Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 3 de septiembre de 2026 (*)
« Recurso de casación — Dumping — Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1100 — Importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Turquía — Derecho antidumping definitivo — Cálculo del valor normal — Comparación ecuánime — Reglamento (UE) 2016/1036 — Artículo 2, apartado 5 — Artículo 2, apartado 10, letra j) — Ajustes — Cambio de divisas — Cobertura de pérdidas y ganancias — Artículo 18, apartados 3 y 6 — Cooperación de los interesados »
En el asunto C‑499/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 17 de julio de 2024,
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, con domicilio social en Estambul (Turquía),
İskenderun Demir ve Çelik AŞ, con domicilio social en Payas (Turquía),
Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ, con domicilio social en Gebze (Turquía),
representadas por los Sres. J. Cornelis y F. Graafsma, advocaten,
partes recurrentes,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. G. Gattinara, G. Luengo y J. Zieliński, posteriormente por los Sres. G. Gattinara y J. Zieliński, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. E. Regan, en funciones de Presidente de la Sala Décima, y los Sres. D. Gratsias y B. Smulders (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de noviembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su recurso de casación, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAȘ, İskenderun Demir ve Çelik AȘ y Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (en lo sucesivo, «Erdemir», «Isdemir» y «Ersem») solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2024, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları y otros/Comisión (T‑629/21; en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:303), por la que este desestimó su recurso de anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1100 de la Comisión, de 5 de julio de 2021, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Turquía (DO 2021, L 238, p. 32; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).
Marco jurídico
Derecho internacional
2 Mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO 1994, L 336, p. 1), el Consejo de la Unión Europea aprobó el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, al igual que los acuerdos que figuran en los anexos 1 a 3 de dicho Acuerdo, entre los que figura el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (DO 1994, L 336, p. 103; en lo sucesivo, «Acuerdo antidumping»).
3 El artículo 2 del Acuerdo antidumping, titulado «Determinación de la existencia de dumping», establece:
«2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.
2.2 […]
2.2.1 Las ventas del producto similar en el mercado interno del país exportador o las ventas a un tercer país a precios inferiores a los costes unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos administrativos, de venta y de carácter general podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales normales por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal únicamente si las autoridades […] determinan que esas ventas se han efectuado durante un período prolongado […] en cantidades […] sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable. Si los precios inferiores a los costos unitarios en el momento de la venta son superiores a los costos unitarios medios ponderados correspondientes al período objeto de investigación, se considerará que esos precios permiten recuperar los costos dentro de un plazo razonable.
2.2.1.1 A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas las pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente el exportador o productor en el curso de la investigación, siempre que esas imputaciones hayan sido utilizadas tradicionalmente por el exportador o productor, sobre todo en relación con el establecimiento de períodos de amortización y depreciación adecuados y deducciones por concepto de gastos de capital y otros costos de desarrollo. A menos que se reflejen ya en las imputaciones de los costos a que se refiere este apartado, los costos se ajustarán debidamente para tener en cuenta las partidas de gastos no recurrentes que beneficien a la producción futura y/o actual, o para tener en cuenta las circunstancias en que los costos correspondientes al período objeto de investigación han resultado afectados por operaciones de puesta en marcha. […]
2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta base, podrán determinarse sobre la base de:
i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en relación con la producción y las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma categoría general de productos;
ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores sometidos a investigación en relación con la producción y las ventas del producto similar en el mercado interno del país de origen;
iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de este modo no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen.
[…]
2.4 Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. […] En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios correspondientes. Cuando, en esos casos, haya resultado afectada la comparabilidad de los precios, las autoridades establecerán el valor normal en un nivel comercial equivalente al correspondiente al precio de exportación reconstruido o tendrán debidamente en cuenta los elementos que el presente párrafo permite tomar en consideración. Las autoridades indicarán a las partes afectadas qué información se necesita para garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga probatoria que no sea razonable.
2.4.1 Cuando la comparación con arreglo al párrafo 4 exija una conversión de monedas, esta deberá efectuarse utilizando el tipo de cambio de la fecha de venta […], con la salvedad de que cuando una venta de divisas en los mercados a término esté directamente relacionada con la venta de exportación de que se trate, se utilizará el tipo de cambio de la venta a término. No se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los tipos de cambio y, en una investigación, las autoridades concederán a los exportadores un plazo de 60 días, como mínimo, para que ajusten sus precios de exportación de manera que reflejen movimientos sostenidos de los tipos de cambio durante el período objeto de investigación.
2.4.2 A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. […]
[…]»
Derecho de la Unión
4 El considerando 27 del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), enuncia lo siguiente:
«Es necesario prever que, respecto a las partes que no cooperen satisfactoriamente, pueda usarse otro tipo de información con el fin de alcanzar las conclusiones y que dicha información pueda ser menos favorable para dichas partes que si hubiesen cooperado.»
5 El artículo 2 del Reglamento de base, titulado «Determinación de la existencia del dumping», establece lo siguiente:
«A. VALOR NORMAL
1. El valor normal se basará en principio en los precios pagados o por pagar, en el curso de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación.
[…]
3. Cuando, en el curso de operaciones comerciales normales, no existan ventas del producto similar o estas sean insuficientes, o cuando, debido a una situación especial del mercado, dichas ventas no permitan una comparación adecuada, el valor normal del producto similar se calculará sobre la base del coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y en concepto de beneficios. También podrá calcularse utilizando los precios de exportaciones realizadas a un tercer país apropiado en el curso de operaciones comerciales normales y siempre que estos precios sean representativos.
[…]
5. Los costes deberán ser calculados normalmente sobre la base de los datos de la parte investigada, siempre que se atengan a los principios contables generalmente admitidos en el país de que se trate y se demuestre que reflejan razonablemente los costes de producción y venta del producto considerado.
Si los costes asociados con la producción y venta del producto investigado no se reflejan razonablemente en los registros de la parte afectada, se ajustarán o se establecerán sobre la base de los costes de otros productores o exportadores en el mismo país o, cuando tal información no esté disponible o no pueda utilizarse, sobre cualquier otra base razonable, incluida la información de otros mercados representativos.
Se tomarán en cuenta las pruebas relativas a la imputación de costes siempre que se demuestre que hayan sido históricamente utilizadas. A falta de un método más adecuado, se dará prioridad a la imputación de costes en función del volumen de negocios. A menos que ya se haya hecho en las imputaciones de costes con arreglo al presente párrafo, los costes deberán ser ajustados de forma apropiada respecto a los costes extraordinarios que favorezcan la producción futura o actual.
[…]
6. Los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos, y a los beneficios, se basarán en los datos reales de producción y ventas del producto similar, en el curso de operaciones comerciales normales, proporcionados por el exportador o productor investigado. Cuando dichos importes no puedan ser determinados de esta forma, se podrán calcular basándose en:
a) la media ponderada de los importes reales determinados para otros exportadores o productores investigados por lo que respecta a la producción y venta del producto similar, en el mercado interior del país de origen;
b) los importes reales aplicables a la producción y venta de la misma categoría de productos, por parte del exportador o productor en cuestión, en el mercado interno del país de origen y en el curso de operaciones comerciales normales;
c) cualquier otro método razonable, siempre que el importe del beneficio así establecido no sobrepase el beneficio normalmente obtenido por otros exportadores o productores por las ventas de productos de la misma categoría en el mercado interno del país de origen.
