A.

Considerando que, de conformidad con su estado de ingresos y gastos (1), el presupuesto definitivo de la Autoridad Bancaria Europea (en lo sucesivo, «Autoridad») para el ejercicio 2020 ascendió a 46 715 822 EUR, lo que representa un aumento del 3,06 % con respecto a 2019; que la Autoridad se financia principalmente con una contribución de la Unión (17 660 140 EUR, lo que representa el 37,80 % de su presupuesto) y contribuciones de las autoridades nacionales de supervisión de los Estados miembros y los observadores (29 055 682 EUR, lo que representa el 62,20 %);

B.

Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión desea hacer hincapié en la especial importancia que reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

C.

Considerando que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Bancaria Europea correspondientes al ejercicio 2020 (en lo sucesivo, «Informe del Tribunal»), declara haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la Autoridad y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes;

1.

Observa con satisfacción que los esfuerzos de supervisión presupuestaria durante el ejercicio 2020 permitieron un porcentaje de ejecución presupuestaria del 99,17 %, lo que representa un aumento del 1,88 % con respecto a 2019; toma nota de que el porcentaje de ejecución de los créditos de pago fue del 90,36 %, lo que representa un aumento del 4,48 % en comparación con el ejercicio anterior;

2.

Toma nota de que la Autoridad informó de que en 2020 se realizaron 35 transferencias presupuestarias, que incluían nueve transferencias presupuestarias entre títulos, una de las cuales fue una transferencia por importe de 259 500 EUR entre los títulos II y III que requería la aprobación del Consejo de Administración; observa que la prórroga del 8,9 % al ejercicio 2021 supone una reducción con respecto al 11,7 % del ejercicio anterior, ya que las prórrogas de 2021 incluyen 95 créditos de compromiso, frente a 149 en 2019;

3.

Toma nota de la constatación del Tribunal de que la Autoridad no aplicó el tipo de interés especificado en el Reglamento Financiero a los pagos de las contribuciones correspondientes a 2020 que las autoridades nacionales competentes de varios Estados miembros y países de la AELC habían efectuado con retraso; toma nota de que el Tribunal calculó en 25 103 EUR el importe de los intereses debidos correspondientes a 2020; observa que la Autoridad, tras consultar a la Comisión, decidió aplicar los intereses de demora a partir de 2021 e informó a las autoridades nacionales competentes al respecto en las cartas que les remitió sobre sus contribuciones de 2021;

4.

Acoge con satisfacción que la Autoridad consiguiera cerrar definitivamente sus locales en el Reino Unido el 7 de diciembre de 2020, habiendo cumplido todas las obligaciones jurídicas, y que, como consecuencia de ello, se haya revertido a los ingresos la parte de las provisiones correspondientes no utilizadas que seguían en las cuentas en la fecha de notificación; reitera su llamamiento en favor de una auditoría del cambio de sede, tanto en sus aspectos financieros como operativos, con el fin de determinar los aspectos que puedan mejorarse y las buenas prácticas que puedan utilizarse en todas las agencias para hacerlas más ágiles a la hora de responder a retos futuros;

5.

Constata que la Autoridad sigue utilizando determinadas medidas como indicadores clave de rendimiento para evaluar el valor añadido de sus actividades, además de otras medidas para mejorar su gestión presupuestaria; acoge con satisfacción que la Autoridad haya incluido los objetivos de los indicadores clave de rendimiento en el cuadro de 2020; observa que la Autoridad ha mejorado su marco de indicadores clave de rendimiento a partir de 2021, creando indicadores más sofisticados que son específicos para cada uno de los objetivos estratégicos y anuales;

6.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Autoridad en respuesta a la crisis de la COVID-19, junto con las autoridades nacionales competentes, el Banco Central Europeo y otras organizaciones europeas e internacionales, para coordinar un esfuerzo conjunto que aliviara la carga operativa inmediata de los bancos y mitigar los efectos de la crisis a largo plazo, por ejemplo, emitiendo declaraciones frecuentes para orientar a las partes interesadas, permitiendo cierto margen en las fechas de notificación y proporcionando orientaciones temáticas como las directrices sobre la gestión de las exposiciones dudosas y reestructuradas o refinanciadas;

7.

Acoge favorablemente la elaboración y el seguimiento por parte de la Autoridad de directrices sobre moratorias legislativas y no legislativas relativas al reembolso de préstamos, que orientaban a los bancos a la hora de prestar apoyo ante los actuales retos de liquidez de las empresas de la Unión durante la pandemia de COVID-19, aclaraban la aplicación de los requisitos prudenciales a las moratorias de pago y permitían a los bancos, en determinadas condiciones, suspender la obligación de pago de sus clientes sin proceder a una reclasificación, evitando así que las exposiciones se clasificaran como reestructuradas o refinanciadas con arreglo a la definición de reestructuración o refinanciación o en situación de impago por reestructuración forzosa;

8.

