I.

Introducción

1.

La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 102 TFUE.

2.

Esta petición ha sido planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) en el marco de un litigio entre Alphabet Inc., Google LLC y Google Italy Srl, por una parte,  ( 2 ) y la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoridad de Defensa de la Competencia y del Mercado, Italia), por otra.  ( 3 ) Dicho procedimiento tiene por objeto la validez de la decisión mediante la cual la AGCM declaró que Google había cometido un abuso de posición dominante en el mercado, en particular, por no haber permitido que su aplicación Android Auto fuese compatible con otra aplicación desarrollada por Enel X Italia Srl  ( 4 ) para servicios relacionados con la recarga de vehículos eléctricos.

3.

Al igual que la mayoría de los asuntos relativos al artículo 102 TFUE, el presente asunto llevará al Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, a trazar la fina, y a menudo controvertida, línea entre medios de competencia legítimos e ilegítimos empleados por las empresas dominantes. A tal efecto, y dado que el presente asunto se inscribe en el contexto del desarrollo actual de los mercados digitales, el Tribunal de Justicia deberá examinar atentamente la necesidad de mantener el carácter abierto de estos mercados, al tiempo que se preservan los incentivos adecuados para fomentar la innovación.

4.

Esto es especialmente delicado si se tiene en cuenta que, en el presente caso, la solicitud de acceso se refiere a una plataforma concebida y diseñada para nutrirse con aplicaciones desarrolladas por terceros y destinadas a prestar servicios en el automóvil para una conducción segura y cómoda. Por tanto, la primera cuestión que debe examinar el Tribunal de Justicia es si el presente asunto está comprendido en la jurisprudencia tradicional aplicable a las denegaciones de acceso por parte de una empresa dominante, a saber, la sentencia Bronner,  ( 5 ) que, según el propio Tribunal de Justicia, pretende encontrar un justo equilibrio entre las consideraciones relativas a la competencia y los incentivos.

5.

Además, en el caso de autos, para garantizar la interoperabilidad de las aplicaciones de terceros con Android Auto, Google debe desarrollar, en primer lugar, un modelo de software (software model), conocido como plantilla (template), que, a su vez, requiere la asignación de sus propios recursos financieros y humanos a tal fin. Así pues, el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre la cuestión de si las obligaciones de acceso, en términos de interoperabilidad, requieren un comportamiento activo por parte de las empresas dominantes, como el desarrollo del software necesario. Si concluye en sentido afirmativo, también deberá definir los límites de dichas obligaciones, así como las condiciones aplicables a situaciones de ese tipo.

6.

Por último, es importante tener presente que este asunto se resolverá tras la entrada en vigor del Reglamento de mercados digitales,  ( 6 ) que inevitablemente suscita la cuestión, bastante común en este ámbito jurídico, de si resulta más legítimo abordar la interoperabilidad por medios legislativos en lugar de mediante sanciones basadas en las disposiciones del Tratado en materia de Derecho de la competencia, como sostiene reiteradamente Google.

II.

Hechos y procedimiento

7.

Google es el autor y desarrollador de Android OS, un sistema operativo de código abierto para dispositivos móviles Android. Este sistema puede obtenerse gratuitamente y modificarse por cualquier persona, sin necesidad de autorización.

8.

En 2015, Google lanzó Android Auto, una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android, que permite a los usuarios acceder a determinadas aplicaciones en su teléfono inteligente mediante la pantalla integrada de un vehículo. Con el fin de garantizar la interoperabilidad de cada aplicación con Android Auto, y para evitar tener que realizar largas y costosas pruebas individuales, Google ofrece soluciones para categorías enteras de aplicaciones en forma de plantillas. Estas plantillas permiten a terceros desarrolladores crear versiones de sus propias aplicaciones compatibles con Android Auto. A finales de 2018, las plantillas solo estaban disponibles para aplicaciones de contenido multimedia y de mensajería. Google también ha desarrollado versiones compatibles de sus propias aplicaciones de mapas y navegación, a saber, Google Maps y Waze, y ha permitido, en algunos casos, el desarrollo de aplicaciones personalizadas sin que exista una plantilla predefinida.

9.

Enel X presta servicios de recarga de vehículos eléctricos. También forma parte del grupo Enel, que gestiona más del 60 % de los puntos de recarga disponibles en Italia. En mayo de 2018, Enel X lanzó JuicePass, una aplicación que ofrece una gama de funciones para la recarga de vehículos eléctricos. En particular, esta aplicación permite a los usuarios: i) buscar y reservar puntos de recarga en un mapa; ii) transferir la búsqueda a Google Maps para navegar hasta el punto de recarga seleccionado, y iii) iniciar, detener y monitorizar la sesión de recarga y el pago correspondiente. JuicePass está disponible para usuarios de teléfonos inteligentes Android y se puede descargar de Google Play.

10.

En septiembre de 2018, Enel X solicitó a Google que hiciera JuicePass compatible con Android Auto. Sin embargo, Google se negó e indicó que, a falta de una plantilla específica, las aplicaciones de contenido multimedia y de mensajería eran las únicas aplicaciones de terceros compatibles con Android Auto. Tras una segunda solicitud de Enel X en diciembre de 2018, Google justificó su negativa por motivos de seguridad y por la necesidad de asignar, de forma racional, los recursos necesarios para la creación de una nueva plantilla.

11.

El 12 de febrero de 2019, Enel X presentó un informe ante la AGCM, en la que sostuvo que la conducta de Google constituía una infracción del artículo 102 TFUE. Entretanto, tras la incoación del procedimiento por parte de la AGCM, Google lanzó una plantilla para el diseño de versiones beta (experimentales) de aplicaciones para la recarga compatibles con Android Auto. No obstante, la AGCM consideró que no estaba claro que esta versión fuera suficiente para permitir la integración de todas las funcionalidades esenciales de JuicePass en Android Auto.

12.

Mediante decisión de 27 de abril de 2021, la AGCM concluyó que la conducta de Google, consistente, según dicha autoridad, en obstaculizar y retrasar la publicación de JuicePass en Android Auto, constituía un abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE.

13.

Más concretamente, la AGCM consideró que Android Auto es un producto indispensable para los desarrolladores de aplicaciones para conductores. Ofrece una experiencia del usuario, en términos de facilidad de uso y de seguridad vial, que no tiene equivalente como solución tecnológica para la interoperabilidad de aplicaciones móviles con los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos. Además, la AGCM consideró que, con su comportamiento, Google había pretendido favorecer su propia aplicación Google Maps, en detrimento de otras aplicaciones que pudieran competir con ella, por ejemplo, en lo que respecta a los servicios de recarga eléctrica, como era el caso de JuicePass. Por último, la AGCM consideró que, desde hace más de dos años, la conducta de Google produce efectos perjudiciales en el mercado, consistentes en la limitación de las opciones entre las que pueden elegir los consumidores, lo que, según dicha autoridad, no estaba respaldado por ninguna justificación objetiva.

