<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2001ESB.1000799701.case.xml"><NO.CASE>C-120/99</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61999C0120</NO.CELEX><NO.SEQ>0015.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>8002</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>8021</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>20</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. RUIZJARABO — ASUNTO C-120/99</LEFT><RIGHT>ITALIA / CONSEJO</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del Abogado General</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="20010614">14 de junio de 2001</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lengua original: español.</P></NOTE></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I.</NO.P><TXT>Introducción</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Al amparo del artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), la República Italiana pide al Tribunal de Justicia que anule el artículo 2 y la tabla del anexo relativa al atún rojo del Reglamento (CE) n° 49/1999 del Consejo, de <DATE ISO="19981218">18 de diciembre de 1998</DATE>, por el que se establecen para 1999 los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones de peces altamente migratorios, su distribución en cuotas entre los Estados miembros y determinadas condiciones en que pueden pescarse<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="013" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="54">DO 1999, L 13, p. 54</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Reglamento<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> o <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Reglamento n° 49/1999<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>En su opinión, y por las razones de las que en su momento dejaré constancia, los porcentajes señalados en el apartado 1 del artículo 2 y las cuotas previstas en el apartado 2 del mismo precepto, en relación con el anexo, son ilegales y le causan un grave perjuicio.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II.</NO.P><TXT>La protección internacional de los tímidos</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19660514">14 de mayo de 1966</DATE> fue firmado en Río de Janeiro el Convenio internacional para la conservación de los túnidos del Atlántico (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Convenio<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), que entró en vigor el <DATE ISO="19690321">21 de marzo de 1969</DATE>.<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La versión en lengua inglesa del Convenio puede obtenerse en Internet, en el sitio http://www.iccat.es/.</P></NOTE> Su objetivo es conseguir la conservación y la gestión de los túnidos en el Atlántico,<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En el artículo I delimita su ámbito de aplicación, que se extiende al océano Atlántico y a los mares adyacentes.</P></NOTE> mediante la colaboración de las partes firmantes en el mantenimiento de las poblaciones de estos peces en niveles que permitan capturas máximas sostenidas.<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el preámbulo del Convenio.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, el Convenio creó la Comisión internacional para la conservación del atún del Atlántico (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Comisión del Atún<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), a la que atribuyó la potestad de hacer recomendaciones, vinculantes para las partes una vez transcurridos seis meses desde su notificación y salvo objeción<?PAGE NO="I-8003"?> presentada en ese plazo.<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse los artículos IV y VIII.</P></NOTE> Los Estados signatarios se comprometieron a adoptar todas las disposiciones precisas para asegurar la aplicación del Convenio.<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el apartado 1 del artículo IX.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>En su novena reunión extraordinaria, que tuvo lugar en Madrid durante los meses de noviembre y de diciembre de 1994, la Comisión del Atún fijó por primera vez, a causa del exceso en la explotación, un total admisible de capturas de atún rojo para 1995, limitándolas al más alto de los niveles alcanzados en 1993 y en 1994. A partir de 1996 debían ser aplicadas las medidas necesarias para reducir progresivamente las presas al 75 % de las producidas en 1995, objetivo que habría de ser alcanzado antes de que expirase el año 1998. Esta recomendación fue comunicada a los Estados que, como la República Italiana, no eran aún parte del Convenio y al Consejo General de Pesquerías para el Mediterráneo,<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Este Consejo asumió la recomendación de la Comisión del Atún en su resolución 95/1 (véase el documento que el Conscio ha aportado como anexo III de la contestación a la demanda).</P></NOTE> solicitando cooperación. Su entrada en vigor fue prevista para el <DATE ISO="19951002">2 de octubre de 1995</DATE>.<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Recomendación 94-11 sobre la ordenación de la pesca del atún rojo en el Atlántico este y en el Mediterráneo [<QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Compendio de recomendaciones y resoluciones en materia de ordenación adoptadas por ICCAT para la conservación de los tímidos atlánticos y especies afines<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> —http/www.iccat.es/— (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Compendio<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>), p. 49].</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>La Comisión del Atún adoptó en su decimocuarta reunión ordinaria, celebrada también en Madrid, en noviembre de 1995, una recomendación por la que, atendiendo a las importantes capturas de atún rojo realizadas durante 1994 por las pesquerías francesas, establecía unos límites específicos para Francia durante el trienio 1996/1998 en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico oriental.<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Recomendación sobre medidas suplementarias en el Atlántico este y en el Mediterráneo (véase el anexo II presentado por el Consejo con la contestación a la demanda).</P></NOTE> Esta recomendación, cuya vigencia se inició el <DATE ISO="19960622">22 de junio de 1996</DATE>, fue derogada por la número 98-5, adoptada en Santiago de Compostela en el mes de noviembre de 1998.<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La derogación se contiene en el punto 5 de la recomendación. Véase más adelante el punto 11 de estas conclusiones.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>En la décima reunión extraordinaria, desarrollada en el mes de noviembre de 1996 en San Sebastián, la Comisión del Atún aprobó una nueva recomendación, que fue comunicada oficialmente el <DATE ISO="19970203">3 de febrero de 1997</DATE> y que entró en vigor el <DATE ISO="19970804">4 de agosto</DATE> siguiente, por la que las partes contratantes que superasen sus respectivas cuotas de pesca sufrirían, durante el siguiente período de gestión, una reducción del 100 % del exceso, que podría alcanzar el 125 %<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sin perjuicio de otras acciones apropiadas, como medidas comerciales restrictivas.</P></NOTE> si se produjese durante dos períodos de gestión consecutivos.<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Recomendación 96-14, sobre cumplimiento en las pesquerías de atún rojo atlántico y de pez, espada del Atlántico norte (véanse el anexo V de la contestación a la demanda y el Compendio, p. 88).</P></NOTE> La aplicación de la reducción quedaría diferida a un período de gestión posterior al siguiente a aquél en que se produjo el exceso si, en el momento de fijación de las<?PAGE NO="I-8004"?> cuotas, se careciese de todos los datos relativos a las capturas de dicho período. De este modo, los excesos de 1997 serían aplicados a las cuotas de 1999 y no a las de 1998. Así se acordó en una recomendación complementaria adoptada con ocasión de la undécima reunión extraordinaria, desarrollada en Santiago de Compostela entre el <DATE ISO="19981116">16</DATE> y el <DATE ISO="19981123">23 de noviembre de 1998</DATE>, que fue comunicada a las partes el 22 de diciembre de ese año y que entró en vigor el 21 de junio del siguiente.<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Es la recomendación 98-13. Véanse el anexo VI de la contestación a la demanda, el Compendio, p. 97, y la respuesta dada por el Consejo a la segunda de las preguntas que le na dirigido el Tribunal.</P></NOTE></TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III.