[…]
B. PRECIO DE EXPORTACIÓN
[…]
C. COMPARACIÓN
10. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte a la comparabilidad de los precios. Cuando el valor normal y el precio de exportación establecidos no puedan ser directamente comparados, se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para tener en cuenta diferencias en factores, que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad de estos. Se evitarán duplicidades al realizar los ajustes, en particular por lo que se refiera a los descuentos, reducciones, cantidades y fase comercial. Cuando se cumplan estas condiciones podrán aplicarse ajustes en concepto de:
[…]
j) Cambio de divisas
Cuando la comparación de los precios requiera un cambio de divisas, este deberá efectuarse al tipo de cambio de la fecha de venta, salvo cuando la venta de divisas extranjeras en los mercados a término esté directamente relacionada con la venta de exportación en cuestión, en cuyo caso se utilizará el tipo de cambio de la venta a término. Como norma general, la fecha de venta será la fecha de facturación, pero podrá utilizarse la fecha del contrato, de la orden de compra o de confirmación de la orden, si estas fueran más apropiadas para determinar las condiciones reales de venta. Las fluctuaciones del tipo de cambio no se tendrán en cuenta y se concederá a los exportadores un plazo de 60 días para repercutir una tendencia confirmada de los tipos de cambio durante el período de investigación.
[…]»
6 El artículo 6 del mismo Reglamento, titulado «Investigación», dispone:
«1. Tras la apertura del procedimiento, la Comisión [Europea], en cooperación con los Estados miembros, dará comienzo a una investigación en toda la Unión [Europea]. Esa investigación se centrará tanto en el dumping como en el perjuicio, que serán examinados simultáneamente.
A efectos de llegar a unas conclusiones representativas, se elegirá un período de investigación que, en el caso del dumping, no deberá ser normalmente inferior a los seis meses inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento.
Normalmente no se tendrá en cuenta la información relativa a un período posterior al de investigación.
2. Las partes a quienes se envíen los cuestionarios utilizados en la investigación antidumping dispondrán de un plazo mínimo de 30 días para responder al mismo. El plazo para los exportadores comenzará a contar desde la fecha de recepción del cuestionario, que se supondrá recibido una semana después de su envío al exportador o de su transmisión a un representante diplomático apropiado del país de exportación. Podrá concederse una prórroga del plazo de 30 días teniendo en cuenta los plazos de investigación y siempre que la parte justifique adecuadamente las circunstancias particulares que concurren para dicha prórroga.
[…]»
7 El artículo 16 de dicho Reglamento, titulado «Inspecciones in situ», es del siguiente tenor:
«1. La Comisión recabará cualquier información que considere necesaria y, cuando lo juzgue apropiado, examinará y verificará los libros de los importadores, exportadores, operadores comerciales, agentes, productores, asociaciones y organizaciones mercantiles para verificar la información facilitada sobre el dumping y el perjuicio. En caso de que no exista una respuesta apropiada dentro de los plazos adecuados, la Comisión podrá decidir no realizar una inspección in situ.
2. En caso necesario, la Comisión realizará investigaciones en terceros países, previo consentimiento de las empresas implicadas y siempre que no exista oposición por parte del gobierno del país interesado, que habrá sido informado oficialmente. Tan pronto como haya obtenido el consentimiento de las empresas afectadas, la Comisión notificará a las autoridades del país de exportación los nombres y direcciones de las empresas que serán visitadas y las fechas acordadas.
3. Se informará a las empresas afectadas con anterioridad a la visita de la naturaleza general de la información que se trata de verificar y qué otra información es preciso suministrar, si bien esto no impedirá que durante la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles.
[…]»
8 A tenor del artículo 18 del mismo Reglamento, cuyo epígrafe es «Falta de cooperación»:
«[…]
3. Aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, no deberá descartarse, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente precisas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada la haya elaborado lo mejor posible.
[…]
6. En caso de que una parte interesada no coopere o solo lo haga parcialmente de modo que, como consecuencia de ello no se comunique información pertinente, el resultado de la investigación podrá ser menos favorable para dicha parte que si hubiera cooperado.»
Antecedentes del litigio
9 En los apartados 2 a 10 de la sentencia recurrida, los antecedentes del litigio se resumen del siguiente modo:
«2 Las [recurrentes] son sociedades turcas. Erdemir e Isdemir se dedican a la producción y venta de productos planos laminados en caliente. Ersem es su comerciante vinculado.
3 El 14 de mayo de 2020, la Comisión Europea inició una investigación antidumping relativa a las importaciones en la Unión Europea de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados (en lo sucesivo, “producto considerado”), originarios de Turquía (en lo sucesivo, “investigación”).
4 La investigación versaba sobre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 (en lo sucesivo, “período de investigación”). El examen de las tendencias útiles para evaluar el perjuicio se refería al período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el final del período de investigación. Las [recurrentes] presentaron observaciones escritas durante la investigación.
5 Las [recurrentes] fueron seleccionadas entre los tres exportadores turcos incluidos en la muestra y presentaron una respuesta al cuestionario el 7 de julio de 2020, así como respuestas a una solicitud de información adicional el 26 de agosto de 2020 (en el caso de Erdemir), el 10 de septiembre de 2020 (en el caso de Isdemir) y el 21 de septiembre de 2020 (en el caso de Ersem).
6 Entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre de 2020 se llevó a cabo una verificación a distancia.
7 El 6 de enero de 2021, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/9, por el que se impone un derecho antidumping provisional relativo a las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Turquía (DO 2021, L 3, p. 4), que somete las exportaciones de las [recurrentes] a la Unión del producto considerado a un derecho antidumping provisional del 5,4 %.
8 El 23 de abril de 2021, la Comisión comunicó a las [recurrentes] los hechos y consideraciones definitivos en los que se basaba su intención de establecer derechos antidumping definitivos.
9 El 6 de mayo de 2021, la Comisión comunicó a las [recurrentes] conclusiones definitivas adicionales, en virtud de las cuales los derechos antidumping que tenía previsto imponer a las [recurrentes] se elevaron al 5 %. Las [recurrentes] presentaron sus observaciones a dichas conclusiones el 10 de mayo de 2021.
10 El 5 de julio de 2021, la Comisión adoptó el Reglamento [controvertido], por el que se impone un derecho antidumping del 5 % a las importaciones en la Unión del producto considerado fabricado por las [recurrentes].»
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
10 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 29 de septiembre de 2021, las recurrentes interpusieron un recurso por el que solicitaban la anulación del Reglamento controvertido.
11 En apoyo de su recurso de anulación, las recurrentes formularon cuatro motivos. El primer motivo se basaba en la infracción del artículo 2, apartados 5 y 10, frases primera a tercera y quinta, y letra j), del Reglamento de base. El segundo motivo se basaba en la infracción del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base y del artículo 2.4 del Acuerdo antidumping y en la vulneración del principio de buena administración, al no haber realizado la Comisión un ajuste en concepto de cobertura de pérdidas y ganancias. Mediante su tercer motivo, las recurrentes alegaron la infracción del artículo 2, apartados 5, 6 y 10, frases primera a tercera, del Reglamento de base. Por último, el cuarto motivo se basaba en la infracción del artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base y del artículo 2.2.2 del Acuerdo antidumping.
12 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó los cuatro motivos y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
13 En su recurso de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
– Con carácter principal:
– Anule la sentencia recurrida.
