La solicitud que el Sr. Koua Poirrez presentó para obtener la condición de beneficiario del subsidio de garantía de ingresos mínimos vigente en Francia fue denegada por la CAF. En su resolución de 6 de septiembre de 1990, la Commission de recours amiable de la caisse düallocations familiales hizo suyo el punto de vista de la CAF. Mediante escrito de 26 de febrero de 1991, el Sr. Koua Poirrez interpuso recurso contra dicha resolución ante el tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (en lo sucesivo, órgano jurisdiccional remitente).

El Sr. Koua Poirrez no tiene —por hipótesis— nacionalidad francesa. Por otra parte, no es nacional de un país de la Comunidad, ni descendiente a cargo de un trabajador migrante nacional de la Comunidad, ni nacional de un país signatario de un Convenio de reciprocidad con Francia en materia de asignación de subsidios de garantía de ingresos mínimos. En tales circunstancias, según la CAF, no puede reclamar tales subsidios.

El órgano jurisdiccional nacional pregunta al Tribunal de Justicia si tal discriminación inversa resulta en realidad compatible con la prohibición de toda discriminación recogida en los artículos 7 y 48, apartado 2, del Tratado CEE:

¿Resulta conforme con los artículos 7 y 48, apartado 2, del Tratado CEE excluir del subsidio de garantía de ingresos mínimos a un miembro de la familia de un nacional de un país de la CEE (en este caso, un descendiente por adopción), que reside en el país del que es nacional el cabeza de familia, debido a que las Directivas (léase: los Reglamentos) 1612/68 y 1251/70 sólo se aplican a los trabajadores migrantes, condición que no concurre en el cabeza de familia?

1)Un miembro de la familia de un trabajador migrante, ¿puede reclamar el subsidio de garantía de ingresos mínimos cuando el interesado sea nacional de un tercer Estado pero el trabajador migrante a cuya familia pertenezca tenga la nacionalidad de un Estado miembro?2)Un miembro de la familia de un trabajador de nacionalidad francesa, ¿puede reclamar el subsidio de garantía de ingresos mínimos cuando el interesado tenga la nacionalidad de un tercer Estado y el trabajador a cuya familia pertenezca no sea un trabajador migrante?

La respuesta del Gobierno francés a la primera pregunta es afirmativa y su formulación muestra una vez más que la normativa francesa se inspira en un afán de atenerse al Derecho comunitario. La respuesta a la segunda pregunta es negativa, y se entiende que los miembros de la familia de un trabajador francés que no sean nacionales de ningún país de la Comunidad podrán, no obstante, reclamar el subsidio de garantía de ingresos mínimos cuando Francia haya celebrado con su país de origen un Convenio de reciprocidad en ese sentido.

Si se combina la respuesta afirmativa a la primera pregunta con la respuesta en principio negativa a la segunda, resulta que la vigente normativa francesa puede, efectivamente, dar lugar a una discriminación inversa entre los miembros de la familia —que no sean nacionales comunitarios— de trabajadores migrantes nacionales comunitarios que trabajen en Francia, por una parte, y los miembros de la familia —que no sean nacionales comunitarios— de franceses que trabajen en Francia, por otra.

En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.

El Consejo, a propuesta de la Comisión y en cooperación con el Parlamento Europeo, podrá establecer, por mayoría cualificada, la regulación necesaria para prohibir dichas discriminaciones.

El apartado 2 del artículo 48 del Tratado CEE adapta a la libre circulación de los trabajadores la prohibición del artículo 7:

La libre circulación (de los trabajadores dentro de la Comunidad) supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.

El artículo 48 fue desarrollado, a su vez, por varios Reglamentos del Consejo, entre los que se incluyen los Reglamentos no 1612/68 y no 1251/70, citados en la cuestión prejudicial, así como el Reglamento no 1408/71. Los subsidios de garantía de ingresos mínimos están incluidos en el ámbito material de aplicación de dichos Reglamentos.

