2025-06-202506C119202305090-00-TRA-DOC-ES-ARRET-C-0509-23-202505378-07

Sentencia de 19.6.2025 — Asunto C‑509/23

Laimz

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 19 de junio de 2025 ( * )

[Texto rectificado mediante auto de 29 de septiembre de 2026]

«[En su versión rectificada mediante auto de 29 de septiembre de 2026] Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo — Directiva (UE) 2015/849 — Artículo 3, punto 11, letra a) — Persona allegada de una persona del medio político — Definición — Artículo 45, apartados 1 y 8 — Entidades obligadas que forman parte de un grupo — Intercambio de información dentro de ese grupo — Aplicación de las decisiones adoptadas por otra entidad obligada que forma parte de dicho grupo — Artículo 14, apartado 5 — Seguimiento continuo con respecto al cliente que incumbe a las entidades obligadas — Artículo 11, letra d) — Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente de los proveedores de servicios de juegos de azar»

En el asunto C‑509/23,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, Letonia), mediante resolución de 7 de agosto de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2023, en el procedimiento entre

Laimz SIA

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. A. Kumin (Ponente) y la Sra. I. Ziemele, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Pikamäe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–	en nombre de Laimz SIA, por el Sr. E. Jonins, zvērināta advokāta palīgs;

–	en nombre del Gobierno letón, por las Sras. J. Davidoviča, K. Pommere e I. Romanovska, en calidad de agentes;

–	en nombre del Gobierno finlandés, por las Sras. A. Laine y M. Pere, en calidad de agentes;

–	en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. G. Goddin y los Sres. I. Naglis y G. von Rintelen, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 1, 3, puntos 9, 11, letra a), 12 y 15, 8, apartado 2, 11, letra d), 14, apartado 5, y 45, apartados 1 y 8, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (DO 2018, L 156, p. 43) (en lo sucesivo, «Directiva 2015/849»).

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Laimz SIA, proveedor de servicios de juegos de azar, y el Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija (Servicio de Inspección y Supervisión de Loterías y Juegos de Azar, Letonia; en lo sucesivo, «Servicio de Inspección y Supervisión»), en relación con una sanción pecuniaria impuesta a dicha sociedad por infracciones de las disposiciones nacionales relativas a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3	A tenor de los considerandos 1, 4, 21, 22, 30 a 33 y 35 de la Directiva 2015/849:

«(1) […] El blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen organizado siguen constituyendo problemas significativos que la Unión [Europea] debe abordar. Aparte de continuar desarrollando el planteamiento penal a escala de la Unión, la prevención específica y proporcionada del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo resulta indispensable y puede producir resultados complementarios.

[…]

(4) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se efectúan, con frecuencia, en un contexto internacional. Las medidas adoptadas únicamente en el ámbito nacional o incluso en el de la Unión, sin tener en cuenta la coordinación ni la cooperación internacionales, tendrían efectos muy limitados. Toda medida adoptada por la Unión en este ámbito debe, por tanto, ser compatible con las que se emprendan en los foros internacionales y debe ser, como mínimo, igual de rigurosa. En su actuación, la Unión debe seguir teniendo especialmente en cuenta las Recomendaciones del [Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)] y los instrumentos de otros organismos internacionales que se ocupan de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con vistas a reforzar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los oportunos actos legislativos de la Unión deben adaptarse, cuando proceda, a las Normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación adoptadas por el GAFI, en febrero de 2012 (“Recomendaciones revisadas del GAFI”).

[…]

(21) La utilización de los servicios del sector de los juegos de azar para el blanqueo del producto de actividades delictivas es motivo de preocupación. A fin de atenuar los riesgos relacionados con este sector, la presente Directiva debe imponer a los proveedores de servicios de juegos de azar que presentan mayores riesgos la obligación de aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente en cada operación de un valor igual o superior a 2 000 [euros]. Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de aplicar este umbral al cobro de ganancias, a la realización de apuestas, o a ambos, incluidos la compra y cambio de fichas de juego. Los proveedores de servicios de juegos de azar con locales físicos (por ejemplo, casinos y casas de apuestas) deben velar por que, si se aplican a la entrada de dichos locales, las medidas de diligencia debida con respecto al cliente permitan establecer una conexión con las transacciones realizadas por los clientes en esos locales. Sin embargo, en circunstancias de bajo riesgo demostrado, los Estados miembros deben poder eximir a determinados servicios de juegos de azar de algunos o de todos los requisitos de la presente Directiva. La aplicación de una exención por parte de un Estado miembro debe únicamente plantearse en circunstancias estrictamente limitadas y justificadas, y cuando los riesgos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo sean insignificantes. Estas exenciones deben ser objeto de una evaluación de riesgos específica, en la que se analice también el grado de vulnerabilidad de las transacciones de que se trate. Deben notificarse a la Comisión [Europea]. En lo que respecta a la evaluación de riesgos, los Estados miembros deben indicar la forma en que han tenido en cuenta todas las conclusiones pertinentes que puedan figurar en los informes emitidos por la Comisión en el marco de la evaluación supranacional de riesgos.

(22) El riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no es el mismo en todos los casos. En consecuencia, debe adoptarse un planteamiento holístico basado en el riesgo. Este tipo de planteamiento no constituye una opción excesivamente permisiva para los Estados miembros y las entidades obligadas. Implica tomar decisiones basadas en hechos para centrarse mejor en los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a que se enfrenta la Unión y quienes operan en ella.

[…]

(30) El riesgo en sí mismo es variable por naturaleza, y los factores que intervengan, ya sean solos o combinados, pueden aumentar o reducir el riesgo potencial planteado, influyendo de esta forma en el nivel adecuado de las medidas preventivas, como las medidas de diligencia debida con respecto al cliente. Así pues, existen circunstancias en las que conviene aplicar medidas reforzadas de diligencia debida y otras en las que puede resultar oportuno aplicar procedimientos simplificados.

(31) Hay que reconocer que determinadas situaciones presentan mayor riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Si bien debe determinarse la identidad y el perfil empresarial de todos los clientes, hay casos en que son necesarios procedimientos particularmente rigurosos de identificación del cliente y comprobación de su identidad.

(32) Lo anterior se aplica de modo particular a las relaciones con personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes, [en la Unión o a nivel internacional] […]. Dichas relaciones pueden exponer el sector financiero a riesgos considerables, en particular jurídicos y de reputación. El esfuerzo internacional para luchar contra la corrupción también justifica la necesidad de prestar una atención especial a estas personas y de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a las personas a las que se confían o se hayan confiado funciones públicas importantes, ya sea en su propio país o en el extranjero, y con respecto a los altos cargos de organizaciones internacionales.

(33) Los requisitos relativos a las personas del medio político [(en lo sucesivo, “personas del medio político”)] son de tipo preventivo y no penal, y no deben interpretarse como un estigma que equipare a las personas del medio político a las personas involucradas en actividades delictivas. Rechazar una relación profesional con una persona del medio político por el mero hecho de que se trate de una persona de ese medio es contrario a la letra y al espíritu de la presente Directiva y de las Recomendaciones revisadas del GAFI.