Observa que la Autoridad tiene establecidos acuerdos con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en materia de servicios de contabilidad; pide a la Autoridad que siga desarrollando sinergias con otras agencias de la Unión y que intensifique la cooperación y el intercambio de buenas prácticas con vistas a mejorar la eficiencia en los ámbitos de los recursos humanos, la gestión de edificios, los servicios informáticos y la seguridad;

9.

Destaca el importante papel de la Autoridad en la elaboración del marco normativo y práctico de la Unión para que la sostenibilidad cumpla las aspiraciones políticas y el apremiante calendario del Pacto Verde Europeo; observa, en este contexto, que a partir del 1 de enero de 2020 se aplica la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo en el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, que encomienda a la Autoridad tener en cuenta los modelos de negocio sostenibles y la integración de factores medioambientales, sociales y de gobernanza en el ámbito de las actividades de las entidades de crédito, los conglomerados financieros, las empresas de inversión, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico en la medida necesaria para garantizar una aplicación eficaz y coherente de su mandato; toma nota, a este respecto, de que la Comisión ha encargado a la Autoridad que valore si estaría justificado un tratamiento prudencial específico de las exposiciones relacionadas con activos y actividades con objetivos medioambientales o sociales o con ambos, que publique directrices para la gestión de los riesgos éticos, sociales y de gobernanza por parte de los bancos y que evalúe cómo pueden apoyarse los préstamos minoristas ecológicos y las hipotecas ecológicas; pide a la Autoridad que proceda rápidamente en relación con todos los aspectos mencionados, en el ámbito de su mandato y dentro de los plazos establecidos;

10.

Constata que, a 31 de diciembre de 2020, se había provisto el 97,42 % de los puestos del organigrama, a saber, 151 agentes temporales contratados de un total de 155 agentes temporales autorizados con arreglo al presupuesto de la Unión (frente a los 145 puestos autorizados en 2019); que, además, 47 agentes contractuales (49 autorizados) y 17 expertos nacionales en comisión de servicio (17 autorizados) trabajaron para la Autoridad en 2020; que la rotación de personal entre los agentes temporales, los agentes contractuales y los expertos nacionales en comisión de servicio permaneció estable en un 9,0 %;

11.

Observa con satisfacción que la Autoridad empleaba a personal de veintiocho nacionalidades y que el 48,8 % eran mujeres y el 51,2 %, hombres; lamenta que el 83 % de los altos cargos sean hombres y solo el 17 % mujeres, al igual que en el año anterior; destaca que se trata de un problema persistente y pide a la Autoridad que siga haciendo un esfuerzo por lograr en el futuro el equilibrio de género en todos los niveles jerárquicos; acoge favorablemente, a este respecto, la presencia obligatoria tanto de hombres como de mujeres en los comités de selección, el fomento activo de las candidatas para todos los puestos directivos, las sesiones de formación específicas dirigidas al personal femenino que desee prepararse para ocupar puestos directivos, y regímenes de trabajo más flexibles; recuerda a la Autoridad que a la hora de seleccionar candidatos son importantes las capacidades, los conocimientos y la experiencia, así como el equilibrio geográfico y la paridad de género entre el personal;

12.

Acoge con satisfacción la decisión de la Autoridad de ampliar el plazo para que el personal reclame los gastos e indemnizaciones relacionados con su traslado del Reino Unido a Francia, que se fijó inicialmente en un año a partir de la fecha en que la Autoridad puso fin a sus actividades en Londres, debido a las medidas adoptadas por muchos Estados miembros en respuesta a la pandemia de COVID-19, que afectaron de forma importante a la movilidad de los ciudadanos;

13.

Toma nota de la observación del informe del Tribunal de 2019 de que la Autoridad no había ajustado en función de las cifras reales las contribuciones a pensiones basadas en estimaciones, ni tenía planes para ello, y de que las contribuciones de las autoridades nacionales competentes nunca se habían adaptado en función de las cifras reales; toma nota de que la Autoridad ha elaborado planes para abordar esta cuestión; toma nota de la observación del Tribunal para el ejercicio 2020 en el sentido de que se están produciendo avances en este ámbito; pide a la Autoridad que proceda con rapidez a este respecto;

14.

Anima a la Autoridad a que siga desarrollando un marco a largo plazo para las políticas de recursos humanos en el que se aborde la conciliación de la vida privada y la vida laboral, la orientación y planificación permanentes de las carreras profesionales, el equilibrio de género, el teletrabajo, el equilibrio geográfico y la contratación e integración de personas con discapacidad;

15.

