—

en nombre del Sr. Blanguernon, por el Sr. P. Lippens de Cerf, Abogado, en el acto de la vista;

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en nombre del Gobierno francés, por las Sras. E. Belliard y S. Grassi, en calidad de Agentes;

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en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por sus Consejeros Jurídicos, Sres. I. Lasnet y A. Caeiro, en calidad de Agentes,

1

Mediante resolución de 30 de junio de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de febrero siguiente, el Tribunal de police de Aix-les-Bains planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado así como de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas clases de sociedades (DO L 222, p. 11; EE 17/01, p. 55, en lo sucesivo, «Cuarta Directiva»).

2

Dicha cuestión se suscitó en el marco de un procedimiento penal entablado contra el Sr. Blanguernon, Director financiero de la Sociedad de responsabilidad limitada PAKEM. Se acusa al Sr. Blanguernon de no haber presentado las cuentas anuales de dicha Sociedad en la Secretaría del Tribunal de commerce de Chambéry, dentro del mes siguiente a su aprobación por la Junta General de Socios.

3

La legislación francesa relativa a las obligaciones contables de los comerciantes y de determinadas Sociedades prevé una sanción para dicha omisión. El objetivo de dicha legislación consiste en adaptar el Derecho francés a lo dispuesto en la Cuarta Directiva, que se basa en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado. Este artículo prevé la adopción de Directivas que coordinen, en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las Sociedades definidas en el párrafo 2 del artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros.

4

Ante el órgano jurisdiccional nacional el Sr. Blanguernon alegó que la aplicación de la legislación francesa en materia de obligaciones contables menoscaba los derechos de las Sociedades francesas en la medida en que las mismas están obligadas a dar publicidad a sus cuentas, mientras que sus competidores de otros Estados miembros eluden tales obligaciones. Efectivamente, algunos Estados miembros no han adoptado las medidas de ejecución de la Cuarta Directiva.

5

Ante esta argumentación, el Tribunal de police de Aix-les-Bains decidió suspender el curso del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente :

«A tenor de la letra y el espíritu de la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y de la Cuarta Directiva del Consejo de 25 de julio de 1978, íes posible que las normas de carácter nacional adoptadas con arreglo a dichas disposiciones puedan entrar y permanecer en vigor de forma independiente, por todo el tiempo en que los Estados miembros no hayan dictado normas equivalentes, condición necesaria para la coordinación simultánea que constituye uno de los objetivos de la Cuarta Directiva?»

6

Para una más amplia exposición de los hechos del asunto principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

7

Ante todo procede resaltar que, según reiterada jurisprudencia, ningún Estado miembro puede justificar la no ejecución de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado amparándose en el hecho de que igualmente otros Estados miembros incumplen sus obligaciones (véase especialmente la sentencia de 26 de febrero de 1976, Comisión contra República Italiana, 52/75, Rec. 1976, p. 277). En efecto, en el ordenamiento jurídico que establece el Tratado, la ejecución del Derecho comunitario por los Estados miembros no puede supeditarse a una condición de reciprocidad. Los artículos 169 y 170 del Tratado prevén los recursos apropiados para hacer frente a los incumplimientos de los Estados miembros a las obligaciones que se desprenden del Tratado.

8

De lo anterior se infiere que el Derecho nacional de un Estado miembro que ejecuta una Directiva comunitaria debe ser plenamente aplicable a pesar de que las legislaciones de otros Estados miembros todavía no se hayan adaptado a las Directivas de que se trate.

9

Esta observación se aplica igualmente a la legislación nacional mediante la cual se ejecuta la Cuarta Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado. Si dicha Directiva y dicho artículo tienen en cuenta la equivalencia de las garantías que se exigen en los Estados miembros para proteger los intereses de socios y terceros, es para precisar el grado de armonización que debe alcanzarse. Por lo tanto, de dicho objetivo no puede deducirse que la aplicabilidad de las medidas de ejecución de la Cuarta Directiva en un Estado miembro dependa de la adopción de medidas equivalentes en todos los demás Estados miembros.

10

Por consiguiente, procede contestar a la cuestión prejudicial que lo dispuesto en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y en la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas clases de Sociedades deben interpretarse en el sentido de que las legislaciones de los Estados miembros cuyo objetivo consiste en la ejecución de dicha Directiva deben ser puestas en vigor y aplicadas aun cuando otros Estados miembros no hayan adoptado todavía las medidas para la ejecución de dicha Directiva.

11

Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene para las partes del litigio principal el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

pronunciándose sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de police de Aix-les-Bains mediante resolución de 30 de junio de 1988,

declara:

La letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado CEE y la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas clases de Sociedades deben interpretarse en el sentido de que las legislaciones de los Estados miembros cuyo objeto consiste en la ejecución de dicha Directiva deben ser puestas en vigor y aplicadas, aun cuando otros Estados miembros no hayan adoptado todavía las medidas para la ejecución de dicha Directiva.