– Anule el Reglamento controvertido.
– Condene a la Comisión a cargar con las costas del procedimiento de casación y del procedimiento seguido ante el Tribunal General.
– Con carácter subsidiario:
– Devuelva el asunto al Tribunal General.
– Se reserve la decisión sobre las costas en ambas instancias.
14 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
– Desestime el recurso de casación.
– Condene en costas a las recurrentes.
Recurso de casación
15 En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan ocho motivos de casación. El primer motivo se basa en falta de motivación y en la infracción del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, debido a una interpretación errónea de la alegación formulada por las recurrentes en primera instancia según la cual todos los datos numéricos se habían facilitado en la misma divisa y, por lo tanto, el cambio adicional efectuado por la Comisión no era necesario. En apoyo de su segundo motivo, las recurrentes alegan un incumplimiento de la obligación de tomar en consideración los Acuerdos de la OMC para la interpretación de las disposiciones del Reglamento de base. Mediante su tercer motivo, las recurrentes imputan al Tribunal General haber infringido lo dispuesto en el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base al resolver que el artículo 2, apartado 5, de ese Reglamento no contempla ninguna obligación de recurrir a un tipo de cambio particular. Con su cuarto motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al declarar que habían solicitado y aceptado favorablemente un cambio mensual y que ellas mismas habían aplicado tal cambio. Mediante su quinto motivo, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber impuesto una carga de la prueba excesiva al exigir que se facilitara nueva información sobre los costes de producción en liras turcas. El sexto motivo se basa en la interpretación errónea del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. El séptimo motivo se basa en la falta de motivación de la sentencia recurrida, ya que el Tribunal General no abordó una parte de las alegaciones formuladas en primera instancia por las recurrentes. Por último, mediante su octavo motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General interpretó erróneamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General relativa a la obligación de información que recae sobre los productores exportadores que son objeto de una investigación antidumping y que atribuyó a dicha obligación un alcance que podría reducir a la nada la obligación de diligencia y de buena administración de la Comisión.
Primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
16 Mediante su primer motivo de casación, las recurrentes alegan, en esencia, que, en los apartados 45, 47 a 49 y 68 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incumplió su obligación de motivación, al interpretar erróneamente la alegación formulada en primera instancia por las recurrentes según la cual un cambio de divisas solo puede efectuarse cuando sea necesario y al aplicar incorrectamente el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base.
17 Según las recurrentes, el Tribunal General examinó la cuestión de si los cambios de divisas eran en general necesarios cuando las recurrentes ya habían convertido todas las transacciones no expresadas en dólares estadounidenses en esa divisa, que era su divisa contable, a efectos de su registro contable en la fecha de la transacción. Aducen que fue el cambio posterior efectuado por la Comisión el que fue impugnado ante el Tribunal General, ya que este no era necesario para poder efectuar una comparación ecuánime. Indican que todos los datos pertinentes necesarios para comparar los precios (las ventas en el mercado nacional, las ventas de exportación, los costes de producción y las cifras relativas a los gastos de venta, generales y administrativos) se declararon en dólares estadounidenses, por lo que no era necesario proceder a un cambio con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. Añaden que, por consiguiente, el segundo cambio efectuado por la Comisión era superfluo e infringía, por tanto, esta disposición.
18 Consideran que, sin embargo, el Tribunal General no examinó la necesidad de este segundo cambio de divisas a la luz de los criterios establecidos por él según los cuales corresponde a la Comisión justificar los cambios efectuados relativos a las ventas de exportación, a las ventas interiores y a los costes de producción. Alegan que esta omisión constituye una falta de motivación y una aplicación errónea del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. Añaden que dicha omisión también se refiere al apartado 68 de la sentencia recurrida según el cual era necesario convertir los costes de producción en liras turcas, puesto que se había considerado necesario convertir los precios de exportación y el valor normal en esa divisa para garantizar una comparación ecuánime, en el sentido del artículo 2, apartado 10, de dicho Reglamento.
19 La Comisión mantiene que este motivo de casación carece de fundamento y es inoperante.
Apreciación del Tribunal de Justicia
20 Según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencias de 13 de enero de 2022, Alemania — Ville de Paris y otros/Comisión, C‑177/19 P a C‑179/19 P, EU:C:2022:10, apartado 37 y jurisprudencia citada, y de 14 de noviembre de 2024, LE/Comisión, C‑781/22 P, EU:C:2024:960, apartado 73).
21 Además, en virtud del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, puede procederse a un ajuste en forma de cambio de divisas para garantizar una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal.
22 En el caso de autos, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, el Tribunal General examinó la cuestión de si era necesario el cambio «posterior» de divisas, que corresponde al «segundo» cambio al que se refieren las recurrentes. Antes de apreciar, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, la legalidad de ese cambio, el Tribunal General declaró sin lugar a dudas que las recurrentes habían aportado datos procedentes de su contabilidad convertida en dólares estadounidenses. Así, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que era pacífico entre las partes que el dólar estadounidense era la principal divisa contable de las recurrentes. En el apartado 45 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, «sobre la base de los informes contables [de las recurrentes], la Comisión convirtió en liras turcas, por una parte, los datos facilitados en dólares estadounidenses, a saber, las ventas interiores, las ventas de exportación, los ajustes sobre las ventas y los costes de producción, a través del euro, y, por otra parte, las ventas de exportación facturadas por las [recurrentes] en euros». A continuación, el Tribunal General recordó, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, que la Comisión había justificado esos «cambios de divisas» en el considerando 127 del Reglamento controvertido. Pues bien, en dicho considerando, la Comisión señaló, en esencia, que, en primer término, había constatado que las recurrentes habían realizado transacciones en dólares estadounidenses, euros y liras turcas y que, por lo tanto, había sido necesario proceder a cambios de moneda para expresar los valores en una divisa que permitiera la comparación. En segundo término, la Comisión mencionó que no había puesto en duda el hecho de que las propias recurrentes habían convertido todos los importes en dólares estadounidenses, puesto que esta era la divisa que utilizaban en su contabilidad. Sin embargo, esta institución consideró adecuado utilizar la divisa del país de que se trata, a saber, la lira turca, a los efectos de la comparación entre el valor normal y el precio de exportación.
23 En el apartado 47 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que era necesario un cambio de divisas para poder efectuar tal comparación ecuánime, puesto que, como habían reconocido las recurrentes, sus ventas de exportación a la Unión se habían efectuado en euros y en dólares estadounidenses, mientras que todas las facturas de ventas interiores, excepto una factura de Ersem, estaban denominadas en liras turcas, y el dólar estadounidense solo se indicaba como divisa complementaria. Además, una vez pagada la factura, el pago estaba expresado en una u otra de esas divisas.
24 Al actuar de este modo, el Tribunal General no infringió el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. En efecto, esta disposición no obligaba a la Comisión a tener en cuenta la divisa que las recurrentes declaraban utilizar para sus operaciones contables. Como estimó acertadamente el Tribunal General en el apartado 48 de la sentencia recurrida, cuando tal cambio resulta necesario, el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base no obliga a esa institución a cambiar la divisa de las ventas de exportación a la divisa solicitada por el productor exportador. Así pues, el hecho de que las propias recurrentes hubieran realizado un cambio de divisas a efectos contables no basta para demostrar que la Comisión infringió esta disposición cuando efectuó, sobre la base de la citada disposición, un cambio a una divisa distinta de la que las recurrentes habían tenido en cuenta.
