<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2001ESA.0100030701.case.xml"><NO.CASE>C-40/98</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61998C0040</NO.CELEX><NO.SEQ>0010.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>308</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>322</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>15</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. RUIZJARABO — ASUNTO C-40/98</LEFT><RIGHT>COMISIÓN / TVR</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del Abogado General</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="20000615">15 de junio de 2000</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lengua original: español.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Mediante demanda presentada en virtud del artículo 181 del Tratado CE (actualmente artículo 238 CE), la Comisión de las Comunidades Europeas solicita del Tribunal de Justicia que, ante el incumplimiento contractual<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En la novela Oblómov de Iván A. Goncharov, dos personajes se confabulan para despojar de sus bienes a Iliá Ilich Oblómov y comentan:</P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="DASH"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>—</NO.P><TXT>¡Menudo contrato le hice firmar! —siguió hablando Tarántiev.</TXT><P>[...]</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>¡El contrato lo firmó! No lo echó a perder.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Eso sí, y es sagrado —añadió Iván Matvéievich.<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S><P>(Goncharov, I.A.: Oblómov, traducción de Lydia Kúper de Velasco, Alba Editorial, Barcelona, 1999, pp. 474 y 475).</P></NOTE> que imputa a la empresa TVR-Tecnologie Vetroresina SpA (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>demandada<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> o <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>TVR<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), la condene a devolverle ciertas cantidades y a pagarle una indemnización por daños y perjuicios.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I.</NO.P><TXT>El contrato</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Con fecha <DATE ISO="19910801">1 de agosto de 1991</DATE>, la Comisión, de un lado, y la empresa demandada y Brunel University (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Brunel<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), de otro, firmaron el contrato 3440/1/0/187/91/6-BCR-I(30) dentro del programa de investigación y desarrollo para la Comunidad Económica Europea en el ámbito de la metrología aplicada y del análisis químico.<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisión 88/418/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19880629">29 de junio de 1988</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="206" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="29">DO L 206, p. 29</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> El objeto del contrato era la realización de un proyecto de estudio de los sistemas y los instrumentos de medida de los productos fabricados con materiales compuestos, usando la tecnología de <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>winding filaments<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Las cláusulas del contrato que tienen incidencia directa en el litigio son las siguientes:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>La duración del proyecto era de 36 meses a partir del mes siguiente a la firma del contrato (del <DATE ISO="19910901">1 de septiembre de 1991</DATE> al <DATE ISO="19940831">31 de agosto de 1994</DATE>); cualquier retraso debía ser inmediatamente notificado a la Comisión (cláusula 2). TVR debía enviar cada seis meses un informe sobre la evolución del proyecto y, al término de éste, un informe final sobre los resultados obtenidos (cláusula 6.1).</P></ITEM><ITEM><P>La contribución financiera de la Comisión (hasta un máximo de <FT TYPE="NUMBER">584.000</FT> ECU) se dividía en un anticipo<?PAGE NO="I-309"?> inicial de <FT TYPE="NUMBER">230.000</FT> ECU y pagos ulteriores, efectuados periódicamente en función de las certificaciones de gastos realizados. Quedó de manera expresa estipulado que la Comisión haría los pagos a la demandada y que ésta sería responsable de transferir inmediatamente la suma apropiada al co-contratante (cláusula 4).</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Las partes podían resolver el contrato por alguno de los motivos previstos en el artículo 8 del anexo II (condiciones generales). En concreto, a tenor del apartado 2, letra d), de este artículo, la Comisión podía resolverlo si uno o ambos co-contratantes incumplían cualquiera de sus obligaciones, salvo que existieran motivos técnicos o económicos razonables y justificados, y persistía su incumplimiento un mes después de la recepción del requerimiento por escrito que la Comisión le hubiera formulado, mediante correo certificado, instándoles a que cumplieran dichas obligaciones.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>A tenor del artículo 12 del anexo II, la competencia exclusiva para conocer de cualquier litigio relativo al contrato corresponde al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Conforme a su cláusula 11, el contrato se regirá por la ley italiana.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II.</NO.P><TXT>Los hechos</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19910920">20 de septiembre de 1991</DATE> la Comisión transfirió a la demandada un anticipo de <FT TYPE="NUMBER">230.000</FT> ECU, de los que debía transferir a Brunel <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU, según lo dispuesto en la cláusula 4 del contrato, antes citada. Tal cantidad, sin embargo, no llegó a poder de Brunel.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Mediante cartas de <DATE ISO="19930326">26 de marzo</DATE> y de <DATE ISO="19930415">15 de abril de 1993</DATE>, la Comisión requirió a TVR para que transfiriera dicha cantidad a Brunel, con la advertencia, en la segunda de esas cartas, de resolver el contrato y de exigirle la devolución del anticipo más el pago de intereses si no demostraba, en el plazo de un mes, haber efectuado la transferencia.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19930526">26 de mayo de 1993</DATE> la Comisión comunicó a TVR su decisión de suspender toda financiación del proyecto a partir de esa fecha.