I.

Introducción

1.

¿Puede considerarse que un solicitante de protección internacional, miembro de una familia implicada en una vendetta  ( 2 ) en su país de origen, está expuesto a un acto de persecución por su pertenencia a un «determinado grupo social», en el sentido de los artículos 2, letra d), y 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, de la Directiva 2011/95/UE?  ( 3 )

2.

La respuesta a esta pregunta no resulta evidente de forma inmediata.

3.

Requiere distinguir entre, por una parte, los actos y las amenazas graves derivados de una vendetta, que está sujeta a principios de Derecho consuetudinario reconocidos y admitidos por ciertas sociedades tradicionales, a los que están expuestos, de generación en generación, los miembros de una familia por responsabilidades que se consideran contraídas por otros miembros de esa familia, y, por otra parte, los actos y amenazas estrictamente personales que persiguen otras motivaciones, procedentes de delincuentes comunes o de la mafia. Si bien el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  ( 4 ) y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE)  ( 5 ) han formulado recomendaciones sobre esta materia, es preciso constatar que las autoridades nacionales adoptan enfoques diferentes a efectos de determinar la pertenencia de un solicitante a un determinado grupo social.  ( 6 )

4.

En efecto, en el Derecho de la Unión, una solicitud de protección internacional basada en la pertenencia a un «determinado grupo social» exige no solo acreditar que los miembros del grupo comparten una característica innata o una característica o creencia fundamental para su identidad o conciencia, o bien unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse [primer requisito de identificación enunciado en el artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, primer guion, de la Directiva 2011/95], sino también demostrar que el grupo posee una «identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea» [segundo requisito de identificación establecido en el artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de dicha Directiva].

5.

Si bien el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar el alcance del motivo de persecución basado en la pertenencia a un determinado grupo social en el caso de las personas homosexuales y, más recientemente, de las mujeres víctimas de violencia doméstica o que se identifican con valores tales como la igualdad de género,  ( 7 ) en el presente asunto se le pide que ofrezca precisiones adicionales sobre el segundo requisito de identificación, que se refiere a la percepción social del grupo en el país de origen en el contexto particular de una vendetta.

6.

En la primera parte de mi argumentación, explicaré, antes de nada, que el concepto de «sociedad que lo rodea», contemplado en el artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de la Directiva 2011/95, se refiere al entorno humano y social en el que se desenvuelve el grupo de que se trata, de modo que la «identidad diferenciada» del grupo no se aprecia en función de la percepción individual del agente de persecución, sino a la luz de la percepción colectiva de dicha sociedad. A continuación, precisaré que la autoridad nacional competente, en el marco de su apreciación individualizada, debe tomar en consideración la representación o imagen que de ese grupo tiene la sociedad que lo rodea y la medida en que la opinión o valoración que se asocia a dicho grupo lo diferencia o distingue del resto de esa sociedad. A este respecto, los comportamientos, actos o medidas que se adopten como consecuencia de esta percepción pueden constituir indicios pertinentes para demostrar que el grupo es percibido como diferente.

7.

En la segunda parte de mi argumentación y tras haber situado la vendetta en el sistema jurídico y en la tradición en que este fenómeno se inscribe, propondré al Tribunal de Justicia que declare que puede considerarse que, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, el miembro de una familia implicada en una vendetta en ese país pertenece a un «determinado grupo social», como motivo de persecución que puede dar lugar al reconocimiento del estatuto de refugiado.

II.

Derecho de la Unión

8.

El artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95, titulado «Definiciones», establece:

9.

El artículo 4, apartado 3, de dicha Directiva, titulado «Valoración de hechos y circunstancias», dispone:

10.

Conforme al artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, de la referida Directiva, que lleva por título «Motivos de persecución»:

–

los miembros de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y

–

dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea.»

III.

Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales

11.

