–

en nombre de E. V. G.‑T., por el Sr. T. C. Pfeiffer, Rechtsanwalt;

–

en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y M. Hellmann y por la Sra. J. Simon, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno español, por el Sr. I. Herranz Elizalde, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Vondung y el Sr. W. Wils, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2019, L 243, p. 9).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento, iniciado por E. V. G.‑T. a raíz del fallecimiento de su marido, a efectos de la expedición de un certificado sucesorio europeo que la designa como heredera única.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento n.o 650/2012

3

Los considerandos 7, 8, 67 y 71 del Reglamento n.o 650/2012 tienen el siguiente tenor:

4

El artículo 3 del referido Reglamento, titulado «Definiciones», establece:

5

El capítulo VI del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Certificado sucesorio europeo», comprende los artículos 62 a 73 de dicho Reglamento.

6

El artículo 63 del mencionado Reglamento, titulado «Finalidad del certificado», dispone en su apartado 2:

7

El artículo 66 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Examen de la solicitud», establece:

8

El artículo 67 del referido Reglamento, titulado «Expedición del certificado», tiene el siguiente tenor:

9

El artículo 69 del mencionado Reglamento, titulado «Efectos del certificado», dispone:

10

El artículo 72 del mismo Reglamento, titulado «Vías de recurso», tiene el siguiente tenor:

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1329/2014

11

El artículo 1, apartado 5, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1329/2014 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2014, L 359, p. 30), tiene el siguiente tenor:

12

El citado formulario V indica, en su última página, que «la autoridad certifica que ha tomado todas las medidas necesarias para informar a los beneficiarios de la solicitud de expedición del certificado y que, en el momento de la expedición del mismo, ninguno de los elementos en él contenidos habían sido impugnados por los beneficiarios».

Derecho alemán

FamFG

13

El artículo 26 de la Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ley de Procedimiento en Materia de Familia y de Jurisdicción Voluntaria), de 17 de diciembre de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 2586), en su versión aplicable al procedimiento principal (en lo sucesivo, «FamFG»), dispone:

14

El artículo 352e de la FamFG, titulado «Decisión relativa a las solicitudes de certificado sucesorio», tiene el siguiente tenor:

Ley sobre el Derecho sucesorio internacional y por la que se modifican las disposiciones relativas al certificado sucesorio y otras disposiciones

15

El artículo 35, apartado 1, de la Gesetz zum Internationalen Erbrecht und zur Änderung von Vorschriften zum Erbschein sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften (Ley sobre el Derecho sucesorio internacional y por la que se modifican las disposiciones relativas al certificado sucesorio y otras disposiciones), de 29 de junio de 2015 (BGBl. 2015 I, p. 1042), establece:

16

El artículo 39 de esta Ley, titulado «Naturaleza de la decisión», dispone:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

17

P. M. J. T., nacional francés y con último domicilio en Alemania, falleció el 15 de septiembre de 2021.

18

El 23 de noviembre de 2021, E. V. G.‑T., la esposa supérstite, representada por su representante procesal, solicitó un certificado sucesorio europeo ante el Amtsgericht Lörrach (Tribunal de lo Civil y Penal de Lörrach, Alemania), órgano jurisdiccional remitente, con objeto de que se la designara heredera única del causante. A tal fin, presentó un testamento mancomunado fechado el 23 de julio de 2020, escrito a mano por la esposa supérstite y firmado por esta y por el causante, mediante el cual ambos cónyuges se nombraron mutuamente únicos herederos.

19

Por otra parte, consta que existía un testamento anterior, fechado el 31 de mayo de 2001, manuscrito y firmado por P. M. J. T., en el que este último designó como herederos a sus dos nietos y encargó a su hijo la organización de su funeral en España.

20

El hijo y los nietos del causante entienden que el testamento de 23 de julio de 2020 no es válido. Sostienen, a este respecto, ante el órgano jurisdiccional remitente, que el causante ya no era capaz de disponer mortis causa cuando se redactó dicho testamento y que la firma que aparece en este no es la suya.

