Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. ATHANASIOS RANTOS

presentadas el 11 de junio de 2026 (1)

Asuntos C‑631/24 P y C‑632/24 P

Comisión Europea

contra

Margrete Auken y otros (C‑631/24 P)

y

Comisión Europea

contra

Fabien Courtois y otros (C‑632/24 P)

« Recurso de casación — Reglamento (CE) n.º 1049/2001 — Acceso a los documentos de las instituciones de la Unión Europea — Artículo 4, apartado 1, letra b) — Excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona — Artículo 4, apartado 2, primer guion — Excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de una persona física o jurídica — Reglamento (UE) 2018/1725 — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y de la libre circulación de esos datos — Artículo 9, apartado 1, letra b) — Necesidad de que los datos se transmitan para una finalidad específica de interés público — Transmisión que puede perjudicar los intereses legítimos del interesado y proporcionalidad de dicha transmisión — Documentos relativos a los acuerdos de adquisición anticipada y los contratos de adquisición celebrados entre la Comisión Europea y varias empresas farmacéuticas en el marco de la pandemia de COVID‑19 — Denegación parcial de acceso — Anulación de las Decisiones de la Comisión en la medida en que esta denegó un acceso más amplio, por un lado, a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses firmadas por los miembros del equipo conjunto de negociación para la compra de vacunas y, por otro, a las cláusulas relativas a la indemnización de las empresas farmacéuticas interesadas »






I.      Introducción

1.        Mediante sus recursos de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de las sentencias del Tribunal General de 17 de julio de 2024, Auken y otros/Comisión (T‑689/21, en lo sucesivo, «primera sentencia recurrida», EU:T:2024:476), y Courtois y otros/Comisión (T‑761/21, en lo sucesivo, «segunda sentencia recurrida», EU:T:2024:477), mediante las que dicho Tribunal anuló parcialmente, respectivamente, la Decisión C(2022) 1038 final de la Comisión Europea, de 15 de febrero de 2022, adoptada con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, (2) por la que se concedió a la Sra. Auken y otros (en lo sucesivo, «recurrentes») un acceso parcial a los acuerdos de adquisición anticipada y a los contratos de adquisición celebrados entre la Comisión y las empresas farmacéuticas interesadas para la compra de vacunas contra la pandemia de COVID‑19 (en lo sucesivo, «primera Decisión controvertida»), así como la Decisión C(2022) 1359 final de la Comisión Europea, de 28 de febrero de 2022, adoptada con arreglo al citado artículo 4, por la que se concedió al Sr. Courtois y otros (en lo sucesivo, «recurrentes») un acceso parcial a determinados documentos relativos a la compra de vacunas por esta institución en el marco de dicha pandemia (en lo sucesivo, «segunda Decisión controvertida»), y la versión en lengua francesa de esta última Decisión, comunicada el 31 de marzo de 2022.

2.        El acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión se regula en el Reglamento n.º 1049/2001, mientras que el tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1725. (3) Ambos actos deben interpretarse conjuntamente a efectos del examen de los presentes asuntos.

3.        En estos asuntos se solicita al Tribunal de Justicia que precise, en el contexto de la pandemia de COVID‑19, por un lado, el alcance de la facultad de la Comisión de denegar a personas físicas, invocando la protección de los datos personales, el acceso a los documentos de las instituciones de la Unión relativos, en el caso de autos, a los nombres de los miembros del equipo conjunto de negociación, compuesto por funcionarios de la Comisión y un reducido número de expertos de los Estados miembros, para la compra de vacunas a empresas farmacéuticas, y, por otro lado, el alcance de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de dichas empresas por lo que se refiere a las estipulaciones relativas a la indemnización, por los Estados miembros, de eventuales daños, lo que incumbe normalmente a dichas empresas en razón de su responsabilidad por sus vacunas.

II.    Marco jurídico

A.      Reglamento n.º 1049/2001

4.        El artículo 1 del Reglamento n.º 1049/2001, titulado «Objeto», establece, en su letra a):

«El objeto del presente Reglamento es:

a)      definir los principios, condiciones y límites, por motivos de interés público o privado, por los que se rige el derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo [de la Unión Europea] y de la Comisión […] al que se refiere el artículo 255 [CE], de modo que se garantice el acceso más amplio posible a los documentos.»

5.        El artículo 4 de dicho Reglamento, titulado «Excepciones», dispone en sus apartados 1 y 2:

«1.      Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:

[…]

b)      la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria sobre protección de los datos personales.

2.      Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:

–        los intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual,

[…]

salvo que su divulgación revista un interés público superior.»

B.      Reglamento 2018/1725

6.        El artículo 1 del Reglamento 2018/1725, titulado «Objeto y objetivos», dispone en sus apartados 1 y 2:

«1.      El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por las instituciones y organismos de la Unión y las normas relativas a la libre circulación de dichos datos entre ellos o entre ellos y destinatarios establecidos en la Unión.

2.      El presente Reglamento protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales.»

7.        El artículo 3 de dicho Reglamento, titulado «Definiciones», prevé en su punto 13:

«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

[…]

13)      “destinatario”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero. […]»

8.        El artículo 9 del citado Reglamento, titulado «Transmisiones de datos personales a destinatarios establecidos en la Unión distintos de las instituciones y organismos de la Unión», establece en su apartado 1:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 a 6 y 10, los datos personales solo se transmitirán a destinatarios establecidos en la Unión distintos de las instituciones y organismos de la Unión, cuando:

[…]

b)      el destinatario demuestre que es necesario que le transmitan los datos para una finalidad específica de interés público y el responsable del tratamiento, si existe alguna razón para suponer que se podrían perjudicar los intereses legítimos del interesado, demuestre que es proporcionado transmitir los datos personales para dicha finalidad específica, una vez sopesados, de modo verificable, los diversos intereses concurrentes.»

III. Antecedentes de los litigios

9.        Los antecedentes de los litigios, tal como fueron expuestos por el Tribunal General en los apartados 2 a 13 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 2 a 17 de la segunda sentencia recurrida, pueden resumirse, a efectos de las presentes conclusiones, de la siguiente manera, habida cuenta de que el contexto es común a ambos asuntos.

A.      Contexto común a ambos asuntos

10.      El 14 de abril de 2020, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2020/521, (4) mediante el que activó la asistencia urgente contemplada en el Reglamento (UE) 2016/369, (5) para permitir a la Unión, con espíritu de solidaridad, hacer frente a la crisis ligada a la pandemia de COVID‑19, teniendo en cuenta la rápida propagación del virus y el carácter transnacional de sus efectos, que requerían una respuesta global.

11.      El 17 de junio de 2020, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID‑19». (6) Esta estrategia, destinada a acelerar el desarrollo, la producción y el despliegue de vacunas contra la COVID‑19, se basaba en dos pilares. El primero era garantizar una producción suficiente de vacunas en la Unión y, por lo tanto, suministros suficientes para sus Estados miembros mediante acuerdos de compra anticipada con los productores de vacunas a través del Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente, activado por el Reglamento 2020/521. El segundo era adaptar el marco reglamentario de la Unión a la entonces actual situación de urgencia y hacer uso de la flexibilidad normativa disponible para acelerar el desarrollo, la autorización y la disponibilidad de vacunas, respetando las normas de calidad, seguridad y eficacia de la vacuna.

12.      Desde este punto de vista, la Comisión precisó que los Estados miembros participarían en el proceso desde su inicio y que todos los Estados miembros participantes estarían representados en un comité de dirección, que asistiría en todos los aspectos de los contratos de compra anticipada antes de su firma. También puntualizó que un equipo conjunto de negociación, compuesto por ella misma y un pequeño número de expertos de los Estados miembros, estaría encargado de negociar esos contratos (en lo sucesivo, «equipo conjunto de negociación») y que estos últimos se concluirían en nombre de todos los Estados miembros participantes. La Comisión también afirmó que sería responsable del proceso de contratación pública en nombre de los Estados miembros y de los contratos de compra anticipada celebrados.

13.      Según la Comisión, el marco propuesto debía considerarse como una «póliza de seguro», consistente en transferir una parte del riesgo en que incurría la industria farmacéutica a las autoridades públicas a cambio de garantizar a los Estados miembros un acceso equitativo y asequible a una vacuna, en caso de que se dispusiera de ella.

B.      Asunto C‑631/24 P

14.      Mediante escrito de 20 de enero de 2021, dirigido a la presidenta y a la secretaria general de la Comisión, las recurrentes, miembros del Parlamento, solicitaron, en virtud del Reglamento n.º 1049/2001, el acceso «a los distintos contratos —acuerdos de adquisición anticipada— celebrados entre la Comisión y las sociedades farmacéuticas para la compra de vacunas anti‑COVID‑19» (en lo sucesivo, «primera solicitud inicial»). En dicho escrito se precisaba que, según entendían, ya se habían firmado contratos con las sociedades AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac y Moderna, de modo que la solicitud se refería a dichos contratos y a los que pudieran celebrarse después de la fecha de la solicitud, como el previsto con Novavax.

15.      Mediante escrito de 11 de marzo de 2021, la directora general de la Dirección General (DG) de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión (en lo sucesivo, «DG SANTE») informó a las recurrentes de que había identificado ocho documentos correspondientes a la primera solicitud inicial, a saber, seis acuerdos de adquisición anticipada y dos contratos de adquisición. Indicó que había hecho pública, en una de sus páginas de Internet, una versión expurgada de tres de dichos acuerdos de adquisición anticipada, a saber, los celebrados con AstraZeneca, Sanofi-GSK y CureVac, y que seguía evaluando los documentos restantes y consultando con los terceros afectados con vistas a la adopción de decisiones relativas a su divulgación.