Toma nota de que la Autoridad finalizó seis procedimientos de contratación pública en 2020, dos de los cuales eran licitaciones, con la participación de otras tres agencias (AEVM, Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y Junta Única de Resolución) junto con la Autoridad, y de que la Autoridad anuló un contrato tras la adjudicación debido a la pandemia de COVID-19; observa, además, que la Autoridad participó en 33 procedimientos de contratación interagencias dirigidos por la Comisión y otras agencias;

16.

Constata con preocupación las observaciones del Tribunal de que determinados procedimientos de contratación pública de la Autoridad contravinieron el Reglamento Financiero, en particular los relacionados con la firma de un acuerdo bancario a corto plazo con un banco; observa que, en ese caso, la Autoridad subestimó significativamente el valor del contrato, lo que dio lugar a que la Autoridad no utilizara el tipo correcto de procedimiento de contratación pública; observa, además, que la Autoridad inició el procedimiento para firmar un nuevo contrato de servicios bancarios solo una semana antes de la expiración del anterior, abriendo excepcionalmente un procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa con un único contratista potencial, sin justificar este proceder; lamenta la observación del Tribunal de que la oferta de dicho contratista potencial no respondía a las expectativas de la Autoridad, por lo que la Autoridad solicitó ofertas a otros candidatos sin establecer criterios para seleccionar la mejor oferta ni llevar a cabo una evaluación adecuada de las ofertas recibidas, terminando por aceptar la oferta inicial; observa que el contrato firmado incluía el cobro de un tipo de interés negativo por los fondos depositados por la Autoridad, siendo el importe pagado de enero a agosto de 2020 de 38 430 EUR, en lugar de los 11 808 EUR estimados; toma nota de la evaluación jurídica del Tribunal, en la que se concluye que, de conformidad con el punto 14 del anexo I del Reglamento Financiero, sobre la base del importe real de los intereses negativos pagados, el procedimiento de licitación que debería haberse aplicado era el de los contratos de escasa cuantía, con un mínimo de tres ofertas que deberían haberse solicitado desde un principio, y de la posterior conclusión del Tribunal de que el procedimiento de contratación pública y los pagos asociados se consideraban irregulares;

17.

Toma nota de la observación del Tribunal de que en otro procedimiento de contratación pública de servicios jurídicos, por un valor de 31 000 EUR, la Autoridad aportó información que no era adecuada para justificar la decisión de emplear un procedimiento negociado sin convocatoria de licitación previa, y de que la documentación carecía de una pista de auditoría apropiada; observa que la Autoridad no justificó debidamente el uso de este procedimiento excepcional, ni previamente ni en el propio anuncio de adjudicación, como se exige en el punto 30.3 del anexo I del Reglamento Financiero;

18.

Manifiesta su preocupación por el número de irregularidades, los procedimientos de licitación retrasados e inadecuados y la falta de diligencia mostrada por la Autoridad con respecto a las normas de contratación pública, lo que ha provocado que esta deba soportar unos costes elevados; pide a la Autoridad que mejore las deficiencias detectadas y que informe a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de las medidas correctoras adoptadas;

19.

Lamenta que en 2020 la Defensora del Pueblo tuviera que iniciar una investigación en relación con la Autoridad por una situación de puertas giratorias que involucró a un alto cargo de la Autoridad, investigación que dio lugar a la constatación de un caso de mala administración; toma nota de que, tras la conclusión de dicha investigación, la Autoridad ha aplicado todas las recomendaciones de la Defensora del Pueblo; pide a la Autoridad que adopte un sólido marco deontológico que evite los conflictos de intereses, las puertas giratorias y el acoso;

20.

Es consciente de que la Autoridad tiene una política de conflictos de intereses para el personal y una política específica para los miembros de la Junta de Supervisores y del Consejo de Administración; observa que ambas políticas exigen una declaración anual de todo interés que cree un conflicto con respecto a las actividades incluidas en el ámbito de actuación de la Autoridad y que se hayan llevado a cabo durante los dos años anteriores (por lo que respecta a la Junta de Supervisores y el Consejo de Administración) o los cinco años anteriores (respecto de todo el personal); celebra que ambas políticas impongan la obligación de declarar situaciones de conflicto de intereses que no están cubiertas por las declaraciones anuales, ya que los conflictos de intereses no atajados pueden comprometer el cumplimiento de normas éticas estrictas; pide a la Autoridad que publique cada dos semanas todas las reuniones de su personal con grupos de intereses;

21.