25 De estas consideraciones se desprende que, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, el Tribunal General examinó concretamente, y no de modo general, si el «segundo cambio» efectuado por la Comisión, a saber, el cambio a liras turcas, era necesario en el caso de autos. También examinó concretamente si las pruebas aportadas por la Comisión cumplían los criterios que había enunciado, en particular, en los apartados 40, 42 y 43 de la sentencia recurrida.
26 Así pues, el Tribunal General cumplió su obligación de motivación y no infringió el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base.
27 Por consiguiente, el primer motivo de casación debe desestimarse por infundado.
Segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
28 El segundo motivo de casación se dirige contra los apartados 63, 66, 67 y 70 de la sentencia recurrida. Este motivo se basa en el incumplimiento de la obligación de tomar en consideración los Acuerdos de la OMC para la interpretación de las disposiciones del Reglamento de base.
29 Según las recurrentes, del apartado 31 de la sentencia de 20 de enero de 2022, Comisión/Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2022:38), se desprende que la primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión obliga a interpretar los textos de Derecho derivado de la Unión, en la medida de lo posible, de conformidad con dichos acuerdos. Estiman que, sin embargo, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping «no influye en la interpretación que debe darse al artículo 2, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base».
30 Las recurrentes consideran que, al no haber tenido en cuenta, de manera injustificada, el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping, tal como lo interpretan los grupos especiales y el Órgano de Apelación de la OMC, a efectos de la interpretación del artículo 2, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base, el Tribunal General vulneró los límites impuestos a la facultad de que disponen las autoridades encargadas de la investigación de no referirse a los documentos contables de un productor exportador. Así pues, en opinión de las recurrentes, en el caso de autos, la Comisión debería haber justificado la existencia de una «razón imperiosa» para no referirse a los documentos contables de las recurrentes, justificación que, según ellas, no aportó.
31 Además, a juicio de las recurrentes, la utilización de la expresión «sobre la base de los datos» en el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base no implica que la autoridad encargada de la investigación pueda ajustar o tratar libremente los documentos contables. Consideran que es cierto que del artículo 2, apartado 5, párrafo tercero, segunda frase, de ese Reglamento se desprende que se permite a dicha autoridad efectuar determinados ajustes de los costes con el fin de obtener un cálculo más preciso y garantizar una verdadera relación entre los gastos reflejados en los registros y los gastos asociados a la producción y a la venta del producto específico considerado. Sin embargo, según las recurrentes, esta cuestión no se planteaba ante el Tribunal General, ya que la Comisión aceptó el reparto de los gastos utilizado por las recurrentes.
32 Las recurrentes alegan que, por lo tanto, el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia de los grupos especiales y del Órgano de Apelación de la OMC al decidir, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, que «la Comisión no está obligada a confiar, sin proceder a ninguna comprobación, en los documentos contables presentados por la parte afectada durante la investigación y […] no está obligada a utilizarlos sin modificaciones».
33 La Comisión solicita que se desestime este motivo de casación, ya que se basa en una interpretación errónea del apartado 63 de la sentencia recurrida. Además, considera que este motivo, en la medida en que se dirige contra los apartados 67 y 70 de dicha sentencia, es inoperante. Añade que, en cualquier caso, carece de fundamento.
Apreciación del Tribunal de Justicia
34 Es preciso señalar que el segundo motivo de casación se basa en una interpretación errónea del apartado 63 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General declaró que «el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping, invocado por las [recurrentes], contiene una formulación casi idéntica y, por lo tanto, no influye en la interpretación que debe darse al artículo 2, apartado 5, párrafo primero, del Reglamento de base».
35 En efecto, contrariamente a lo que afirman las recurrentes, de esta consideración se desprende que el Tribunal General no se negó a tener en cuenta el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping ni las decisiones pertinentes de los grupos especiales o del Órgano de Apelación de la OMC, sino que, por el contrario, tuvo en cuenta la formulación de esta disposición y señaló que era «casi idéntica» a la del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base. De este modo, el Tribunal General no afirmó que el artículo 2.2.1.1 de dicho Acuerdo careciera de pertinencia como tal, sino que el tenor de esta disposición no contenía ningún indicio adicional a efectos de la interpretación del artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, habida cuenta de la redacción casi idéntica de ambas disposiciones.
36 Además, no puede imputarse al Tribunal General no haber tenido en cuenta las resoluciones pertinentes de la OMC relativas a la interpretación del artículo 2.2.1.1 del Acuerdo antidumping, invocadas en la demanda presentada en primera instancia. En efecto, de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General, sin cuestionar la resolución del Grupo Especial de la OMC mencionada en el apartado 69 de esa sentencia, según la cual la Comisión solo puede prescindir de los registros contables del productor afectado si puede justificar la existencia de una «razón imperiosa», declaró, en el apartado 70 de dicha sentencia, refiriéndose a lo que ya había indicado en su apartado 67, que la Comisión no había excluido los registros contables de las recurrentes. Por lo tanto, con mayor razón, la citada institución no estaba obligada a justificar la existencia de tal «razón imperiosa».
37 Por consiguiente, de la sentencia recurrida no se desprende que el Tribunal General haya interpretado el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base en el sentido de que la Comisión pueda apartarse de los documentos contables del productor exportador sin tener que aportar la prueba de una «razón imperiosa» ni que la Comisión no haya tenido en cuenta dichos documentos en el caso de autos.
38 El segundo motivo de casación, que se basa, por tanto, en una interpretación errónea de la sentencia recurrida, debe desestimarse por infundado.
Tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
39 Mediante su tercer motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber infringido el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base al considerar, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que el artículo 2, apartado 5, de dicho Reglamento no establece ninguna obligación de utilizar un tipo de cambio particular.
40 En esencia, las recurrentes alegan que el Tribunal General declaró erróneamente, al interpretar el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, que no existía ninguna obligación en cuanto al tipo de cambio que debía utilizarse para convertir los costes de producción, cuando, por una parte, el artículo 2, apartado 10, letra j), primera frase, de dicho Reglamento exige, en su opinión, utilizar el tipo de cambio de la fecha de la transacción y, por otra parte, el Tribunal General ya declaró que esta disposición se aplicaba a la conversión de los costes de producción.
41 La Comisión alega que debe declararse la inadmisibilidad del tercer motivo de casación, debido, por una parte, a que las recurrentes no exponen con suficiente precisión la alegación que pretenden basar en el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base y, por otra parte, a que, al invocar, por primera vez ante el Tribunal de Justicia, esta última disposición en apoyo de su alegación, formulada ante el Tribunal General, de que la utilización de tipos de cambio mensuales infringía el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, formulan un motivo nuevo y modifican el objeto del litigio ante el Tribunal General.
42 Además, la Comisión sostiene que este motivo de casación es inoperante, habida cuenta de la decisión del Tribunal General contenida en el apartado 67 de la sentencia recurrida, que, en su opinión, las recurrentes no rebaten. Concluye que, en cualquier caso, dicho motivo debe desestimarse por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
43 Del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, apartado 54 y jurisprudencia citada).
44 Además, según reiterada jurisprudencia, en el procedimiento de casación, la competencia del Tribunal de Justicia se limita a la apreciación de la solución jurídica dada a los motivos y alegaciones debatidos ante los jueces que conocieron del asunto en primera instancia. Por lo tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General, ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. No obstante, un recurrente puede interponer un recurso de casación invocando, ante el Tribunal de Justicia, motivos y alegaciones derivados de la propia sentencia recurrida y mediante los que se pretenda criticar los fundamentos jurídicos de esta (sentencia de 6 de octubre de 2021, Sigma Alimentos Exterior/Comisión, C‑50/19 P, EU:C:2021:792, apartados 38 a 39 y jurisprudencia citada).
