<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11996ESA.1000226101.case.xml"><NO.CASE>T-164/96 R</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61996B0164</NO.CELEX><NO.SEQ>0036.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2263</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2277</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>15</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19961217">17.12.1996</DATE> — ASUNTO T-164/96 R</LEFT><RIGHT>MOCCIA IRME / COMISIÓN</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia</HT></P><P>de <DATE ISO="19961217">17 de diciembre de 1996</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto T-164/96 R,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Moccia Irme SpA,</HT> sociedad italiana, con domicilio social en Nápoles, representada por los Sres. Emilio Cappelli, Paolo de Caterini y Andrea Bandini, Abogados de Roma, que designa corno domicilio en Luxemburgo el despacho de M <HT TYPE="SUP">e</HT> Charles Turk, 13 b, avenue Guillaume,</P><PARTY.STATUS>parte demandante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contra</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Comisión de las Comunidades Europeas,</HT> representada por el Sr. Paul F. Nemitz y la Sra. Laura Pignataro, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, asistidos por el Sr. Massimo Moretto, Abogado de Venecia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>parte demandada,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>que tiene por objeto una demanda, interpuesta con arreglo al artículo 39 del Tratado CECA, con el fin de conseguir que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ordene la suspensión de la ejecución de la Decisión de la Comisión de <DATE ISO="19960730">30 de julio de 1996</DATE>, doc. C(96) 2385 final, así como de los actos previos a la misma, y disponga que la Comisión habrá de instar a las autoridades italianas a que suspendan, hasta el momento en que se dicte una resolución sobre el fondo del asunto, el pago de las ayudas para el cierre a que se refiere el Decreto-Ley n° 396, de <DATE ISO="19940620">20 de junio de 1994</DATE>, convalidado en la Ley n° 481, de <DATE ISO="19940803">3 de agosto de 1994</DATE>, y, con carácter subsidiario, que la Comisión reanude el procedimiento contradictorio de examen de la ayuda con la sociedad demandante,</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-2264"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Hechos y procedimiento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Según la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA, se reconocen corno incompatibles con el mercado común del carbón y del acero, y quedaron por consiguiente prohibidas dentro de la Comunidad, las subvenciones o ayudas otorgadas por los Estados, cualquiera que sea su forma. En todos los casos en que resulte necesario para alcanzar uno de los objetivos de la Comunidad, tal como están definidos en los artículos 2, 3, y 4 del Tratado CECA, en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 95 de este mismo Tratado, la Comisión puede autorizar subvenciones o ayudas concedidas por los Estados miembros al sector siderúrgico mediante decisiones tomadas con el dictamen conforme del Consejo, emitido por unanimidad. En este contexto, la Comisión adoptó la Decisión n° 3855/91/CECA, de <DATE ISO="19911127">27 de noviembre de 1991</DATE>, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas para la siderurgia (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="362" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="57">DO L 362, p. 57</REF.DOC.OJ>), más conocida bajo la denominación de <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Quinto Código de Ayudas a la Siderurgia<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la referida Decisión, todas <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>las ayudas a la industria siderúrgica, sean de carácter específico o no, financiadas por un Estado miembro, entes públicos territoriales o por medio de recursos estatales, con independencia de su forma, podrán considerarse ayudas comunitarias y por tanto compatibles con el buen funcionamiento del mercado común, sólo si se ajustan a las disposiciones de los artículos 2 a 5<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>. El apartado tercero de este mismo artículo<?PAGE NO="II-2265"?> establece que las citadas ayudas <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>sólo podrán hacerse efectivas con arreglo a los procedimientos previstos en el artículo 6 y no darán lugar a pago alguno después del <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE><QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>. Por lo que se refiere a las ayudas para el cierre, el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 dispone que las ayudas</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>a favor de las empresas del sector de la siderurgia que abandonen definitivamente la fabricación de productos siderúrgicos CECA podrán considerarse compatibles con el mercado común, siempre y cuando dichas empresas:</P><P>[...]