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RESOLUCIÓN (UE) 2021/1553 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 29 de abril de 2021

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019, sección VI – Comité Económico y Social Europeo

EL PARLAMENTO EUROPEO,

—	Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019, sección VI – Comité Económico y Social Europeo,

—	Vistos el artículo 100 y el anexo V de su Reglamento interno,

—	Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A9-0057/2021),

Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión desea hacer hincapié en que es particularmente importante reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mejorando la transparencia y la rendición de cuentas y aplicando el concepto de presupuestación basada en el rendimiento y una buena gobernanza de los recursos humanos,

Celebra el hecho de que, sobre la base de su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») concluyera que los pagos en su conjunto correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019, que incluyen los gastos administrativos y de otro tipo del Comité Económico y Social Europeo (en lo sucesivo, «Comité») no contenían errores materiales y que los sistemas de supervisión y control examinados eran eficaces;

Recuerda que el presupuesto del Comité es fundamentalmente administrativo, y que una gran cantidad del mismo se utiliza para sufragar los gastos relativos a personas, inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento;

Lamenta, como observación general, que el capítulo 9 («Administración») del Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo a 2019 (en lo sucesivo, «informe del Tribunal») tenga un alcance y unas conclusiones bastante limitados, a pesar de que la rúbrica 5 («Administración») del marco financiero plurianual se considere de bajo riesgo; pide que el trabajo de auditoría relativo a ese capítulo se centre en mayor medida en cuestiones de importancia elevada o incluso crítica para el Comité;

Observa con satisfacción que, en el informe del Tribunal, este no identifica deficiencias significativas en lo que atañe a los temas auditados relacionados con los recursos humanos y la contratación pública para el Comité;

Observa que, en 2019, el presupuesto del Comité ascendió a 138 502 768 EUR (frente a 135 630 905 EUR en 2018 y 133 807 338 EUR en 2017), con un porcentaje de ejecución del 98, 1 % (frente al 98,7 % en 2018 y el 96,5 % en 2017);

Toma nota de que el Comité ha sido moderado en sus estimaciones presupuestarias y ha seguido en buena medida las directrices de la Comisión que indican una congelación nominal para todos los gastos no salariales; señala que, entre 2016 y 2020, el incremento nominal del presupuesto del Comité fue del 9,2 %, lo que supone un aumento en términos reales del 1,9 %;

Reitera que los créditos definitivos para «los gastos de viaje y estancia de los miembros» ascendieron a 20 383 977 EUR (frente a 20 247 625 EUR en 2018 y 19 819 612 EUR en 2017), lo que denota estabilidad en comparación con los ejercicios anteriores y no constituye un motivo particular de preocupación; pide, no obstante, que el Comité potencie el uso de las nuevas tecnologías y métodos de trabajo y que se sirva de las videoconferencias en la mayor medida posible;

Está profundamente preocupado por el caso gestionado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativo a las declaraciones de viaje incoherentes de un miembro del Comité, que ascienden a unos 91 000 EUR; señala que los importes pagados indebidamente se han recuperado; lamenta que el antiguo código de conducta no prevea sanciones severas ni la suspensión de los miembros que cometen fraudes; insta al Comité a que aplique todos los medios disponibles en el marco del código de conducta revisado para adoptar medidas de gran alcance contra este tipo de fraude; toma nota de que se han propuesto mejoras al marco actual para el reembolso de los gastos de viaje y estancia de los miembros, como la aplicación de un plazo general de seis semanas para presentar las solicitudes de reembolso con el fin de reducir el plazo de reembolso y, por tanto, reducir también la necesidad de prórrogas en estas líneas presupuestarias; pide, no obstante, un enfoque diligente y cauteloso en lugar de una gestión rápida de los casos de declaraciones de viaje; señala que se desconoce cuántos casos de fraude han pasado desapercibidos; subraya que la premura de tiempo no debe socavar la adecuación y exhaustividad de la evaluación de las solicitudes de reembolso; pide que se aumente el número de muestras de las declaraciones de viaje examinadas durante el procedimiento de auditoría interna del Comité para lograr un mayor índice de detección de fraudes en las declaraciones de viaje;

Recuerda el comentario formulado en la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2018 relativo a que se eviten sobreestimaciones presupuestarias; señala, no obstante, que la prórroga se refiere fundamentalmente a las líneas presupuestarias de «Inmuebles» e «Informática», lo que se debe al retraso histórico acumulado de estas líneas; señala que el importe prorrogado de las líneas presupuestarias «Miembros de la institución y delegados/Gastos de viaje y estancia de los miembros» era necesario para tramitar las solicitudes de reembolso atrasadas de los miembros;

10.

Acoge con satisfacción que la tasa de ejecución de los créditos prorrogados de 2018 a 2019 fuera del 82,1 %, frente al 77,5 % de los créditos prorrogados de 2017 a 2018;

11.

Subraya el hecho de que el Comité esté fomentando soluciones de transporte compartido y facilitando el uso de vuelos de bajo coste; acoge con satisfacción que el Comité exija a su agencia de viajes, la misma que presta servicios al Parlamento, no solo que negocie tarifas especiales con las compañías aéreas, sino también que proponga sistemáticamente a los beneficiarios del Comité alternativas adecuadas y eficaces en relación con los costes para sus desplazamientos;

12.

Toma nota de que el Comité puso en marcha una licitación en octubre de 2018 para analizar y proponer mejoras en el sistema actual de reembolsos de gastos de los delegados, los expertos y los miembros del Comité; pide al Comité que facilite información sobre los resultados de ese análisis, en particular sobre las posibles mejoras del sistema actual de viajes y reembolsos, incluida la formulación de diversos escenarios posibles; toma nota de los retrasos en su aplicación debido a la crisis de la COVID-19;

13.

Lamenta que la Mesa del Comité adoptara en 2020 una decisión que permite el reembolso de gastos por participación a distancia en casos en los que un miembro no haya podido desplazarse a Bruselas como consecuencia de problemas relacionados con la COVID-19; pide al Comité que retire esta decisión, que no es proporcional al coste real de la participación, representa una pérdida considerable para el presupuesto de la Unión y daña la reputación del Comité; pide al Comité que presente un informe sobre las repercusiones financieras de esta decisión con información específica y detallada sobre la decisión y los motivos de ese reembolso; pide al Comité que estudie nuevas prácticas de remuneración para garantizar una remuneración justa y proporcionada para los miembros que no se base principalmente en los gastos de viaje y no dependa únicamente de la presencia física de los miembros en Bruselas;

14.

