Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ATHANASIOS RANTOS

presentadas el 21 de mayo de 2026 (1)

Asunto C‑730/23

República de Polonia

contra

República Federal de Alemania

« Incumplimiento de Estado — Artículo 259 TFUE — Reglamento (CE) n.º 1013/2006 — Traslados de residuos — Artículo 24, apartado 2 — Retirada de los residuos por la autoridad competente de expedición cuando el traslado sea ilícito — Negativa de la República Federal de Alemania a garantizar la retirada de los residuos trasladados desde Alemania a Polonia en un plazo de 30 días — Artículo 28 — Discrepancia en materia de clasificación — Obligación de considerar los residuos de que se trata como residuos del anexo IV de dicho Reglamento — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Principio de cooperación leal »

I.      Introducción

1.        Mediante su recurso, la República de Polonia, parcialmente apoyada por la Comisión Europea, solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, más concretamente del Reglamento (CE) n.º 1013/2006 (2)y del artículo 4 TUE, apartado 3, en el contexto de varios traslados de residuos desde Alemania hasta seis emplazamientos de Polonia.

2.        La principal cuestión que se plantea en este asunto es la aplicación de los principios de libre aportación de la prueba y de libre apreciación de la prueba a la luz de dicho Reglamento, en el marco de uno de los infrecuentes procedimientos de recurso por incumplimiento iniciados por un Estado miembro.

II.    Marco jurídico

3.        El artículo 24 del Reglamento n.º 1013/2006, titulado «Retirada de los residuos cuando el traslado sea ilícito», establece lo siguiente en sus apartados 1 a 3:

«1.      Cuando una autoridad competente descubra un traslado que considere traslado ilícito, informará inmediatamente a las demás autoridades competentes afectadas.

2.      En caso de que el traslado ilícito sea responsabilidad del notificante, la autoridad competente de expedición velará por que los residuos en cuestión sean:

a)      retirados por el notificante de hecho, o bien, si no se ha efectuado notificación,

b)      retirados por el notificante de derecho, o bien, en su defecto,

c)      retirados por la propia autoridad competente de expedición o, en su nombre, por una persona física o jurídica, o bien, en su defecto,

d)      valorizados o eliminados de forma alternativa en el país de destino o de expedición […] por la propia autoridad competente de expedición o, en su nombre, por una persona física o jurídica, o bien, en su defecto,

e)      valorizados o eliminados de forma alternativa en otro país por la propia autoridad competente de expedición o, en su nombre, por una persona física o jurídica siempre que todas las autoridades competentes afectadas estén de acuerdo con ello.

Esta retirada, valorización o eliminación deberá hacerse en un plazo de 30 días, o en cualquier otro plazo que acuerden las autoridades competentes afectadas a partir del momento en que la autoridad competente de expedición tenga conocimiento o haya sido avisada por escrito por las autoridades competentes de destino o de tránsito del traslado ilícito e informada de los motivos del mismo. Este aviso podrá deberse a la información presentada a las autoridades de destino o de tránsito, entre otras entidades, por otras autoridades competentes.

[…]

3.      En caso de que el traslado ilícito sea responsabilidad del destinatario, la autoridad competente de destino velará por que los residuos en cuestión sean valorizados o eliminados de manera ambientalmente correcta:

a)      por el destinatario, o bien, en su defecto,

b)      por la propia autoridad competente o, en su nombre, por una persona física o jurídica.

[…]»

4.        El artículo 28 de este Reglamento, titulado «Discrepancias en cuestiones de clasificación», establece lo siguiente en su apartado 2:

«Si las autoridades competentes de expedición y de destino no pueden alcanzar un acuerdo sobre la clasificación de los residuos notificados en los anexos III, IIIA, IIIB o IV, los residuos se considerarán pertenecientes al anexo IV.»

III. Hechos del litigio y procedimiento administrativo previo

5.        Durante los años 2015 a 2019, las autoridades polacas detectaron la presencia de residuos que, en su opinión, habían sido objeto de un «traslado ilícito», en el sentido del artículo 2, punto 35, del Reglamento n.º 1013/2006, desde Alemania a varios emplazamientos situados en Polonia, a saber: el emplazamiento n.º 1 (Tuplice), el emplazamiento n.º 2 (Stary Jawor), el emplazamiento n.º 3 (Sobolew), el emplazamiento n.º 4 (Gliwice), el emplazamiento n.º 5 (Sarbia) y el emplazamiento n.º 6 (Bzowo).

6.        Tras varias solicitudes infructuosas de retirada de los residuos de que se trata formuladas por las autoridades polacas a las autoridades alemanas, la República de Polonia presentó una denuncia el 26 de julio de 2023 ante la Comisión, sobre la base del artículo 259 TFUE, párrafo segundo, pidiéndole que emitiera un dictamen motivado, al considerar que la negativa de la República Federal de Alemania a retirar esos residuos constituía una infracción del Derecho de la Unión. (3)

7.        Tras haber examinado las observaciones escritas presentadas por la República Federal de Alemania y haber oído tanto a ese Estado miembro como a la República de Polonia, la Comisión emitió, el 18 de octubre de 2023, un dictamen motivado en el que:

–        en primer término, estimó que la República Federal de Alemania había incumplido, por un lado, su obligación de retirar, en un plazo de treinta días, los residuos trasladados de manera ilícita al emplazamiento n.º 1 (4) y, por otro lado, sus obligaciones de valorización de los residuos con código 17 08 02, en lo que respecta al traslado organizado por dos empresas alemanas al emplazamiento n.º 2; (5)

–        en segundo término, llegó a la conclusión de que no estaba en condiciones de declarar la existencia de una violación del Derecho de la Unión en cuanto a las imputaciones referidas a los emplazamientos n.º^s 2 a 6, y

–        en tercer término, desestimó las imputaciones basadas en la infracción del artículo 28, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006 y del artículo 4 TUE, apartado 3.

IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y alegaciones de las partes

8.        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de noviembre de 2023, la República de Polonia interpuso el presente recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 259 TFUE. Solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión en el contexto de determinados traslados ilícitos de residuos a Polonia y que condene en costas a la República Federal de Alemania.

9.        Mediante resolución de 18 de abril de 2024, se admitió la intervención de la Comisión en apoyo de las pretensiones de la República de Polonia. (6)

10.      La República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y condene en costas a la República de Polonia.

V.      Análisis

11.      La República de Polonia formula tres imputaciones contra la República Federal de Alemania, basadas, en primer término, en que este último Estado miembro incumplió su obligación de retirar los residuos trasladados de manera ilícita de conformidad con el Reglamento n.º 1013/2006; (7) en segundo término, en que incumplió su obligación de tratar dichos residuos como residuos del anexo IV de dicho Reglamento, (8) y, en tercer término, en que incumplió su obligación de cooperación leal, al no haber adoptado medidas dirigidas a aclarar los hechos relativos al traslado ilícito de esos residuos. (9)

A.      Primera imputación, basada en el incumplimiento de la obligación de retirar los residuos trasladados de manera ilícita

1.      1.      Observaciones preliminares

12.      Mediante su primera imputación, la República de Polonia aduce, en esencia, que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento n.º 1013/2006, al no haber retirado los residuos de que se trata. (10)

13.      A este respecto, en primer lugar, quisiera subrayar que, de conformidad con el artículo 191 TFUE, apartado 2, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga. (11) En mi opinión, de esos principios se desprende que las empresas productoras de residuos tienen una mayor responsabilidad cuando se encargan de su traslado fuera del Estado miembro en el que se han producido.

14.      Sobre esa base, el Reglamento n.º 1013/2006 persigue, en particular, el objetivo de la gestión ambientalmente correcta de los residuos, definida en el artículo 2, punto 8, del mismo, (12) lo cual también implica, tal y como se desprende de su artículo 2, punto 34, que el traslado de residuos solo se efectúe con el fin de que estos sean valorizados o eliminados. (13)

15.      En este contexto, el artículo 3 del citado Reglamento, que, en esencia, regula los procedimientos de traslado, establece, en su apartado 1, el «procedimiento de notificación y autorización previas por escrito» para los traslados de residuos destinados a ser eliminados y de muchas categorías de residuos destinados a ser valorizados y, en su apartado 2, el «procedimiento de información», que se rige por el artículo 18 del citado Reglamento y que se limita, en lo que respecta a otros traslados de residuos (cuya cantidad sobrepase los 20 kg.), que están incluidos en la lista «verde» de residuos, (14) a que se cumplimente un formulario y se celebre un contrato entre la persona que organice el traslado y el destinatario por lo que se refiere a la valorización de los residuos, (15) documentos que deben redactarse de conformidad con las instrucciones indicadas en el formulario que figura en el anexo VII de ese mismo Reglamento (en lo sucesivo, «formulario del anexo VII»).

16.      En el supuesto de traslado ilícito de residuos, tal como se define en el artículo 2, punto 35, del Reglamento n.º 1013/2006, (16) el artículo 24, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que, en caso de que el traslado ilícito sea responsabilidad del notificante, la autoridad competente de expedición debe velar por que los residuos sean retirados en un plazo, en principio, de treinta días, o en cualquier otro plazo que acuerden las autoridades competentes afectadas, a partir del momento en que haya tenido conocimiento o haya sido avisada por las autoridades competentes de destino.

17.      En segundo lugar, ha de recordarse que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento por incumplimiento, corresponde a la Comisión probar la existencia del incumplimiento alegado y aportar al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que este pueda verificar la existencia de tal incumplimiento, sin poder basarse en ninguna presunción. (17) Esos mismos principios se aplican cuando el recurso por incumplimiento es interpuesto por un Estado miembro con arreglo al artículo 259 TFUE. (18) Así pues, las pruebas aportadas por la República de Polonia deben examinarse a la luz de estas consideraciones y de los principios de libre aportación de la prueba y de libre apreciación de la prueba, desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (19)

18.      En el presente asunto, de las alegaciones de la República de Polonia se desprende que los residuos en cuestión fueron supuestamente trasladados desde Alemania hasta Polonia en el marco del procedimiento de información sin que concurrieran los requisitos previstos por el Reglamento n.º 1013/2006, tanto en lo que respecta a la categoría de residuos que podían trasladarse conforme a ese procedimiento como a las autorizaciones con que contaban las empresas encargadas de su tratamiento. Por lo que se refiere al emplazamiento n.º 1, dado que la República Federal de Alemania ha admitido la existencia de traslados ilícitos, el litigio tiene exclusivamente por objeto determinar si ese Estado miembro ha infringido el plazo de retirada de esos residuos, mientras que, en lo que concierne a los emplazamientos n.^os2 a 6, debe examinarse la propia existencia de los traslados supuestamente ilícitos imputables a las empresas de que se trata. En los puntos siguientes de las presentes conclusiones analizaré, por separado, esas dos situaciones.