</P><P>hayan fabricado con regularidad productos siderúrgicos CECA hasta la fecha de notificación de las citadas ayudas<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Con el fin de permitir un control eficaz de la aplicación de las referidas normas, el apartado 1 del artículo 6 establece que la Comisión será informada con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones respecto de los proyectos dirigidos a conceder o modificar las ayudas previstas en los artículos 2 a 5. Conforme al apartado 4 del mismo artículo, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión considera que una ayuda no es compatible con las disposiciones de la presente Decisión, informará al Estado miembro interesado de su decisión. La Comisión tomará una decisión a más tardar tres meses después de la recepción de las informaciones necesarias para permitirle apreciar la ayuda de que se trata.<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> Finalmente, el apartado 6 dispone que todos los casos concretos de aplicación de las ayudas contempladas en los artículos 4 y 5 serán notificados a la Comisión en las condiciones previstas en el apartado 1.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>En febrero de 1994, el Gobierno italiano notificó a la Comisión, conforme al apartado 1 del artículo 6 de la Decisión n° 3855/91, el Decreto-Ley n° 103, de <DATE ISO="19940214">14 de febrero de 1994</DATE>, por el que se dictan normas urgentes para la realización del<?PAGE NO="II-2266"?> programa de reestructuración del sector siderurgico. Dado que esta disposición no se transformó en Ley, fue reiterada mediante el Decreto-Ley n° 234, de <DATE ISO="19940414">14 de abril de 1994</DATE>, y, nuevamente, mediante el Decreto-Ley n° 396, de <DATE ISO="19940620">20 de junio de 1994</DATE>. Este último se convalidó definitivamente en la Ley n° 481, de <DATE ISO="19940803">3 de agosto de 1994</DATE>. El tercer apartado del artículo 1 de la referida Ley n° 481/94 aclara que <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>las solicitudes tendentes a la concesión de las ayudas [...] deberán presentarse en el Ministero dell'industria, del commmercio e dell'artigianato — Direzione generale della produzione industriale, antes del <DATE ISO="19940730">30 de julio de 1994</DATE> [...]<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> mientras que <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>el desmantelamiento de las instalaciones deberá efectuarse antes del <DATE ISO="19950331">31 de marzo de 1995</DATE> y el pago completo de las ayudas [...] realizarse antes del <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE><QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>En agosto de 1994, las autoridades italianas notificaron el Reglamento para la aplicación de la Ley n° 481/94, en forma de Decreto ministerial (Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n° 683, de <DATE ISO="19941012">12 de octubre de 1994</DATE>). Con arreglo al apartado 1 del artículo 1 del Decreto n° 683/94, para disfrutar de las ayudas contempladas en el artículo 1 de la Ley n° 481/94, las empresas interesadas debían cumplir, entre otras, las siguientes condiciones:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>c)</NO.P><TXT>haber procedido al desmantelamiento de las instalaciones para las cuales se concedieron las ayudas antes del <DATE ISO="19950331">31 de marzo de 1995</DATE>: así como</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[...]</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>haber fabricado con regularidad hasta el momento en que se adoptó el Decreto-Ley n° 103, de <DATE ISO="19940214">14 de febrero de 1994</DATE>, reiterado mediante el Decreto-Ley n° 234, de <DATE ISO="19940414">14 de abril de 1994</DATE>, reiterado mediante el Decreto-Ley n° 396, de <DATE ISO="19940620">20 de junio de 1994</DATE>, que se convalidó en la Ley n° 481, de <DATE ISO="19940803">3 de agosto de 1994</DATE>, productos siderúrgicos, certificados mediante dictamen jurado de un perito en esta materia que figure inscrito en el registro de expertos y que haya sido nombrado por el tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio la sociedad<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="II-2267"?