</NO.P><TXT>La incorporación de la Comunidad a la Comisión del Atún y su reflejo en el derecho comunitario</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Por Decisión de <DATE ISO="19860609">9 de junio de 1986</DATE>,<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisión 86/238/CEE del Consejo, relativa a la adhesión de la Comunidad al Convenio internacional para la conservación de los túnidos del Atlántico, modificada por el Protocolo anejo al Acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios de los Estados Partes del Convenio firmado en París el <DATE ISO="19840710">10 de julio de 1984</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="162" DATE.PUB="1984" PAGE.FIRST="33">DO L 162, p. 33</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> el Consejo aprobó la adhesión de la Comunidad a la Comisión del Atún, que tuvo lugar el día <DATE ISO="19971114">14 de noviembre de 1997</DATE>.<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Antes de esta fecha algunos Estados miembros eran parte del Convenio: España y Francia, desde el <DATE ISO="19690321">21 de marzo de 1969</DATE>; Portugal, desde el <DATE ISO="19690903">3 de septiembre de 1969</DATE>; el Reino Unido (para las Bermudas), desde el <DATE ISO="19951110">10 de noviembre de 1995</DATE>, e Italia, desde el <DATE ISO="19970806">6 de agosto de 1997</DATE> (véanse la nota 4 de la contestación a la demanda y el documento que, como anexo I, ha acompañado la República de Italia con la demanda).</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Mediante Reglamento (CE) n° 65/98 del Consejo, de <DATE ISO="19971219">19 de diciembre de 1997</DATE>,<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Reglamento por el que se fijan, para 1998, los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones de peces altamente migratorios, su distribución en cuotas entre los Estados miembros y determinadas condiciones en que pueden pescarse (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="012" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="145">DO 1998, L 12, p. 145</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> y con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión del Atún,<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase su tercer considerando.</P></NOTE>se procedió a la distribución entre los Estados miembros del cupo de atún rojo asignado a la Comunidad para la campaña de 1998.<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>De las <FT TYPE="NUMBER">4.452</FT> tm asignadas en el océano Atlántico este, 3 correspondieron a Grecia, <FT TYPE="NUMBER">3.809</FT> a España, 400 a Francia, 180 a Portugal y 60 para el resto de los Estados miembros. En el mar Mediterráneo, la Comunidad dispuso de <FT TYPE="NUMBER">11.621</FT> tm: 272 para Grecia, <FT TYPE="NUMBER">2.033</FT> para España, <FT TYPE="NUMBER">4.850</FT> para Francia, <FT TYPE="NUMBER">4.145</FT> para Italia y 321 para Portugal. A Francia se le atribuyeron en ambos sectores el máximo previsto en la recomendación que la Comisión del Atún adoptó en su decimocuarta reunión ordinaria (véase el punto 6 de estas conclusiones).</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>En el párrafo tercero del artículo 1 del citado Reglamento quedó previsto que la Comisión Europea negociaría con la Comisión del Atún la revisión de las cifras de capturas, <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>con el fin de permitir el ajuste posterior de estas cuotas de los Estados miembros correspondientes al atún rojo<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>. Una vez aprobadas, la Comisión Europea procedería cuanto antes a adaptar las cuotas de los distintos Estados miembros.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>En cumplimiento del expresado mandato, se entablaron negociaciones en el seno de la Comisión del Atún. El resultado es la recomendación adoptada en la undécima<?PAGE NO="I-8005"?> reunión extraordinaria.<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Recomendación 98-5 sobre la limitación de capturas de atún rojo en el Atlántico este y en el Mediterráneo (Compendio, p. 58}.</P></NOTE> En esta nueva recomendación, que entró en vigor el <DATE ISO="19990820">20 de agosto de 1999</DATE>,<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Salvo para Marruecos y Libia. En la respuesta que ha dado a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, el Conscio dice que la recomendación entró en vigor el <DATE ISO="19990621">21 de junio de 1999</DATE>, pero esta afirmación contradice la fecha que aparece en el Compendio, p. 58, que es la de 20 tic agosto de esc año. En mi opinión, el Consejo se equivoca e indica como día de la entrada en vigor el previsto para la recomendación complementaria a la que he aludido en el punto 7, que fue adoptada en la misma reunión extraordinaria.</P></NOTE> se estableció un total admisible de capturas de <FT TYPE="NUMBER">32.000</FT> tm para 1999 y otro de <FT TYPE="NUMBER">29.500</FT> tm para el año 2000, de las que fueron atribuidas a la Comunidad <FT TYPE="NUMBER">20.165</FT> tm y <FT TYPE="NUMBER">18.590</FT> tm, respectivamente.<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>El cálculo de esta asignación se hizo por adición de las partes relativas a cada Estado miembro (nota a pie de página ** de la recomendación 98-5).</P></NOTE> El reparto de las posibilidades de pesca entre las partes contratantes fue calculado tomando como referencia las cifras no revisadas de capturas de los años 1993 y 1994, así como las reducciones pertinentes por excesos durante la campaña de 1997, tal y como se preveía en la recomendación de San Sebastián, de noviembre de 1996, y en la complementaria adoptada en Santiago de Compostela dos años después.<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse los apartados 2 y 4 de la recomendación 98-5.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Para dar cumplimiento a la anterior recomendación, el Consejo aprobó el Reglamento n° 49/1999, objeto de este recurso, mediante el que repartió entre los Estados miembros el volumen disponible para la Comunidad, fijando los porcentajes de participación<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse tos considerandos segundo a cuarto y el articulo 1 del Reglamento.</P></NOTE> en el apartado 1 del artículo 2, que dispuso:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Los porcentajes aplicables al reparto entre los Estados miembros de la parte de la población de atún rojo del Atlántico oriental y del Mediterráneo de la que disponga la Comunidad quedarán fijados como sigue:</P><TBL NO.SEQ="001" COLS="2"><CORPUS><ROW><CELL COL="1">España:</CELL><CELL COL="2">34,35 %,</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Francia:</CELL><CELL COL="2">33,89 %,</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Grecia:</CELL><CELL COL="2">1,77 %,</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Italia:</CELL><CELL COL="2">26,75 %,</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Portugal:</CELL><CELL COL="2">3,23 %.<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/></CELL></ROW></CORPUS></TBL></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>No obstante, para 1999 se establecieron unos parámetros <HT TYPE="ITALIC">ad boc</HT> a causa de las circunstancias especiales creadas tras la<?PAGE NO="I-8006"?> adhesión de la Comunidad a la Comisión del Atún.<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el quinto considerando del Reglamento.</P></NOTE> A tal fin, el apartado 2 del artículo 2 se remite al anexo, en el que, por lo que al atún rojo del océano Atlántico este y del mar Mediterráneo se refiere, se contienen las siguientes cifras, expresadas en toneladas métricas:</TXT><P><TBL NO.SEQ="002" COLS="2"><GR.NOTES><NOTE NOTE.ID="E0026" TYPE="TABLE"><P>Esta cifra es el resultado de descontar a las <FT TYPE="NUMBER">20.165</FT> tm atribuidas a la Comunidad en la recomendación 98-5, las <FT TYPE="NUMBER">4.029</FT> tm de exceso en que incurrieron los Estados miembros durante la campaña de 1997 (España: 951 tm; Francia: 0 tm; Grecia: 331 tm; Italia: <FT TYPE="NUMBER">2.666</FT> tm y Portugal: 81 tm).</P></NOTE></GR.NOTES><CORPUS><ROW><CELL COL="1">Total admitido de capturas:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">32.000</FT></CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">CE:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">16.136</FT><NOTE NOTE.REF="E0026"></NOTE></CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">España:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">5.555</FT></CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Francia:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">6.413</FT></CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Grecia:</CELL><CELL COL="2">126</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Italia:</CELL><CELL COL="2"><FT TYPE="NUMBER">3.463</FT></CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Portugal:</CELL><CELL COL="2">519</CELL></ROW><ROW><CELL COL="1">Otros (capturas accesorias):</CELL><CELL COL="2">60</CELL></ROW></CORPUS></TBL></P></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>El anterior reparto se hizo del siguiente modo:<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse el informe del Comité de representantes permanentes, que la demandante ha adjuntado con su demanda como anexo 4, y el apartado 12 de la contestación a la demanda.