14.

A la luz de estas consideraciones, la AGCM ordenó a Google que publicara una versión definitiva de la plantilla para el desarrollo de aplicaciones de recarga eléctrica e incorporase todas las funcionalidades esenciales identificadas por Enel X para que JuicePass fuera totalmente compatible con Android Auto. También impuso a Google una sanción de 102 084 433,91 euros.

15.

Google impugnó dicha decisión de la AGCM, en primer lugar, ante el Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), que desestimó el recurso en su totalidad. Posteriormente, recurrió ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto.

16.

Ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), Google alega que la AGCM no llevó a cabo un examen adecuado de los requisitos para apreciar si una denegación de acceso es abusiva, tal como resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En particular, se refiere a la sentencia Microsoft,  ( 7 ) dictada por el Tribunal General. Asimismo, Google reprocha a la AGCM no haber identificado, en la decisión impugnada, el mercado descendente de referencia ni su posición dominante en él. Por su parte, la AGCM y Enel X rechazan tales argumentos y fundamentalmente sostienen el razonamiento de la decisión objeto del procedimiento principal.

17.

Para resolver el litigio principal, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) considera necesario recibir orientación sobre la interpretación del artículo 102 TFUE y, principalmente, sobre los requisitos establecidos en la sentencia Bronner, que son aplicables a las denegaciones de acceso a la infraestructura de una empresa dominante. Según estos requisitos, se considerará que una denegación de este tipo constituye una conducta abusiva si: i) la solicitud de acceso se refiere a un producto o servicio indispensable para el ejercicio de una actividad económica en un mercado conexo; ii) la denegación puede eliminar toda competencia en dicho mercado; y iii) la denegación no puede justificarse objetivamente. En esencia, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) se pregunta si las particularidades del funcionamiento de los mercados digitales justifican apartarse de tales requisitos en un supuesto como el del litigio principal o, al menos, interpretarlos de manera flexible. También alberga dudas en cuanto a la manera en que las autoridades de defensa de la competencia deben definir los mercados de referencia en tal caso.

18.

En este contexto, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

19.

La petición de decisión prejudicial fue presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de abril de 2023. Han presentado observaciones escritas los Gobiernos italiano y griego, la Comisión Europea y las partes en el litigio principal. El 23 de abril de 2024, se celebró una vista en la que también participó el Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

III.

Análisis

20.

Mediante sus cuestiones prejudiciales, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) solicita que se aclare la interpretación del artículo 102 TFUE y, en particular, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia aplicable a los casos en los que una empresa dominante se niega a conceder el acceso a una infraestructura de la que es titular a otra empresa que opera en un mercado conexo. El Consiglio di Stato (Consejo de Estado) plantea estas cuestiones en relación con las particularidades que, según dicho órgano jurisdiccional, caracterizan el funcionamiento de los mercados digitales.

21.

Más concretamente, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) se pregunta, en primer lugar, si, habida cuenta de la función de Android Auto, así como de la evolución actual de los mercados digitales, debe considerarse que se cumple el requisito relativo al carácter indispensable de la infraestructura para la que se solicita el acceso cuando dicho acceso no es estrictamente esencial para el mercado conexo, pero, no obstante, hace más conveniente el uso de productos o servicios en dicho mercado en términos de seguridad vial y comodidad de uso.

22.

En segundo lugar, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) se pregunta si la denegación de acceso por parte de una empresa dominante puede considerarse abusiva con arreglo a los requisitos establecidos en la sentencia Bronner, cuando la empresa que lo solicita, así como otros operadores, siguen activos y crecen en el mercado conexo, a pesar de la falta de dicho acceso.

23.

En tercer lugar, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) se pregunta, en esencia, si la falta de un elemento necesario para permitir el acceso solicitado, por ejemplo, la inexistencia de una plantilla de software (software template), constituye una justificación objetiva de la denegación por parte de la empresa dominante. Con carácter subsidiario, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si la autoridad de defensa de la competencia está obligada a analizar, sobre la base de criterios objetivos, el tiempo necesario para desarrollar ese elemento o si corresponde a la empresa dominante, habida cuenta de su responsabilidad particular en el mercado, informar a la empresa solicitante de dicho plazo.

24.

En cuarto lugar, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) se pregunta si el artículo 102 TFUE obliga a una empresa dominante que controla una plataforma digital a adaptar su propio producto cuando recibe solicitudes de acceso al objeto de conceder tal acceso. A este respecto, el órgano jurisdiccional se pregunta si la empresa dominante, habida cuenta de su posición en el mercado, debe dar prioridad a las necesidades generales del mercado o a las de una determinada entidad solicitante y si la empresa dominante debe establecer unos criterios objetivos predefinidos para evaluar y priorizar las solicitudes de acceso.

25.

En quinto lugar, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) desea saber si, en el marco de un comportamiento abusivo consistente en denegar el acceso a un producto supuestamente indispensable, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que la autoridad de defensa de la competencia está obligada a definir de forma concreta y previamente el mercado descendente de referencia en el que se produce dicho comportamiento abusivo.

26.

En los puntos siguientes de las presentes conclusiones, analizaré, ante todo, si los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bronner deben considerarse aplicables a un asunto como el del litigio principal. Aunque esta problemática no está comprendida en el objeto específico de ninguna de las cuestiones prejudiciales, constituye la principal duda expresada por el órgano jurisdiccional remitente en su resolución de remisión. Esta es también la premisa fundamental en la que se basan las dos primeras cuestiones prejudiciales, razón por la cual las partes han debatido en profundidad a este respecto ante el Tribunal de Justicia. A la luz de este examen, abordaré, a continuación, las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, analizando conjuntamente las cuestiones prejudiciales primera y segunda, por una parte, y las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta conjuntamente también, por otra. Examinaré la quinta cuestión prejudicial de forma individual.

A.

Aplicabilidad de los requisitos establecidos en la sentencia Bronner. Cuestiones prejudiciales primera y segunda

27.

El artículo 102 TFUE prohíbe la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, y declara que tal abuso será incompatible con el mercado interior en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros.  ( 8 ) En determinadas circunstancias, esto puede incluir los supuestos en los que una empresa dominante se niega a negociar con otra o, más concretamente, cuando la empresa dominante deniega el acceso a un producto, servicio o infraestructura de su titularidad a otra empresa que opera en un mercado conexo.  ( 9 )

28.