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Como Brunel siguió sin recibir la transferencia, la Comisión, mediante carta de <DATE ISO="19940131">31 de enero de 1994</DATE>, resolvió el contrato sobre la base del artículo 8, apartado 2, letra d), de su anexo II, y exigió a TVR que le devolviera <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU más los intereses calculados con arreglo al artículo 8, apartado 4, del propio anexo.</TXT><P>Mediante escrito adicional del mismo día, la Comisión rechazó tanto la certificación de gastos presentada por TVR para el período comprendido entre el <DATE ISO="19920901">1 de septiembre<?PAGE NO="I-310"?> de 1992</DATE> y el <DATE ISO="19930526">26 de mayo de 1993</DATE>, como la certificación final de gastos.</P><P>Al tiempo, la Comisión comunicó a Brunel su decisión de resolver el contrato.</P></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19940224">24 de febrero de 1994</DATE>, TVR transmitió a la Comisión una nueva certificación final de gastos, que fue seguida, a instancia de la Comisión, por otros documentos presentados el <DATE ISO="19940315">15 de marzo de 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Mediante escrito de <DATE ISO="19940406">6 de abril de 1994</DATE>, la Comisión comunicó a TVR que las informaciones que había aportado no bastaban para justificar su certificación final de gastos. Por el contrario, aceptó la certificación de gastos modificada relativa al primer año del proyecto así como, parcialmente, los gastos de viajes relativos al segundo año.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Con estos elementos, la Comisión calculó en <FT TYPE="NUMBER">37.386</FT> ECU los gastos realizados por TVR, de los cuales el 50 % (<FT TYPE="NUMBER">18.693</FT> ECU) debían ser soportados por la Comunidad de conformidad con la cláusula 3.2 del contrato. Así pues, la Comisión reclamó a TVR, en julio de 1994, la devolución de la diferencia entre dicho importe y la parte del anticipo que le correspondía (<FT TYPE="NUMBER">65.000</FT> ECU), es decir, <FT TYPE="NUMBER">46.307</FT> ECU. Esta liquidación de gastos fue rechazada por la demandada en carta de <DATE ISO="19940726">26 de julio de 1994</DATE>, al tiempo que reclamaba una auditoría del contrato.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19930813">13 de agosto de 1993</DATE>, la Comisión encargó a la sociedad Ernst &amp; Young una auditoría del primer año del contrato (período comprendido entre el <DATE ISO="19910901">1 de septiembre de 1991</DATE> y el <DATE ISO="19920831">31 de agosto de 1992</DATE>).</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19940908">8 de septiembre de 1994</DATE>, Ernst &amp; Young presentó su informe de auditoría. Según esta sociedad, no se había encontrado prueba alguna de que se hubieran transferido <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU a Brunel. Por lo que se refiere a los gastos de trabajo, los auditores indicaron, por una parte, que el número de horas de trabajo comunicado a la Comisión era inferior al que figuraba en los registros de TVR y, por otra, que la demandada había computado las horas de trabajo prestadas en 1992 con arreglo a la tarifa vigente en 1991, por lo que podía suponerse que los gastos reales habían sido superiores a los indicados en la certificación.</TXT><P>Ernst &amp; Young concluía su informe indicando que, en su opinión, y a excepción de la cantidad que debía haber sido transferida a Brunel, los gastos presentados correspondían a los que figuraban en los registros de TVR y a las estipulaciones del contrato.</P></NP><?PAGE NO="I-311"?><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19940930">30 de septiembre de 1994</DATE> la Comisión transfirió a Brunei <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU, tras haber verificado la exactitud de los gastos y el trabajo realizado por dicha Universidad en cumplimiento del contrato.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Mediante carta de <DATE ISO="19950622">22 de junio de 1995</DATE>, la Comisión conminó formalmente a la demandada a devolverle <FT TYPE="NUMBER">203.775</FT> ECU, que incluían la cantidad que debía haber transferido a Brunei (<FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU) más intereses, así como <FT TYPE="NUMBER">46.307</FT> ECU, que era la diferencia entre los trabajos efectivamente realizados por TVR en cumplimiento del contrato y el anticipo que le había entregado la Comisión el <DATE ISO="19910920">20 de septiembre de 1991</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Ante el silencio de TVR, la Comisión interpuso la presente demanda ante el Tribunal de Justicia, por la que solicita que se condene a la demandada a devolver <FT TYPE="NUMBER">211.307</FT> ECU, más los intereses correspondientes, y a pagar <FT TYPE="NUMBER">20.000</FT> ECU en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios, así como las costas del proceso.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III.</NO.P><TXT>La admisibilidad de la demanda</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>TVR alega que la demanda debe ser declarada inadmisible pues, siendo aplicable el derecho italiano, los efectos restitutorios a los que se refiere el artículo 1458<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En la contestación a la demanda se cita, equivocadamente, el artículo 1958. El artículo 1458 del Código Civil italiano dispone: <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>La resolución del contrato por incumplimiento tiene efecto retroactivo para las partes, salvo en los casos de contratos de ejecución continuada o periódica, respecto de los cuales el efecto de la resolución no se extiende a las prestaciones ya realizadas. La resolución, incluso si ha sido expresamente pactada, no perjudica los derechos adquiridos por terceros, sin perjuicio de los efectos derivados de la inscripción de las demandas de resolución,<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/></P></NOTE> del Código Civil sólo tienen lugar en presencia de una resolución judicial del contrato por incumplimiento de una de las partes. Dado que la Comisión no ha pedido al Tribunal de Justicia que resuelva el contrato por incumplimiento de la demandada, no puede pedir la devolución de las cantidades entregadas en ejecución del contrato.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>En el escrito de réplica, la Comisión afirma, en primer lugar, haber respetado el procedimiento de resolución por incumplimiento establecido en el contrato. Por tanto, el contrato ya está resuelto de pleno derecho y no hay ninguna razón para pedir al Tribunal de Justicia que declare dicha resolución.