45 En el caso de autos, por lo que respecta a la admisibilidad del tercer motivo de casación, procede señalar, por una parte, que el recurso de casación precisa de manera inequívoca el error alegado y, por tanto, no es impreciso, contrariamente a lo que sostiene la Comisión. En efecto, las recurrentes indicaron el apartado impugnado de la sentencia recurrida, a saber, el apartado 72, exponiendo al mismo tiempo que el error cometido, en su opinión, por el Tribunal General consiste en haber considerado que el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base no establece ninguna obligación de utilizar un tipo de cambio particular, mientras que, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, declaró que el artículo 2, apartado 10, letra j), de dicho Reglamento se aplicaba a la conversión de los costes de producción, lo que implicaba la obligación de utilizar el tipo de cambio de la fecha de venta.
46 Por otra parte, en su escrito de interposición del recurso ante el Tribunal General, las recurrentes habían alegado que el empleo de un tipo de cambio mensual en lugar de un tipo diario, como el que se contempla en el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base y que utilizaban las recurrentes para llevar su contabilidad, constituía una infracción del artículo 2, apartado 5, de dicho Reglamento. Por lo tanto, en la medida en que, mediante el tercer motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General, en esencia, haber desestimado esta alegación formulada ante él, no puede considerarse que este motivo modifique el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General.
47 De las consideraciones anteriores resulta que procede declarar la admisibilidad del tercer motivo de casación.
48 Además, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el apartado 67 de la sentencia recurrida no basta para justificar la decisión del Tribunal General según la cual la Comisión podía utilizar un tipo de cambio mensual para las conversiones efectuadas por dicha institución en el marco de la verificación de los costes de producción de las recurrentes.
49 Por lo que respecta a la procedencia de este tercer motivo de casación, debe recordarse que, con arreglo al artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, el valor normal del producto similar puede calcularse, en situaciones especiales, sobre la base del coste de producción en el país de origen, añadiéndole una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y en concepto de beneficios.
50 Además, el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base precisa, en particular, que los costes deberán ser calculados normalmente sobre la base de los datos de la parte investigada, siempre que se atengan a los principios contables generalmente admitidos en el país de que se trate y se demuestre que reflejan razonablemente los costes de producción y venta del producto considerado. De no ser así, dichos costes se ajustarán o se establecerán sobre la base de los costes de otros productores o exportadores en el mismo país o, cuando tal información no esté disponible o no pueda utilizarse, sobre cualquier otra base razonable.
51 Sin embargo, esta última disposición no contiene ninguna referencia a una conversión del importe de los gastos que deben tenerse en cuenta, expresados en una divisa determinada, ni, con mayor motivo, al tipo de cambio que debe utilizarse para dicha conversión.
52 Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base no establece ninguna obligación de emplear un tipo de cambio particular.
53 Esta consideración no queda desvirtuada por el hecho de que el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base establezca que debe procederse a una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal y que tal comparación pueda requerir un cambio de divisas utilizando, en principio, el tipo de cambio de la fecha de venta, salvo cuando la venta de divisas extranjeras en los mercados a término esté directamente relacionada con la venta de exportación considerada, en cuyo caso se utiliza el tipo de cambio de la venta a término.
54 En efecto, del tenor de esa disposición se infiere con claridad que la expresión «tipo de cambio de la fecha de venta» que contiene se refiere al precio de las ventas y no a los gastos que se tienen en cuenta para calcular el valor normal.
55 Esta interpretación es compatible con la del artículo 2.4.1 del Acuerdo antidumping, correspondiente al artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, que se desprende del Informe del Grupo Especial de la OMC, de 22 de diciembre de 2000, en el asunto Estados Unidos — Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea (Estados Unidos — Acero inoxidable) (WT/DS179/R), invocado por las recurrentes, y que se refería, en particular, a la cuestión de si se había procedido, a efectos de la comparación ecuánime, a conversiones monetarias de los precios infringiendo dicho artículo 2.4.1.
56 A este respecto, procede señalar que esta interpretación del artículo 2.4.1 del Acuerdo antidumping, que figura en los apartados 6.9 a 6.41 de dicho informe, se refiere únicamente a la regla enunciada en la primera parte de la primera frase del artículo 2.4.1 del Acuerdo antidumping, según la cual el cambio de divisas solo debe efectuarse cuando sea necesario para la comparación ecuánime. En cambio, ese informe no trata en modo alguno de la aplicación a los costes de producción de las demás disposiciones enunciadas en esa primera frase, relativas a la determinación del tipo de cambio aplicable en el momento de un cambio de divisas a efectos de la comparación ecuánime.
57 De las anteriores consideraciones se desprende que procede desestimar el tercer motivo de casación por infundado.
Cuarto motivo de casación
Alegaciones de las partes
58 Mediante su cuarto motivo de casación, las recurrentes impugnan el hecho de que, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, el Tribunal General pudiera considerar válidamente, en primer término, que habían solicitado y estimado favorablemente la utilización de un tipo de cambio mensual por la Comisión tanto para las ventas como para los gastos y, en segundo término, que ellas mismas habían facilitado a dicha institución una lista de las ventas en el mercado interior denominadas en dólares estadounidenses y convertidas en liras turcas utilizando tipos de cambio mensuales. Estiman que, con esa decisión, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas que se le presentaron.
59 A este respecto, las recurrentes alegan, en esencia, que, tras haber impugnado, en la fase provisional, el cambio de divisas efectuado por la Comisión, solicitaron un empleo coherente de los tipos de cambio para convertir los costes de producción y de venta. Aducen que, después de que la Comisión modificara, en la fase de información final, los tipos de cambio utilizados, las recurrentes acogieron, en efecto, favorablemente el empleo coherente del mismo tipo de cambio, a saber, un tipo de cambio mensual, pero solo en la medida en que ello eliminaba los efectos de distorsión más graves del método anterior por lo que respecta al cálculo del margen de dumping y observando, en esencia, que los costes denominados en liras turcas utilizados por la Comisión no reflejaban los costes de producción de Erdemir e Isdemir que figuraban en sus documentos contables.
60 Según las recurrentes, de las observaciones que transmitieron después de la fase de información final se desprende que no habían solicitado el uso de un tipo de cambio mensual, sino que únicamente habían acogido «favorablemente» la utilización de tal tipo de cambio, en la medida en que ello era coherente con el método anterior utilizado por la Comisión, y que a continuación mantuvieron su alegación de que la utilización de un tipo de cambio mensual en lugar de un tipo diario infringía el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base. Por lo tanto, consideran que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas obrantes en autos.
61 Del mismo modo, la consideración, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, según la cual las recurrentes habían facilitado una lista de los datos de las ventas en el mercado interior convertidos mediante un tipo de cambio mensual y la insinuación de que las recurrentes habían «consentido» la utilización de un tipo de cambio mensual también constituyen, a su juicio, una desnaturalización de las pruebas. Afirman que esta lista se facilitó únicamente a petición expresa de la Comisión durante la verificación a distancia, con el fin de evitar que esta decidiera formular sus conclusiones en virtud de los datos disponibles con arreglo al artículo 18 del Reglamento de base debido a que no se hubiera comunicado la información solicitada.