><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Después de haber verificado la conformidad de la Ley n° 481/94 y del Decreto ministerial n° 683/94 con la Decisión n° 3855/91 (y, en particular, con lo dispuesto en su artículo 4), la Comisión, mediante Decisión de <DATE ISO="19941212">12 de diciembre de 1994</DATE>, autorizó las referidas ayudas, supeditando la concesión en cada caso concreto a la previa notificación. Por lo que se refiere al requisito relativo a la <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>fabricación con regularidad<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> de productos siderúrgicos CECA, establecido en el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 de la Decisión n° 3855/91, la Comisión, fundándose en las informaciones notificadas por las autoridades italianas, señaló que dicha condición podía considerarse cumplida si la empresa interesada <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>[...] hubiera desarrollado durante todo el año 1993 y hasta el momento en que se notificó a la Comisión el Decreto-Ley n° 103, de febrero de 1994, una actividad de producción como promedio de un turno por día por lo menos, esto es, un mínimo de ocho horas al día, durante cinco días por semana<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> (véase la carta dirigida al Gobierno italiano el <DATE ISO="19941212">12 de diciembre de 1994</DATE> por el Comisario de la competencia Sr. Karel van Miert, que constituye el Anexo 8 al escrito de interposición del recurso, página 3, segundo guión del párrafo primero). La Comisión precisaba, asimismo, que las autoridades italianas podrían <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>[...] demostrar, basándose en criterios objetivos, que una empresa que no cumpliera esa condición, había fabricado, sin embargo, con regularidad, productos siderúrgicos CECA<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, confirmando de esta manera que debía considerarse que el referido criterio se mencionaba con un carácter puramente ejemplificativo.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Fundándose en todo lo dispuesto en la Ley n° 481/94 y en el Decreto de aplicación n° 683/94, la sociedad Moccia Irme SpA formuló, al igual que otras empresas siderúrgicas CECA establecidas en Italia, una solicitud con el fin de que se autorizara la concesión de ayudas para el cierre definitivo de instalaciones siderúrgicas.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Mediante escritos de <DATE ISO="19951215">15 de diciembre de 1995</DATE> y 2 de febrero de 1996, la Comisión informó a las autoridades italianas de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión n° 3855/91 en relación con los distintos <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>supuestos concretos<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> de ayudas debidamente notificadas con arreglo al apartado 6 del artículo 6 de esta misma Decisión. En los referidos casos, las empresas interesadas, aun cumpliendo las demás condiciones taxativamente enumeradas en el artículo 4, no podían alegar haber <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>fabricado con regularidad<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> productos siderúrgicos CECA hasta el momento en que se notificaron las ayudas (es decir,<?PAGE NO="II-2268"?> hasta febrero de 1994), según dispone el segundo guión del apartado 2 del artículo 4 de la Decisión n° 3855/91. En particular, la demandante no había desarrollado actividad de producción alguna durante el período de referencia (véase la Decisión de la Comisión C(93) 2385 final, de <DATE ISO="19960730">30 de julio de 1996</DATE>, Capítulo I, p. 3, párrafo segundo <HT TYPE="ITALIC">in fine).</HT></TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Mediante escrito de <DATE ISO="19960131">31 de enero de 1996</DATE>, el Gobierno italiano formuló sus observaciones en lo relativo a la incoación del procedimiento. Sin embargo, en lugar de aportar la prueba de que las empresas de que se trata habían fabricado con regularidad productos siderúrgicos CECA durante el período de referencia, de acuerdo con criterios objetivos, se limitó a tratar de justificar la falta de producción regular, confirmando implícitamente de esta forma que en tales casos no podía considerarse cumplida la condición de que se trata.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Por consiguiente, mediante Decisión de <DATE ISO="19960730">30 de julio de 1996</DATE>, la Comisión decidió declarar incompatibles con el mercado común del acero, en el sentido de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA, las ayudas de Estado que Italia tenía previsto otorgar a favor de la demandante, entre otras empresas.