[…]

(35) A fin de evitar la repetición de los procedimientos de identificación de clientes, que ocasionaría retrasos e ineficacia en las transacciones, es preciso, con las garantías adecuadas, autorizar la presentación a las entidades obligadas de clientes cuya identificación se haya llevado a cabo en otro lugar. En los casos en que una entidad obligada recurra a un tercero, la responsabilidad última en los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente debe seguir recayendo sobre la entidad obligada a la que es presentado el cliente. El tercero, o la persona que ha presentado al cliente, debe asimismo seguir siendo responsable en lo que atañe a la presente Directiva, incluida la obligación de comunicar las transacciones sospechosas y conservar los registros, en la medida en que mantenga una relación con el cliente al que se aplica la presente Directiva.»

4	El artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:

«La presente Directiva tiene por objeto la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.»

5	El artículo 2, apartado 1, de la citada Directiva dispone:

«La presente Directiva se aplicará a las siguientes entidades obligadas:

[…]

3) las siguientes personas físicas o jurídicas, en el ejercicio de su actividad profesional:

[…]

f) los proveedores de servicios de juegos de azar;

[…]».

6	El artículo 3 de la misma Directiva establece:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

[…]

9) “personas del medio político”: personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, con inclusión de las siguientes:

a) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado;

b) diputados al parlamento o miembros de órganos legislativos similares;

c) miembros de órganos directivos de partidos políticos;

d) magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales;

e) miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales;

f) embajadores, encargados de negocios y alto personal militar;

g) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal;

h) directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional.

Ninguna de las funciones públicas contempladas en las letras a) a h) comprenderá funcionarios de niveles intermedios o inferiores;

[…]

11) “personas reconocidas como allegados”:

a) personas físicas de quienes sea notorio que comparten la titularidad real de una entidad jurídica u otra estructura jurídica con alguna persona del medio político, o que mantienen con ellas cualquier otro tipo de relación empresarial estrecha;

b) personas físicas que tengan la titularidad exclusiva de una entidad jurídica u otra estructura jurídica que notoriamente se haya constituido de facto en beneficio de una persona del medio político;

12) “dirección”: los directores o empleados que tengan un conocimiento suficiente de la exposición de la entidad al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como antigüedad suficiente para tomar decisiones que afecten a la exposición al riesgo, sin que sea necesaria, en todos los casos, la pertenencia al consejo de administración;

13) “relación de negocios”: relación empresarial, profesional o comercial vinculada a la actividad profesional de una entidad obligada y que, en el momento en el que se establece el contacto, se prevea que tenga una cierta duración;

14) “servicios de juegos de azar”: todo servicio que implique apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidos aquellos con un componente de habilidad como las loterías, los juegos de casino, el póquer y las apuestas, y que se preste en una ubicación física, o por cualquier medio a distancia, por medios electrónicos o mediante cualquier otra tecnología que facilite la comunicación, y a petición individual del destinatario del servicio;

15) “grupo”: un grupo de empresas compuesto por una empresa matriz, sus filiales y las entidades en las que la empresa matriz o sus filiales tengan participación, así como las empresas vinculadas entre sí por una relación en el sentido del artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO 2013, L 182, p. 19)];

[…]».

7	El artículo 8 de la Directiva 2015/849 preceptúa:

«1. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas adopten medidas adecuadas para detectar y evaluar sus riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta factores de riesgo, incluidos los relativos a clientes, países o zonas geográficas, productos, servicios, operaciones o canales de distribución. Estas medidas deberán guardar proporción con la naturaleza y el tamaño de las entidades obligadas.

2. Las evaluaciones de riesgos contempladas en el apartado 1 deberán estar documentadas, mantenerse actualizadas y ponerse a disposición de las autoridades competentes y organismos autorreguladores que corresponda. Las autoridades competentes podrán decidir que no se requieren evaluaciones de riesgos documentadas de cada una de las entidades obligadas si los riesgos específicos inherentes al sector están claros y se han comprendido.

3. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas dispongan de políticas, controles y procedimientos para atenuar y gestionar eficazmente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo detectados a escala de la Unión, de los Estados miembros y de las entidades obligadas. Estas políticas, controles y procedimientos guardarán proporción con la naturaleza y el tamaño de las entidades obligadas.

4. Las políticas, controles y procedimientos a que se refiere el apartado 3 deberán incluir, como mínimo:

a) la elaboración de políticas, controles y procedimientos internos, que comprendan modelos de prácticas de gestión de riesgos, diligencia debida con respecto al cliente, comunicación, conservación de datos, control interno, gestión del cumplimiento (incluido, cuando resulte apropiado debido al tamaño y la naturaleza de la empresa, el nombramiento de un responsable del cumplimiento a nivel de dirección) y escrutinio de los empleados;

b) cuando proceda, habida cuenta del tamaño y la naturaleza de la empresa, una función de auditoría independiente para examinar las políticas, controles y procedimientos internos a que se refiere la letra a).

5. Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que obtengan la aprobación de la dirección para las políticas y procedimientos que establezcan, y supervisarán y reforzarán, en su caso, las medidas adoptadas.»

8	A tenor del artículo 11 de dicha Directiva:

«Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas apliquen medidas de diligencia debida con respecto al cliente en las siguientes circunstancias:

a) cuando establezcan una relación de negocios;

[…]

d) en el caso de los proveedores de servicios de juegos de azar, ya sea en el momento del cobro de las ganancias y/o de la realización de las apuestas, cuando efectúen transacciones por un valor igual o superior a 2 000 [euros], ya se lleven estas a cabo en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación;

[…]

f) cuando existan dudas sobre la veracidad o la validez de los datos de identificación del cliente obtenidos con anterioridad.»

9	El artículo 13, apartados 1, 2 y 4, de la citada Directiva dispone:

«1. Las medidas de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las actuaciones siguientes:

a) la identificación del cliente y la comprobación de su identidad sobre la base de documentos, informaciones o datos obtenidos de fuentes fiables e independientes, incluidos, cuando estén disponibles, los medios de identificación electrónica, los servicios de confianza pertinentes a tenor del Reglamento (UE) n.o 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO 2014, L 257, p. 73),] o cualquier otro proceso de identificación remota o electrónica segura, que hayan regulado, reconocido, aprobado o aceptado las autoridades nacionales competentes;

b) la identificación del titular real y la adopción de medidas razonables para comprobar su identidad, de modo que la entidad obligada tenga la seguridad de que sabe quién es el titular real; asimismo, en lo que respecta a las personas jurídicas, fideicomisos (del tipo «trust»), sociedades, fundaciones e instrumentos jurídicos análogos, la adopción de medidas razonables a fin de comprender la estructura de propiedad y control del cliente. […]

c) la evaluación y, en su caso, la obtención de información sobre el propósito y la índole prevista de la relación de negocios;

d) la aplicación de medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios, en particular mediante el escrutinio de las transacciones efectuadas a lo largo de dicha relación, a fin de garantizar que se ajusten al conocimiento que la entidad obligada tenga del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos, y la adopción de medidas para garantizar que los documentos, datos o informaciones de que se disponga estén actualizados.

