T-267/9761997B02670007.000121931220311TAUTO DE 25.5.1998 — ASUNTO T-267/97BROOME & WELLINGTON / COMISIÓN<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Primera Instancia</HT> (Sala Tercera ampliada)</P><P>de <DATE ISO="19980525">25 de mayo de 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: inglés.</P></NOTE></P></TI>

En el asunto T-267/97,

Broome & Wellington Ltd, sociedad inglesa, con domicilio en Manchester (Reino Unido), representada por la Sra. Fiona M. Carlin, Barrister en Irlanda del Norte, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M es Arendt y Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

parte demandante,contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Viktor Kreuschitz, Consejero Jurídico, y Nicholas Khan, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una pretensión de anulación de un anuncio de apertura de procedimientos antidumping referentes a las importaciones de tejidos de algodón crudos originarios de la República Popular de China, de Egipto, de la India, de Indonesia, de Pakistán y de Turquía, publicado el 11 de julio de 1997 (DO C 210, p. 12),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera ampliada),

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y por los Sres. C. P. Briët, K. Lenaerts, A. Potocki y J. D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI><TI><P>Hechos que originaron el recurso y el procedimiento</P></TI>1El 26 de mayo de 1997, el Comité de Industrias del Algodón y Fibras Afines de la Unión Europea (en lo sucesivo, Eurocoton) presentó una denuncia ante la Comisión, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n° 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1; en lo sucesivo, Reglamento n° 384/96), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 2331/96 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO L 317, p. 1). Según dicha denuncia, las importaciones de tejidos lisos de algodón crudos originarios de la República Popular de China, de Egipto, de la India, de Indonesia, de Pakistán y de Turquía estaban siendo objeto de prácticas de dumping y causaban, por este motivo, un perjuicio importante a la industria de la Comunidad.2El 11 de julio de 1997, la Comisión publicó un anuncio de apertura de procedimientos antidumping referentes a las importaciones de tejidos de algodón crudos originarios de los citados países (DO C 210, p. 12; en lo sucesivo, anuncio de apertura).3Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de octubre de 1997, la demandante, importadora en la Comunidad de productos como los que se cuestionan en el presente asunto, interpuso este recurso contra el citado anuncio de apertura, al amparo del párrafo cuarto del artículo 173 y de los artículos 174 y 176 del Tratado CE.4Mediante escrito presentado el 16 de diciembre de 1997, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad con arreglo al apartado 1 del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento.5Mediante escrito presentado el 6 de enero de 1998, Foreign Trade Association (en lo sucesivo, FTA), asociación de importadores europeos con domicilio en Bruselas, representada por la Sra. Ursula Schliessner, Abogada de Düsseldorf, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M es Arendt y Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, solicitó intervenir en el litigio en apoyo de las pretensiones de la parte demandante, con arreglo al artículo 115 del Reglamento de Procedimiento.6Mediante escrito presentado el 19 de febrero de 1998, la demandante presentó sus observaciones acerca de la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión.<TI><P>Pretensiones de las partes</P></TI>7La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Anule el anuncio de apertura.

Condene en costas a la Comisión.

8La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

Declare la inadmisibilidad del recurso.

Condene en costas a la demandante.