</TXT><P>La Comisión se refiere, a continuación, a la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione relativa al artículo 1453 del Código Civil italiano en materia de resolución contractual. Afirma que, según esa jurisprudencia, no es necesario que la voluntad de resolver un contrato por incumplimiento resulte de una demanda judicial expresa, sino que puede deducirse de manera implícita de otras demandas<?PAGE NO="I-312"?> que, aun cuando su contenido sea diferente, impliquen la solicitud de resolución.<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de la Corte suprema di cassazione de <DATE ISO="19800715">15 de julio de 1980</DATE>, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4J91.</P></NOTE> Según la Comisión, la Corte suprema di cassazione ha considerado, en particular, que la voluntad de resolver un contrato puede estar contenida de manera implícita en la demanda judicial por la que uno de los contratantes pide que se condene al otro, incumplidor, a devolverle la cantidad que le ha sido entregada en el momento de la celebración del contrato.<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencias de la Corte suprema di cassazione de <DATE ISO="19761004">4 de octubre de 1976</DATE> n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3217, de <DATE ISO="19800715">15 de julio de 1980</DATE>, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 4591, y de <DATE ISO="19920222">22 de febrero de 1992</DATE>, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1908.</P></NOTE></P><P>Por todo ello y, aunque lo considere superfluo, puesto que la demanda de declaración de la resolución está de todas formas implícita en su demanda de devolución de cantidades y de resarcimiento de perjuicios, la Comisión pide al Tribunal de Justicia que declare la resolución efectiva del contrato.</P></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>En su sentencia Comisión/SNUA,<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19990427">27 de abril de 1999</DATE>, Comisión/SNUA (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-69/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-2363">C-69/97, Rec. p. I-2363</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> a la que me referiré más adelante, el Tribunal de Justicia desestimó una excepción de inadmisibilidad similar, tras comprobar la validez de la resolución unilateral del contrato realizada por la Comisión.<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>No es éste el único asunto en el que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre la demanda de devolución de cantidades y de resarcimiento de perjuicios presentada por la Comisión, a pesar de que esta institución no había solicitado la declaración previa de la resolución del contrato por incumplimiento de la otra parte: véanse las sentencias de <DATE ISO="19990610">10 de junio de 1999</DATE>, Comisión/Comune di Montorio al Vomano (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-334/94" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-3387">C-334/97, Rec. p. I-3387</REF.DOC.ECR>) y de <DATE ISO="19990225">25 de febrero de 1999</DATE>, Comisión/Caseína Laura y Gariboldi (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-65/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-1017">C-65/97, Rec. p. I-1017</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> A la luz de esta jurisprudencia, procede examinar si, en el presente proceso, el contrato entre la Comisión y TVR quedó resuelto de pleno derecho por incumplimiento de la demandada.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Según la Comisión, el contrato quedó resuelto en aplicación de la cláusula resolutoria contenida en su texto. Aunque la demandada no ha invocado la invalidez de dicha cláusula, estimo oportuno hacer algunas observaciones al respecto.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>La validez de la cláusula resolutoria contractual</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Las cláusulas resolutorias vienen reguladas en el artículo 1456 del Código Civil italiano,<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Este artículo dispone: <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Los contratantes pueden acordar expresamente que el contrato sea resuelto en caso de que una determinada obligación no haya sido cumplida según las modalidades establecidas. En tal caso, la resolución tiene lugar, de derecho, cuando la parte interesada comunica a la otra que pretende valerse de la cláusula resolutoria.<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/></P></NOTE> que permite a los contratantes acordar, de forma expresa, la resolución de pleno derecho del contrato en caso de incumplimiento <HT TYPE="ITALIC">de una obligación determinada.</HT> Dos requisitos son necesarios, según la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione, para que una parte pueda resolver unilateralmente el contrato, basándose en una cláusula resolutoria: que dicha cláusula sea válida y que el incumplimiento sea imputable a la otra parte.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>En relación con el primer requisito, la Corte suprema di cassazione ha interpretado el artículo 1456 del Código Civil italiano en el sentido de que, para que sea válida, la cláusula resolutoria ha de referirse a obligaciones determinadas derivadas del contrato, debiendo considerarse <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>cláusulas<?PAGE NO="I-313"?> de estilo<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> y, por tanto, inoperantes, aquellas que se refieran de manera general al incumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato.<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, a titulo de ejemplo, las semencias de la Corte suprema di cassazione de <DATE ISO="19850523">23 de mayo de 1985</DATE>, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3119 (Rep. Ciur. it., <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>Obbligazioni e contraili<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 393), y de <DATE ISO="19900602">2 de junio de 1990</DATE>, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 5169 (Rep. Giur. it., <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>Obbligazioni c contratti<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 447). La doctrina civilista italiana parece ser pacifica sobre este extremo: véase, por ejemplo, Mosco, L.: La risoluzione del contratto per inadempimento, Casa editrice Dott. Hugenio Jovene, Nápoles, 1950, pp. 196-201 y Sacco, R., y De Nova, G.: Trattalo di diritto civile, Unione Tipografico - Editrice Torinese, Turin, p. 624.