Subraya la importancia del papel del Comité, pero expresa su preocupación por el impacto de su trabajo;

15.

Señala la importancia del diálogo político entre el Comité y el Parlamento para garantizar que una contribución válida del Comité pueda incorporarse a los trabajos del Parlamento y, en este sentido, reitera su petición de que se prosigan los esfuerzos para reforzar la cooperación política entre el Comité y el Parlamento;

Digitalización, ciberseguridad, seguridad

16.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Comité haya seguido la recomendación del Parlamento formulada en resoluciones recientes de solicitar una mayor cuota presupuestaria para los costes de TI (hasta el 4,5 % del presupuesto total, frente al 3 % en 2018); señala que, a largo plazo, la cifra del 4,5 % debe ascender idealmente hasta el 6 %, lo que permitiría una ejecución fluida de la estrategia digital en el plazo previsto y también que el Comité pueda ponerse al día y cerrar la brecha existente con respecto a los demás órganos de la Unión; acoge con satisfacción que los créditos totales comprometidos para proyectos, servicios y equipos informáticos hayan experimentado un aumento del 13,2 % respecto a 2018 y que esta tendencia positiva se haya mantenido en 2020;

17.

Es consciente de que, en junio de 2019, la Mesa del Comité adoptó la estrategia digital que presenta una visión para el entorno informático del Comité e identifica los principales retos en materia de TI; acoge con satisfacción resultados como el módulo del portal de los miembros para apoyar las reuniones «sin soporte de papel», el desarrollo de la nueva aplicación administrativa para la tramitación de modificaciones y los flujos de trabajo y procedimientos igualmente «sin soporte de papel», especialmente en el caso de la gestión financiera; acoge favorablemente el trabajo en relación con el proyecto sobre el lugar de trabajo digital, que comprende el rediseño del entorno de los usuarios finales y su infraestructura digital subyacente; señala que las herramientas de ofimática, correo y comunicación unificada se optimizaron en 2019;

18.

Se congratula de que el Comité utilice, siempre que sea posible, software libre y de código abierto; observa que, para 2019, se incluyeron 39 aplicaciones de software de código abierto en el inventario de paquetes de software;

19.

Se congratula de que, en 2019, el responsable de seguridad informática siguiera trabajando en sensibilizar al personal respecto a la ciberseguridad de los usuarios, incluida una sesión informativa impartida al comité director de TI y varias sesiones informativas sectoriales llevadas a cabo en distintos departamentos; toma nota de que en 2019 se pusieron en marcha otros dos proyectos relacionados con la ciberseguridad; anima al Comité a que siga colaborando estrechamente con otros comités, especialmente con el Comité de las Regiones, para seguir desarrollando sinergias;

20.

Acoge con satisfacción la cooperación interinstitucional en materia de ciberseguridad en la que el Comité recibió la asistencia del Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las Instituciones, Órganos y Organismos de la Unión Europea, como la formación en el puesto de trabajo para la seguridad en la nube y la información de inteligencia sobre ciberamenazas para ataques selectivos contra los órganos de la Unión; señala que muchos de los proyectos de digitalización atañen a la digitalización de los procesos financieros y la gestión de recursos humanos, para los que el Comité utiliza los sistemas Sysper y ABAC facilitados por la Comisión; pide al Comité que considere la posibilidad de negociar mejores condiciones con la Comisión con el fin de mejorar el proceso de puesta en común de aplicaciones y hacerlo atractivo financieramente;

21.

Anima al Comité a que siga las recomendaciones del Supervisor Europeo de Protección de Datos de volver a negociar el acuerdo de licencias interinstitucional y el contrato de ejecución firmados entre las instituciones de la Unión y Microsoft en 2018, con el objetivo de lograr la soberanía digital, evitar la dependencia de proveedores y la falta de control, y garantizar la protección de los datos personales;

22.

Destaca todas las iniciativas relacionadas con la seguridad, como un programa de formación especial para hacer frente a las amenazas delictivas y terroristas, la cooperación con el Parlamento en relación con cursos específicos de formación sobre seguridad, las investigaciones sobre incidentes de seguridad, y el relanzamiento del control de seguridad del personal de contratistas externos junto con los demás órganos de la Unión; toma nota de todo el trabajo relacionado con la seguridad (de edificios), cuyo objetivo principal es elevar el nivel de la seguridad y el servicio prestado a los miembros, el personal y los visitantes;

23.

Acoge con satisfacción que el Comité haya aplicado una serie de medidas para garantizar unas normas de seguridad adecuadas en los edificios, como la instalación de nuevos equipos para el control de acceso; observa que las normas de seguridad correspondientes han alcanzado el mismo nivel que las del Parlamento y la Comisión;

Inmuebles

24.

Observa que, una vez intercambiados los edificios B68 y TRE74 por el edificio VMA, es necesario encontrar oficinas adicionales para 200 miembros del personal; señala que las Mesas del Comité y del Comité de las Regiones otorgaron un mandato a sus secretarios generales en febrero de 2020 para que entablaran negociaciones con el Servicio Europeo de Acción Exterior con el fin de celebrar un acuerdo que permita al Comité y al Comité de las Regiones asumir el contrato de alquiler del edificio Belliard 100 a partir de principios de 2021; acoge con satisfacción que el comité de personal y el personal en general hayan sido informados de estas actuaciones;

25.

Toma nota de que el edificio VMA cumple plenamente todos los requisitos reglamentarios relativos a las aplicaciones de amianto, y que se entregó un certificado de seguridad frente a dicho material en septiembre de 2019; expresa su preocupación por la salud de los trabajadores y la presencia de amianto en el edificio VMA, aunque el certificado de seguridad del amianto especifica que no representa ningún riesgo para los usuarios del inmueble; se congratula de que se haya publicado en la intranet toda la información pertinente sobre el amianto en los edificios de los Comités, como la política en materia de amianto, los certificados de seguridad correspondientes y los inventarios de este material; señala que está previsto que las obras de renovación del edificio VMA comiencen en 2021;

26.