16.      Mediante escrito de 9 de junio de 2021, la directora general de la DG SANTE informó a las recurrentes de que, en respuesta a la primera solicitud inicial, se había concedido un acceso parcial a nueve documentos identificados como comprendidos en el ámbito de dicha solicitud, a saber, los ocho documentos antes mencionados y un contrato de adquisición adicional celebrado con Pfizer-BioNTech. Indicó que las versiones expurgadas de dichos documentos se habían hecho públicas en una de sus páginas de Internet y que los pasajes habían sido expurgados sobre la base de las excepciones relativas a la protección de la intimidad y la integridad de la persona, a la protección de los intereses comerciales y a la protección del proceso de toma de decisiones de las instituciones, establecidas, respectivamente, en el artículo 4, apartados 1, letra b), 2, primer guion, (7) y 3, párrafo primero, del Reglamento n.º 1049/2001.

17.      Mediante escrito de 30 de junio de 2021, las recurrentes presentaron una solicitud confirmatoria con el fin de que la Comisión reconsiderara su postura en relación con los nueve documentos identificados y los divulgara en su integridad, excluyendo los pasajes correspondientes a la excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona, establecida en el artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «primera solicitud confirmatoria»). Los recurrentes invocaron, en particular, el hecho de que los precios indicados en todos los acuerdos de adquisición anticipada celebrados y las versiones íntegras de los acuerdos de adquisición anticipada celebrados con AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna habían sido objeto de filtraciones a través de una red social y en los medios de comunicación, entre diciembre de 2020 y abril de 2021. El 13 de agosto de 2021, la Secretaría General de la Comisión informó a las recurrentes de que aún no podía responder a su solicitud confirmatoria. En esa fecha, la falta de respuesta a la primera solicitud confirmatoria dio lugar a una decisión denegatoria presunta relativa a dicha solicitud, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del referido Reglamento. (8)

18.      El 15 de febrero de 2022, y tras consultar a las empresas farmacéuticas interesadas, conforme al artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.º 1049/2001 (en lo sucesivo, «empresas interesadas»), la Comisión adoptó la primera Decisión controvertida. En dicha Decisión, se indicó que, al evaluar la primera solicitud confirmatoria, la Secretaría General de la Comisión procedió a un nuevo examen de la respuesta dada a la solicitud inicial por la DG SANTE y que, a raíz de ese nuevo examen, se identificaron trece documentos comprendidos en el ámbito de la solicitud de acceso a los documentos, a saber, los nueve documentos antes mencionados y cuatro documentos adicionales.

19.      Mediante la primera Decisión controvertida, la Comisión concedió un acceso parcial a los documentos mencionados en el apartado 11 de la primera sentencia recurrida. Más concretamente, la Comisión concedió un acceso parcial más amplio a determinados documentos, previamente divulgados, así como un acceso parcial a otros documentos, que hasta entonces no habían sido divulgados públicamente, de forma expurgada. (9) Las versiones expurgadas de dichos documentos se adjuntaban a la primera Decisión controvertida.

20.      Para justificar el acceso únicamente parcial a los contratos en cuestión, la Comisión se basó, en la primera Decisión controvertida, en la excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona y en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de las empresas interesadas.

C.      Asunto C‑632/24 P

21.      Mediante escrito de 24 de mayo de 2021, dirigido a la presidenta de la Comisión, también enviado mediante correo electrónico del mismo día a la Secretaría General de la Comisión, dos abogados solicitaron, «en nombre y por cuenta de los 86 000 primeros peticionarios de la plataforma “https://dejavu/legal/”» a los que representaban y entre los que figuraban los recurrentes, el acceso, en virtud del Reglamento n.º 1049/2001, a un cierto número de documentos relativos a la compra por la Comisión, por cuenta de los Estados miembros, de vacunas en el marco de la pandemia de COVID‑19 (en lo sucesivo, «segunda solicitud inicial»). Este escrito contenía asimismo una solicitud de información. En particular, esta segunda solicitud inicial se refería a los acuerdos de compra firmados por la Comisión con los fabricantes de vacunas, la identidad de los representantes de la Unión que habían participado en las negociaciones con dichos fabricantes y las declaraciones de intereses directos o indirectos entre estos representantes y los referidos fabricantes, y estaba redactada haciendo referencia a los siguientes documentos: en primer lugar, la totalidad de los contratos firmados por la Comisión Europea con arreglo al Reglamento 2020/521 y, en concreto, los contratos con Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca; en segundo lugar, la lista, las resoluciones de nombramiento y la identidad completa de los representantes de la Unión en el marco de las negociaciones de los contratos (a saber, nombre, apellido y cargo profesional o institucional), y, en tercer lugar, las declaraciones de intereses directos o indirectos entre los representantes de la Unión mencionados y los productores, los inversores y los financiadores de las vacunas y de otros medicamentos. (10)

22.      Mediante escrito de 30 de julio de 2021, la directora general de la DG SANTE respondió a la segunda solicitud inicial e indicó que había identificado cuarenta y seis documentos correspondientes a dicha solicitud, a saber, cuatro contratos de compra anticipada y tres contratos de compra celebrados por la Comisión con AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen y Moderna, diecisiete documentos denominados «proyectos de memorando de acuerdo» (draft term sheet) y veintidós declaraciones de ausencia de conflictos de intereses. Indicó que se había concedido un acceso parcial a los contratos de compra anticipada y a los contratos de compra antes mencionados, cuyas versiones parcialmente expurgadas se habían publicado en una de sus páginas de Internet. Los pasajes se ocultaron sobre la base de las excepciones relativas a la protección de la intimidad y la integridad de la persona, a la protección de los intereses comerciales de las empresas y a la protección del proceso de toma de decisiones de las instituciones, establecidas en el artículo 4, apartados 1, letra b), 2, primer guion, y 3, del Reglamento n.º 1049/2001. Estos pasajes contenían información comercial sensible relativa, en particular, a las empresas, a sus subcontratistas y a las sociedades vinculadas, incluida información científica sobre las vacunas, el precio, el calendario de despliegue de las vacunas, la capacidad de producción, los conocimientos técnicos y la implicación de expertos y socios, las estrategias comerciales y otra información con valor comercial. También se había concedido un acceso parcial a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, de las cuales se remitió un único ejemplar a los recurrentes, dado que estos documentos solo diferían en cuanto al nombre del firmante, la firma y la fecha de firma. La información se suprimió sobre la base de la excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona, prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1049/2001. En cambio, la Comisión indicó que el acceso a los diecisiete «proyectos de memorando de acuerdo» debía denegarse totalmente en virtud de las excepciones relativas a la protección de los intereses comerciales de las empresas y a la protección del proceso de toma de decisiones de las instituciones, establecidas en el artículo 4, apartados 2, primer guion, y 3, de dicho Reglamento, y, respecto de seis de los referidos «proyectos de memorando de acuerdo», también sobre la base de la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, prevista en el artículo 4, apartado 2, segundo guion, del mismo Reglamento.

23.      El 13 de agosto de 2021, los recurrentes presentaron, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.º 1049/2001, una solicitud confirmatoria dirigida a que la Comisión reconsiderara su postura en lo referente al conjunto de los documentos a los que se había denegado el acceso total o parcialmente (en lo sucesivo, «segunda solicitud confirmatoria»). El 24 de septiembre de 2021, la Comisión comunicó a los recurrentes que aún no podía responder a su solicitud confirmatoria. En esta fecha, la falta de respuesta a la segunda solicitud confirmatoria dio lugar a una decisión denegatoria presunta relativa a dicha solicitud (en lo sucesivo, «segunda decisión denegatoria presunta»), con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 1049/2001.

24.      El 28 de febrero de 2022, tras haber consultado a las empresas farmacéuticas interesadas, conforme al artículo 4, apartado 4, de dicho Reglamento, la Comisión adoptó la segunda Decisión controvertida. con arreglo al artículo 4 del mismo Reglamento (en lo sucesivo, «Decisión expresa»), que notificó en inglés a los recurrentes el 1 de marzo de 2022. La Comisión indicó que la Decisión expresa se había notificado en inglés en aras de la celeridad y que una traducción al francés de esta Decisión se les comunicaría en breve.

25.      En la Decisión expresa, la Comisión señaló que, al evaluar la segunda solicitud confirmatoria, la Secretaría General había efectuado un nuevo examen de la respuesta dada a la segunda solicitud inicial por la DG SANTE. A raíz de ese nuevo examen, la lista de los documentos correspondientes a la solicitud de acceso a los documentos se había modificado y el número de los documentos reseñados era de sesenta y seis. Concretamente, esta modificación dio lugar, por un lado, a la supresión de la totalidad de los diecisiete documentos anteriormente identificados por la DG SANTE como «proyectos de memorando de acuerdo», a los que se había denegado totalmente el acceso en respuesta a la segunda solicitud inicial, y, por el otro, a la incorporación de nuevos documentos, a los que se concedió un acceso parcial, incluyendo contratos de compra anticipada, contratos de compra y treinta y un escritos que formaban parte de la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros. Además, se concedió un acceso parcial más amplio a los cuatro contratos de compra anticipada y a los tres contratos de compra que ya habían sido objeto de un acceso parcial a raíz de la solicitud inicial. Así pues, mediante la Decisión expresa, se concedió un acceso parcial tanto a los contratos de compra anticipada como a los contratos de compra enumerados en el apartado 14 de la segunda sentencia recurrida, así como al resto de documentos también mencionados en ese mismo apartado 14.

