Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 17 de septiembre de 2026 (1)
Asunto C‑556/25
Haluška, s. r. o.
contra
Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo de la República Eslovaca, Eslovaquia)]
« Procedimiento prejudicial — Energía — Procedimientos de autorización para la generación de energía hidroeléctrica a pequeña escala — Exclusión de los pequeños productores de la facultad de solicitar la inscripción catastral de servidumbres legales prevista en el derecho nacional — Aplicación del derecho de la Unión en el ordenamiento jurídico nacional — Prohibición de discriminación »
1. En Eslovaquia, los productores de energía eléctrica pueden beneficiarse, en principio, de una servidumbre legal (2) sobre los terrenos de terceros cuando dispongan, conforme a la ley nacional que ha transpuesto la Directiva (UE) 2019/944, (3) de una autorización para llevar a cabo su actividad.
2. Esa misma ley, sin embargo, parece excluir de aquella posibilidad a los pequeños productores de energía eléctrica. En el procedimiento prejudicial se debate si tal exclusión es compatible con el derecho de la Unión.
3. En concreto, el Tribunal de Justicia está llamado a interpretar el artículo 8 de la Directiva 2019/944, así como su relación con el principio general de no discriminación que proclama el artículo 9 de la misma Directiva.
I. Marco normativo
A. Derecho de la Unión. Directiva 2019/944
4. El artículo 3 («Mercado de la electricidad competitivo, centrado en el consumidor, flexible y no discriminatorio») reza:
«[…]
4. Los Estados miembros velarán por unas condiciones de competencia equitativas y por que las normas, las tasas y el trato que se aplique a las empresas eléctricas sean transparentes, proporcionados y no discriminatorios, en particular en lo que respecta a las responsabilidades de balance, el acceso a los mercados mayoristas, el acceso a los datos, los procesos de cambio de suministrador y los modelos de facturación y, cuando proceda, a la concesión de licencias
[…]».
5. A tenor del artículo 8 («Procedimiento de autorización para nuevas instalaciones de generación»):
«1. Para la construcción de nuevas instalaciones generadoras, los Estados miembros adoptarán un procedimiento de autorización, que deberá seguir criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios.
[…]
3. Los Estados miembros garantizarán la existencia de procedimientos de autorización específicos, simplificados y optimizados para la generación a pequeña escala descentralizada y/o distribuida, que tengan en cuenta su tamaño limitado y posible impacto.
Los Estados miembros podrán establecer directrices para dicho procedimiento de autorización específico. Las autoridades reguladoras u otras autoridades nacionales competentes, incluidas las autoridades de planificación, revisarán dichas directrices y podrán recomendar modificaciones.
[…]».
6. El artículo 9 («Obligaciones de servicio público») establece:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros, de conformidad con su organización institucional y cumpliendo el principio de subsidiariedad, velarán por que las empresas eléctricas operen con arreglo a los principios de la presente Directiva, con miras a la consecución de un mercado de electricidad competitivo, seguro y sostenible desde el punto de vista medioambiental, y no ejercerán discriminación entre aquellas en cuanto a derechos y obligaciones.
[…]».
7. De acuerdo con el artículo 73, el artículo 8, apartado 1, apartado 2, letras a) a i) y letra k), y apartados 3 y 4, son aplicables a partir del 1 de enero de 2021.
B. Derecho nacional
1. Ley sobre la energía (4)
8. El artículo 6 regula el título habilitante para el ejercicio de una «actividad en la industria de la energía» en estos términos:
– A tenor de su apartado 1, la actividad en la industria de la energía sólo podrá llevarse a cabo sobre la base y de conformidad con una autorización o la confirmación del cumplimiento de la obligación de notificación.
– Con arreglo al apartado 2, salvo que se trate de las actividades mencionadas en el apartado 4, se requerirá una autorización para, entre otras, la generación, el transporte, la distribución y el suministro de electricidad.
– En virtud de su apartado 4, letra a), no se requerirá autorización para la generación y el suministro de electricidad mediante equipos de generación de electricidad con una potencia instalada total igual o inferior a 1 MW.
– Conforme a su apartado 5, las personas que lleven a cabo una actividad que no requiera autorización en virtud del apartado 4 estarán sujetas a la obligación de notificación, conforme a la cual tendrán que notificar a la autoridad, en un plazo de treinta días, el inicio, el cese o la modificación de la actividad. La confirmación del cumplimiento de la obligación de notificación, expedida por la autoridad, constituye un documento que faculta para ejercer la actividad.
9. El artículo 11, apartado 1, indica:
«El titular de una autorización […] podrá, en la medida de lo necesario y en aras del interés público,
a) acceder a terrenos ajenos, así como a instalaciones y equipos de terceros, en la medida y de la forma necesarias para la realización de las actividades autorizadas,
[…]
f) establecer en terrenos ajenos, fuera de la zona edificada de un municipio, líneas eléctricas e instalaciones eléctricas de la red de transporte y distribución […],
g) en bienes inmuebles ajenos, realizar actividades autorizadas en equipos eléctricos […] que resulten necesarias para garantizar el funcionamiento de las instalaciones o redes cuya construcción haya sido autorizada […]». (5)
10. El artículo 11, apartado 8, precisa:
«Las obligaciones derivadas de los derechos contemplados en el apartado 1 constituyen servidumbres vinculadas con la propiedad de un bien inmueble. El titular de la autorización estará facultado para solicitar su inscripción en el catastro inmobiliario».
2. Disposiciones sobre servidumbres y catastro inmobiliario
11. El tribunal de reenvío transcribe las disposiciones nacionales en materia de servidumbres y catastro inmobiliario. Con arreglo a ellas, las servidumbres se crean sobre la base de un contrato escrito, por decisión de la autoridad competente o por disposición legal. Para adquirir el derecho correspondiente a las servidumbres es necesaria su inscripción en el catastro inmobiliario.
II. Hechos, litigio y preguntas prejudiciales
12. De la decisión de reenvío, completada con los elementos adicionales que aporta el Gobierno eslovaco, resultan estos hechos:
– La sociedad Haluška s. r. o. (en lo sucesivo, «Haluška») produce energía hidroeléctrica a través de una pequeña instalación cuya potencia es 0,0975 MW.
– Aunque esta instalación se encuentra en funcionamiento desde 1993 y se «reconstruyó» en 2009, Haluška asumió su gestión el 15 de octubre de 2014, cuando se convirtió en titular de la explotación. (6)
– En octubre de 2014, Haluška notificó el inicio de la actividad, conforme al procedimiento simplificado que establece el artículo 6, apartados 4 y 5, de la Ley sobre la energía. (7)
– El 6 de diciembre de 2021, Haluška solicitó al Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor (Servicio del catastro del distrito de Ružomberok, Eslovaquia; en lo sucesivo, «Oficina del catastro») la inscripción en el catastro de una servidumbre legal sobre inmuebles pertenecientes a terceros, con arreglo al artículo 11, apartados 1 y 6, de la Ley sobre la energía.