Acoge con satisfacción que el grupo de trabajo conjunto del VMA haya definido los principios rectores relativos a la futura asignación de espacio, así como parámetros objetivos que permitan la igualdad de trato de todos los servicios y entidades; toma nota de que los representantes del personal participaron en esta tarea, que el personal ha sido informado periódicamente al respecto a través de diferentes canales, y que será consultado y participará en la próxima fase del diseño detallado de la organización de la superficie de cada planta y la asignación de espacios de trabajo individuales para los servicios de que se trate;

Dimensión medioambiental

27.

Pide al Comité que elabore un plan de sostenibilidad global; felicita al Comité por los esfuerzos en curso en el marco del sistema de gestión medioambiental en relación con la reducción de la huella de carbono y de los residuos de plástico, alimentos y papel; conviene en que la reducción de la huella de carbono se encuentra entre los objetivos más importantes para los próximos años; pide asimismo al Comité que preste la debida atención a la combinación energética de sus fuentes de electricidad y alienta la adquisición de electricidad generada por centrales eólicas, solares, biológicas e hidroeléctricas; anima al Comité a participar en proyectos en ámbitos que estén relacionados con los demás órganos de la Unión, y a elaborar un plan integral para que el Comité aplique los principios y recomendaciones presentados en el Pacto Verde Europeo, con el objetivo general de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2030;

Cooperación interinstitucional

28.

Tiene conocimiento del nuevo acuerdo de nivel de servicio puesto en marcha en 2019 entre el Parlamento y el Comité, que le permite a este beneficiarse de los servicios de los intérpretes del Parlamento (con sujeción al pago de los mismos) cada vez que el Comité utilice las instalaciones del Parlamento para sus reuniones y, ocasionalmente, también para reuniones en los locales del Comité; reconoce que el acuerdo contribuye a la optimización del empleo de los intérpretes del Parlamento; toma nota de los acuerdos de cooperación existentes entre el Parlamento, el Comité y el Comité de las Regiones; pide al Comité que identifique otras posibles sinergias y ahorros, así como otros ámbitos en los que podrían compartirse funciones administrativas; es consciente de las peticiones tanto del Comité como del Comité de las Regiones, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, de que se respete el acuerdo de cooperación en curso para que los dos Comités sean compensados por los puestos transferidos al Parlamento;

29.

Recuerda que el acuerdo de cooperación entre el Parlamento y el Comité de 5 de febrero de 2014 prevé una compensación por la pérdida de capacidad de traducción mediante la provisión de importes adicionales tanto para el Comité como para el Comité de las Regiones; toma nota de que se ha previsto un importe de 2 000 000 EUR para la externalización de la traducción, con la posibilidad de que se pueda utilizar un posible excedente para tareas políticas adicionales y un importe adicional de 1 100 000 EUR para el aumento de esas tareas; señala que las transferencias se llevaron a cabo en 2015 y 2016, y que ya se efectuó una reducción durante el proceso de conciliación en 2017; señala que el ahorro anual resultante de la transferencia de 36 puestos puede estimarse en 3 420 000 EUR; pide al Parlamento, al Comité y al Comité de las Regiones que informen conjuntamente a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento sobre la revisión en curso del acuerdo; reconoce que el acuerdo permite una mayor flexibilidad en beneficio del Parlamento, el Comité y el Comité de las Regiones; señala que la reasignación de fondos no utilizados a otros ámbitos políticos forma parte de esta flexibilidad;

30.

Conviene en la necesidad de reforzar aún más la cooperación política con respecto a la programación anual y plurianual, la declaración conjunta del Parlamento, del Consejo y la Comisión sobre las prioridades legislativas y el seguimiento del programa de trabajo anual; anima al Comité a trabajar en propuestas concretas para mejorar la comunicación entre los ponentes del Comité y del Parlamento, para desarrollar un enfoque más sistemático de la cooperación política;

31.

Observa que el coste total de la traducción externalizada para el Comité y el Comité de las Regiones ascendió a 6 043 592 EUR en 2019, que la parte del Comité ascendió a 3 550 762 EUR, y que el coste total de la traducción por servicios internos habría sido de 8 781 075 EUR, mientras que la parte del Comité habría ascendido a 5 159 101 EUR;

32.

Anima al Comité a incorporarse al Registro de Transparencia de la Unión con arreglo a un acuerdo de nivel de servicio para aumentar la transparencia de las reuniones con los grupos de interés; pone de relieve la cooperación interinstitucional mediante acuerdos de nivel de servicio entre el Comité y otras instituciones y órganos de la Unión, como la Comisión, con el fin de optimizar aún más los procesos en los ámbitos de los recursos humanos, las finanzas, las TI y otras áreas administrativas; expresa su interés en ser informado de si se realiza un análisis de costes y beneficios antes de celebrar un contrato;

33.

Acoge con satisfacción la positiva cooperación existente entre el Comité y el Comité de las Regiones en el ámbito administrativo, lo que genera considerables sinergias y economías de escala; señala que el acuerdo administrativo vigente se ha prorrogado hasta finales de junio de 2021; toma nota de que, hasta la fecha, no se han aplicado dos puntos, a saber, una distribución más equilibrada de los puestos en los servicios conjuntos, que actualmente favorece al Comité de las Regiones, y una distribución equitativa de los espacios (la proporción de espacio de oficina era del 53 % para el Comité y del 47 % para el Comité de las Regiones); se congratula de que las negociaciones para la renovación del acuerdo administrativo tengan por objeto seguir reforzando la eficiencia y generar posibles ahorros;

34.

Pide al Comité que se le informe de toda mejora realizada en cuanto a la eficiencia de los procesos administrativos, lo que parece ser necesario debido a una carga de trabajo cada vez mayor y a un mundo que experimenta una rápida transformación; reitera la necesidad de las reformas en curso para garantizar que el Comité se encuentre bien preparado para responder a los retos futuros;

Comunicación

35.

Reconoce que, en 2019, el Comité dedicó un notable esfuerzo a apoyar al Parlamento en la promoción de las elecciones europeas mediante la participación en la campaña interinstitucional, incluida una campaña en las redes sociales de varios meses (con casi 17 000 intervenciones concretadas en «me gusta», comentarios y retuits y un alcance global de 18,4 millones de personas); conviene en que la difusión de la labor política del Comité va más allá de los indicadores cuantitativos, y en que el Comité aborda esta tarea no solo mediante su función consultiva conforme a los Tratados, sino también mediante actividades de divulgación encaminadas a sensibilizar a la sociedad civil respecto a la labor del Comité y su papel en el proceso de toma de decisiones de la Unión;

36.

