<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11997ESA.0500090901.case.xml"><NO.CASE>T-9/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997B0009</NO.CELEX><NO.SEQ>0010.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>911</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>921</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19970609">9.6.1997</DATE> — ASUNTO T-9/97</LEFT><RIGHT>ELF ATOCHEM / COMISIÓN</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Primera)</P><P>de <DATE ISO="19970609">9 de junio de 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto T-9/97,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Elf Atochem SA,</HT> sociedad francesa, con domicilio social en Puteaux (Francia), representada por M<HT TYPE="SUP">e</HT> Xavier de Roux, Abogado de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jacques Loesch, 11, rue Goethe,</P><PARTY.STATUS>parte demandante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contra</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Comisión de las Comunidades Europeas,</HT> representada por el Sr. Wouter Wils, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>parte demandada,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>que tiene por objeto una demanda de anulación de las actas, anexos incluidos, levantadas por los agentes de la Comisión los días <DATE ISO="19961118">18</DATE>, <DATE ISO="19961119">19</DATE> y <DATE ISO="19961120">20 de noviembre de<?PAGE NO="II-912"?> 1996</DATE>, a raíz de una verificación, con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del Reglamento n° 17 del Consejo, de <DATE ISO="19620206">6 de febrero de 1962</DATE>, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="013" DATE.PUB="1962" PAGE.FIRST="204">DO 1962, 13, p. 204</REF.DOC.OJ>; EE 08/01, p. 22), efectuada en el domicilio social de la demandante en el marco de una investigación relativa a la existencia de determinados acuerdos o prácticas concertadas en el sector de las olefinas y poliolefinas, prohibidos por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado (asunto n° IV/E-2/<FT TYPE="NUMBER">35.765</FT>),</P><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),</P><P>integrado por el Sr. A. Saggio, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. R. M. Moura Ramos, Jueces;</P><P>Secretario: Sr. H. Jung;</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Hechos que dieron lugar al recurso</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19961108">8 de noviembre de 1996</DATE>, la Dirección General de la Competencia de la Comisión (DG <HT TYPE="ITALIC">TV)</HT> dirigió un telefax a la demandante para informarla de que la Cornisión<?PAGE NO="II-913"?> había decidido efectuar en su domicilio social, entre otros, una verificación, con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del Reglamento n° 17 del Consejo, de <DATE ISO="19620206">6 de febrero de 1962</DATE>, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="013" DATE.PUB="1962" PAGE.FIRST="204">DO 1962, 13, p. 204</REF.DOC.OJ>; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Reglamento n° 17<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), en el marco del asunto n° IV/E-2/<FT TYPE="NUMBER">35.765</FT>, relativo a una investigación sobre la existencia de determinados acuerdos o prácticas concertadas en el sector de las olefinas y poliolefinas, prohibidos por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>La demandante aceptó someterse a la referida inspección, la cual tuvo lugar los días <DATE ISO="19961118">18</DATE>, <DATE ISO="19961119">19</DATE> y <DATE ISO="19961120">20 de noviembre de 1996</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Durante estos tres días, los agentes de la Comisión sacaron copias de diversos documentos y se entrevistaron con los representantes de la demandante. Propusieron que un miembro del personal de la demandante tomara nota de las explicaciones verbales facilitadas. Los representantes de la demandante rechazaron dicha propuesta.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Los agentes de la Comisión, que tomaron nota de las referidas explicaciones, presentaron a los representantes de la demandante un documento en el cual figuraba un resumen de lo manifestado por éstos durante las entrevistas celebradas el <DATE ISO="19961118">18 de<?PAGE NO="II-914"?> noviembre de 1996</DATE> (anexo 1 del escrito de demanda). Tanto los agentes acreditados de la Comisión como la demandante califican dicho documento de <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>acta<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Los representantes de la demandante se negaron, por una parte, a verificar la exactitud del citado documento y, por otra, a firmarlo. Por el contrario, manifestaron su desacuerdo con la forma en que se había redactado el documento. Finalmente, éste fue firmado tanto por los agentes de la Comisión como por los dos representantes de la autoridad francesa competente, en el sentido del apartado 5 del artículo 14 del Reglamento n° 17, a saber, la Direction genérale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes (DGCCRF).</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Los agentes de la Comisión redactaron, asimismo, un segundo documento en el que figura una exposición sumaria de lo manifestado por los representantes de la demandante los días <DATE ISO="19961119">19</DATE> y <DATE ISO="19961120">20 de noviembre de 1996</DATE> (anexo 2 del escrito de demanda). Al igual que había sucedido con la primera acta, dichos representantes se negaron a tomar parte en la redacción del citado documento y a firmarlo. Las partes también califican de acta el citado documento.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimiento y pretensiones</P></TI></TITLE><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>En estas circunstancias, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19970117">17 de enero de 1997</DATE>, la demandante interpuso el presente recurso, en el cual solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule la totalidad de las actas, anexos incluidos, levantadas a raíz de la inspección efectuada en su domicilio social los días <DATE ISO="19961118">18</DATE>, <DATE ISO="19961119">19</DATE> y <DATE ISO="19961120">20 de noviembre de 1996</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-915"?><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19970218">18 de febrero de 1997</DATE>, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad en la cual solicita al Tribunal de Primera Instancia que:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Declare la inadmisibilidad del recurso, con arreglo al artículo 114 del Reglamento de Procedimiento.