</P></NOTE> Estas cláusulas de estilo no permiten a los contratantes resolver unilateralmente el contrato: tienen que acudir a la vía judicial.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Pues bien, a la luz de la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione, la cláusula resolutoria que figura en el contrato de la Comisión con TVR podría considerarse una cláusula de estilo. En efecto, como ya señalé, la Comisión se reservaba el derecho de resolver el contrato si uno o ambos co-contratantes incumplían <HT TYPE="ITALIC">cualquiera de sus obligaciones.</HT></TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Considero, no obstante, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite eximir al contrato celebrado entre la Comisión y TVR del requisito de especificidad de la obligación, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la resolución unilateral.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>En la sentencia Comisión/SNUA, antes citada, la cláusula resolutoria inserta en el contrato entre la Comisión y la empresa demandada, regido también por el derecho italiano, estaba redactada en términos diferentes, ya que disponía que el contrato podría ser resuelto <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>de pleno derecho por la Comisión en caso de incumplimiento, por el contratante, de alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del presente contrato, <HT TYPE="ITALIC">en particular, en caso de inobservancia de las disposiciones que figuran en el artículo 4.3.</HT> [...]<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>El subrayado es mio. El artículo 4.3 del contrato se referia a los informes periódicos que el contratante se comprometía a enviar a la Comisión.</P></NOTE> Esta última mención llevó al Tribunal de Justicia a considerar que la cláusula resolutoria cumplía la obligación de especificidad impuesta, para la aplicación del artículo 1456 del Código Civil italiano, por la Corte suprema di cassazione.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>No obstante, la empresa demandada alegó que, como reconocía la Comisión, el incumplimiento del contrato se debía a razones de fuerza mayor, de forma que no podía reprochársele culpa alguna y que no se pudo, en ningún caso, aplicar en su contra una cláusula resolutoria expresa, cuya utilización está sometida al requisito de imputabilidad del incumplimiento al contratante.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>El Tribunal de Justicia no acogió esta alegación al considerar que de la cláusula resolutoria contenida en el contrato se desprendía que la facultad de resolución de oficio no estaba supeditada a la existencia de culpa del contratante, sino solamente al incumplimiento de ciertas obligaciones contractuales, cualquiera que fuera su causa u origen.</TXT><?PAGE NO="I-314"?><P>Añadía el Tribunal de Justicia: <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Si bien es cierto que la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione subordina la ejecución de las cláusulas resolutorias expresas reguladas por el artículo 1456 del Código Civil italiano al requisito de imputabilidad del incumplimiento al contratante incumplidor, no lo es menos que, en su artículo 1322, dicho Código reconoce a las partes, en el marco de la autonomía contractual, el derecho a determinar libremente el contenido del contrato dentro de los límites fijados por la Ley. No se opone, por tanto, a que las partes de un contrato decidan incluir una cláusula resolutoria que no esté sometida al requisito de imputabilidad del incumplimiento a un contratante, por excepción al régimen común de los contratos de derecho italiano.<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Comisión/SNUA, citada en la nota 7 supra, apartado 23.</P></NOTE></P></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>El Tribunal de Justicia consideró que aparecía claramente la intención de las partes de prever modalidades específicas de resolución del contrato, habida cuenta, en particular, de la naturaleza especial de las relaciones entre la Comunidad y la empresa a la que había concedido la ayuda y de las posibilidades prácticas de seguimiento, por parte de la Comisión, de la ejecución del programa de trabajo, que dependían estrechamente de los informes que el contratante debía transmitirle, de conformidad con el artículo 4.3 del contrato. Por ello, el Tribunal de Justicia concluyó que la Comisión pudo basarse válidamente en la cláusula resolutoria contenida en el contrato para declarar la resolución de oficio.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>En mi opinión, los mismos criterios utilizados por el Tribunal de Justicia en relación con el requisito de imputabilidad del incumplimiento contractual pueden aplicarse a la exigencia impuesta por el derecho italiano a las cláusulas resolutorias, consistente en que se determinen las obligaciones a las que se aplican.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>De esta manera, puede considerarse que, haciendo uso de la autonomía contractual que les reconoce el artículo 1322 del Código Civil italiano, y habida cuenta de la naturaleza especial de las relaciones entre la Comisión y la empresa a la que concede una ayuda,<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Es interesante señalar, a este respecto, la opinión del Profesor Draetta, que sostiene que los contratos celebrados por la Comunidad con particulares deben considerarse contratos internacionales, para los que la jurisprudencia italiana admite que las partes acuerden dejar inaplicadas normas, incluso imperativas, de la ley nacional de una de las partes o de la lex fori (como, por ejemplo, las normas de los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano, en materia de aprobación expresa de las cláusulas abusivas) (Draetta, U.: Corte di Giustizia C.E.E. e contratti intemazionali: l'art. 181 del Trattato di Roma, <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>Diritto del commercio internazionale<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>, Giuffrè, Milán, 1989). De hecho, el contrato firmado por la Comisión y TVR, y en especial su anexo II, tiene todas las características de lo que en comercio internacional se denomina un <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>selfregulatory contract<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>, en el que las partes regulan de manera detallada las reglas aplicables a la ejecución ya la resolución (<QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>termination by default<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>) del contrato (véase Bianchi M., y Saluzzo, D.: í contratti internazionali, Il Sole 24 Ore, Milán, 1997).