Como ya se ha señalado, los asuntos relativos a la negativa de una empresa dominante a negociar con otra empresa o a conceder el acceso se examinan tradicionalmente a la luz de la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bronner.  ( 10 ) Según dicha sentencia, deben cumplirse tres requisitos para establecer la existencia de un comportamiento abusivo con arreglo al artículo 102 TFUE. Dichos requisitos exigen, en primer lugar, que el acceso solicitado se refiera a un producto o a un servicio que sea indispensable para el ejercicio de una actividad económica en un mercado conexo; en segundo lugar, la negativa de la empresa dominante debe poder eliminar toda competencia en dicho mercado, y, en tercer lugar, la denegación no debe poder justificarse objetivamente.  ( 11 )

29.

La lógica que subyace de la calificación de una denegación de acceso como comportamiento abusivo fue abordada por primera vez por el Abogado General Jacobs, precisamente en sus conclusiones presentadas en el asunto Bronner.  ( 12 ) Después de más de dos décadas desde su publicación, su análisis jurídico sigue siendo citado por la doctrina más autorizada en la materia, en particular, para ilustrar que la imposición de obligaciones de acceso a las empresas dominantes en virtud del artículo 102 TFUE debe seguir estando estrictamente limitada.  ( 13 )

30.

En dichas conclusiones, el Abogado General Jacobs señaló que el derecho de una empresa a elegir sus socios comerciales y a disponer libremente de su propiedad está generalmente reconocido en las legislaciones de los Estados miembros, en algunos casos con rango constitucional. Por consiguiente, los atentados contra estos derechos exigen que se hallen cuidadosamente justificados.  ( 14 ) Además, en su opinión, permitir que una empresa dominante conserve los frutos obtenidos de sus grandes inversiones favorece en general, a largo plazo, la competencia y el interés de los consumidores. De lo contrario, se priva a la empresa de los incentivos suficientes para seguir desarrollando productos y servicios eficaces.  ( 15 ) No obstante, el Abogado General Jacobs también señaló que la denegación de acceso puede implicar, en algunos casos, la eliminación o reducción sustancial de la competencia en perjuicio de los consumidores, tanto a corto como a largo plazo.  ( 16 )

31.

Cabe observar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia adoptó expresamente el razonamiento expuesto por el Abogado General Jacobs por última vez en el asunto que dio lugar a la sentencia Slovak Telekom, en el que declaró que obligar a una empresa dominante a conceder acceso resulta especialmente perjudicial para la libertad contractual y para el derecho de propiedad de esa empresa. Por este motivo, las empresas dominantes, en principio, deben seguir siendo libres de denegar el acceso a un producto, servicio o infraestructura que hayan desarrollado para sus propias necesidades.  ( 17 ) En efecto, las empresas dominantes serán menos propensas a invertir en productos o instalaciones eficientes si pueden verse obligadas, por la mera petición de sus competidores, a compartir con ellos los beneficios obtenidos por sus propias inversiones.  ( 18 )

32.

De lo anterior se desprende que la apreciación, a la luz del artículo 102 TFUE, de un asunto relativo a la denegación de acceso por parte de una empresa dominante se basa, en última instancia, en un delicado equilibrio entre, por una parte, el interés de los competidores y los consumidores en el correcto desarrollo del mercado conexo y en la competencia fértil en el mismo y, por otra parte, el respeto de la libertad contractual y del derecho de propiedad de la empresa dominante como medio para promover incentivos suficientes para el ejercicio de sus actividades de manera eficaz.  ( 19 ) Según el Tribunal de Justicia, la sentencia Bronner pretende encontrar ese delicado equilibrio, al establecer los tres requisitos mencionados anteriormente.  ( 20 )

33.

Sin embargo, el examen de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia en asuntos, en los que tuvo que interpretar los requisitos establecidos en la sentencia Bronner, demuestra que el ámbito de aplicación de estos requisitos es más bien limitado. Como explicó la Abogada General Kokott en sus recientes conclusiones presentadas en el asunto Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping),  ( 21 ) esos requisitos son de carácter excepcional y, por lo general, no permiten establecer que exista abuso en todos los casos relativos a cuestiones de acceso.  ( 22 )

34.

En efecto, es preciso señalar que el Tribunal de Justicia ha aclarado que la imposición de los requisitos establecidos en la sentencia Bronner se justifica por las circunstancias propias de dicho asunto, que consistían en la negativa de una empresa dominante a conceder a un competidor el acceso a la infraestructura que había desarrollado para las necesidades de su propia actividad. El Tribunal de Justicia hizo especial hincapié en ello no solo en el asunto Slovak Telekom,  ( 23 ) anteriormente citado, sino también en la sentencia relativamente reciente Baltic Rail.  ( 24 ) De esta última se desprende, sin ambigüedades, que los requisitos establecidos en la sentencia Bronner únicamente se aplican a aquellos casos en los que la infraestructura en cuestión se haya desarrollado para las necesidades de la actividad propia de la empresa dominante y tal infraestructura esté destinada a su propio uso, con exclusión de cualquier otro competidor.  ( 25 )

35.

De ello se desprende que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar si los requisitos establecidos en la sentencia Bronner son aplicables a un asunto relativo a una denegación de acceso, es preciso establecer si la infraestructura, para la que se solicita el acceso, está destinada exclusivamente a la actividad y uso de la empresa dominante y a su disfrute exclusivo, como forma de preservar los beneficios de las inversiones efectuadas para desarrollar dicha infraestructura. En cambio, estas condiciones no están destinadas a aplicarse cuando la infraestructura en cuestión está abierta a otros operadores en el mercado, lo que, según el Tribunal de Justicia, puede resultar de la aplicación de obligaciones reglamentarias, como sucedió en la sentencia Slovak Telekom.  ( 26 ) A mayor abundamiento, puede afirmarse que este debe ser el caso en lo que respecta a una infraestructura diseñada deliberadamente para ser utilizada por operadores terceros.

36.

A este respecto, de la descripción realizada por el órgano jurisdiccional remitente en su resolución de remisión se desprende que el presente asunto se refiere a una solicitud dirigida a Google por un tercero que quiere que una aplicación que ha desarrollado sea compatible con Android Auto. Además, según esta descripción, Android Auto es una herramienta de «sistema de proyección para teléfonos inteligentes» (smartphone projection) que permite a los usuarios de dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo Android acceder a determinadas aplicaciones en su teléfono inteligente mediante la pantalla integrada de un vehículo. Desde esta perspectiva, cumple la función de una plataforma, calificación que, ciertamente, debe evaluarse por el órgano jurisdiccional remitente al pronunciarse sobre el fondo del litigio principal, pero que, a la vista del tenor de las cuestiones prejudiciales planteadas, parece demostrada a juicio de dicho órgano jurisdiccional.  ( 27 )

37.