Señala que, a finales de 2019, la cuenta principal de Twitter del Comité contaba con 43 300 seguidores, mientras que su cuenta principal de Facebook contaba con 32 600; toma nota de que el mayor aumento de presencia del Comité en las redes sociales ha sido en LinkedIn, que registró un incremento en 2019 del 54 % en el número de seguidores, situándose en 14 500 a finales de dicho ejercicio; señala que con esta combinación de canales, el Comité difunde su labor entre un grupo equilibrado de seguidores;

37.

Acoge con satisfacción los esfuerzos del Comité por crear un entorno y una cultura de trabajo más diversos e inclusivos, adoptando medidas en favor de las personas con discapacidad, como hacer que la intranet y el sitio web sean accesibles digitalmente para las personas con discapacidad visual; pide una acción de seguimiento con vistas a la obtención de la correspondiente certificación de igualdad de acceso a su sitio web para las personas con discapacidad;

38.

Señala que se necesita un enfoque complejo para que los sitios web de las instituciones y organismos de la Unión sean accesibles a las personas con todo tipo de discapacidades e incluyan la disponibilidad de las lenguas de signos nacionales; propone que las organizaciones relacionadas con la discapacidad participen en este proceso;

Gestión interna, control interno y finanzas

39.

Acoge con satisfacción los esfuerzos del Comité dedicados a la gestión de crisis y la continuidad de las actividades mediante la creación de un sitio web con toda la información necesaria para tales operaciones de continuidad, incluidos los documentos actualizados sobre este tipo de tareas y una descripción asimismo actualizada de los diversos equipos de intervención, su composición y su función; subraya que en septiembre de 2019 se llevó a cabo un primer ejercicio a plena escala por parte del equipo de repatriación de los miembros, basado en cuatro escenarios, y que las conclusiones del ejercicio son objeto de un seguimiento sistemático;

40.

Observa con preocupación que el presupuesto anual total del Comité aumentó de 108 000 000 EUR en 2006 a más de 138 000 000 EUR en 2019, mientras que el número total de dictámenes e informes elaborados por el Comité disminuyó significativamente (de 215 en 2018 a 127 en 2019); entiende que la reducción de los dictámenes emitidos puede entenderse en relación con el ciclo electoral, pero se muestra preocupado por el aumento del coste por dictamen (1 100 000 EUR en 2019 frente a 630 000 en 2018), y expresa su preocupación por la externalización a empresas externas de los trabajos de elaboración de informes; observa con preocupación que, de los 127 dictámenes e informes, solo 55 eran dictámenes de iniciativa;

41.

Observa que en 2019 el dictamen más consultado del Comité (sobre la tecnología de cadena de bloques y de registros distribuidos) no haya alcanzado más de 2 500 consultas, mientras que los otros cinco dictámenes más consultados apenas alcanzaron entre 1 000 y 2 000 visitas; anima al Comité a redoblar sus esfuerzos para lograr una difusión más amplia de sus dictámenes;

42.

Observa que el informe anual de actividades de 2019 solo ofrece una visión muy general de las actividades del Comité, sin una evaluación cualitativa y cuantitativa más profunda de su trabajo; pide al Comité que introduzca otros indicadores clave de rendimiento en su informe anual de actividades, como el porcentaje de aplicación en la legislación de la Unión de las recomendaciones de sus dictámenes, para poder evaluar el impacto del trabajo del Comité;

43.

Pide al Comité que racionalice sus órganos internos y reoriente las atribuciones de sus estructuras, tal como se indica en el seguimiento de la aprobación de la gestión de 2018, y que aclare los ahorros realizados en relación con este proceso; toma nota de los pasos dados por la Mesa para crear un grupo ad hoc de seis miembros que se encargue de realizar un estudio exhaustivo sobre la manera de racionalizar las estructuras y los órganos de trabajo del Comité, incluida la cuestión de las atribuciones de las secciones y de la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI); pide a la Mesa que amplíe la racionalización a todos los demás órganos existentes y que informe al Parlamento sobre los resultados;

44.

Reconoce que el Comité ha desarrollado un amplio conjunto de indicadores clave de rendimiento para todas sus áreas administrativas, algunos de los cuales miden el nivel de rendimiento (por ejemplo, plazos de pago), mientras que otros estiman el nivel de actividad (por ejemplo, volumen de producción); pide al Comité que facilite en el próximo informe anual de actividades, además de esta información muy detallada, una versión consolidada de los principales objetivos y los resultados obtenidos;

45.

Toma nota de que, en 2019, se llevó a cabo un ejercicio para evaluar el cumplimiento de las normas de control interno que puso de relieve mejoras con respecto a 2018; señala, no obstante, que no todas las normas se aplicaron plenamente y que se definieron acciones de seguimiento; señala que dos acciones de seguimiento se pospusieron hasta 2020, a saber, una evaluación formal de las funciones sensibles y la ejecución de una estrategia de comunicación interna plurianual; recuerda al Comité la recomendación realizada en el informe del Tribunal de poner en marcha una política para tratar las funciones sensibles; toma nota de las respuestas del Comité en las que se explican los pasos propuestos y del hecho de que las actividades preparatorias hayan comenzado en el primer semestre de 2020; señala que el Comité comunicó que la nueva política debe estar operativa en 2021; pide al Comité que proporcione al Parlamento una descripción detallada de esa nueva política, así como una definición de las funciones sensibles, y del estado de su aplicación;

46.

Toma nota de que el Comité ha llevado a cabo una tercera acción de seguimiento del ejercicio mencionado, consistente en la armonización de los procesos y procedimientos en todas las direcciones y unidades; pide al Comité que establezca un registro centralizado de procesos y procedimientos para garantizar que la documentación por escrito esté armonizada; reitera que este enfoque contribuirá a reforzar el respeto por los procesos y procedimientos existentes, y facilita que todas las actividades principales del Comité estén sujetas a un proceso o procedimiento;

47.