62 La Comisión considera que el cuarto motivo de casación debe desestimarse por inoperante o, en cualquier caso, por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
63 Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, existe desnaturalización de las pruebas, en particular, cuando el Tribunal General ha sobrepasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable de dichas pruebas. La desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. A este respecto, no basta con demostrar que un documento pueda ser objeto de una interpretación diferente de la realizada por el Tribunal General (véase, en ese sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2023, Comisión/Italia y España, C‑635/20 P, EU:C:2023:98, apartado 127 y jurisprudencia citada).
64 En el caso de autos, el Tribunal General declaró, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, que, «durante la investigación, las [recurrentes] solicitaron expresamente a la Comisión que aplicara el mismo enfoque para los tipos de cambio de las ventas y de los gastos, utilizando un tipo de cambio mensual. A continuación, durante el procedimiento administrativo, las [recurrentes] acogieron favorablemente el enfoque de la Comisión consistente en ajustar los tipos de cambio aplicando un tipo mensual. Además, en la lista “transacción por transacción” de las ventas interiores presentada por las [recurrentes] ante la Comisión, ellas mismas habían incluido un tipo de cambio mensual medio para convertir los [dólares estadounidenses en liras turcas]».
65 Pues bien, es preciso señalar que las recurrentes no han demostrado que de las pruebas obrantes en autos se desprenda manifiestamente que hubieran exigido la utilización de un tipo de cambio diario en lugar de un tipo de cambio mensual.
66 En efecto, si bien de sus observaciones sobre la información final se desprende que las recurrentes estimaban que los costes de producción considerados por la Comisión no reflejaban los de Erdemir e Isdemir que figuraban en sus documentos contables, de dichas observaciones no se infiere expresamente que la causa de esta supuesta discordancia procediera de una falta de conversión sobre una base diaria.
67 Además, en la última frase del apartado 73 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que las recurrentes habían facilitado una lista de los datos relativos a las ventas en el mercado interior convertidos sobre la base de un tipo de cambio mensual, extremo que las recurrentes no discuten en su recurso de casación.
68 Por lo tanto, no puede considerarse que, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, el Tribunal General sobrepasara los límites de una apreciación razonable de esas observaciones o que desnaturalizara las pruebas sometidas a su apreciación.
69 Por consiguiente, debe desestimarse el cuarto motivo de casación por infundado.
Quinto motivo de casación
Alegaciones de las partes
70 Mediante su quinto motivo de casación, las recurrentes critican el apartado 74 de la sentencia recurrida y reprochan al Tribunal General haberles impuesto una carga de la prueba excesiva al exigir que se facilitara información adicional sobre los costes de producción en liras turcas.
71 Remitiéndose a la sentencia de 21 de febrero de 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical y otros/Comisión (T‑762/20, EU:T:2024:113), apartado 129, según la cual corresponde, en su opinión, a las instituciones de la Unión, en particular en virtud del principio de buena administración, indicar a una parte que solicita un ajuste qué información es necesaria para ello y no imponerle una carga de la prueba que no sea razonable, las recurrentes sostienen que, habida cuenta del plazo de solo diez días que se les concedió para formular observaciones en la fase de información final, les habría sido prácticamente imposible aportar un nuevo coste de producción convertido en liras turcas sobre la base de un tipo de cambio diario. En cualquier caso, afirman que el Tribunal General indicó, en el apartado 114 de la sentencia recurrida, que no habría podido tenerse en cuenta una nueva lista presentada tras la finalización de la verificación (o de la verificación a distancia), de modo que, a su juicio, el interés en proporcionar tal lista no resulta claro.
72 La Comisión considera que debe declararse la inadmisibilidad del quinto motivo de casación, ya que las recurrentes cuestionan, en esencia, la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General. Añade que este último estimó, en el marco de su facultad de apreciación soberana, que las recurrentes habían tenido tiempo suficiente para comunicar sus propios cambios a liras turcas de los datos relativos a las ventas y a los costes de producción, aplicando a tal efecto su propio tipo de tipo de cambio. Aduce que las recurrentes no alegaron una desnaturalización de los hechos a este respecto. Además, afirma que la alegación basada en la vulneración del principio de buena administración, al imponer una carga de la prueba excesiva, no fue formulada ante el Tribunal General y, por tanto, carece de pertinencia. Sostiene que, en cualquier caso, contrariamente a lo que mantienen las recurrentes, estas dispusieron de más de diez días para aportar los datos antes mencionados, lo que no niegan. Concluye que, por lo tanto, debe desestimarse este motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
73 Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal General haya admitido en apoyo de estos. Siempre que tales pruebas se hayan obtenido lícitamente y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de práctica y carga de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General determinar el valor que debe atribuirse a las pruebas que le hayan sido presentadas. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichas pruebas, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. No obstante, la supuesta inobservancia de normas aplicables en materia de prueba es una cuestión de Derecho que puede ser examinada en un recurso de casación (sentencia de 26 de enero de 2017, Maxcom/City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P y C‑260/15 P, EU:C:2017:62, apartados 52 y 53).
74 En el apartado 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, «a raíz de los intercambios con la Comisión y, en particular, de la comunicación previa en la que esta indicó su intención de convertir a liras turcas los datos declarados por las [recurrentes] relativos a las ventas y a los costes de producción, estas tenían la posibilidad de comunicar sus propias conversiones de dichas cifras a liras turcas, utilizando, en su caso, un tipo de cambio diario, cosa que no hicieron».
75 De este modo, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, el Tribunal General no les impuso ninguna carga de la prueba cuando consideró que les correspondía facilitar a la Comisión sus propios cambios a liras turcas de los datos numéricos relativos a las ventas y a los costes de producción, sino que se ciñó a constatar, sobre la base de una apreciación soberana de los hechos, cuya desnaturalización no alegan las recurrentes, que, habida cuenta del momento en que habían sido informadas de la intención de la Comisión de convertir ella misma esos datos a liras turcas, habían tenido la posibilidad y el tiempo necesario para comunicar sus propios datos numéricos a este respecto, cosa que, sin embargo, no hicieron. Por tanto, el Tribunal General se limitó a declarar que las recurrentes no habían comunicado a la Comisión sus propias conversiones de los datos antes mencionados, como elemento confirmatorio de los motivos expuestos en el apartado 73 de la sentencia recurrida que justificaban la conclusión, enunciada en el apartado 75 de esta, de que la Comisión podía utilizar el tipo mensual medio para dichas conversiones y, de este modo, no infringió el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base.
76 Dado que el quinto motivo de casación se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida, debe desestimarse por infundado.
Sexto motivo de casación
Alegaciones de las partes
77 Mediante su sexto motivo de casación, que impugna los apartados 85 a 87 y 91 a 94 de la sentencia recurrida, las recurrentes alegan que el Tribunal General infringió el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base al referirse a las divisas cubiertas por el contrato de cobertura y no a la fecha en que se fijó el tipo de cambio en dicho contrato.
78 Según las recurrentes, esta disposición hace hincapié en la fecha del tipo de cambio con independencia de las divisas cuyo tipo de cambio venga fijado por el contrato de cobertura. Así se desprende de la referencia a la «fecha de venta» recogida en cada una de las frases de dicha disposición. Además, esta referencia a esa fecha en lugar de a las divisas cubiertas por el contrato de cobertura es lógica desde un punto de vista financiero, dado que los tipos de cambio entre las diferentes divisas están interconectados.