[…]

2. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas apliquen cada uno de los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en el apartado 1. Estas entidades obligadas podrán, no obstante, determinar el alcance de tales medidas en función del riesgo.

[…]

4. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas estén en condiciones de demostrar a las autoridades competentes o a los organismos autorreguladores que las medidas son adecuadas en vista de los riesgos detectados de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.»

10	El artículo 14, apartado 5, de la misma Directiva tiene el siguiente tenor:

«Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que no solo apliquen a todos los clientes nuevos las medidas de diligencia debida con respecto al cliente, sino también, cuando proceda, a los clientes existentes, sobre la base de análisis de riesgo, o cuando cambien las circunstancias pertinentes de un cliente o la entidad obligada tenga la obligación legal, en el transcurso del año natural correspondiente, de ponerse en contacto con el cliente a fin de revisar toda la información pertinente relativa al titular o titulares reales, o si la entidad obligada tuviera dicha obligación con arreglo a la Directiva 2011/16/UE del Consejo[, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO 2011, L 64, p. 1)].»

11	El artículo 20 de la Directiva 2015/849 establece:

«En relación con las transacciones o relaciones de negocios con personas del medio político, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas, además de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente establecidas en el artículo 13:

a) que dispongan de sistemas adecuados de gestión de riesgos, incluidos procedimientos basados en el riesgo, a fin de determinar si el cliente o el titular real del cliente pertenece al medio político;

b) que apliquen las siguientes medidas en caso de que existan relaciones de negocios con personas del medio político:

i) que obtengan la autorización de la dirección para establecer o mantener relaciones de negocios con esa categoría de personas,

ii) que adopten medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos que se emplearán en las relaciones de negocios o transacciones con esa categoría de personas,

iii) que lleven a cabo una supervisión reforzada y permanente de la relación de negocios.»

12	El artículo 23 de dicha Directiva establece que las medidas contempladas en los artículos 20 y 21 de esta se aplican también a los familiares o a las «personas reconocidas como allegados de las personas del medio político».

13	El artículo 45, apartados 1 y 8, de la citada Directiva dispone:

«1. Los Estados miembros exigirán que aquellas entidades obligadas que formen parte de un grupo apliquen en él políticas y procedimientos, inclusive políticas de protección de datos y de intercambio de información dentro del grupo, a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Dichas políticas y procedimientos se aplicarán de manera efectiva a nivel de las sucursales y las filiales en las que tengan participación mayoritaria en los Estados miembros y terceros países.

[…]

8. Los Estados miembros velarán por que se permita el intercambio de información dentro del grupo. La información sobre las sospechas de que los fondos puedan proceder de actividades delictivas o están relacionados con la financiación del terrorismo comunicada a la [unidad de inteligencia financiera (en lo sucesivo, “UIF”)] se compartirá en el seno del grupo, a menos que la UIF indique lo contrario.»

Derecho letón

La Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación Nuclear), de 17 de julio de 2008 (Latvijas Vēstnesis, 2008, n.o 116) (en lo sucesivo, «Ley de Prevención»), fue modificada a efectos de la transposición de la Directiva 2015/849.

15	El artículo 1 de esta Ley, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, dispone:

«A efectos de la presente Ley, se entenderá por:

[…]

21) grupo: un grupo de personas jurídicas o instrumentos jurídicos;

a) que comprenda una sociedad matriz y su filial, así como instrumentos en los que participe la sociedad matriz o la filial,

[…]

81) dirección: el consejo de administración, si lo hubiere, o un administrador, directivo o empleado designado específicamente por el consejo de administración, que tenga conocimientos suficientes de la exposición de la entidad obligada al riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y de la proliferación, y que ocupe una posición jerárquica suficientemente elevada para tomar decisiones que afecten a la exposición de dicha entidad a ese riesgo;

[…]

18) persona del medio político: una persona que desempeñe o haya desempeñado funciones públicas importantes en la República de Letonia, en otro Estado miembro o en un tercer país, incluidos los altos funcionarios del Estado, los jefes de una unidad administrativa del Estado (o municipio), los jefes de Gobierno, los ministros (ministros delegados o ministros delegados adjuntos, si existe tal cargo en el país de que se trate), los secretarios de Estado u otros altos funcionarios del Gobierno o de una unidad administrativa del Estado (o municipio), diputados del Parlamento o miembros de órganos legislativos similares, miembros de los órganos directivos (comités) de partidos políticos, jueces de los tribunales constitucionales, tribunales supremos u otros órganos jurisdiccionales (miembros de órganos judiciales), miembros de los órganos de administración o de dirección de las entidades fiscalizadoras superiores (auditoría), miembros de los consejos o directores de los bancos centrales, embajadores, encargados de negocios, alto personal militar, miembros de los órganos administrativos o directivos de empresas de propiedad estatal, jefes (directores, directores adjuntos) y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización internacional;

[…]

182) persona allegada de una persona del medio político: una persona física de quien sea notorio que mantiene una relación de negocios u otra relación estrecha con alguna de las personas mencionadas en el punto 18 del presente artículo […]».

16	El artículo 3 de la citada Ley, titulado «Ámbito de aplicación de la Ley», establece en sus apartados 1 a 21:

«1. Se entenderá por entidades sujetas a la presente Ley las personas que ejerzan una actividad comercial o profesional:

[…]

7) organizadores de loterías y juegos de azar;

[…]

2. Las entidades obligadas que formen parte de un grupo aplicarán políticas y procedimientos a nivel de grupo, incluidas las políticas de tratamiento de datos de las personas físicas y las políticas y los procedimientos relativos al intercambio de información dentro del grupo a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación. Dichas políticas y procedimientos a nivel de grupo se aplicarán también de manera efectiva a nivel de las sucursales y las filiales en las que tengan participación mayoritaria en los Estados miembros y terceros países.

21) Las entidades obligadas que formen parte de un grupo garantizarán, en el ámbito del grupo, que las entidades estructurales encargadas de las funciones de cumplimiento, auditoría o lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación tengan acceso a la información necesaria para el desempeño de dichas funciones procedente de las sucursales y filiales, incluida la información sobre clientes, cuentas y pagos.»

17	El artículo 10 de la misma Ley, titulado «Designación de los empleados encargados del cumplimiento de los requisitos de la presente Ley», establece en su apartado 1:

«Las entidades obligadas personas jurídicas designarán a uno o varios empleados (personas encargadas del cumplimiento de los requisitos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de la proliferación), en particular entre los miembros de la dirección, que estarán facultados para tomar decisiones y que se encargarán directamente del cumplimiento de los requisitos de la presente Ley y del intercambio de información con la autoridad de supervisión y control competente […]».

18	El artículo 11 de la Ley de Prevención, titulado «Obligación de diligencia debida con respecto al cliente», establece en su apartado 1:

«La entidad obligada adoptará medidas de diligencia debida con respecto al cliente:

1) antes de que se establezca una relación de negocios;

[…]

4) cuando la entidad obligada que organiza loterías y juegos de azar realiza una transacción con un cliente por un valor igual o superior a 2 000 euros, incluso si el cliente gana, adquiere medios de participación en el juego o billetes de lotería, o cambia divisas extranjeras a tal fin, tanto si esta transacción se lleva a cabo en una sola operación o en varias operaciones vinculadas entre sí;

[…]».