Toma nota de que en 2019 el Servicio de Auditoría Interna (SAI) completó dos auditorías, una sobre el cumplimiento de los plazos institucionales y otra sobre interpretación; señala que, con respecto a la primera de ellas, el Comité está aplicando las medidas administrativas previstas en el plan de acción, por ejemplo hacer que los plazos institucionales figuren de manera destacada en los documentos utilizados por el Comité para organizar mejor su trabajo, y elaborar estadísticas sobre el cumplimiento de los plazos por parte del Comité de manera coherente; acoge con satisfacción los esfuerzos continuos realizados por el Comité para contribuir mejor al proceso legislativo de la Unión; señala la importancia de la auditoría sobre interpretación, ya que es un componente instrumental de la toma de decisiones de la Unión, y se ve afectada tanto por los importantes recortes presupuestarios como por el incremento de los costes de interpretación, como lo demuestra el hecho de que, actualmente, el Comité solo puede permitirse en torno al 75 % de los servicios de interpretación que podía asumir en 2014; observa que el objetivo de esa auditoría operativa fue examinar los procedimientos y, en particular, determinar si se pueden ahorrar costes sin comprometer la cantidad y la calidad de los servicios de interpretación prestados; toma nota de que un análisis de casos seleccionados puso de manifiesto que los procedimientos para la prestación de servicios de interpretación estaban bien establecidos, y que tales servicios se proporcionaron según lo solicitado; señala que el grado de satisfacción general entre los usuarios finales es elevado; observa que actualmente se está aplicando un plan de acción acordado que incluye la identificación continua de áreas con potencial de ahorro de costes;

48.

Observa que en el programa de trabajo de 2019 se proponía una auditoría sobre ética y bienestar en el trabajo, pero que esta se pospuso al programa de trabajo de 2020; señala que la auditoría comenzó en 2019, pero que el enfoque se modificó a raíz del Informe especial del Tribunal sobre ética publicado el 19 de julio de 2019; toma nota de que es intención del SAI seguir el enfoque elegido por el Tribunal al evaluar el marco ético establecido en el Comité; aconseja al SAI que incluya en la auditoría la aplicación del marco ético en curso de reforma;

49.

Acoge con satisfacción el hecho de que 11 500 (79 %) de las facturas recibidas por el Comité en 2019 tuvieran formato electrónico, lo que se atiene a las disposiciones de la Directiva 2014/55/UE (1); felicita al Comité por haber registrado en 2019 el mayor nivel de facturas electrónicas, tanto en términos absolutos como relativos, de todos los órganos de la Unión;

50.

Subraya que, en 2019, el departamento de contratación pública actualizó las instrucciones y plantillas escritas y siguió ofreciendo orientación y asesoramiento a todos los agentes financieros interesados; acoge con satisfacción que el uso de plantillas, junto con la orientación de expertos, haya producido una mejora cualitativa significativa en los procedimientos de contratación pública y reducido los errores detectados en los controles ex ante; toma nota de que, para mejorar la eficiencia y la eficacia de los controles, el departamento de verificación del Comité colabora estrechamente con el departamento de contratación pública;

Recursos humanos

51.

Observa que el cuadro de efectivos indica la existencia de 668 puestos en 2019, los mismos que en 2018; señala que no se ha producido ningún cambio en la plantilla y que el número total de empleados (funcionarios, agentes temporales, agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y asesor médico) era de 702 a 31 de diciembre de 2019 (frente a 705 en 2018);

52.

Es consciente de que el Comité sigue ejecutando su plan de acción de 2017-2020 para la igualdad de oportunidades y la diversidad; señala que el personal directivo del Comité logró el equilibrio de género en 2018, y esto se mantiene relativamente estable; lamenta que la nueva dirección política del Comité no refleje esta tendencia, ya que solo uno de los siete presidentes de sección y ninguno de los tres presidentes de grupo son mujeres, especialmente habida cuenta de que, para su mandato 2020-2025, el Comité cuenta con el mayor número de nuevos miembros mujeres desde 2010; acoge con satisfacción los actos de sensibilización organizados en relación con la diversidad, como la conferencia «Unida en la diversidad» sobre comunicación en un entorno multicultural con el objetivo de promover relaciones respetuosas en el trabajo teniendo en cuenta la diversidad; celebra, en particular, las actividades y medidas específicas relacionadas con la discapacidad; anima al Comité, no obstante, a establecer también medidas concretas, como la obligatoriedad de la formación en materia de igualdad de género con el fin de evitar el sesgo inconsciente en los miembros de los comités de selección;

53.

Observa una ligera mejora en el equilibrio geográfico con respecto a 2018, ya que el 19 % de los directivos del Comité proceden actualmente de los Estados miembros que se incorporaron a la Unión después de 2004 (frente al 16 % en 2017 y el 18,5 % en 2018); observa con preocupación la sobrerrepresentación de ciertas nacionalidades en el personal del Comité; insta al Comité a que desarrolle medidas específicas para abordar este desequilibrio; pide al Comité que continúe adoptando medidas para lograr el equilibrio geográfico de su personal a fin de garantizar una representación adecuada de nacionales de todos los Estados miembros, como se establece en el artículo 4 del Reglamento interno para los miembros de la Mesa, también para los cargos de dirección;

54.

Pide al Comité que informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre los logros concretos del plan de acción para la igualdad de oportunidades y la diversidad y, en particular, sobre los resultados de las medidas adoptadas para reforzar la diversidad y hacer del Comité un lugar de trabajo más inclusivo para las personas con discapacidad;

55.

Valora que, tras un análisis pormenorizado en 2019, se completara la creación de un registro de puestos especializados, es decir, puestos no cubiertos por el plan de movilidad, y observa que dicha lista no existía previamente; toma nota de que la lista definitiva de todos los puestos especializados exentos se notificó a todo el personal e incluye al jefe del servicio jurídico y a todos los juristas del Comité;

56.

Reconoce las medidas adoptadas en materia de bienestar, como el relanzamiento de un plan de tutorías para los recién incorporados, como parte de un enfoque preventivo en la gestión de los riesgos psicosociales; toma nota de los intercambios de buenas prácticas con vistas a seguir mejorando ese plan; constata la profunda actualización de las normas sobre el trabajo a distancia que ofrecen más flexibilidad a los trabajadores; anima al Comité a completar la aplicación del régimen de trabajo flexible con la protección del derecho de desconexión de los miembros del personal;

57.