</P></NOTE> las partes convinieron libremente en el contrato que <HT TYPE="ITALIC">cualquier</HT> incumplimiento por TVR de sus obligaciones contractuales permitiría a la Comisión resolverlo de forma unilateral, a pesar de las reglas aplicables de derecho italiano. La claridad y la precisión con las que se regulan en el contrato el procedimiento y las consecuencias de la resolución unilateral por la Comisión en caso de incumplimiento de TVR corroboran esta apreciación teniendo en cuenta, en particular, el<?PAGE NO="I-315"?> principio de buena fe contractual al que se refiere la Comisión en el escrito de réplica.<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Para completar este análisis, creo oportuno señalar que, a mi parecer, la resolución unilateral del contrato efectuada por la Comisión podría considerarse válida, asimismo, según el articulo 1454 del Código Civil italiano. Esta disposición permite a una de las partes del contrato requerir por escrito a la otra parte, incumplidora, para que cumpla sus obligaciones dentro de un plazo suficiente, con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo, el contrato quedará resuelto de pleno derecho. Para que un contrato quede resuelto unilateralmente con arreglo al artículo 1454, deben reunirse las siguientes condiciones: el cumplimiento ha de ser exigido por escrito; la parte que lo requiera ha de señalar a la otra un plazo determinado y suficiente, que no puede ser inferior en principio a quince días, y debe indicarse de manera expresa la voluntad de resolver el contrato en caso de que la parte requerida no cumpla sus obligaciones dentro del plazo señalado.</P><P>Según el derecho italiano, el juez se limita en estos casos a comprobar si se reúnen las condiciones antes mencionadas, si el incumplimiento es imputable al demandado así como, a diferencia de lo que sucede en los supuestos de resolución basada en una cláusula expresa, si esc incumplimiento puede ser calificado de importante a los efectos del artículo 1455 del Código Civil italiano. Al igual que sucede en los casos de cláusula resolutoria, su sentencia tendrá naturaleza declarativa, y no constitutiva, de la resolución del contrato, puesto que ésta se habrá producido, siempre que concurran los requisitos mencionados, de iure.</P><P>A mi modo de ver, el requerimiento contenido en la carta de <DATE ISO="19930415">15 de abril de 1993</DATE> dirigida por la Comisión a la demandada cumple todas las condiciones formales exigidas por el artículo 1454 del Código Civil italiano. Debe considerarse, asimismo, que concurre en el presente caso el requisito de imputabilidad del incumplimiento a la parte incumplidora. Por último, y en lo que atañe a la importancia del incumplimiento reprochado a TVR en relación a la economia general del contrato, es indiscutible que la obligación de transferir al co-contratante de la demandada la referida cantidad, que constituía la remuneración de Brunei University por el trabajo realizado en el marco del contrato, debe ser considerada una obligación esencial cuyo incumplimiento podía dar lugar a la resolución unilateral del contrato por la Comisión.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Procede, a continuación, verificar si existió el incumplimiento reprochado a la demandada —consistente en la no transferencia a Brunei de los <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU—, y si la Comisión respetó el procedimiento previsto en la cláusula compromisoria.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>El incumplimiento contractual de la demandada</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>TVR afirma, en la contestación a la demanda, que, de los <FT TYPE="NUMBER">230.000</FT> ECU transferidos por la Comisión al Istituto bancario San Paolo, de Turin, <FT TYPE="NUMBER">65.000</FT> fueron abonados en la cuenta de la demandada, y <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU fueron transferidos directamente por la entidad bancaria a Brunei. No obstante, por carencia de datos sobre el beneficiario (nombre de su banco y datos de su cuenta corriente), esa suma no llegó a poder de Brunei, habiendo resultado infructuosas las gestiones de TVR para saber qué había sucedido con ella. Añade que el <DATE ISO="19931031">31 de octubre de 1993</DATE> sus relaciones con aquella entidad bancaria quedaron rotas y entraron en una fase contenciosa con motivo del adeudo por el banco de intereses en cantidades desproporcionadas. La demandada afirma que sería oportuno que la Comisión reclamara al Istituto bancario San Paolo información sobre el destino dado a la mencionada cantidad, y que le exigiera la devolución de ese importe que, añade, <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>probablemente ha sido retenido por el Istituto a causa del litigio que le opone a TVR<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Dados los términos del contrato, según los cuales la obligación de TVR era entregar a la otra parte co-contratante las sumas de dinero que con este fin recibiera de la Comisión, es manifiesto el incumplimiento contractual. En términos objetivos, el hecho cierto es que los <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU entregados por la Comisión a TVR, que debían ser inmediatamente transferidos por TVR a Brunei, no lo fueron. Era responsabilidad de TVR llevar a cabo dicha transferencia, y el incumplimiento de su obligación<?PAGE NO="I-316"?> no aparece disculpado por el hecho de que una tercera persona (una entidad bancaria) a la que, por su propia iniciativa, confió la transferencia, cumpliese mejor o peor el encargo que se le había hecho.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>En efecto, frente a Brunei y frente a la Comisión, la persona obligada a transferir la suma de dinero era TVR. Si dicha empresa, por su parte, acudió a los servicios profesionales de una entidad bancaria para realizar la transferencia y se vio, en el peor de los casos, defraudada por ésta, no deja de estar obligada frente a la Comisión y a Brunei. TVR podrá exigir al banco lo que estime conveniente en orden al resarcimiento de los perjuicios, pero no puede escudarse en el incumplimiento de un tercero, ajeno al contrato principal, para justificar el incumplimiento objetivo de sus propias obligaciones con las partes de dicho contrato.