</P></NOTE> del total disponible para la Comunidad (<FT TYPE="NUMBER">20.165</FT> tm) se descontaron las 60 tm reservadas, a título de capturas accesorias, a otros Estados miembros distintos de los cinco a los que se atribuyen cuotas específicas. El resultado (<FT TYPE="NUMBER">20.105</FT> tm) fue distribuido entre estos cinco Estados miembros, de acuerdo con los porcentajes expresados en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento.<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>España: <FT TYPE="NUMBER">6.906</FT> tm; Francia: <FT TYPE="NUMBER">6.813</FT> tm; Grecia: 357 tm; Italia: <FT TYPE="NUMBER">5.379</FT> tm; y Portugal: 650 tm.</P></NOTE> A la cuota que, de este modo, correspondía a cada uno, se le sustrajo el exceso en que, en su caso, incurrió durante la campaña de 1997. Como con esa reducción Grecia e Italia habrían recibido una parte muy pequeña,<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>6 tm y <FT TYPE="NUMBER">2.713</FT> tm, respectivamente.</P></NOTE> el Consejo detrajo 850 tm de los otros tres Estados<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>400 tm a España y a Francia, y 50 tm a Portugal.</P></NOTE> para repartirlos entre los dos.<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>750 tm para Italia y 100 tm para Grecia.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Las potestades de que el Consejo ha hecho uso en el Reglamento n° 49/1999 y en el n° 65/98 encuentran cobertura en el Reglamento (CEE) n° 3760/92 del Consejo, de <DATE ISO="19921220">20 de diciembre de 1992</DATE>, por el que se establece un régimen comunitario de la<?PAGE NO="I-8007"?> pesca y la acuicultura,<NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="389" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="1">DO L 389, p.1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> en cuyo artículo 8, apartado 4, se dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión:</P><P>[...]</P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>repartirá las disponibilidades pesqueras entre los Estados miembros de modo que se asegure a cada Estado miembro una estabilidad relativa de las actividades de pesca, para cada una de las poblaciones de peces de que se trate;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[...]<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV.</NO.P><TXT>El procedimiento ante el Tribunal de Justicia</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Además de la República de Italia y del Consejo, han intervenido en este proceso, mediante la presentación de observaciones escritas, la Comisión, el Reino de España y la República Francesa.</TXT><P>En la vista que tuvo lugar el <DATE ISO="20010510">10 de mayo de 2001</DATE> comparecieron, a fin de presentar oralmente sus alegaciones, los representantes de la partes recurrente y recurrida y los agentes de la Comisión y del Reino de España.</P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V.</NO.P><TXT>Examen de los motivos de anulación</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>La República Italiana actúa dos pretensiones de anulación del Reglamento n° 49/1999: la del apartado 1 del artículo 2 y la del apartado 2 de la misma disposición, en relación con el anexo relativo al atún rojo, para lo que desarrolla distintos motivos de impugnación, algunos coincidentes. A las dos pretensiones citadas se han opuesto los demás intervinientes en este proceso. En las líneas que siguen voy a analizar ambas pretensiones, siguiendo las razones avanzadas en su apoyo por la República demandante y haciendo referencia, si es menester, a las aducidas en respuesta por las demás partes.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>El artículo 2, apartado 1, del Reglamento n° 49/1999</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>La falta de motivación</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>La República Italiana dice en su demanda que toda la motivación del artículo 2, apartado 1, se encuentra en el<?PAGE NO="I-8008"?> cuarto considerando del Reglamento, conforme al cual <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>es necesario establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado miembro para la captura de la población de atunes rojos del Atlántico oriental y del Mediterráneo<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>. En su opinión, se trata de una motivación aparente que no satisface las exigencias que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en la medida en que no explica la atribución de cuotas contenida en el precepto que discute.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>La motivación no es una formula de cortesía; tampoco un rito. Es un factor de racionalidad en el ejercicio del poder, que facilita su control. Actúa, a la vez, como elemento preventivo de la arbitrariedad y como instrumento de defensa. Así lo entiende el Tribunal de Justicia que, en numerosas ocasiones, ha señalado que la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado CE (actualmente artículo 253 CE) tiene como objetivo el que los interesados puedan conocer las razones por las que se adopta una medida y que el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control.<NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, entre las más recientes, las sentencias de <DATE ISO="19981119">19 de noviembre de 1998</DATE>, Parlamento/Gaspari (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-316/97 P" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-7597">C-316/97 P, Rec. p. I-7597</REF.DOC.ECR>), apartado 26; de <DATE ISO="20001005">5 de octubre de 2000</DATE>, Alemania/Comisión (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-288/96" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-8237">C-288/96, Rec. p. I-8237</REF.DOC.ECR>), apartado 82; y de <DATE ISO="20001019">19 de octubre de 2000</DATE>, Italia y Sardegna Lines/Comisión (asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-15/98+C-105/99" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-8855">C-15/98 y C-105/99, Rec. p. I-8855</REF.DOC.ECR>), apartado 65.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Opino que, en lo que se refiere al apartado 1 del artículo 2 del Reglamento, han sido satisfechas las exigencias de motivación que impone el artículo 190 del Tratado. Para justificar la disposición y, en consecuencia, los porcentajes que asigna a los Estados miembros que aparecen citados, en el Reglamento se hace alusión:</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1<HT TYPE="SUP">o</HT></NO.P><TXT>a la integración de la Comunidad en la Comisión del Atún, al carácter vinculante de sus recomendaciones y a la adopción de una recomendación que establece limitaciones de capturas para el atún rojo;<NOTE NOTE.ID="E0034" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Segundo considerando.</P></NOTE></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2°</NO.P><TXT>a las potestades que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 3760/92 atribuye al Consejo para fijar el total admisible de capturas aplicable a cada pesquería o grupo de pesquerías, el volumen disponible por la Comunidad, su reparto entre los Estados miembros y las condiciones en que deben efectuarse las capturas;<NOTE NOTE.ID="E0035" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tercer considerando.</P></NOTE> y</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3<HT TYPE="SUP">o</HT></NO.P><TXT>a la necesidad de establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado miembro.<NOTE NOTE.ID="E0036" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Cuarto considerando.</P></NOTE></TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="I-8009"?><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Esta motivación es, a mi juicio, suficiente, atendida la naturaleza del acto al que atañe.<NOTE NOTE.ID="E0037" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ha de recordarse que la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate (véanse las sentencias Alemania/Comisión, e Italia y Sardegna Lines/Comisión, ya citadas).