19	El artículo 111 de dicha Ley, titulado «Medidas de diligencia debida con respecto al cliente y factores de riesgo», dispone en sus apartados 1, 2, 6 y 7:

«1. Las medidas de diligencia debida con respecto al cliente constituyen un conjunto de acciones basadas en la evaluación del riesgo, en las que la entidad obligada:

1) identificará al cliente y verificará los datos de identificación obtenidos;

[…]

5) garantizará que los documentos, los datos personales y la información obtenidos en el curso de las obligaciones de diligencia debida con respecto al cliente se conservan, se evalúan periódicamente y se actualizan en función de los riesgos inherentes [al cliente], con una frecuencia no inferior a cinco años.

2. Al determinar el alcance y el procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente, así como la regularidad del examen de los documentos, los datos personales y la información obtenida en el marco de la diligencia debida con respecto al cliente, la entidad obligada tendrá en cuenta los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de la proliferación relacionados con el cliente, su país de residencia (establecimiento), la actividad económica o personal del cliente, los servicios y productos utilizados y sus cadenas de suministro, así como las transacciones realizadas.

[…]

6. Al establecer una relación de negocios, la entidad obligada obtendrá y documentará, sobre la base de una evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y de la proliferación, información sobre el propósito y la índole prevista de la relación de negocios, incluidos los servicios que el cliente se propone utilizar, el número y el volumen de las transacciones previstas, el tipo de actividad económica o personal del cliente en el marco de la cual el cliente utilizará los servicios y, en su caso, el origen de los fondos del cliente y el origen de los activos que caracterizan la situación financiera del cliente.

7. La entidad obligada aplicará medidas de diligencia debida con respecto al cliente no solo al establecer una relación de negocios, sino también a lo largo de esa relación (incluso para los clientes existentes), con arreglo a un planteamiento basado en el riesgo […]».

20	El artículo 25 de la citada Ley, titulado «Relaciones de negocios con una persona del medio político, un familiar de una persona del medio político o un allegado de una persona del medio político», establece en su apartado 2:

«El sistema de control interno de la entidad obligada, basado en una evaluación de riesgos, garantizará la posibilidad de constatar que un cliente que no sea una persona del medio político o un familiar de una persona del medio político o un allegado de una persona del medio político en el momento de establecer una relación de negocios se convierta en tal persona tras el establecimiento de la relación de negocios.»

21	El artículo 29 de la misma Ley, titulado «Reconocimiento y aceptación de los resultados de una investigación respecto de los clientes», establece en su apartado 1:

«Las entidades financieras y de crédito podrán reconocer y aceptar los resultados de una investigación respecto de los clientes en relación con el cumplimiento de las medidas establecidas en el artículo 111, apartado 1, puntos 1 a 3, de la presente Ley, realizada por entidades financieras y de crédito de los Estados miembros o de terceros países, siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes […]».

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

Laimz es una sociedad establecida en Letonia cuya actividad comercial consiste en organizar juegos de azar. El 100 % del capital social de esta sociedad pertenece a Optibet SIA, también una sociedad de responsabilidad limitada establecida en Letonia, cuya actividad comercial consiste asimismo en organizar juegos de azar. Ambas sociedades forman parte del grupo Enlabs AB, establecido en Suecia. De la resolución de remisión se desprende que Laimz tiene la condición de entidad obligada en el sentido de la Ley de Prevención, que tiene por objeto transponer la Directiva 2015/849.

El 2 de marzo de 2020, Optibet, que había suscrito un contrato con una sociedad para que esta le facilitara datos publicados y accesibles al público relativos a la evaluación y la gestión de riesgos a la luz de los requisitos de la Ley de Prevención, celebró un acuerdo con Laimz en virtud del cual se comprometía a comunicarle esos mismos datos, con el fin de garantizar el uso más eficiente de los recursos y el cumplimiento uniforme de los requisitos de dicha Ley en las sociedades del grupo.

24	El 23 de agosto de 2021, Laimz comenzó a prestar servicios de juegos de azar interactivos a un cliente que anteriormente había sido cliente de Optibet (en lo sucesivo, «cliente de que se trata en el litigio principal»).

El 31 de enero de 2022, Laimz adoptó medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a dicho cliente, solicitándole información adicional, basándose en sus hábitos de juego y en los importes de sus apuestas, así como en los datos facilitados por Optibet sobre él cuando era su cliente. En este contexto, Laimz también aplicó una decisión de 27 de marzo de 2020 adoptada por un miembro de la dirección de Optibet, relativa al mantenimiento de las relaciones con el cliente.

Durante los meses de febrero y marzo de 2022, el Servicio de Inspección y Supervisión llevó a cabo una inspección a la sociedad Laimz. En el informe elaborado al término de esta inspección, dicha institución señaló que, en 2020, 2021 y 2022, Laimz no había identificado ninguna relación de negocios con personas allegadas a personas del medio político y que, por lo que se refiere al cliente de que se trata en el litigio principal, no había llevado a cabo ninguna investigación respecto de él después de que se hubiera alcanzado el umbral de 2 000 euros el 26 de agosto de 2021 para solicitarle información sobre las fuentes de sus ingresos, su importe y el presupuesto de juego previsto, ni para determinar su condición de persona allegada de una persona del medio político y para comprobar la información en las bases de datos accesibles al público con el fin de identificar factores de riesgo adicionales.

Mediante una resolución de 15 de junio de 2022, el Servicio de Inspección y Supervisión impuso a Laimz una multa de 52 263,90 euros, correspondiente al 5 % de su volumen de negocios neto durante el año 2020, debido a que dicha sociedad no había implementado correctamente el sistema de control interno de la clientela ni había investigado a los clientes. Consideró que la citada sociedad debería haber llevado a cabo de manera autónoma e independiente la evaluación del cliente de que se trata en el litigio principal y no basarse en una evaluación realizada por otra sociedad, en este caso Optibet. El Servicio de Inspección y Supervisión señaló también el hecho de que se consideraba que el cliente era persona allegada de una persona del medio político, ya que ejercía, al mismo tiempo que esa persona del medio político, las funciones de miembro del órgano ejecutivo de una asociación.

El 18 de julio de 2022, Laimz recurrió dicha resolución ante la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, Letonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. En apoyo de su recurso, Laimz alegó que tenía derecho a utilizar la información recibida de Optibet en virtud del acuerdo de 2 de marzo de 2020, mencionado en el apartado 23 de la presente sentencia, y las decisiones adoptadas por la dirección de Optibet y a aplicarlas a su propia relación de negocios con el cliente de que se trata en el litigio principal.

29	Además, Laimz reprochó al Servicio de Inspección y Supervisión que, para concluir que este cliente era persona allegada de una persona del medio político, se había limitado a basarse en que ambas personas pertenecían a una misma asociación, sin llevar a cabo una apreciación individual y detallada.