</P></ITEM><ITEM><P>Condene en costas a la demandante.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>En sus observaciones acerca de la excepción de inadmisibilidad, presentadas el <DATE ISO="19970320">20 de marzo de 1997</DATE>, la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia que <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>estime, con mayor motivo, las pretensiones anteriormente deducidas por la demandante<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fundamentos de Derecho</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre L admisibilidad</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>La Comisión señala que constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de ésta. Pone de manifiesto que, cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, sólo constituyen, en principio, actos impugnables aquellas medidas que fijan definitivamente la postura de la Institución al finalizar dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva (sentencias del<?PAGE NO="II-916"?> Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19811111">11 de noviembre de 1981</DATE>, IBM/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="60/81" YEAR="1981" PAGE.ECR="2639">60/81, Ree. p. 2639, apartados 8 y siguientes</REF.DOC.ECR>, y del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19921218">18 de diciembre de 1992</DATE>, Cimenteries CBR y otros/Comisión, asuntos acumulados <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-10/92+T-11/92+T-12/92+T-15/92" YEAR="1992" PAGE.ECR="II-2667">T-10/92, T-11/92, T-12/92 y T-15/92, Rec. p. II-2667, apartado 28</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>La demandada alega que los documentos que la demandante cuestiona no producen ningún efecto jurídico que pueda afectar a sus intereses modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Se trata, por el contrario, de meros informes en los que se reproducen las notas tomadas por los agentes de la Comisión durante la inspección.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Añade que, si la Comisión utilizara dichos informes en la Decisión que pueda adoptar frente a la demandante, como medios de prueba de un comportamiento contrario a la competencia, la demandante podría perfectamente impugnar tal utilización ante la Comisión y, llegado el caso, ante el Juez comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Por último, la demandada pone de manifiesto que, si bien cabe interponer un recurso contra la decisión de la Comisión de proceder a una solicitud formal de información, con arreglo al apartado 5 del artículo 11 del Reglamento n° 17, y contra la decisión de la Comisión de realizar una verificación formal, conforme al apartado 3 del artículo 14 del citado Reglamento, no se halla previsto un recurso similar en lo relativo a una simple solicitud de información, en el sentido del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento n° 17, ni tampoco en cuanto a una verificación mediante simple mandato, contemplada en el apartado 2 del artículo 14 de dicho Reglamento, como ocurrió en el presente caso.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>La demandante alega, por su parte, que la propia existencia de los documentos que se cuestionan constituye un acto lesivo para ella, dado que, aun cuando se calinquen<?PAGE NO="II-917"?> de actos preparatorios, producen efectos jurídicos en la medida en que habrán de tener una indudable influencia sobre la evolución del expediente y sobre la elaboración del acto final. Por lo tanto, los citados documentos modifican desfavorablemente su situación jurídica.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Afirma que, dado que el Tribunal de Justicia ha reconocido la posibilidad de interponer un recurso contra una solicitud de información fundada en el artículo 11 del Reglamento n° 17 (sentencias del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19891018">18 de octubre de 1989</DATE>, Orkem/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="374/87" YEAR="1989" PAGE.ECR="3283">374/87, Rec. p. 3283</REF.DOC.ECR>, y Solvay/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="27/88" YEAR="1989" PAGE.ECR="3355">27/88, Rec. p. 3355</REF.DOC.ECR>) y puesto que, en el presente caso, los agentes de la Comisión han hecho un uso indebido del procedimiento regulado en el Reglamento n° 17, pretendiendo obtener, en virtud del artículo 14, unas respuestas escritas a sus preguntas, medida ésta que hubiera debido fundarse en el artículo 11 de dicho Reglamento, procede declarar la admisibilidad del presente recurso.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Concluye afirmando que, más que poder viciar de nulidad el acto final que pueda adoptar la Comisión, parece que la buena administración de la justicia y la mejor garantía de los derechos de defensa exigen que se anulen los actos lesivos antes de que hayan podido producir unos efectos más graves que puedan viciar el conjunto del procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>En sus observaciones acerca de la excepción de inadmisibilidad, la demandante replica, además, que los documentos no constituyen en modo alguno <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>simples notas en las que se reproduzcan las explicaciones orales oídas<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, puesto que los agentes de la Comisión solicitaron a los representantes de la demandante, así como a los representantes de las autoridades nacionales, que los firmaran. Señala que representan verdaderas actas y que la Comisión se reserva la facultad de utilizarlas como medios de prueba o como datos en que apoyar su decisión.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-918"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>En virtud del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando una parte lo solicite, el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto. En el presente caso, este Tribunal de Primera Instancia considera que los hechos han quedado suficientemente esclarecidos por los documentos que constan en autos y decide que puede pronunciarse sobre la solicitud sin abrir la fase oral y sin entrar en el fondo del asunto.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Para pronunciarse sobre la admisibilidad del presente recurso, debe recordarse que constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, con arreglo al artículo 173 del Tratado, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma caracterizada la situación jurídica de ésta (sentencia IBM/Comisión, antes citada, apartado 9).