21

El referido órgano jurisdiccional ha declarado que las alegaciones del hijo y de los nietos del causante carecen de fundamento. Por una parte, la circunstancia, alegada por ellos, de que el causante se confundiese de vez en cuando no es suficiente para suponer la incapacidad de disponer mortis causa o para comprobar esta objeción mediante una investigación más detallada. Por otra parte, el mencionado órgano jurisdiccional constató la autenticidad de la firma del causante que figuraba en el testamento mancomunado tras compararla con muestras de su firma anteriores de las que disponía. Por consiguiente, el mismo órgano jurisdiccional considera que la esposa supérstite es la única heredera del causante.

22

Por lo que atañe a las dudas del órgano jurisdiccional remitente, en primer lugar, este se pregunta si las objeciones mencionadas en el apartado 20 de la presente sentencia pueden impedir la expedición del certificado sucesorio europeo. A este respecto, subraya que el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 podría interpretarse en el sentido de que se refiere no solo a las objeciones planteadas en un procedimiento diferente del procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, sino también a las planteadas durante este último procedimiento. En tal caso, las objeciones formuladas por el hijo y los nietos del causante podrían impedir, en el presente asunto, la expedición del certificado solicitado por la esposa supérstite.

23

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la autoridad emisora puede examinar las objeciones planteadas durante el procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, o si cualquier objeción de esta naturaleza impide necesariamente la expedición de dicho certificado. Este órgano jurisdiccional precisa, además, que esta cuestión no es pacífica en Derecho alemán.

24

En segundo lugar, según las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente, el representante procesal de la esposa supérstite tiene la intención de presentar una solicitud de certificado sucesorio, con arreglo al artículo 352e de la FamFG, en caso de suspensión del procedimiento principal, en cuyo caso las objeciones planteadas por el hijo y los nietos del causante deberán ser examinadas de conformidad con el Derecho nacional en el marco de ese otro procedimiento. El referido órgano jurisdiccional se pregunta, a este respecto, si el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que las objeciones que hayan sido desestimadas en el marco de un procedimiento distinto del procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, como el procedimiento relativo a un certificado sucesorio, impiden, no obstante, la expedición del certificado sucesorio europeo.

25

En tercer lugar, dado que las objeciones del hijo y de los nietos del causante carecen de fundamento en el procedimiento principal, el órgano jurisdiccional remitente considera que el asunto puede ser resuelto, incluso sin una práctica formal de la prueba. Dicho órgano jurisdiccional se pregunta si tales objeciones, insuficientemente fundamentadas, se ven también afectadas por el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 y, por tanto, pueden impedir la expedición del certificado sucesorio europeo. El referido órgano jurisdiccional menciona también, en este contexto, la posibilidad de objeciones abusivas.

26

En cuarto lugar, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente estuviera autorizado a examinar las objeciones formuladas durante el procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, se plantearía la cuestión de si deben indicarse, y en qué forma, los motivos de desestimación de dichas objeciones. Según el órgano jurisdiccional remitente, las normas de procedimiento que contiene el Reglamento n.o 650/2012 prevén una decisión de acompañamiento a la expedición del certificado sucesorio europeo. El referido órgano jurisdiccional subraya, además, que el formulario que ha de utilizarse para expedir un certificado sucesorio europeo, contemplado en el artículo 1, apartado 5, del Reglamento de Ejecución n.o 1329/2014, tal como se recoge en el anexo 5 de dicho Reglamento, incluye una declaración según la cual «la autoridad certifica que ha tomado todas las medidas necesarias para informar a los beneficiarios de la solicitud de expedición del certificado y que, en el momento de la expedición del mismo, ninguno de los elementos en él contenidos habían sido impugnados por los beneficiarios».