Por su parte, el Servicio de Inspección y Supervisión señaló que la Ley de Prevención no prevé que los datos de los clientes se compartan con otra sociedad, lo que eximiría al destinatario de la información en cuestión del cumplimiento de sus obligaciones legales. Además, subrayó que, cuando el cliente de que se trata en el litigio principal entabló una relación de negocios con Laimz, este puso fin a su relación comercial con Optibet, de modo que Laimz ya no podía utilizar la información obtenida por Optibet.

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el alcance del concepto de «personas reconocidas como allegados» de una persona del medio político que figura en el artículo 3, punto 11, de la Directiva 2015/849 en el caso de que aquella persona y la persona del medio político pertenezcan ambas al órgano ejecutivo de una misma asociación. Además, considera que es necesario aclarar la posibilidad de que sociedades pertenecientes a un mismo grupo compartan información a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida, así como la cuestión de si el artículo 45, apartados 1 y 8, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 3, puntos 12 y 15, de dicha Directiva, permite utilizar la información procedente de otra sociedad del grupo y que se apliquen a varias sociedades del grupo las decisiones adoptadas por un miembro de la dirección de esa otra sociedad. Por último, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la obligación de la entidad obligada de aplicar las medidas de diligencia debida con respecto a los clientes existentes en caso de que no pueda identificarse ningún cambio de las circunstancias pertinentes, a diferencia del supuesto que fue objeto del asunto en el que recayó la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner (C‑562/20, EU:C:2022:883).

32	En estas circunstancias, la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, punto 11, letra a), de la Directiva 2015/849 en el sentido de que un particular puede ser considerado allegado de una persona del medio político por el mero hecho de que dichas personas formen parte de una misma asociación, sin valorar ninguna otra circunstancia?

2) ¿Debe interpretarse el [artículo 3, punto 9,] de la Directiva 2015/849 en el sentido de que, para determinar si una persona tiene la condición de persona del medio político, es necesario determinar si esa persona ocupa un puesto de los mencionados en dicho artículo y, además, realizar una investigación y comprobar que se trate de un puesto de alto nivel y no de un puesto de nivel intermedio o inferior?

3) ¿Debe interpretarse el artículo 45, apartado 1, de la Directiva 2015/849, en relación con el apartado 8 de ese mismo artículo, en el sentido de que los Estados miembros deben permitir a las entidades obligadas mencionadas en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2015/849, que se consideren sociedades de un mismo grupo, intercambiar información entre sí, incluso mediante la celebración de acuerdos de intercambio de información y garantizando la circulación recíproca de la información y la posibilidad de hacerla valer mutuamente, a fin de alcanzar los objetivos de la Directiva 2015/849?

4) ¿Permite también el artículo 45, apartados 1 y 8, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 3, puntos 12 y 15, de esa misma Directiva, utilizar tales informaciones, o decisiones, y hacerlas valer en varias empresas pertenecientes a un mismo grupo, decisiones adoptadas, en el marco del grupo, por la dirección de una empresa perteneciente al grupo?

5) ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 8, apartado 2, de esta, en el sentido de que las entidades obligadas no tienen la obligación de aplicar medidas de diligencia debida con respecto a los clientes comerciales ya existentes si no ha trascurrido el plazo establecido en la legislación nacional ni el plazo impuesto por los procedimientos del sistema de control interno para aplicar nuevamente medidas de diligencia debida y la entidad obligada no tiene conocimiento de nuevas circunstancias que podrían afectar a la evaluación del riesgo efectuada en relación con el cliente de que se trate?

6) ¿Debe interpretarse la obligación impuesta por el artículo 11, letra d), de la Directiva 2015/849 a las entidades obligadas, de aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente cuando, ya sea en el momento del cobro de las ganancias y/o de la realización de las apuestas, la transacción tenga en total un valor igual o superior a 2 000 euros, ya se lleve esta a cabo en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, en el sentido de que deben aplicarse tales medidas cada vez que el importe total de la transacción alcance los 2 000 euros, con independencia del intervalo de tiempo en el que se alcance nuevamente el importe de 2 000 euros establecido en dicha disposición?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, punto 11, letra a), de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que una persona física puede ser considerada persona allegada de una persona del medio político por el mero hecho de que esas dos personas sean miembros de una misma asociación.

Con carácter preliminar, ha de recordarse que la Directiva 2015/849 tiene como objetivo principal, como se desprende de su título y de su artículo 1, apartados 1 y 2, la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (sentencia de 5 de diciembre de 2024, MISTRAL TRANS, C‑3/24, EU:C:2024:999, apartado 25 y jurisprudencia citada).

Más concretamente, las disposiciones de la Directiva 2015/849, que tienen un carácter preventivo, pretenden establecer, conforme a un planteamiento basado en el riesgo, un conjunto de medidas preventivas y disuasorias para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a fin de evitar, como resulta del considerando 1 de dicha Directiva, que flujos de dinero ilícito puedan dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero de la Unión y poner en peligro su mercado interior y el desarrollo internacional (sentencia de 5 de diciembre de 2024, MISTRAL TRANS, C‑3/24, EU:C:2024:999, apartado 26 y jurisprudencia citada).

De los artículos 6 a 8 de la Directiva 2015/849 se desprende que el planteamiento basado en el riesgo presupone una evaluación de tales riesgos que, en el marco del sistema establecido por dicha Directiva, se realiza en tres niveles, a saber, en primer lugar, a nivel de la Unión, por la Comisión, a continuación, a nivel de cada Estado miembro y, por último, a nivel de las entidades obligadas. Como se desprende del considerando 30 de dicha Directiva, esta evaluación de riesgos condiciona, en particular, la adopción por esas entidades de medidas adecuadas de diligencia debida con respecto al cliente en cuestión. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en defecto de esta apreciación, no es posible que el Estado miembro de que se trate o, en su caso, las citadas entidades decidan en cada caso qué medidas aplicar (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, apartado 35 y jurisprudencia citada).

A este respecto, el artículo 20 de la Directiva 2015/849 establece, por lo que respecta a las transacciones o relaciones de negocios con personas del medio político, las obligaciones que las entidades obligadas deben cumplir, además de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente, establecidas en el artículo 13, apartado 1, de dicha Directiva, que deben aplicar. Más concretamente, esta disposición obliga a las entidades obligadas a identificar al cliente y a comprobar su identidad, a identificar al titular real, a evaluar la relación de negocios prevista y a obtener información sobre su propósito e índole, así como a realizar un seguimiento continuo de dicha relación de negocios. En cuanto al citado artículo 20, este obliga a los Estados miembros a exigir a las entidades obligadas, en particular, que dispongan de sistemas adecuados de gestión de riesgos, incluidos procedimientos basados en el riesgo, a fin de determinar si el cliente o el titular real del cliente puede tener la consideración de persona del medio político. A este respecto, procede recordar que los considerandos 31 y 32 de la referida Directiva precisan que determinadas situaciones presentan mayor riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, en particular cuando se establecen relaciones con personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas importantes.