A N, un nacional afgano perteneciente a la etnia pastún, presentó una solicitud de protección internacional en Austria el 4 de noviembre de 2015. En apoyo de su solicitud, A N alegó que correría un riesgo de persecución en caso de retorno a su país de origen, ya que su familia está implicada en una vendetta desde la muerte de su padre y hermano a raíz de un conflicto sobre tierras contra los primos de su padre.

12.

Mientras que la Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Autoridad Federal de Extranjería y Asilo, Austria) denegó esta solicitud en virtud de la resolución de 21 de junio de 2017, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo, Austria), en cambio, estimó el recurso interpuesto contra dicha resolución y, mediante sentencia de 26 de julio de 2022, declaró que A N debía disfrutar del estatuto de refugiado. Dicho tribunal reconoció la existencia y gravedad de los riesgos soportados por el interesado por razón de su pertenencia familiar en caso de retorno a su país de origen, así como la incapacidad de las autoridades afganas de protegerle contra los riesgos resultantes de dicha vendetta. En lo que atañe a las posibilidades de protección en el interior del país, dicho tribunal declaró, en particular, que aun suponiendo que A N no estuviera amenazado en otras regiones de Afganistán, correría el riesgo de no poder satisfacer sus necesidades vitales esenciales e imprescindibles.

13.

La Autoridad Federal de Extranjería y Asilo interpuso un recurso de casación contra la referida sentencia ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria), el órgano jurisdiccional remitente. Alegó que dicha sentencia se basó, de forma errónea, en la premisa de que una familia puede ser considerada un «determinado grupo social», en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva 2011/95, sin que se haya determinado si tal familia es percibida como diferente por la sociedad que la rodea, lo cual infringe esta disposición.

14.

Según el órgano jurisdiccional remitente, la «cuestión fundamental» para resolver el litigio principal consiste en dilucidar «si los miembros de una familia que están amenazados por una vendetta únicamente por su pertenencia a una familia uno de cuyos miembros está [o estuvo] implicado […] en un conflicto que dio lugar a la vendetta deben ser considerados un grupo social», en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva 2011/95. Para ello, solicita al Tribunal de Justicia, en esencia, que precise el significado y alcance del segundo requisito de identificación del que depende la existencia de un «determinado grupo social», que se contempla en el párrafo primero, segundo guion, de dicha disposición.

15.

El órgano jurisdiccional remitente duda de que, en el caso de autos, la familia de A N pueda ser percibida como diferente por la sociedad que la rodea por su implicación en una vendetta, puesto que en esta sociedad está muy arraigada, al menos en una gran parte del territorio afgano, la tradición pastún de recurrir a la vendetta para solucionar ciertos conflictos familiares.

16.

En estas circunstancias, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

17.

Han presentado observaciones escritas A N, los Gobiernos austriaco, alemán y neerlandés, y la Comisión Europea.

IV.

Análisis

18.

Mediante sus cuestiones prejudiciales, que propongo examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, de la Directiva 2011/95 debe interpretarse en el sentido de que puede entenderse, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, que el miembro de una familia implicada en una vendetta en ese país pertenece a un «determinado grupo social», como motivo de persecución que puede dar lugar al reconocimiento del estatuto de refugiado.

19.

Para ello, dicho órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que precise el significado y alcance del segundo requisito de identificación de la pertenencia a un «determinado grupo social», contemplado en el artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de dicha Directiva.

20.

Con carácter preliminar, debe recordarse que, a tenor del artículo 2, letra d), de la referida Directiva, «refugiado» es, en particular, un nacional de un tercer país que se encuentra fuera del país de su nacionalidad debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país.

21.

Así pues, es preciso que el nacional de que se trate, debido a las circunstancias existentes en su país de origen y al comportamiento de los agentes de persecución, experimente temores fundados a ser objeto de persecución por uno, al menos, de los cinco motivos enumerados en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2011/95, entre los que se encuentra su pertenencia a un «determinado grupo social» en ese país.

22.

El legislador de la Unión definió este concepto en el artículo 10, apartado 1, letra d), de la citada Directiva, adoptando un enfoque notablemente distinto del propugnado por el ACNUR.  ( 8 )

23.