Observa con satisfacción las acciones relacionadas con las bajas por enfermedad de larga duración, en particular las destinadas a facilitar la reincorporación al trabajo;

58.

Expresa su grave preocupación por el malestar público suscitado por determinados procedimientos de contratación utilizados por el Comité; pide al Comité que establezca directrices internas claras sobre la publicación de los puestos vacantes y una explicación clara del interés del servicio en caso de traslados temporales de miembros del personal; subraya la importancia de garantizar estrictamente el cumplimiento con total transparencia de todas y cada una de las fases, sin excepción, tal y como se establece en el Reglamento interno del Comité y en el Estatuto de los funcionarios a lo largo de todo el procedimiento de contratación (publicación, selección, nombramiento y titularización) con el fin de evitar cualquier riesgo para la reputación no solo del Comité sino de todas las entidades de la Unión;

59.

Señala que en 2019 el Comité acogió a 54 becarios de larga duración que recibieron una beca de manutención mensual del Comité, a 15 becarios de corta duración que no recibieron beca del Comité y a un becario que recibió una beca concedida por un organismo público externo; recomienda que el Comité pague una beca adecuada también a los becarios de corta duración, a menos que reciban pagos de otras fuentes;

Transparencia

60.

Acoge con satisfacción que el Comité haya empezado a promover el respeto en el lugar de trabajo con el objetivo de garantizar que todo el personal esté familiarizado con el marco ético actual; señala que en 2019 comenzó una campaña de sensibilización de amplio alcance, denominada respect@work (respeto en el trabajo), que recoge diversas propuestas del Informe del Defensor del Pueblo Europeo sobre la dignidad en el trabajo en las instituciones y agencias de la UE (SI/2/2018/AMF); acoge con satisfacción que se haya reforzado la red de consejeros confidenciales; toma nota de que, tras una decisión del Defensor del Pueblo Europeo, el Comité adoptó sus directrices sobre la gestión de los conflictos de intereses del personal en el desempeño de sus funciones y facilitó la información pertinente a todo el personal; señala que las directrices tienen por objeto servir como manual práctico para el personal en los casos en los que sus miembros deban desempeñar funciones que se solapen, como tareas de dirección en paralelo con actividades de representación del personal; pide al Comité que realice más avances en relación con las medidas de respuesta al Informe del Defensor del Pueblo;

61.

Pide al Comité que informe sobre los logros alcanzados en relación con la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo, como las directrices sobre actividades externas; toma nota de que, en 2019, el Defensor del Pueblo Europeo publicó un informe sobre la publicación de información relativa al antiguo personal directivo con el fin de aplicar la prohibición de actividades de representación de interés y promoción durante un año (SI/2/2017/NF), y que el Comité examinó la posibilidad de revisar su decisión sobre actividades externas; pide al Comité que aproveche esta oportunidad para reforzar su sistema a fin de evitar cualquier posible caso de conflicto de interés;

62.

Expresa su preocupación con respecto a las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2019; toma nota de que se archivaron dos asuntos relacionados con miembros y la apropiación indebida de fondos de la Unión; observa con satisfacción que los importes han sido recuperados por el Comité; toma nota de que se incoaron dos procedimientos (uno relacionado con un miembro y otro con un miembro del personal), el primero de los cuales está en curso y el segundo se cerró en 2020 sin que se detectara ninguna infracción; toma nota de que en 2020 se incoaron dos procedimientos, uno de los cuales, de 2018, se cerró en el mismo año con la confirmación de una acción fraudulenta de un miembro y el otro está en curso; toma nota de que se ha incoado otro procedimiento contra un miembro y que sigue su curso; señala que, hasta donde alcanza el conocimiento del Comité, existen actualmente dos investigaciones abiertas de la OLAF, relativas en ambos casos a miembros y que no están relacionadas con acoso;

63.

Toma nota de que el enfoque actual del Comité respecto a la confirmación de la presencia de los miembros en las reuniones está en consonancia con las buenas prácticas de otras entidades de la Unión, como el Parlamento y el Comité de las Regiones; señala que el sistema requiere una firma única y una declaración de asistencia a la reunión; señala asimismo que el artículo 4, letra a), del Estatuto financiero de los miembros establece que para beneficiarse del reembolso de gastos o del pago de dietas, el beneficiario deberá a) firmar la lista de asistencia a las reuniones, siempre que exista dicha lista, b) cumplimentar el formulario normalizado de declaración de gastos para cada día de la reunión, y c) presentar los documentos justificativos pertinentes;

64.

Insta al Comité a que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión sobre los procedimientos y procesos que ha puesto en marcha, o tiene intención de poner en marcha, para evitar en el futuro casos de acoso u otras actuaciones similares que afecten al personal, con el fin de garantizar que no se repitan acontecimientos lamentables que han causado sufrimiento a las víctimas en el pasado y han dañado la reputación del Comité y de la Unión en su conjunto;

65.

Reitera su petición de medidas claras y contundentes de protección y apoyo a las víctimas de acoso; insta al Comité a que introduzca normas y procedimientos específicos sobre el acoso; opina que el hecho de que el Estatuto de los funcionarios no pueda imponerse a un miembro del Comité no puede considerarse una excusa para la inacción;

Desaprobación de la gestión en 2018, conflicto de interés, acoso, denuncia de irregularidades

66.

Recuerda que varios miembros del personal sufrieron actos de acoso psicológico por parte del entonces presidente del Grupo I durante un largo período de tiempo; lamenta que las medidas contra el acoso adoptadas en el Comité no consiguieran atajar y remediar este caso antes debido al alto cargo desempeñado por el miembro en cuestión; lamenta que las medidas adoptadas para proteger a las víctimas hasta el final de la investigación por parte de la OLAF parezcan haber sido improvisadas e insuficientes, sobre todo a la luz de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 12 de mayo de 2016 (2), que debería haber servido de lección al Comité; señala con preocupación que las deficiencias del procedimiento interno, como por ejemplo una división poco clara de las responsabilidades de información en el nivel de los altos cargos, dieron lugar a la inacción de la administración del Comité, lo que se tradujo en un incumplimiento del deber de diligencia y de la obligación de informar a la OLAF; deplora el tiempo que tardó el Comité en adoptar las medidas necesarias para adaptar su Reglamento interno y su código de conducta con el fin de evitar esa situación en el futuro;

67.