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Mediante Decreto-Ley n° 143, de <DATE ISO="19950429">29 de abril de 1995</DATE>, se prorrogó hasta el <DATE ISO="19951231">31 de diciembre de 1995</DATE> el plazo del <DATE ISO="19950331">31 de marzo de 1995</DATE> establecido en el apartado 3 del artículo 1 de la Ley n° 481/94 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Decreto n° 683 para el desmantelamiento de las instalaciones y, sucesivamente, mediante Decreto-Ley n° 547, de <DATE ISO="19951223">23 de diciembre de 1995</DATE>, hasta el 29 de febrero de 1996; mediante Decreto-Ley n° 78, de <DATE ISO="19960226">26 de febrero de 1996</DATE>, hasta el <DATE ISO="19960430">30 de abril de 1996</DATE>; mediante Decreto-Ley n° 214, de <DATE ISO="19960426">26 de abril de 1996</DATE>, hasta el <DATE ISO="19960630">30 de junio de 1996</DATE>, y, finalmente, mediante Decreto-Ley n° 542, de <DATE ISO="19961023">23 de octubre de 1996</DATE>, se fijó definitivamente en el <DATE ISO="19960930">30 de septiembre de 1996</DATE>. No se modificó el plazo del <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE> que ya había fijado la Ley n° 481/94 para el pago total de las ayudas. El apartado 4 del artículo 3 del Decreto-Ley n° 542, de <DATE ISO="19961023">23 de octubre de 1996</DATE>, dice textualmente:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>Se vuelve a prorrogar hasta el <DATE ISO="19960930">30 de septiembre de 1996</DATE> el plazo de <DATE ISO="19950331">31 de marzo de 1995</DATE> fijado por el párrafo tercero del artículo 1 del Decreto-Ley n° 396, de <DATE ISO="19940620">20 de junio de 1994</DATE>, convalidado, con modificaciones, en la Ley n°481, de <DATE ISO="19940803">3 de agosto de 1994</DATE>, ya prorrogado anteriormente hasta el<?PAGE NO="II-2269"?> <DATE ISO="19960630">30 de junio de 1996</DATE>. En todo caso, las empresas que aún se hallan sujetas a la obligación de previa notificación a la Comisión de la Unión Europea deberán abandonar su producción una vez que hayan recibido el Decreto por el que se conceden las ayudas previstas en el párrafo segundo del artículo 1 del Decreto-Ley n° 396, de 1994, sin perjuicio de las demás obligaciones impuestas por la Comisión, y del plazo establecido hasta el <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE> para la clausura de los procedimientos de concesión de las referidas ayudas.<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Mediante un recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19961019">19 de octubre de 1996</DATE>, la demandante solicitó la anulación de la Decisión de la Comisión de <DATE ISO="19960730">30 de julio de 1996</DATE>, doc. C(96) 2385 final, así como la inaplicación de los demás actos previos, coordinados o conexos a la misma.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Mediante documento separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19961129">29 de noviembre de 1996</DATE>, la demandante formuló una demanda de medidas provisionales, con arreglo al artículo 39 del Tratado CECA, en la que solicitaba que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia, <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>después de oír a las partes, acuerde la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada y de los demás actos previos a la misma y ordene a la Comisión instar a las autoridades italianas a que suspendan, hasta el momento en que se dicte una resolución sobre el fondo del asunto, el pago de las ayudas para el cierre a que se refiere la Ley n° 481/94 y, con carácter subsidiario, que la propia Comisión reanude el procedimiento de examen contradictorio de la ayuda con la sociedad demandante<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Mediante documento presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19961206">6 de diciembre de 1996</DATE>, la Comisión formuló sus observaciones escritas.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19961211">11 de diciembre de 1996</DATE>, las partes presentaron sus observaciones orales.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-2270"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fundamentos de Derecho</P></TI></TITLE><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Con arreglo a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 39 del Tratado CECA en relación con el artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de <DATE ISO="19881024">24 de octubre de 1988</DATE>, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="319" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="1">DO L 319, p. 1</REF.DOC.OJ>), modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de <DATE ISO="19930608">8 de junio de 1993</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="144" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">DO L 144, p. 1</REF.DOC.OJ>), por la Decisión 94/149/CECA, CE del Consejo, de <DATE ISO="19940307">7 de marzo de 1994</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="066" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="29">DO L 66, p. 29</REF.DOC.OJ>) y por la Decisión 95/1/CE, Euratom, CECA del Consejo, de <DATE ISO="19950101">1 de enero de 1995</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="001" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="1">DO L 1, p. 1</REF.DOC.OJ>), el Tribunal podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada u ordenar cuantas medidas provisionales fueren necesarias.