Asimismo, es importante señalar que Android Auto, al igual que muchas otras plataformas o infraestructuras digitales, crea valor, al garantizar a sus usuarios el acceso a una gran variedad de productos y servicios interoperables y complementarios.  ( 28 ) En realidad, está concebida no solo para permitir, sino también para incitar, a desarrolladores terceros a crear versiones de sus propias aplicaciones que sean compatibles con ella.  ( 29 ) A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente explica, evocando la decisión de la AGCM, que Android Auto pretende ser el núcleo de un «ecosistema»  ( 30 ) que, en materia informática, alude a un modelo operativo en el que el propietario de una plataforma digital comparte los datos y los servicios con desarrolladores externos para dar servicio a una comunidad de usuarios.  ( 31 )

38.

De ello se deduce que, como señalan el Gobierno italiano y la Comisión, no puede considerarse que la plataforma para la que se solicita el acceso en el presente asunto, tal como la describe el órgano jurisdiccional remitente, se haya desarrollado para las necesidades de la actividad propia de una empresa dominante, en el sentido de la jurisprudencia citada en el punto 34 anterior, ni que se haya reservado para su uso exclusivo. Por el contrario, Android Auto está deliberadamente abierta y ha sido concebida para compartirse libremente y estar a disposición de terceros, en línea con el objetivo de Google de atraer tantas aplicaciones para vehículos (in‑car‑apps) como sea posible, de modo que los conductores de vehículos se beneficien de la mayor asistencia posible, mientras se centran, al mismo tiempo, en la conducción.  ( 32 )

39.

Esto significa, como primera consecuencia, que la ponderación de intereses e incentivos que se aplica a un supuesto de hecho como el del asunto Bronner no se corresponde con las características principales del presente asunto. En otras palabras, el modo de disuadir al desarrollador y al propietario de la plataforma de que lleven a cabo sus actividades o de que realicen nuevas inversiones no es mediante la obligación de conceder acceso a una aplicación desarrollada por un tercero. Como explicaré a continuación, este riesgo de disuasión solo puede darse como consecuencia de una ponderación inadecuada de la justificación objetiva alegada por dicha empresa para explicar la denegación de acceso, que me parece que es el objeto real del análisis que debe efectuarse en un asunto como el del litigio principal.

40.

Por consiguiente, en mi opinión, el criterio aplicado en la sentencia Bronner, articulado a través de los requisitos que en ella se enuncian, no debe aplicarse en el presente asunto, opinión que parece compartir el órgano jurisdiccional remitente y que señalan, asimismo, los Gobiernos italiano y griego y la Comisión.

41.

En contraste con este enfoque, Google invoca la sentencia dictada por el Tribunal General en el asunto Microsoft. Como es sabido, dicho asunto versa sobre la aplicación de lo que anteriormente era el artículo 82 CE (actualmente, artículo 102 TFUE) a la negativa a divulgar normas tecnológicas amparadas por derechos de propiedad intelectual.  ( 33 ) En su sentencia, el Tribunal General, en esencia, confirma el análisis efectuado por la Comisión en la decisión impugnada, según el cual Microsoft había reducido la interoperabilidad de los productos de los competidores con Windows, su sistema operativo dominante. De este modo, el Tribunal General desarrolló los requisitos anteriormente definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a efectos de constatar la existencia de un comportamiento abusivo en asuntos relativos a denegaciones de acceso.  ( 34 )

42.

Sin embargo, la sentencia Microsoft se refiere a un litigio sobre la concesión obligatoria de licencias de derechos de propiedad intelectual, que, de manera análoga a la de la propiedad física, presenta tensiones relativamente equivalentes, en términos de intereses e incentivos, a las descritas en el marco de la sentencia Bronner.  ( 35 ) Por tanto, aun suponiendo que el asunto que dio lugar a la sentencia Microsoft pudiera considerarse, desde un punto de vista general, un ejemplo ilustrativo de denegación de acceso a una infraestructura digital, no es menos cierto que el sistema operativo en cuestión en ese asunto no tenía como objetivo principal estar libremente disponible para otros desarrolladores de programas informáticos, lo que constituye la principal diferencia con una plataforma, como la que es objeto del presente asunto.

43.

Por ello, aparte del hecho de que el Tribunal de Justicia no haya tenido ocasión de pronunciarse sobre el enfoque adoptado por el Tribunal General en el asunto Microsoft, ya que no fue objeto de recurso, no creo que deba basarse en dicha sentencia como un precedente válido a efectos de apreciar el presente asunto.

44.

Por supuesto, podría argumentarse que la ausencia de una plantilla específica que garantice la interoperabilidad de Android Auto, con aplicaciones de recarga de vehículos eléctricos, como ocurre en el presente asunto, demuestra la voluntad de Google de reservarse estos servicios. Sin embargo, tal argumento simplemente no resulta convincente a la luz de las características de Android Auto, descritas en los puntos 36 y 37 de las presentes conclusiones. Por otra parte, me limitaré a señalar que no parece que Google haya formulado tal alegación ni ante el órgano jurisdiccional remitente, a juzgar por la redacción de la resolución de remisión, ni ante el Tribunal de Justicia. Las razones aducidas por Google en relación con su denegación de conceder el acceso ponen efectivamente de manifiesto las dificultades, desde el punto de vista de las limitaciones de seguridad, tiempo y recursos, de desarrollar una plantilla de software que garantice la interoperabilidad entre Android Auto y la aplicación del desarrollador tercero.

45.

Habida cuenta de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que considere que, en la medida en que una empresa dominante pone a disposición de operadores terceros una plataforma concebida y diseñada para nutrirse de aplicaciones desarrolladas por dichos operadores, no procede examinar, a efectos de acreditar un comportamiento abusivo con arreglo al artículo 102 TFUE, si se cumple la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bronner. Así sucede, en particular, con los requisitos relativos, por una parte, al carácter indispensable del acceso solicitado para el mercado conexo y, por otra, a la eliminación de toda competencia en dicho mercado.

46.

En lugar de ello, el examen debe centrarse, con ese mismo fin, en si la empresa dominante, propietaria de dicha plataforma, excluye, obstaculiza o retrasa el acceso solicitado de una aplicación desarrollada por un tercero, siempre que dicho comportamiento produzca efectos contrarios a la competencia en detrimento de los consumidores y no pueda justificarse objetivamente.  ( 36 ) Como señalan el Gobierno griego y la Comisión, los efectos contrarios a la competencia pueden consistir, por ejemplo, en retrasar la introducción en el mercado conexo de un producto o servicio que sea, al menos potencialmente, competencia de un producto o servicio que pueda prestar la empresa dominante, limitando así los incentivos a la innovación y el desarrollo tecnológico y las opciones de los consumidores.