38	Además, en virtud del artículo 23 de la Directiva 2015/849, las entidades obligadas deben ampliar estos sistemas de gestión de riesgos a la identificación de los familiares y de las personas reconocidas como «allegados» de las personas del medio político.

A este respecto, el artículo 3, punto 11, letra a), de la Directiva 2015/849 define a las «personas reconocidas como allegados» como las «personas físicas de quienes sea notorio que comparten la titularidad real de una entidad jurídica u otra estructura jurídica con alguna persona del medio político», o que mantienen «con ellas cualquier otro tipo de relación empresarial estrecha».

Para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, sino también su contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de la que forma parte [sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas), C‑416/23, EU:C:2025:3, apartado 24 y jurisprudencia citada].

Por lo que respecta, de entrada, al tenor del artículo 3, punto 11, letra a), de la Directiva 2015/849, de la resolución de remisión se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta más concretamente sobre los términos «relación empresarial estrecha», habida cuenta de la participación de un cliente y de una persona del medio político en el órgano ejecutivo de una misma asociación.

A este respecto, cabe señalar que el artículo 3, punto 13, de la Directiva 2015/849 define el término «relación de negocios», cuando se aplica a una entidad obligada, como una relación empresarial, profesional o comercial vinculada a la actividad profesional de una entidad obligada y que, en el momento en el que se establece el contacto, se prevea que tenga una cierta duración. Además, si bien esta Directiva no define cómo debe apreciarse el carácter estrecho de dicha relación, tal precisión indica que la mera constatación de la existencia de una relación empresarial no es suficiente y que debe ponerse de manifiesto que esta también reviste importancia particular.

Pues bien, cuando una persona y una persona del medio político forman parte del órgano ejecutivo de una misma asociación, mantienen a priori una relación en un contexto profesional, por lo que no puede excluirse que esas funciones puedan constituir una «relación empresarial estrecha» entre esa persona y la persona del medio político en el sentido del artículo 3, punto 11, letra a), de la Directiva 2015/849 ni que permitan establecerla de otro modo. Además, en tal situación, tampoco puede excluirse que esa persona pueda ser considerada titular real de una entidad jurídica o de un instrumento jurídico junto con una persona del medio político en el sentido de dicha disposición. Sin embargo, apreciaciones como las señaladas no pueden depender de la mera pertenencia de esas dos personas al órgano ejecutivo de una misma asociación, sino que deben basarse en un análisis de las circunstancias concurrentes.

En estas circunstancias, del tenor del artículo 3, punto 11, letra a), de la Directiva 2015/849 puede deducirse que una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que una persona y la persona del medio político son miembros del órgano ejecutivo de una misma asociación, no excluye, a priori, que se considere que aquella persona es allegada de la persona del medio político en el sentido de dicha disposición.

45	Este análisis textual se ve corroborado por el contexto en el que se inscribe la mencionada disposición y por los objetivos perseguidos por la Directiva 2015/849.

En efecto, como se ha señalado en el apartado 38 de la presente sentencia, el artículo 23 de la Directiva 2015/849 establece, en particular, que las medidas contempladas en el artículo 20 de esta Directiva son aplicables a las personas reconocidas como allegados de las personas del medio político, pero también a los familiares de las personas del medio político. De ello se desprende que el legislador de la Unión quiso, por tanto, ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2015/849 al mayor número posible de personas del entorno de las personas del medio político.

No obstante, también procede recordar que, según el considerando 1 de la Directiva 2015/849, aparte de continuar desarrollando el planteamiento penal a escala de la Unión, la prevención específica y proporcionada de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo resulta indispensable y puede producir resultados complementarios.

En este contexto, en virtud del artículo 8, apartado 3, de dicha Directiva, que establece que las políticas, controles y procedimientos de las entidades obligadas para atenuar y gestionar eficazmente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo deben ser proporcionales a la naturaleza y el tamaño de las entidades obligadas, los procedimientos basados en los factores de riesgo mencionados en el artículo 20 de la citada Directiva deben ser proporcionados a la naturaleza y al tamaño de las entidades obligadas, lo que confiere a estas cierto margen de apreciación para diseñar procedimientos adaptados a los riesgos derivados de su actividad. Si bien un planteamiento basado en el riesgo permite, pues, cierta flexibilidad, no constituye, como enuncia el considerando 22 de la misma Directiva, una opción excesivamente permisiva para los Estados miembros y las entidades obligadas e implica tomar decisiones basadas en hechos.

Además, del considerando 33 de la Directiva 2015/849 se desprende que los requisitos relativos a las personas del medio político tienen carácter preventivo y no penal y no deben interpretarse como un estigma que equipare a las personas del medio político a personas involucradas en actividades delictivas. Según ese considerando, rechazar una relación profesional con una persona del medio político por el mero hecho de que se trate de una persona de ese medio es contrario a la letra y al espíritu de dicha Directiva y a las Recomendaciones del GAFI.

Por consiguiente, las entidades obligadas, aplicando un planteamiento basado en el riesgo, están obligadas, para apreciar la existencia de una relación empresarial estrecha entre una persona y una persona del medio político, a tener en cuenta no solo la naturaleza de la relación entre el cliente de que se trate y la persona del medio político, para determinar si existe el riesgo de que dicha relación se utilice para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación, sino también los objetivos perseguidos, de modo que es necesaria una evaluación individual de cada caso para cumplir los requisitos de la Directiva 2015/849.

La interpretación contraria tendría como consecuencia que las obligaciones adicionales previstas por la Directiva 2015/849 deberían aplicarse a un gran número de situaciones en las que se pondría en peligro su carácter proporcional a la luz de los objetivos perseguidos por dicha Directiva —a saber, la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, tal y como se establece en el artículo 1, apartado 1, de la citada Directiva— y, además, plantearía problemas prácticos por lo que respecta al acceso a los datos de las personas afectadas.

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, punto 11, letra a), de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que una persona física no puede ser considerada persona allegada de una persona del medio político por el mero hecho de que esas dos personas sean miembros del órgano ejecutivo de una misma asociación, pero esa situación constituye, no obstante, una circunstancia pertinente que debe tenerse en cuenta en el contexto de esa apreciación.

Segunda cuestión prejudicial

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, punto 9, de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si una persona tiene la condición de persona del medio político, basta con acreditar que esa persona ocupa un puesto de los mencionados en el artículo 3, punto 9, letras a) a h), o si es preciso además comprobar, sobre la base de una apreciación de los hechos, que se trata de un puesto de alto nivel y no de un puesto de nivel intermedio o inferior.

A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha destacado reiteradamente que el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre él y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir, y que la justificación de la remisión prejudicial no radica en la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino en su necesidad para la solución efectiva de un litigio [sentencia de 7 de noviembre de 2024, Adusbef (Puente Morandi), C‑683/22, EU:C:2024:936, apartado 38 y jurisprudencia citada].

Como se desprende de los propios términos del artículo 267 TFUE, la decisión prejudicial solicitada debe ser «necesaria» para que el órgano jurisdiccional remitente pueda «emitir su fallo» en el asunto de que conoce [sentencia de 7 de noviembre de 2024, Adusbef (Puente Morandi), C‑683/22, EU:C:2024:936, apartado 39 y jurisprudencia citada].