<TI><P>Sobre la admisibilidad</P></TI>9En virtud del apartado 3 del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia, el resto del procedimiento sobre la excepción de inadmisibilidad se desarrollará oralmente.10En el presente caso, los autos contienen todos los elementos de apreciación necesarios para pronunciarse. Por consiguiente, no procede abrir la fase oral.11En apoyo de su excepción de inadmisibilidad, la Comisión expone tres causas de inadmisión, basadas respectivamente en la inexistencia de acto impugnable en el sentido del artículo 173 del Tratado, en la extemporaneidad del recurso y en la falta de un interés directo e individual de la demandante.<TI><P>En lo relativo la la causa de inadmisión basada en la inexistencia de acto impugnable</P></TI><TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI>12La Comisión afirma que la apertura de un procedimiento antidumping es un mero acto de trámite, que, como tal, no es susceptible de ser objeto de un recurso de anulación (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, Rec. p. 2639, apartado 19; autos del Tribunal de Primera Instancia de 14 de marzo de 1996, Dysan Magnetics y Review Magnetics/Comisión, T-134/95, Rec. p. II-181, apartado 23, y de 10 de diciembre de 1996, Sökta/Comisión, T-75/96, Rec. p. II-1689, apartado 31).13Por el contrario, la demandante considera que la decisión de la Comisión de abrir el procedimiento es un acto que produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses. No obstante, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia considerara que se trata de un acto de trámite, le insta a ejercer su control jurisdiccional, toda vez que dicho acto adolece de graves vicios, como desviación de poder.14Pone de manifiesto el contexto en el que se publicó el anuncio de apertura del procedimiento. Recuerda que se trata del tercer procedimiento abierto relativo a los citados productos, originarios de los mismos países, desde 1994.15El primero, abierto a raíz de una denuncia de Eurocoton presentada en septiembre de 1993 (DO 1994, C 17, p. 3), se dio por concluido mediante la Decisión 96/167/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 1996 (DO L 42, p. 16), al haberse retirado formalmente la denuncia.16El segundo, iniciado a raíz de una denuncia presentada por Eurocoton el 8 de enero de 1996, fue abierto al día siguiente de darse por concluida la investigación precedente (DO 1996, C 50, p. 3). El 18 de noviembre de 1996, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n° 2208/96, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de tejidos de algodón crudo (grises) originarios de la República Popular de China, Egipto, la India, Indonesia, Pakistán y Turquía (DO L 295, p. 3). Aun cuando la Comisión propuso el establecimiento de derechos definitivos, conforme al apartado 4 del artículo 9 del Reglamento n° 384/96, el Consejo no estableció los citados derechos, por no existir una mayoría favorable. Por consiguiente, los derechos antidumping provisionales caducaron el 20 de mayo de 1997, no obstante las reiteradas tentativas llevadas a cabo por una delegación nacional para lograr que se discutiera nuevamente la propuesta.17El portavoz de la Comisión había venido declarando, desde el 21 de mayo de 1997, que dicha Institución abriría inmediatamente un procedimiento si se presentara una nueva denuncia. Por consiguiente, la Comisión actuó fuera del marco reglamentario aplicable. De esta forma, ya antes de que Eurocoton presentara su nueva denuncia el 26 de mayo de 1997, la Comisión se comprometió pública y políticamente a realizar una nueva investigación. Por consiguiente, mediante el anuncio de apertura que ahora se impugna, abrió un tercer procedimiento, de conformidad con el citado compromiso.18El contexto a que antes se hizo referencia pone de manifiesto, de una parte, que la Comisión se había comprometido a abrir el procedimiento incluso antes de la presentación de la denuncia y no a la vista de los elementos de prueba contenidos en ésta, como exige el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 384/96 y, de otra, que las apreciaciones que formule la Comisión sobre este asunto serán sustancialmente idénticas a las que ya había formulado en el Reglamento n° 2208/96, de 18 de noviembre de 1996, antes citado, y que no fueron asumidas por el Consejo.19Por consiguiente, el procedimiento seguido por la Comisión no es un procedimiento normal, en el que una denuncia precede a la apertura de una investigación. En estas circunstancias, no son aplicables al presente asunto ni el auto Dysan Magnetics y Review Magnetics/Comisión ni tampoco el auto Sökta/Comisión, a que antes se aludió.20En dichos autos, el Tribunal de Primera Instancia consideró determinantes tres datos para afirmar que un anuncio de apertura es únicamente una medida de trámite, por lo cual no constituye un acto impugnable en el sentido del artículo 173 del Tratado.21En primer lugar, la apertura de un procedimiento no conduce automáticamente al establecimiento de derechos antidumping, ya que el procedimiento puede darse por concluido sin la adopción de medidas. Pues bien, en el presente caso, del contexto se deduce precisamente que, con toda certeza, la Comisión establecerá derechos provisionales.22En segundo lugar, las empresas no se ven obligadas en modo alguno a modificar sus prácticas comerciales por el hecho de la apertura de un procedimiento. A este respecto, la demandante reconoce que, in abstracto, la apertura de un procedimiento antidumping no lleva consigo la obligación de modificar las prácticas comerciales. Sin embargo, de hecho, tal procedimiento ocasiona cambios en dichas prácticas, en particular en el ámbito del precio y del volumen de intercambios, habida cuenta de las incertidumbres que provoca el procedimiento para los operadores.23En tercer lugar, no puede obligarse a las empresas a cooperar en la investigación. En teoría, la apertura de una investigación no obliga a los operadores a colaborar en ésta. Sin embargo, dicha cooperación resulta esencial para toda parte que tenga un interés económico sustancial en el resultado del procedimiento, con el fin de salvaguardar sus derechos relativos a este procedimiento, incluido el de interponer un recurso contra el acto final de las Instituciones.