2.      2.      Emplazamiento n.º 1 (Tuplice)

19.      La República de Polonia alega que la República Federal de Alemania incumplió su obligación de retirar, en un plazo de treinta días, unas 20 000 toneladas de residuos de escoria de zinc trasladados de manera ilícita. (20)

20.      Tanto las partes como la Comisión reconocen que los residuos en cuestión fueron objeto de un traslado ilícito (21) y coinciden en que la retirada de dichos residuos concluyó en diciembre de 2024. (22)

21.      Considero, de entrada, que procede rechazar las alegaciones formuladas por la República Federal de Alemania en el sentido de que el recurso es inadmisible o ha quedado sin objeto debido a que la retirada de los residuos se ha concluido entretanto. En efecto, en el contexto de un recurso por incumplimiento interpuesto por un Estado miembro sobre la base del artículo 259 TFUE, la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado miembro demandado tal como esta se presentaba en el momento en el que se sometió el asunto con carácter previo ante la Comisión con arreglo al párrafo segundo del citado artículo. (23) En el presente asunto, en aquel momento hacía mucho tiempo que el plazo había expirado. (24)

22.      La República Federal de Alemania aduce, en primer lugar, con carácter principal, que las decisiones de las autoridades nacionales competentes por las que se exigió la retirada de los residuos a la sociedad que había organizado su traslado han sido objeto de un procedimiento judicial. Sostiene asimismo que retirar semejante cantidad de residuos requería varios meses, debido a limitaciones logísticas y a la necesidad de organizar una licitación de conformidad con las normas de la Unión. Habida cuenta de estas circunstancias, dicha parte considera el plazo de treinta días previsto en el artículo 24, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1013/2006 no es aplicable.

23.      A este respecto, debe observarse que el artículo 24, apartado 2, del citado Reglamento no contempla ninguna excepción ni ningún motivo que permita interrumpir ese plazo, ni tan siquiera debido al volumen de los residuos, y únicamente ofrece la posibilidad de que las autoridades competentes afectadas acuerden un plazo alternativo. (25) En cualquier caso, el incumplimiento del plazo, en el contexto de una demora como la que se ha producido en el presente asunto, de casi diez años, no puede justificarse por razones logísticas ni por el hecho de que el volumen de los residuos obligue a organizar un procedimiento de licitación europeo. (26)

24.      En segundo lugar, la República Federal de Alemania arguye que, durante el procedimiento administrativo previo, las partes había llegado a un acuerdo, con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006, en cuanto a la conveniencia de esperar a que finalizara el procedimiento judicial antes de retirar los residuos en cuestión, extremo que, no obstante, rebaten las autoridades polacas. (27) La República Federal de Alemania se basa, a este respecto, en la correspondencia mantenida entre las autoridades polacas y alemanas en la que las primeras manifestaron su decisión de esperar al término del procedimiento judicial en curso y se abstuvieron de exigir la retirada de los residuos antes de su conclusión. (28)

25.      Desde mi punto de vista, esa correspondencia muestra que las autoridades polacas no manifestaron su intención de someter inmediatamente la cuestión al Tribunal de Justicia. Cabría deducir de ello que, durante un determinado período, estuvieron a la espera del desarrollo del procedimiento en curso en Alemania. No obstante, de esa correspondencia no se deriva de forma clara que tales autoridades aceptaran esperar hasta la conclusión de dicho procedimiento. Por otra parte, es pacífico entre las partes que, a más tardar en su audiencia de 20 de septiembre de 2023 ante la Comisión, las autoridades polacas indicaron claramente que no existía tal acuerdo. Por lo tanto, considero que la existencia de un acuerdo sobre la conveniencia de esperar el resultado del procedimiento judicial, que invoca la República Federal de Alemania, no ha quedado suficientemente probada en Derecho.

26.      En esas circunstancias, propongo que se estime la primera imputación en lo que respecta al emplazamiento n.º 1 (Tuplice).

3.      3.      Emplazamientos n.^os 2 a 6

27.      En lo concerniente a los emplazamientos n.^os 2 a 6, la República de Polonia alega que la República Federal de Alemania infringió las disposiciones relativas a la retirada de los residuos trasladados de manera ilícita, (29) acusación a la que se opone este último Estado miembro, refutando incluso la existencia de traslados ilícitos imputables a las sociedades alemanas afectadas. (30)

28.      En los siguientes puntos de las presentes conclusiones, examinaré todas las situaciones que presentan similitudes, en particular en lo que respecta a la categoría de los residuos trasladados.

a)      Emplazamientos n.^os 2 (Stary Jawor) y 3 (Sobolew)

29.      La República de Polonia sostiene que, entre los meses de abril y septiembre de 2018, en el contexto de inspecciones realizadas en los emplazamientos n.^os 2 y 3, (31) las autoridades polacas comprobaron la presencia de 1 156 y 1 039 toneladas de residuos, respectivamente, (32) que habían sido objeto de traslados ilícitos (33) por parte de sociedades alemanas. (34) En lugar de los residuos de hormigón (código 17 01 01 (35)) (en lo sucesivo, «residuos de hormigón») declarados en los formularios del anexo VII, esas empresas trasladaron, conforme al procedimiento de información, residuos de construcción mezclados que contenían yeso (en lo sucesivo, «residuos de yeso») no incluidos en la lista «verde», (36) a fin de que se llevaran a cabo operaciones de valorización para las que las empresas destinatarias tampoco disponían de las autorizaciones exigidas. (37) Además, en algunos casos, los residuos objeto de litigio, pese a haber sido clasificados por las sociedades alemanas expedidoras como residuos de yeso, fueron trasladados a sociedades polacas que no disponían de autorización para valorizar esos residuos. (38)

30.      A este respecto, me parece oportuno distinguir la cuestión de la existencia de los traslados de los residuos de que se trata de la referente a la responsabilidad de las empresas alemanas afectadas.

31.      En lo que respecta a la existencia de los traslados (ilícitos o no) de los residuos en cuestión, procede efectuar, a su vez, una distinción entre los traslados de residuos clasificados como residuos de hormigón y los clasificados como residuos de yeso.

32.      En primer lugar, las partes están de acuerdo en que la mayoría de los documentos referentes a esas sociedades — en particular los contratos de transporte y los formularios del anexo VII — hacen referencia a traslados de residuos de hormigón. (39) Sin embargo, la República de Polonia sostiene que esos traslados ocultaban, en realidad, traslados de residuos de yeso, lo que queda demostrado, principalmente, por los resultados de las inspecciones llevadas a cabo por las autoridades polacas, que detectaron en los emplazamientos en cuestión la presencia de residuos de yeso, además de residuos de hormigón o de una mezcla de ambos.

33.      Pues bien, creo que el mero hecho de que se hayan detectado residuos de yeso en los emplazamientos de instalaciones controladas por las autoridades polacas constituye, ciertamente, un indicio de que se habían trasladado a esos emplazamientos residuos distintos de los cubiertos por las autorizaciones de valorización. Sin embargo, esa circunstancia no demuestra, por sí sola, que tales residuos procedieran efectivamente de los traslados de que se trata. En efecto, dichos traslados iban acompañados de formularios del anexo VII y de otros documentos de transporte concordantes de los que resulta que los residuos de que se trata fueron enviados y recibidos como residuos de hormigón. No hay ningún elemento que demuestre que esos traslados ocultaran otras categorías de residuos, máxime cuando, como reconoce la propia República de Polonia, también se encontraron residuos de hormigón en los citados emplazamientos.

34.      En segundo lugar, también es pacífico entre las partes que las empresas afectadas clasificaron determinados traslados de residuos como residuos de yeso.

35.      En lo tocante al emplazamiento n.º 2, se trata, en primer término, de traslados efectuados con la intervención, por una parte, de las sociedades expedidoras alemanas ALBA Seehausen y Altmärkische, y, por otra parte, de la sociedad destinataria polaca Bravet. Sin embargo, no se ha demostrado que esos traslados hayan sido objeto de una solicitud de retirada. En efecto, las solicitudes de retirada de los residuos que menciona la República de Polonia no hacen referencia a esos traslados. (40)

36.      En segundo término, las partes están de acuerdo en que existe un contrato de traslado de residuos de yeso entre la sociedad expedidora alemana Parentin y la sociedad destinataria polaca Bravet. Sin embargo, ni los formularios del anexo VII firmados por las partes afectadas ni ningún otro documento relativo a estas menciona esos traslados. Por lo tanto, no existen pruebas de la ejecución de ese contrato. (41)

37.      En tercer término, las partes también reconocen la existencia de traslados de residuos, consignados como residuos de yeso, llevados a cabo por las sociedades expedidoras alemanas Drekopf y Recom hasta las instalaciones de la sociedad destinataria polaca Bravet. No obstante, conforme a las pruebas aportadas por la República de Polonia, las autoridades polacas no formularon ninguna solicitud de retirada, dado que esos residuos se mezclaron con otros en el emplazamiento n.º 2, de manera que, según dichas autoridades, ya no era posible determinar la procedencia de los residuos respecto de cada una de las empresas afectadas. (42)

38.      En cuanto al emplazamiento n.º 3, los traslados de residuos declarados como residuos de yeso guardaban relación con traslados entre la sociedad expedidora alemana Parentin y la sociedad destinataria polaca PPH LWN, que, no obstante, no habían sido mencionados antes de que la República de Polonia presentara su demanda y, como destaca la República Federal de Alemania, no fueron objeto de una solicitud de retirada por parte de las autoridades polacas. (43)

39.      En conclusión, creo que la existencia de traslados ilícitos de residuos cuya retirada debía garantizar la República Federal de Alemania no ha quedado suficientemente probada en Derecho, por lo que procede desestimar la primera imputación en lo que respecta a los emplazamientos n.^os 2 y 3.