En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente no proporciona ninguna información sobre la naturaleza exacta de las funciones ejercidas, en su vida profesional, por la persona que se presume que es una persona del medio político en el litigio principal. Además, el Servicio de Inspección y Supervisión considera que el cliente de que se trata en el litigio principal es una persona allegada de esa persona del medio político, sin que el propio cliente sea una persona del medio político.

Por último, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende en modo alguno que las partes del litigio principal cuestionen la condición de persona del medio político de la persona de la que ese cliente podría ser persona allegada. La impugnación planteada por Laimz versa sobre la interpretación del concepto de «persona allegada de una persona del medio político» dada por el Servicio de Inspección y Supervisión, que es objeto de la primera cuestión prejudicial.

58	En estas circunstancias, con arreglo a la jurisprudencia mencionada en los apartados 54 y 55 de la presente sentencia, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda cuestión prejudicial.

Tercera cuestión prejudicial

Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 45, apartados 1 y 8, de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a permitir que las entidades obligadas contempladas en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva que forman parte de un mismo grupo, en el sentido del artículo 3, punto 15, de la citada Directiva, compartan información entre sí, incluso mediante la celebración de acuerdos de intercambio de información y garantizando la circulación recíproca de dicha información para alcanzar los objetivos de la Directiva 2015/849.

A este respecto, procede recordar que el artículo 45, apartado 1, de esta Directiva obliga a los Estados miembros a exigir a las entidades obligadas que formen parte de un grupo que apliquen en él políticas y procedimientos, inclusive políticas de protección de datos y de intercambio de información dentro del grupo, a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Según esta misma disposición, dichas políticas y procedimientos se han de aplicar de manera efectiva a nivel de las sucursales y las filiales en las que tengan participación mayoritaria en los Estados miembros y terceros países. Procede añadir que esta disposición persigue, pues, el objetivo, enunciado en el considerando 35 de la citada Directiva, de evitar la repetición de los procedimientos de identificación de clientes.

Además, el artículo 45, apartado 8, de dicha Directiva añade que los Estados miembros «velarán por que se permita el intercambio de información dentro del grupo» y precisa que la información sobre las sospechas de que los fondos proceden de actividades delictivas o están relacionados con la financiación del terrorismo comunicada a la UIF debe compartirse dentro del grupo, a menos que la UIF indique lo contrario.

En el presente asunto, por un lado, consta que Laimz y Optibet son entidades obligadas, en la medida en que son proveedores de servicios de juegos de azar, en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 3, letra f), de la Directiva 2015/849. Por otro lado, Laimz y Optibet, de la que Laimz obtuvo información, forman parte de un grupo, en el sentido del artículo 3, punto 15, de dicha Directiva. Por consiguiente, la relación entre estas dos sociedades, incluida la cooperación para cumplir los requisitos establecidos en la citada Directiva, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 45, apartados 1 y 8, de la citada Directiva.

Por lo tanto, dado que el tenor del artículo 45, apartados 1 y 8, carece de ambigüedad, de ello resulta que los Estados miembros están obligados a permitir que las entidades obligadas que forman parte de un mismo grupo compartan información para alcanzar los objetivos perseguidos por la Directiva 2015/849. En cambio, esta disposición no exige que tal intercambio de información sea objeto de la celebración de acuerdos de intercambio de información para garantizar la comunicación recíproca dentro del grupo y la accesibilidad a dicha información.

No obstante, como también señala la Comisión, debe tenerse en cuenta que la consecución de los objetivos de la Directiva 2015/849 exige, en principio, un planteamiento individualizado para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así, cuando resulte que la información compartida dentro del grupo no es suficiente para que la entidad obligada pueda ejercer la diligencia debida con respecto a su cliente, en particular porque los servicios y los productos individuales que ofrece son diferentes de los ofrecidos por otra entidad de ese mismo grupo, la entidad obligada en cuestión deberá proceder a un examen individual. Aun cuando los servicios y los productos en cuestión fueran idénticos y la información suficiente, es preciso señalar que el artículo 45, apartados 1 y 8, de dicha Directiva no regula las medidas que deben adoptar las entidades obligadas sobre la base de la información transmitida dentro del grupo y, por tanto, no exime a esas entidades del cumplimiento de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo previstas en dicha Directiva. Esta interpretación se ve corroborada por el artículo 13, apartados 2 y 4, de la Directiva 2015/849, que precisa que las citadas entidades determinan el alcance de las medidas de diligencia debida que apliquen con respecto a sus clientes en función del riesgo.

Así pues, cabe señalar asimismo que el artículo 45 de la Directiva 2015/849 no puede interpretarse en el sentido de que permite la utilización automática, por una entidad obligada, de la información sobre diligencia debida con respecto al cliente, sin que ella misma haya llevado a cabo su propia evaluación de los riesgos y de las medidas de diligencia debida que deban adoptarse. En cambio, habida cuenta de las obligaciones de diligencia debida que incumben a una entidad obligada en virtud de dicha Directiva, es necesario que, cuando reciba información que pueda justificar, en una valoración inicial, la adopción de medidas de diligencia debida, efectúe lo antes posible las comprobaciones necesarias.

Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 45, apartados 1 y 8, de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a permitir que las entidades obligadas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, que forman parte de un mismo grupo en el sentido del artículo 3, punto 15, de la citada Directiva, compartan información entre sí. No obstante, tal intercambio de información no exime a la entidad obligada en cuestión de su responsabilidad de ejercer su deber de diligencia debida con respecto al cliente.

Cuarta cuestión prejudicial

Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 45, apartados 1 y 8, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 3, puntos 12 y 15, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que permite a una empresa que forma parte de un grupo aplicar automáticamente una decisión adoptada por una persona que ocupa un puesto en la dirección de otra empresa del mismo grupo y relativa a las medidas de diligencia debida con respecto a uno de los clientes de esta otra empresa, sin llevar a cabo su propia evaluación de los riesgos y de las medidas de diligencia debida que deban adoptarse.

Con carácter preliminar, procede señalar que el artículo 45, apartado 1, de dicha Directiva no precisa la naturaleza de la información que puede ser intercambiada y posteriormente utilizada por la entidad obligada destinataria. Habida cuenta del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en cuestión y de la referencia a los objetivos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, solo puede tratarse de información pertinente para que se cumplan los requisitos impuestos por la mencionada Directiva a las entidades obligadas.

En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que la decisión en cuestión se adoptó por una empresa que forma parte de un grupo, en el contexto de la obligación de diligencia debida de la empresa con respecto a un cliente determinado. Por lo tanto, parece que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de dicho artículo 45, apartado 1.