</P></NOTE> Cuando se trata de actos normativos, que persiguen una aplicación general y temporalmente indeterminada,<NOTE NOTE.ID="E0038" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Como es el caso del artículo 2, apartado 1, del Reglamento, que, a partir de su entrada en vigor, distribuye entre los Estados miembros la parte de población de atún rojo que, en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo, corresponda a la Comunidad.</P></NOTE> es bastante la motivación que describe la situación de conjunto que ha conducido a su adopción y los objetivos generales que se proponen alcanzar,<NOTE NOTE.ID="E0039" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia de <DATE ISO="20001107">7 de noviembre de 2000</DATE>, Luxem-burgo/Parlamento y Consejo (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-168/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-9131">C-168/98, Rec. p. I-9131</REF.DOC.ECR>), apartado 62.</P></NOTE> y que se remitan a la norma jurídica que da cobertura a la potestad que ejercitan.<NOTE NOTE.ID="E0040" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En el caso, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 3760/92.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>La República demandante dice que en la exposición de motivos del Reglamento se justifica la distribución entre los Estados miembros del cupo comunitario, pero en modo alguno el porcentaje que se les atribuye. El apunte es cierto, mas la motivación no exige la expresión de todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes, pues lo decisivo es, como ya he señalado, que las razones que determinan el acto de poder en que consiste la decisión sean debidamente conocidas por los destinatarios y por quien está llamado a controlar su corrección jurídica. En consecuencia, para ver si la decisión de una Institución comunitaria está motivada, también deben tenerse presentes su contexto, en particular el normativo, y el proceso seguido para su elaboración, al que los Estados miembros pueden estar estrechamente ligados.<NOTE NOTE.ID="E0041" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia de <DATE ISO="19951017">17 de octubre de 1995</DATE>, Países Bajos/ Comisión (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-478/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-3081">C-478/93, Rec. p. I-3081</REF.DOC.ECR>), apartados 49 y 50, y las que en ella se citan.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>La República Italiana, que se incorporó a la Comisión del Atún el <DATE ISO="19970806">6 de agosto de 1997</DATE>,<NOTE NOTE.ID="E0042" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la anterior nota 16.</P></NOTE> y a la que, antes de esta fecha, se notificó la adopción de la primera recomendación limitativa de las capturas del atún rojo,<NOTE NOTE.ID="E0043" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el punto 5 de estas conclusiones.</P></NOTE> participó en el proceso de elaboración del Reglamento y tuvo conocimiento de las razones que motivaron la adopción de la disposición que impugna. Así, se puede leer en el informe elaborado por el Comité de representantes permanentes<NOTE NOTE.ID="E0044" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el anexo 4 de la demanda.</P></NOTE> que la delegación italiana (también la griega) emitió una reserva general a la propuesta de reglamento y, en particular, al total admisible de capturas y a las cuotas.<NOTE NOTE.ID="E0045" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Página 6 del informe.</P></NOTE> Aún más, puso en cuestión los criterios de reparto, porque, sobre la base de las capturas históricas de la flota de pesca italiana, cualquiera que fuese el período de referencia elegido, la parte de las capturas italianas en las globales de la Comunidad no habría bajado del 30 %.<NOTE NOTE.ID="E0046" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Página 7 del informe.</P></NOTE></TXT></NP><?PAGE NO="I-8010"?><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Como se ve, la República actora tiene, como lo tiene este Tribunal de Justicia, perfecto conocimiento de las razones que han motivado la adopción por el Consejo del artículo 2, apartado 1, del Reglamento. Está al corriente de sus antecedentes, así como de los objetivos que persigue y también tuvo noticia —antes de su aprobación— de los criterios seguidos para establecer las cuotas de participación que se señalan en el precepto.<NOTE NOTE.ID="E0047" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En el acto de la vista, el Reino de España ha destacado que la República Italiana participó en las reuniones para fijar la posición común de la Comunidad en el seno de la Comisión del Atún, donde se entablaron las negociaciones que dieron lugar a las recomendaciones que, después, han dejado su impronta en el contenido del Reglamento impugnado.</P></NOTE> No puede, pues, quejarse de que la norma carezca de motivación.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>Los motivos de impugnación subsidiarios</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>La supuesta derogación del principio de estabilidad relativa</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Para el caso de que no sea estimada la impugnación del artículo 2, apartado 1, del Reglamento por la aducida falta de motivación, la República Italiana hace valer dos razones, sucesivamente subsidiarias. La primera consiste en la vulneración del artículo 43 del Tratado CE (actualmente artículo 37 CE, tras su modificación), de los principios generales sobre la jerarquía de las fuentes del derecho y del artículo 8, apartado 4, inciso ii), del Reglamento n° 3760/92.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>La causa de esta triple infracción estaría, a juicio de la demandante, en el desconocimiento del principio de estabilidad relativa de las actividades de pesca de los distintos Estados miembros. A diferencia del Reglamento n° 65/98, el impugnado no contiene en sus considerandos ninguna referencia explícita al inciso ii) del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento n° 3760/92. Esta omisión integraría un déficit de motivación aún más grave que el expuesto con anterioridad, pues no se explican las razones de tal elección derogatoria.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Añade que existe una estrecha vinculación entre la competencia y el procedimiento fijados en la primera frase del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento n° 3760/92, y las reglas de ejercicio señaladas en el mismo apartado. En el Reglamento discutido el Consejo ha derogado el principio de estabilidad relativa contemplado en el Reglamento n° 3760/92, pero debió seguir el mismo procedimiento previsto para su aprobación, esto es, mediando consulta al Parlamento Europeo, tal y como exige el artículo 43 del Tratado. Al no hacerlo, el Consejo habría incurrido en las vulneraciones denunciadas en la demanda.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>El planteamiento de la parte actora falla porque no es cierta la premisa que es su punto de partida. Es falso que el<?PAGE NO="I-8011"?> Reglamento discutido no se remita al inciso ii) del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento n° 3760/92. Basta leer el encabezamiento y el tercero de los considerandos, donde, por dos veces, se hace explícita referencia al apartado 4 del artículo 8 del Reglamento de 1992. Si en dicho considerando se afirma que, en virtud del mencionado precepto, corresponde al Consejo fijar el reparto entre los Estados miembros del volumen de pesca disponible por la Comunidad, parece evidente que lo hace de acuerdo con sus prescripciones y teniendo en cuenta lo que se establece en el inciso ii), esto es, asegurando a cada Estado miembro la estabilidad relativa de sus actividades de pesca.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>No hay, pues, derogación tácita del principio de estabilidad relativa ni infracción del Reglamento de 1992 ni del principio de jerarquía normativa ni del artículo 43 del Tratado.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>El carácter manifiestamente inapropiado de los criterios adoptados para la aplicación del principio de estabilidad relativa</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>La respuesta al anterior motivo de impugnación podía haberse detenido en el plano formal y externo en que ha sido suscitado; sin embargo, el propio Consejo, abandonando la perspectiva en la que se había situado la República Italiana, afirma que en el Reglamento recurrido no sólo se contiene una remisión a la disposición que obliga a tener en cuenta el principio de estabilidad relativa, sino que este principio ha sido efectivamente aplicado para fijar las cuotas de participación en el contingente comunitario de atún rojo.