40.      Dicho esto, a continuación examinaré también, en aras de la exhaustividad, la cuestión referente a la responsabilidad de las empresas alemanas afectadas con respecto a los traslados de residuos declarados como residuos de yeso a instalaciones que carecen de la autorización necesaria para su valorización.

41.      A este respecto, las partes no están de acuerdo sobre la responsabilidad del productor de los residuos o del organizador de su traslado en cuanto a la legalidad de las operaciones de valorización efectuadas en el país de destino de los residuos cuando, por un lado, la empresa destinataria de los residuos o el gestor de la instalación de valorización no es titular de una autorización válida para tratar esos residuos o, por otro lado, residuos que han sido trasladados de manera lícita no se valorizan correctamente en el país de destino. Esta cuestión guarda relación, en particular, con las consecuencias de que la firma de la empresa destinataria conste en el formulario del anexo VII o de que esa empresa haya incluido una declaración en el contrato que ha celebrado con el organizador del traslado en el sentido de que posee las autorizaciones exigidas.

42.      En el presente asunto, las partes reconocen que las empresas destinatarias de los residuos no contaban con autorizaciones exigidas para la valorización de residuos de yeso. (44) Además, en lo que respecta al emplazamiento n.º 2, considero, al igual que la República de Polonia, que la autorización de la sociedad destinataria polaca Bravet para la «recogida» de residuos de yeso, según se define ese término en el artículo 3, punto 10, de la Directiva 2008/98, (45) tampoco implica que pueda llevar a cabo un «almacenamiento inicial» de esos residuos, como se prevé en el contexto de la operación de valorización R 13. (46) En efecto, aunque los términos de esas definiciones pueden dar lugar a confusión, la definición del concepto de «almacenamiento de residuos», que corresponde a la operación de valorización R 13 prevista en el anexo II de dicha Directiva, excluye expresamente el «almacenamiento inicial» en el sentido del artículo 3, punto 10, de esa misma Directiva.

43.      Por consiguiente, dado que las autorizaciones de que se trata no cubren las operaciones de valorización (R 5 o R 13) para las que se trasladaron los residuos, procede examinar si las empresas alemanas que organizaron el traslado pueden ser consideradas responsables, en particular cuando la sociedad destinataria de los residuos declaró, en el formulario del anexo VII (casillas 13 y 14) en el marco del contrato con el organizador del traslado, que contaba con las autorizaciones exigidas. (47)

44.      A este respecto, resulta evidente que, si se demuestra que hay empresas que tenían conocimiento de que las empresas destinatarias carecían de las autorizaciones exigidas o del desvío ilícito de residuos a otros emplazamientos, deben ser consideradas responsables de los traslados ilícitos. En cambio, si no existen pruebas de ello, es preciso determinar el alcance de la obligación de diligencia que les incumbe en relación con las ilegalidades en cuestión.

45.      Con carácter general, considero que, a la luz de la mayor obligación de diligencia que recae sobre expedidor de los residuos cuando estos se trasladan fuera del Estado miembro en el que se han producido, (48) este no puede adoptar una actitud pasiva en cuanto a si su destinatario cuenta o no con las autorizaciones exigidas. Dicho de otro modo, contrariamente a la postura defendida por la República Federal de Alemania, no puede limitarse a celebrar un contrato de traslado de residuos y a cumplimentar el formulario del anexo VII. Sin imponerle obligaciones excesivamente gravosas, cabe no obstante esperar de ese expedidor que solicite que se le facilite una copia de las autorizaciones pertinentes, sin que deba por ello realizar comprobaciones exhaustivas, como investigaciones o auditorías en cuanto a la validez de esos documentos, actuación que incumbe en exclusiva a las autoridades públicas. (49)

46.      En el presente asunto, en cuanto a los residuos trasladados al emplazamiento n.º 2, conviene señalar que Bravet, la sociedad polaca gestora de ese emplazamiento, presentó a las empresas expedidoras alemanas, por un lado, ALBA Seehausen y Altmärkische (50) y, por otro lado, Drekopf y Recom, (51) sus autorizaciones para la recogida de residuos con códigos 17 01 01 y 17 08 02 y para la valorización de residuos con código 17 01 01 (y no con código 17 08 02). A pesar de ello, las citadas empresas organizaron traslados de residuos con código 17 08 02 para operaciones de valorización R 13.

47.      Por consiguiente, y sin perjuicio de las explicaciones recogidas en los puntos 35 y 37 de las presentes conclusiones, parecería que las empresas alemanas afectadas han incurrido en responsabilidad en la medida en que tenían conocimiento de la situación de la empresa destinataria cuando cumplimentaron el formulario del anexo VII.

48.      En cambio, por una parte, no comparto la alegación de la República de Polonia según la cual las sociedades alemanas también incurrieron en responsabilidad porque las sociedades expedidoras alemanas ALBA Seehausen y Altmärkische solo indicaron en la casilla 7 de sus formularios del anexo VII como instalación de valorización a la sociedad destinataria polaca Bravet, a pesar de que, al existir un traslado con destino a una instalación intermedia, también deberían haber mencionado la instalación de valorización no intermedia.  En efecto, dado que la casilla 7 del formulario del anexo VII solo hace referencia a la «instalación de valorización», la indicación de la instalación que, según se indica en la casilla 8, debe efectuar la operación de valorización R 13 es suficiente, aunque esta última operación implique un almacenamiento de residuos en espera de otra operación de valorización (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar en el que se produjeron los residuos). (52)

49.      Por otra parte, tampoco comparto la postura de la República Federal de Alemania de que la obligación explícita de indicar las instalaciones no intermedias, prevista en el nuevo Reglamento n.º 1013/2006, demuestra que solo a partir de la fecha de entrada en vigor de ese Reglamento resulta preceptivo efectuar esa indicación. (53)

50.      En cuanto a los residuos trasladados al emplazamiento n.º 3, las partes coinciden en que PPH LWN, la sociedad polaca gestora de ese emplazamiento, no disponía de las autorizaciones necesarias en relación con las parcelas concretas en las que se dispersaron esos residuos.

51.      A este respecto, opino que, aunque debe reconocerse que la empresa productora o expedidora de los residuos tiene una mayor obligación de diligencia, (54) no puede exigirse, no obstante, a esa empresa que esté informada y sea responsable del lugar exacto de la instalación de tratamiento debidamente indicada en los documentos pertinentes en el que vayan a ubicarse los residuos. Esa exigencia iría más allá de su ámbito de control, pues se trata de una cuestión que es responsabilidad exclusiva del gestor de la instalación de tratamiento. (55)

b)      Emplazamientos n.^os 4 (Gliwice) y 5 (Sarbia)

52.      La República de Polonia aduce que, entre los meses de febrero y mayo de 2018, las autoridades polacas detectaron en el contexto de inspecciones realizadas en los emplazamientos n.^os 4 y 5, (56) 1 300 y 8 700 toneladas, respectivamente, de residuos que habían sido objeto de traslados ilícitos (57) por parte de empresas alemanas. (58) A diferencia de lo que indican los formularios del anexo VII, en los que se mencionaban residuos de plástico y caucho (con código 19 12 04) (en lo sucesivo, «residuos de plástico»), esas empresas trasladaron, en el marco del procedimiento de información, residuos que no estaban comprendidos en la lista «verde» para la realización de operaciones de valorización.

53.      Más concretamente, los residuos detectados en el emplazamiento n.º 4 eran residuos de embalajes compuestos de alimentos de plástico y otros materiales (en lo sucesivo, «residuos municipales mezclados»), (59) producidos por la empresa alemana Wurzer y trasladados a Gliwice en virtud de una cadena de contratos. (60) Los residuos detectados en el emplazamiento n.º 5 eran residuos comprimidos en balas recubiertas de alambre sin un código identificable, (61) de los cuales una parte significativa incluía inscripciones y códigos de barras que revelaban su origen alemán, producidos por Lobbe y Böhme, (62) y que, pese a estar formalmente destinados a la localidad de Chełmek, fueron trasladados, en realidad, a Sarbia, tras la «neutralización» de los documentos de transporte. (63) Además, la empresa destinataria de los residuos trasladados al emplazamiento n.º 4 únicamente actuó como intermediaria, (64) y solo disponía de una autorización de recogida de residuos de plástico, mientras que la empresa destinataria de los residuos trasladados al emplazamiento n.º 5 no era titular de una autorización para la valorización de esos residuos. (65)

54.      Pues bien, en lo que respecta al emplazamiento n.º 4, de las pruebas aportadas por la República de Polonia (formularios del anexo VII, documentos de transporte denominados «CMR» y comprobantes de pesaje) resulta que los residuos producidos por Wurzer estaban clasificados como residuos de plástico incluidos en la lista «verde» y fueron trasladados a la empresa polaca Marko, que estaba autorizada para llevar a cabo operaciones de valorización de esos residuos y acusó recepción de los mismos en el emplazamiento de Jawiszowice (pero no en el de Gliwice). (66) Los documentos de transporte aportados por la República de Polonia, relativos a los traslados hasta Gliwice, solo guardan relación con operaciones en las que intervinieron las sociedades polacas Marko, en calidad de expedidora, y A&P, en calidad de destinataria. (67) Aun suponiendo que, como sostiene la República de Polonia, Marko se hubiera hecho cargo de forma ficticia de los residuos procedentes de Alemania, toda vez que la carga había sido transportada directamente desde la sede de Wurzer a Gliwice, (68) esa circunstancia no se desprende de los documentos elaborados por las sociedades alemanas que iniciaron los traslados y, sobre todo, no se les puede imputar directamente. A lo sumo, esa circunstancia sería responsabilidad de las empresas polacas afectadas. Además, las demás pruebas que invoca la República de Polonia tampoco resultan determinantes en este sentido. (69) Por lo demás, la demanda no es precisa sobre la cantidad de residuos que pueden imputarse a las sociedades alemanas afectadas.