Constata que la Autoridad ha llevado a cabo una evaluación del marco de control interno, aunque en su informe anual no comunica sus conclusiones desglosadas por principio y por componente; toma nota de que la evaluación reveló que la Autoridad no disponía de un conjunto de indicadores clave de rendimiento para el control interno y de que se está elaborando un documento sobre el enfoque de control interno que abarcará los años 2021 a 2024; pide a la Autoridad que evalúe adecuadamente la aplicación del marco de control interno e informe al respecto, y que también informe a la autoridad de aprobación de la gestión para el ejercicio 2021, como mínimo, sobre el estado del control interno por componente;

22.

Toma nota de la conclusión del Tribunal de que la Autoridad no ha actualizado formalmente su plan de continuidad de las actividades desde 2017, a pesar de que se había elaborado un proyecto de plan actualizado en junio de 2019, cuando la sede de la Autoridad se trasladó de Londres a París; observa, no obstante, que este proyecto, aunque se utilizó para la respuesta de la Autoridad a la pandemia de COVID-19, no fue aprobado ni actualizado formalmente por la alta dirección de la Autoridad con el fin de abordar el traslado a la nueva sede o la experiencia reciente de la pandemia de COVID-19; toma nota de la conclusión del Tribunal de que este retraso constituye una deficiencia interna en los procedimientos de la Autoridad;

23.

Insta a la Autoridad a que emprenda medidas para subsanar las deficiencias y debilidades detectadas en sus sistemas de control interno; pide a la Autoridad que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión presupuestaria de los avances realizados;

24.

Toma nota de que la Autoridad dispone de una estrategia antifraude actualizada que se adoptó en enero de 2019; observa, no obstante, que en 2019 la Autoridad aplazó la evaluación del riesgo de fraude debido al abandono de la sede de Londres, y de nuevo en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, y que dicho ejercicio de evaluación estaba previsto para el primer trimestre de 2021; pide a la Autoridad que lleve a cabo la evaluación y que incorpore los resultados al plan de acción de la estrategia de lucha contra el fraude; pide a la Autoridad que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre los resultados de la evaluación y sobre la manera en que se han tenido en cuenta;

25.

Observa que la crisis de la COVID-19 provocó una repentina reorganización de los regímenes de trabajo de la Autoridad centrada inicialmente en mantener la continuidad de las actividades a corto y medio plazo; toma nota de que la Autoridad elaboró un plan de preparación para la COVID-19 con el fin de hacer patente el seguimiento activo de la pandemia por parte de la Autoridad y su capacidad para proporcionar orientaciones y medidas claras destinadas a proteger el bienestar de su personal y la continuidad de sus operaciones, mediante, entre otras medidas, un equipo de crisis que apoyó las actividades de gestión de la crisis y la ejecución del plan; acoge con satisfacción el énfasis de la Autoridad en garantizar la seguridad del personal, limitando al mismo tiempo el impacto de la crisis de la COVID-19 en su misión y actividades principales; toma nota de que la Autoridad ha evaluado las medidas adoptadas a través de una auditoría realizada por una empresa de auditoría externa, y pide a la Autoridad que comparta con las demás agencias de la Unión, a través de la Red de Agencias de la Unión, las conclusiones a las que se llegó y la experiencia adquirida;

26.

Observa que, debido a la pandemia de COVID-19, la Autoridad revisó sus procedimientos de contratación para poder contratar e integrar a nuevos empleados a distancia; toma nota de que la Autoridad organizó un gran número de sesiones de bienestar para apoyar al personal y a los directivos durante la pandemia y de que también se organizó formación lingüística y de otro tipo en línea;

27.

Acoge con satisfacción las medidas adoptadas en el marco de la aplicación, por parte de la Autoridad, del sistema de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y anima a la Autoridad a finalizar el proyecto EMAS e informar a la autoridad de aprobación de la gestión sobre el registro de la Autoridad en el EMAS; celebra que la Autoridad haya aprobado la inclusión de todos sus productos y actividades en el ámbito del sistema;

28.

Pide a la Autoridad que no deje de redoblar sus esfuerzos para reducir la huella ambiental, intensificando sus medidas para introducir un entorno de trabajo sostenible y sin papel, que considere fuentes de energía más neutras en carbono, incluidos los paneles fotovoltaicos, y que modernice su edificio de oficinas para cumplir la norma de cero emisiones;

29.

Recuerda la importancia de que la Autoridad desarrolle una mayor visibilidad en los medios de comunicación y en internet, a fin de dar mejor a conocer sus actividades;

30.

Remite, para otras observaciones transversales anejas a la Decisión sobre la aprobación de la gestión, a su Resolución, de 4 de mayo de 2022 (2), sobre el rendimiento, la gestión financiera y el control de las agencias.