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Así pues, llego a la conclusión de que existió el incumplimiento contractual, y de que es imputable a la demandada.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C.</NO.P><TXT>La realización del requerimiento sancionado en la cláusula resolutoria</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Por lo que se refiere, a continuación, al procedimiento para la resolución del contrato previsto en el artículo 8, apartado 2, letra d), de su anexo II, es indudable, a mi juicio, que fue escrupulosamente respetado por la Comisión. El requerimiento se comunicó a la demandada por correo certificado el <DATE ISO="19930415">15 de abril de 1993</DATE>. En él, la Comisión instaba a TVR para que pusiera fin al incumplimiento contractual en el plazo de un mes, advirtiéndole de que, de lo contrario, se resolvería el contrato en aplicación de la cláusula resolutoria. Puesto que la demandada no se atuvo al requerimiento en el plazo señalado, el contrato quedó resuelto de pleno derecho. Además, y aunque de la cláusula resolutoria no se desprendía ninguna obligación de este tipo, la Comisión confirmó la resolución del contrato en una carta posterior fechada el <DATE ISO="19940131">31 de enero de 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Por las razones expuestas, estimo que el contrato entre la Comisión y TVR quedó resuelto de pleno derecho en aplicación de la cláusula resolutoria contenida en su texto. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que he mencionado, debe, pues, desestimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta por la demandada, puesto que, estando ya resuelto el contrato, la Comisión está legitimada para instar la devolución de cantidades y el resarcimiento de perjuicios sin que proceda exigirle, como requisito previo y necesario, la presentación de una demanda de resolución judicial del contrato.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-317"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV.</NO.P><TXT>El fondo de la pretensión</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>La devolución del importe que no fue transferido a Brunei</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>La Comisión pide al Tribunal de Justicia que condene a TVR a devolverle el anticipo de <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU que le fue entregado en su condición de coordinador para la ejecución del contrato y que debía haber transferido a Brunei.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Las consideraciones que he expuesto en los puntos 34 a 36 de estas conclusiones me permitirán ser breve en este punto. Debe considerarse que TVR es responsable de la no transferencia a Brunei de los <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU, sin que puedan aceptarse las explicaciones que ha presentado en su defensa.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Así pues, considero que esta parte de la demanda está justificada y que el Tribunal de Justicia puede acceder a la pretensión de la Comisión, pues esta institución, para satisfacer su compromiso con Brunei, hubo de desembolsar, por segunda vez, los <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU, entregándoselos directamente.<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1103/97 del Consejo, de <DATE ISO="19970617">17 de jimio de 1997</DATE>, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="162" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="1">DO L 162, p. 1</REF.DOC.OJ>), por lo que respecta al importe ciel principal y al de los intereses, toda referencia al UCU se entenderá hecha al euro a un tipo de un curo por un ECU.</P></NOTE></TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>La devolución de parte del anticipo pagado</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>La Comisión solicita también la devolución de <FT TYPE="NUMBER">46.307</FT> ECU, cantidad que representa la diferencia entre los gastos reales de TVR y la cantidad que entregó a esta empresa, a título de pago anticipado, que ascendía a <FT TYPE="NUMBER">65.000</FT> ECU.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Para calcular dicha suma la Comisión admite las siguientes partidas del estado de gastos presentado por TVR:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P><FT TYPE="NUMBER">46.675.000</FT> LIT por gastos de trabajo;</P></ITEM><ITEM><P><FT TYPE="NUMBER">3.270.538</FT> LIT (para el período 1.9.91 a 3.8.92) y <FT TYPE="NUMBER">5.092.963</FT> LIT (para el segundo año) por gastos de viajes;</P></ITEM><ITEM><P><FT TYPE="NUMBER">2.396.031</FT> LIT por gastos de material;</P></ITEM><ITEM><P><FT TYPE="NUMBER">623.391</FT> LIT por gastos varios; y</P></ITEM><ITEM><P><FT TYPE="NUMBER">11.667.000</FT> LIT en concepto de gastos generales.</P></ITEM></LIST></P><?PAGE NO="I-318"?><P>La suma de dichas partidas se eleva a <FT TYPE="NUMBER">69.724.923</FT> LIT, de las que corresponde pagar a la Comisión el 50 %, es decir, <FT TYPE="NUMBER">34.862.461</FT> LIT, que equivalen a <FT TYPE="NUMBER">18.693</FT> ECU. Como el anticipo en su día efectuado era de <FT TYPE="NUMBER">65.000</FT> ECU, la diferencia resultante asciende a <FT TYPE="NUMBER">46.307</FT> ECU.</P></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>La respuesta que sobre esta pretensión contiene la contestación a la demanda es muy imprecisa: se limita a señalar que el informe de la auditoría de Ernst &amp; Young pone de relieve que las horas de trabajo contadas por TVR correspondían plenamente al trabajo realizado y a su coste. Añade que, según ese mismo informe, el coste de la hora de trabajo estaba infravalorado, pues se había tomado como módulo el de 1991 y no el de 1992, año en que los trabajos tuvieron lugar. De ahí que, en su opinión, esta segunda parte de la demanda sea manifiestamente infundada.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>A mi juicio, la auditoría de Ernst &amp; Young es de poca utilidad a la hora de decidir sobre esta pretensión de la Comisión. En efecto, esa auditoría se refiere sólo al primer año del contrato (del <DATE ISO="19910901">1 de septiembre de 1991</DATE> al <DATE ISO="19920831">31 de agosto de 1992</DATE>), mientras que las discrepancias entre las partes se centran en los gastos correspondientes al segundo año (del <DATE ISO="19920901">1 de septiembre de 1992</DATE> al <DATE ISO="19930526">26 de mayo de 1993</DATE>).