55.      En cuanto al emplazamiento n.º 5, todos los documentos (en particular, los formularios del anexo VII) que pueden vincularse a las sociedades Lobbe y Böhme guardan relación con traslados de residuos de plástico destinados a las empresas polacas Havel Investment (por Lobbe y Böhme) y Recovery (por Böhme) en Chełmek. (70) Es cierto que las demás pruebas proporcionadas por la República de Polonia (71) demuestran que, en el emplazamiento de Sarbia, había residuos que podían asociarse a las empresas alemanas Lobbe y Böhme y que podrían haber sido desviados de su destino oficial y transportados directamente a Sarbia. Sin embargo, esos elementos no bastan para acreditar que los traslados fueron organizados o autorizados por las empresas alemanas afectadas ni que estas tuvieran incluso conocimiento de ellos. En efecto, teniendo en cuenta, en particular, las órdenes de transporte entre empresas polacas y la «solicitud de neutralización» que contenían, (72) no puede excluirse que el desvío de esos residuos se ocultara a las sociedades alemanas y sea responsabilidad exclusiva de las sociedades polacas de que se trata. (73) Además, las pruebas aportadas por la República de Polonia no permiten acreditar con la suficiente precisión la cantidad de residuos que supuestamente trasladaron las sociedades alemanas afectadas al emplazamiento en cuestión, en el que también se ha acreditado la presencia de residuos procedentes de Polonia y de otros países. Esas circunstancias no permiten individualizar los residuos de que se trata e impiden, por consiguiente, su retirada como consecuencia de traslados supuestamente ilícitos. (74)

c)      Emplazamiento n.º 6 (Bzowo)

56.      La República de Polonia sostiene que, entre los meses de abril y septiembre de 2017, en el contexto de inspecciones realizadas en el emplazamiento n.º 6, (75) las autoridades polacas constataron que 600 toneladas de residuos municipales mezclados (76) habían sido objeto de traslados ilícitos (77) por parte de sociedades alemanas. (78) Esos residuos no estaban incluidos en la lista «verde» y la empresa polaca destinataria no era titular de una autorización para su valorización.

57.      A este respecto, creo que las pruebas aportadas por la República de Polonia (79) demuestran, por un lado, la probable presencia, en el almacén temporal, de residuos municipales mezclados procedentes de Alemania y, por otro, la inexistencia de una autorización para valorizar esos residuos así como la inexistencia de una instalación adecuada en el emplazamiento de Bzowo. (80)

58.      Sin embargo, ninguna prueba permite acreditar que las empresas alemanas afectadas por esos traslados estuvieran directamente implicadas. (81) Más concretamente, los documentos de transporte que pueden vincularse a las sociedades alemanas afectadas no dejan constancia de esos traslados. (82) Aunque es cierto que uno de los formularios del anexo VII, cumplimentado por la sociedad Vorberg, no contenía ninguna indicación sobre la instalación de valorización, (83) no parece que ese elemento pueda bastar, por sí solo, para generar la responsabilidad de la sociedad en cuestión, teniendo en cuenta, asimismo, que ese documento atestigua el envío de residuos de plástico (y no de residuos mezclados, como los detectados por las autoridades polacas en el emplazamiento antes citado) y la falta de información sobre la naturaleza de los residuos hallados en ese emplazamiento. (84)

4.      4.      Conclusión sobre la primera imputación

59.      Habida cuenta de lo anterior, propongo que se estime la primera imputación por lo que se refiere a la demora de la República Federal de Alemania a la hora de retirar los residuos del emplazamiento n.º 1. En cambio, propongo que se desestime en lo que respecta a la responsabilidad de dicho Estado miembro en relación con la retirada de los residuos trasladados a los emplazamientos n.º^s 2 a 6.

B.      Segunda imputación, basada en el incumplimiento de la obligación de tratamiento de los residuos

60.      La República de Polonia aduce que la República Federal de Alemania no ha cumplido su obligación de tratar los residuos detectados en los emplazamientos n.^os 3 a 6 como residuos pertenecientes al anexo IV del Reglamento n.º 1013/2006, pese a la existencia de una discrepancia entra las autoridades competentes de expedición y de destino sobre su calificación. De ello deduce, por consiguiente, que la República Federal de Alemania infringió el artículo 28, apartado 2, de dicho Reglamento.

61.      En lo concerniente a la admisibilidad de la segunda imputación, es evidente que, conforme a la denuncia presentada ante la Comisión, la República de Polonia solo formuló esa imputación con respecto al emplazamiento n.º 5. (85) Por lo tanto, considero que esa imputación es inadmisible en lo que respecta a los emplazamientos n.^os 3, 4 y 6.

62.      En cualquier caso, como expondré en los siguientes puntos de las presentes conclusiones, esa imputación también es infundada en cuanto a los demás emplazamientos que menciona la República de Polonia.

63.      Por lo que se refiere al fundamento de la segunda imputación, procede recordar que, de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006, si las autoridades competentes de expedición y de destino no pueden alcanzar un acuerdo sobre la clasificación de los residuos notificados (86) como residuos incluidos en la lista «verde» (anexos III, III A y III B) o en el anexo IV, esos residuos se considerarán pertenecientes al anexo IV. (87)

64.      En primer lugar, en mi opinión, del tenor de esa disposición resulta que la discrepancia en cuestión solo puede referirse a la «clasificación» de los residuos y no a la propia existencia de un traslado ilícito de residuos, incluida la identidad del autor de ese traslado.

65.      En segundo lugar, si se analiza el contexto en el que se inscribe esa disposición, resulta que el artículo 28 del Reglamento n.º 1013/2006, titulado «Discrepancias en cuestiones de clasificación», regula, en sus apartados 1 a 3, tres situaciones específicas, a saber, en primer término, una discrepancia sobre la clasificación del objeto del traslado como residuo o no; en segundo término, una discrepancia, como la del presente asunto, sobre la clasificación de los residuos notificados como residuos incluidos en la lista «verde» o no, y, en tercer término, una discrepancia sobre la clasificación de la operación de tratamiento de los residuos que se notifica. Así pues, no se aborda en ningún momento la cuestión de la existencia de un traslado ilícito.

66.      Por último, por lo que respecta a la finalidad que persigue la citada disposición, me parece que pretende poner solución a una situación de bloqueo procedimental en cuanto al tratamiento del material objeto del traslado, y no resolver, con carácter previo, la cuestión de la existencia de ese traslado.

67.      Por consiguiente, la cuestión de la existencia de un traslado, que es la nos ocupa en el presente asunto, se rige por las normas generales en materia de aportación y apreciación de la prueba, y no por las presunciones específicas previstas en el artículo 28 del Reglamento n.º 1013/2006. En ese contexto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el punto 17 de las presentes conclusiones se desprende que, en un procedimiento por incumplimiento, corresponde a la Comisión o al Estado miembro que ha interpuesto el recurso probar la existencia del incumplimiento alegado, aportando al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que este pueda verificar la existencia de tal incumplimiento, sin poder basarse en una presunción.

68.      De ello se deduce que la Comisión, o el Estado miembro demandante, no pueden limitarse a invocar la presunción prevista en el artículo 28, apartado 1, de dicho Reglamento, ni basarse únicamente en la constatación de una discrepancia entre las autoridades competentes de expedición y de destino en cuanto a la existencia de un traslado ilícito de residuos, para deducir de ello que un traslado de residuos debe someterse al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito.

69.      Habida cuenta de lo anterior, propongo que se desestime la segunda imputación.

C.      Tercera imputación, basada en el incumplimiento de la obligación de cooperación leal

70.      La República de Polonia sostiene que la República Federal de Alemania ha incumplido la obligación de cooperación leal que le incumbe en virtud del artículo 4 TUE, apartado 3, al no haber adoptado medidas dirigidas a aclarar los hechos relativos a los traslados ilícitos de residuos a los emplazamientos en cuestión y a permitir, por tanto, la aplicación de las disposiciones controvertidas del Reglamento n.º 1013/2006. Imputa a la República Federal de Alemania, en primer término, haber adoptado una actitud meramente pasiva durante sus conversaciones, como demuestra el hecho de que las autoridades alemanas no respondieran, o respondieran de manera extemporánea, a determinados escritos remitidos por las autoridades polacas; en segundo término, haberse limitado a trasladar el expediente a las autoridades regionales, después de que se acudiera a las autoridades federales precisamente porque las autoridades regionales no habían respondido; en tercer término, haberse negado a participar en inspecciones conjuntas y, en cuarto término, no haber llevado a cabo la retirada de los residuos en lo que respecta al emplazamiento n.º 1 (Tuplice) en nueve años.

71.      En cuanto a la admisibilidad de la tercera imputación, sobre la que la República Federal de Alemania tiene sus reservas, me limitaré simplemente a señalar que, en su denuncia presentada ante la Comisión, la República de Polonia formuló, aunque de manera muy general, una imputación basada en el incumplimiento de la obligación de cooperación leal.

72.      En cuanto a la aplicabilidad del artículo 4 TUE, apartado 3, que la República Federal de Alemania cuestiona a la luz de la existencia de disposiciones específicas aplicables al procedimiento de traslado de residuos, (88) creo que la existencia de disposiciones puntuales sobre la cooperación entre los Estados miembros afectados en el Reglamento n.º 1013/2006 no se opone a que, en lo que respecta a cuestiones no expresamente reguladas en él, pueda aplicarse entre esos Estados miembros el principio general de cooperación leal, consagrado en dicho artículo 4 TUE, apartado 3. (89)

73.      Sobre esta cuestión, en lo que respecta al emplazamiento n.º 1 (Tuplice), conviene señalar que, mediante su tercera imputación, basada en la infracción del artículo 4 TUE, apartado 3, la República de Polonia se refiere, en esencia, al mismo comportamiento que el que constituye el incumplimiento del plazo de retirada de los residuos previsto en el artículo 24, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1013/2006. Pues bien, como ya se ha alegado y declarado esa infracción en el contexto de la primera imputación, ese Estado miembro no puede invocar también una infracción del artículo 4 TUE, apartado 3, que es una disposición de carácter más general. (90)

74.      En lo que respecta al fundamento de la tercera imputación, relativa a la supuesta falta de cooperación de las autoridades alemanas con las autoridades polacas, ha de señalarse que, pese a la complejidad de los expedientes relativos a los emplazamientos de que se trata y de las profundas discrepancias entre las partes sobre la mayor parte de la información y pruebas intercambiadas durante el procedimiento, ambas han cooperado, no obstante, para llegar a soluciones, sin que estas actuaciones hayan logrado, en la mayoría de los casos, su objetivo.