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>El apartado 1 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que la demanda de que se suspenda la ejecución de un acto sólo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. El apartado 2 del citado artículo establece que las demandas relativas a las demás medidas provisionales previstas en los párrafos segundo y tercero del artículo 39 del Tratado CECA especificarán las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada. Las medidas solicitadas deberán tener carácter provisional en el sentido de que no deben prejuzgar la decisión sobre el fondo del asunto (véase el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19961129">29 de noviembre de 1996</DATE>, Antonissen/Consejo y Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-179/96 R" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-641">T-179/96 R, Rec. p. II-641, apartado 19</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>En el presente caso, la demandante solicita al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>ordene la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, así como de los actos previos a la misma;</P></ITEM><ITEM><P>disponga que la Comisión deberá instar a las autoridades italianas a que suspendan, hasta el momento en que se dicte una resolución acerca del fondo del asunto, el pago de las ayudas de Estado para el cierre de las empresas siderúrgicas, a que se refiere la Ley n <HT TYPE="SUP">o</HT> 481/94;</P></ITEM><?PAGE NO="II-2271"?><ITEM><P>con carácter subsidiario respecto a la demanda anterior, decida que la Comisión deberá reabrir el procedimiento de examen de la ayuda que debe concederse a la demandante.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Procede, pues, declarar que la presente demanda pretende conseguir que el Tribunal de Primera Instancia dicte determinadas medidas provisionales con arreglo a los párrafos segundo y tercero del artículo 39 del Tratado CECA, medidas que la demandante considera necesarias en función de las circunstancias que alega.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Para poder pronunciarse sobre dicha demanda, procede examinar ante todo el interés que puede tener la demandante en conseguir las medidas provisionales solicitadas.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre el interés en que se dicten las medidas provisionales solicitadas</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI></TITLE><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>La demandante considera que su interés en conseguir las medidas provisionales solicitadas debe buscarse en la especial situación en que se encontró a raíz de la Decisión de la Comisión de <DATE ISO="19960730">30 de julio de 1996</DATE>, que denegó la autorización para conceder la ayuda para el cierre a que se refiere la Ley n° 481/94. Efectivamente, esta Ley, completada mediante el Decreto-Ley n° 542/96, prevé un plazo para el. desmantelamiento de las instalaciones, fijado actualmente en el <DATE ISO="19960930">30 de septiembre de 1996</DATE>, así como un plazo para el pago de las ayudas, idéntico al previsto con carácter general en el apartado 3 del artículo 1 del Quinto Código de Ayudas a la Siderurgia, es decir, el <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE>. Pues bien, la decisión denegatoria de la Comisión impide a la Sociedad Moccia Irme, mientras el asunto esté pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, elegir entre la obtención de la ayuda para el cierre y la venta de las instalaciones a terceros, lo cual le ocasiona un perjuicio grave e irreparable, consistente en la <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>imposibilidad de elegir<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>; en efecto, una vez expirados los dos plazos citados, la demandante ya no tendría la oportunidad de<?PAGE NO="II-2272"?> disfrutar de la ayuda para el cierre y la única alternativa sería vender las instalaciones a un precio inferior a las ofertas presentadas cuando aún era posible conseguir la ayuda pública. Por lo tanto, la posible estimación de su recurso interpuesto en el asunto principal podría no ser de utilidad alguna para la sociedad Moccia Irme, por no poderse producir más que fuera del plazo necesario. Dicha Sociedad sólo podría recibir una adecuada tutela jurídica si se dictaran las medidas provisionales que solicita a este Tribunal.