<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En la vista, el agente de la Comisión ha explicado que la auditoría se limitó al primer año del contrato porque, en el momento en que fue encargada, las únicas declaraciones de gastos presentadas por TVR se referían a dicho período.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Afirma la demandada en la duplica que la Comisión no ha aportado prueba alguna de que se hubieran <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>inflado<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> las horas de trabajo. Ahora bien, a mi modo de ver, lo que debe comprobarse ante todo es si TVR ¡ustificó de manera suficiente su cálculo de los gastos de trabajo.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Se deduce de los escritos procesales que, el <DATE ISO="19931130">30 de noviembre de 1993</DATE>, TVR presentó una certificación de gastos para el segundo año del contrato.<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ni la Comisión ni, de manera sorprendente, la demandada han considerado necesario presentar esta certificación al Tribunal de Justicia.</P></NOTE> La Comisión rechazó esta certificación mediante carta de <DATE ISO="19940131">31 de enero de 1994</DATE> debido, entre otras razones, a que, en una reunión celebrada en Bruselas el <DATE ISO="19930315">15 de marzo de 1993</DATE>, había acordado con los co-contratantes que, a partir de ese día, se dejarían de financiar determinados trabajos previstos en el contrato, debiendo limitarse los co-contratantes a finalizar el estudio de viabilidad.<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Esta vez es la Comisión la que actúa de forma sorprendente al no presentar al Tribunal de Justicia el acta de esa reunión. No obstante, un memorándum de Brunel aportado por la demandada confirma, en grandes líneas, la afirmación de la Comisión.</P></NOTE> Así pues, la Comisión pidió a la demandada que detallara el trabajo realizado durante los períodos del <DATE ISO="19920901">1 de septiembre de 1992</DATE> al <DATE ISO="19930315">15 de marzo de 1993</DATE>, y desde esta última fecha hasta la resolución del contrato el <DATE ISO="19930526">26 de mayo de 1993</DATE>, para poder así verificar que se había respetado el acuerdo.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>La demandada contestó a esta carta el <DATE ISO="19940224">24 de febrero de 1994</DATE>, presentando una certificación final de gastos que cubría toda la duración del contrato, pero no aportó la<?PAGE NO="I-319"?> información exigida por la Comisión. Por ello, esta institución reiteró su petición en carta de <DATE ISO="19940310">10 de marzo de 1994</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19940315">15 de marzo de 1994</DATE>, la demandada envió un nuevo escrito a la Comisión en el que aportaba datos sobre los gastos de viajes del segundo año, pero ninguna información relativa a los gastos de trabajo. Por esta razón, mediante carta de <DATE ISO="19940406">6 de abril de 1994</DATE>, la Comisión comunicó a TVR su decisión de aceptar, para el segundo año del contrato, sólo los gastos de viajes, y no los de trabajo, para los que la demandada no había presentado la información exigida. La demandada expresó su disconformidad con esta decisión en carta de <DATE ISO="19940726">26 de julio de 1994</DATE>, aunque, una vez más, sin presentar precisiones sobre los gastos del trabajo del segundo año del contrato.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Para pronunciarse sobre esta pretensión de la Comisión, el Tribunal de Justicia tiene que basarse en los documentos aportados por las partes. Pues bien, de estos documentos no se desprende en modo alguno que la demandada, a pesar de los repetidos requerimientos que le dirigió la Comisión,<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Bajo el título <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>Justificación de gastos<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>, el artículo 36, apartado 4, del anexo II del contrato dispone que los co-contratantes están obligados a aportar todos los datos que les pida la Comisión, dentro de límites razonables, necesarios para la buena gestión del contrato.</P></NOTE> facilitara datos suficientes acerca del trabajo desarrollado durante el segundo año del contrato. Por ello, considero que la Comisión podía, legítimamente, rechazar la cifra adelantada por TVR, y que debe estimarse también esta pretensión.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C.</NO.P><TXT>Los intereses</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Según el artículo 8, apartado 4, del anexo II del contrato, en caso de resolución procederá no sólo el reembolso de los pagos hechos por la Comisión en concepto de anticipo, sino también el de sus intereses, contados a partir del día en que dichos pagos fueron recibidos por la otra parte contratante. El tipo de interés es el aplicado por el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria para sus operaciones en ECU, publicado el primer día laborable de cada mes, más dos puntos.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>En consecuencia, la Comisión reclama el pago de intereses sobre la cantidad de <FT TYPE="NUMBER">211.307</FT> ECU (esto es, la suma de los <FT TYPE="NUMBER">165.000</FT> ECU entregados a TVR con destino a Brunei, más los <FT TYPE="NUMBER">46.307</FT> ECU de diferencia entre el anticipo y los gastos acreditados por TVR) a un tipo del 12 %, a partir del <DATE ISO="19911221">21 de diciembre de 1991</DATE>,<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Comisión calcula que TVR recibió el anticipo tres meses después de la orden de pago (que lleva la fecha de <DATE ISO="19910920">20 de septiembre de 1991</DATE>).</P></NOTE> que corresponde a 69,47 ECU al día. La demandada no hace ninguna alegación a<?PAGE NO="I-320"?> este respecto, pues se limita a negar la exigibilidad de la obligación principal de reembolso.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Dado que, a mi juicio, TVR tiene la obligación de devolver a la Comisión la cifra antes citada, a título de obligación principal, esta misma conclusión resulta aplicable a la obligación accesoria —expresamente pactada— de pagar los intereses correspondientes.<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>A una pregunta formulada en la vista por este abogado general, el representante de la demandada afirmó que compartía la interpretación de la Comisión de que el artículo 8, apartado 4, párrafo segundo, del anexo II del contrato prevé un tipo de interés fijo en caso de resolución del contrato. Dado que los contratantes están de acuerdo sobre este punto, no es necesario examinar más a fondo esta cuestión, si bien, en mi opinión, la redacción de dicha cláusula permitía, tal vez, una interpretación diferente.