79 Así pues, las recurrentes estiman que, si hubiera que atenerse a la postura según la cual las operaciones de cobertura solo pueden tenerse en cuenta cuando la operación atañe a la divisa de la factura y a la divisa de cambio utilizada por la Comisión, resultaría muy fácil para esta eludir la obligación establecida en la primera frase del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base. En su opinión, la Comisión podría convertir las transacciones en euros o en otras divisas para no tener en cuenta las operaciones de cobertura entre euros y liras turcas. Pues bien, a su juicio, la interpretación de esta disposición no debería permitir a la Comisión privarla de su efecto útil.
80 La Comisión considera que el sexto motivo de casación debe desestimarse por inoperante, dado que las recurrentes no impugnan el apartado 82 de la sentencia recurrida. Estima que, en todo caso, este motivo de casación es infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
81 En primer lugar, la Comisión alega erróneamente que el sexto motivo de casación es inoperante porque las recurrentes no impugnaron el apartado 82 de la sentencia recurrida. En efecto, este apartado se limita a exponer el contenido del considerando 98 del Reglamento controvertido, sin que el Tribunal General realice en él una apreciación de su fundamento, de modo que el hecho de que no se impugnara dicho apartado no basta para que este motivo sea inoperante.
82 En segundo lugar, por lo que respecta a la fundamentación de este motivo de casación, procede señalar que, en los apartados 85 a 87 y 91 a 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal General confirmó el enfoque seguido por la Comisión en el Reglamento controvertido, según el cual los contratos de cobertura celebrados por las recurrentes no eran pertinentes para los cambios de divisas efectuados por dicha institución con el fin de garantizar una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal con arreglo al artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base.
83 Más concretamente, el Tribunal General señaló, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que no había habido cobertura para las transacciones facturadas en dólares estadounidenses, sino que había habido una únicamente para las facturadas en euros, y que las ventas de exportación de las recurrentes efectuadas en euros habían debido ser convertidas en liras turcas por la Comisión con el fin de garantizar una comparación ecuánime entre estas y las ventas interiores, operación que dicha institución había realizado directamente, sin cambio intermedio a dólares estadounidenses, contrariamente a cuanto afirmaban las recurrentes. Además, el Tribunal General declaró que, dado que los contratos de cobertura controvertidos preveían una cobertura en dólares estadounidenses acordando un tipo de conversión entre el euro y el dólar estadounidense, esta conversión era ajena a la operación de conversión efectuada por la Comisión, a saber, del euro a la lira turca. Por consiguiente, el Tribunal General desestimó la alegación de las recurrentes según la cual la Comisión estaba obligada a utilizar el tipo de cambio previsto en los contratos de cobertura.
84 Las recurrentes estiman que esta apreciación se basa en una interpretación errónea del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base, en la medida en que se refiere a las divisas cubiertas por el contrato de cobertura y no a la fecha en que se fijó el tipo de cambio en dicho contrato, a la que, sin embargo, se refiere la citada disposición, y vulnera el efecto útil de esta última.
85 A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que, en virtud del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, se realizará una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte a la comparabilidad de los precios. Cuando el valor normal y el precio de exportación establecidos no puedan ser directamente comparados, se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para tener en cuenta diferencias en factores de los que se alegue y demuestre que influyen en los precios y por lo tanto en la comparabilidad de estos.
86 Entre los factores en virtud de los cuales pueden realizarse ajustes figura, en la letra j) de dicho artículo 2, apartado 10, el cambio de divisas. Esta disposición prevé que, cuando la comparación de los precios requiera un cambio de divisas, este deberá efectuarse al tipo de cambio de la fecha de venta, salvo cuando la venta de divisas extranjeras en los mercados a término esté directamente relacionada con la venta de exportación en cuestión, en cuyo caso se utilizará el tipo de cambio de la venta a término. La citada disposición precisa también que, como norma general, la fecha de venta será la fecha de facturación, pero que podrá utilizarse la fecha del contrato, de la orden de compra o de la confirmación de la orden, si estas fueran más apropiadas para determinar las condiciones reales de venta. Las fluctuaciones del tipo de cambio no se tendrán en cuenta y se concederá a los exportadores un plazo de sesenta días para repercutir una tendencia confirmada de los tipos de cambio durante el período de investigación.
87 Así, cuando la comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal requiera un cambio de divisas, el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base precisa cómo debe determinarse el tipo aplicable a ese cambio. Este tipo de cambio deberá corresponder al de la fecha de venta, salvo que el tipo de cambio se haya acordado en una venta a término directamente relacionada con la venta de exportación que deba tenerse en cuenta en la comparación con el valor normal. En efecto, del tenor de esta disposición se desprende que, si la venta de divisa extranjera en el mercado a término está directamente relacionada con la venta de exportación en cuestión, se utiliza el tipo de cambio de la venta a término. Por otra parte, dicha disposición precisa cómo determinar la fecha de la venta cuando esta debe tomarse en consideración e indica que no se tendrán en cuenta las fluctuaciones de los tipos de cambio.
88 A continuación, procede señalar que el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base no da ninguna indicación en cuanto a la divisa a la que debe efectuarse el cambio cuando tal cambio sea necesario para efectuar una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal. De ello se deduce que, cuando se impone un cambio de divisas para poder proceder a tal comparación, la Comisión dispone de un margen de apreciación para determinar hacia qué divisa deberán convertirse dichos precios. El control judicial de ese margen de apreciación debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para elegir la divisa controvertida, de la falta de error manifiesto en la apreciación de los hechos o de la falta de desviación de poder (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics y Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Comisión, C‑269/23 P y C‑272/23 P, EU:C:2024:984, apartado 125 y jurisprudencia citada).
89 Por último, como recordó acertadamente el Tribunal General en el apartado 84 de la sentencia recurrida, un contrato de cobertura permite bloquear, en el momento de su celebración, el tipo de cambio que debe aplicarse a una transacción monetaria que tendrá lugar en una fecha futura y reducir así el riesgo financiero al que está expuesto un contratante debido a las fluctuaciones desfavorables de los tipos de cambio.
90 Un contrato de cobertura fija así un tipo de cambio para la venta a término, en el sentido del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base.
91 No obstante, dado que, como se desprende de los apartados 87 y 88 de la presente sentencia, esta disposición precisa la manera en que debe determinarse el tipo de cambio aplicable a un cambio de divisas para comparar el precio de exportación y el valor normal, pero no da ninguna indicación en cuanto a la elección de la divisa hacia la que debe efectuarse ese cambio, la Comisión no está obligada, con arreglo a esa disposición, a tomar en consideración las divisas utilizadas en ese contrato de cobertura para efectuar esa comparación ni, por tanto, el tipo de cambio fijado por dicho contrato por el mero hecho de que esté directamente relacionado con la venta de exportación considerada.
92 Para que la Comisión esté obligada a tomar en consideración el tipo de cambio fijado por un contrato de cobertura, es necesario no solo que ese contrato esté directamente relacionado con la venta de exportación de que se trate, sino también que la divisa objeto de tal contrato sea también aquella hacia la que la citada institución estima que procede convertir los precios para permitir una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal. Sin embargo, el hecho de que un contrato de cobertura esté directamente relacionado con la venta de exportación considerada no indica si la divisa cuyo tipo de cambio se fija en dicho contrato es aquella a la que deben convertirse los precios de exportación y el valor normal para garantizar una comparación ecuánime, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, primera frase, del Reglamento de base.