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>En particular, el interés que pudiera tener la demandante en conseguir que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ordene a la Comisión instar a las autoridades italianas a suspender el pago de las ayudas para el cierre previstas en la Ley n° 481/94 reside en el hecho de que los recursos financieros previstos a nivel nacional para fomentar el cierre de las instalaciones siderúrgicas <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>podrían distribuirse definitivamente entre las demás empresas que los hubieran solicitado<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>, lo cual podría privar a la sociedad Moccia Irme de toda ayuda financiera y obligarla a vender sus instalaciones de producción a precios reducidos a los posibles adquirentes que podrían <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>fijar a su arbitrio el precio de compra<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>. Una medida cautelar que revistiera la forma de una <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>moratoria provisional relativa a todo el sistema de ayudas al cese de la actividad<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> concebido por el Gobierno italiano permitiría, por el contrario, a la Comisión, a las autoridades italianas y a la propia Sociedad Moccia Irme <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>estudiar y aplicar unas soluciones capaces de convenir a todos los intereses concurrentes<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>La Comisión afirma que la demandante no ha presentado ninguna prueba del interés que dice tener en obtener las medidas provisionales solicitadas. Efectivamente, el riesgo de que se irrogue un perjuicio a la Sociedad Moccia Irme es puramente potencial y, en cualquier caso, se <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>concretaría en un perjuicio de índole puramente patrimonial<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>, que podría ser reparado si se estimara el recurso interpuesto en el asunto principal, a través de <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>unas medidas ordinarias de reparación de los daños<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>. Además, debería considerarse que ya no se cumple el presupuesto de hecho al cual se halla supeditada la demanda de medidas provisionales, desde el momento en que había expirado ya el plazo previsto para el desmantelamiento de las instalaciones, es decir, el <DATE ISO="19960930">30 de septiembre de 1996</DATE>; la posible concesión de las<?PAGE NO="II-2273"?> medidas solicitadas no tenía ninguna utilidad para la demandante, que no podía disfrutar de la ayuda pública por cuanto ya no era jurídicamente posible cumplir la condición a la cual está supeditada el pago de la ayuda, es decir, la destrucción de las instalaciones.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>En lo relativo a la demanda de suspensión de la concesión de las ayudas contempladas en la Ley n° 481/94, la Comisión pone de manifiesto que dicha medida provisional resulta innecesaria y excesiva. Su inutilidad deriva del hecho de que la demandante <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>a la espera de la resolución definitiva que hubiera de dictarse en el recurso interpuesto en el asunto principal, podría formular a las autoridades italianas competentes una demanda tendente a conseguir unas medidas para que se le reservara una determinada parte de los fondos destinados a la financiación de las ayudas al cierre, o incluso suspender la totalidad del procedimiento de concesión de las ayudas<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>. Según la Comisión, tampoco cabría excluir la posibilidad de que, en 1997, se destinen nuevos recursos a la financiación del cierre definitivo de instalaciones siderúrgicas; en la perspectiva de la expiración, el <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE>, del Quinto Código de Ayudas a la Siderurgia, <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>la Comisión ya formuló efectivamente una propuesta llamada a sustituir la Decisión precedente<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> mientras que, a nivel nacional, la Ley n° 550, de <DATE ISO="19950928">28 de septiembre de 1995</DATE> (Ley de Presupuestos para 1996) prevé para 1997, la asignación de <FT TYPE="NUMBER">100.000</FT> millones de LIT al fondo especial permanente para la innovación tecnológica con vistas a la ejecución del plan de reestructuración de la siderurgia. Lo excesivo de la medida solicitada resulta de las consecuencias prácticas que podrían derivarse de la misma si se estimara la demanda; efectivamente, dicha medida impediría <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>al Gobierno italiano pagar ayudas para el cierre a cualquier tipo de empresas, incluyendo a aquellas a favor de las cuales la ayuda se consideró con plena razón como compatible<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>, lo cual supondría una violación grave de los derechos de aquellas otras que ya hubieran procedido al desmantelamiento de sus instalaciones, conforme a lo dispuesto en la normativa nacional.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Finalmente, la Comisión observa que una medida provisional consistente en que se le ordene instar a las autoridades italianas suspender la concesión de las ayudas para el cierre hasta que finalice el procedimiento sobre el asunto principal excedería manifiestamente de las competencias que tiene conferidas por el Tratado CECA, en la forma en que se precisan en el Quinto Código de Ayudas a la Siderurgia, en<?PAGE NO="II-2274"?