26.      En la Decisión expresa, la Comisión indicó que la excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona se aplicaba a la totalidad de los contratos en cuestión y de los restantes documentos enumerados en los apartados 14 y 15 de la segunda sentencia recurrida. Por otra parte, señaló, en lo que respecta a tales contratos, que también resultaba aplicable la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de las empresas. El 31 de marzo de 2022, se comunicó la versión francesa de la Decisión expresa a los recurrentes.

IV.    Procedimientos ante el Tribunal General y sentencias recurridas

A.      Asunto T‑689/21

27.      Las recurrentes interpusieron un recurso ante el Tribunal General mediante el que solicitaban la anulación de la primera Decisión controvertida. En apoyo de su recurso, en su versión adaptada, invocaron seis motivos, basados, el primero, en la aplicación indebida de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales a información no comprendida en el ámbito de dicha excepción, en una falta de motivación al respecto y en la aplicación incoherente de dicha excepción; el segundo, en la falta de justificación de la aplicación de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de las empresas a siete categorías de estipulaciones; el tercero, en una aplicación incoherente del Reglamento n.º 1049/2001 que dio lugar a una infracción de este y en una violación del principio de buena administración, en la medida en que la Comisión no expurgó, en la misma medida, estipulaciones o información de la misma naturaleza, así como en una falta de motivación a este respecto; el cuarto, en la infracción del artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento, por no haber tenido en cuenta la Comisión el interés público superior que justificaba la divulgación de la información solicitada, y en una falta de motivación al respecto; el quinto, en la infracción de los artículos 42 y 52, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del artículo 10, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y el sexto, en la infracción de los artículos 7 y 8 del citado Reglamento, en la medida en que, mediante la primera Decisión controvertida, la Comisión censuró determinada información que había divulgado con anterioridad, y en una falta de motivación al respecto.

28.      El Tribunal General anuló la primera Decisión controvertida en la medida en que la Comisión denegó un acceso más amplio, en primer término, a las definiciones de las expresiones «conducta dolosa» (wilful misconduct) en el acuerdo de adquisición anticipada celebrado entre ella y AstraZeneca y «todos los esfuerzos razonables posibles» (best reasonable efforts) en el acuerdo de adquisición anticipada celebrado entre la Comisión y Pfizer-BioNTech y en el contrato de adquisición celebrado entre la Comisión y Pfizer-BioNTech; en segundo término, a las estipulaciones relativas a las donaciones y reventas y, en tercer término, a las estipulaciones relativas a la indemnización en los acuerdos de adquisición anticipada y en los contratos de adquisición celebrados entre ella y las empresas interesadas para la compra de vacunas contra la COVID‑19 sobre la base del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1049/2001. El Tribunal General desestimó el recurso en todo lo demás.

B.      Asunto T‑761/21

29.      Los recurrentes interpusieron un recurso ante el Tribunal General mediante el que solicitaban la anulación de la segunda Decisión denegatoria presunta, de la Decisión expresa y de la versión en lengua francesa de la Decisión expresa de 31 de marzo de 2022. En apoyo de su recurso, en su versión adaptada, los recurrentes formularon, en esencia, cuatro motivos, basados, el primero, en el carácter incompleto de la lista de los documentos que se consideró que entraban en el ámbito de la solicitud de acceso a los documentos; el segundo, en la inaplicabilidad de las dos excepciones invocadas por la Comisión para justificar la denegación parcial de acceso a los documentos solicitados; el tercero, en la existencia de un interés público superior que justificaba el acceso pleno a los documentos solicitados, y, el cuarto, en la vulneración del principio de proporcionalidad.

30.      Mediante la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que procedía sobreseer la pretensión por la que se solicitaba la anulación de la segunda Decisión presunta mediante la que se denegó la segunda solicitud confirmatoria. Anuló la segunda Decisión controvertida, así como la versión en lengua francesa de dicha Decisión, en la medida en que la Comisión había denegado un acceso más amplio, por una parte, a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses firmadas por los miembros del equipo conjunto de negociación de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1049/2001 y, por otra parte, a las cláusulas relativas a la indemnización en los contratos de compra anticipada y los contratos de compra concluidos entre la Comisión y las empresas interesadas para la compra de vacunas contra la COVID‑19 con arreglo al artículo 4, apartado 2, primer guion, de este mismo Reglamento. El Tribunal General desestimó el recurso en todo lo demás.

V.      Procedimientos ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

A.      Asunto C‑631/24 P

31.      En apoyo de su recurso de casación relativo a la primera sentencia recurrida, la Comisión invoca cuatro motivos, basados, el primero, en un error de Derecho en la interpretación de la obligación de motivación por lo que respecta a las expurgaciones relativas a las definiciones de «conducta dolosa» y «todos los esfuerzos razonables posibles» (apartados 39 a 46 de esta sentencia); el segundo, en errores de Derecho en la interpretación del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1049/2001, en el incumplimiento de la obligación de motivación y en una desnaturalización de los hechos que dio lugar a considerar ilegales las expurgaciones de las estipulaciones contractuales relativas a la indemnización (apartados 157 a 171 de dicha sentencia); el tercero, en errores de Derecho en la interpretación del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 y de la obligación de motivación por lo que respecta a las expurgaciones contractuales referentes a las estipulaciones relativas a las reventas y donaciones (apartados 179 a 188 de la citada sentencia), y, el cuarto, en un error de Derecho al considerar demostrada una infracción de los artículos 11, apartado 1, y 42 de la Carta (apartados 236 a 238 y 240 de la primera sentencia recurrida).

32.      Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación por ser parcialmente inadmisible y, en cualquier caso, infundado, y que condene en costas a la Comisión.

B.      Asunto C‑632/24 P

33.      En apoyo de su recurso de casación relativo a la segunda sentencia recurrida, la Comisión invoca tres motivos. El primero se basa en la desnaturalización de las pruebas en la apreciación de la necesidad de la transmisión de los datos personales en cuestión (apartados 63 a 92 de esa sentencia), y el segundo, en un error de Derecho en la interpretación del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, en relación con el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1049/2001 (apartados 52 a 92 de dicha sentencia). El tercer motivo, relativo al fundamento de la motivación de la denegación de acceso total a las cláusulas contractuales relativas a la indemnización (apartados 154 a 174 de la citada sentencia), se compone de tres partes, a saber, un error de Derecho en la interpretación del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1049/2001, un incumplimiento de la obligación de motivación y tres desnaturalizaciones de las pruebas.

34.      Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y la pretensión de que se anule la segunda sentencia recurrida; con carácter subsidiario, que desestime la pretensión de la Comisión de que el Tribunal de Justicia resuelva el recurso en primera instancia en el asunto T‑761/21 y que reenvíe el asunto ante el Tribunal General, y, con carácter subsidiario de segundo nivel, que desestime la pretensión de la Comisión de que el propio Tribunal de Justicia desestime el recurso en primera instancia en dicho asunto. Los recurrentes solicitan, en todo caso, al Tribunal de Justicia que desestime cualquier otra pretensión de la Comisión, incluida la pretensión de condena en costas, y que condene a la Comisión al pago de sus propias costas, así como de las costas de los recurrentes, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales.

35.      Las observaciones de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia fueron oídas en la vista, común a ambos asuntos, que se celebró el 4 de marzo de 2026.

VI.    Análisis

36.      Tal como ha solicitado el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis, por un lado, del segundo motivo de casación en el asunto C‑632/24 P y, por otro lado, del segundo motivo de casación en el asunto C‑631/24 P, así como del tercer motivo de casación en el asunto C‑632/24 P, que se examinarán conjuntamente.

A.      Sobre el segundo motivo de casación en el asunto C‑632/24 P

37.      Mediante su segundo motivo de casación, la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la interpretación del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, en relación con el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1049/2001, al considerar que debía dar acceso a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, incluidos los datos personales de los miembros del equipo conjunto de negociación, y más concretamente a sus nombres.

1.      Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en una interpretación errónea del primer requisito establecido en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725

a)      Alegaciones de las partes

38.      La Comisión sostiene que el Tribunal General calificó erróneamente de «finalidad específica de interés público», en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, el objetivo de verificación de la imparcialidad de los miembros del equipo conjunto de negociación.

39.      Según la Comisión, esta finalidad no puede vincularse a un objetivo de interés público. En su opinión, si bien la imparcialidad de los funcionarios de la Comisión y de los Estados miembros es una cuestión de interés público, la verificación de tal imparcialidad por «cualquier persona» que solicite el acceso a los documentos de que se trate no responde a tal interés público, sino al interés individual de dicha persona, por ejemplo, en satisfacer su curiosidad.

40.      Considera, además, que los recurrentes no demostraron la existencia de una finalidad específica de interés público, a que se hace referencia en el apartado 71 de la segunda sentencia recurrida. Según la Comisión, el razonamiento seguido por el Tribunal General tiene un alcance tan general que puede aplicarse a cualquier solicitud de divulgación de datos personales de funcionarios de la Comisión y de los Estados miembros presentada en cualquier procedimiento relativo a la gestión de la pandemia de COVID‑19. Añade que, sobre la base de ese razonamiento, cabría presumir que se ha demostrado una finalidad de interés público para la divulgación, por ejemplo, de los nombres de los funcionarios de la Comisión que participaron en la elaboración de una decisión relativa a la compatibilidad de una ayuda estatal adoptada para hacer frente a los efectos de dicha pandemia. Por lo tanto, a su juicio, el Tribunal General interpretó erróneamente el primer requisito establecido en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725.