– El 4 de febrero de 2022, la Oficina del catastro rechazó la solicitud, argumentando que sólo se podía inscribir una servidumbre en favor del titular de una «autorización» otorgada en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Ley sobre la energía, y no en favor de una empresa sujeta a la «obligación de notificación» del apartado 5 de ese artículo.
– Haluška recurrió ante el Správny súd v Banskej Bystrici (Tribunal de lo contencioso administrativo de Banská Bystrica, Eslovaquia) la decisión de la Oficina del catastro. Alegó que la interpretación del artículo 11, apartado 1, de la Ley sobre la energía defendida por la Oficina del catastro se opone al derecho de la Unión, pues favorece a los grandes productores, falsea la competencia y obstaculiza el acceso de los pequeños productores al mercado de la electricidad.
13. El tribunal de primera instancia desestimó el recurso tras declarar que:
– El artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944 no exige, por sí mismo, que se reconozcan al «pequeño productor» de electricidad derechos del mismo alcance que los otorgados al «gran productor».
– Es correcta la interpretación del artículo 11, apartados 1 y 8, de la Ley sobre la energía realizada por la Oficina del catastro. Si se admitieran servidumbres legales también a favor de los pequeños productores, aumentaría de manera notable el número de terrenos gravados con servidumbres, lo que constituiría una injerencia significativa en los derechos de propiedad de terceros.
– Reservar las servidumbres legales previstas en el artículo 11, apartados 1 y 8, de la Ley sobre la energía al titular de una «autorización» no constituye una restricción al desarrollo de la actividad económica, ya que un pequeño productor de electricidad puede solicitar el establecimiento de una servidumbre voluntaria con arreglo al Código Civil eslovaco o, si el contrato no se celebra, ejercitar una acción judicial.
14. Haluška impugnó la resolución de primera instancia ante el Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo de la República Eslovaca, Eslovaquia), que dirige al Tribunal de Justicia estas preguntas prejudiciales:
«1) ¿Está comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión a la luz del artículo 194 [TFUE], apartado 1, letra a) […], del artículo 8, apartados 1 y 3, y del artículo 9, apartado 1, de la Directiva [2019/944] una normativa nacional con arreglo a la cual el legislador nacional excluyó automáticamente a los pequeños productores de electricidad que desarrollan sus actividades con arreglo a un procedimiento simplificado, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, de dicha Directiva, del acceso a los derechos de servidumbre previstos por el derecho nacional que facilitan el desarrollo de una actividad económica en el ámbito de la energía y concedió esos derechos a todos los demás productores de electricidad?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 8, apartados 1 y 3, en relación con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva [2019/944], en el sentido de que se opone a una normativa nacional mediante la cual el legislador nacional excluyó automáticamente a los pequeños productores de electricidad que desarrollan sus actividades con arreglo a un procedimiento simplificado, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, de dicha Directiva, del acceso a los derechos de servidumbre previstos por el derecho nacional que facilitan el desarrollo de una actividad económica en el ámbito de la energía y concedió esos derechos a todos los demás productores de electricidad?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
15. La petición de decisión prejudicial se depositó en el Tribunal de Justicia el 19 de agosto de 2025.
16. Han presentado observaciones escritas Haluška, el Gobierno eslovaco y la Comisión Europea.
17. En la vista, celebrada el 10 de junio de 2026, comparecieron el Gobierno eslovaco y la Comisión.
IV. Admisibilidad del reenvío prejudicial
18. El Gobierno eslovaco estima que el reenvío prejudicial es inadmisible, porque se basa en una descripción de los hechos incompleta y en una exposición incorrecta del marco jurídico nacional. Entiende, además, que la interpretación solicitada del derecho de la Unión no tiene relación con la realidad o con el objeto del litigio.
19. En particular, aduce que las preguntas tienen carácter hipotético, pues el objeto del litigio es el establecimiento de una servidumbre que el derecho nacional reserva, «desde un punto de vista material», al titular de una autorización para la distribución de energía, y no a los productores de energía (sea cual sea su tamaño) como Haluška.
20. Según reiterada jurisprudencia: (8)
– El juez nacional es el único competente para definir, bajo su responsabilidad, el marco fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones planteadas, cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia.
– Las cuestiones prejudiciales gozan de una presunción de pertinencia y el Tribunal de Justicia sólo puede abstenerse de pronunciarse cuando resulte evidente que la interpretación del derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal o presentan un carácter hipotético.
21. No puede acogerse la objeción del Gobierno eslovaco en lo que discrepa de la descripción de los hechos y del derecho nacional, pues ésta corresponde en exclusiva al tribunal de reenvío y a ella debe atenerse el Tribunal de Justicia.
22. En cuanto a las alegadas insuficiencias de la petición de decisión prejudicial, ciertamente, el tribunal de reenvío:
– No detalla en qué consiste la obra que debía realizarse sobre terrenos de terceros afectados por la servidumbre cuya inscripción catastral se denegó. Parece dirigir sus preguntas prejudiciales, de forma general, al conjunto de los derechos mencionados en el artículo 11 de la Ley sobre la energía,(9) de naturaleza heterogénea, lo que confiere a aquéllas un carácter algo impreciso.
– Tras invocar el principio de no discriminación, no expone el objetivo que perseguiría la legislación eslovaca al excluir a los pequeños productores del beneficio de las servidumbres legales. Identificar ese objetivo podría ser necesario para apreciar la desigualdad de trato incompatible con el derecho de la Unión.
23. Con todo, esas deficiencias en la exposición del marco fáctico y jurídico (10) o bien no son determinantes (en particular, la relativa al concreto objeto de la servidumbre controvertida), o bien pudieron aclararse en el procedimiento escrito y en la vista.
24. Por lo demás, el análisis de los argumentos del Gobierno eslovaco sobre la inaplicabilidad ratione materiae del artículo 8 de la Directiva 2019/944 al litigio de autos ha de hacerse al afrontar la interpretación de ese precepto, no la admisibilidad del reenvío.
25. Algo análogo hay que oponer a la alegación del Gobierno eslovaco relativa al artículo 11, apartado 1, de la Ley sobre la energía (que disciplina las servidumbres legales). El tribunal de reenvío, único competente para interpretar el derecho nacional, entiende que, con arreglo a ese precepto, todos los productores pueden beneficiarse de las servidumbres legales y que, de no ser así, hay que examinar su incompatibilidad con el artículo 9 de la Directiva 2019/944. No se trata, por lo tanto, de una pregunta hipotética, sino directamente conectada con el núcleo de la controversia. (11)
26. En consecuencia, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, cuyas preguntas prejudiciales deben declararse admisibles.