47.

Por lo que respecta al caso de autos, dado que las dos primeras cuestiones planteadas en el marco de la presente petición de decisión prejudicial tienen por objeto aclarar la interpretación de los dos primeros requisitos establecidos en la sentencia Bronner, ninguna de ellas exige, en mi opinión, una respuesta del Tribunal de Justicia en los términos en que están formuladas. En efecto, al apreciar el fondo del litigio principal, no es necesario que el órgano jurisdiccional remitente se pronuncie: i) sobre si el requisito del carácter indispensable del acceso solicitado puede considerarse cumplido cuando dicho acceso hace más conveniente el uso de productos o servicios en un mercado conexo, en términos de seguridad vial y comodidad de uso; ni ii) sobre si, en esencia, la denegación de acceso por parte de la empresa dominante puede considerarse abusiva, en el sentido del artículo 102 TFUE, cuando la competencia no se elimina en el mercado conexo.

48.

En cambio, por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial, propongo al Tribunal de Justicia que declare, por las razones ya expuestas en los puntos anteriores de las presentes conclusiones, que la doctrina jurisprudencial formulada en la sentencia Bronner no es pertinente a efectos de un asunto como el del litigio principal. La apreciación del órgano jurisdiccional remitente debe centrarse en los términos establecidos en el punto 46 de las presentes conclusiones, que conducen esencialmente a determinar si la denegación de acceso por parte de Google a Android Auto constituye una obstrucción o retraso en el acceso respecto de un producto o de un servicio que compite, al menos potencialmente, con otros servicios prestados por Google a través de esa plataforma, en particular, los relacionados con la recarga de vehículos eléctricos, siempre que pueda tener efectos perjudiciales para los consumidores, y salvo que dicho comportamiento pueda justificarse por razones objetivas.

49.

Por lo que respecta a la segunda cuestión prejudicial, propongo al Tribunal de Justicia que la aborde desde un punto de vista diferente. En efecto, cabe incluso dar una respuesta sobre si la denegación de acceso puede producir efectos contrarios a la competencia cuando se aplica la misma premisa, a saber, que la empresa solicitante y otros operadores permanecieron activos en el mercado conexo y desarrollaron su posición en el mercado a pesar de no beneficiarse del acceso solicitado.  ( 37 )

50.

Efectivamente, se puede responder a esa cuestión a la luz de la jurisprudencia actual, sobre todo de la sentencia Servizio Elettrico Nazionale.  ( 38 )

51.

De dicha sentencia y de la reiterada jurisprudencia que en ella se cita se desprende que el artículo 102 TFUE tiene por objeto impedir los comportamientos de una empresa dominante que tengan por efecto obstaculizar, mediante el recurso a medios que no se basan en el fondo, el mantenimiento del grado de competencia que ya existe en el mercado o el crecimiento de dicha competencia.  ( 39 )

52.

Por otra parte, la calificación como abusiva de una práctica de una empresa dominante no implica que sea necesario demostrar que se ha alcanzado el resultado de una práctica de tal empresa dirigida a expulsar a sus competidores del mercado en cuestión ni, por tanto, probar un efecto concreto de exclusión del mercado. El artículo 102 TFUE tiene por objeto sancionar la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, con independencia de que tal práctica haya tenido éxito.  ( 40 )

53.

Por consiguiente, contrariamente a lo que supone Google, la circunstancia de que en un determinado mercado se mantenga el mismo grado de competencia, a pesar del comportamiento abusivo de una empresa dominante, o incluso del desarrollo de la competencia en dicho mercado, no implica necesariamente que ese comportamiento no pueda tener efectos contrarios a la competencia. En primer lugar, el carácter ilegal de la conducta de una empresa dominante no puede depender en última instancia de la capacidad de los demás operadores del mercado para mitigar los efectos perjudiciales de dicha conducta. En segundo lugar, basta señalar que, en ausencia de un comportamiento abusivo, la competencia habría podido crecer aún más y, por ejemplo, que las cuotas de mercado de otros operadores también habrían podido crecer más de lo que lo habían hecho.

54.

Además, la alegación formulada por una empresa en posición dominante, que demuestra que no existen efectos concretos de exclusión, no puede considerarse suficiente para descartar la aplicación del artículo 102 TFUE. Aunque esta circunstancia pueda constituir una prueba de que el comportamiento en cuestión no podía dar lugar a los efectos aducidos, debe completarse con otra prueba destinada a demostrar que esa falta de efectos concretos era, en efecto, la consecuencia de que dicho comportamiento no podía producir tales efectos.  ( 41 )

55.

De las consideraciones anteriores se desprende que, aun cuando, a pesar de la denegación de acceso a Android Auto, otros operadores siguieron operando, e incluso creciendo, en el mercado conexo, esta circunstancia no significa, en sí misma, que dicha negativa no pueda producir efectos contrarios a la competencia. El órgano jurisdiccional remitente debe apreciar si el comportamiento de la empresa dominante podía obstaculizar el mantenimiento o el desarrollo de la competencia, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del asunto y con independencia de que tales efectos restrictivos se hayan producido efectivamente.  ( 42 )

56.

Habida cuenta de lo anterior, llego a la conclusión, por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial, de que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que los requisitos establecidos en la sentencia Bronner no se aplican cuando la plataforma para la que se solicita el acceso no ha sido desarrollada por la empresa dominante para su uso exclusivo, sino que ha sido concebida y diseñada con el fin de nutrirse de aplicaciones desarrolladas por terceros. En tal situación, no es necesario demostrar el carácter indispensable de esta plataforma para el mercado conexo. En cambio, una empresa abusa de su posición dominante si adopta un comportamiento consistente en excluir, obstaculizar o retrasar el acceso a la plataforma por la aplicación desarrollada por un operador tercero, siempre que dicho comportamiento pueda producir efectos contrarios a la competencia en detrimento de los consumidores y que no esté objetivamente justificado. Estos efectos contrarios a la competencia pueden consistir en retrasar la introducción en el mercado conexo de un producto o servicio que, como mínimo, sea potencialmente competencia de un producto o servicio que pueda prestar la empresa dominante.

57.

Por lo que respecta a la segunda cuestión prejudicial, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que la empresa solicitante y otros operadores hayan permanecido activos en el mercado conexo y hayan desarrollado su posición en el mercado, a pesar de no disfrutar del acceso solicitado a una plataforma digital, no significa por sí mismo que la denegación de acceso por parte de la empresa dominante no pudiese producir efectos contrarios a la competencia y que, por tanto, no pueda considerarse abusiva. El órgano jurisdiccional remitente debe apreciar si el comportamiento de la empresa dominante podía obstaculizar el mantenimiento o el desarrollo de la competencia, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del asunto y con independencia de que tales efectos restrictivos se hayan producido efectivamente.

