<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><JUDGMENT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="ECRCJ1967ESA.0100035301.case.xml"><NO.CASE>10/69</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61969J0010</NO.CELEX><NO.SEQ>0017.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>355</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>360</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>6</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><LEFT>SENTENCIA DE <DATE ISO="19690709">9.7.1969</DATE> — ASUNTO 10/69</LEFT><RIGHT>PORTELANGE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Sentencia del Tribunal de Justicia</HT></P><P>de <DATE ISO="19690709">9 de julio de 1969</DATE><NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><JUDGMENT.INIT><P>En el asunto 10/69,</P><P>que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el tribunal de commerce de Bruxelles, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">SA Portelange</HT>, con domicilio social en Koekelberg-Bruselas,</P></PLAINTIFS><AGAINST>y</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">SA Smith Corona Marchant International</HT>, con domicilio social en Lausana,</P><P><HT TYPE="BOLD">SCM International GmbH</HT>, Subsidiary of SCM Corporation, Zurich, con domicilio social en Frankfurt am Main,</P><P><HT TYPE="BOLD">SCM Corporation</HT>, sociedad americana, con domicilio social en Nueva York,</P><P><HT TYPE="BOLD">SA SCM Belgium</HT>, con domicilio social en Bruselas,</P></DEFENDANTS></PARTIES><P>una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado CEE y de sus Reglamentos de aplicación,</P><?PAGE NO="356"?><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,</P><P>integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; A. Trabucchi y J. Mertens de Wilmars, Presidentes de Sala; A.M. Donner, W. Strauss, R. Monaco (Ponente) y P. Pescatore, Jueces;</P><P>Abogado General: Sr. K. Roemer;</P><P>Secretario: Sr. A. Van Houtte;</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta la siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Sentencia</P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">(No se transcriben los antecedentes de hecho.)</HT></P><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fundamentos de Derecho</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Considerando que mediante resolución de <DATE ISO="19690218">18 de febrero de 1969</DATE>, recibida en el Tribunal de Justicia el <DATE ISO="19690225">25 de febrero de 1969</DATE>, el tribunal de commerce de Bruxelles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado y de los Reglamentos de aplicación;</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>que la interpretación solicitada se refiere a <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>los efectos de la validez provisional reconocida a los acuerdos notificados a la Comisión de la Comunidad Económica Europea en los plazos previstos, pero antes de que la misma haya iniciado el procedimiento contemplado en el artículo 9 del Reglamento n<HT TYPE="SUP">o</HT> 17<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre la competencia del Tribunal de Justicia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Considerando que la Comisión alega que en el caso de autos se notificó de conformidad con el artículo 5 del Reglamento n<HT TYPE="SUP">o</HT> 17 un primer acuerdo relativo<?PAGE NO="357"?> a la distribución y la venta de máquinas de escribir y calculadoras, celebrado el <DATE ISO="19610701">1 de julio de 1961</DATE> entre la sociedad Portelange, por una parte, y la sociedad SCM International, de Lausana, por otra;</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>que al no haberse notificado el acuerdo complementario, celebrado posteriormente, para la distribución y la venta de aparatos electrocopiadores, y que constituía un acuerdo autónomo, distinto del contrato precedente, no se plantearía en el caso de autos la cuestión sometida a este Tribunal de Justicia por el tribunal de commerce de Bruxelles y por consiguiente no procedería su admisión.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Considerando que el artículo 177 del Tratado, basado en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y este Tribunal de Justicia, no permite a éste ni conocer de los hechos del caso de autos ni censurar los fundamentos de las peticiones de interpretación;</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>que la cuestión de si las disposiciones o los conceptos de Derecho comunitario cuya interpretación se solicita son efectivamente aplicables al caso de autos no es competencia de este Tribunal de Justicia y sí del órgano jurisdiccional nacional;</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>que, siempre que un órgano jurisdiccional nacional solicita la interpretación de un texto comunitario o de un concepto jurídico relacionado con dicho texto, procede considerar que estima que dicha interpretación es necesaria para la solución del litigio del que está conociendo;</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>que, por consiguiente, no procede admitir la excepción propuesta por la Comisión.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre el fondo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Considerando que la redacción del artículo 85 del Tratado se caracteriza por la formulación de una prohibición (apartado 1) y de sus efectos (apartado 2), atemperada por el ejercicio de una facultad de concesión de excepciones a dicha norma (apartado 3);</TXT></NP><?PAGE NO="358"?