</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>A este respecto, procede observar que, cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se efectúa en varias fases, sólo constituyen, en principio, actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la postura de la Institución al finalizar dicho procedimiento, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión final (véase la sentencia IBM/Comisión, antes citada, apartado 10; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19900710">10 de julio de 1990</DATE>, Automec/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-64/89" YEAR="1990" PAGE.ECR="II-367">T-64/89, Rec. p. II-367, apartado 42</REF.DOC.ECR>; Cimenteries CBR y otros/Comisión, antes citada, apartado 28; de <DATE ISO="19950627">27 de junio de 1995</DATE>, Guérin automobiles/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-186/94" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-1753">T-186/94, Rec. p. II-1753, apartado 39</REF.DOC.ECR>, y auto del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19960314">14 de marzo de 1996</DATE>, Dysan Magnetics y Review Magnetics/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-134/95" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-181">T-134/95, Rec. p. II-181, apartado 20</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-919"?><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Por consiguiente, en el presente caso, corresponde al Tribunal de Primera Instancia apreciar si los dos documentos, anexos incluidos —denominados actas—, que la demandante cuestiona, son susceptibles de producir, por sí mismos, unos efectos jurídicos que puedan afectar a los intereses de la demandante o si, por el contrario, su redacción constituye únicamente una medida preparatoria cuya ilegalidad podría ser planteada en el marco de un recurso interpuesto contra la posible decisión final, siempre que se garantizara a las partes interesadas una protección suficiente (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19860624">24 de junio de 1986</DATE>, Akzo Chemie/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="53/85" YEAR="1986" PAGE.ECR="1965">53/85, Rec. p. 1965, apartado 19</REF.DOC.ECR>, y sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, antes citada, apartado 31). Ahora bien, sólo los actos que afectan inmediatamente y de forma irreversible a la situación jurídica de la empresa afectada pueden justificar, desde antes de que finalice el procedimiento administrativo, la admisibilidad de un recurso de anulación (sentencias Cimenteries CBR y otros/Comisión, antes citada, apartado 42, y Dysan Magnetics y Review Magnetics/Comisión, antes citada, apartado 21).</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Debe recordarse que el procedimiento de verificación a que se refiere el artículo 14 del Reglamento n° 17 no tiene por objeto hacer que cese una infracción o declarar una incompatibilidad jurídica, sino, únicamente, permitir a la Comisión reunir la documentación necesaria para comprobar el carácter real y el alcance de una determinada situación de hecho y de Derecho (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19800626">26 de junio de 1980</DATE>, National Panasonic/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="136/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="2033">136/79, Rec. p. 2033, apartado 21</REF.DOC.ECR>). Una posible decisión en la que se declare una infracción del artículo 85 o del artículo 86 del Tratado, con arreglo al apartado 1 del artículo 3 del Reglamento n° 17, sólo se adopta posteriormente.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Por otra parte, la letra c) del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento n° 17 ofrece a los agentes acreditados por la Comisión la posibilidad de pedir explicaciones verbales durante la verificación y para los fines de ésta. El hecho de que los referidos agentes dispongan de la citada facultad de solicitar información sobre cuestiones concretas específicas derivadas de los libros y documentos profesionales que examinan no basta para afirmar que una visita de inspección se identifica con un procedimiento destinado a obtener información, a efectos del artículo 11 del Reglamento n° 17 (sentencia National Panasonic/Comisión, antes citada, apartado 15).</TXT></NP><?PAGE NO="II-920"?><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>En cualquier caso, si bien es cierto que una decisión formal de proceder a una inspección puede tener un carácter determinante para la constitución de pruebas del carácter ilegal de la conducta de una empresa que puede generar la responsabilidad de ésta (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19891017">17 de octubre de 1989</DATE>, Dow Benelux/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="85/87" YEAR="1989" PAGE.ECR="3137">85/87, Rec. p. 3137, apartado 26</REF.DOC.ECR>), no puede considerarse que tenga el citado carácter determinante una solicitud de explicaciones o de información que no reviste la forma de decisión formal.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Por último, por lo que se refiere a las cuestiones relativas a la forma en que se desarrolló la inspección, incluida la redacción de las actas, tales cuestiones pueden ser examinadas, llegado el caso, en el marco de un recurso interpuesto contra una posible decisión final de la Comisión.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>En estas circunstancias, dado que no puede considerarse que los documentos cuestionados por la demandante afecten inmediatamente y de una forma irreversible a la situación jurídica de ésta, su existencia no puede justificar la admisibilidad de un recurso de anulación antes de que finalice el procedimiento administrativo.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>De todo lo anterior se desprende que debe declararse la inadmisibilidad del recurso.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas<?PAGE NO="II-921"?> si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la parte demandante y al haber pedido la Comisión que se condene en costas a la demandante, procede condenar a la demandante al pago de todas las costas.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Declarar la inadmisibilidad del recurso.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condenar a la demandante al pago de todas las costas.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19970609">9 de junio de 1997</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>A. Saggio</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>