B.

Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

58.

Una vez establecida la postura que, en mi opinión, debe adoptar el Tribunal de Justicia en relación con las cuestiones prejudiciales primera y segunda, examinaré, a continuación, de forma conjunta, las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta. Esencialmente, se refieren a la justificación objetiva que puede aducir una empresa dominante cuando deniega el acceso a una plataforma que ha desarrollado y que da lugar a un comportamiento como el descrito en el punto 46 de las presentes conclusiones. Ambas cuestiones versan también sobre la carga de la prueba que la empresa dominante o las autoridades de defensa de la competencia pertinentes deben asumir en ese caso.

59.

De entrada, es preciso señalar que las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta se basan en las alegaciones formuladas por Google, según las cuales para proporcionar el acceso solicitado a Android Auto, es necesario, en primer lugar, desarrollar una plantilla para las aplicaciones relacionadas con los servicios de recarga de vehículos eléctricos. Esa plantilla no existía en el momento en que se solicitó el acceso y, según Google, es indispensable para usar Android Auto con seguridad. Asimismo, Google alega que dicha plantilla no pudo desarrollarse en los plazos inicialmente solicitados, debido, entre otras cosas, a la necesidad de asignar los recursos adecuados y a la aparición de la pandemia de COVID-19.

60.

Aunque el artículo 102 TFUE no tenga equivalente con el artículo 101 TFUE, apartado 3, que modera la prohibición establecida en dicho Tratado en relación con los acuerdos contrarios a la competencia,  ( 43 ) la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrece a las empresas dominantes la posibilidad de demostrar una justificación objetiva de su comportamiento, aun cuando, a primera vista, resulte abusivo.  ( 44 )

61.

Esto significa que las empresas dominantes a las que se reprocha un comportamiento abusivo pueden invocar una justificación objetiva de su comportamiento.  ( 45 ) En caso de éxito, no se aplica la prohibición prevista en el artículo 102 TFUE. Una empresa dominante puede hacerlo si demuestra, entre otras cosas, que su conducta es objetivamente necesaria,  ( 46 ) requisito que también está vinculado al de proporcionalidad del comportamiento de que se trate.  ( 47 )

62.

En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si la ausencia de una plantilla en el momento de la solicitud de acceso debe tenerse en cuenta como justificación objetiva de la denegación de acceso o, alternativamente, si la empresa dominante en cuestión puede estar obligada a desarrollarla para facilitar el acceso a su plataforma digital. En esencia, esta cuestión exige determinar el alcance de las obligaciones que debe cumplir una empresa dominante cuando un desarrollador tercero le solicita acceso a su plataforma.

63.

Como he indicado en la introducción de las presentes conclusiones,  ( 48 ) una de las cuestiones más delicadas que debe resolver el Tribunal de Justicia en el presente asunto es si, en términos de interoperabilidad, las obligaciones de acceso imponen a las empresas dominantes una conducta activa, como es desarrollar el software necesario, a saber, una plantilla. Si el Tribunal de Justicia llegase a tal conclusión, la empresa dominante afectada no solo deberá permitir el acceso a su plataforma para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 102 TFUE, sino también dedicar su propio tiempo y sus propios recursos para garantizar dicho acceso.

64.

A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, toda excepción a una determinada norma del Derecho de la Unión debe ser objeto de una interpretación restrictiva,  ( 49 ) interpretación que se aplica mutatis mutandis al analizar una justificación objetiva en el ámbito del artículo 102 TFUE.  ( 50 ) En el marco de una denegación de acceso a una plataforma, como la controvertida en el litigio principal, y siempre que dicha denegación dé lugar a efectos contrarios a la competencia, como se ha expuesto en la primera parte de las presentes conclusiones, solo pueden aceptarse circunstancias que pongan en peligro el funcionamiento y la finalidad de dicha plataforma.

65.

En el caso de autos, esto implica, ante todo, que, cuando el desarrollo de la plantilla por la empresa dominante en cuestión es técnicamente imposible, la ausencia de tal plantilla puede convertirse en una justificación objetiva en sí misma. Lo mismo ocurre, como señala la Comisión, cuando la concesión del acceso mediante esa plantilla puede afectar, desde un punto de vista técnico, al rendimiento de la plataforma o cuando dicho acceso puede ir en contra de su modelo económico o de su finalidad. En cambio, si el desarrollo de la plantilla no es imposible y el rendimiento de la plataforma no se ve afectado o el acceso no es contrario a su modelo económico o a su finalidad, la denegación estricta y directa por parte de la empresa dominante, debido a la inexistencia de dicha plantilla, constituye un abuso en el sentido del artículo 102 TFUE.

66.

Por otra parte, procede considerar que la mera dificultad de desarrollar una plantilla, como sostiene, en esencia, Google, tampoco justifica una simple denegación de acceso. Como se ha indicado en el apartado 61 anterior, en tal caso debe llevarse a cabo una apreciación de la necesidad y la proporcionalidad, teniendo en cuenta, a tal efecto, todas las circunstancias o factores externos que rodean la denegación. El difícil contexto al que se enfrenta la empresa dominante en relación con el desarrollo de esa plantilla debe medirse en el marco de dicha apreciación y, en particular, al ponderar la proporcionalidad de la denegación.

67.

Se puede observar que es pacífico entre las partes que el desarrollo de una plantilla de software resulta realmente necesario para garantizar la interoperabilidad de una aplicación desarrollada por un tercero con una plataforma como Android Auto. En realidad, la resolución de remisión establece que el desarrollo de esas plantillas, destinadas a cubrir categorías enteras de aplicaciones, es necesario para evitar las largas y costosas pruebas que, de otro modo, se requerirían para garantizar la compatibilidad de cada aplicación individual con Android Auto. Además, se trata de una tarea que solo puede realizar Google, como propietario de dicha plataforma.  ( 51 ) Por consiguiente, sin perjuicio de la apreciación concreta que efectúe el órgano jurisdiccional remitente, esto implica que, en un asunto como el del litigio principal, parece que se cumple fácilmente el criterio de necesidad en el marco del examen de la justificación objetiva, en la medida en que no cabe duda de que no puede evitarse el desarrollo de una plantilla para garantizar el acceso seguro de una aplicación como la de Enel X a Android Auto.

68.

En cambio, en mi opinión, la proporcionalidad de la denegación merece apreciarse con mayor detenimiento. Es en esta fase en la que la justificación expuesta por la empresa dominante, en términos de limitaciones de tiempo y de recursos para desarrollar una plantilla de software, es pertinente para garantizar que los mercados se mantengan abiertos, a la vez que se salvaguardan los incentivos adecuados para la empresa dominante.