V. Sobre el fondo
27. El tribunal de reenvío desea saber si es conforme con el derecho de la Unión una normativa nacional que, tal como se interpreta y aplica en Eslovaquia:
– No permite la inscripción catastral de una servidumbre legal sobre terrenos de terceros a los pequeños productores de energía que acuden al procedimiento «específico» previsto en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944.
– Reserva esa inscripción a los titulares de una autorización otorgada conforme al procedimiento «ordinario» previsto en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2019/944.
A. Primera pregunta prejudicial
28. En su primer interrogante, el tribunal de reenvío se plantea si la normativa nacional controvertida «está comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión a la luz del artículo 194 [TFUE], apartado 1, letra a) […], del artículo 8, apartados 1 y 3, y del artículo 9, apartado 1, de la Directiva [2019/944]».
29. El artículo 194 TFUE es la norma de derecho primario sobre cuya base se adoptó la Directiva 2019/944. Esta última constituye una de «las medidas necesarias para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado 1», a las que alude el apartado 2 del artículo 194 TFUE.
30. La Directiva 2019/944 lleva a cabo una armonización mínima en lo referente a la organización y el funcionamiento del sector eléctrico de la Unión. Establece, entre otras, normas «sobre el acceso abierto al mercado integrado», (12) pero no regula directamente la facultad (que el derecho eslovaco confiere a los titulares de una «autorización») de exigir la inscripción catastral de servidumbres legales sobre bienes inmuebles pertenecientes a terceros.
31. La facultad de acogerse a una servidumbre legal es una de las medidas que «facilitan el desarrollo de una actividad económica en el ámbito de la energía». Incide, pues, en «la organización y funcionamiento del sector eléctrico de la Unión». Aunque corresponde a los Estados miembros establecer los requisitos para regular quién y cómo puede beneficiarse de la servidumbre, en el ejercicio de su competencia deben respetar el principio de no discriminación corroborado en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2019/944. (13)
32. A mi juicio, como acertadamente indica el tribunal de reenvío, la interpretación de los artículos 8, apartados 1 y 3, y 9, apartado 1, de la Directiva 2019/944 puede afectar a la solución del litigio. De ahí que la normativa nacional controvertida haya de evaluarse bajo la premisa de que se inserta en el ámbito de aplicación de la Directiva 2019/944.
33. El Gobierno eslovaco contesta la aplicabilidad ratione materiae del artículo 8 de la Directiva 2019/944, subrayando que el derecho nacional prevé dos procedimientos distintos: uno para la construcción de una instalación generadora y otro, para el ejercicio de una actividad profesional (14) mediante el uso de la instalación generadora, una vez construida. (15)
34. La posibilidad de obtener la inscripción catastral de las servidumbres legales sólo se vincularía a la obtención de la segunda autorización (para ejercer una actividad profesional) y no de la primera (para la construcción de la central). Sobre esta base, y apoyándose en su tenor literal, el Gobierno eslovaco sostiene que el artículo 8 de la Directiva 2019/944 no se aplica al caso de autos.
35. Es necesario, pues, aclarar con carácter prioritario si el artículo 8 de la Directiva 2019/944 se circunscribe a la «construcción de nuevas instalaciones generadoras» o si se extiende también al «ejercicio de una actividad profesional en el sector de la energía». Si la primera hipótesis fuera correcta, se podría descartar la pertinencia de aquel artículo en este litigio.
36. Para el Gobierno eslovaco, el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944 se ciñe, repito, a los procedimientos relativos a la «construcción de nuevas instalaciones generadoras». No abarcaría, en cambio, los procedimientos de «autorización para ejercer una actividad en la industria de la energía». Es esta última autorización la que, en el derecho eslovaco, permitiría (siempre según el Gobierno eslovaco) otorgar el título habilitante para la inscripción catastral de servidumbres legales.
37. En una primera aproximación, el tenor literal de la Directiva 2019/944 parecería respaldar la tesis del Gobierno eslovaco: el artículo 8 se aplicaría, con carácter general, a la «generación» de energía. (16) Su apartado 3 contempla «procedimientos específicos […] para la generación a pequeña escala descentralizada y/o distribuida». Y su apartado 1 alude a los procedimientos (ordinarios) para la «construcción de nuevas instalaciones generadoras».
38. Sin embargo, la tesis del Gobierno eslovaco no se aviene con una interpretación del artículo 8 de la Directiva 2019/944 que tenga en cuenta la finalidad del «procedimiento de autorización» regulado en él.
39. Objetivo de la Directiva 2019/944 es, entre otros, «garantizar que no existan barreras injustificadas dentro del mercado interior de la electricidad para la entrada, el funcionamiento en el mercado y la salida del mismo». (17)
40. El vínculo entre el «acceso al mercado» y los procedimientos de autorización se desprende del considerando septuagésimo noveno de la Directiva 2019/944: «[l]os procedimientos de autorización excesivamente largos pueden constituir un obstáculo para el acceso de nuevos agentes al mercado». (18)
41. La finalidad común de los procedimientos del artículo 8, apartados 1 y 3, de la Directiva 2019/944 consiste, pues, en facilitar el acceso efectivo y no discriminatorio de nuevos productores, tanto grandes como pequeños, al mercado interior de la electricidad, evitando que ese acceso sea excesivamente complicado, gravoso y costoso (en tiempo y en dinero). (19)
42. Para lograr un acceso efectivo al mercado de la electricidad, al productor no le basta construir una instalación generadora: ha de ponerla en funcionamiento para producir electricidad.
43. Del artículo 6, apartados 1 y 2, de la Ley sobre la energía se desprende que «la generación […] de electricidad» es una de las actividades profesionales en la industria de la energía que «sólo podrá llevarse a cabo sobre la base y de conformidad con una autorización o la confirmación del cumplimiento de la obligación de notificación». (20)
44. En la vista, el Gobierno eslovaco adujo que, en Eslovaquia, un «nuevo productor» que pretenda acceder al mercado interior de la electricidad explotando a título profesional una instalación generadora: (21)
– Si quiere construir una nueva central, ha de contar, en principio, con un «certificado» oficial expedido a estos efectos, del que se prescinde en el caso de determinados pequeños productores. (22)
– Ha de disponer, en todo caso,(23) de un título habilitante, consistente en la «autorización para ejercer una actividad de producción de energía eléctrica» (previsto en el artículo 6 de la Ley sobre la energía), que es indispensable para poner en funcionamiento la central.
45. En este contexto, la «autorización para nuevas instalaciones de generación» a la que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2019/944 abarca, en Eslovaquia, el conjunto formado por: a) el certificado que, en su caso, permitió la construcción de la instalación; y b) la autorización para ejercer una actividad profesional de producción de energía mediante aquella instalación.