41.      Opina que esta conclusión no queda desvirtuada por la jurisprudencia del Tribunal General citada en el apartado 72 de la segunda sentencia recurrida, según la cual el carácter general de la justificación de la transmisión no tiene incidencia directa sobre si la transmisión es necesaria para alcanzar el objetivo perseguido por el solicitante. (11) A este respecto, la Comisión alega, en primer lugar, que esa jurisprudencia tenía por objeto el artículo 8, letra b), del Reglamento (CE) n.º 45/2001, (12) sustituido por el Reglamento 2018/1725, que exige únicamente que el destinatario de los datos personales «demuestre la necesidad de que se le transmitan». En segundo lugar, sostiene que la jurisprudencia mencionada no se refiere a una justificación general y abstracta para la transmisión de datos personales, sino a una justificación específica relativa al comportamiento de los miembros del Parlamento en el ejercicio de sus funciones. En tercer lugar, y en cualquier caso, dicha institución recuerda que la jurisprudencia del Tribunal General no puede vincular la interpretación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal de Justicia.

42.      La Comisión considera asimismo que el Tribunal General no tuvo en cuenta una diferencia significativa entre el asunto C‑632/24 P y el que dio lugar a la sentencia ClientEarth (13) en lo concerniente a la interpretación del primer requisito previsto en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725. Señala que, a diferencia de este último asunto, los recurrentes no alegaron que los funcionarios y agentes de la Comisión de cuyos datos personales se trata fueran terceros que pudieran influir en el proceso de toma de decisiones de dicha institución debido a posibles vínculos con los medios industriales. En el caso de autos, los representantes de la Comisión y de los Estados miembros, por el contrario, negociaron directamente los contratos con los representantes de los operadores económicos afectados, sin intervención de terceros que pudieran mantener tales vínculos. A su parecer, el Tribunal General trató de distinguir los dos asuntos señalando que, en el que dio lugar a la sentencia ClientEarth, las partes demandantes habían podido aportar indicios que permitían dudar de la imparcialidad de los expertos en cuestión, en la medida en que conocían sus nombres. Ahora bien, en dicho asunto, los expertos habían hecho públicas sus declaraciones de intereses, por lo que se conocía su identidad. Además, el litigio no tenía por objeto la divulgación de declaraciones de ausencia de conflicto de intereses. La Comisión añade que la circunstancia de que un solicitante esté o no en condiciones de demostrar la existencia de una finalidad específica de interés público no puede suprimir la exigencia misma del carácter específico de tal finalidad.

43.      Por otra parte, la Comisión afirma que el Tribunal General consideró erróneamente que la divulgación de los nombres de los miembros del equipo conjunto de negociación era necesaria, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725. En su opinión, el Tribunal General se limitó a señalar, en el apartado 73 de la segunda sentencia recurrida, que «únicamente estando en posesión de los nombres, apellidos y cargos profesionales o institucionales de los miembros del equipo conjunto de negociación habrían podido comprobar los demandantes que dichos miembros no estaban incursos en un conflicto de intereses», sin exponer las razones por las que la divulgación de esa información constituía el único medio para permitir a los recurrentes comprobar la ausencia de conflicto de intereses. Pues bien, como se recuerda en el apartado 60 de la segunda sentencia recurrida, para cumplir el requisito de «necesidad», el solicitante debe demostrar que la transmisión de los datos personales es la medida más adecuada de entre las demás medidas factibles para alcanzar el objetivo perseguido por él y que resulta proporcionada a dicho objetivo.

44.      La Comisión considera innecesaria, en el presente asunto, la divulgación de esos datos personales a cualquier persona que no desempeñe ninguna función oficial, puesto que basta con permitir a las autoridades competentes acceder a ellos para llevar a cabo las comprobaciones necesarias. Precisa que, en cualquier caso, el objetivo de verificar la imparcialidad de los miembros del equipo conjunto de negociación ya se había alcanzado mediante la divulgación de las versiones anonimizadas de las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, que permitían a los recurrentes verificar que los agentes de la Comisión habían cumplido efectivamente las obligaciones aplicables en el marco de cualquier procedimiento de contratación pública de la Unión.

45.      Los recurrentes consideran que las alegaciones formuladas por la Comisión no están fundadas.

b)      Apreciación

46.      Con carácter preliminar, debo recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a la hora de examinar la relación existente entre los Reglamentos n.º 1049/2001 y n.º 45/2001, habiendo sido sustituido este último por el Reglamento 2018/1725, con vistas a la aplicación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1049/2001 al presente caso, es necesario tener presente que dichos Reglamentos persiguen objetivos distintos. El primero pretende garantizar la mayor transparencia posible en el proceso de toma de decisiones de las autoridades públicas y en la información en la que basan sus decisiones. En consecuencia, tiene por finalidad facilitar al máximo el ejercicio del derecho de acceso a los documentos y promover buenas prácticas administrativas. El segundo pretende garantizar la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, en particular el derecho a la intimidad, en el tratamiento de los datos personales. (14)

47.      Los Reglamentos n.º 1049/2001 y n.º 2018/1725 no contienen ninguna disposición que establezca expresamente la primacía de uno de ellos sobre el otro. En principio, conviene garantizar la plena aplicación de ambos. El único vínculo explícito entre los dos Reglamentos se establece en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1049/2001, que prevé una excepción al acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación de la Unión sobre la protección de los datos personales. (15)

48.      Por añadidura, como enuncia el considerando 5 del Reglamento 2018/1725, cuando las disposiciones de dicho Reglamento apliquen los mismos principios que las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679, (16) ambas deben interpretarse de manera homogénea, en particular porque debe entenderse que la estructura del Reglamento 2018/1725 es equivalente a la del Reglamento 2016/679.

49.      En este contexto, como ha señalado acertadamente la Comisión, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, los datos personales solo se transmitirán a destinatarios establecidos en la Unión distintos de las instituciones y organismos de la Unión, cuando, según el primer requisito previsto en esta disposición, «el destinatario demuestre que es necesario que le transmitan los datos para una finalidad específica de interés público», contrariamente a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.º 1049/2001. (17)

50.      En el caso de autos, los recurrentes solicitaron que se les comunicara información relativa a la identidad de los miembros del equipo conjunto de negociación. En la segunda Decisión controvertida, la Comisión declaró que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 1049/2001, no se les podía conceder el acceso a esos datos personales.

51.      En su recurso de casación en el asunto C‑632/24 P, la Comisión afirma que, si bien la imparcialidad de los funcionarios de la Comisión y de los Estados miembros es una cuestión de interés público, la verificación de dicha imparcialidad por «cualquier persona» que solicite el acceso a los documentos en cuestión no responde a tal interés público, sino a un interés individual de esa persona, por ejemplo, en satisfacer su curiosidad.

52.      En mi opinión, esta alegación no puede prosperar. En efecto, el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725 se refiere a la transmisión de datos personales a «destinatarios». Pues bien, el artículo 3, punto 13, de dicho Reglamento define «destinatario» en el sentido de que puede ser una persona física. De ello se deduce que el Reglamento no excluye, por principio, que «cualquier persona» pueda solicitar la comunicación de tales datos con el fin de verificar la imparcialidad de los funcionarios de la Comisión. Al contrario, ese mismo Reglamento reconoce expresamente la posibilidad de que toda persona física tenga acceso a datos personales, siempre que cumpla todos los requisitos establecidos en el citado artículo 9, apartado 1, letra b). Por lo tanto, contrariamente a lo que afirma la Comisión, el acceso a los datos personales necesarios para la verificación de la imparcialidad de los miembros del equipo conjunto de negociación no puede reservarse únicamente a las autoridades competentes.

53.      La Comisión alega asimismo que el Tribunal General consideró erróneamente que los recurrentes habían demostrado la existencia de una finalidad específica de interés público. A este respecto, se refiere al apartado 71 de la segunda sentencia recurrida, en el que el Tribunal General declaró que la transparencia del proceso seguido por la Comisión en las negociaciones con los fabricantes de vacunas contra la COVID‑19 y de la celebración de los contratos en cuestión en nombre de los Estados miembros puede efectivamente constituir una finalidad específica de interés público en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, «en la medida en que puede contribuir a incrementar la confianza de los ciudadanos de la Unión respecto de la estrategia de vacunación promovida por esta institución y, con ello, a luchar contra la difusión de información falsa acerca de las condiciones que rodearon a la negociación y la conclusión de dichos contratos […], en particular al permitir a los ciudadanos de la Unión asegurarse de la ausencia de cualquier conflicto de intereses entre los miembros del equipo conjunto de negociación y los referidos fabricantes de vacunas».

54.      A mi juicio, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho. En efecto, como señaló en el apartado 70 de la segunda sentencia recurrida, del considerando 2 del Reglamento n.º 1049/2001 se desprende que la transparencia permite garantizar a las instituciones de la Unión una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad para con los ciudadanos de la Unión en un sistema democrático. Asimismo, según el considerando 28 del Reglamento 2018/1725, (18) una finalidad específica de interés público en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento puede guardar relación con la transparencia de las instituciones y organismos de la Unión. Pues bien, en el presente asunto, esta exigencia de transparencia era tanto más necesaria cuanto que debían adoptarse decisiones urgentes para hacer frente a la pandemia de COVID‑19.