Recuerda que la OLAF identificó a las víctimas de acoso en su investigación de 2018; lamenta que las víctimas se vieran obligadas a iniciar el proceso por sus propios medios debido a la falta de acción de la administración del Comité; señala que el seguimiento de las solicitudes formales iniciadas por las víctimas en virtud del artículo 24 del Estatuto de los funcionarios comenzó en enero de 2020; observa con preocupación que el reconocimiento formal de la condición de víctima no se produjo hasta el 2 de octubre de 2020, aunque el Comité alega haber reconocido implícitamente su condición meses antes;

68.

Señala que los fallos del Comité en este asunto han dado lugar a una pérdida sustancial de fondos públicos asociada a las costas procesales, bajas por enfermedad, protección de las víctimas, reducción de la productividad, reuniones de la Mesa y otros órganos, etc.; considera, por lo tanto, que se trata de una cuestión preocupante en lo que atañe a la rendición de cuentas, el control presupuestario y la buena gobernanza de los recursos humanos en las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión; reitera, en este sentido, lo manifestado por el Tribunal en su Informe Especial n.o 13/2019 titulado «Marcos éticos de las instituciones de la UE auditadas: se pueden mejorar», a saber, que la conducta ética en los asuntos públicos contribuye a mejorar la gestión financiera y reforzar la confianza del público, y que cualquier comportamiento poco ético del personal y de los miembros de las instituciones y los organismos de la Unión suscita un gran interés público y reduce la confianza en las instituciones y organismos de la Unión;

69.

Recuerda que el Parlamento desaprobó la gestión del secretario general del Comité en el ejercicio de 2018, entre otras razones por el flagrante incumplimiento del deber de diligencia y la falta de actuación de la administración, y las consecuencias económicas; recuerda asimismo que la desaprobación de la gestión es un asunto grave que requiere medidas inmediatas; lamenta profundamente la falta de acción decisiva, en particular de medidas de prevención y reparación, por parte del entonces director de Recursos Humanos y Finanzas y actual secretario general, hasta la desaprobación de la gestión de 2018;

70.

Constata que durante el procedimiento de aprobación de la gestión de 2018 y parte del de 2019, el secretario general fue incapaz de proporcionar información suficiente, transparente y fiable a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, como demuestra el número de veces que la información proporcionada fue refutada por los denunciantes, los sindicatos del Comité, la defensa de las víctimas o el propio autor de los hechos; pide al Comité que tome nota de los daños causados a las víctimas y a los denunciantes, tanto en términos materiales como morales, como consecuencia de un apoyo insuficiente y de la falta de rehabilitación e indemnización legítimas; está profundamente preocupado por el hecho de que las víctimas hayan presentado una denuncia por la inacción de la administración del Comité en el procedimiento de rehabilitación; recuerda al Comité su obligación de proteger a las víctimas y a los denunciantes;

71.

Reconoce que el Comité se está esforzando por mejorar su capacidad para hacer frente a los comportamientos poco éticos; toma nota de que se iba a aprobar un plan de acción detallado, a más tardar, a finales de 2020; conviene en que el Comité siga promoviendo la sensibilización del personal y la dirección mediante una comunicación interna mejor orientada sobre las estructuras ya disponibles para ayudar a abordar cualquier tipo de situación difícil en el lugar de trabajo; pide al Comité que las sesiones de formación sobre ética e integridad sean obligatorias para sus miembros; pide al Comité que proporcione al Parlamento una visión completa de todas las acciones emprendidas;

72.

Pide al Comité que llegue rápidamente a un acuerdo con las víctimas de acoso y mala conducta; considera que la nueva dirección del Comité debe asumir un papel activo en la negociación de un acuerdo de resolución con las víctimas con el fin de alcanzar un acuerdo justo y satisfactorio apoyado por todas las partes, así como para evitar cualquier conflicto de intereses; espera que el acuerdo con las víctimas se base en los principios de transparencia y decencia e incluya una disculpa pública, unas condiciones justas en el acuerdo de resolución, la plena rehabilitación de las víctimas en su entorno de trabajo y la garantía de protección frente a consecuencias negativas del asunto; se opone firmemente a que se ejerza presión sobre las víctimas para que firmen cláusulas de confidencialidad e impedirles que faciliten confidencialmente cualquier información relativa al acuerdo a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; pide al Comité que informe detalladamente sobre las medidas de protección e indemnización ofrecidas; pide asimismo al Comité que informe sobre la situación actual de las víctimas identificadas;

73.

Toma nota de las decisiones adoptadas por amplia mayoría por el Pleno del Comité el 28 de enero de 2021 y acoge con satisfacción la adopción de un nuevo código de conducta, que deroga y sustituye al código adoptado en marzo de 2019, y el establecimiento de un marco dedicado a la ética y la integridad; observa que el código de conducta contiene ahora un régimen de sanciones proporcional a la gravedad de los comportamientos poco éticos; acoge con satisfacción, en particular, la introducción de sanciones financieras y la posibilidad de expulsar a un miembro del Comité; insta al Comité a que aplique sanciones cuando sea necesario, así como las disposiciones mejoradas sobre la declaración de intereses económicos y sobre los conflictos de interés; insta a que el Parlamento, el Consejo y la Comisión sean informados de los nombres de los miembros del Comité a los que se considere responsables de infringir el código de conducta; felicita al Comité por el ambicioso, exhaustivo y reforzado código de conducta que tiene en cuenta las observaciones del Parlamento y las recomendaciones pertinentes del Defensor del Pueblo Europeo; observa con satisfacción el énfasis en el comportamiento adecuado de los miembros del Comité y el respeto de la dignidad e integridad de los miembros de su personal; espera una estricta observancia por parte de los miembros, así como una actitud coherente por parte de la dirección política del Comité, incluidos los tres grupos internos que representan a los empresarios, los trabajadores y la sociedad civil;

74.

