—

En nombre de la Union départementale des syndicats de l'Aisne, por los Sres. Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani y Louis Liard, Abogados ante el Conseil d'État y la Cour de cassation;

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en nombre de la sociedad SIDEF-Conforama, por Sr. Michel Distel, Abogado de París;

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en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Edwige Belliard, Subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, y por el Sr. Géraud de Bergues, Secrétaire Adjoint Principal en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente;

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en nombre de la Comisión, por los Sres. Richard Wainwright, Consejero Jurídico, y Hervé Lehman, funcionario francés puesto a la disposición del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

1

Mediante resolución de 5 de octubre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de octubre siguiente, el Presidente del tribunal de grande instance de Saint-Quentin, resolviendo sobre medidas provisionales, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 de ese mismo Tratado, a fin de que se determinase la compatibilidad con tales disposiciones de una normativa nacional que prohibe emplear los domingos a trabajadores por cuenta ajena.

2

Con arreglo a los artículos L.221-2, L.221-4 y L.221-5 del Código de Trabajo vigente en Francia, el descanso semanal a que tienen derecho los trabajadores por cuenta ajena, de una duración mínima de 24 horas ininterrumpidas, deberá darse obligatoriamente el domingo.

3

Acusando a las sociedades SIDEF-Conforama, Arts et meubles y JIMA de abrir en domingo sus tiendas y emplear ese día a su personal, la Union departamentale des syndicats CGT de l'Aisne acudió al Juez de medidas provisonales del tribunal de grande instance de Saint-Quentin a fin de que se prohibiese a las sociedades demandadas abrir sus tiendas el domingo, y ello bajo amenaza de multa coercitiva.

4

El Presidente del tribunal de grande instance de Saint-Quentin, resolviendo en materia de medidas provisionales, dictó una resolución mediante la que remitía al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales, redactadas de la siguiente manera:

«El concepto de “medida de efecto equivalente” a las restricciones cuantitativas a la importación, tal como se recoge en el artículo 30 del Tratado CEE, ¿puede aplicarse a una disposición de alcance general que tenga por efecto prohibir el empleo de trabajadores por cuenta ajena los domingos, particularmente en un sector de actividad como el de la venta de mobiliario al público, teniendo en cuenta las circunstancias siguientes:

En caso de respuesta afirmativa, ¿podría considerarse que las características del sector de actividad de que se trata corresponden a los criterios que enuncia el artículo 36 del Tratado?»

5

Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los hechos del litigio principal, así como del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal de Justicia se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

6

Con carácter liminar, procede observar que, si bien no corresponde a este Tribunal de Justicia, en el marco del artículo 177 del Tratado, pronunciarse sobre la compatibilidad de una normativa nacional con el Tratado, sí es competente, en cambio, para facilitar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación relativos al Derecho comunitario que sean adecuados para permitirle apreciar la referida compatibilidad a efectos de dictar sentencia en el asunto del que esté conociendo.

7

Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende que se determine si las normas que prohiben emplear trabajadores por cuenta ajena en domingo, particularmente en un sector de actividad como el de la venta de mobiliario al público, constituyen una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas en el sentido del artículo 30 del Tratado.

8

Procede señalar, en primer lugar, que una normativa nacional que prohiba emplear trabajadores por cuenta ajena en domingo en un sector de actividad como el de la venta de mobiliario al público no tiene por objeto regular los intercambios comerciales. Tal normativa, sin embargo, sí puede tener efectos restrictivos sobre la libre circulación de las mercancías. En efecto, aunque es poco probable que el hecho de que algunos de esos comercios cierren en domingo conduzca a los consumidores a renunciar definitivamente a adquirir unos productos que están disponibles los restantes días de la semana, no es menos cierto que la prohibición que se discute puede tener consecuencias negativas en el volumen de ventas y, por consiguiente, en el de importaciones.

9

En segundo lugar, procede hacer constar que una normativa de este tipo afecta tanto a la venta de productos nacionales como a la de productos importados. En principio, por consiguiente, la comercialización de los productos importados de otros Estados miembros no resulta más difícil que la comercialización de los productos nacionales (en este sentido, véase la sentencia de este Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1989, Torfaen Borough Council, B & Q pic, C-145/88, Reep. 3851).

10

En dicha sentencia, y refiriéndose a una normativa nacional similar que prohibía a los comercios minoristas abrir en domingo, este Tribunal de Justicia declaró en lo fundamental que semejante prohibición solamente era compatible con el principio de libre circulación de mercancías previsto por el Tratado si los eventuales obstáculos que causa al comercio comunitario no iban más allá de lo que es necesario para garantizar el objetivo fijado y si este objetivo estaba justificado con arreglo al Derecho comunitario.

11

En virtud de todo lo expuesto, procede declarar, en primer lugar, que una normativa como la que se discute persigue un objetivo justificado con arreglo al Derecho comunitario. En efecto, ya en su sentencia de 23 de noviembre de 1989 este Tribunal de Justicia declaró que las normativas nacionales que regulan los horarios de venta al por menor constituyen la expresión de determinadas opciones políticas y económicas porque tienen por objeto garantizar una distribución de horas de trabajo y de descanso adaptada a las particularidades socioculturales nacionales o regionales, cuya apreciación corresponde, en el estado actual del Derecho comunitario, a los Estados miembros.

12

En segundo lugar, procede declarar que los efectos restrictivos sobre el comercio que, en su caso, pueden derivarse de una normativa de este tipo no resultan excesivos en relación con el objetivo perseguido.

13

Procede, pues, responder a la primera cuestión que el artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que prevé no se aplica a una normativa nacional que prohibe emplear en domingo a trabajadores por cuenta ajena.

14

Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda.

15

Los gastos efectuados por los Gobiernos francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste a resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Presidente del tribunal de grande instance de Saint-Quentin mediante resolución de 5 de octubre de 1989, declara :

El artículo 30 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que prevé no se aplica a una normativa nacional que prohibe emplear en domingo a trabajadores por cuenta ajena.