En primer término, los miembros del grupo han de compartir una «característica innata» o unos «antecedentes comunes que no pueden cambiarse», o bien una característica o creencia que resulta «tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella».

24.

En el caso de autos, no se discute en el litigio principal que concurre este requisito. En efecto, los miembros de una familia comparten, debido a su vínculo de parentesco, ya se derive de una relación de consanguinidad, de una adopción o de un matrimonio, por ejemplo, una característica innata, que es también fundamental para la identidad o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse.  ( 9 )

25.

Añadiré que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los miembros de una misma familia pueden compartir un rasgo común adicional como, por ejemplo, otra característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, como una situación familiar particular.  ( 10 ) Pues bien, en este contexto, la circunstancia de que los miembros de una familia y, en particular, los hombres y varones jóvenes de esta familia se encuentren sometidos, por razón de su ascendencia, a una vendetta, que se transmite de generación en generación por línea paterna, constituye «unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse».

26.

A la luz de estos elementos, los miembros de una familia implicada en una vendetta en el país de origen y, en particular, los hombres y jóvenes varones de dicha familia satisfacen sin dificultades el primer requisito de identificación de un «determinado grupo social», en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, primer guion, de la Directiva 2011/95.

27.

En segundo término, dicho grupo ha de poseer una «identidad diferenciada» en el país de que se trate «por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea».

28.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si la «identidad diferenciada» del grupo constituye un requisito que ha de apreciarse de manera distinta y autónoma respecto de la percepción de la sociedad que lo rodea. En tal sentido, subraya que la utilización del término «da» en la versión en lengua alemana del artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de la Directiva 2011/95 podría presentar un significado distinto de una simple relación de causalidad.  ( 11 ) Mediante su segunda cuestión prejudicial, solicita, en su caso, al Tribunal de Justicia que precise los elementos en virtud de los cuales debe apreciarse la «identidad diferenciada» de un grupo.

29.

En mi opinión, las dudas de este órgano jurisdiccional pueden disiparse con facilidad.

30.

En efecto, por una parte, desde un punto de vista literal, resulta de las distintas versiones lingüísticas de la disposición en cuestión, como las versiones en lengua inglesa («because»), francesa («parce que») o italiana («perché»), que el legislador de la Unión pretendió ciertamente expresar una relación de causalidad entre el concepto de «identidad diferenciada» y el de «sociedad que lo rodea». La «identidad diferenciada» del grupo «en el país de que se trate» resulta del hecho de que ese grupo es «percibido como diferente por la sociedad que lo rodea».

31.

Por otra parte, del sistema del artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, de la Directiva 2011/95 se desprende que el legislador de la Unión tenía intención de distinguir, en el primer guion de esta disposición, la «identidad individual» del miembro del grupo de que se trate, que se refiere en particular a las características físicas, culturales o religiosas que comparte con todos los miembros de ese grupo, y, en el segundo guion de la misma disposición, la «identidad colectiva» o la «identidad social» del grupo, que se refiere a la manera en que tal grupo es percibido por los demás miembros de la sociedad. Por tanto, considerar que la «identidad diferenciada» del grupo en el país de que se trate es distinta de la percepción de dicho grupo por la sociedad que lo rodea resulta contrario a la distinción que el legislador pretendió trazar entre los elementos individuales y los elementos sociales de la identidad de los miembros del grupo afectado.

32.

Habida cuenta de estos elementos, la «identidad diferenciada» del grupo a que se refiere el artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de la Directiva 2011/95 constituye, por tanto, un requisito que no debe apreciarse separada y autónomamente de la percepción de la sociedad que lo rodea, sino en relación con ella.  ( 12 )

33.

En estas circunstancias, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.

34.

Conviene examinar ahora las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, mediante las que el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise la manera en que debe apreciarse si un grupo es «percibido como diferente por la sociedad que lo rodea».

35.