46. La ratio del artículo 8 de la Directiva 2019/944 es garantizar un acceso al mercado basado en procedimientos que se atengan a «criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios» (y, en el caso de los pequeños productores, también «simplificados y optimizados»). Esa exigencia debe observarse tanto en el procedimiento para autorizar la construcción de la central (cuando el certificado a tal fin sea necesario) como en el destinado a obtener la autorización de funcionamiento. Su aplicación a la sola fase de construcción resultaría insuficiente y no aseguraría, en la práctica, ningún acceso al mercado, puesto que una central, a falta de la autorización que le permite funcionar (esto es, producir energía), no puede participar en el mercado común de la electricidad y difícilmente podría calificarse de «instalación generadora».
47. En último extremo, el artículo 8 de la Directiva 2019/944 debe recibir una interpretación uniforme, con independencia de las características que el derecho nacional atribuya al procedimiento de autorización.
48. El artículo 8 de la Directiva 2019/944 impone la obligación de establecer un procedimiento específico para los productores de energía eléctrica a pequeña escala. No exige, en cambio, que se separen en dos procedimientos distintos los trámites necesarios para la construcción de una instalación generadora y para el ejercicio de una actividad de producción de energía eléctrica a través de esa instalación. Es concebible una transposición del artículo 8 de la Directiva 2019/944 que concentre ambas autorizaciones en un único procedimiento. (24)
49. Opino, en suma, que el contraste entre la norma nacional controvertida y el artículo 8 de la Directiva 2019/944 debe hacerse a la luz de una interpretación amplia de este último, que no limite su alcance a la construcción de nuevas instalaciones generadoras, sino que lo extienda a los procedimientos de autorización (en sentido amplio) en cuya virtud un productor de energía eléctrica puede acceder al mercado. (25)
50. Desde esta perspectiva, el artículo 8 de la Directiva 2019/944 abarcaría al procedimiento de otorgamiento de la autorización para ejercer una actividad profesional en el sector de la energía, si el derecho eslovaco vinculara a ella la posibilidad de exigir la inscripción de una servidumbre legal sobre bienes pertenecientes a terceros.
51. En cualquier caso, sea una u otra la interpretación que se haga del artículo 8 de la Directiva 2019/944, la primera pregunta prejudicial se ciñe a determinar si la norma nacional que excluye a los pequeños productores del acceso a los derechos de servidumbre se inserta en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, constituido por el artículo 194 TFUE, apartado 1, letra a), y los artículos 8, apartados 1 y 3, y 9 de la Directiva 2019/944. La respuesta a la pregunta formulada en esos términos ha de ser, a mi juicio, afirmativa.
B. Segunda pregunta prejudicial
52. En caso de respuesta afirmativa (como propugno) a la primera pregunta prejudicial, el tribunal de reenvío desea saber si el artículo 8, apartados 1 y 3, en relación con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2019/944, se opone a la norma nacional controvertida.
53. Según la decisión de reenvío, la interpretación hasta ahora realizada de la normativa nacional priva «[…] automáticamente a los pequeños productores de electricidad que desarrollan sus actividades con arreglo a un procedimiento simplificado […] del acceso a los derechos de servidumbre previstos por el derecho nacional que facilitan el desarrollo de una actividad económica en el ámbito de la energía y conced[e] esos derechos a todos los demás productores de electricidad».
54. La premisa sobre la que reposa la segunda pregunta prejudicial es, pues, que la norma nacional confiere derechos distintos a quienes se acogen al procedimiento «ordinario» (artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2019/944) o al procedimiento «específico, simplificado y optimizado» (artículo 8, apartado 3, de la misma Directiva).
55. Las dudas del tribunal remitente se deben a que, en su opinión:
– El derecho eslovaco impone al pequeño productor el procedimiento «específico», simplificado y optimizado, previsto en el artículo 6, apartados 4 y 5, de la Ley sobre la energía, sin posibilidad de optar, como alternativa, por el procedimiento «ordinario», reservado a los «grandes» productores.
– Ese régimen tiene como consecuencia que los pequeños productores se ven privados «por completo» del acceso a las servidumbres legales establecidas en el artículo 11 de la Ley sobre la energía.
– La restricción es de tal entidad que el objetivo del artículo 8, apartado 3 de la Directiva 2019/944 «queda completamente frustrado», ya que priva a los pequeños productores «de las ventajas de las que disfrutan los demás productores de electricidad que actúan en el marco de un régimen de autorización más complejo». (26)
56. El tribunal de reenvío, tras exponer cuál es, a su juicio, el objetivo del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944, (27) critica la legislación nacional sobre este extremo, en cuanto que no permitiría alcanzar tal objetivo. (28)
57. El artículo 8 de la Directiva 2019/944 tiene naturaleza procedimental, en el sentido de que no condiciona los derechos que se otorgarán, o se denegarán, al final de los respectivos procedimientos. (29) Se ciñe, insisto, a prever unos procedimientos, sean ordinarios, sean simplificados, que culminarán en una autorización (en el primer caso) o en una notificación de la actividad (en el segundo caso).
58. Entendido en este sentido, el artículo 8 de la Directiva 2019/944 no tiene por objeto directo garantizar la existencia de una competencia sana en el mercado. (30) Trata, más bien, de marcar las obligaciones que han de cumplir los Estados miembros al instituir procedimientos de autorización idóneos para permitir un acceso real y no discriminatorio de los productores de electricidad al mercado.
59. Los trabajos preparatorios del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944, así como de las disposiciones equivalentes en las directivas anteriores sobre el mercado interior de la electricidad, corroboran que aquel precepto atiende más al procedimiento de autorización que al contenido y los efectos de la autorización misma.
60. Desde su primera introducción en la Directiva 2003/54/CE, (31) el objetivo de esa disposición era «dinamizar y agilizar los trámites de autorización de pequeñas empresas de generación». (32) Con arreglo a la Directiva 2009/72, los Estados miembros habían de «garantizar la existencia de procedimientos de autorización específicos» en favor de la generación a pequeña escala. (33) La Directiva 2019/944 precisó, en esa línea, que el procedimiento de autorización específico debería ser simplificado y optimizado. (34)
61. De este itinerario legislativo se infiere que el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944 es fruto de un proceso de adaptación progresiva del procedimiento de autorización para acomodarlo a las necesidades de los pequeños productores de electricidad. Pretende que éstos no se vean obstaculizados o disuadidos de acceder al mercado, a causa de los rasgos de ese procedimiento.