55.      En este sentido, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, cuando una ley nacional, al adoptar el principio de transparencia de las declaraciones de intereses, pretende garantizar que prevalezca el interés público en la toma de decisiones por parte de las personas que trabajan como servidores públicos, asegurar la imparcialidad de las decisiones y prevenir situaciones de conflicto de intereses, así como la aparición y el incremento de la corrupción en el servicio público, tales objetivos, en la medida en que suponen reforzar las garantías de probidad e imparcialidad de los responsables de la toma de decisiones en el sector público, prevenir los conflictos de intereses y combatir la corrupción en el sector público, son incuestionablemente de interés público y, por ende, legítimos. En efecto, velar por que los responsables de la toma de decisiones en el sector público ejerzan sus funciones con imparcialidad y objetividad y evitar que sean influidos por consideraciones que tengan que ver con intereses privados son acciones dirigidas a garantizar una buena gestión de los asuntos públicos y de los bienes públicos. (19)

56.      Del mismo modo, en lo que respecta a la industria farmacéutica, el artículo 26, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 726/2004 (20) dispone que, en el contexto de la farmacovigilancia, la Agencia Europea de Medicamentos, en colaboración con los Estados miembros y la Comisión, creará y mantendrá un portal web europeo sobre medicamentos para la difusión de información sobre los medicamentos autorizados en la Unión y que, a través de ese portal, la Agencia hará públicos, al menos, los nombres de los miembros de los comités mencionados en el artículo 56, apartado 1, letras a) y a bis), de dicho Reglamento y de los miembros del Grupo de Coordinación, así como sus cualificaciones profesionales y las declaraciones a que se refiere el artículo 63, apartado 2, del citado Reglamento. (21)

57.      Según la Comisión, el razonamiento seguido por el Tribunal General tiene un alcance tan amplio que puede aplicarse a cualquier solicitud de divulgación de datos personales de funcionarios de la Comisión y de los Estados miembros presentada en cualquier procedimiento relativo a la gestión de la pandemia de COVID‑19. Sin embargo, me parece que el Tribunal General expuso de forma suficiente en Derecho, en el apartado 71 de la segunda sentencia recurrida, las razones por las que, en el contexto específico de esa pandemia, los recurrentes habían demostrado la existencia de una finalidad específica de interés público.

58.      En cuanto a la especificidad de la finalidad de interés público perseguida, la Comisión precisó en la vista que, en el proceso de negociación de los contratos con las empresas interesadas, el equipo conjunto de negociación rendía cuentas al comité de dirección («steering board»), que era el encargado de adoptar las decisiones de que se trata. Sostuvo que la verificación de la imparcialidad de los funcionarios que intervenían a nivel técnico no tenía la misma importancia que la de las personas que ejercían responsabilidades decisorias o jerárquicas superiores. A este respecto, me parece importante subrayar que la exigencia de imparcialidad se impone a los funcionarios de la Comisión en todas las fases del proceso decisorio, también cuando intervienen en un órgano cuya actividad reviste esencialmente un carácter técnico.

59.      En cuanto a la sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2015, Dennekamp/Parlamento, (22) mencionada en el apartado 72 de la segunda sentencia recurrida, procede recordar que la justificación de la transferencia de datos personales puede revestir carácter general, en el sentido de que no es específica de un solicitante concreto, en particular en el contexto de la pandemia de COVID‑19, en el que la estrategia de vacunación afectaba a todos los ciudadanos de la Unión.

60.      Por último, la Comisión considera que la sentencia ClientEarth, a la que se refirió el Tribunal General en los apartados 90 y 91 de la segunda sentencia recurrida, no es pertinente en el presente asunto, en la medida en que los recurrentes no han alegado que los funcionarios y agentes de la Comisión de cuyos datos personales se trata constituyan terceros que puedan influir en el proceso de toma de decisiones de dicha institución debido a posibles vínculos con los medios industriales. Sin embargo, como subrayó el Tribunal General en el apartado 91 de la segunda sentencia recurrida, las partes recurrentes en el asunto que dio lugar a la sentencia ClientEarth habían sido informadas de los nombres de los expertos en cuestión y habían obtenido acceso a sus declaraciones de intereses, a diferencia del asunto C‑632/24 P. Pues bien, por un lado, como declaró acertadamente el Tribunal General, los recurrentes ignoraban la identidad de los expertos designados por los Estados miembros representados en el equipo conjunto de negociación, de manera que no podían aportar indicios que permitieran dudar de su imparcialidad. Por otro lado, en el apartado 58 de la sentencia ClientEarth, el Tribunal de Justicia declaró que, aunque las partes recurrentes en dicho asunto habían sido informadas del nombre, de la biografía y de las declaraciones de intereses de los expertos que formularon observaciones sobre un proyecto de orientación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acerca de la documentación científica que debe unirse a las solicitudes de autorización de comercialización de productos fitosanitarios, la obtención de la información que les habría permitido identificar cuál de los expertos externos era el autor de cada una de las observaciones se manifestaba necesaria para verificar en concreto la imparcialidad de cada uno de esos expertos. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia consideró, en esencia, que incluso la comunicación de los nombres de los referidos expertos podía no ser suficiente con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725.

61.      En lo que atañe a la necesidad, en el sentido de dicha disposición, de divulgar los nombres de los miembros del equipo conjunto de negociación, la Comisión recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esta última deben operar dentro del marco de lo estrictamente necesario, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas para la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, deberá recurrirse a la menos onerosa de ellas, lo que implica examinar si tales objetivos no podrían alcanzarse razonablemente de manera igualmente eficaz por otros medios menos intrusivos en los derechos fundamentales de los interesados. (23)

62.      Según la Comisión, la divulgación de esos datos personales a cualquier persona que no desempeñe ninguna función oficial no es necesaria, puesto que basta con permitir a las autoridades competentes acceder a ellos para llevar a cabo las comprobaciones necesarias. No obstante, como se ha expuesto en el punto 50 de las presentes conclusiones, el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725 establece expresamente que podrán comunicarse tales datos a personas físicas, incluido el público en general, siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha disposición. La Comisión añade que, en cualquier caso, dado que la divulgación de las versiones anonimizadas de las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses ya había permitido alcanzar el objetivo de verificación de la imparcialidad de los miembros del equipo conjunto de negociación, el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 73 de la segunda sentencia recurrida, que era necesaria la divulgación de los «nombres, apellidos y cargos profesionales o institucionales de los miembros del equipo conjunto de negociación».

63.      Sin embargo, la Comisión no explica por qué considera que la divulgación de versiones anonimizadas de las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses es suficiente para examinar la imparcialidad de los miembros del equipo conjunto de negociación. En efecto, por definición, tales versiones anonimizadas no permiten efectuar una verificación externa destinada a comprobar la exactitud o exhaustividad de la información que contienen. Además, este enfoque parece incompatible con la sentencia ClientEarth, en la que el Tribunal de Justicia declaró que incluso la comunicación de los nombres de los expertos en cuestión y de sus declaraciones de intereses no permitía garantizar una verificación concreta de la imparcialidad de cada uno de ellos. (24)

64.      Habida cuenta de todo lo anterior, propongo que se desestime por infundada la primera parte del segundo motivo de casación.

2.      Sobre la segunda parte del segundo motivo de casación, basada en una interpretación errónea del segundo requisito establecido en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725

a)      Alegaciones de las partes

65.      Mediante su primera imputación, la Comisión alega que los hechos fijados en la segunda sentencia recurrida demuestran que la injerencia resultante de la divulgación de los datos personales en cuestión es especialmente grave para los miembros del equipo conjunto de negociación. A este respecto, sostiene que el propio Tribunal General reconoció, en el apartado 77 de dicha sentencia, el contexto específico en el que tuvieron que trabajar los miembros del equipo conjunto de negociación, es decir, una época caracterizada por una fuerte demanda de las vacunas contra la COVID‑19 y, al mismo tiempo, por una desconfianza de una parte de los ciudadanos de la Unión frente a la estrategia de vacunación promovida por la Comisión. De ello, el Tribunal General dedujo, en ese mismo apartado 77, que la exposición de los miembros del equipo conjunto de negociación a contactos externos no solicitados a raíz de la divulgación de su identidad no era meramente hipotética. La Comisión aduce que no pueden subestimarse las consecuencias —graves y altamente probables— que tendría para la vida privada de los funcionarios de que se trata la divulgación al público general de su identidad. A su juicio, tal divulgación los expondría a contactos externos no solicitados, que no se limitarían a contactos periodísticos, sino que también podrían incluir ataques a su integridad física y formas de acoso, en particular por parte de los partidarios de «teorías conspiracionistas», cuyo número no es insignificante en el contexto de la pandemia de COVID‑19.

66.      Mediante su segunda imputación, la Comisión recuerda que, en el apartado 80 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General reconoció que la segunda Decisión controvertida había tomado en consideración la función técnica que habían desempeñado los miembros del equipo conjunto de negociación en el procedimiento de licitación pública. Indica que dichos empleados públicos no disponen de un poder de decisión en el seno de su institución ni ejercen funciones jerárquicas superiores, por lo que el objetivo de verificar su imparcialidad tiene una importancia limitada.

67.      Mediante su tercera imputación, la Comisión sostiene que el objetivo de verificación de la imparcialidad de los miembros del equipo conjunto de negociación ya se alcanzó mediante la comunicación de versiones anonimizadas de las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses. Precisa que la firma, por todos los miembros de dicho equipo, de tales declaraciones demuestra, por sí sola, el respeto de los deberes de imparcialidad e independencia que les incumben. Pues bien, la Comisión observa que el Tribunal General consideró, en el apartado 84 de la segunda sentencia recurrida, que el mero hecho de que todos los miembros del equipo conjunto de negociación hayan firmado una declaración de ausencia de conflictos de intereses no permite al ciudadano asegurarse, por sí mismo, de que estos miembros hayan desempeñado su misión con total independencia. Estima que el Tribunal General consideró erróneamente que todos los ciudadanos están capacitados en todo momento para ejercer una suerte de «policía informal» encargada de investigar la imparcialidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones técnicas. Sin embargo, a su parecer, el ordenamiento jurídico de la Unión y los de los Estados miembros encomiendan esta misión a las autoridades competentes, como los órganos disciplinarios, las autoridades policiales y las fiscalías, que ofrecen garantías adecuadas en materia de protección de datos de los interesados durante la investigación, mientras que, a la inversa, un ciudadano ordinario no está en condiciones de asegurar tales garantías. De ello deduce que el Tribunal General debería haber concluido que la injerencia especialmente grave en la vida privada de los miembros del equipo conjunto de negociación debía prevalecer sobre el objetivo, invocado por los recurrentes, de verificación de la imparcialidad de dichos miembros.