27

En estas circunstancias, el Amtsgericht Lörrach (Tribunal de lo Civil y Penal de Lörrach) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

28

El Gobierno español cuestiona la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. Aunque dicho Gobierno admite que el órgano jurisdiccional remitente tiene la condición de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE, considera, no obstante, que la actividad consistente en expedir un certificado sucesorio europeo, tal como se regula en el Reglamento n.o 650/2012, no constituye el ejercicio de una función jurisdiccional.

29

El referido Gobierno sostiene, para empezar, que el hecho de que la expedición de un certificado sucesorio europeo pueda encomendarse a un órgano jurisdiccional o a otra autoridad competente es un indicio de su naturaleza administrativa. A continuación, señala que el procedimiento de expedición de dicho certificado no está configurado para examinar y resolver cuestiones litigiosas entre los potenciales beneficiarios de la sucesión. Por último, indica que el certificado sucesorio europeo carece de los efectos vinculantes propios de una sentencia judicial y tiene meramente carácter informativo.

30

De reiterada jurisprudencia se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales solo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter judicial (sentencias de 28 de febrero de 2019, Gradbeništvo Korana, C‑579/17, EU:C:2019:162, apartado 34, y de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 42).

31

Así pues, la competencia de un organismo para pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie deberá determinarse basándose tanto en criterios estructurales como funcionales. A este respecto, un organismo nacional puede tener la consideración de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE si ejerce funciones jurisdiccionales, aun cuando en el ejercicio de otras funciones, en particular de carácter administrativo, no pueda reconocérsele tal calificación (sentencia de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 43).

32

De todo lo anterior se deduce que, para determinar si un organismo nacional, al que la ley atribuya funciones de diversa naturaleza, debe ser calificado de «órgano jurisdiccional», a efectos del artículo 267 TFUE, resulta necesario verificar cuál es la naturaleza específica de las funciones que ejerce en el contexto normativo particular en el que se ve obligado a pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie (sentencia de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 44).

33

En el caso de autos, de las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que este se pregunta sobre las facultades que se le confieren en el marco específico del procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, tal como se regula en el capítulo VI del Reglamento n.o 650/2012.

34

De estas explicaciones se desprende asimismo que, durante el procedimiento principal, el hijo y los nietos del causante formularon varias objeciones con el fin de impedir la expedición del certificado sucesorio europeo solicitado por la esposa supérstite de este último. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre las consecuencias que deben extraerse de la existencia de estas objeciones.

35

El referido órgano jurisdiccional expone, a este respecto, que, en virtud de su Derecho nacional, es competente para resolver tales objeciones, en particular cuando se plantean con ocasión de la expedición de un certificado sucesorio. Por consiguiente, se pregunta si también puede resolver dichas objeciones cuando surgen en el marco de un procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, sujeto al régimen establecido por el capítulo VI del Reglamento n.o 650/2012.

36

Mediante las tres primeras cuestiones prejudiciales que ha planteado al Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en particular, si el mencionado Reglamento confiere, como tal, a la autoridad que conoce de una solicitud de certificado sucesorio europeo, la competencia para resolver los litigios derivados de objeciones formuladas durante el procedimiento de expedición de dicho certificado. En ese caso, el referido órgano jurisdiccional se pregunta, mediante su cuarta cuestión prejudicial, en qué forma debe exponer la referida autoridad los motivos que le han llevado a rechazar las objeciones y a expedir el certificado sucesorio europeo.

37

De lo anterior resulta que la interpretación del Reglamento n.o 650/2012 solicitada por el órgano jurisdiccional remitente tiene por objeto apreciar si ejerce funciones jurisdiccionales, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 31 de la presente sentencia, en el marco específico del procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo. Al constituir la condición de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE, un requisito para la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, Land Hessen, C‑272/19, EU:C:2020:535, apartado 42), es necesario proceder a esta interpretación para pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

38

A tenor del artículo 67, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 650/2012, la autoridad emisora expedirá el certificado sucesorio europeo una vez que los extremos que vayan a ser certificados hayan sido acreditados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o en virtud de cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Conforme al artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a) de dicho Reglamento, la autoridad emisora no expedirá ese certificado, en particular, «si los extremos que se han de certificar son objeto de oposición».