75.      En primer lugar, no creo que las autoridades alemanas hayan infringido el artículo 4 TUE, apartado 3, por no atender las numerosas solicitudes de retirada de las autoridades polacas, habida cuenta, en particular, de que, por un lado, las autoridades alemanas colaboraron con las autoridades polacas, realizando, en particular, inspecciones a las sociedades que, según tales autoridades, eran sospechosas de estar en el origen de los traslados ilícitos de residuos, (91) y, por otro lado, las pruebas aportadas no eran suficientes para emitir órdenes de retirada. (92)

76.      En segundo lugar, la circunstancia que invoca la República de Polonia de que, en determinados casos, las autoridades federales alemanas remitieron el expediente a las autoridades regionales afectadas no constituye, en sí, una prueba que demuestre un incumplimiento de la obligación de cooperación de las primeras, a la luz de sus competencias en materia de gestión de residuos. (93)

77.      Por último, la supuesta falta de voluntad de las autoridades alemanas de participar en las inspecciones conjuntas de los emplazamientos n.^os 5 y 6 estaba justificada por la falta de información adecuada sobre la naturaleza y procedencia de los residuos. En mi opinión, esa situación puede ilustrar legítimamente que existía una discrepancia con las autoridades polacas, pero no basta tampoco para acreditar la existencia de un incumplimiento de la obligación de cooperación leal.

78.      En conclusión, parece que las autoridades alemanas respondieron a las solicitudes y peticiones formuladas por las autoridades polacas y llevaron a cabo sus propias investigaciones sobre los productores de residuos alemanes señalados por estas últimas. Si bien es cierto que en varias ocasiones se produjeron retrasos en las respuestas a sus solicitudes y peticiones, esos retrasos afectaron a ambas partes, de modo que no puede atribuirse exclusivamente a la República Federal de Alemania una actitud «pasiva».

79.      Habida cuenta de lo anterior, propongo que se desestime la tercera imputación.

VI.    Conclusión

80.      Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que:

–        Estime la primera imputación del recurso de casación referida al emplazamiento n.º 1 (Tuplice); y,

–        Desestime el recurso en todo lo demás.

1      Lengua de procedimiento: francés.

2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DO 2006, L 190, p. 1; Corrección de errores en DO 2013, L 334, p. 46).

3      Se trata, más concretamente, de los artículos 24, apartado 2, párrafos primero y segundo, y 28, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006, y del artículo 4 TUE, apartado 3. Según la demanda, la denuncia también guardaba relación con traslados de residuos al emplazamiento n.º 7 (Babin), que no forma parte del objeto del presente recurso por incumplimiento.

4      Artículo 24, apartado 2, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 2, punto 35, letras e) y g), inciso iii), del Reglamento n.º 1013/2006.

5      Artículo 24, apartado 2, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 2, punto 35, letra g), inciso iii), del Reglamento n.º 1013/2006.

6      La Comisión apoya las pretensiones que figuran en la demanda en la medida en que guardan relación con las infracciones indicadas en su dictamen motivado.

7      Artículo 24, apartado 2, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 2, punto 35, letras a), b), e) y g), incisos i) y iii), del Reglamento n.º 1013/2006.

8      Artículo 28, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006.

9      Artículo 4 TUE, apartado 3.

10      Artículo 24, apartado 2, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 2, punto 35, letras a), b), e) y g), incisos i) y iii), de ese mismo Reglamento.

11      Más concretamente, con arreglo al principio de corrección en la fuente o principio de proximidad, la normativa de la Unión fomenta la eliminación o la valorización de los residuos lo más cerca posible de su lugar de producción, de modo que las reglas en materia de traslado de residuos tienen, a este respecto, carácter excepcional y deben ser objeto de una interpretación estricta. Véanse, en particular, el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO 2008, L 312, p. 3), y el considerando 20 del Reglamento n.º 1013/2006. Véase asimismo, por analogía, la sentencia de 4 de marzo de 2010, Comisión/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115), apartados 64 a 66 y jurisprudencia citada.

12      Según el considerando 7 del Reglamento n.º 1013/2006, es importante organizar y regular la vigilancia y el control de los traslados de residuos de forma que se tenga en cuenta la necesidad de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y la salud humana (véase la sentencia de 9 de junio de 2016, Nutrivet, C‑69/15, EU:C:2016:425, apartado 32).

13      Véase la sentencia de 23 de octubre de 2025, Naturvårdsverket (Tratamiento de residuos tras su retirada) (C‑221/24 y C‑222/24, EU:C:2025:818), apartado 49 y jurisprudencia citada.

14      La lista de residuos sujetos a los requisitos de información general a que hace referencia el artículo 18 del Reglamento n.º 1013/2006 se denomina, en el anexo III del citado Reglamento, «lista “verde” de residuos».

15      De conformidad con el artículo 3, punto 15, de la Directiva 2008/98, constituye una «valorización» cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general. El anexo II de esta Directiva contiene una lista no exhaustiva de operaciones de valorización, que incluye las operaciones R 5 («Reciclado o regeneración de otras materias inorgánicas») y R 13 [«Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo)»].

16      En esencia, esa disposición define, en particular, el «traslado ilícito» como todo traslado de residuos que no haya sido objeto del procedimiento de notificación y autorización previas por escrito [supuestos previstos en las letras a) y b)]; que dé lugar a una valorización o a una eliminación que infrinja la normativa pertinente [supuesto previsto en la letra e)]; que esté sujeto al procedimiento de información en relación con residuos que no figuran en los anexos III, IIIA o B, o que se efectúe de un modo no especificado en el formulario del anexo VII [supuestos previstos en las letras g), i) y iii)].

17      Véase, en particular, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Comisión/República Checa (C‑399/17, EU:C:2019:200), apartado 51 y jurisprudencia citada.

18      Véase, en particular, a ese respecto, Prete, L., Infringement Proceedings in EU Law, Wolters Kluwer, Alphen-sur-le-Rhin, 2017, p. 191.

19      Véase, en particular, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex (C‑136/24 P, EU:C:2025:977), apartado 114 y jurisprudencia citada.

20      En el sentido del artículo 2, punto 35, letras e) y g), inciso iii), del Reglamento n.º 1013/2006.

21      Los residuos producidos por la sociedad alemana Befesa Zinc Freiberg GmbH fueron enviados a Polonia durante el período comprendido entre noviembre de 2013 y junio de 2015 por otra sociedad alemana, Mineral Projekt Gesellschaft für Planung und Konstruktion GmbH, con código 10 05 01, para ser sometidos a las operaciones de valorización R 13 y R 5. Estos residuos fueron enviados a la sociedad polaca POO RYNIED S.C., designada en el formulario que figura en el anexo VII del Reglamento n.º 1013/2006 como destinataria de dichos residuos para su valorización. Ahora bien, esa sociedad carecía de autorización para llevar a cabo esa valorización y dirigió posteriormente esos residuos a la sociedad EURO-TOR RECYCLING sp. z o.o. Esta última solo tenía autorización para llevar a cabo la valorización de parte de los residuos y, además, no figuraba en el formulario del anexo VII.

22      Inicialmente, las autoridades alemanas exigieron la retirada de los residuos a la sociedad encargada de la organización del traslado y, posteriormente, tras la situación de concurso de dicha entidad, instaron al productor de los residuos a hacerse cargo de los gastos de su retirada.

23      Véanse las conclusiones del Abogado General Pikamäe presentadas en el asunto República Checa/Polonia (Mina de Turów) (C‑121/21, EU:C:2022:74), punto 49. En efecto, esa situación es distinta a la de un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE, en el cual, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado miembro tal como esta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia [véase la sentencia de 5 de noviembre 2019, Comisión/Polonia (Independencia de los tribunales ordinarios) (C‑192/18, EU:C:2019:924), apartado 45 y jurisprudencia citada].

24      Con carácter subsidiario, procede observar que ese plazo habría expirado también si se tomase como dies a quo la fecha del dictamen motivado de la Comisión, como sostiene dicha institución en sus observaciones escritas.

25      Por otra parte, la normativa vigente antes de la adopción del Reglamento n.º 1013/2006, es decir, el Reglamento (CEE) n.º 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO 1993, L 30, p. 1), establecía en su artículo 26, apartado 2, ese mismo plazo en términos prácticamente idénticos, es decir, «en un plazo de treinta días a partir del momento en que la autoridad competente haya sido informada del tráfico ilícito, o en cualquier otro plazo que acuerden las autoridades competentes afectadas» [véase asimismo, con una redacción muy similar, el artículo 14, apartado 2, de la propuesta de la Comisión de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad, de 10 de octubre de 1990, COM(90) 415 final].

26      Por otro lado, de conformidad con el artículo 32, apartado 2, letra c), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65), se puede utilizar el procedimiento negociado sin publicación previa para los contratos de obras, de suministro y de servicios «cuando, en la medida en que sea estrictamente necesario por razones de urgencia imperiosa resultante de hechos que el poder adjudicador no haya podido prever, no puedan respetarse los plazos de los procedimientos abiertos, restringidos o de licitación con negociación».

27      Ha de recordarse que el artículo 24, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006 no somete ese acuerdo a ningún requisito particular.

28      Se trata de extractos de un escrito de 19 de enero de 2021 (anexo B.6) y de un correo electrónico de 2 de mayo de 2023 (anexo B.7) enviados por las autoridades polacas a las autoridades alemanas. El primero indicaba lo siguiente: «[P] lease inform the Chief Inspector of Environmental Protection what measures have been taken and whether the aproximate date of return the waste to Germany is already known» [«Por favor, informe al Inspector General de Protección del Medio Ambiente de las medidas adoptadas y comuníquele si ya se conoce la fecha aproximada de envío de los residuos a Alemania» (traducción libre)]. El segundo estaba redactado en los siguientes términos: «[…] could you provide current stage of the case? Has the court already issued a ruling on the case?» [«[…] podría indicarnos cómo va el asunto? ¿El tribunal ya ha adoptado una resolución?» (traducción libre)]. A este respecto, el Tribunal de Justicia debe llevar a cabo una apreciación fáctica con sujeción al principio de libre apreciación de la prueba de conformidad con los principios recordados en el punto 17 de las presentes conclusiones.