68.      Los recurrentes consideran que las alegaciones formuladas por la Comisión no están fundadas.

b)      Apreciación

69.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que debe desestimarse, por ser manifiestamente inadmisible, un recurso de casación que carezca de una estructura coherente, que se limite a realizar afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas acerca de los apartados de la resolución recurrida que pudieran adolecer de un error de Derecho. (25)

70.      En el presente asunto, cabe señalar que las dos primeras imputaciones formuladas por la Comisión, relativas a la gravedad de la injerencia y a la limitada importancia de la finalidad específica de interés público, solo recuerdan el razonamiento seguido por el Tribunal General, sin refutarlo ni identificar con precisión los apartados de la segunda sentencia recurrida que adolecen de un error de Derecho. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de estas dos imputaciones.

71.      En cuanto a la tercera imputación, relativa a la ponderación de los intereses en juego, la Comisión arguye que el objetivo de verificación de la imparcialidad de los miembros del equipo conjunto de negociación ya se alcanzó mediante la comunicación de las versiones anonimizadas de las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses y que corresponde únicamente a las autoridades competentes, como los órganos disciplinarios, las autoridades policiales y las fiscalías, acceder a los datos personales que sean necesarios para las comprobaciones relativas a la ausencia de conflicto de intereses.

72.      De este modo, la Comisión retoma alegaciones análogas a las formuladas en relación con la primera parte del segundo motivo de casación, que, en mi opinión, deben desestimarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (26)

73.      La Comisión invoca también la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, (27) en la que el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 83, por lo que se refiere a la ponderación de la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta que resulta del acceso del público en general a la información sobre los beneficiarios efectivos, que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo incumbe prioritariamente a las autoridades públicas y a entidades, como las entidades de crédito o las entidades financieras, a las que, por razón de sus actividades, se imponen obligaciones específicas en la materia. No obstante, el presente asunto tiene un marco jurídico distinto, por cuanto la verificación concreta de la imparcialidad de los funcionarios de la Comisión puede ser realizada tanto por las autoridades competentes como por el público en general.

74.      Por tanto, considero que debe desestimarse la tercera imputación por infundada.

75.      De lo anterior se desprende que la segunda parte del segundo motivo de casación debe desestimarse por ser en parte infundada y en parte inadmisible.

76.      En estas circunstancias, propongo que se desestime el segundo motivo del recurso de casación en el asunto C‑632/24 P en su totalidad.

B.      Sobre el segundo motivo de casación en el asunto C‑631/24 P y el tercer motivo de casación en el asunto C‑632/24 P

77.      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 1 del Reglamento n.º 1049/2001 establece que este tiene por objeto garantizar al público el derecho de acceso más amplio posible a los documentos de las instituciones de la Unión, sin perjuicio de un régimen de excepciones basadas en razones de interés público o privado, que, al constituir una excepción al principio establecido en dicho artículo, deben interpretarse y aplicarse en sentido estricto. Entre estas excepciones al derecho de acceso figura la establecida en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del citado Reglamento, según el cual las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de «los intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual», salvo que su divulgación revista un interés público superior. Cuando la institución de que se trate decida denegar el acceso a un documento cuya divulgación se le haya solicitado, le corresponderá, en principio, explicar las razones por las que el acceso a dicho documento puede menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por la excepción prevista en el artículo 4 del citado Reglamento que invoca dicha institución. Asimismo, el riesgo de perjuicio debe ser razonablemente previsible y no meramente hipotético. (28)

78.      En el presente caso, de las Decisiones controvertidas se desprende que la Comisión denegó el pleno acceso a las cláusulas relativas a la responsabilidad contractual de las empresas interesadas para no correr el riesgo de desvelar información supuestamente sensible desde el punto de vista comercial relativa a los riesgos identificados en relación con la ejecución de los contratos en cuestión y a los umbrales financieros aceptados con respecto a dichos riesgos por las referidas empresas. (29)

79.      El segundo motivo de casación en el asunto C‑631/24 P y el tercer motivo de casación en el asunto C‑632/24 P, que son, en esencia, análogos, se dividen en tres partes, basadas, la primera, en la posibilidad de adoptar un comportamiento estratégico respecto de las empresas interesadas; la segunda, en la ventaja competitiva conferida a los competidores de dichas empresas, y la tercera, en las repercusiones en la reputación de las citadas empresas.

1.      Sobre la primera parte, basada en la posibilidad de adoptar un comportamiento estratégico respecto de las empresas interesadas

a)      Alegaciones de las partes

80.      La Comisión observa que, en los apartados 157 a 161 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 160 a 164 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el motivo expuesto en las Decisiones controvertidas según el cual un conocimiento preciso de los límites de la responsabilidad de la empresa interesada permitiría un comportamiento estratégico respecto de ella, en la medida en que esta podría enfrentarse a las consecuencias económicas de múltiples acciones judiciales, ejercitadas de manera abusiva e injustificada, únicamente con el fin de recibir una indemnización vinculada al uso de su vacuna.

81.      La Comisión alega, en primer lugar, que la consideración formulada por el Tribunal General, en el apartado 158 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 161 de la segunda sentencia recurrida, (30) no desvirtúa el motivo expuesto en las Decisiones controvertidas para justificar la denegación de una divulgación más amplia de las cláusulas relativas a la indemnización de las empresas interesadas, a saber, el uso que un recurrente podría hacer de estas cláusulas en un recurso de indemnización, con independencia de que tales cláusulas se distingan de las normas que regulan la responsabilidad del contratante.

82.      En segundo lugar, la Comisión sostiene que la afirmación que figura en el apartado 159 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 162 de la segunda sentencia recurrida (31) adolece de falta de motivación y es manifiestamente errónea. En su opinión, los intereses comerciales de las empresas interesadas radican en la necesidad de evitar un aumento de las acciones por daños y perjuicios dirigidas contra ellas. Precisa que, suponiendo que el interés en cuestión se limite al mero objetivo de evitar tales acciones, los apartados mencionados de las sentencias recurridas no explican las razones por las que tal interés no es digno de protección. Además, la jurisprudencia citada en la segunda frase de cada uno de esos apartados se refiere a las eventuales consecuencias en cuanto a los costes relativos a los recursos judiciales, mientras que los presentes asuntos no solo se refieren a las consecuencias económicas de tales recursos, sino también sobre las repercusiones en la reputación del fabricante en caso de aumento de dichos recursos. (32)

83.      En tercer lugar, la Comisión aduce que el apartado 160 de la primera sentencia recurrida y el apartado 163 de la segunda sentencia recurrida (33) también son erróneos y desnaturalizan el contenido de las Decisiones controvertidas. Afirma que, en dichas Decisiones, indicó claramente que un conocimiento preciso de los límites de la responsabilidad del contratante puede favorecer un comportamiento estratégico respecto de las empresas interesadas.

84.      Las recurrentes sostienen que la primera parte de los presentes motivos de casación debe desestimarse por ser parcialmente inadmisible y, en todo caso, infundada. Los recurrentes alegan que la primera parte carece de fundamento.

b)      Apreciación

85.      Con carácter preliminar, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el acceso a información comercial sensible, relativa a las estrategias comerciales de las empresas de que se trate, a los importes de sus ventas, a sus cuotas de mercado o a sus relaciones comerciales, puede perjudicar a la protección de los intereses comerciales de las mencionadas empresas, en el sentido del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1049/2001. (34)

86.      En lo que respecta al apartado 158 de la primera sentencia recurrida y al apartado 161 de la segunda sentencia recurrida, procede distinguir entre, por un lado, los requisitos que regulan el nacimiento de la responsabilidad de las empresas interesadas, que están comprendidos en el ámbito de aplicación de la normativa nacional de transposición de la Directiva 85/374, (35) y, por otro lado, los mecanismos de indemnización previstos en favor de dichas empresas, consistentes en el reembolso, por los Estados miembros, de las cantidades que ellas podrían ser condenadas a abonar a terceros en concepto de responsabilidad extracontractual.

87.      A este respecto, si bien el Tribunal General señaló acertadamente, en los citados apartados de las sentencias recurridas, que las acciones por daños y perjuicios pueden generar costes elevados para las empresas interesadas, incluso cuando tales acciones sean ulteriormente desestimadas por infundadas, no es menos cierto que las cláusulas relativas a la indemnización no pueden modificar las condiciones en las que los terceros eventualmente perjudicados por una vacuna defectuosa podrían ejercitar acciones de responsabilidad contra dichas empresas. En efecto, la cuestión de la indemnización solo se plantea en una fase posterior, una vez establecida la responsabilidad de la empresa interesada debido al carácter defectuoso del producto de que se trate, con el fin de determinar si los daños y perjuicios abonados a las víctimas deben, en definitiva, ser reembolsados por un Estado miembro. En estas circunstancias, considero que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al considerar que el derecho de recurso de terceros es independiente tanto de la existencia como del contenido de las cláusulas relativas a la indemnización. Esta mera constatación basta, en mi opinión, para desestimar la primera parte de los presentes motivos de casación.