En primer lugar, el concepto de «sociedad que lo rodea» constituye el marco de referencia para determinar la existencia de una «identidad diferenciada» del grupo. El artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de la Directiva 2011/95 se refiere claramente a un espacio colectivo, es decir, al entorno humano y social en el que se desenvuelven los miembros de ese grupo. Por consiguiente, la percepción de la sociedad que lo rodea es una percepción colectiva y, para responder al órgano jurisdiccional remitente, comparto el punto de vista expuesto por el Gobierno austriaco en sus observaciones, según el cual no puede confundirse con la percepción individual del agente de persecución, en el sentido del artículo 6 de esa Directiva, ni siquiera con la simple perspectiva del entorno inmediato de la persona afectada.

36.

El órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que especifique el alcance geográfico de esta «sociedad», pero el legislador de la Unión lo ha precisado expresamente al referirse a la sociedad «que lo rodea». Así pues, dicha sociedad corresponde al entorno en el que se mueven los miembros del grupo afectado. Dicho entorno está integrado por estructuras y engloba normas morales, culturales, sociales, económicas, políticas, religiosas y jurídicas particulares, cuyo funcionamiento es preciso comprender para la evaluación individual de la solicitud. A mi juicio, no procede precisar con más detalle ese alcance geográfico, salvo que se pretenda determinar un perímetro haciendo caso omiso de la organización sociopolítica de dicha sociedad y de sus realidades, ya sean culturales, étnicas, lingüísticas o religiosas. Como ha reconocido el Tribunal de Justicia en reiterada jurisprudencia, corresponde a la autoridad nacional competente determinar qué sociedad «que lo rodea» es pertinente para apreciar la existencia de un determinado grupo social, y tal sociedad puede coincidir con la totalidad del país de origen del solicitante de protección internacional o estar más circunscrita, por ejemplo, a una parte del territorio o de la población de ese tercer país.  ( 13 ) Así, un grupo social identificado como grupo que posee una «identidad diferenciada» en un país determinado, en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de la Directiva 2011/95, no será considerado necesariamente un «grupo social» en otros países.

37.

En segundo lugar, el reconocimiento de una «identidad diferenciada» del grupo en el país de origen del solicitante implica que dicho grupo sea «percibido» como «diferente» por la sociedad que lo rodea.

38.

Debo señalar, antes de nada, que el legislador de la Unión hace referencia al concepto de «percepción social», que es diferente del concepto de «comportamiento social». En efecto, la «percepción» es la capacidad que permite a un organismo orientar sus acciones y conocer su entorno sobre la base de la información recibida a través de sus sentidos.  ( 14 ) El concepto de «percepción social» abarca, según su acepción común, el proceso mental por el cual las personas organizan e interpretan sus impresiones con el fin de dar sentido a su entorno, con independencia de los actos que puedan realizar.  ( 15 )

39.

El concepto de «diferencia»  ( 16 ) se define, por su parte, como la «característica (una diferencia) o [un] conjunto de características (la diferencia) que distingue una cosa de otra, un ser de otro».  ( 17 ) La diferencia se opone, por tanto, a la semejanza a otro. La diferencia supone, evidentemente, la alteridad de las personas o los elementos entre los que se establece o constata.  ( 18 ) El artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de la Directiva 2011/95 no especifica ni la naturaleza de esta diferencia, por lo que puede consistir en diversos rasgos de los miembros del grupo de que se trate, ni su importancia, de forma que la «diferencia» que menciona el legislador de la Unión no se refiere necesariamente a una escala de valores.

40.

De estos elementos deduzco que, en el contexto del artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, segundo guion, de la Directiva 2011/95, el requisito relativo a la «identidad diferenciada» de un grupo supone que, en el marco de la evaluación individual de la solicitud, la autoridad nacional competente aprecie en qué medida la sociedad que rodea a un grupo tiene una representación o imagen de dicho grupo a la que se asocia una opinión o valoración que lo diferencia o distingue del resto de la sociedad.

41.