Subraya que, sobre la base de las observaciones formuladas por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, el informe de la OLAF y las reflexiones del Comité consultivo del Comité sobre la conducta de sus miembros, el Comité creó un grupo de trabajo interno conjunto sobre el marco ético, con el mandato de revisar todas las posibles lagunas del marco vigente con vistas a la recomendación de mejoras; señala que el Comité consultivo también tiene la oportunidad de coordinarse con el grupo de trabajo interno conjunto con el fin de garantizar la coherencia del marco ético general en el Comité y de explorar posibles sinergias; señala que el Comité consultivo sobre la conducta de los miembros se ha convertido en el Comité de Ética y que se ha añadido una disposición sobre el nombramiento de suplentes, así como la posibilidad de que uno de sus miembros se recuse o sea destituido si se le considera culpable de infringir el código de conducta; acoge con satisfacción el hecho de que el Comité disponga ahora de poderes explícitos de investigación para llevar a cabo su misión, y que también pueda solicitar el asesoramiento de expertos externos; propone vivamente que el Comité de Ética establezca una consulta permanente con el Servicio Jurídico del Comité en lugar de una consulta opcional, especialmente cuando se abra una investigación; señala que el Comité también ha actualizado su marco de ética e integridad mediante la adopción de un plan de acción para un marco ético más sólido, que entró en vigor el 7 de enero de 2021; espera un conjunto de medidas sólidas y fiables en materia de protección, prohibición de represalias y apoyo a las víctimas;

75.

Toma nota de que el mandato otorgado por la Mesa en junio de 2020 para elaborar propuestas de revisión del código de conducta y de las disposiciones del Reglamento interno relativas al código de conducta fue aplazado por la Mesa el 15 de septiembre de 2020 debido a que un miembro, como presidente del Grupo 1, aconsejó aplazar la decisión del Comité consultivo sobre el Reglamento interno a después de octubre de 2020; se muestra preocupado ante el hecho de que un miembro que fue declarado responsable de acoso siga activo en la Mesa después de la recomendación de la OLAF y consiga retrasar la aprobación del nuevo código de conducta para los miembros;

76.

Pide al Comité que dote a su Servicio Jurídico de una estrategia de trabajo formal para garantizar su participación oficial y sistemática en los asuntos más importantes del Comité, sin dejar la decisión de consultarlo o no a los distintos servicios; considera insuficientes las respuestas recibidas a las preguntas al respecto y pide al Comité que informe al Parlamento sobre lo que se ha hecho para contar con su Servicio Jurídico de una manera más sistemática e independiente;

77.

Valora que una auditoría interna sobre ética e integridad adopte la forma de un ejercicio de inventario, seguido de un análisis encaminado a establecer una visión global y exhaustiva de las normas, estándares y medidas relacionados con la ética y la integridad; señala que la auditoría también abordará cuestiones como los regalos y las invitaciones, las actividades y tareas externas, los conflictos de intereses y la actividad profesional posterior al desempeño de funciones en la Unión;

78.

Expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de la decisión de la Mesa de julio de 2020, esta haya aprobado el 1 de diciembre de 2020 el nombramiento del miembro investigado como representante del Grupo I para la categoría de transporte, lo que le pone automáticamente en contacto con el personal del Grupo I, incluidas sus víctimas;

79.

Acoge favorablemente la reunión mantenida con la OLAF en julio de 2019, con el fin de aclarar la interpretación del acuerdo administrativo entre la OLAF y el Comité, de manera que los posibles casos de acoso relacionados con los miembros se consideren de alta prioridad; señala que, en esta fase, el Comité no puede depender de una capacidad de investigación independiente externa para abordar los casos de acoso (aparte de la OLAF); toma nota de que los contactos con la red de agencias y con la oficina disciplinaria de la Comisión no han sido concluyentes hasta la fecha; valora que esta cuestión también se esté examinando actualmente en el marco de la revisión en curso de la decisión sobre investigaciones administrativas;

80.

Subraya, en relación con las conclusiones de la OLAF sobre acoso contra un miembro del Comité y de conformidad con la decisión de 9 de junio de 2020 de la Mesa del Comité, que el miembro en cuestión fue relevado completamente de todas las tareas relacionadas con la gestión y la administración del personal de la secretaría del Grupo I hasta el final de su mandato; toma nota de que el 7 de septiembre de 2020 el miembro retiró su candidatura al cargo de presidente del Comité; lamenta que, dado el principio jurídico de irretroactividad de las sanciones, no pueda aplicarse en este caso concreto el régimen de sanciones forzosas previsto en el código de conducta revisado; se muestra, no obstante, profundamente preocupado por el hecho de que el autor de los hechos haya sido nombrado por el Consejo como miembro para un nuevo mandato, y por que las víctimas y los denunciantes corran el riesgo de sufrir represalias por su parte o por parte de las personas que le apoyan en el Comité; destaca el hecho de que no reconoce ni se arrepiente de sus faltas, lo que demuestra una total falta de autorreflexión y de respeto por las víctimas en cuestión;

81.

Reitera su preocupación por el hecho de que el sitio web del Comité todavía incluya una declaración del miembro en cuestión, en su calidad de presidente del Grupo I, que en realidad es un testimonio personal de autodefensa con el agravante de que los asuntos mencionados se encuentran pendientes o a la espera de ser examinados ante las autoridades judiciales de la Unión y las autoridades belgas;

82.

Señala que, en el contexto de la solicitud de medidas cautelares presentada por el miembro antes mencionado ante el Tribunal General (KN contra CESE, T-377/20), encaminada a suspender la ejecución de la decisión de 9 de junio de 2020 de la Mesa del Comité, el Tribunal General rechazó la solicitud por incumplir la condición de urgencia; señala que el procedimiento principal del asunto, con el que se busca la anulación de la decisión antes mencionada, sigue en curso;

83.

Toma nota de que el Pleno del Comité de los días 15 y 16 de julio de 2020 confirmó la decisión de 9 de junio de 2020 de la Mesa en relación con la incorporación del Comité como parte civil al procedimiento que incoará la Inspección de Trabajo de Bruselas ante el Tribunal Penal de Bruselas; señala que la Inspección de Trabajo de Bruselas ha sido informada de la suspensión de la inmunidad del miembro, pero que hasta la fecha no se ha recibido más información sobre el procedimiento.

84.

Expresa su profunda preocupación por que, en abril de 2021, el CESE continúa sin cumplir su deber de asistencia a las víctimas de acoso y faltas graves dado que solo ha celebrado acuerdos de resolución con dos de las cuatro víctimas y no ha emitido todavía la disculpa pública prometida.

(1) Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública (DO L 133 de 6.5.2014, p. 1).

(2) Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera), de 12 de mayo de 2016, FS contra el Comité Económico y Social Europeo (CESE), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.