</P></NOTE></TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>D.</NO.P><TXT>El resarcimiento de los perjuicios producidos</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>Por último, la Comisión solicita del Tribunal de Justicia que condene a TVR al pago de una indemnización por los perjuicios sufridos a causa del incumplimiento que, a su juicio, son los siguientes:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Varios de sus funcionarios han dedicado un buen número de horas a controlar la actividad de la demandada y a pedirle el envío, en las debidas condiciones, de los informes periódicos.<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Comisión cifra en 56 horas/funcionario el número de las que se perdieron por este motivo. A un coste de 52 ECU/hora, la suma resultante es de <FT TYPE="NUMBER">2.912</FT> ECU (aunque en la demanda se indica, por error, la cifra de <FT TYPE="NUMBER">2.925</FT> ECU).</P></NOTE></P></ITEM><ITEM><P>La Comisión ha debido contratar a una empresa de auditoría para la verificación contable del trabajo efectuado por TVR.</P></ITEM><ITEM><P>La Comisión no ha podido beneficiarse de las posibles ventajas previstas en el artículo 19 del anexo II del contrato, referidas a la explotación de los conocimientos adquiridos o de las patentes procedentes de las investigaciones financiadas.</P></ITEM><ITEM><P>Al contratar con una persona que ha incumplido sus obligaciones, la Comisión ha sufrido un perjuicio en términos de credibilidad, frente a todas las personas potencialmente interesadas en contratar con ella.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>La Comisión estima el resarcimiento global de estos perjuicios en <FT TYPE="NUMBER">20.000</FT> ECU, salvo que el Tribunal de Justicia pueda valorarlos de otro modo, haciendo uso de las posibilidades que le ofrece el artículo 1226 del Código Civil italiano,<?PAGE NO="I-321"?> que dispone que, si el importe preciso de los daños no puede ser probado, será fijado por el juez de modo equitativo.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>De todos estos perjuicios —cuya existencia niega la empresa demandada— sólo el segundo y, eventualmente, el tercero merecen, a mi juicio, una acogida favorable. Los otros dos son rechazables, pues:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>El tiempo de trabajo de los funcionarios de la Comisión durante el período anterior a la resolución de los contratos no puede considerarse un perjuicio: es su cometido normal seguir las incidencias de los contratos suscritos por la institución. Las vicisitudes de la relación contractual entre la Comisión y TVR no parecen, desde este punto de vista, tan extraordinarias como para requerir una atención desproporcionada, en detrimento de otras tareas administrativas, susceptible de ser indemnizada. Por lo que se refiere al período posterior a la resolución del contrato, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los gastos efectuados por las partes, con motivo del procedimiento judicial, en ningún caso pueden considerarse constitutivos de un perjuicio que no esté comprendido en la imposición de costas.<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia Comisión/Comune di Montorio al Vomano, citada en la nota 8 supra, apartado 54.</P></NOTE></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>No se aprecia ninguna <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>pérdida de credibilidad<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> frente a terceros por el hecho de que, en el seno de una relación contractual como la de autos, una de las partes no llegue a cumplir todas sus obligaciones y dé lugar a la resolución del contrato.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>En cuanto a la pérdida de las eventuales ventajas derivadas de la explotación de los conocimientos adquiridos o de las patentes procedentes de las investigaciones financiadas, nada impediría, en principio, su estimación. Hay que poner de relieve, sin embargo, el carácter meramente hipotético de aquellas ventajas en el caso de autos, sobre las que ningún dato facilita la demandante. La Comisión, en efecto, se refiere a ellas en términos generales y abstractos, sin aportar elementos de prueba concretos sobre los que basar una evaluación, al menos aproximada, del lucro cesante. En tales condiciones, ni siquiera la apelación al juicio de equidad previsto en el artículo 1226 del Código Civil italiano permitiría un pronunciamiento estimatorio del Tribunal que, en tal caso, actuaría más bien <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>a ciegas<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> en la evaluación de los perjuicios.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Por el contrario, están suficientemente acreditados los gastos (<FT TYPE="NUMBER">6.610</FT> ECU) derivados del contrato de consultoria suscrito por la Comisión con la empresa Ernst &amp; Young para determinar el saldo final de las<?PAGE NO="I-322"?> relaciones contractuales. Esta partida de gastos debe imputarse a la demandada, dada su actitud evasiva tras la resolución del contrato, y la falta de justificación de muchos de los gastos invocados. Por lo demás, ni en su contestación a la demanda ni en su escrito de dúplica TVR opone argumento alguno en contra de esta partida indemnizatória.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V.</NO.P><TXT>Costas</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Siendo pertinente la estimación prácticamente total de la demanda, y habiéndolo así solicitado la parte demandante, procede condenar en costas a la demandada, de conformidad con el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>VI.</NO.P><TXT>Conclusión</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>En atención a las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que estime, en lo sustancial, la presente demanda, condenando a la empresa demandada a pagar a la Comisión:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>la cantidad de <FT TYPE="NUMBER">211.307</FT> euros, más los intereses por importe de 69,47 euros al día, a partir del día <DATE ISO="19911221">21 de diciembre de 1991</DATE> hasta la fecha del pago íntegro de la deuda;</P></ITEM><ITEM><P>la cantidad de <FT TYPE="NUMBER">6.610</FT> euros en concepto de indemnización de perjuicios; y</P></ITEM><ITEM><P>las costas del litigio.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>