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Se plantea así el segundo argumento subsidiario aducido por la República Italiana para obtener la anulación del artículo 2, apartado 1, del Reglamento: el que hace referencia a la sustancia del criterio de reparto.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>La demandante reprocha al Consejo haber establecido los porcentajes de participación en el contingente comunitario del atún rojo, teniendo en cuenta las cifras de capturas relativas a un solo año y no las correspondientes a varios. El porcentaje que le ha sido atribuido habría sido sensiblemente superior si el Consejo se hubiera fundado en una serie histórica de capturas que cubriese tres, cinco u ocho años, y no sólo sobre el año 1993 o el 1994.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>El Consejo no admite que la flexibilidad para determinar el período de referencia que se ha de tomar en cuenta sea particularmente importante cuando las reservas son administradas en el seno de<?PAGE NO="I-8012"?> una organización internacional de pesca, desde la que se impone a la Comunidad la cuota de que dispone y que debe repartir entre los Estados miembros. En su opinión, ha actuado de forma apropiada acudiendo, para distribuirla, a la realidad de las capturas del atún rojo realizadas por cada Estado miembro en 1993 o en 1994, ya que estos años habían sido tomados como años de referencia por la Comisión del Atún.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>A mi juicio, las razones avanzadas por el Consejo deben ser ratificadas por el Tribunal de Justicia. La noción de estabilidad relativa la facilita el propio Reglamento n° 3760/92, que en su exposición de motivos<NOTE NOTE.ID="E0048" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse sus considerandos duodécimo, decimotercero y decimocuarto.</P></NOTE> establece unas pautas conforme a las que el reparto del contingente comunitario del atún rojo debe hacerse con miras a una mayor estabilidad de las actividades pesqueras, que salvaguarde las especiales necesidades de las regiones cuyas poblaciones locales dependen en gran medida de la pesca y de las actividades conexas.<NOTE NOTE.ID="E0049" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La pesca del atún y las vicisitudes que acaecen a unas familias de pescadores en Sicilia son magníficamente relatadas por Giovanni Verga en su novela I Malavoglia, que inspiró la película La terra Trema, obra maestra que Luchino Visconti rodó en 1948 con la ayuda de Franco Zefirelli y Francesco Rossi.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Teniendo en cuenta esa noción de estabilidad relativa, el Tribunal de Justicia ha indicado que la finalidad de las cuotas es señalar a cada Estado miembro una parte del contingente atribuido a la Comunidad, determinada en función de las capturas de que, antes del establecimiento del régimen de cuotas, disfrutaron las actividades de pesca tradicionales, las poblaciones locales dependientes de la pesca y las industrias afines de dicho Estado miembro. En consecuencia, al hacerse la distribución, en este caso del atún rojo, deben ponderarse los intereses de cada Estado.<NOTE NOTE.ID="E0050" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia de <DATE ISO="19980219">19 de febrero de 1998</DATE>, NIPFO y Northern Ireland Fishhermen's Federation (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-4/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-681">C-4/96, Rec. p. I-681</REF.DOC.ECR>), apartados 47 y 48 (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>sentencia Nifpo<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>). El Tribunal de Justicia se manifestó de igual forma en las sentencias de <DATE ISO="19891214">14 de diciembre de 1989</DATE>, Agegate (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-3/87" YEAR="1989" PAGE.ECR="4459">C-3/87, Rec. p. 4459</REF.DOC.ECR>), apartado 24, y Jaderow (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-216/87" YEAR="1989" PAGE.ECR="4509">C-216/87, Rec. p. 4509</REF.DOC.ECR>), apartado 238, con referencia al Reglamento (CEE) n° 170/83 del Consejo, de <DATE ISO="19830125">25 de enero de 1983</DATE>, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="024" DATE.PUB="1983" PAGE.FIRST="1">DO L 24, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> Por su propia naturaleza, la efectividad de este principio exige la asignación a cada Estado miembro de un porcentaje fijo en el reparto de las cuotas.<NOTE NOTE.ID="E0051" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse, entre otras, las sentencias de <DATE ISO="19870616">16 de junio de 1987</DATE>, Romkes (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="46/86" YEAR="1987" PAGE.ECR="2671">46/86, Rec. p. 2671</REF.DOC.ECR>), apartado 17, y de <DATE ISO="19921013">13 de octubre de 1992</DATE>, Espafia/Consejo (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-71/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-5175">C-71/90, Rec. p. I-5175</REF.DOC.ECR>), apartado 15.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Es lo que ha hecho el Consejo en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento que discute Italia, donde se ha atribuido a los Estados miembros un porcentaje fijo de las posibilidades de pesca de la Comunidad, adoptando como referencia la cifra más alta de las capturas realizadas por cada uno durante las campañas de 1993 y de 1994.</TXT><P>Este criterio de reparto, ya utilizado en el Reglamento n° 65/98,<NOTE NOTE.ID="E0052" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Que, por cierto, la demandante no impugnó.</P></NOTE> aplica los mismos parámetros tomados en consideración<?PAGE NO="I-8013"?> durante las negociaciones de la Comunidad en el seno de la Comisión del Atún, que quedaron plasmados en la recomendación 98-5,<NOTE NOTE.ID="E0053" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el anterior punto 11. No es verdad, como se dice en la réplica de la demandante, que el Consejo estime inadecuados los datos de 1993 y 1994 para los casos de Grecia e Italia. El propio Consejo se ha limitado a expresar en su contestación a la demanda (apartados 6 y 7} que ambos Estados miembros solicitaron una revisión de las cifras de capturas relativas a los mencionados años y que, en el seno de la Comisión del Atún, la Comisión negoció esa revisión.</P></NOTE> y tiene la virtud de incorporar al espacio doméstico comunitario la experiencia adquirida desde su creación en la Comisión del Atún, de la que varios Estados miembros son parte integrante hace tiempo. Se aprovecha el conocimiento profundo de la evolución de las capturas del atún rojo durante casi treinta años y la participación de los distintos Estados que tienen flotas dedicadas a esa faena, sin olvidar las necesidades de las comunidades ribereñas pesqueras que dependen de la pesca del atún rojo.<NOTE NOTE.ID="E0054" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Así se dice en el preámbulo de la recomendación 98-5 (véase el Compendio, p. 58).</P></NOTE></P></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Podrá polemizarse todo lo que se quiera sobre el criterio de asignación de las cuotas que se ha elegido, pero forma parte de la potestad discrecional de que dispone el Consejo para la aplicación de la política agraria de la Comunidad. En cuanto potestad discrecional, sólo es controlable por el juez si incurre en error manifiesto o en desviación de poder, o si los límites de la facultad de apreciación han sido ostensiblemente rebasados,<NOTE NOTE.ID="E0055" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la sentencia Nifpo, citada en la nota 50, apartado 42, y la que en ella se menciona. Conviene recordar que esa discrecionalidad no se aplica sólo a la naturaleza y al alcance de las disposiciones que hay que adoptar, sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base (véase la sentencia de <DATE ISO="19991005">5 de octubre de 1999</DATE>, España/Consejo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-179/95" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-6475">C-179/95, Rec. p. I-6475, apartado 29</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> lo que ni tan siquiera ha sido alegado por la demandante respecto del artículo 2, apartado 1, del Reglamento.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>En suma, el principio de estabilidad relativa ha sido respetado por el Consejo, y no sólo formalmente. El establecimiento de las cuotas señaladas en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento se ha hecho con un criterio que no desconoce la realidad del sector de la pesca del atún rojo en cada Estado miembro. Por necesidad, el resultado tenía que ser la fijación de cuotas distintas, tan distintas como diferente es en las economías nacionales el peso específico de la pesca de la citada especie. En el caso, lo realmente discriminatorio habría sido el establecimiento de cuotas idénticas, tratando de igual forma a quienes se encuentran en situación diversa.