que, con arreglo al párrafo primero del artículo 63 del Convenio los Estados contratantes reconocen que todo Estado que se convierta en miembro de la Comunidad Económica Europea tendrá la obligación de aceptar que el presente Convenio se tome como base para las negociaciones necesarias con objeto de asegurar la aplicación del último párrafo del artículo 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea en las relaciones entre los Estados contratantes y ese Estado;

que los nuevos Estados miembros tienen pues interés en expresar su punto de vista cuando el Tribunal de Justicia debe interpretar un Convenio al que tienen la obligación de adherirse;

que contra dicha conclusión no se puede invocar el apartado 4 del artículo 4 del Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a un procedimiento especial que no constituye el objeto de debate en el presente asunto;

que, además, en el marco de dicho Protocolo, anterior a la ampliación de las Comunidades Europeas, la expresión Estados contratantes se refiere al conjunto de los Estados miembros.

que el Convenio se celebró en ejecución del artículo 220 del Tratado y pretende, según los términos expresos de su Preámbulo, desarrollar las disposiciones de este artículo relativas a la simplificación de las formalidades a las que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las resoluciones judiciales, así como reforzar en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma;

que a fin de suprimir los obstáculos en las relaciones jurídicas y en la solución de los litigios en la esfera de las relaciones intracomunitarias en materia civil y mercantil, el Convenio contiene, entre otras, reglas que permiten determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en estas relaciones y que facilitan el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales;

que, por lo tanto, el Convenio debe ser interpretado teniendo en cuenta, al mismo tiempo, el sistema y los objetivos que le son propios, así como su relación con el Tratado.

que, por consiguiente, se plantea la cuestión de si estas expresiones y conceptos deben considerarse como autónomos y, por tanto, comunes a todos los Estados miembros, o en el sentido de que remiten a las normas materiales del Derecho aplicable, en cada caso, en virtud de las normas de conflicto del Juez que conoce de la primera demanda.

que, en cualquier caso, cabe subrayar que la interpretación de dichas expresiones y conceptos a efectos del Convenio no prejuzga la cuestión de la norma material aplicable a la situación controvertida.

que esta norma debe ser interpretada en el marco del sistema de atribuciones de competencia establecido por el título II del Convenio;

que este sistema se basa en una atribución general de competencia, en virtud del artículo 2, a los órganos jurisdiccionales del Estado donde esté domiciliado el demandado;

que el artículo 5 prevé, sin embargo, un conjunto de atribuciones de competencia especiales, de entre las cuales puede elegir el demandante;

que, por esta razón, en caso de litigio en materia de obligaciones contractuales, el número 1 del artículo 5 permite al demandante someter el asunto al Juez del lugar donde haya sido o deba ser cumplida la obligación;

que corresponde al Juez ante el que se ha presentado la demanda comprobar, con arreglo al Convenio, si el lugar en el que la obligación ha sido o debe ser cumplida está enclavado dentro de la circunscripción que corresponde a su competencia territorial;

que, para ello, debe determinar, según sus propias normas de conflicto, cuál es la ley aplicable a la relación jurídica de que se trate y definir, conforme a dicha ley, el lugar de cumplimiento de la obligación contractual controvertida;

que lo anterior queda corroborado por el hecho de que la determinación del lugar de cumplimiento depende del contenido de la relación contractual de la que se derivan estas obligaciones;

que dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el Oberlandesgericht Frankfurt am Main, corresponde a éste resolver sobre las costas.