62. Si se atiende a la perspectiva material, y no sólo a la procedimental, lo que resulta de la legislación eslovaca que consagra la dualidad de procedimientos es que, apreciada en su conjunto, tiene una consecuencia paradójica: lo que debería ser un beneficio para los pequeños productores de energía eléctrica se traduce en una penalización. Al término del procedimiento «simplificado», esos productores obtendrán un título habilitante que no les permite solicitar la inscripción catastral de las servidumbres legales controvertidas, a diferencia de lo que sucede con quienes acuden al procedimiento ordinario.
63. El tribunal de reenvío, como ya he avanzado, declara que mediante el procedimiento simplificado se despoja a los pequeños productores de derechos que tienen una repercusión considerable en su acceso al mercado. (35)
64. Si mi comprensión de la decisión de reenvío es correcta, el tribunal remitente: a) da por sentado que la normativa nacional impide a los pequeños productores recurrir al procedimiento «ordinario»; (36) y b) no contempla la eventualidad de que esos pequeños productores renuncien (por cualquier interés legítimo que pueda motivar su decisión) al procedimiento simplificado para acogerse al ordinario. (37)
65. La segunda pregunta prejudicial desborda, pues, el marco estrictamente procedimental para atender a la distinción entre los derechos que corresponden al titular de una «autorización para nuevas instalaciones de generación», en función de que ésta haya sido obtenida mediante el procedimiento previsto en los apartados 1 o 3 del artículo 8 de la Directiva 2019/944.
66. Así formulada, no estoy convencido de que la respuesta a esa pregunta se encuentre directamente en el artículo 8 de la Directiva 2019/944. Como ya he explicado, este precepto no regula en sí mismo los derechos que corresponden al titular de la autorización, sino que organiza el procedimiento para acceder al mercado. (38)
67. Aunque contar con los derechos inherentes a la servidumbre legal no fuera un factor imprescindible para que los pequeños productores accedan al mercado, (39) disponer o no de esos derechos puede ser un factor que incida, con mayor o menor intensidad, en el desarrollo de su actividad. Y aquí es donde tienen plena aplicación las reglas de la Directiva 2019/944 relativas a la actividad de los productores de energía eléctrica en el mercado, así como a los derechos y obligaciones que corresponden al empresario que ya ha accedido a él. (40)
68. A esas reglas habrá que sumar las que, en aspectos que no han sido objeto de una armonización mínima a escala de la Unión, hayan aprobado los Estados miembros. Estas últimas deberán, en todo caso, respetar los principios generales del derecho de la Unión, entre ellos el de no discriminación, aplicable con carácter general y recogido en los artículos 3, apartado 4, y 9, apartado 1, de la Directiva 2019/944. (41)
69. Considero, por tanto, que la segunda pregunta prejudicial debe resolverse atendiendo principalmente al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2019/944, en conexión con su artículo 8, apartado 3. (42)
70. Las servidumbres que el derecho eslovaco vincula al «tipo» de autorización obtenida no se regulan directamente en la Directiva 2019/944. En esa materia, los Estados miembros, si bien gozan de cierto margen de maniobra que les permite orientar cómo los operadores han de actuar, han de garantizar, en todo caso, el cumplimiento de los objetivos de la Directiva 2019/944 y respetar que «los criterios retenidos […] sean objetivos y no discriminatorios». (43)
71. La igualdad ante la ley «es un principio general del derecho de la Unión que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado». (44)
72. Del informe explicativo sobre la Ley sobre la energía (45) se desprende que su artículo 11 tiene por objetivo permitir que el titular de la autorización realice las actividades contempladas en él sin el consentimiento previo del propietario del inmueble gravado por la servidumbre. (46)
73. El Gobierno eslovaco destaca el carácter no comparable de la situación de los grandes y pequeños productores de energía, debido a la exención de la que gozan estos últimos en relación con el cumplimiento de algunos requisitos profesionales o de determinadas obligaciones que incumben a los primeros. (47) Sin embargo, ninguna de esas exigencias está relacionada con el objetivo del artículo 11, cuyas reglas establecen derechos que pueden facilitar el ejercicio de la actividad de cualquier productor de energía, sea grande o pequeño. (48)
74. A reserva de la apreciación del tribunal de reenvío, todo parece indicar que las dos situaciones pueden considerarse comparables (en lo que atañe específicamente a la servidumbre legal como instrumento para favorecer la generación de energía eléctrica) y que el régimen vigente comporta, objetivamente, una desigualdad de trato en beneficio de los grandes productores. Éstos, en cuanto titulares de una «autorización», pueden obtener la inscripción de la servidumbre con independencia del consentimiento del propietario del bien gravado, mientras que los pequeños productores, para obtener el mismo resultado, deben acudir a medios de resultado incierto (dependerá de la voluntad del dueño del terreno) o más largos y complejos. (49)
75. Una diferencia de trato puede estar justificada cuando se base en un criterio objetivo y razonable, es decir, cuando guarde relación con un fin legítimo perseguido por la legislación de que se trate y sea proporcionada a la finalidad perseguida con dicho trato.
76. Según el Gobierno eslovaco, la normativa interna persigue el objetivo de evitar que se multipliquen de manera desproporcionada las vulneraciones de los derechos de propiedad de los titulares de los bienes inmuebles gravados por las servidumbres. Este instrumento (la servidumbre legal) se reserva a quienes sirven al interés público. (50)
77. El tribunal a quo no discute, en realidad, que la protección de los derechos de propiedad de los terceros, a cuyos bienes afectan las servidumbres legales, constituya un objetivo que puede justificar la restricción controvertida.
78. El problema se desplaza a la proporcionalidad de la medida, habida cuenta de que existiría otra alternativa apropiada y menos restrictiva que permitiría garantizar aquel objetivo.
79. La Oficina del catastro rechaza la solicitud del pequeño productor atendiendo a un criterio meramente formal (la «confirmación del cumplimiento de la obligación de notificación», en vez de la «autorización»), sin analizar los demás requisitos del artículo 11, apartado 1, de la Ley sobre la energía. (51) Un análisis más amplio, sin embargo, permitiría lograr el objetivo legítimo invocado sin negar, al mismo tiempo e indefectiblemente, a los pequeños productores la facultad de solicitar la inscripción de una servidumbre legal.
80. Preguntado en la vista, el Gobierno eslovaco reconoció que el artículo 11 de la Ley sobre la energía no confiere un derecho absoluto de obtener la inscripción de la servidumbre. Explicó que la Oficina del catastro dispone de un amplio margen de apreciación para valorar la existencia de un interés público y ponderar, en su caso, los intereses contrapuestos del productor y del propietario del terreno afectado.
81. A la luz de cuanto afirmaba el Gobierno eslovaco en sus observaciones escritas, (52) la Ley sobre la energía se basa en una valoración ex ante y abstracta, realizada directamente por el legislador, de la ausencia de interés público en la generación de energía a cargo de los pequeños productores. Esa valoración excluye una ponderación caso por caso, que la Oficina del catastro no puede acometer.