><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>que, por ello, la aplicación de la nulidad de pleno derecho a un acuerdo determinado o a algunas de sus cláusulas supone que dicho acuerdo está comprendido en el apartado 1 del citado artículo y que no se pueden invocar las disposiciones del apartado 3;</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>que para permitir a los interesados invocar las disposiciones del apartado 3 del artículo 85, el Reglamento n<HT TYPE="SUP">o</HT> 17 establece que los acuerdos o decisiones contemplados en el apartado 1 del artículo 85 deberán notificarse a la Comisión;</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>que, en el caso de un acuerdo notificado de conformidad con el Reglamento n<HT TYPE="SUP">o</HT> 17, el mero hecho de su notificación no puede implicar que el acuerdo esté sancionado por la prohibición establecida por el apartado 1 del artículo 85;</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>que la cuestión de si semejante acuerdo está efectivamente prohibido se basa en la apreciación de los elementos económicos y jurídicos que no pueden suponerse adquiridos fuera de la comprobación explícita de que el caso de autos, considerado individualmente, reúne no únicamente los elementos enunciados por el apartado 1 de dicho artículo, sino que además no justifica la excepción prevista por el apartado 3;</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>que mientras no se efectúe dicha comprobación, cualquier acuerdo debidamente notificado deberá considerarse válido;</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>que, ante la inexistencia de posibilidades jurídicas eficaces que permitan a los interesados acelerar la adopción de una decisión en el sentido del apartado 3 del artículo 85, cuyas consecuencias son tanto más graves cuanto mayor sea el plazo para adoptar dicha decisión, sería contrario al principio general de seguridad jurídica deducir, del carácter no definitivo de la validez de los acuerdos notificados, la conclusión de que mientras la Comisión no se haya pronunciado a su respecto en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado, su eficacia no será plena;</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>que, si el hecho de que estos acuerdos sean plenamente eficaces puede, llegado el caso, dar lugar a inconvenientes prácticos, las dificultades que pudieran derivarse del carácter inseguro de las relaciones jurídicas basadas en los acuerdos notificados serían aún mucho más perjudiciales;</TXT></NP><?PAGE NO="359"?><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>que, si la Comisión estima que la ejecución de un acuerdo notificado menoscaba las normas de competencia, le corresponde adoptar, en los plazos apropiados, una Decisión en virtud bien del apartado 3 del artículo 85 del Tratado bien del apartado 6 del artículo 15 del Reglamento n<HT TYPE="SUP">o</HT> 17;</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>que, cuando se aplica el apartado 6 del citado artículo 15, se advierte a los interesados que la Comisión estima, por una parte, que se reúnen las condiciones de aplicación del apartado 1 y, por otra, que no ha lugar a la aplicación del apartado 3 del artículo 85;</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>que, por consiguiente, a partir de ese momento los interesados proseguirán la ejecución del acuerdo por su cuenta y riesgo;</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>que procede, pues, concluir que los acuerdos contemplados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, debidamente notificados de conformidad con el Reglamento n<HT TYPE="SUP">o</HT> 17, serán plenamente eficaces mientras la Comisión no se haya pronunciado con arreglo al apartado 3 del artículo 85 y a las disposiciones de dicho Reglamento.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Considerando que los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal de commerce de Bruxelles, corresponde a éste resolver sobre las costas.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto;</P><GR.VISA><VISA>vistos los autos;</VISA><VISA>habiendo considerado el informe del Juez Ponente;</VISA><VISA>oídas las observaciones orales las partes del litigio principal y de la Comisión de las Comunidades Europeas;</VISA><?PAGE NO="360"?><VISA>oídas las conclusiones del Abogado General;</VISA><VISA>visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en especial, sus artículos 85 y 177;</VISA><VISA>visto el Reglamento n<HT TYPE="SUP">o</HT> 17 del Consejo, de <DATE ISO="19620206">6 de febrero de 1962</DATE>;</VISA><VISA>visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y, en especial, su artículo 20;</VISA><VISA>visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;</VISA></GR.VISA><P>EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,</P><P>pronunciándose sobre la cuestión planteada por el tribunal de commerce de Bruxelles mediante resolución de <DATE ISO="19690218">18 de febrero de 1969</DATE>, declara:</P></INTRO><P>Los acuerdos contemplados en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado que hayan sido debidamente notificados de conformidad con el Reglamento n<HT TYPE="SUP">o</HT> 17 serán plenamente eficaces mientras la Comisión no se haya pronunciado con arreglo al apartado 3 del artículo 85 y a las disposiciones de dicho Reglamento.</P></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><P>Pronunciada en Luxemburgo, a <DATE ISO="19690709">9 de julio de 1969</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Lecourt</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Trabucchi</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Mertens de Wilmars</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Donner</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Strauss</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Monaco</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Pescatore</P></SIGNATORY><P>Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a <DATE ISO="19690709">9 de julio de 1969</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>A. Van Houtte</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>R. Lecourt</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>