<NOTE NOTE.ID="E0056" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Recuérdese que la prohibición de discriminación exige que las situaciones comparables no sean tratadas de forma distinta, a menos que la diferencia esté objetivamente justificada (véase, por todas, la sentencia Nifpo, ya citada, apartado 58), y, en consecuencia, que quienes se encuentran en situaciones distintas no reciban el mismo trato.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Por otro lado, y como con atino señala la Comisión en sus observaciones, no puede obviarse que el Reglamento discutido fue<?PAGE NO="I-8014"?> adoptado<NOTE NOTE.ID="E0057" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Como también el Reglamento n° 65/98.</P></NOTE> después de la incorporación a la Comisión del Atún de la Comunidad Europea, a la que se le asigna una cuota global.<NOTE NOTE.ID="E0058" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Que es la suma de las antiguas cuotas nacionales que hay que repartir.</P></NOTE> El cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por la Comunidad en el seno de la Comisión del Atún y la coherencia en la política de preservación de los caladeros del atún rojo sólo son posibles si, para el reparto intracomunitário, se aplican los mismos criterios que los establecidos globalmente para el Atlántico oriental y el Mediterráneo.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>El artículo 2, apartado 2, del Reglamento n° 49/1999 en relación con la parte de su anexo referente al atún rojo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>La falta de motivación</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Para pedir la anulación de esta disposición, la República demandante se queja, también aquí, de una defectuosa motivación. La única explicación que sobre el particular se contiene en el Reglamento hay que buscarla en el quinto de sus considerandos.<NOTE NOTE.ID="E0059" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Considerando que para 1999 es oportuno efectuar un reparto ad hoc entre los Estados miembros a causa de las circunstancias especiales que concurren tras la adhesión de la Comunidad a la CICAA<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> En opinión de la parte actora se trataría de una motivación aparente, que oculta las verdaderas razones del reparto, que no son otras que las de aplicar a España, Grecia e Italia las sanciones impuestas por la Comisión del Atún por el exceso en las capturas durante la temporada de 1997.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>La respuesta debe ser aquí igual a la que líneas más arriba he propuesto para la alegada falta de motivación del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento. Al plantear su queja, Italia confunde, y mezcla indebidamente, dos planos que deben discurrir paralelos, aunque cercanos. El de la existencia de la motivación y el de su corrección. El motivo que ahora examino se sitúa en el primero y la decisión que adopte el Tribunal no debe salir de su contexto.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Hay motivación, no sólo porque se ha incluido el quinto considerando del Reglamento, sino también porque en otras partes de la exposición de motivos se expresan razones que anuncian la disposición discutida. Tal es el caso de los considerandos segundo y octavo, en los que se hace referencia a las obligaciones asumidas por la Comunidad como parte contratante del Convenio y al establecimiento por la Comisión del Atún de un sistema de<?PAGE NO="I-8015"?> deducción de los excesos de pesca diferente al señalado en la normativa comunitaria.<NOTE NOTE.ID="E0060" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Reglamento (CE) n° 847/96 del Consejo, de <DATE ISO="19960506">6 de mayo de 1996</DATE>, por el que se establecen condiciones adicionales para la gestión anual de los totales admisibles de capturas y de las cuotas (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="115" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="3">DO L 115, p. 3</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Pero, en cualquier caso, la República demandante llegó a conocer las razones de la disposición que discute, así como el proceso seguido para llegar a las concretas cifras que se contienen en el anexo relativo al atún rojo, por lo que la finalidad perseguida con la exigencia de motivación quedó satisfecha.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Así lo señala la Comisión, en relación con el reparto <HT TYPE="ITALIC">ad hoc</HT> para 1999 y con los datos y los cálculos que condujeron a la fijación de los límites de capturas indicados en el anexo para dicho año, que fueron presentados de manera detallada a los Estados miembros en el Comité de representantes permanentes, en el que el delegado italiano hizo saber su discrepancia.<NOTE NOTE.ID="E0061" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el anexo 4 presentado con la demanda.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Una vez más, la queja carece de fundamento. No sólo del propio texto del Reglamento se deducen las razones que conducen al establecimiento de un reparto especial para 1999, sino que, antes de su adopción definitiva, la demandante tuvo conocimiento detallado de esas razones y del proceso seguido para la fijación de los concretos límites señalados en la norma que impugna.<NOTE NOTE.ID="E0062" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el punto 14 de estas conclusiones.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Debate distinto es el de la corrección de las razones aducidas por el Consejo para justificar la norma ahora cuestionada, que pertenece a otro campo que no es el de la existencia o no de motivación.</TXT><P>También carecen de relevancia, por quedar fuera de los límites de dicho campo, las dudas que expone Italia sobre la veracidad de la adjudicación a la Comunidad de <FT TYPE="NUMBER">20.165</FT> tm de atún rojo para 1999 y sobre la realidad de que lo atribuido son las <FT TYPE="NUMBER">16.136</FT> tm que aparecen en el anexo del Reglamento, siendo la operación de descuento del exceso en que incurrieron durante 1997 varios Estados miembros un mero pretexto para ocultar las auténticas razones del reparto. Aunque así fuera, no podría hablarse de ausencia de motivación, ya que la demandante conocía las razones de la decisión. Además, la realidad niega su aserto. Basta con acudir a la recomendación de la Comisión del Atún 98-5, donde se lee que para 1999 se atribuyeron a la Comunidad <FT TYPE="NUMBER">20.165</FT> tm de atún rojo.<NOTE NOTE.ID="E0063" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el Compendio (p. 58).</P></NOTE></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-8016"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>Los motivos subsidiarios de impugnación</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>La discriminación entre Estados miembros</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>La República actora sostiene en la demanda que el reparto establecido con carácter excepcional para 1999 tiene como único objetivo dispensar un trato distinto a los Estados miembros, sin fundamento en los principios y en las reglas del derecho comunitario y, en particular, en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 3760/92.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Hay un dato que la demandante no ha negado en ningún momento; es el relativo a su exceso de <FT TYPE="NUMBER">2.666</FT> tm sobre el máximo de capturas que tenía atribuido durante la campaña de 1997. Y este hecho, unido a las consideraciones que he realizado más arriba acerca de los efectos de la incorporación de la Comunidad a la Comisión del Atún, del criterio de reparto interno elegido por el Consejo y del alcance del principio de estabilidad relativa, me inclina a pensar que lo realmente discriminatorio habría sido lo contrario: no tener en cuenta, para el reparto, los excesos en que incurrieron algunos Estados miembros, no sólo Italia.</TXT><P>En el marco de los esfuerzos internacionales para la conservación y la gestión de los tímidos en el Atlántico, y en cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas, la Comunidad ha visto reducida su cuota de pesca para 1999, a causa de los excesos cometidos por varios de los Estados miembros durante la campaña de 1997. Si en el momento de efectuar el reparto interno de esa cuota, no se toman en consideración, para descontárselos a los Estados miembros responsables, no sólo se discriminaría a los que se mantuvieron dentro de los límites fijados, sino que quedaría conculcado el principio de estabilidad relativa, que, como ya he apuntado, aspira a que las regiones cuya población depende de la pesca puedan seguir realizando esta actividad económica en función de las disponibilidades existentes.<NOTE NOTE.ID="E0064" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La demandante denuncia el trato de favor que, a su juicio, ha recibido la República Francesa por la circunstancia de que la recomendación que se adoptó en 1995 limitando sus capturas para el trienio 1996/1998 fuese derogada en noviembre de 1998. Esta queja adolece de falta de perspectiva. La supresión de esa recomendación por la Comisión del Atún no tuvo otro efecto que incrementar el volumen de capturas atribuido a Francia y, por consiguiente, elevar el umbral de pesca señalado a la Comunidad, cuya cuota era la suma de las correspondientes a los Estados miembros integrados en dicha Comisión. Con la abolición de aquella recomendación no sólo se benefició la República Francesa, sino también los Estados miembros concernidos y entre ellos Italia, pues, valga la expresión, la <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>tarta que había que repartir<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> pasó a ser mayor.</P></NOTE></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>La retroactividad de las reducciones en las cuotas de pesca para 1999 por excesos durante la campaña de 1997</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>La demandante discute la legitimidad de la reducción de cuotas para la campaña de 1999 por las demasías habidas durante la de 1997, y lo hace con fundamento en<?PAGE NO="I-8017"?> cuatro órdenes de razones: a) las sanciones por extralimitación en las capturas implican una responsabilidad individual del Estado infractor, por lo que no podían ser objeto de las negociaciones previstas en el Reglamento n° 65/98, que se refiere a las verdaderas cuotas atribuidas de manera estable a los Estados miembros; b) en todo caso, las negociaciones sobre la detracción de cuotas no puede llevarse a cabo sin dar ai Estado afectado la posibilidad de defender su posición; c) la recomendación de la Comisión del Atún n° 96-14, sobre los excesos durante la temporada de 1997, prevé su detracción durante la campaña siguiente (la de 1998), por lo que resulta incorrecto hacerlo para la de 1999; y d) la República Italiana se incorporó a la Comisión del Atún apenas unos días después de la entrada en vigor de la mencionada recomendación, lo que impide aplicarle sanciones por referencia a los excesos durante la campaña de 1997.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>El tercero de los anteriores argumentos nace de una premisa falsa. La demandante olvida que la recomendación 96-14 de la Comisión del Atún fue completada por la recomendación adoptada en Santiago de Compostela en noviembre de 1998, conforme a la cual la aplicación de una reducción por excesos en la cuota durante una campaña podría quedar diferida a un período de gestión posterior al siguiente en el que se produjo la extralimitación, si en el momento de la fijación de las cuotas no se dispone de todos los datos relativos a las capturas de dicho período.<NOTE NOTE.ID="E0065" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el punto 7 de estas conclusiones.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>La respuesta a los dos primeros argumentos no puede olvidar que, una vez que la Comunidad se adhirió al Convenio para la protección de los túnidos del Atlántico, <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>se subrogó<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> en la posición de aquellos de sus Estados miembros que ya pertenecían a dicha organización internacional, quienes, al propio tiempo, le hicieron entrega del <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>testigo<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> para actuar en el seno de la Comisión del Atún. Esta aseveración es una consecuencia obligada de lo dispuesto en el artículo 2, segundo guión, en el 3, párrafo segundo, y en el 11 y siguientes del Tratado de la Unión Europea, que demandan una política exterior común y, más en particular, de lo sancionado en el artículo 3 CE (artículo 3 del Tratado CE, antes de su modificación), que, en su letra e), impone una política común en los ámbitos de la agricultura y de la pesca.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Una vez adherida al Convenio, la Comunidad estaba perfectamente legitimada para negociar la asignación de la cuota de pesca que le correspondía, así como para discutir todos los parámetros pertinentes, incluidos los abusos en la pesca en que, antes de la incorporación, incurrieron algunos de sus Estados miembros.<NOTE NOTE.ID="E0066" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>No en vano la cuotas que se atribuyeron a la Comunidad para los años 1999 y 2000 son la suma de las partes correspondientes a los listados miembros que ya pertenecían a la Comisión del Atún (véase la nota a pie de página ** de la recomendación 98-5; Compendio, p. 58).</P></NOTE></TXT></NP><?PAGE NO="I-8018"?><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>El Reglamento n° 65/98 encargó a la Comisión Europea que negociara con la Comisión del Atún la revisión de las cifras de capturas para los Estados miembros sin limitación alguna y que procediera, en su caso, al ajuste posterior del reparto intracomunitario.<NOTE NOTE.ID="E0067" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse el octavo considerando y los párrafos tercero y cuarto del artículo 1.</P></NOTE> No me cabe ninguna duda de que a tal fin era imprescindible apreciar todos los elementos y todas las circunstancias concurrentes, entre los que se encontraban los relativos a los excesos de pesca y a las correspondientes detracciones, que eran aplicación de unas recomendaciones a las que en su momento ningún Estado miembro de la Comunidad —tampoco Italia, cuando se incorporó a la Comisión del Atún— hizo objeción alguna.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>En tal situación no se produce ningún asomo de indefensión para el Estado miembro de que se trate, porque la Comunidad defiende en las negociaciones los intereses comunitarios, que, en materia de política agraria común, son también los de cada uno de sus componentes.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>El último de los argumentos esgrimidos por la República Italiana frente al apartado 2 del artículo 2, en relación con la primera tabla del anexo del Reglamento, parte también de una premisa falsa, la de atribuir la naturaleza de sanción a la detracción de cuotas de pesca contemplada en la recomendación 96-14.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>La sanción, tanto penal como administrativa, es una figura jurídica cuyo objetivo primordial es el castigo, con fines de prevención general y especial, para retribuir las conductas consideradas reprochables en el instrumento jurídico adecuado.<NOTE NOTE.ID="E0068" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véanse las consideraciones que sobre el particular hice en las conclusiones que presenté en el asunto en que fue dictada la sentencia de <DATE ISO="20000704">4 de julio de 2000</DATE>, Comisión/Grecia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-387/97" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-5047">C-387/97, Rec. p. I-5047</REF.DOC.ECR>), puntos 28 y siguientes.</P></NOTE></TXT><P>Como la conducta reprochable es susceptible de alterar la realidad, la sanción en sentido estricto puede ir acompañada de medidas complementarias —reparadoras y restauradoras— que tengan por objeto devolver aquella realidad al estado en que se encontraba antes de que la infracción fuese cometida; pero estas medidas carecen de la naturaleza de sanción.</P></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Si se lee con detenimiento el texto del punto 2<NOTE NOTE.ID="E0069" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Que es el que aquí interesa y al que se refiere la recomendación de la Comisión del Atún 98-13 (véase el Compendio, p. 97).</P></NOTE> de la recomendación 96-14 de la Comisión del Atún y, además, se tiene en cuenta el contexto en el que ha sido adoptada, puede apreciarse con claridad que no tipifica una sanción<NOTE NOTE.ID="E0070" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Por cierto, en ningún momento se utiliza el significante <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>sanción<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> para los Estados cuyas capturas sobrepasen su cuota de pesca.</TXT><?PAGE NO="I-8019"?><P>La Comisión del Atún tiene por objetivo la conservación y la gestión de los túnidos en el Atlántico, mediante la colaboración de las partes en el mantenimiento de las poblaciones de túnidos en niveles que permitan capturas máximas sostenidas. Con tal objeto, en situaciones de <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>sobreex-plotación<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>, tiene la potestad de adoptar recomendaciones vinculantes para limitar las capturas y distribuirlas entre los Estados que mantienen flotas destinadas a la pesca del atún. Si alguno se excede, rompe el equilibrio en perjuicio de los demás, por lo que, para el cumplimiento de los fines propuestos, resulta necesario nivelar de nuevo la balanza. La estabilidad se recupera detrayendo de la cuota correspondiente al Estado incumplidor la cuantía del exceso. Éstos son el sentido y el alcance que hay que dar a la medida adoptada en el punto 2 de la recomendación 96-14 de la Comisión del Atún.</P></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>No se impone sanción alguna y, consecuentemente, no procede traer a colación el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras.<NOTE NOTE.ID="E0071" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En la sentencia Comisión/Grecia, citada en la nota 68, el Tribunal de Justicia lia negado la condición de sanción a las multas coercitivas impuestas al amparo del artículo 171, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 228 CE, apartado 2), y, por tanto, no ha considerado operativo el principio de irretroactividad (véase su apartado 41).</P></NOTE> Y buena prueba de que no hay castigo es que, en el punto 3 de la propia recomendación, se contemplan otras medidas que sí podrían tener esa naturaleza, en cuanto no persiguen compensar el daño, sino reprimir al incumplidor (reducción de la cuota superior al exceso y medidas comerciales restrictivas).</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Aun cuando aceptara la tesis de la demandante y admitiera la naturaleza de sanción de la medida en cuestión, no cabría deducir que, detrayendo a la República Italiana en la cuota de 1999 los excesos en que incurrió durante la campaña de 1997, quedó vulnerado el principio que prohibe la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Vaya por delante que la recomendación 96-14 entró en vigor dos días antes de la incorporación de Italia a la Comisión del Atún,<NOTE NOTE.ID="E0072" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La recomendación entró en vigor el <DATE ISO="19970804">4 de agosto de 1997</DATE> y la adhesión de Italia se produjo el 6 de agosto (véanse el punto 7 y la nota 16 de estas conclusiones}.</P></NOTE> por lo que no puede hablarse de aplicación retroactiva en el plano normativo. Cuando se adhirió a la organización, la recomendación ya tenía vida jurídica<NOTE NOTE.ID="E0073" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Una vez producida la adhesión a la Comisión del Atún, el nuevo miembro se somete a las recomendaciones ya aprobadas y en vigor. No encuentra aquí aplicación la norma contenida en el artículo VIII del Convenio, de modo que haya que esperar seis meses para que las disposiciones válidamente aprobadas por la Comisión del Atún tengan eficacia respecto del socio recién llegado. La razón es muy sencilla: el proceso de adhesión conlleva, salvo reserva expresa, la aceptación en su integridad del corpus jurídico que desarrolla el Convenio y que regula las obligaciones asumidas en su virtud por los Estados signatarios, por lo que no es menester habilitar plazo alguna para la presentación de objeciones.</P></NOTE> y, lo que es más importante, pese a conocer su existencia, durante el proceso de adhesión no le puso ningún reparo.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Tampoco hay retroactividad respecto de los hechos, como pretende la demandante al quejarse de que la recomendación habría sido aplicada a unas capturas realizadas<?PAGE NO="I-8020"?> antes de que Italia formase parte de la Comisión del Atún. Con este planteamiento desconoce el contenido de la transgresión que se le imputa. Por su propia naturaleza se trata de una infracción que sólo queda consumada cuando se sobrepasa el umbral de pesca atribuido y que, a partir de este momento, adquiere la condición de <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>continuada<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> si las capturas prosiguen.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>La República Italiana, sin pertenecer aún a la Comisión del Atún, se había comprometido a no sobrepasar los niveles de pesca del atún rojo indicados en la recomendación 94-11, pues esta disposición fue asumida por el Consejo General de Pesquerías para el Mediterráneo, del que formaba parte, en su resolución 95/1.<NOTE NOTE.ID="E0074" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la nota 8 de estas conclusiones.</P></NOTE></TXT><P>Por consiguiente, para la campaña de 1997 la demandante se comprometió a no sobrepasar el más alto de los niveles de capturas alcanzados en 1993 y en 1994. Poco importa cuál fuese la fuerza vinculante de ese compromiso, pues lo decisivo es que, con su incorporación sin reservas a la Comisión del Atún, se convirtió en una obligación para Italia. A partir del <DATE ISO="19970806">6 de agosto de 1997</DATE> quedó jurídicamente vinculada a que sus capturas durante dicho año —anteriores o posteriores al día de su adhesión— no superaran el indicado umbral,<NOTE NOTE.ID="E0075" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La interpretación conforme a la cual, en el año de su incorporación, no deben tomarse en consideración las capturas realizadas por el nuevo miembro de la Comisión del Atún con anterioridad a la fecha de la adhesión, de modo que para calcular si sobrepasa o no su límite de capturas sólo deban tenerse en cuenta las posteriores, cualquiera que sea el volumen apresado hasta ese momento, supone desconocer cuáles son los objetivos del Convenio y, en cierta medida, pone en riesgo su efectiva realización, en cuanto permite que un socio aprese un volumen de peces superior al recomendado con carácter vinculante para la conservación de los túnidos en el Atlántico.</P></NOTE> sabiendo que, de sobrepasarlo, el exceso podría serle descontado de la cuota del siguiente año.<NOTE NOTE.ID="E0076" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Por mor de la recomendación complementaria 98-13, de la cuota del año 1999.</P></NOTE></P><P>Por tanto, tampoco desde este ángulo cabría hablar de vulneración del principio de irretroactividad de las normas sancionadoras, que, al servicio del principio de seguridad jurídica, aspira a que nadie sea sorprendido <HT TYPE="ITALIC">a posteriori</HT> por la tipificación de una conducta que, al tiempo de su comisión, no estaba definida como sancionable. En el momento de su adhesión al Convenio internacional para la protección de los túnidos del Atlántico, la República Italiana sabía que no debería rebasar un determinado umbral y que, si lo sobrepasaba, le podría ser aplicada la recomendación n° 96-14.<NOTE NOTE.ID="E0077" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si en momento de su incorporación a la Comisión del Atún, la República Italiana ya había transgredido su umbral de capturas, para evitar la futura deducción del exceso debió manifestarlo así y condicionar su adhesión a la inaplicación de las recomendaciones 96-14 y 98-13, pero no hizo ni lo uno ni lo otro, tal y como se puso de relieve en el acto de la vista mediante la respuesta ciada por el representante del Gobierno italiano a la pregunta que le formulé.</P></NOTE></P></NP><?PAGE NO="I-8021"?><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>En atención a lo expuesto, ninguna de las infracciones que la República Italiana imputa al artículo 2 del Reglamento y a la tabla de su anexo relativa al atún rojo han tenido lugar, por lo que procede la desestimación del recurso de anulación interpuesto.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>VI.</NO.P><TXT>Costas</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>La desestimación del recurso interpuesto por la República Italiana conlleva su condena al pago de las costas del proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>VII.</NO.P><TXT>Conclusión</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>A tenor de las consideraciones precedentes, sugiero al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de anulación interpuesto por la República Italiana contra el artículo 2 y la tabla del anexo relativa al atún rojo del Reglamento (CE) n° 49/1999 del Consejo, de <DATE ISO="19981218">18 de diciembre de 1998</DATE>, por el que se establecen para 1999 los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones de peces altamente migratorios, su distribución en cuotas entre los Estados miembros y determinadas condiciones en que pueden pescarse, con imposición de costas al Estado demandante.</TXT></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>