82. En la vista, el Gobierno eslovaco reconoció que no estaba en condiciones de explicar qué argumentos jurídicos justificaban la decisión del legislador nacional de adoptar este enfoque.
83. Por mi parte, semejante concepción del «interés público» no me parece compatible con la Directiva 2019/944. Si ésta pretende fomentar la producción de energía eléctrica a pequeña escala y la integración en el mercado de la procedente de fuentes renovables (como la hidroeléctrica), es porque existe un interés público en promoverlas. (53)
84. No defiendo que los pequeños productores de electricidad deban gozar de derechos idénticos a los reconocidos a productores cuya actividad de generación es crítica o esencial para la estabilidad de la red. Coincido con el tribunal remitente (54) en que el tamaño limitado y el menor impacto de la generación a pequeña escala, así como la exención de la obligación de respetar algunos requisitos de diverso orden, pueden justificar un enfoque más prudente al otorgar derechos que, por su propia naturaleza, podrían incidir en otros intereses públicos o en los derechos de terceros.
85. En varios pasajes de la decisión de reenvío, el tribunal remitente se refiere a la «interpretación y aplicación actuales de la normativa eslovaca» (55) como obstáculo que le impediría superar el rechazo a la inscripción de la servidumbre solicitada por Haluška.
86. Ahora bien, en cuanto Tribunal Supremo, compete al órgano de reenvío interpretar el derecho nacional sin estar necesariamente sujeto a decisiones anteriores. De su exposición parece inferirse que nada le impediría interpretar el artículo 11, apartado 1, de la Ley sobre la energía conforme al derecho de la Unión, de modo que evite la desigualdad de trato injustificada entre unos productores y otros.
87. A tenor de esa (posible) interpretación conforme con el derecho de la Unión, la norma nacional no obstaría a que la Oficina del catastro disponga de un margen de apreciación lo suficientemente amplio como para evaluar, en cada caso, la existencia de interés público, también cuando un pequeño productor de energía hidroeléctrica solicite acogerse a la servidumbre legal.
88. En ese contexto, la Oficina del catastro podrá ponderar los intereses contrapuestos del productor de energía y del propietario del terreno afectado y, si es menester, excluir el riesgo de abusos derivados de una proliferación incontrolada de servidumbres legales.
89. En suma, y a reserva de la apreciación del tribunal remitente, el artículo 11 de la Ley sobre la energía podría interpretarse de conformidad con la Directiva 2019/944, sin que esa interpretación implique crear sistemáticamente un perjuicio desproporcionado a los derechos de propiedad de los titulares de los terrenos afectados (quienes, por lo demás, deberán ser indemnizados en las condiciones que marca la norma nacional).
VI. Conclusión
90. A tenor de lo expuesto, propongo responder al Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo de la República Eslovaca, Eslovaquia) de la forma siguiente:
«El artículo 9, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE,
debe interpretarse en el sentido de que,
salvo que la normativa nacional se pueda interpretar de un modo conforme con la Directiva 2019/944, lo que corresponde decidir al tribunal de reenvío, no es compatible con su artículo 9, apartado 1, una regla de derecho interno que, sobre la base de una valoración ex ante y abstracta del interés público, impide a los pequeños productores de energía de origen hidroeléctrico sujetos al procedimiento simplificado que contempla el artículo 8, apartado 3, de esa Directiva beneficiarse de una servidumbre legal reconocida al resto de productores de energía eléctrica».
1 Lengua original: español.
2 La servidumbre es, en su concepción clásica, un gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. Puede establecerse por la ley (servidumbre legal) o por la voluntad de los dueños (servidumbre voluntaria).
3 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125).
4 Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 2022 (Ley n.º 251/2012 sobre la energía y por la que se modifican y completan determinadas leyes, en su redacción vigente hasta el 31 de marzo de 2022; en lo sucesivo «Ley sobre la energía»).
5 La lista del apartado 1 del artículo 11 abarca otras facultades, como la de «retirar y podar los árboles y otras plantas que pongan en peligro la seguridad o la fiabilidad del funcionamiento de los equipos energéticos» [letra b)]; «adaptar los pastos» [letra c)]; o «acceder, con el consentimiento previo otorgado en virtud de la normativa específica, a los locales e instalaciones cerrados» de los Ministerios de Defensa y del Interior, de las Fuerzas Armadas y de Policía, así como en otras oficinas del Estado [letra d)]. En la versión original de la petición de decisión prejudicial, el texto de la letra f) aparece en negrita, lo que parecería señalar que ésta es la disposición objeto del litigio ante el tribunal remitente. Según el Gobierno eslovaco, sin embargo, el litigio atañe a la servidumbre prevista en la letra g).
6 Así se desprende de los documentos mencionados en la nota 68 de las observaciones escritas del Gobierno eslovaco. El cambio en la titularidad tuvo lugar en virtud del contrato de 15 de octubre de 2014, mediante el que se aportó la explotación hidroeléctrica al patrimonio de la sociedad Haluška.
7 En el expediente nacional transmitido al Tribunal de Justicia figura un documento, expedido el 20 de octubre de 2014 por la Úrad pre reguláciu siet’ových odvetví (Autoridad reguladora del sistema de redes, Eslovaquia), en el que se confirma que Haluška cumplió la obligación de notificar el inicio de su actividad, ocurrido el 15 de octubre de 2014. Ese documento oficial, según en él se indica, sirve de título para ejercer la actividad en el sector energético.
8 Sentencia de 29 de enero de 2026, Fondazione Teatro alla Scala di Milano (C‑668/24, EU:C:2026:60), apartado 35 y jurisprudencia citada.
9 El tribunal a quo señala que la ley nacional priva a los pequeños productores de «derechos que tienen una incidencia considerable en el acceso al mercado de los empresarios del sector energético y en su actividad en el mercado (construcción y acceso a instalaciones en terrenos ajenos sin el consentimiento del propietario, explotación y mantenimiento de dichas instalaciones, etc.)» (decisión de reenvío, apartado 44, cursiva añadida).
10 «La necesidad de lograr una interpretación del derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones prejudiciales que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones». Sentencia de 30 de abril de 2026, Kotaňák (C‑748/24, EU:C:2026:358), apartado 29 y jurisprudencia citada.
11 El reenvío prejudicial tampoco tiene carácter hipotético por el hecho —revelado por el Gobierno eslovaco en la vista— de que Haluška hubiera obtenido acceso a los terrenos objeto de la servidumbre por otra vía (contractual y/o por prescripción adquisitiva). Esta circunstancia, de acreditarse, formaría parte de la apreciación fáctica que corresponde exclusivamente al tribunal remitente.