29      La retirada de tales residuos, en el sentido del artículo 24, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006 era exigible, en determinados casos, debido a que las empresas alemanas trasladaron esos residuos como residuos incluidos en la lista «verde» (véase la nota 14 de las presentes conclusiones), recurriendo al procedimiento de información, a pesar de que esos residuos, al no estar comprendidos en dicha lista, deberían haberse trasladado conforme al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito (véase el punto 13 de las presentes conclusiones). En otros casos, esa retirada era necesaria porque las empresas polacas destinatarias de los residuos no eran titulares de las autorizaciones exigidas para su tratamiento.

30      Según la República Federal de Alemania, no ha quedado acreditado que se efectuaran los traslados ilícitos de que se trata ni que puedan imputarse traslados ilícitos a las empresas alemanas afectadas. La Comisión está de acuerdo con esa postura, a excepción de una parte de los traslados relativos al emplazamiento n.º 2.

31      Véanse, respectivamente, los anexos A.14 y A.29 (actas de las inspecciones realizadas en esos emplazamientos por las autoridades polacas).

32      En lo que respecta al emplazamiento n.º 3, en su demanda, la República de Polonia se refiere a una cantidad de 3 360 toneladas y, en su réplica, a una cantidad de 1 039 toneladas (véase el anexo C.2). En la vista, precisó que se trataba de una estimación aproximada.

33      En el sentido del artículo 2, punto 35, letras e) y g), inciso iii), del Reglamento n.º 1013/2006 en lo que respecta al emplazamiento n.º 2, y en el sentido del artículo 2, punto 35, letras a), b), e) y g), incisos i) y iii), del citado Reglamento en lo concerniente al emplazamiento n.º 3.

34      En los traslados de residuos al emplazamiento n.º 2 intervinieron, por un lado, las sociedades productoras o expedidoras alemanas ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (con sede en Braunschweig, Alemania), ALBA Niedersachsen-Anhalt GmbH (con sede en Seehausen, Alemania) (en lo sucesivo, «ALBA Seehausen»), Altmärkische Entsorgung und Transport GmbH (en lo sucesivo, «Altmärkische»), Schutt-Karl GmbH, Parentin Gmbh, Drekopf Recyclingzentrum Leipzig GmbH (en lo sucesivo, «Drekopf»), y Recom Entsorgung (en lo sucesivo, «Recom»), y, por otro lado, la sociedad destinataria polaca Bravet sp. z o.o. En los traslados de residuos al emplazamiento n.º 3 intervinieron la sociedad expedidora alemana Parentin y la sociedad destinataria polaca PPH LWN sp. z o.o.

35      En las presentes conclusiones hago referencia al catálogo europeo de residuos (CED) y a la clasificación que este establece, mencionados en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos (DO 2000, L 226, p. 3). Esta Decisión ha sido modificada, por última vez, por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014 (DO 2014, L 370, p. 44).

36      Más concretamente, residuos con código 17 08 02, a saber, «materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01» (código que hace referencia a los «materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas»).

37      La sociedad polaca Bravet, destinataria de los residuos trasladados al emplazamiento n.º 2, contaba con una autorización para la valorización (operaciones R 5) de residuos de hormigón y su recogida, pero no para la valorización de residuos de yeso. En cambio, la sociedad polaca PPH LWN, destinataria de los residuos trasladados al emplazamiento n.º 3, no disponía de autorización ni para la recogida ni para la valorización (operaciones R 5) de tales residuos, al menos en las parcelas en las que fueron vertidos.

38      Las empresas alemanas afectadas, conscientes de esa falta de autorización, serían, por lo tanto responsables de esos traslados ilícitos.

39      Así ocurre, por un lado, con respecto a todos los traslados de residuos que la República de Polonia atribuye a las empresas ALBA Braunschweig y Schutt-Karl y, por otro lado, con respecto a una parte de los traslados de residuos que ese Estado miembro atribuye a las empresas ALBA Seehausen, Altmärkische, Parentin, Drekopf y Recom.

40      Véase el correo electrónico de 11 de enero de 2019 (anexo A.24) y el escrito de 5 de marzo de 2019 (anexo A.25). A este respecto, la República de Polonia no formula ninguna observación adicional en su réplica.

41      Por otra parte, en contra de lo que sostiene la República de Polonia, el mero hecho de que se hayan detectado residuos de yeso en el emplazamiento n.º 2 no demuestra, de manera suficiente en Derecho, que esos residuos procedan de la sociedad expedidora alemana Parentin.

42      En efecto, en sus comunicaciones dirigidas a las autoridades alemanas en relación con esos traslados, las autoridades polacas precisaron, en su correo electrónico de 11 de enero de 2019 (anexo A.24), redactado en inglés, lo siguiente: «Normally in this situation we would request for take back but the waste has been mixed together with other plasterboard waste that was already deposited on the land. Therefore it is impossible to distinguish which waste came from which company. I do not know whether take-back in this situation is possible.» [«Normalmente, en este tipo de situaciones, solicitamos la retirada de los residuos, pero estos han sido mezclados con otros residuos de placas de yeso que ya habían sido depositados sobre el terreno. Por ello, es imposible distinguir qué residuos proceden de cada empresa. No sé si es posible una retirada en este caso.» (traducción libre)]. Dichas autoridades también solicitaron la opinión de sus interlocutores sobre esta situación («please let me know your views on this») [«Por favor, deme su opinión sobre esto» (traducción libre)] y les instaron comunicar a las sociedades alemanas afectadas (a saber, Drekopf y Recom) que la sociedad destinataria polaca Bravet no podía tratar residuos con código 17 08 02 y que, en lo sucesivo, debía bloquearse cualquier traslado de este tipo de residuos. El escrito de 5 de marzo de 2019 (anexo A.25), en su traducción en lengua inglesa redactada por esas autoridades, repetía que los traslados en cuestión «were mixed with each other and with the waste already on the site, which made it impossible to distinguish between them and take-back was not possible» [«han sido mezclados entre ellos y con los residuos ya presentes en el emplazamiento, lo que ha hecho imposible su identificación y su retirada»]. En su réplica, la República de Polonia precisó que los residuos fueron descargados y dispersados en el emplazamiento n.º 2 mediante un bulldozer.

43      En efecto, esos traslados, declarados como traslados de residuos de yeso en los formularios del anexo VII, no se mencionaban ni en la primera solicitud de retirada de residuos enviada por las autoridades polacas (anexo A.35) ni en posteriores comunicaciones (anexos A.36 a A.44). En su réplica, la República de Polonia precisó que esa circunstancia se había invocado para demostrar que, a diferencia de lo que alegaba la sociedad expedidora alemana Parentin, esa empresa no enviaba solamente residuos de hormigón, sino también de yeso. Durante la vista, se remitió al correo electrónico de 11 de enero de 2024 (anexo A.24) (véase la nota 42 de las presentes conclusiones).

44      Más concretamente, de los autos a disposición del Tribunal de Justicia resulta que la sociedad polaca Bravet, empresa destinataria de los residuos enviados al emplazamiento n.º 2, disponía de una autorización para la recogida y valorización (operaciones R 5) de residuos de hormigón y para la recogida, pero no para la valorización, de residuos de yeso (véanse los anexos A.15, A.17 y B.12), y que la sociedad polaca PPH LWN, destinataria de los residuos dirigidos al emplazamiento n.º 3, contaba con una autorización para la recogida de residuos de hormigón (en algunas parcelas), pero no para su valorización (anexo A.30).

45      A los efectos de la citada disposición, la «recogida» se define como «la operación consistente en juntar residuos, incluida su clasificación y almacenamiento iniciales con el objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento de residuos». El considerando 15 de la Directiva 2008/98 subraya que «es necesario distinguir entre el almacenamiento inicial de los residuos a la espera de su recogida, la recogida de residuos y el almacenamiento de residuos a la espera de su tratamiento» y que «los establecimientos o empresas que producen residuos durante sus actividades no deben considerarse dedicados a la gestión de residuos y sometidos a autorización para el almacenamiento de sus residuos a la espera de la recogida de los mismos». El considerando 16 de dicha Directiva precisa, en particular, que «el almacenamiento inicial de los residuos en el ámbito de la definición de recogida se entiende con el significado de actividad de almacenamiento en espera de su recogida en instalaciones en las cuales se descargan los residuos para poder prepararlos para su transporte posterior a otro lugar para su valorización o eliminación». Este considerando añade que «debe establecerse una distinción entre el almacenamiento inicial de residuos en espera de recogida y el almacenamiento de residuos en espera de tratamiento, para los fines de la presente Directiva, en función del tipo de residuos, el tamaño y el período de tiempo del almacenamiento y la finalidad de la recogida».

46      El anexo II de la Directiva 2008/98 define la «operación de valorización R 13» como el «almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo)». Además, la nota referida a esa definición precisa que «almacenamiento temporal significa almacenamiento inicial en el sentido del artículo 3, punto 10» de dicha Directiva (véase la nota 45 de las presentes conclusiones). En el presente asunto, parece que la autorización concedida a la sociedad destinataria polaca Bravet para la «recogida» de los residuos (anexos A.17 y B.12) no alude a las operaciones de valorización R 13 y, en cualquier caso, describe el método de recogida, en su apartado 2, punto 3), letra a), como una operación en la que los residuos, en particular, se «almacenan durante un cierto tiempo hasta que se haya recogido una cantidad suficiente, para ser posteriormente trasladados a través de medios de transporte a otro poseedor de residuos que cuente con la autorización adecuada para la gestión de los residuos». Esta definición se corresponde, en mi opinión, con la de «recogida» en el sentido del artículo 3, punto 10, de la Directiva 2008/98 y se aparta de la definición de «almacenamiento» prevista en el marco de la operación de valorización R 13.

47      Por consiguiente, se plantea la cuestión del reparto del riesgo entre, por un lado, las empresas productoras o expedidoras de los residuos y, por otro lado, las empresas destinatarias de esos residuos, en caso de que figure información incorrecta en el formulario del anexo VII o en los demás documentos relativos a su traslado.

