un juicio justo a la hora de sopesar las declaraciones que haga un sospechoso o acusado, o las pruebas que se obtengan vulnerando su derecho a un letrado.

102

Por tanto, nada en estas Directivas obliga al juez nacional a excluir automáticamente todas las pruebas obtenidas vulnerando los derechos conferidos por las Directivas 2013/48 y 2016/1919. No obstante, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que debe tenerse en cuenta, como resulta de los considerandos 50 y 53 de la primera de esas Directivas y de los considerandos 17 y 30 de la segunda, cuando se constata un vicio de procedimiento, corresponde a los órganos jurisdiccionales internos comprobar si se ha subsanado ese vicio durante el procedimiento subsiguiente (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, apartado 96).

103

Así, en el supuesto de que se hayan recabado pruebas incumpliendo lo dispuesto en estas Directivas, debe determinarse si, a pesar de esta irregularidad, en el momento en que el juez que conoce del asunto deba pronunciarse, el proceso penal en su conjunto puede considerarse justo, teniendo en cuenta una serie de factores, entre ellos, la cuestión de si las declaraciones efectuadas sin la presencia de un abogado forman parte integrante de los documentos inculpatorios o son una parte relevante de estos y la fuerza de las demás pruebas que obran en autos (sentencia de 14 de mayo de 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, apartado 97).

104

De ello se deduce que el Derecho de la Unión no obliga a los Estados miembros a prever la posibilidad de que un órgano jurisdiccional declare inadmisibles pruebas inculpatorias basadas en declaraciones realizadas por una persona vulnerable durante un interrogatorio llevado a cabo por la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial vulnerando los derechos establecidos en las Directivas 2013/48 o 2016/1919, a condición, no obstante, de que, en el marco del proceso penal, dicho órgano jurisdiccional pueda comprobar si se han respetado esos derechos, interpretados a la luz de los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta, y extraer todas las consecuencias que se deriven de esa vulneración, en particular en lo atinente al valor probatorio de las pruebas obtenidas en esas condiciones [véase, por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2024, M. S. y otros (Garantías procesales de los menores), C‑603/22, EU:C:2024:685, apartado 174].

105

Por último, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando los Estados miembros aplican las Directivas 2013/48 y 2016/1919, están obligados a garantizar el respeto de las exigencias derivadas tanto del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a que la causa sea oída equitativamente, consagrados en el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Carta, como de los derechos de la defensa consagrados en su artículo 48, apartado 2 [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2023, K. B. y F. S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal), C‑660/21, EU:C:2023:498, apartado 40].

106

Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la comunicación de los motivos es un aspecto del derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en que permite garantizar un control jurisdiccional eficaz. Además, para que un sospechoso o acusado pueda defender los derechos que le confieren dichas Directivas en las mejores condiciones posibles y decidir, con pleno conocimiento de causa, si en su caso es útil interponer un recurso ante los tribunales, la autoridad nacional competente está obligada a informarle de los motivos de su negativa (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de octubre de 1987, Heylens y otros, 222/86, EU:C:1987:442, apartado 15, y de 17 de marzo de 2011, Peñarroja Fa, C‑372/09 y C‑373/09, EU:C:2011:156, apartado 63).

107

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el artículo 12 de la Directiva 2013/48 y el artículo 8 de la Directiva 2016/1919 deben interpretarse en el sentido de que obligan a que las decisiones relativas, por una parte, al examen de la posible vulnerabilidad de un sospechoso o acusado y, por otra parte, a la denegación de la asistencia jurídica gratuita a una persona vulnerable y a la opción por interrogarla en ausencia de letrado estén motivadas y puedan ser objeto de una vía de recurso efectiva.

108

En cambio, estas disposiciones no se oponen a una normativa nacional que, en el marco de un proceso penal, no permite a un órgano jurisdiccional declarar inadmisibles pruebas inculpatorias basadas en declaraciones realizadas por una persona vulnerable durante un interrogatorio llevado a cabo por la policía, otra autoridad policial o una autoridad judicial vulnerando los derechos establecidos en las Directivas 2013/48 o 2016/1919, a condición, no obstante, de que, en el marco del proceso penal, dicho órgano jurisdiccional pueda, por una parte, comprobar si se han respetado esos derechos, interpretados a la luz de los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta, y, por otra parte, extraer todas las consecuencias que se deriven de esa vulneración, en particular en lo atinente al valor probatorio de las pruebas obtenidas en esas condiciones.

Sobre la duodécima cuestión prejudicial

109

Mediante su duodécima cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el interrogatorio de un sospechoso llevado a cabo en el hospital psiquiátrico en el que está ingresado, sin ser asistido por un letrado y sin tener en cuenta el estado de incertidumbre de dicho sospechoso, en condiciones de libertad de expresión especialmente limitada y de particular vulnerabilidad mental, constituye un trato inhumano en el sentido, específicamente, del artículo 4 de la Carta.

110

A este respecto, se deduce de una reiterada jurisprudencia que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el tribunal remitente exige que este defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. Dicho tribunal debe indicar además las razones precisas que lo han conducido a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario preguntar al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros, C‑320/90 a C‑322/90, EU:C:1993:26, apartado 6; de 8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, C‑42/07, EU:C:2009:519, apartado 40, y de 29 de julio de 2024, LivaNova, C‑713/22, EU:C:2024:642, apartado 54).

111

Como establece el artículo 94, letras a) y c), del Reglamento de Procedimiento, una petición de decisión prejudicial debe contener, en particular, una exposición concisa de los hechos pertinentes o, al menos, una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones, así como la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión y la relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.

112

En el caso de autos, la petición de decisión prejudicial no incluye ninguna información acerca de las condiciones en las que se realizó el interrogatorio de K. P. en el entorno hospitalario. Esta petición tampoco permite entender por qué es necesaria una respuesta a la duodécima cuestión prejudicial para que el tribunal remitente pueda resolver el litigio principal.

113

En estas circunstancias, la duodécima cuestión prejudicial es inadmisible.

Sobre la decimoquinta cuestión prejudicial

114

Mediante su decimoquinta cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta si el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional de la que resulta la dependencia directa de la Fiscalía de una autoridad ejecutiva y, en caso afirmativo, si, en la fase de instrucción, el fiscal debe inaplicar las disposiciones de esa normativa.

115

En el caso de autos, de las indicaciones del tribunal remitente se desprende que, en el litigio principal, la fase de instrucción ha concluido. Así pues, en estas circunstancias, la cuestión de si, en esa fase, el fiscal tiene la obligación de inaplicar las disposiciones nacionales contrarias al Derecho de la Unión para garantizar la efectividad de los derechos de esas personas no busca la interpretación del Derecho de la Unión para las necesidades objetivas de la solución del litigio principal, sino que tiene carácter general e hipotético.

116

Pues bien, según jurisprudencia reiterada, el procedimiento instituido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir y la justificación de la remisión prejudicial no radica en la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino en su necesidad para la resolución efectiva de un litigio [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, apartado 18; de 18 de octubre de 1990, Dzodzi, C‑297/88 y C‑197/89, EU:C:1990:360, apartado 33; de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 44, y de 5 de septiembre de 2024, M. S. y otros (Garantías procesales de los menores), C‑603/22, EU:C:2024:685, apartado 75].

117

En estas circunstancias, la decimoquinta cuestión prejudicial es inadmisible.

Costas

118

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

Los artículos 2, apartado 1, letra b), 4, apartado 5, y 9 de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención, en relación con el artículo 3, apartados 2, letras a) a c), y 3, de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad,

2)

El artículo 12 de la Directiva 2013/48 y el artículo 8 de la Directiva 2016/1919