> tanto que una medida provisional que tuviera como efecto obligarle a volver a abrir el procedimiento de examen de la ayuda destinada a la sociedad Moccia Irme produciría <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>los mismos efectos que los que pretende conseguir el recurso interpuesto en el asunto principal y prejuzgaría la decisión sobre el fondo del asunto<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Apreciación del Juez que conoce de las medidas provisionales</P></TI></TITLE><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Con arreglo a una reiterada jurisprudencia, en el momento de acordarse unas medidas provisionales, debe valorarse si la parte demandante justifica un interés en obtener las medidas solicitadas (véase el auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19890519">19 de mayo de 1989</DATE>, Caturla-Poch/Parlamento Europeo, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="107/89 R" YEAR="1989" PAGE.ECR="1357">107/89 R, Rec. p. 1357</REF.DOC.ECR>). Dicha exigencia es especialmente evidente en el supuesto de una demanda de suspensión de un acto negativo, demanda en relación con la cual es preciso verificar el efecto útil que puede derivarse de la misma para el demandante, si se concediera la medida propuesta (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19931008">8 de octubre de 1993</DATE>, Branco/Tribunal de Cuentas, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-507/93 R" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-1013">T-507/93 R, Rec. p. II-1013</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Desde esta perspectiva, es preciso preguntarse si las medidas provisionales solicitadas por la sociedad Moccia Irme pueden ser efectivamente de alguna utilidad para la demandante.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>La primera medida provisional solicitada consiste en la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, con arreglo al párrafo segundo del artículo 39 del Tratado CECA. A este respecto, debe señalarse que la Decisión impugnada tiene un carácter negativo y que su posible suspensión no tendría ninguna consecuencia para la demandante: en efecto, para que el Gobierno italiano pudiera proceder al pago de la ayuda, sería preciso, de cualquier forma, que la Comisión adoptara una Decisión positiva conforme al apartado 4 del artículo 6 del Quinto Código de Ayudas a la Siderurgia, sin la cual sería de aplicación la prohibición de las subvenciones y de las ayudas establecida en la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA. Por consiguiente, la concesión de dicha medida, al igual que la suspensión de los<?PAGE NO="II-2275"?> actos previos a la misma, como el Quinto Código de Ayudas a la Siderurgia, no tendría ningún interés para la demandante, dado que no haría desaparecer el perjuicio temido por ella; en efecto, subsistirá enteramente <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>la imposibilidad de elegir<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/> entre la ayuda para el cierre y la venta de las instalaciones, por cuanto el Gobierno italiano de ninguna forma podría otorgar a la demandante la ayuda que le concedió sin una Decisión positiva de la Comisión que la autorizara.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>La demanda subsidiaria con el objeto de conseguir que la Comisión vuelva a abrir el procedimiento de examen de la ayuda de que se trate no es sino una formulación distinta de la demanda de suspensión de la ejecución del acto impugnado; intenta provocar de una forma expresa lo que la primera demanda sugería implícitamente, a saber la posibilidad de que la Comisión cambiara de criterio en lo relativo a la autorización solicitada para conceder la ayuda a la sociedad Moccia Irme. Esta posibilidad parece puramente teórica, por cuanto la reapertura del procedimiento de examen de la ayuda, previsto y regulado en el artículo 6 del Quinto Código de Ayudas a la Siderurgia, aun cuando fuera decidida en concepto de medida provisional, no conduciría necesariamente a la adopción por parte de la Comisión de dicha decisión positiva, que es la única que permitiría al Gobierno italiano pagar la ayuda destinada a la demandante. Además, como observa la Comisión con razón, una medida de esta índole no tendría carácter provisional, dado que produciría efectos idénticos a los que pretende conseguir el recurso interpuesto en el asunto principal y prejuzgaría la propia decisión sobre el fondo del asunto (véase, en último lugar, el auto Antonissen/Consejo y Comisión, antes citado, apartados 29 y 30): con arreglo al párrafo primero del artículo 34 del Tratado CECA, tan sólo en el supuesto de que se anule el acto impugnado, estará obligada la Comisión a volver a examinar el caso y a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la decisión de nulidad.