69.

Por lo que respecta a las limitaciones temporales, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si incumbe a la autoridad de defensa de la competencia llevar a cabo una investigación, sobre la base de elementos objetivos, del tiempo que necesita una empresa en posición dominante para desarrollar la plantilla de software que garantice el acceso a la plataforma solicitada o si, por el contrario, la empresa en posición dominante, habida cuenta de su responsabilidad en el mercado, está obligada a informar al solicitante del tiempo necesario para desarrollarla.

70.

En este sentido, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien la carga de la prueba de la concurrencia de las circunstancias que constituyen una infracción del artículo 102 TFUE recae sobre las autoridades de defensa de la competencia, ya sea a nivel de la Unión o a nivel nacional, incumbe a la empresa dominante en cuestión invocar cualquier motivo de justificación objetiva y apoyarlo argumentalmente y con pruebas.  ( 52 ) Asimismo, el Tribunal de Justicia ha establecido que la empresa dominante en cuestión, que soporta la carga inicial de la prueba, debe aportar pruebas concretas y no puede limitarse a esgrimir simplemente argumentos vagos, generales o teóricos.  ( 53 )

71.

Lógicamente, los elementos invocados por la empresa dominante para sostener que su comportamiento está objetivamente justificado deben ser los que esa empresa tuvo en cuenta cuando realizó dicho comportamiento.  ( 54 ) Por consiguiente, el examen de los términos concretos de la denegación es un elemento importante a efectos de determinar si la justificación alegada por la empresa dominante efectivamente constituyó el fundamento de su conducta. Una vez satisfecho este requisito, incumbe a la autoridad de defensa de la competencia, cuando se propone declarar la existencia de un abuso de posición dominante, demostrar que las alegaciones y las pruebas presentadas por la empresa no pueden prevalecer y, por tanto, no cabe acoger la justificación presentada.  ( 55 )

72.

En cuanto al presente asunto, es preciso señalar que, cuando se invocan limitaciones de tiempo ante la autoridad de defensa de la competencia como justificación objetiva, corresponde presentar la primera prueba a la empresa dominante, que no puede limitarse a invocar tales limitaciones para justificar su denegación de acceso. Por el contrario, como sugiere el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial, dicha empresa debe demostrar que informó al operador que solicita acceso del tiempo necesario para desarrollar la plantilla, que puede llevar tanto tiempo como sea objetivamente necesario y no tiene por qué ser necesariamente inmediato. Además, una situación complicada como la de la pandemia de COVID‑19, que Google invoca, puede ser un factor a tener en cuenta. A continuación, si la autoridad de defensa de la competencia demuestra que la evaluación realizada por la empresa dominante no es adecuada en lo que se refiere al plazo indicado para desarrollar la plantilla, la justificación objetiva no constituirá una defensa del comportamiento objeto de examen.  ( 56 ) Por último, resulta evidente que todos estos elementos pueden ser posteriormente objeto de verificación por el órgano jurisdiccional de que se trate.

73.

Puede adoptarse un enfoque similar en relación con los recursos que una empresa dominante puede tener que destinar al desarrollo de la plantilla, con el fin de garantizar la interoperabilidad de la aplicación de un tercero con la plataforma. En realidad, el debate sobre las limitaciones de recursos humanos y financieros para desarrollar la plantilla, como alega Google, es un debate sobre los costes que conlleva ese desarrollo y sobre quién debe soportarlos.

74.

De entrada, he de señalar que la circunstancia de que una empresa dominante deba estar sujeta a la obligación de garantizar el acceso a una plataforma y desarrollar una plantilla a tal fin, como ya se ha explicado en las presentes conclusiones, no implica que dicha empresa deba asumir necesariamente los costes de tal desarrollo. Esto es esencial para garantizar, ante todo, que la aplicación del artículo 102 TFUE y las obligaciones de interoperabilidad que se derivan del mismo no produzcan ningún efecto disuasorio respecto de la empresa dominante como desarrollador inicial y propietario de la plataforma en cuestión.

75.

La consideración anterior implica que una empresa dominante debe poder invocar las limitaciones de recursos como justificación objetiva para no desarrollar una plantilla para la aplicación de un tercero. Sin embargo, para que pueda admitirse esta justificación, es preciso asegurarse, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 70 y 71 anteriores, de que se ofrezca a la empresa que solicita acceso la posibilidad de pagar una remuneración apropiada, en esencia, una vez que se hayan evaluado los costes del desarrollo de la plantilla necesaria. La mera invocación de limitaciones de recursos por parte de una empresa dominante, sin poner a disposición dicha posibilidad, no cumple, en mi opinión, los requisitos que permiten reconocer una justificación objetiva.  ( 57 ) Si la empresa solicitante considerase que el coste es inadecuado o desproporcionado, la autoridad de defensa de la competencia correspondiente, si pretende llegar a la conclusión de que existe un abuso de posición dominante, deberá demostrar que los argumentos y los elementos de prueba presentados por la empresa dominante para calcular dicho coste no son convincentes y, por consiguiente, que no puede aceptarse la justificación que esgrime.

76.

De las consideraciones anteriores se desprende que, para determinar si puede admitirse la justificación objetiva aducida por una empresa dominante en términos de limitaciones de tiempo y de recursos, dicha justificación debe someterse a un control en cuanto a su necesidad y proporcionalidad, de conformidad con las consideraciones expuestas en los puntos anteriores de las presentes conclusiones.

77.

Queda por determinar si el hecho de que una empresa dominante reciba simultáneamente varias solicitudes de acceso puede constituir también una justificación objetiva con arreglo al artículo 102 TFUE, lo que también se encuentra entre las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente, que se pregunta si, en este contexto, la empresa dominante debe establecer, sobre la base de su responsabilidad especial en el mercado, unos criterios objetivos previos para examinar las solicitudes que se le presentan y clasificarlas por orden de prioridad.

78.

Me gustaría puntualizar que la referencia a la responsabilidad particular que incumbe a las empresas dominantes, tal como resulta de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia,  ( 58 ) no debe confundirse en el marco del análisis del motivo invocado por dicha empresa para justificar la denegación de acceso a una plataforma que ha desarrollado. En efecto, como ya se ha afirmado en las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia puede considerar que esta responsabilidad justifica la obligación de acceso, siempre que sean aplicables los requisitos descritos en el punto 46 anterior. Sin embargo, como alega Google, al no existir una obligación normativa en este sentido, no puede constituir por sí sola la base para establecer la obligación de prever y definir, desde un punto de vista ex ante, los criterios objetivos para examinar solicitudes de acceso concurrentes.

79.