Esta apreciación debe efectuarse a la luz de toda la información de la que disponga de conformidad con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2011/95. La percepción social es subjetiva y depende de numerosos factores relativos tanto a las características del grupo de que se trate (como su apariencia, sus rasgos físicos, su género, sus orígenes sociales o funciones sociales, sus comportamientos, sus actitudes, sus opiniones o sus capacidades, etc.) como a las normas que rigen la sociedad de referencia (ya se trate de normas morales, sociales o jurídicas, o bien de normas culturales, económicas, políticas o religiosas), y a su combinación en un momento dado. Se entiende que las mismas cualidades o rasgos pueden suscitar impresiones distintas según las circunstancias y según el entorno en el que se mueva el grupo de personas afectado.  ( 19 )

42.

Si bien, a efectos de esta apreciación, el legislador de la Unión no exige demostrar que el grupo es tratado de forma diferente, sino solamente que es percibido de manera diferente por la sociedad que lo rodea, todos los comportamientos, todos los actos o todas las medidas que se adopten como consecuencia de la percepción social del grupo pueden constituir, sin embargo, indicios útiles para demostrar la «identidad diferenciada» de ese grupo en el país de origen. Este es el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, el Tribunal de Justicia considera que, si bien «la pertenencia a un determinado grupo social debe declararse con independencia de los actos de persecución, en el sentido del artículo 9 de [la] Directiva [2011/95], de los que los miembros de dicho grupo puedan ser víctimas en el país de origen»,  ( 20 ) «ello no obsta para que la discriminación o persecución sufrida por personas que comparten una característica común pueda constituir un factor pertinente cuando […] quepa apreciar si el grupo en cuestión aparece como diferente a la luz de las normas sociales, morales o jurídicas del país de origen de que se trate».  ( 21 )

43.

Dado que la igualdad es la norma y la no discriminación el principio, la diferencia puede, por tanto, traducirse en una quiebra de la igualdad y en la adopción de actos, medidas o prácticas discriminatorias contra el grupo. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, según las circunstancias imperantes en el país de origen, las mujeres pueden ser percibidas de manera diferente por la sociedad que las rodea y se les puede reconocer una «identidad diferenciada» en dicha sociedad debido, en particular, a las normas sociales, morales o jurídicas vigentes en su país de origen.  ( 22 ) En la sentencia de 7 de noviembre de 2013, X y otros,  ( 23 ) el Tribunal de Justicia declaró, asimismo, que la existencia de una legislación penal cuyos destinatarios específicos son las personas homosexuales autoriza a considerar que tales personas constituyen un grupo que es percibido como diferente por la sociedad que lo rodea.  ( 24 ) Del mismo modo, las autoridades nacionales competentes pueden constatar que el grupo en cuestión es percibido de manera distinta debido a las medidas de estigmatización o de ostracismo dirigidas contra sus miembros, por ejemplo, las medidas de estigmatización de las mujeres jóvenes que se niegan a someterse a la ablación en una comunidad en la que esta práctica es la norma. En cambio, no creo que sea necesario demostrar que los miembros del grupo de que se trate están excluidos o marginados de la sociedad que los rodea, ya que el concepto de «diferencia» no implica una oposición entre ese grupo y la sociedad en la que se desenvuelve.  ( 25 )

44.

En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente manifiesta dudas acerca de si los miembros de una familia amenazados de vendetta pertenecen a un grupo social. En efecto, estos últimos no pueden ser percibidos como diferentes por la sociedad que los rodea, por una parte, porque solo el agente de la persecución —es decir, la familia «vengadora»— y los parientes y conocidos de la familia perseguida tienen conocimiento de la vendetta que recae sobre ella y, por otra parte, porque, conforme a la tradición del «Pashtunwali» seguida en la región de origen del interesado, los conflictos se resuelven a través de la vendetta. En otros términos, la vendetta es un mecanismo de resolución de conflictos central y difundido en el sistema jurídico tradicional del «Pashtunwali».

45.

No me convencen estos argumentos, puesto que, con este planteamiento, se correría el riesgo de no reconocer a los solicitantes de protección internacional la pertenencia a un determinado grupo social por el único motivo de que el código o las prácticas tradicionales a los que están sujetos están muy difundidos en su país o región de origen.  ( 26 )

46.

Esta apreciación requiere evidentemente evaluar individualmente la solicitud de protección internacional del miembro de la familia amenazada, conforme al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2011/95.  ( 27 )

47.

En este contexto, es fundamental situar la vendetta en el sistema jurídico y la tradición en que se inscribe y distinguirla de la delincuencia común o de la delincuencia organizada.

48.

La vendetta, que significa «reparación (o resarcimiento) en sangre» o «venganza», se define como un fenómeno ancestral que se rige por normas consuetudinarias reconocidas y admitidas por ciertas sociedades tradicionales como un Derecho que coexiste paralelamente al sistema jurídico vigente.  ( 28 ) Así, se admite que la vendetta forma parte integrante del Derecho consuetudinario de los pastunes que viven en las zonas rurales de Afganistán (el «Pashtunwali»),  ( 29 ) pero también de las sociedades que habitan en las regiones montañosas del norte de Albania (el «Kanun»)  ( 30 ) o en el sudeste de Turquía. En su informe sobre Afganistán, publicado en el mes de mayo de 2024, la AAUE distingue la vendetta del simple conflicto sobre tierras del que pueda proceder.  ( 31 ) En efecto, la vendetta establece una modalidad de solución de los conflictos que se inscribe en el marco de una acción colectiva, en virtud de la cual el castigo de un homicidio o una ofensa no incumbe a la justicia estatal, sino a la familia, al clan, a la tribu o al grupo étnico de la persona agraviada.  ( 32 ) La vendetta puede obedecer a normas estrictas, pues puede definir los delitos en cuestión y las categorías de víctimas que han de ser vengadas. El grado de venganza que la vendetta exige a través de la comisión de actos, violentos o no, difiere según los códigos, las regiones o las tribus a los que estos se aplican y en función del origen de la vendetta. Así, según el «Pashtunwali», la ejecución de la venganza no es solo un derecho, sino también un deber, una obligación social, cuyo incumplimiento puede acarrear, para quienes lo eluden, rechazan o descuidan, el deshonor o incluso ataques contra su persona. El derecho a la venganza puede transmitirse de generación en generación.  ( 33 ) Tradicionalmente, se ejerce contra todo hombre de la familia por línea paterna, teniendo en cuenta su posición y las responsabilidades que este asume en el seno de la misma.  ( 34 ) En este contexto, la persecución de un hombre y de su hijo desde su primera juventud, por el hecho de que este último pertenezca a la misma familia que su abuelo paterno, es tan arbitraria, en mi opinión, como la persecución por razón de la raza o la religión.

49.

Finalmente, una vendetta, conforme a los principios de Derecho consuetudinario por los que se rige, puede conllevar para la familia perseguida medidas de aislamiento o confinamiento voluntarias, cuya duración y gravedad varían según los casos.  ( 35 ) En los supuestos más graves, estas medidas pueden ocasionar la falta de escolarización de los más jóvenes, en especial los varones, así como una privación de ingresos de la familia,  ( 36 ) pues toda ayuda que se le aporte podría ser considerada como un insulto a la otra familia, con el riesgo que ello conlleva de desencadenar una vendetta.

50.

En consecuencia, incluso en una sociedad en la que la vendetta constituya aún un mecanismo difundido de resolución de conflictos, nada impide que, por las normas sociales y morales en las que se basa esa sociedad, los miembros de una familia implicada en una vendetta, en particular los de sexo masculino, puedan ser percibidos como diferentes por dicha sociedad, bien porque se vean obligados a recluirse y aislarse de esa sociedad para escapar a la venganza, bien porque se nieguen a salvaguardar el honor y la reputación de la familia ejercitando el derecho a la venganza que tales normas consuetudinarias les obligan a practicar. Algunas autoridades nacionales disponen además de bases de datos en las que figuran las vendettas en curso y las familias implicadas, lo que pone de manifiesto la visibilidad de ese grupo en la sociedad.  ( 37 ) Asimismo, determinados países han adoptado leyes penales particulares que reconocen como circunstancia agravante de un homicidio el hecho de que se haya cometido en relación con una vendetta y persiguen, además, frenar este fenómeno con medidas preventivas y estableciendo comisiones de reconciliación de las familias en conflicto.