39

Para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 12 de octubre de 2023, KBC Verzekeringen, C‑286/22, EU:C:2023:767, apartado 32).

40

Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012, procede señalar que esta disposición se refiere indistintamente a cualquier situación en la que los extremos que deban certificarse sean «objeto de oposición». Así pues, resulta que dicha disposición se refiere a cualquier objeción, sin distinguir en función de que haya sido formulada durante el procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo o durante otro procedimiento.

41

También debe señalarse, a este respecto, que ninguna de las versiones lingüísticas del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012, y en particular las versiones en lengua alemana («wenn Einwände gegen den zu bescheinigenden Sachverhalt anhängig sind»), española («si los extremos que se han de certificar son objeto de oposición»), inglesa («if the elements to be certified are being challenged»), francesa («si les éléments à certifier sont contestés»), italiana («gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione»), lituana («jei ginčijami patvirtintini faktai») y sueca («om ett klagomål har riktats mot de uppgifter som ska styrkas»), exige formalmente que los elementos que deban certificarse hayan sido objeto de oposición en el marco de un procedimiento distinto del que atañe a la expedición del certificado sucesorio europeo.

42

De ello se deduce que una objeción que se refiera a los extremos que hayan de certificarse, formulada durante el procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, debe, en principio, impedir la expedición de dicho certificado.

43

Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012, procede recordar, en primer término, que, a tenor de dicho artículo 67, apartado 1, párrafo primero, la autoridad emisora expedirá sin demora el certificado «una vez que los extremos que vayan a ser certificados hayan sido acreditados».

44

De este requisito puede deducirse, a contrario, que la autoridad emisora debe negarse a expedir dicho certificado cuando los extremos que deban certificarse no puedan considerarse «acreditados», en particular a raíz de objeciones formuladas durante el procedimiento de expedición del referido certificado.

45

En segundo término, el artículo 66 del Reglamento n.o 650/2012 establece, en su apartado 1, la obligación de la autoridad emisora de verificar la información y las declaraciones, así como los documentos y demás pruebas, presentados por el solicitante.

46

Además, el artículo 66, apartado 4, de dicho Reglamento impone a la autoridad emisora la obligación de tomar todas las medidas necesarias para informar a los beneficiarios de la solicitud de certificado. De ser necesario para acreditar los extremos que deban certificarse, dicha autoridad también oirá a cualquier persona interesada y a cualquier ejecutor o administrador y publicará anuncios para que otros posibles beneficiarios tengan la oportunidad de alegar sus derechos.

47

Pues bien, al establecer estas obligaciones de audiencia e información, el legislador de la Unión ha contemplado necesariamente la posibilidad de que se formulen objeciones durante el examen de la solicitud de certificado sucesorio europeo e impidan, en su caso, la expedición de dicho certificado.

48

Por consiguiente, el tenor de la obligación de examen establecida en el artículo 66 del Reglamento n.o 650/2012, y, en particular, en el apartado 4 del referido artículo 66, confirma también la interpretación adoptada en el apartado 42 de la presente sentencia.

49

En tercer término, esta interpretación se ve corroborada por el contenido del formulario V, que figura en el anexo 5 del Reglamento de Ejecución n.o 1329/2014. De conformidad con el artículo 67, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 650/2012, la autoridad emisora debe utilizar obligatoriamente dicho formulario para expedir el certificado sucesorio europeo (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartado 46). Pues bien, el referido formulario incluye, en su última página, una declaración mediante la que la autoridad emisora certifica que, «en el momento de la expedición del [certificado], ninguno de los elementos en él contenidos habían sido impugnados por los beneficiarios».