En lo que atañe a los Reglamentos no 1408/71 y no 1612/68, véase la sentencia de 16 de diciembre de 1976, Inzirillo, (63/76, Rec. p. 2057) apañados 7 a 9 y 21. Los miembros de la familia de trabajadores migrantes únicamente pueden reclamar, en virtud del Reglamento no 1408/71, derechos derivados, es decir, derechos adquiridos en calidad de miembro de la familia de un trabajador migrante. Véase la sentencia de 23 de noviembre de 1976, Kermaschek, (40/76, Rec. p. 1669) apartados 5 a 7, recientemente confirmada por la sentencia de 8 de julio de 1992, Taghavi, (C-243/91, Rec. p. I-4401) apartado 7. En lo relativo a aquellos trabajadores que desean permanecer en el territorio de un Esudo miembro después de haber ejercido en él un empleo, el articulo 7 del Reglamento no 1251/70 confirma la igualdad de trato tal como se reconoce en el Reglamento no 1612/68.

Para obtener la condición de beneficiario del subsidio de garantía de ingresos mínimos francés, el Sr. Koua Poirrez invoca su condición de hijo adoptivo del Sr. Bernard Poirrez. Pero de los datos facilitados por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que Bernard Poirrez es un nacional francés que no ha trabajado ni residido nunca fuera de Francia y que, por tanto, no ha ejercido nunca su derecho de libre circulación dentro de la Comunidad. Tal como han observado con acierto la Comisión y los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido, en este caso se trata de una situación puramente interna, a la que no resultan aplicables las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de los trabajadores.

Pero las respuestas a ambas cuestiones están íntimamente relacionadas. Si las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de los trabajadores no se aplican a situaciones puramente internas, lógicamente tampoco pueden oponerse a que, en tal situación puramente interna, un Estado miembro trate a (los miembros de la familia de) sus propios nacionales de una manera que les perjudique en relación con los (miembros de la familia de) nacionales de otros Estados miembros.

A este respecto, llama la atención el hecho de que, en las observaciones que presentó ante el Tribunal de Justicia, el Sr. Koua Poirrez apenas si hace referencia al Tratado CEE. Con carácter principal, alega que una situación de discriminación inversa resulta incompatible con la Declaración universal de Derechos Humanos y con los Convenios ACPCEE.

Por el contrario, desde el momento en que una normativa entre en el campo de aplicación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia, que conozca de un asunto planteado con carácter prejudicial, debe proporcionar todos los elementos de interpretación necesarios para la apreciación, por el órgano jurisdiccional nacional, de la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia tal como están expresados, en particular, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Semencia de 18 de junio de 1991, (C-260/89, Rec. pp. I-2925 y ss., especialmente p. I-2951) apartado 42.

los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza (el Tribunal de Justicia);

[...] que los instrumentos internacionales en materia de protección de los derechos humanos de los que los Estados miembros son signatarios o a los que se han adherido pueden proporcionar también indicaciones que conviene tener en cuenta en el marco del Derecho comunitario.

Sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold/Comisión, (4/73, Rec. p. 491) apartado 13. Véase también el apartado 30 de las conclusiones mías que acompañan a la sentencia de 4 de octubre de 1991, Grogan (C-159/90, Rec. pp. I-4685 y ss.y especialmente p. I-4703).

El artículo 22 de la Declaración universal está redactado de la siguiente manera:

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social; y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

En efecto, creo que la normativa francesa objeto de discusión no entra del todo en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, en el sentido de la sentencia ERT. Es indudable que sí entra en ese ámbito en la medida en que —inspirada en un afán de adaptarse al Derecho europeo de Seguridad Social— reconoce determinados derechos a los miembros de la familia de los nacionales de otros Estados miembros. Sin embargo, habida cuenta de la más arriba evocada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las normas comunitarias en materia de libre circulación de los trabajadores no se aplican a aquellas situaciones que se circunscriben íntegramente a la esfera interna de un Estado miembro, la normativa francesa no entra en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario en la medida en que no reconoce a los miembros de la familia de sus propios nacionales una prestación de Seguridad Social perfectamente determinada, dando lugar de esta manera a una discriminación inversa en perjuicio de tales miembros de la familia.