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Primera Instancia</P></TI>24Conforme a una reiterada jurisprudencia (véanse en particular los autos Dysan Magnetics y Review Magnetics/Comisión y Sökta/Comisión, antes citados), constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación, en el sentido del artículo 173 del Tratado, las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de los demandantes, modificando de forma caracterizada su situación jurídica.25Cuando se trata de actos cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, sólo las medidas que fijan definitivamente la postura de la Institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios cuyo objeto es preparar la decisión final constituyen, en principio, actos impugnables.26Por lo tanto, en el caso de autos, procede apreciar si el acto impugnado puede producir, por sí mismo, efectos jurídicos que puedan afectar a los intereses de la demandante o si, por el contrario, sólo constituye un acto de trámite cuya ilegalidad podría ser alegada debidamente en el marco de un recurso dirigido contra la decisión final, recurso que garantiza una protección suficiente a las partes interesadas.27Según jurisprudencia consolidada, sólo los actos que afectan inmediatamente y de forma irreversible a la situación jurídica de las empresas afectadas pueden justificar, desde antes de que finalice un procedimiento administrativo, la admisibilidad de un recurso de anulación.28Pues bien, de las disposiciones del Reglamento n° 384/96 se deduce que la Comisión es la encargada de instruir las investigaciones y decidir, basándose en éstas, la conclusión del procedimiento, o, por el contrario, que prosiga, bien adoptando medidas provisionales, bien proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas.29Por consiguiente, el acto mediante el cual la Comisión inicia un procedimiento antidumping es un acto puramente de trámite que no puede afectar inmediatamente y de modo irreversible a la situación jurídica de la demandante.30Esta afirmación no puede cuestionarse por la circunstancia de que, ya antes de que Eurocoton presentara su denuncia, el 26 de mayo de 1997, el portavoz de la Comisión había declarado que esta Institución abriría un nuevo procedimiento en el supuesto de que se presentara una denuncia. Efectivamente, dicho elemento forma parte del examen material de la legalidad del anuncio de apertura, si bien no puede modificar la apreciación relativa a la admisibilidad de un recurso interpuesto contra dicho anuncio, al amparo del artículo 173 del Tratado.31Además, cualquiera que sea el grado de certidumbre que alega la demandante en lo relativo al establecimiento, en el presente caso, de derechos antidumping provisionales, debe recordarse que, en el plano jurídico, la apertura de un procedimiento antidumping no conduce necesariamente a tal establecimiento. Además, aun suponiendo que se establezcan efectivamente derechos antidumping, el anuncio de apertura constituye precisamente uno de los actos de trámite en que la Comisión puede basarse para decidir establecerlos.32Por añadidura, el anuncio de apertura de un procedimiento antidumping no tiene como efecto jurídico obligar a las empresas afectadas a modificar sus prácticas comerciales o a cooperar en el procedimiento así abierto.33En estas circunstancias, la apertura impugnada del procedimiento no produce efectos jurídicos que puedan afectar a los intereses de la demandante, sino que constituye un acto de trámite, cuya posible ilegalidad, en particular debido a los graves vicios de que pueda adolecer, podrá plantearse debidamente en apoyo de un recurso interpuesto, en su caso, contra la decisión final, recurso que garantizará una protección suficiente a la parte interesada.34Por lo tanto, la debatida apertura del procedimiento antidumping no puede considerarse, por su propia naturaleza y efectos, como un acto susceptible de un recurso de anulación con arreglo al artículo 173 del Tratado.35De todo cuanto antecede se desprende que procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso, sin que sea necesario pronunciarse sobre las demás causas de inadmisión propuestas por la parte demandada en apoyo de su excepción de inadmisibilidad.36En estas circunstancias, no procede pronunciarse sobre la demanda de intervención presentada por FTA.<TI><P>Costas</P></TI>37A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la parte demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones formuladas en este sentido por la Comisión.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera ampliada)

resuelve:

1)Declarar la inadmisibilidad del recurso.2)No procede pronunciarse acerca de la demanda de intervención.3)Condenar a la demandante al pago de las costas de la parte demandada.

Dictado en Luxemburgo, a 25 de mayo de 1998.

El Secretario

H. Jung

La Presidenta

V. Tiili