88.      En lo que atañe a los apartados 159 y 160 de la primera sentencia recurrida y a los apartados 162 y 163 de la segunda sentencia recurrida, he de precisar que se incluyen a mayor abundamiento, como demuestra el empleo del término «además». Por lo tanto, las alegaciones formuladas por la Comisión contra esos apartados de las sentencias recurridas deben desestimarse por inoperantes.

89.      En cualquier caso, cabe recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una mera alegación no probada acerca de un riesgo general de utilización abusiva no puede llevar a considerar que los datos contenidos en un documento cuyo acceso se solicita están amparados por la excepción prevista en el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1049/2001, a falta de cualquier otra precisión sobre la naturaleza, el objeto y el alcance de dichos datos, que pueda ilustrar al juez de la Unión en cuanto a la manera en que su divulgación podría perjudicar concretamente y de una forma razonablemente previsible a los intereses comerciales de las personas a quienes aquellos interesan. (36) Pues bien, en el presente asunto, la alegación de la Comisión basada en el riesgo de aumento de los litigios en caso de divulgación íntegra de la cláusula de indemnización no está probada y, por lo tanto, reviste un carácter hipotético. (37)

90.      En consecuencia, propongo que se desestime la primera parte de los presentes motivos de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inoperante.

2.      Sobre la segunda parte, basada en la ventaja competitiva conferida a los competidores de las empresas interesadas

a)      Alegaciones de las partes

91.      La Comisión señala que el Tribunal General desestimó, en los apartados 162 a 166 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 165 a 169 de la segunda sentencia recurrida, el segundo motivo expuesto en las Decisiones controvertidas, según el cual la divulgación íntegra de las cláusulas relativas a la indemnización, en particular de las que definen las condiciones exactas en las que se excluye una indemnización por parte del Estado miembro, revelaría inevitablemente a los competidores de la empresa interesada, incluidos aquellos que no producen vacunas, los «puntos débiles» de la cobertura de su responsabilidad y les proporcionaría una ventaja competitiva que podrían explotar, por ejemplo, mediante anuncios publicitarios y publicidad comparativa.

92.      A este respecto, la Comisión impugna la apreciación del Tribunal General, recogida en el apartado 163 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 166 de la segunda sentencia recurrida, de que las cláusulas relativas a la indemnización eran de «dominio público» antes de la adopción de las Decisiones controvertidas. (38)

93.      La Comisión considera asimismo que el apartado 164 de la primera sentencia recurrida y el apartado 167 de la segunda sentencia recurrida, según los cuales todos los contratos en cuestión contienen una cláusula relativa a la indemnización que enumera, «de manera globalmente similar», las principales situaciones específicas en las que queda excluida la indemnización de la empresa interesada por el Estado miembro, constituyen una simplificación excesiva y dan lugar a una conclusión errónea, en comparación con el contenido de las cláusulas descrito en el apartado 155 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 158 de la segunda sentencia recurrida.

94.      En lo tocante al apartado 165 de la primera sentencia recurrida y al apartado 168 de la segunda sentencia recurrida, la Comisión alega que la conclusión a la que llegó el Tribunal General también es errónea. A este respecto, se remite a las alegaciones que ya ha formulado en la primera parte de los presentes motivos de casación. Además, considera que el Tribunal General desnaturalizó los hechos en la medida en que, en las Decisiones controvertidas, la ventaja competitiva descrita por la Comisión no solo es la de los operadores que han celebrado contratos con ella, sino también la de sus otros competidores.

95.      Las recurrentes y los recurrentes alegan que debe desestimarse la segunda parte de los presentes motivos de casación.

b)      Apreciación

96.      En primer lugar, en lo que atañe a la alegación de la Comisión basada en que el Tribunal General consideró erróneamente que las cláusulas relativas a la indemnización eran de «dominio público», debo señalar que la Comisión está instando al Tribunal de Justicia a proceder a una nueva valoración de los hechos, siendo así que, salvo en el supuesto de que la parte recurrente invoque la desnaturalización de los hechos, lo que no sucede en el presente asunto, las alegaciones relativas a los hechos que plantea deben considerarse inadmisibles. (39)

97.      En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación de la Comisión de que el Tribunal General calificó erróneamente de «globalmente similares» las cláusulas relativas a la indemnización recogidas en los diferentes contratos, he de observar que esta alegación se refiere también a la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal General. Por lo tanto, debe declararse inadmisible. En cualquier caso, el razonamiento seguido por el Tribunal General en el apartado 164 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 167 de la segunda sentencia recurrida no resulta contradictorio con el expuesto en el apartado 155 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 158 de la segunda sentencia recurrida, en los que el Tribunal General señaló que la mayoría de las situaciones siguen siendo «globalmente similares en los contratos en cuestión» en cuanto a las situaciones concretas en las que se ha acordado que no será aplicable la indemnización por el Estado miembro.

98.      En tercer lugar, en lo atinente al apartado 165 de la primera sentencia recurrida y al apartado 168 de la segunda sentencia recurrida, por un lado, basta con señalar que las alegaciones formuladas en la primera parte de los presentes motivos de casación deben desestimarse, de modo que la conclusión del Tribunal General que figura en dichos apartados no es errónea. Por otro lado, el apartado 2.1.4 de la primera Decisión controvertida y el apartado 2.2.4 de la segunda Decisión controvertida (40) mencionaban a los «competidores cuyos contratos no contemplan una cláusula indemnizatoria». Pues bien, del apartado 162 de la primera sentencia recurrida y del apartado 165 de la segunda sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General indicó que el segundo fundamento expuesto en las Decisiones controvertidas para denegar la divulgación íntegra de las estipulaciones relativas a la indemnización hacía referencia a los competidores de la empresa interesada, incluidos aquellos que no fabrican vacunas. En consecuencia, el Tribunal General tomó correctamente en consideración el fundamento expuesto por la Comisión. Además, en el apartado 165 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 168 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, dado que todas las empresas interesadas se beneficiaban, por un motivo identificado y legítimo, de una estipulación relativa a la indemnización, nada en las Decisiones controvertidas permite concluir que, en caso de divulgación más amplia de la estipulación relativa a la indemnización, el riesgo de perjuicio para los intereses comerciales de las empresas interesadas, en particular al procurar a estas una ventaja competitiva entre sí, fuera, en la fecha de su adopción, razonablemente previsible y no meramente hipotético. Al emplear los términos «entre sí», el Tribunal General realizó una distinción entre las empresas interesadas y las demás empresas farmacéuticas, entre ellas las que no fabrican vacunas, respondiendo de este modo a la alegación de la Comisión. Por tanto, el Tribunal General no desnaturalizó los hechos sometidos a su apreciación.

99.      En consecuencia, considero que debe desestimarse la segunda parte de los presentes motivos de casación por ser, en parte inadmisible y, en parte, infundada.

3.      Sobre la tercera parte, basada en las repercusiones en la reputación de las empresas interesadas

a)      Alegaciones de las partes

100. La Comisión sostiene que, en lo que respecta tercer fundamento expuesto en las Decisiones controvertidas, según el cual un conocimiento preciso de los límites de la responsabilidad de las empresas interesadas podría repercutir en su reputación ante los consumidores y sus posibles socios comerciales, el Tribunal General lo desestimó en el apartado 168 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 171 de la segunda sentencia recurrida, remitiéndose a los mismos argumentos que había formulado, respectivamente, en los apartados 163 a 165 y 166 a 168 de dichas sentencias. En opinión de la Comisión, esta remisión, formulada en términos tan generales, es contraria a la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General.

101. Además, alega que el Tribunal General desnaturalizó los elementos de que disponía y el contexto en el que se adoptaron las Decisiones controvertidas, al no tener en cuenta el hecho de que los documentos cuyo acceso se había solicitado no eran actos unilaterales de la Comisión, sino contratos comerciales, que pueden contener información confidencial relativa tanto a las empresas interesadas como a sus relaciones comerciales, y que esos contratos tenían la finalidad específica de regular las obligaciones mutuas entre las partes contratantes por lo que se refiere a la entrega de un producto comercial a los Estados miembros.

102. Las recurrentes consideran que la tercera parte de los presentes motivos de casación debe desestimarse por ser parcialmente inadmisible y, en todo caso, infundada. Los recurrentes rebaten las alegaciones formuladas por la Comisión.

b)      Apreciación

103. Sobre la supuesta falta de motivación de las sentencias recurridas respecto a las repercusiones en la reputación de las empresas interesadas frente a los consumidores y a sus posibles socios comerciales, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la obligación de motivación no impone al Tribunal General elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. La motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones en las que se basó el Tribunal General y al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación. (41)

104. Pues bien, del apartado 168 de la primera sentencia recurrida y del apartado 171 de la segunda sentencia recurrida se desprende claramente que el Tribunal General consideró que la alegación de la Comisión sobre las repercusiones en la reputación de las empresas interesadas carecía de fundamento, en la medida en que se basaba en las razones relativas al riesgo de perjuicio para los intereses comerciales que ya se habían expuesto en relación con la segunda parte de los presentes motivos de casación. Por tanto, la motivación contenida en esos apartados permite, de modo suficiente en Derecho, conocer las razones por las cuales el Tribunal General desestimó dicha alegación. En consecuencia, dichos apartados no carecen de una motivación suficiente.

105. Además, respecto a la alegación de que el Tribunal General realizó una presentación incompleta de los hechos pertinentes, al no tomar en consideración el contexto o la naturaleza comercial de los contratos en cuestión, la Comisión no identifica ningún pasaje de las sentencias recurridas en el que el Tribunal General haya procedido a tal desnaturalización. Por tanto, debe declararse la inadmisibilidad de esta alegación. En todo caso, ha de señalarse que, en el apartado 106 de la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General indicó, por lo que se refiere al motivo basado en la inaplicabilidad de la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales de las empresas, que los contratos de que se trataba eran claramente importantes, y podían contener información confidencial sensible relativa a las empresas afectadas y a sus relaciones comerciales en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 100 de esa sentencia. En el apartado 33 de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General hizo referencia a la misma jurisprudencia.