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>En lo relativo a la demanda dirigida a conseguir que se ordene a la Comisión instar a las autoridades italianas para que suspendan el pago de las ayudas al cierre, la posible concesión de dicha medida sólo tendría una utilidad aparente. Efectivamente, la suspensión del pago provocaría la congelación de la situación existente sin que, ello no obstante, la demandante pueda lograr beneficio alguno de ello: ciertamente, la <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>moratoria provisional relativa a la totalidad del sistema de ayudas para la interrupción de la actividad<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> impediría que los recursos financieros <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>se<?PAGE NO="II-2276"?> repartieran definitivamente entre las demás empresas solicitantes<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>, pero no evitaría el vencimiento del plazo fijado en el <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE>, después del cual —como exige, a nivel comunitario, el apartado 3 del artículo 1 del Quinto Código de Ayudas a la Siderurgia— ya no podría efectuarse el pago de las ayudas, ni para las empresas autorizadas por la Comisión a recibirlas ni para la propia demandante, la cual no obtendría beneficio alguno del perjuicio irrogado a las empresas competidoras por la suspensión del sistema. Además, la citada disposición del apartado 4 del artículo 1 del Decreto-Ley n° 542/96, conforme a la cual <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>las empresas aún sujetas al procedimiento de previa notificación a la Comisión Europea deberán, en todo caso, interrumpir su producción cuando reciban el Decreto por el que se les conceden las ayudas previstas en el párrafo segundo del artículo 1 del Decreto-Ley n° 396, de 1994, sin perjuicio de las demás obligaciones impuestas por la Comisión y del plazo fijado en el <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE> para la terminación de los procedimientos de concesión de las ayudas de que se trate<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> no parece aplicable en el presente caso, por cuanto el <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>procedimiento de notificación previa<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> ya fue clausurado mediante la Decisión de la Comisión de <DATE ISO="19960730">30 de julio de 1996</DATE>, que denegó la autorización para conceder la ayuda de que se trata. En realidad, según se pudo comprobar durante la audiencia celebrada el <DATE ISO="19961211">11 de diciembre de 1996</DATE>, los intereses de la sociedad Moccia Irme podrían quedar también protegidos mediante el paso a las reservas de los fondos —<FT TYPE="NUMBER">13.509</FT> millones de LIT— que le fueron concedidos por el Gobierno italiano pero que no le fueron pagados porque la Comisión denegó su autorización; sin embargo, la posible adopción de la medida solicitada no tendría ninguna influencia a este respecto porque, al finalizar el ejercicio presupuestario, la cantidad ya contraída en favor de la demandante, aun pudiendo transformarse en saldo negativo, no podría ya pagarse después del <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE>, a menos que se adoptara una nueva normativa que garantizase la refinanciación del sistema de ayudas para el cierre. Por consiguiente, si la citada demanda fuese estimada, esto no tendría utilidad alguna para la demandante y, además, ello se concretaría en una medida que se halla manifiestamente fuera de las competencias que se reconocen a la Institución demandada en el Tratado CECA, dado que consistiría en dirigir a un Estado miembro la orden de suspender un régimen de ayudas ya reconocido compatible con el referido Tratado (véase el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19961021">21 de octubre de 1996</DATE>, Pantochim/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-107/96 R" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-1361">T-107/96 R, Rec. p. II-1361, apartado 36</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>De todo lo anterior se desprende que no concurren las condiciones que justifican la concesión de las medidas provisionales solicitadas. Por consiguiente, procede desestimar la presente demanda, sin que sea necesario examinar si parecen fundados los motivos y las alegaciones invocados por la demandante para justificar la concesión de las medidas provisionales solicitadas.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-2277"?><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Desestimar la demanda de medidas provisionales.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Reservar la decisión sobre las costas.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19961217">17 de diciembre de 1996</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>A. Saggio</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>