En cuanto a la cuestión de si esta decisión puede ser utilizada por otra empresa de ese grupo, procede recordar que, como se desprende de la respuesta a la tercera cuestión prejudicial, si bien el intercambio de información entre las entidades obligadas de un grupo facilita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 2015/849 en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el artículo 45, apartados 1 y 8, de dicha Directiva no exime a cada entidad obligada de su responsabilidad individual por lo que respecta al cumplimiento de tales requisitos. Pues bien, tal interpretación no puede descartarse cuando la información transmitida constituye una decisión adoptada por una persona que ocupa un puesto en la dirección de otra empresa del mismo grupo con respecto a uno de los clientes de esta empresa. Esta interpretación se ve corroborada por el artículo 8, apartado 5, de la referida Directiva 2015/849, que dispone que los Estados miembros deben exigir a las entidades obligadas que obtengan la aprobación de un miembro de su propia dirección para las políticas, controles y procedimientos que establezcan.

Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 45, apartados 1 y 8, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 3, puntos 12 y 15, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una entidad obligada que forma parte de un grupo aplique de manera automática una decisión adoptada por una persona que ocupa un puesto en la dirección de otra empresa del mismo grupo en el marco de su obligación de diligencia debida y relativa a las medidas de diligencia debida con respecto a uno de los clientes de esta última empresa, sin llevar a cabo su propia evaluación de riesgos y de las medidas de diligencia debida que tengan que adoptarse.

Quinta cuestión prejudicial

Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 8, apartado 2, de esta, debe interpretarse en el sentido de que una entidad obligada no tiene obligación de aplicar medidas de diligencia debida con respecto a los clientes existentes mientras no hayan expirado el plazo previsto por la normativa nacional y el plazo previsto por los procedimientos de control interno para adoptar nuevas medidas de control y mientras la entidad obligada en cuestión no haya tenido conocimiento de otras circunstancias nuevas que puedan incidir en la evaluación de los riesgos relacionados con el cliente de que se trate.

A este respecto, del tenor del artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849 se desprende que las entidades obligadas deben aplicar, sobre la base de un planteamiento basado en los riesgos, medidas de diligencia debida no solo con respecto a los nuevos clientes, sino también, cuando el momento resulte apropiado, con respecto a los clientes existentes. Esta disposición precisa que uno de esos posibles momentos apropiados es aquel en el que cambien las circunstancias pertinentes del cliente de que se trate. Además, la citada disposición no limita esa obligación que incumbe a las entidades obligadas únicamente a los clientes a los que se haya atribuido un alto nivel de riesgo (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, apartado 83).

Asimismo, a tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2015/849, las entidades obligadas deben, en particular, mantener actualizadas las evaluaciones de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo a los que estén expuestas (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, apartado 84).

A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 8, apartado 2, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que las entidades obligadas han de adoptar, sobre la base de una evaluación de los riesgos actualizada, medidas de diligencia debida, en su caso reforzadas, con respecto a un cliente existente, cuando ello resulte adecuado, en particular si se produce un cambio de las circunstancias pertinentes de su situación (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, apartado 91).

Además, procede señalar que el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849 garantiza la consecución del objetivo principal de esta, a saber, la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. El objetivo de aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente a los clientes existentes es, por tanto, mitigar los riesgos nuevos o diferentes vinculados al cliente y a la relación de negocios en cuestión. Por consiguiente, si la entidad obligada no tiene conocimiento de cambios en los factores relevantes de la situación del cliente de que se trate y si no han expirado los plazos para la adopción de nuevas medidas de diligencia debida, no existe ninguna obligación ni tampoco motivos para aplicarlas. No sucede lo mismo cuando la falta de identificación de tales cambios se debe a deficiencias en el seguimiento continuo permanente previsto en el artículo 13, apartado 1, letra d), de la Directiva 2015/849, que debe realizar la entidad obligada.

De lo anterior resulta que procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 8, apartado 2, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que una entidad obligada no está obligada a aplicar medidas de diligencia debida con respecto a los clientes existentes mientras no hayan expirado el plazo previsto por la legislación nacional y el previsto por los procedimientos de control interno para adoptar nuevas medidas de control y mientras la entidad obligada en cuestión no haya tenido conocimiento de otras circunstancias nuevas que puedan incidir en la evaluación de los riesgos relacionados con el cliente de que se trate, siempre que la falta de identificación de estas circunstancias no se deba a deficiencias en el seguimiento continuo permanente previsto en el artículo 13, apartado 1, letra d), de la Directiva 2015/849, que debe realizar dicha entidad.

Sexta cuestión prejudicial

Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 11, letra d), de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que la obligación impuesta a las entidades obligadas, proveedoras de servicios de juegos de azar, de aplicar medidas de diligencia debida con respecto a sus clientes, ya sea en el momento del cobro de las ganancias o de la realización de las apuestas, cuando el importe de la transacción sea igual o superior a 2 000 euros, con independencia de que esta transacción se ejecute en una o varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, debe aplicarse cada vez que la transacción en cuestión alcance el importe de 2 000 euros.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 11, letra a), de la Directiva 2015/849 dispone que, cuando se establezca una relación de negocios, se aplican medidas de diligencia debida con respecto al cliente, precisándose que una relación de negocios, en el sentido de dicha Directiva, se prevé que tendrá, de conformidad con su artículo 3, punto 13, «una cierta duración».

Por su parte, el artículo 11, letra d), de la Directiva 2015/849, que se refiere al caso específico de los proveedores de servicios de juegos de azar, les obliga a aplicar medidas de diligencia debida con respecto a sus clientes, ya sea en el momento del cobro de las ganancias o de la realización de las apuestas, cuando efectúen una transacción por un importe igual o superior a 2 000 euros, con independencia de que esta transacción se ejecute en una o varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.

81	Así pues, el tenor de esta disposición no supedita la aplicación de esta obligación a que la transacción en cuestión se produzca en un plazo determinado en relación con una transacción anterior que también cumpla esos requisitos.

Además, dicha disposición debe interpretarse a la luz del considerando 21 de la Directiva 2015/849, que precisa que la utilización del sector de los juegos de azar para blanquear el producto de actividades delictivas es motivo de preocupación y que, con el fin de atenuar los riesgos vinculados a este sector, la referida Directiva debe obligar a los proveedores de servicios de juegos de azar que presentan mayores riesgos a aplicar medidas de diligencia debida con respecto al cliente para cada transacción de un importe igual o superior a 2 000 euros.

De lo anterior resulta que el artículo 11, letra d), de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que la obligación impuesta a las entidades obligadas, proveedoras de servicios de juegos de azar, de aplicar medidas de diligencia debida con respecto a sus clientes, ya sea en el momento del cobro de las ganancias o de la realización de las apuestas, cuando el importe de la transacción sea igual o superior a 2 000 euros, con independencia de que esta transacción se ejecute en una o varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, debe aplicarse cada vez que la transacción en cuestión alcance el importe de 2 000 euros.

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la sexta cuestión prejudicial que el artículo 11, letra d), de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que exige a las entidades obligadas que apliquen medidas de diligencia debida con respecto a sus clientes, ya sea en el momento del cobro de las ganancias o de la realización de las apuestas, cada vez que el importe de la transacción en cuestión sea igual o superior a 2 000 euros, con independencia de que esta transacción se lleve a cabo en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación.

Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

El artículo 3, punto 11, letra a), de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,