106. En consecuencia, considero que debe desestimarse la tercera parte de los presentes motivos de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inadmisible.

107. En estas circunstancias, estimo que el segundo motivo de casación en el asunto C‑631/24 P y el tercer motivo de casación en el asunto C‑632/24 P son en parte inadmisibles y en parte infundados.

VII. Conclusión

108. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el segundo motivo de casación en el asunto C‑631/24 P y los motivos de casación segundo y tercero en el asunto C‑632/24 P.


1      Lengua original: francés.


2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).


3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39).


4      Reglamento por el que se activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de COVID‑19 (DO 2020, L 117, p. 3).


5      Reglamento del Consejo, de 15 de marzo de 2016, relativo a la prestación de asistencia urgente en la Unión (DO 2016, L 70, p. 1).


6      COM(2020) 245 final.


7      A tenor de esta disposición, se denegará el acceso a un documento elaborado por una institución para su uso interno o recibido por ella, relacionado con un asunto sobre el que la institución no haya tomado todavía una decisión, si su divulgación perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha divulgación revista un interés público superior.


8      El artículo 8 del Reglamento n.º 1049/2001, titulado «Tramitación de las solicitudes confirmatorias», dispone en su apartado 3 que «la ausencia de respuesta de la institución en el plazo establecido se considerará una respuesta denegatoria y dará derecho al solicitante a interponer recurso judicial contra la institución y/o reclamar ante el Defensor del Pueblo Europeo, con arreglo a las disposiciones pertinentes del Tratado CE».


9      Para una exposición más detallada de los documentos en cuestión, véase el apartado 12 de la primera sentencia recurrida.


10      Para una presentación más detallada de la segunda solicitud inicial, véase el apartado 7 de la segunda sentencia recurrida.


11      Véase la sentencia del Tribunal General de 15 de julio de 2015, Dennekamp/Parlamento (T‑115/13, EU:T:2015:497), apartado 61.


12      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1).


13      Sentencia de 16 de julio de 2015, ClientEarth y PAN Europe/EFSA (C‑615/13 P, en lo sucesivo, «sentencia ClientEarth», EU:C:2015:489).


14      Véase la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Bavarian Lager (C‑28/08 P, EU:C:2010:378), apartado 49.


15      Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Bavarian Lager (C‑28/08 P, EU:C:2010:378), apartado 57.


16      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1).


17      A tenor de esta disposición, «las solicitudes de acceso a un documento deberán formularse en cualquier forma escrita, incluido el formato electrónico, en una de las lenguas a que se refiere el artículo 314 del Tratado CE y de manera lo suficientemente precisa para permitir que la institución identifique el documento de que se trate. El solicitante no estará obligado a justificar su solicitud».


18      A tenor de dicho considerando, «cuando los destinatarios establecidos en la Unión distintos de las instituciones y organismos de la Unión quieran que las instituciones y organismos de la Unión les transmitan datos personales, dichos destinatarios deben demostrar que la transmisión es necesaria para el ejercicio de sus funciones llevadas a cabo en interés público o bien para el ejercicio de las potestades públicas que tienen conferidas. Alternativamente, dichos destinatarios deberán demostrar que la transmisión es necesaria para una finalidad específica de interés público y el responsable del tratamiento debe determinar si existe alguna razón que permita suponer que se perjudicarán los intereses legítimos del interesado. En tales casos, el responsable del tratamiento debe ponderar de manera demostrable los diferentes intereses a fin de calcular la proporcionalidad de la transmisión de datos personales solicitada. Esa finalidad específica de interés público puede guardar relación con la transparencia de las instituciones y organismos de la Unión».


19      Véase la sentencia de 1 de agosto de 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (C‑184/20, EU:C:2022:601), apartados 74 a 76.


20      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 1027/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 (DO 2012, L 316, p. 38).


21      El último párrafo de esta disposición establece que «los miembros del Consejo de Administración, los miembros de los Comités, los ponentes y los expertos que participen en las reuniones o en los grupos de trabajo de la Agencia declararán en cada reunión los intereses particulares que pudieran considerarse perjudiciales para su independencia en relación con los puntos del orden del día. Estas declaraciones se pondrán a disposición del público» (el subrayado es mío).


22      T‑115/13, EU:T:2015:497, apartado 61.


23      Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251), apartados 83 y 84 y jurisprudencia citada.


24      Véase el punto 57 de las presentes conclusiones.


25      Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex (C‑136/24 P, EU:C:2025:977), apartados 54 y 55 y jurisprudencia citada.


26      Véanse los puntos 62 y 63 de las presentes conclusiones.


27      C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912.


28      Véase la sentencia de 16 de enero de 2025, Comisión/Pollinis France (C‑726/22 P, EU:C:2025:17), apartados 61 a 63 y jurisprudencia citada.


29      Véanse el apartado 146 de la primera sentencia recurrida y el apartado 150 de la segunda sentencia recurrida.


30      En dichos apartados, el Tribunal General consideró que, si bien el hecho de que una sociedad se vea expuesta a acciones por daños y perjuicios puede indudablemente tener como consecuencia costes elevados, ya sea en términos de recursos económicos, de tiempo o de personal, incluso en el supuesto de que tales acciones sean ulteriormente desestimadas por infundadas, el derecho de los terceros que puedan resultar perjudicados por una vacuna defectuosa a ejercitar acciones de responsabilidad contra las empresas interesadas se basa en la normativa nacional que transpone la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO 1985, L 210, p. 29). Este derecho de recurso es independiente de la existencia y del contenido de las cláusulas relativas a la indemnización.


31      El Tribunal General declaró, en dichos apartados, que el interés de las empresas interesadas en evitar acciones por daños y perjuicios, en el supuesto de que estas efectivamente hayan producido y puesto en circulación una vacuna defectuosa, no puede calificarse de «interés comercial» y, en cualquier caso, no constituye un interés digno de protección, habida cuenta, en particular, del derecho que toda persona tiene a solicitar que se le indemnice por el perjuicio que le haya causado un producto defectuoso.


32      En esas frases el Tribunal General señaló que, «el deseo de evitar incurrir en costes más elevados relacionados con un procedimiento judicial no constituye un interés protegido en virtud del artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento n.º 1049/2001 (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2019, Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals/EMA, T‑377/18, no publicada, EU:T:2019:456, apartados 55 y 56)».


33      A tenor de estos apartados, las Decisiones controvertidas no contienen ningún elemento que permita concluir que la divulgación más amplia del mecanismo de indemnización de las empresas interesadas podría dar lugar a la interposición de recursos contra estas últimas.


34      Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW (C‑365/12 P, EU:C:2014:112), apartado 79 y jurisprudencia citada.


35      A este respecto, como ha señalado el Tribunal de Justicia, los artículos 1 y 4 de la Directiva 85/374, interpretados a la luz del primer considerando de dicha Directiva, sientan el principio de la responsabilidad objetiva del productor cuyo fundamento es el defecto del producto, definido, según el artículo 6 de la misma Directiva, como la falta de la seguridad de este producto a la que el consumidor tiene legítimamente derecho, teniendo en cuenta todas las circunstancias (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2026, Sanofi Pasteur, C‑338/24, EU:C:2026:248, apartado 29).


36      Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de octubre de 2020, Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals/EMA (C‑576/19 P, EU:C:2020:873), apartado 53 y jurisprudencia citada.


37      En su recurso de casación en el asunto C‑631/24 P, la Comisión afirma haber aportado cifras en el escrito de contestación presentado ante el Tribunal General en el asunto del que trae causa la primera sentencia recurrida. Sin embargo, del pasaje al que se refiere dicho escrito se desprende que la Comisión se limitó a afirmar que «el riesgo de que los consumidores interpongan recursos masivos contra los fabricantes de vacunas no es abstracto y que, habida cuenta de que, en la actualidad, más del 70 % de los europeos (es decir, 447,2 millones de personas) han recibido al menos una dosis de vacuna, este riesgo consiste en consecuencias financieras muy importantes para un único contratante».


38      Conforme al tenor de estos apartados de las sentencias recurridas, la razón por la que las cláusulas relativas a la indemnización se incorporaron a los contratos en cuestión, esto es, compensar los riesgos que corrían las empresas interesadas relacionados con el acortamiento del plazo de desarrollo de las vacunas, era de dominio público antes de la adopción de las Decisiones controvertidas.


39      Véase la sentencia de 12 de septiembre de 2024, Anglo Austrian AAB/BCE y Far‑East (C‑579/22 P, EU:C:2024:731), apartado 120 y jurisprudencia citada.


40      Esos apartados anunciaban que «la divulgación íntegra de las cláusulas relativas a la indemnización, en particular de las que definen las condiciones exactas en las que se excluye la indemnización al proveedor, revelaría inevitablemente a los competidores del proveedor —es decir, a todas las empresas farmacéuticas, incluidas las que no producen vacunas— los “puntos débiles” de la cobertura de su eventual responsabilidad y les proporcionaría una ventaja competitiva que podrían explotar posteriormente (en anuncios publicitarios, publicidad comparativa, etc.). Evidentemente, esto es lo que sucedería con los competidores cuyos contratos no contemplan una cláusula indemnizatoria, pero cuya cobertura por un seguro general en caso de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos es de dominio público».


41      Véase la sentencia de 20 de junio de 2024, EUIPO/Indo European Foods (C‑801/21 P, EU:C:2024:528), apartado 85 y jurisprudencia citada.