Esto es especialmente pertinente en un asunto como el del litigio principal, en el que, en mi opinión, la admisión de la justificación alegada por la empresa dominante no puede depender de la existencia o no de una definición previa de unos criterios objetivos. Es cierto que, en el marco de varias solicitudes presentadas simultáneamente, la falta de tales criterios puede constituir un elemento que debe tomarse en consideración para apreciar el carácter abusivo del comportamiento que se reprocha a la empresa dominante cuando conduzca a una situación de retraso excesivo de la concesión de acceso o a un trato discriminatorio entre solicitantes concurrentes. Sin embargo, de la resolución de remisión no se desprende que así suceda en el presente asunto, lo que implica que dicha inexistencia no puede, por sí sola, fundamentar que exista el comportamiento abusivo en cuestión.

80.

A la vista del análisis anterior, en relación con la tercera cuestión prejudicial, llego a la conclusión de que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que un comportamiento de una empresa dominante consistente en denegar el acceso a una plataforma, como la controvertida en el litigio principal, por un operador tercero puede estar objetivamente justificado cuando el acceso solicitado sea técnicamente imposible o cuando pueda afectar, desde un punto de vista técnico, al rendimiento de la plataforma, o vaya en contra de su modelo económico o de su finalidad. El mero hecho de que, para conceder el acceso a esta plataforma, la empresa dominante deba, además de dar su consentimiento, desarrollar una plantilla de software que tenga en cuenta las necesidades específicas del operador que solicita el acceso no puede, por sí solo, justificar una denegación de acceso, siempre que se conceda un plazo adecuado para el desarrollo de la plantilla y que este sea objeto de una remuneración adecuada en favor de la empresa dominante. Cuando se le solicite el acceso, la empresa dominante deberá comunicar ambos elementos al operador solicitante.

81.

Por lo que respecta a la cuarta cuestión prejudicial, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, por sí solo, no puede servir de fundamento de una obligación de definir, desde un punto de vista ex ante, unos criterios objetivos para examinar las solicitudes de acceso a una plataforma. Solo en el marco de varias solicitudes presentadas simultáneamente, la falta de esos criterios puede constituir un elemento que debe tomarse en consideración para apreciar el carácter abusivo del comportamiento que se reprocha a la empresa dominante cuando conduzca a una situación de retraso excesivo en términos de concesión de acceso o trato discriminatorio entre solicitantes concurrentes.

C.

Sobre la quinta cuestión prejudicial

82.

Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si, en el marco de un abuso consistente en denegar el acceso a una plataforma digital, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que la autoridad de defensa de la competencia está obligada a definir el mercado de referencia descendente que se ve afectado por ese abuso y si ese mercado puede ser incluso solo potencial.

83.

Como es sabido, en el marco de aplicación del artículo 102 TFUE, la declaración de existencia de una posición dominante exige necesariamente la definición previa del producto o del mercado geográfico de referencia en los que la empresa en cuestión ocupa dicha posición. En el caso de un comportamiento consistente en denegar el acceso a una infraestructura, esto se refiere normalmente al mercado ascendente en el que se encuentra dicha infraestructura. Esta categoría de asuntos requiere también la identificación del mercado conexo (descendente) en el que la empresa que solicita el acceso tiene previsto operar y en el que pueden producirse los efectos contrarios a la competencia de la conducta de la empresa dominante.  ( 59 )

84.

Dicho esto, por lo que se refiere al mercado conexo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia declara que basta con que pueda identificarse un mercado potencial o incluso hipotético.  ( 60 ) En efecto, puede que solo sea necesario identificar dos fases de producción distintas y su interconexión real.  ( 61 )

85.

Por lo tanto, como observan acertadamente el Gobierno italiano y la Comisión, no existe ninguna obligación de definir, de manera global, el mercado descendente de referencia cuando se trata de apreciar si el comportamiento de la empresa dominante puede restringir la competencia, en particular, cuando se trata de un comportamiento que consiste en denegar el acceso. Es cierto que, en estos casos, la capacidad de restringir la competencia debe apreciarse, en principio, en relación con el mercado en el que pueden producirse los efectos contrarios a la competencia, a saber, el mercado descendente o conexo en relación con el mercado ascendente al que la empresa dominante deniega el acceso. Sin embargo, en mi opinión, ello no requiere necesariamente definir el mercado de producto y el mercado geográfico de referencia, en el sentido de la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia  ( 62 ) ni para definir su ámbito de aplicación, como sostiene, en esencia, Google. Basta con que la autoridad de defensa de la competencia demuestre que el comportamiento en cuestión puede producir efectos contrarios a la competencia con respecto a productos o servicios que compiten entre sí, aunque solo se trate de una competencia potencial.

86.

Lo anterior parece aún más cierto cuando el mercado en cuestión se encuentra aún en fase de desarrollo o se desarrolla rápidamente y, por consiguiente, su alcance no está completamente definido en el momento en que se produce el comportamiento supuestamente abusivo. En estos casos, la definición del mercado de referencia podría resultar muy difícil y dar lugar a consideraciones especulativas. Por tanto, parece suficiente que la autoridad de defensa de la competencia examine rigurosamente las características y el alcance del mercado de referencia y los tenga debidamente en cuenta en su análisis de los efectos potenciales de la conducta en cuestión.

87.

Por lo que respecta al presente asunto, ha de señalarse, de conformidad con la descripción realizada en la resolución de remisión, que el comportamiento de Google parece referirse a un mercado en evolución. Habida cuenta de que corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar esta cuestión, ha de señalarse que, en su decisión, la AGCM examinó, en primer lugar, el sector de las aplicaciones de servicios de recarga eléctrica. A continuación, definió el «espacio competitivo para los servicios de recarga eléctrica prestados a través de aplicaciones» en el que, en su opinión, los servicios de recarga eléctrica y las aplicaciones de navegación compiten entre sí y proporcionó varios elementos que indican una situación competitiva entre las dos categorías de aplicaciones, al menos potencial. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta posteriormente al analizar la capacidad del comportamiento de Google de producir los efectos contrarios a la competencia controvertidos.

88.

En relación con la quinta cuestión prejudicial, concluyo, por tanto, que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, cuando una empresa dominante deniega el acceso a una plataforma, como la controvertida en el litigio principal, la autoridad de defensa de la competencia no está obligada a definir de manera exhaustiva, en virtud de la Comunicación relativa a la definición de mercado de referencia, el mercado en el que la denegación de acceso puede tener efectos contrarios a la competencia. Basta con que la autoridad de defensa de la competencia demuestre que el comportamiento en cuestión podía producir efectos contrarios a la competencia en relación con productos o servicios que compiten entre sí.

IV.

Conclusión

89.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) del siguiente modo: