<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1988ESA.0800475301.case.xml"><NO.CASE>252/87</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61987C0252</NO.CELEX><NO.SEQ>0009.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>4760</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>4761</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>2</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. DARMON — ASUNTO 252/87</LEFT><RIGHT>HAUPTZOLLAMT HAMBURGST. ANNEN / KIWALL</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del Abogado General</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. Marco Darmon</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="19880706">6 de julio de 1988</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Traducido del francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Señor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Señores Jueces,</HT></P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Al igual que la Comisión y la sociedad Kiwall, opino que, para facilitar la respuesta, interesa formular de nuevo la cuestión que ha planteado al Tribunal el Bundesfinanzhof.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Teniendo en cuenta los hechos descritos en los autos, el órgano jurisdiccional de remisión solicita al Tribunal de Justicia fundamentalmente que se pronuncie sobre si <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>en mayo de 1980<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> el Derecho comunitario se oponía a que en un Estado miembro naciera una deuda aduanera por la importación de mercancías originarias de un tercer país, procedentes de otro Estado miembro, según el régimen del formulario T2 conseguido contrariamente a Derecho en este último Estado, donde previamente fueron importadas con fraude.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>La respuesta a esta cuestión se puede deducir a mi parecer del artículo 36 del Reglamento n° 222/77 del Consejo relativo al tránsito comunitario<NOTE NOTE.ID="E0002"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="038" DATE.PUB="19770209" PAGE.FIRST="1">DO L 38 de 9.2.1977, p. 1</REF.DOC.OJ>; EE 02/03, p. 91.</P></NOTE> a la vista y teniendo en cuenta esencialmente la sentencia Fioravanti.<NOTE NOTE.ID="E0003"><P>Semencia de <DATE ISO="19841127">27 de noviembre de 1984</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="99/83" YEAR="1984" PAGE.ECR="3939">99/83, Rec. 1984, p. 3939</REF.DOC.ECR>). En esta sentencia el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 36 del Reglamento n° 542/69 del Consejo, de <DATE ISO="19690318">18 de marzo de 1969</DATE>, relativo al tránsito comunitario (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="077" DATE.PUB="19690329" PAGE.FIRST="1">DO L 77 de 29.3.1969, p. 1</REF.DOC.OJ>) cuyo texto es idéntico al del articulo 36 del Reglamento n° 222/77.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Según esta disposición, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>cuando se compruebe que ha sido cometida una infracción o una irregularidad en un Estado miembro en el curso o con ocasión de una operación de tránsito comunitario, el Estado miembro procederá a la recaudación de los derechos y demás gravámenes eventualmente exigibles, con arreglo a sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>. En la sentencia Fioravanti el Tribunal de Justicia desestimó el razonamiento según el cual la puesta en circulación en un Estado miembro de mercancías originarias de un tercer país y no admitidas en libre práctica es lo que hace exigibles los derechos de aduana y otros tributos. El Tribunal de Justicia declaró también:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>La sistemática del régimen de tránsito comunitario interno requiere una disposición que regule el supuesto en que, como consecuencia de una irregularidad en la aplicación del régimen, no sean recaudados los derechos y otros tributos exigibles.<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0004"><P>Apartado 22 (traducción provisional).</P></NOTE></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Según los hechos del litigio principal, se cometieron dos infracciones inicialmente en el primer país de importación: la introducción con fraude de mercancías procedentes de un Estado tercero eludiendo los derechos normalmente exigibles y, a continuación, la obtención contraria a Derecho de un certificado T2. No ofrece duda que esta segunda infracción fue cometida <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>en el curso o con ocasión de una operación de tránsito comunitario<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> y, en todo caso, al principio de esta operación, lo que hace aplicable al caso el artículo 36 del Reglamento n° 222/77. Pero<?PAGE NO="4761"?> la propia importación fraudulenta ¿no fue anterior al tránsito comunitario?</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Ciertamente, tal es el caso en términos estrictos. Pero teniendo en cuenta las consecuencias en el plano de las competencias estatales en la materia, me parece razonable considerar la primera importación como indisoluble del conjunto de la operación de tránsito que la siguió. Tal solución me parece justificada especialmente en el caso de que las mercancías de que se trata no fueron puestas en circulación en el primer Estado miembro de importación antes de ser enviadas al segundo Estado. Es en el momento de introducir las mercancías en la Comunidad cuando los derechos son exigibles. Dicha entrada tuvo lugar en el primer Estado.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>La primera infracción, es decir, la introducción fraudulenta en el territorio aduanero de la Comunidad de mercancías procedentes de Estados terceros es origen de sucesivas infracciones posteriores. Sería artificial, en efecto, considerar la primera importación como separada de las que la siguieron.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Por lo tanto, concluyo proponiendo que el Tribunal de Justicia declare que el Derecho comunitario aplicable en mayo de 1980 es contrario a que nazca una deuda aduanera en un Estado miembro en el cual hayan sido importadas mercancías originarias de Estados terceros despachadas contrariamente a Derecho desde otro Estado miembro en el cual fueron previamente importadas con fraude.</TXT></NP></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>