12 Artículo 1, párrafo segundo.
13 De acuerdo con la tabla que figura en el anexo IV de la Directiva 2019/944, su artículo 9, apartado 1, se corresponde con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (DO 2009, L 211, p. 55). En relación con esta última, el Tribunal de Justicia afirmó que: «[…] el artículo 3, apartado 1, [de la Directiva 2009/72] consagra, en el ámbito del mercado interior de la electricidad, el principio general de no discriminación, que forma parte integrante de los principios generales del derecho de la Unión. […] [E]l Tribunal de Justicia ya ha juzgado que dicho principio vincula a los Estados miembros cuando la situación nacional sobre la que versa el litigio principal está incluida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión» [sentencia de 7 de noviembre de 2019, UNESA y otros (C‑105/18 a C‑113/18, EU:C:2019:935), apartado 49].
14 En este contexto, el término «profesional» indica que la actividad se desarrolla de modo empresarial. Así lo emplearé a lo largo de estas conclusiones.
15 A juicio del Gobierno eslovaco, el artículo 8 de la Directiva 2019/944 se ciñe a la «construcción de nuevas instalaciones generadoras», supeditada, en su derecho interno, a una autorización distinta de la debatida en el litigio (apartados 24 a 30 de sus observaciones escritas). Subraya que, contrariamente a lo que afirma el tribunal remitente, la transposición al derecho nacional del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944 no debe encontrarse en el artículo 6 de la Ley sobre la energía, sino en el artículo 12 de esa misma ley.
16 El título de esta disposición es «Procedimiento de autorización para nuevas instalaciones de generación».
17 Véanse los considerandos duodécimo y décimo cuarto de la Directiva 2019/944.
18 Cursiva añadida. El considerando precisa que «[l]os procedimientos de autorización no deben dar lugar a una carga administrativa desproporcionada en relación con el tamaño y las posibles repercusiones en los productores».
19 En la vista, el Gobierno eslovaco admitió que la obligación de notificación prevista en el artículo 6, apartado 4, de la Ley sobre la energía persigue este objetivo, pero insistió en que sólo el artículo 12 de aquella Ley transpone al derecho nacional el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944.
20 El artículo 6 de la Ley sobre la energía regula la autorización que se exige no sólo para desarrollar una actividad de generación de electricidad, sino también para su transporte, distribución y suministro. En consecuencia, puede relacionarse con varias de las «autorizaciones» previstas en la Directiva 2019/944, incluida la de su artículo 8 en cuanto a la producción de energía.
21 No se discute que Haluška pretende ejercer su actividad a título profesional y no para su mero autoconsumo, supuesto este último que quedaría comprendido en el artículo 4, apartado 2, de la Ley sobre la energía.
22 De acuerdo con el artículo 12, apartado 2, de la Ley sobre la energía, el certificado no es necesario si se trata de instalaciones para producir electricidad a partir de energía solar de hasta 500 kW y a partir de otra fuente de energía de hasta 1 MW.
23 En la vista, el Gobierno eslovaco explicó que la autorización se exige tanto al productor que explota una central de nueva construcción como al que reanuda la actividad de una instalación preexistente, y confirmó que, sin ella, no se puede producir energía.
24 En mis conclusiones del asunto Regione Emilia-Romagna (C‑653/24, EU:C:2025:966), analicé el marco normativo aplicable a los pequeños productores hidroeléctricos italianos que captan aguas pertenecientes al dominio público para producir electricidad. En aquel contexto, se establecía un único procedimiento de autorización que regía tanto la construcción de la central como su puesta en funcionamiento (véase la nota 30 de aquellas conclusiones).
25 En la vista, se pusieron de manifiesto las dificultades relacionadas con el concepto de «construcción» de una nueva central, pues no queda claro si existe un umbral mínimo para identificar «una nueva construcción» cuando se realizan obras de remodelación y adaptación de una instalación preexistente. Esas dificultades pueden y deben solventarse teniendo en cuenta el objetivo último de la norma, que es facilitar la entrada de un nuevo productor en el mercado, sea cual sea la fecha de construcción de la instalación que explota.
26 Decisión de reenvío, apartados 40 y 43.
27 Decisión de reenvío, apartado 40: «el objetivo y el sentido del artículo 8, apartado 3, […] es facilitar la entrada de los pequeños productores descentralizados en el mercado de la electricidad y, de este modo, garantizar un entorno competitivo en el mercado de la electricidad (más productores de electricidad), descentralizar la producción de electricidad (permitir a los pequeños productores acceder al mercado y protegerlos frente al monopolio de los grandes proveedores de electricidad) […] y, en última instancia, beneficiar a los consumidores gracias a unos precios de la electricidad más bajos resultantes de una competencia sana en el mercado de la electricidad».
28 Decisión de reenvío, apartado 40, in fine: este objetivo «[…] no puede alcanzarse si, por una parte, el legislador nacional prevé un procedimiento de autorización específico, racionalizado, para la pequeña producción descentralizada de electricidad, pero, por otra parte, priva a esos productores de las ventajas de las que disfrutan los demás productores de electricidad que actúan en el marco de un régimen de autorización más complejo en aplicación del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2019/944».
29 Su apartado 4 otorga algunos derechos únicamente a los «solicitantes» que, habiendo participado en el procedimiento, vean denegada la autorización solicitada.
30 Como expondré a continuación, su efecto indirecto es, sí, incrementar el número de productores de electricidad que actúan en el mercado y facilitar, de este modo, la creación de un entorno competitivo.
31 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (DO 2003, L 176, p. 37). Sólo exigía, con carácter general, a los Estados miembros tomar en cuenta el «tamaño limitado y posible impacto» de las pequeñas instalaciones generadoras en el marco de procedimiento de autorización. La Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DO 1997, L 27, p. 20), no contenía ninguna disposición destinada a facilitar el acceso al mercado de los pequeños productores de electricidad.
32 Así resulta de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE y acerca de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (documento SEC/2003/161 final, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003SC0161). El apartado 3 del artículo 6 no aparecía en la propuesta originaria de la Comisión (COM/2001/0125 final). En su primera lectura, el Parlamento Europeo propuso (enmienda 50) la introducción de un nuevo apartado, con arreglo al cual «small decentralised and/or embedded generators shall benefit from simplified authorisation procedures». El objetivo de la enmienda era «fomentar el desarrollo de fuentes de energía descentralizadas, reconociendo al mismo tiempo que las centrales eléctricas de menor tamaño tienen un impacto ambiental y social más limitado» (véase el Informe del Parlamento Europeo, documento A5-0077/2002, de 1 de marzo de 2002, disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2002-0077_EN.html?redirect#_section1). La Comisión aceptó este principio. La disposición se reformuló, manteniendo «intacto el objetivo de unos trámites más rápidos de autorización de pequeñas plantas de generación» (documento SEC/2003/161 final).