48      Véase la nota 11 de las presentes conclusiones.

49      A este respecto, no comparto plenamente la postura adoptada por la Comisión en su dictamen motivado según la cual, en esencia, los organizadores únicamente incurren en responsabilidad si tienen «fácil acceso» a la información relativa a las autorizaciones cuando cumplimentan el formulario del anexo VII. En efecto, creo que ese planteamiento es excesivamente vago y limitado en lo que respecta a la responsabilidad del productor o expedidor de los residuos, que, aunque no esté obligado a comprobar la validez de los documentos exigidos (siendo evidentemente cualquier eventual falsificación de tales documentos imputable a la empresa que los ha facilitado), no puede contentarse con las meras declaraciones del destinatario, sino que está obligado a adoptar una actitud proactiva consistente, como mínimo, en solicitar una copia de la autorización concedida al destinatario (salvo si, por ejemplo, esa copia le ha sido facilitada con ocasión de traslados anteriores). Por otra parte, en la vista, la Comisión no fue capaz de precisar las situaciones concretas en las que podría demostrarse que una empresa tiene «fácil acceso» a la información relativa a las autorizaciones, pues ello depende de circunstancias fácticas a menudo ajenas a la voluntad de dicha empresa y que, por tanto, no son decisivas en cuanto a la apreciación de la diligencia de esta. Este enfoque relativamente estricto con respecto al productor o expedidor de los residuos también encuentra su fundamento, en mi opinión, por una parte, en el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/98, según el cual, cuando los residuos sean transferidos, para el tratamiento inicial, por el productor inicial u otro poseedor a un negociante, entidad o empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento de residuos, o a un recolector de residuos, como norma general no habrá exención de la responsabilidad de llevar a cabo una operación de valorización o de eliminación completas y, por otra parte, en el considerando 18 del Reglamento n.º 2013/2006, según el cual, habida cuenta de la responsabilidad de los productores de residuos en la gestión ambientalmente correcta de los residuos, deben cumplimentar ellos mismos, en la medida de lo posible, los documentos de notificación y movimiento relativos a los traslados de residuos. Véase asimismo, en el mismo sentido, por analogía, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Brady (C‑113/12, EU:C:2013:627), apartado 78.

50      Véase el punto 35 de las presentes conclusiones.

51      Véase el punto 37 de las presentes conclusiones.

52      Es cierto que el formulario del anexo VII remite a las instrucciones que figuran en el anexo I C del Reglamento n.º 1013/2006 y que el punto 21 de ese anexo precisa, en particular, en lo que respecta a la casilla referente a la instalación de valorización, que «debe incluirse […] la correspondiente información sobre la instalación o instalaciones subsiguientes, donde se realice o pueda realizarse posteriormente cualquier operación R 12/R 13». Sin embargo, ha de señalarse, por un lado, que esas instrucciones guardan relación con los documentos de notificación y solo se aplican de forma accesoria a los documentos del procedimiento de notificación. El requisito de indicar las instalaciones de valorización no intermedias solo se establece en el artículo 15, letra a), de dicho Reglamento, que forma parte de su capítulo I, que es aplicable al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito y no al de información (la disposición en cuestión precisa que: «cuando un traslado de residuos se destine a una operación de valorización o eliminación intermedia, todas las instalaciones en las que se prevea realizar una posterior valorización y eliminación intermedia o definitiva también se indicarán en el documento de notificación, además de la operación inicial de valorización o eliminación intermedia»). Por otro lado, ha de señalarse que las instrucciones relativas al procedimiento de información no incluyen la precisión que se recoge en el punto 5, párrafo segundo, del anexo II del citado Reglamento, referido a la información relativa a la notificación, en el sentido de que «cuando un traslado de residuos esté destinado a una operación de valorización o eliminación intermedia, se facilitará información similar respecto de todas las instalaciones en que se prevean posteriores operaciones de valorización y eliminación intermedias y definitivas». El hecho de que las instrucciones relativas al procedimiento de información no incluyan esa precisión me lleva la conclusión de que las exigencias de ese procedimiento son menos estrictas que las relativas al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito en lo que se refiere a la indicación de las instalaciones de valorización.

53      Reglamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativo a los traslados de residuos, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1257/2013 y (UE) 2020/1056, y se deroga el [Reglamento n.º 1013/2006] (DO 2024, L 1157). El artículo 18, apartado 7, de este nuevo Reglamento establece, de manera inédita y explícita, que «cuando un traslado se destine a una valorización intermedia, en el documento a que se refiere el anexo VII también se indicarán, además de la valorización intermedia inicial, la instalación en la que se prevea realizar la valorización intermedia o la valorización final inmediatamente posterior a la valorización intermedia inicial y los códigos R de dichas operaciones, así como, en la medida de lo posible, las instalaciones en las que esté prevista la valorización intermedia o final posteriores y los códigos R correspondientes a dichas operaciones de valorización». En mi opinión, de esta disposición no se desprende necesariamente que no fuera obligatorio indicar las instalaciones posteriores, cuando un traslado estuviera destinado a una valorización intermedia (prevista «en la medida de lo posible»), antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento, a saber, el 21 de mayo de 2026. A falta de cualquier indicación en este sentido en los considerandos o en los trabajos preparatorios que dieron lugar a la adopción de ese Reglamento, dicha disposición podría interpretarse en el sentido de que precisa una obligación ya existente, aunque no identificada expresamente, en el Reglamento n.º 1013/2006.

54      Véase la nota 11 y el punto 45 de las presentes conclusiones.

55      Por lo demás, desde un punto de vista meramente fáctico, me pregunto incluso de qué manera un expedidor, que normalmente acude a una empresa transportista tercera para que efectúe el transporte hasta las instalaciones de valorización, podría controlar de algún modo o incluso simplemente tomar conocimiento del lugar exacto, dentro de la instalación de valorización, en el que se van a verter los residuos.

56      Véanse, respectivamente, los anexos A.48 y A.61 (actas de las inspecciones realizadas en esos emplazamientos por las autoridades polacas).

57      En el sentido del artículo 2, punto 35, letras a), b), e) y g), incisos i) y iii), del Reglamento n.º 1013/2006.

58      En los traslados de residuos al emplazamiento n.º 4 intervinieron, por un lado, el productor alemán Wurzer Wertstoff GmbH (en lo sucesivo, «Wurzer») y el exportador alemán Trade & Service GmbH, y, por otro lado, las empresas intermediarias polacas Inter-Nicco Sp. z. o.o. sp. k. y F.H.U. Marko (en lo sucesivo, «Marko»), y las empresas destinatarias polacas Ekobiopell Invest sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Ekobiopell») y A&P sp. z o.o., mientras que, en los traslados de residuos al emplazamiento n.º 5 intervinieron, por un lado, las sociedades expedidoras alemanas Böhme GmbH y Lobbe RSW GmbH (en lo sucesivo, «Lobbe») y, por otro lado, las empresas destinatarias polacas Havel Investment sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Havel») y Recovery Green Recycling sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Recovery»), en los terrenos de RS Robert Szymkowicz. En su demanda, la República de Polonia indica el código de otra empresa alemana cuya identidad no se ha precisado, pero únicamente solicita la retirada de los residuos de Lobbe y Böhme. También se refiere, en su réplica, a traslados de residuos supuestamente ilícitos procedentes de las sociedades alemanas PB Solutions GmbH, Borchers Kreislaufwirtschaft GmbH y ALBA Recycling GmbH, sin aportar, no obstante, pruebas suficientes que demuestren la implicación de dichas sociedades en los traslados de residuos al emplazamiento n.º 5. Además, los traslados de residuos supuestamente imputables a esas sociedades ni tan siquiera se mencionan en el anexo C.2, que contiene un resumen de la información y de las pruebas recogidas en el denuncia referida a los traslados de residuos supuestamente ilícitos, incluidos los destinados al emplazamiento n.º 4.

59      Más concretamente, residuos con código 19 12 12, es decir, «otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11 [código que hace referencia a “otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas”]».

60      Wurzer supuestamente trasladó los residuos a través del organizador Trade & Service, que celebró un contrato de traslado de residuos con Inter-Nicco. Esa última entidad los encaminó, a continuación, en virtud de un contrato de intermediación con Marko, a una instalación de Gliwice, gestionada por las sociedades Ekobiopell y A&P, con las que Marko había celebrado contratos de traslado de residuos.

61      En efecto, esos residuos de plástico estaban contaminados con otros materiales, de modo que no podían clasificarse con el código de los residuos de plástico.

62      Véase, en cuanto a la intervención de otras sociedades, a que se refiere la República de Polonia, la nota 58 de las presentes conclusiones.

63      Después de que los medios de transporte llegaran a territorio polaco, los formularios del anexo VII iniciales fueron sustituidos por otros nuevos en los que «Spółdzielnia Socjalna „PLUS” Żagań», figuraba como sociedad encargada del traslado y «Sarbia 36», como destinataria. Además, los pedidos y las facturas de transporte indicaban como lugares de carga las localidades alemanas en las que Lobbe y Böhme tienen su sede, y Sarbia, como lugar de entrega.

64      Los residuos en cuestión fueron enviados, inicialmente, a esa empresa en Jawiszowice y, en un segundo momento, a otros destinatarios en Gliwice.

65      Además, esos residuos no se transportaron a la instalación de valorización identificada en los documentos de transporte y en los formularios del anexo VII, sino directamente a Sarbia, donde no hay ninguna instalación de valorización, sobre la base, por lo demás, de documentos de traslado falsos.

66      Véase el anexo B.20.

67      Véase el anexo A.59 (documentos relativos a la entrega de residuos procedentes de Alemania en Gliwice).

68      En efecto, según los documentos aportados por la República de Polonia [como facturas, órdenes de transporte, documentos CMR, comprobantes de pesaje y formularios del anexo VII (véase, a este respecto, el anexo A.59)], parece probable que determinados traslados de residuos se hicieran directamente desde Alemania hacia Gliwice.

69      En particular, los testimonios de los conductores recabados en el contexto de la instrucción de un procedimiento penal (anexo A.58) y la declaración del representante de Marko (anexo A.56) no arrojan ninguna información determinante a este respecto. Asimismo, las fotografías tomadas durante la inspección, en la que se aprecian residuos de productos alemanes (y austriacos), no bastan, por sí solas, para imputar la responsabilidad de esos residuos a las sociedades alemanas afectadas (anexo A.48). Por otra parte, el hecho de que las sociedades A&P y Ekobiopell no cuenten con ninguna autorización para el tratamiento de residuos no puede generar la responsabilidad de las sociedades alemanas que originaron tales residuos, dado que no existe ningún vínculo directo entre las sociedades alemanas y polacas afectadas.