50

En tercer lugar, esta interpretación se ve respaldada además por los objetivos del Reglamento n.o 650/2012, que, como se desprende de sus considerandos 7 y 8, tiene por objeto ayudar a los herederos y legatarios, a las personas próximas al causante y a los acreedores de la herencia a ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas, así como permitir a los ciudadanos de la Unión preparar su sucesión (sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartado 41 y jurisprudencia citada).

51

Del considerando 67 de dicho Reglamento se desprende que el certificado sucesorio europeo se creó para que los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan probar fácilmente su cualidad como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro, por ejemplo, en el Estado miembro en que estén situados los bienes sucesorios, con el fin de tramitar de forma rápida, ágil y eficiente las sucesiones con repercusión transfronteriza en la Unión.

52

Asimismo, procede recordar, como confirma el considerando 71 del referido Reglamento, que el certificado sucesorio europeo surte efectos en todos los Estados miembros, sin necesidad de procedimiento alguno, y se presume que prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia, así como la condición y los derechos de las personas designadas como herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia, de conformidad con el artículo 69, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento (véase, en ese sentido, la sentencia de 1 de julio de 2021, Vorarlberger Landes‑ und Hypotheken-Bank, C‑301/20, EU:C:2021:528, apartado 23).

53

En este contexto, una interpretación del artículo 67, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012 que autorice la expedición y la utilización de un certificado sucesorio europeo, aun cuando los extremos que deban certificarse sean objeto de oposición, podría dar lugar a litigios relativos a los actos jurídicos para los que se ha utilizado el certificado como medio de prueba, lo que sería contrario al objetivo de facilitar la tramitación de sucesiones con repercusión transfronteriza.

54

De ello se deduce que el objetivo que justificó la creación del certificado sucesorio europeo, a saber, facilitar la tramitación de las sucesiones con repercusión transfronteriza, respalda, asimismo, la interpretación del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que dicho certificado no puede expedirse cuando se hayan formulado objeciones durante el procedimiento de expedición, de las que resulte que los extremos que deben certificarse no pueden considerarse acreditados.

55

Dicho esto, el que no se haya conferido a la autoridad emisora la facultad de resolver objeciones en el marco del procedimiento de expedición del certificado sucesorio europeo no impide a dicha autoridad constatar que una objeción planteada ante ella ya haya sido resuelta mediante una resolución judicial firme que ha adquirido fuerza de cosa juzgada. A este respecto, de las explicaciones dadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que este se pregunta si esta disposición debe interpretarse en el sentido de que toda objeción impide necesariamente la expedición del certificado sucesorio europeo, o si el Reglamento n.o 650/2012 confiere a la autoridad emisora la facultad de examinar y desestimar una objeción infundada o no motivada y, en su caso, de expedir el certificado a pesar de la existencia de tal objeción.

56

Por lo que respecta a las objeciones ya examinadas en el marco de otro procedimiento, que son objeto de la segunda cuestión prejudicial, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se refiere, más concretamente, al supuesto de que las objeciones planteadas durante el procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo ya hayan sido desestimadas en el marco de otro procedimiento. El referido órgano jurisdiccional se pregunta, en esencia, si, en ese supuesto, la autoridad emisora tiene la facultad de expedir dicho certificado pese a la existencia formal de objeciones.

57

Procede señalar, con carácter preliminar, que este supuesto no está expresamente regulado por el artículo 67, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012. En particular, el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de dicho Reglamento se refiere al supuesto en el que una resolución dictada en el marco de otro procedimiento relativo a los extremos que deben certificarse se opone a la expedición del certificado solicitado.