33 De acuerdo con el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2009/72, «los Estados miembros garantizarán la existencia de procedimientos de autorización específicos para pequeñas instalaciones de generación […] que tengan en cuenta su tamaño limitado y posible impacto» (indico en cursiva los cambios respecto a la redacción de 2003). Un intento de revisar el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2003/54 apareció en el Dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura, cuya enmienda 59 proponía imponer a los Estados miembros la obligación de garantizar que «los pequeños productores descentralizados y/o la pequeña producción distribuida se beneficien de procedimientos de autorización simplificados»: véase el Informe del Parlamento Europeo A6-0191/2008, disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-6-2008-0191_ES.html?redirect, cursiva añadida).
34 Esa modificación se debe a la enmienda 43 del Parlamento Europeo (disponible en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0044_EN.html#_section2).
35 En los apartados 40, 42 y 44 de la decisión de reenvío, así como en la formulación de las dos preguntas prejudiciales, el tribunal a quo repite, de manera insistente, que se «priva» a los pequeños productores del derecho a la servidumbre legal.
36 Acreditando en tal caso el cumplimiento de los requisitos más estrictos previstos en materia de competencia profesional. La Comisión subrayó este aspecto varias veces en la vista.
37 El tribunal de reenvío no plantea, pues, si es compatible con el artículo 8 de la Directiva 2019/944 una norma nacional que prive a los pequeños productores de la libre elección entre los procedimientos previstos en sus apartados 1 y 3. A la luz del análisis de la ratio del precepto, considero que su objetivo es brindar a los pequeños productores un procedimiento más ágil, concebido como alternativa al ordinario. No creo, en cambio, que el artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2019/944 pretenda obligarlos a acogerse al procedimiento simplificado, aun cuando, por cualquier motivo legítimo, no tengan interés en hacerlo y prefieran seguir las vías «ordinarias» de acceso al mercado.
38 En la vista, tanto el Gobierno eslovaco como la Comisión coincidieron en que la regulación de los derechos que se derivan de la autorización no se halla en el artículo 8 de la Directiva 2019/944.
39 Todo parece indicar que Haluška operó en el mercado desde 2014 y, durante varios años, actuó como productor de energía eléctrica sin disponer de los derechos de servidumbre cuya inscripción catastral solicitó en 2021.
40 Reglas que disciplinan, por ejemplo, su libre acceso a la red de distribución y transporte, así como su separación patrimonial de los gestores de las redes de transporte para evitar un riesgo de discriminación en la explotación de la red (artículos 6 y 43); o el acceso del productor a los clientes mediante el establecimiento de «líneas directas» (artículo 7). A falta de precisiones adicionales sobre la naturaleza de la obra que se pretende ejecutar en virtud de la servidumbre solicitada en el litigio a quo, no es posible valorar la eventual pertinencia de esas disposiciones.
41 Los Estados miembros «[…] no ejercerán discriminación entre aquellas [las empresas eléctricas] en cuanto a derechos y obligaciones» (artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2019/944).
42 El procedimiento que condujo a la «autorización» aquí controvertida (rectius, a la confirmación del cumplimento de la obligación de notificación) concluyó el 20 de octubre de 2014, bajo la vigencia de la Directiva 2009/72. El artículo 7 de esta Directiva era sustancialmente equivalente al actual artículo 8 de la Directiva 2019/944. En aras de simplificación, continuaré refiriéndome al artículo 8 de la Directiva 2019/944 aunque la norma aplicable ratione temporis fuera el artículo 7 de la Directiva 2009/72.
43 Véase, por analogía, la sentencia de 9 de octubre de 2008, Sabatauskas y otros (C‑239/07, EU:C:2008:551), apartado 47.
44 Véase, ex multis, la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo) (C‑205/20, EU:C:2022:168), apartado 54.
45 Citado en la nota 63 de las observaciones escritas del Gobierno eslovaco.
46 Consta igualmente en ese informe que, «al autorizar la instalación de líneas e instalaciones de la red eléctrica, la autoridad de urbanismo decidirá sobre el alcance y las posibilidades de explotación de dicha obra» y que el «titular de la autorización [está obligado a] proporcionar al propietario del inmueble una indemnización única, pero sólo por la superficie que no pueda utilizar como consecuencia de la aplicación de la servidumbre legal por parte del titular de la autorización».
47 El Gobierno eslovaco menciona, en particular, la obligación de facilitar determinada información al Ministerio de Economía o al gestor de la red de transporte, así como de permitir el acceso de las personas encargadas de funciones del Estado a los edificios en los que se lleva a cabo la actividad; de garantizar la competencia profesional de las personas que realizan tareas relacionadas con dicha actividad; y de velar por que las instalaciones cumplan los requisitos de calidad, seguridad, protección de la salud en el trabajo y protección del medio ambiente.
48 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «la exigencia relativa al carácter comparable de las situaciones […] debe apreciarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan y, en especial, a la luz del objeto y de la finalidad perseguida por el acto que establece la distinción de que se trate»: sentencia de 2 de septiembre de 2021, État belge (Derecho de residencia en caso de violencia doméstica) (C‑930/19, EU:C:2021:657), apartado 58, cursiva añadida. En el caso de autos, la distinción controvertida no la establece (directamente) la norma sobre el procedimiento de autorización (artículo 6 de la Ley sobre la energía), sino la relativa al establecimiento de las servidumbres (artículo 11 de la misma Ley). La comparabilidad de las situaciones ha de apreciarse, pues, a la luz de la finalidad propia de este último precepto.
49 Un pequeño productor sólo podría obtener una servidumbre mediante un contrato con el propietario del terreno o en el marco de un procedimiento judicial.
50 Observaciones escritas del Gobierno eslovaco, apartados 60 a 63.
51 Entre esos requisitos se halla el de la necesidad y el beneficio del interés público. A tenor del precepto, sólo se permite la inscripción catastral de una servidumbre legal «en la medida de lo necesario y en aras del interés público».
52 Según esas observaciones del Gobierno eslovaco (apartado 64), los productores que ejercen su actividad basándose en el cumplimiento de la obligación de notificación operan exclusivamente con fines lucrativos y no en interés público, ya que no desempeñan una función crítica para las infraestructuras y su producción no es esencial para la estabilidad de la red.
53 Considerando sexto y artículo 58, letra d), de la Directiva 2019/944. En la vista, el Gobierno eslovaco llegó finalmente a reconocer que, en efecto, existía un interés público en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables.
54 Apartado 43 de la decisión de reenvío.
55 Apartados 2, 39, 44 y 45 de la decisión de reenvío.