70      Los formularios del anexo VII, cumplimentados por las dos sociedades alemanas afectadas, clasifican los residuos como residuos de plástico incluidos en la lista «verde» e indican, por un lado, a Lobbe como organizador del traslado y a Havel, en Chełmek, como su destinatario y como instalación de valorización, y, por otro lado, a Böhme como organizador del traslado, a Recovery, como su destinatario, y a Havel, como instalación de valorización.

71      Conviene mencionar, en particular, la inspección llevada a cabo por las autoridades polacas (anexo A.61) y las conclusiones alcanzadas en el contexto de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Regional de Tarnów (anexo A.67).

72      Esta «solicitud de neutralización» consistió, en esencia, en sustituir los documentos de origen (en particular, los formularios del anexo VII) por documentos falsos. Por ejemplo, la República de Polonia destaca una indicación adicional que figura en el contrato de transporte celebrado entre las sociedades polacas Karol y Hunters Investment, en el sentido de que «es básico que el conductor no especifique el destino de las mercancías en el momento de la carga» (véase el anexo A.66).

73      En efecto, no hay ninguna prueba que demuestre que las sociedades alemanas estaban informadas de ese desvío que es principalmente imputable a sociedades polacas. A este respecto, la República de Polonia invoca un formulario del anexo VII (anexo A.70), que presuntamente demuestra la existencia de una cierta cooperación entre Lobbe y Logistics Hunters, que es la sociedad que supuestamente se encargó del transporte de los residuos desde Alemania directamente hasta Sarbia. Sin embargo, este documento, al igual que los demás formularios del anexo VII disponibles, se refiere, en realidad, a un traslado de residuos a la instalación de Havel en Chełmek. En estas circunstancias, la cuestión de en qué medida los residuos de que se trata podían clasificarse con el código 19 12 04 correspondiente al código B 3010 del Convenio de Basilea para el Control de la Eliminación y el Transporte Transfronterizo de Residuos Peligrosos, firmado el 22 de marzo de 1989, aprobado en nombre de la Comunidad Económica Europea mediante Decisión 93/98/CEE, de 1 de febrero de 1993 (DO 1993, L 39, p. 1), habida cuenta de su nivel de impureza, no es determinante. En cualquier caso, no creo que haya quedado acreditado que dichos residuos rebasaran el nivel de impureza permitido por la definición del código B 3010 del Convenio de Basilea, interpretado a la luz del documento de la Comisión titulado «Frequently Asked Questions (FAQs) on Regulation (EC) 1013/2006 on shipments of waste», que puede consultarse, en inglés, en la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/faq.pdf.

74      A este respecto, la República de Polonia se limita a reafirmar en su réplica que se estimaba que la cantidad de residuos presentes en Sarbia era de 8 700 toneladas aproximadamente y que, en su mayor parte, eran de origen alemán.

75      Véanse los anexos A.72 (acta de la inspección realizada en ese emplazamiento por las autoridades polacas) y A.73 (fotografías tomadas en ese emplazamiento).

76      Residuos municipales mezclados, comprendidos en el código 19 12 12 (aproximadamente un 70 %), contaminados con materia orgánica y otros residuos plásticos incluidos en el código 19 12 04 (aproximadamente un 30 %), que contenían contaminantes minerales.

77      En el sentido del artículo 2, punto 35, letras a), b), e) y g), incisos i) y iii), del Reglamento n.º 1013/2006.

78      En los traslados de residuos hasta el emplazamiento en cuestión intervinieron, por un lado, las empresas alemanas Lobbe, Vorberg Recycling GmbH, WAZ Werstoff-Aufberentulgs-Zentrum GmbH y TAK GmbH, y, por otro lado, la empresa polaca Ecomed Adam Macech, arrendataria de un almacén temporal en Bzowo.

79      En particular, la inspección llevada a cabo por las autoridades polacas y las conclusiones alcanzadas en el contexto de la investigación penal realizada por la Fiscalía Regional de Tarnów (véase el anexo A.74, escrito de esta última).

80      Véase la autorización concedida a la sociedad Ecomed Adam Macech para la recogida de residuos de plástico (anexo A.72, p. 3042).

81      Por ejemplo, las fotografías tomadas en el emplazamiento n.º°6 (anexos A.72 y A.73), en los que se aprecian residuos que portan etiquetas con el número de identificación de Lobbe (10999), ponen desde luego de manifiesto que en ese emplazamiento había residuos procedentes de esa empresa, pero no permiten demostrar, de manera suficiente en Derecho, que esa empresa interviniera en su transporte. Aunque no puede excluirse que dicha empresa estuviera informada del transporte, también es posible que las sociedades polacas organizaran traslados ilícitos sin su participación.

82      Por ejemplo, los datos que figuran en los formularios del anexo VII que pueden vincularse a la sociedad Lobbe solo se referían a traslados de residuos de plástico con código 19 12 04 con destino a Havel Investment en Chełmek (véase el anexo B.33).

83      Véase el anexo A.74 (documentos de la Fiscalía de Tarnów), en particular p. 3146.

84      Por lo demás, en contra de lo que sostiene la República de Polonia, no creo que la sentencia de 9 de junio de 2016, Nutrivet (C‑69/15, EU:C:2016:425), apartados 37 y 38, sea pertinente a este respecto. En efecto, en dicho asunto había quedado acreditado que los documentos de acompañamiento controvertidos en el litigio principal indicaban a una sociedad distinta a aquella a la que los residuos de que se trata en el litigio principal estaban efectivamente destinados, con sede en otro Estado miembro, y que constaba como instalación de valorización, aunque no estaba situada en el país de destino indicado en ese mismo documento.

85      Véase el apartado 214 de la denuncia (anexos A.81 y B.5). Por esa razón, la República Federal de Alemania propone la inadmisibilidad de esa imputación en la medida en que se formula en relación con los emplazamientos n.^os 3, 4 y 6, mientras que la República de Polonia, pese a reconocer que su denuncia únicamente se refería al emplazamiento n.º 5, aduce que la alusión a los emplazamientos n.^os 3, 4 y 6 en la demanda no constituye una ampliación del objeto de la segunda imputación, sino únicamente una precisión aportada por la misma. Véase en ese sentido, Prete, L., Infringement Proceedings in EU Law, Wolters Kluwer, Alphen-sur-le-Rhin, 2017, p. 203.

86      Aunque el tenor del artículo 28, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006 utiliza la expresión de «residuos “notificados”», creo que se aplica asimismo a los residuos inicialmente sujetos al procedimiento de información. En efecto, cualquier otra interpretación daría lugar al paradójico resultado de que esa disposición únicamente fuera aplicable (generando, en consecuencia, una obligación de notificación) cuando los residuos ya hubieran sido notificados. En cambio, la interpretación que propongo resulta coherente con el contexto en el que se inscribe esta disposición, que está comprendida en el capítulo [5] de dicho Reglamento, titulado «Disposiciones administrativas generales», así como con su objetivo, que consiste precisamente en resolver las diferencias de opinión entre las autoridades en cuanto a la aplicación del artículo 3 de dicho Reglamento.

87      En otras palabras, el artículo 28, apartado 2, del Reglamento n.º 1013/2006 instaura una clasificación subsidiaria de los residuos en caso de diferencia de opinión entre las autoridades afectadas, que da lugar a la aplicación del procedimiento de notificación y autorización previas por escrito establecido en el artículo 3, apartado 1, del citado Reglamento. Este planteamiento es conforme con los principios de cautela y acción preventiva, en la medida en que garantiza el nivel de vigilancia y de control más elevados, con arreglo a ese Reglamento. De ello resulta que el procedimiento de notificación y autorización previas por escrito debe considerarse el procedimiento por defecto para garantizar una supervisión y un control óptimos de los traslados de residuos en la Unión para proteger el medio ambiente y la salud humana. En cambio, el procedimiento de información solo es adecuado para los residuos que requieren un menor nivel de vigilancia y control.

88      Ese Estado miembro pone en duda la aplicabilidad del artículo 4 TUE, apartado 3, en el presente asunto alegando que el Reglamento n.º 1013/2006 contiene disposiciones específicas sobre la cooperación entre los Estados miembros, que, por consiguiente, constituyen una lex specialis.

89      En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el incumplimiento de la obligación general de cooperación leal que se deriva del artículo 4 TUE, apartado 3, es distinto del incumplimiento de las obligaciones específicas en las que esta se manifiesta. En consecuencia, solo procede declarar que se ha producido tal incumplimiento en la medida en que este se refiera a comportamientos distintos de aquellos que constituyen el incumplimiento de esas obligaciones específicas [sentencia de 17 de diciembre de 2020, Comisión/Eslovenia (Archivos del BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, apartado 121 y jurisprudencia citada].

90      Véase la jurisprudencia citada en la nota anterior de estas conclusiones. Véase también la sentencia de 30 de abril de 2024, Letonia/Suecia (Sistemas de garantía de depósitos), C‑822/21, EU:C:2024:373, apartados 99 y 100 y jurisprudencia citada.

91      En efecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, en un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE, la Comisión, que no dispone de facultades propias de investigación en la materia, depende en gran medida de los elementos proporcionados por los eventuales denunciantes, por los organismos privados o públicos activos en el territorio del Estado miembro de que se trate, así como por el propio Estado miembro, de manera que incumbe a las autoridades nacionales efectuar en primera instancia las comprobaciones necesarias, en un espíritu de cooperación leal, de conformidad con el deber de todo Estado miembro de facilitar la misión general de la Comisión (véase, en ese sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Comisión/Eslovenia, C‑140/14, EU:C:2015:501, apartados 40 a 43 y jurisprudencia citada). El mismo principio se aplica, en mi opinión, en el contexto de un recurso por incumplimiento basado en el artículo 259 TFUE.

92      Véase mi análisis referido a la primera imputación respecto a los emplazamientos n.^os 2 a 6.

93      En efecto, aunque el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni situaciones de su ordenamiento jurídico interno, incluidas las que derivan de su organización federal, para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por el Derecho de la Unión (véase, en tal sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Comisión/Alemania, C‑383/00, EU:C:2002:289, apartado 20), el único caso que invocan las autoridades polacas a este respecto, relativo al emplazamiento n.º 3, se concluyó, al cabo de varios intercambios de correspondencia (anexos A.37, A.39 y A.40), con una respuesta denegatoria de las autoridades competentes (anexo A.44).