58

Dicho esto, el concepto de oposición, tal como se utiliza en el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del mencionado Reglamento, debe interpretarse necesariamente en el sentido de que no se refiere a las objeciones ya desestimadas por una resolución firme dictada por una autoridad judicial que se pronuncie en el marco de un procedimiento judicial. En caso contrario, en efecto, cualquier objeción podría impedir indefinidamente la expedición del certificado sucesorio europeo, aun cuando dicha objeción ya hubiese sido examinada y desestimada de manera definitiva en el marco de un procedimiento judicial, ya sea el contemplado en el artículo 72 del mismo Reglamento, relativo a las vías de recurso, o se rija únicamente por el Derecho nacional.

59

La exigencia, en este contexto, de una resolución que revista carácter firme se deriva de la necesidad de preservar la fiabilidad del certificado sucesorio europeo de conformidad con las finalidades recordadas en los apartados 50 y 51 de la presente sentencia, como ha alegado acertadamente la Comisión Europea. En efecto, la expedición de dicho certificado, cuando existan objeciones relativas a los extremos que deben certificarse que son objeto de un procedimiento aún pendiente, conllevaría necesariamente el riesgo de que el contenido de ese certificado se viera contradicho por una resolución dictada posteriormente en el marco de tal procedimiento.

60

Por consiguiente, solo en el momento en que, en el marco de un procedimiento distinto del que tiene por objeto la expedición del certificado sucesorio europeo, la resolución denegatoria de una objeción adquiere firmeza, dicha objeción deja de impedir la expedición del referido certificado en virtud del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012.

61

Por otra parte, procede señalar que el artículo 72 del Reglamento n.o 650/2012 establece una vía de recurso ante un órgano judicial del Estado miembro de la autoridad emisora, de conformidad con la ley de dicho Estado, contra cualquier decisión tomada por esa autoridad emisora en virtud del artículo 67 del referido Reglamento.

62

De ello se deduce que cualquier decisión tomada por la autoridad emisora al término del procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, de conformidad con el artículo 67, apartado 1, de dicho Reglamento, no es, por definición, firme. Así pues, la expedición de tal certificado, a pesar de la existencia de objeciones que la autoridad emisora haya desestimado por infundadas o no motivadas, conllevaría necesariamente un riesgo análogo al identificado en el apartado 59 de la presente sentencia, a saber, el riesgo de que el contenido de dicho certificado sea cuestionado por una resolución dictada posteriormente en el marco del procedimiento previsto en el artículo 72 del mismo Reglamento.

63

Por consiguiente, la necesidad de preservar la fiabilidad del certificado sucesorio europeo de conformidad con las finalidades recordadas en los apartados 53 y 54 de la presente sentencia exige interpretar el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que cualquier objeción, aun cuando parezca infundada o no motivada, formulada durante el procedimiento de expedición de un certificado sucesorio europeo, impide la expedición de dicho certificado, a excepción de las objeciones definitivamente desestimadas en el marco de otro procedimiento, como se indica en el apartado 61 de la presente sentencia.

64

Con el fin de preservar la confianza de los ciudadanos de la Unión en el certificado sucesorio europeo, es, en efecto, imperativo que este instrumento, dotado de la fuerza probatoria establecida en el artículo 63, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012, y que surte los efectos enunciados, en particular, en el artículo 69, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, solo se expida cuando no hay objeciones contra los extremos que deban certificarse.

65

Si existe tal objeción, la autoridad emisora, que no dispone de la facultad de resolverla, está obligada a denegar la expedición del certificado sucesorio europeo solicitado, entendiéndose que esa denegación podrá ser objeto del recurso previsto en el artículo 72 del Reglamento n.o 650/2012. La autoridad judicial que conozca de ese recurso podrá, en su caso, examinar la procedencia de las objeciones que hayan impedido la expedición del certificado.

66

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede declarar que, cuando adopta, como autoridad emisora del certificado sucesorio europeo, decisiones en aplicación del artículo 67, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012, el órgano jurisdiccional remitente no ejerce ninguna función jurisdiccional y, por tanto, no está facultado para someter un asunto al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE.

67

En consecuencia, la petición de decisión prejudicial es inadmisible.

Costas

68

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.