51.

Sin perjuicio de la evaluación de los hechos y circunstancias propios de cada caso concreto, no percibo ninguna razón que se oponga a que una autoridad nacional competente considere que un miembro, en concreto de sexo masculino, de una familia implicada en una vendetta vigente en su país de origen pertenece a un grupo que posee una «identidad diferenciada» en ese país, como consecuencia de las normas a las que este último está sujeto en aplicación de un código consuetudinario. Contrariamente a los temores que expresó la Comisión en sus observaciones, no creo que tal grupo social sea identificado por el acto de persecución al que el miembro de la familia esté expuesto en su país de origen.  ( 38 )

52.

En efecto, ese grupo social se identifica por la aplicación al mismo de un Derecho consuetudinario fundamentado en vínculos de sangre y que implica no solo la sujeción de los miembros de dicho grupo a normas particulares que rigen su vida en la sociedad, sino también su exposición a un riesgo de amenazas graves contra su persona.  ( 39 )

53.

Habida cuenta de estas consideraciones, opino que el artículo 10, apartado 1, letra d), párrafo primero, de la Directiva 2011/95 debe interpretarse en el sentido de que puede entenderse que, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, el miembro de una familia implicada en una vendetta en ese país pertenece a un «determinado grupo social», como motivo de persecución que puede dar lugar al reconocimiento del estatuto de refugiado.

54.

El reconocimiento de dicho estatuto requerirá acreditar que los actos a los que esta persona corre el riesgo de verse expuesta en su país de origen son obra de agentes no estatales, en el sentido del artículo 6, letra c), de la Directiva 2011/95, lo cual exigirá demostrar que los agentes de protección mencionados en el artículo 7 de dicha Directiva, en particular el Estado, no pueden o no quieren proporcionar protección efectiva contra esos actos.  ( 40 )

55.

Además, conforme al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2011/95, en relación con los artículos 6, letra c), y 7, apartado 1, de esta y a la luz del considerando 29 de dicha Directiva, el reconocimiento del estatuto de refugiado presupondrá que estén relacionados, o bien el motivo de persecución mencionado en el artículo 10, apartado 1, letra d), de la misma Directiva y los actos de persecución definidos en el artículo 9, apartados 1 y 2, de esta, o bien ese motivo de persecución y la ausencia de protección contra tales actos de persecución perpetrados por agentes no estatales.  ( 41 )

56.

Por último, el reconocimiento del estatuto de refugiado requerirá comprobar que no existe ningún motivo de exclusión respecto al interesado.

V.

Conclusión

57.

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria) de la manera siguiente:

–

la “identidad diferenciada” del grupo es un requisito que ha de examinarse a la luz de la percepción de dicho grupo por la sociedad que lo rodea.

–

La “sociedad que lo rodea” se define como el entorno humano y social en el que se desenvuelve ese grupo, que la autoridad nacional competente estime pertinente a efectos de su evaluación individual de la solicitud de protección internacional. La percepción de la sociedad que lo rodea no se refiere a la percepción individual del agente de la persecución, sino a la percepción colectiva.

–

La circunstancia de que el grupo sea percibido como diferente por la sociedad que lo rodea debe examinarse a la luz de la representación o imagen que dicha sociedad tiene de ese grupo, a la que puede estar asociada una opinión o valoración que lo diferencie o distinga del resto de la sociedad. Los comportamientos, actos o medidas que se adopten como consecuencia de esta percepción pueden constituir, a estos efectos, indicios pertinentes.

–

Puede entenderse que, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, el miembro de una familia implicada en una vendetta en ese país pertenece a un “determinado grupo social”, como motivo de persecución que puede dar lugar al reconocimiento del estatuto de refugiado.»