En estas circunstancias, no incumbe al Tribunal de Justicia verificar si esa parte de la legislación nacional que se discute y la discriminación inversa que resulta de la misma son compatibles con los derechos fundamentales que forman parte del Derecho comunitario. Por lo tanto, es al Juez nacional a quien corresponde —teniendo en cuenta asimismo otros derechos sociales que, en su caso, pueda invocar el Sr. Koua Poirrez— verificar si esa parte de la legislación francesa resulta compatible con el artículo 22 de la Declaración universal y, en caso de respuesta negativa, si el Sr. Koua Poirrez puede invocar derechos basándose en dicho artículo.

[...] las Partes reiteran su profunda adhesión [...] a los derechos humanos [...] un trato no discriminatorio; los derechos fundamentales de la persona; los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, sociales y culturales [...]

Las Partes contratantes reafirman sus obligaciones y su compromiso dimanante del derecho internacional para combatir, hasta erradicarlas, todas las formas de discriminación basadas en [...] la nacionalidad [...] Los Estados miembros de la Comunidad (y/o, en su caso, la propia Comunidad) y los Estados ACP continuarán velando, en el marco de las medidas jurídicas o administrativas que hayan adoptado o que adopten, por que los trabajadores migrantes, los estudiantes y otros nacionales extranjeros que se encuentren legalmente en su territorio no sean objeto de discriminación alguna por diferencias raciales, religiosas, culturales o sociales, en particular por lo que respecta a [...] la sanidad, los demás servicios sociales y el trabajo.

De los propios términos del apartado 2 del artículo 5 del Cuarto Convenio ACPCEE, así como de la Declaración universal de Derechos Humanos —a la que, por lo demás, se refiere expresamente el preámbulo del Convenio—

Preámbulo, considerando quinto (DO 1991, L 229, p. 10).

2.Z\Los trabajadores nacionales de un Estado ACP que ejerzan legalmente una actividad asalariada en el territorio de un Estado miembro, y los miembros de su familia que residan con ellos, se beneficiarán en dicho Estado miembro, en lo que se refiere a las prestaciones de seguridad social ligadas al empleo, de un régimen que se caracterice por la ausencia de toda discriminación basada en la nacionalidad respecto de los propios nacionales de dicho Estado miembro[...]

Haciendo abstracción de la cuestión de si esta disposición tiene efectos directos,

En esu materia, el Tribunal de Justicia aplica el siguiente criterio: Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse directamente aplicable cuando contiene, a la vista de su tenor, de su objeto, asi como por la naturaleza del acuerdo, una obligación clara y precisa, cuya ejecución y cuyos efectos no se subordinan a la adopción de acto ulterior alguno (sentencia de 30 de septiembre de 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, apartado 14). Para un análisis de la aplicación de este criterio por el Tribunal de Justicia, véase las conclusiones mias que acompañan a la sentencia de 31 dc enero de 1991, Kriber, (C-18/90, Rec. pp. I-199 y ss., especialmente p. I-208) apartados 7 a 13.

Los artículos 7 y 48, apartado 2, del Tratado CEE y la normativa adoptada para su ejecución no se oponen a que se prive de la condición de beneficiario de un subsidio de garantía de ingresos mínimos a un miembro de la familia de un nacional de la Comunidad que ha residido y trabajado siempre en el Estado cuya nacionalidad posee. Lo mismo puede decirse del apartado 2 del artículo 5 del Cuarto Convenio ACPCEE y del Anexo VI del Acta Final de dicho Convenio.

En el caso de autos, no incumbe al Tribunal de Justicia comprobar si los principios generales del Derecho comunitario, de los que forma parte el artículo 22 de la Declaración universal de Derechos Humanos, han sido respetados.