93 Por lo tanto, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, del hecho de que el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base haga hincapié en la fecha del tipo de cambio con independencia de las divisas cuyo tipo de cambio se fije en el contrato no se desprende que, cuando un productor exportador haya celebrado un contrato de cobertura, la Comisión tenga necesariamente la obligación de proceder a un cambio en función de las divisas contempladas en dicho contrato para garantizar una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal.
94 Además, las recurrentes incurren en error al alegar que el hecho de que solo deba tenerse en cuenta un contrato de cobertura cuando la operación se refiera a la divisa de la factura y a la divisa de cambio utilizadas por la Comisión equivaldría a permitir a dicha institución eludir la obligación establecida en el artículo 2, apartado 10, letra j), primera frase, del Reglamento de base. En efecto, como se ha expuesto en los apartados 91 y 92 de la presente sentencia, esta obligación se refiere únicamente a la manera de determinar el tipo de cambio que debe aplicarse a efectos de una comparación ecuánime y no a la elección de las divisas que han de ser convertidas.
95 Por otra parte, contrariamente a lo que sostienen también las recurrentes, esta interpretación del artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base no produce el efecto de permitir a la Comisión privar a dicha obligación de todo efecto útil. En efecto, cuando esa institución considera que procede convertir los precios de las ventas de exportación a una divisa distinta de la incluida en un contrato de cobertura directamente relacionado con esas ventas, esa institución sigue estando obligada, en principio, con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra j), primera frase, del citado Reglamento, a utilizar el tipo de cambio de la fecha de venta.
96 Además, y de manera más fundamental, cuando elige la divisa a la que considera oportuno convertir los precios en cuestión, la Comisión está obligada, en virtud de la obligación de principio que se desprende del artículo 2, apartado 10, primera frase, de ese Reglamento, a garantizar que tal elección permita una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal. Dicha elección, que corresponde efectuar a la citada institución con arreglo a la facultad de apreciación de que dispone en razón de la complejidad de las situaciones económicas y políticas que debe examinar, sigue estando sujeta al control del juez de la Unión, como se desprende del apartado 88 de la presente sentencia.
97 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar que el Tribunal General no interpretó erróneamente el artículo 2, apartado 10, letra j), del Reglamento de base al estimar, tras comprobar que los contratos de cobertura celebrados por las recurrentes fijaban un tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense, que dicho tipo no era pertinente para proceder a la conversión de los precios de las ventas de exportación efectuada por la Comisión, a saber, del euro a la lira turca.
98 Por lo tanto, el sexto motivo de casación debe desestimarse por infundado.
Octavo motivo de casación
Alegaciones de las partes
99 Mediante su octavo motivo de casación, que critica los apartados 108 a 117 de la sentencia recurrida, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber deducido erróneamente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, mencionada en esos apartados y que, en su opinión, se refiere a la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base, una obligación de información a cargo de los productores exportadores sometidos a una investigación consistente en facilitar a la Comisión, desde el inicio del procedimiento y actuando del mejor modo posible, toda la información útil para la buena comprensión de sus datos, con el fin de no correr el riesgo de obstaculizar la correcta tramitación del procedimiento antidumping y de permitir a esa institución realizar las comprobaciones necesarias a su debido tiempo. Pues bien, en primer término, consideran que esta jurisprudencia, que versa sobre el artículo 18 del Reglamento de base relativo a la falta de cooperación, no es extrapolable al caso de autos, ya que las recurrentes cooperaron en el procedimiento antidumping. En segundo término, aducen que el Tribunal General atribuyó a esta obligación de información un alcance demasiado amplio, al permitir a la Comisión no tener en cuenta determinada información, cuando considera que no es clara, sin que dicha institución deba intentar aclararla en virtud de su facultad de solicitar información adicional a los productores exportadores. Pues bien, en su opinión, el artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base admite cierta flexibilidad, puesto que establece que la Comisión no puede excluir de pleno Derecho la información que «no sea óptima en todos los aspectos». Por lo tanto, en tercer término, estiman que la imposición de tal obligación a los productores exportadores podría reducir a la nada la obligación de diligencia y de buena administración de la Comisión.
100 La Comisión considera que debe declararse la inadmisibilidad del octavo motivo de casación.
101 A este respecto, dicha institución afirma, en primer lugar, que son manifiestamente inadmisibles las alegaciones de las recurrentes según las cuales el Tribunal General incurrió en error al reprocharles no haber facilitado, desde el inicio del procedimiento antidumping, toda la información útil para la correcta comprensión de sus datos. Consideran que, con ellas, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia, sin alegar desnaturalización alguna de sus observaciones al respecto o de las pruebas obrantes en autos, que sustituya la apreciación del Tribunal General de los hechos y las pruebas por la suya propia. En segundo lugar, aduce que, al fundamentar su argumentación en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base, las recurrentes invocan un motivo nuevo y, por tanto, inadmisible en la fase de casación. Añade que las recurrentes no sostuvieron ante el Tribunal General que la Comisión hubiera infringido la citada disposición, al no tener en cuenta la información que le habían proporcionado en relación con el papel de Erdemir en las ventas interiores de Isdemir, ni que esa institución hubiera incumplido su obligación de diligencia o de buena administración.
102 La Comisión sostiene que el octavo motivo de casación es, en cualquier caso, infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
– Sobre la admisibilidad
103 En primer lugar, procede señalar que el presente motivo no pretende cuestionar la apreciación realizada por el Tribunal General de los hechos y de las pruebas presentados por las recurrentes ni su afirmación, en el apartado 110 de la sentencia recurrida, según la cual, habida cuenta de la información facilitada por las recurrentes en lo que respecta a las ventas interiores de Isdemir, seguía siendo difícil para la Comisión comprobar si las funciones de venta de Erdemir se reflejaban correctamente en los gastos de venta, generales y administrativos (en lo sucesivo, «gastos VGA») declarados por Isdemir. En efecto, mediante su octavo motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber conferido, en el apartado 116 de dicha sentencia, sobre la base de su propia jurisprudencia y de la del Tribunal de Justicia, un alcance demasiado amplio a la obligación de información que recae sobre los productores exportadores que son objeto de una investigación antidumping.
104 Por tanto, dado que, mediante este motivo de casación, no se solicita al Tribunal de Justicia que realice una nueva apreciación de los hechos o de las pruebas, sino que aborde una cuestión de Derecho, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta a este respecto por la Comisión.
105 En segundo lugar, no cabe considerar que este motivo de casación sea nuevo debido a que se basa en una infracción del artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base no invocada en primera instancia.
106 En efecto, según reiterada jurisprudencia, un recurrente puede interponer un recurso de casación invocando motivos derivados de la propia sentencia recurrida y mediante los que se pretenda criticar los fundamentos jurídicos de esta (sentencias de 6 de septiembre de 2018, República Checa/Comisión, C‑4/17 P, EU:C:2018:678, apartado 24, y de 6 de octubre de 2021, Sigma Alimentos Exterior/Comisión, C‑50/19 P, EU:C:2021:792, apartado 39 y jurisprudencia citada).
107 Pues bien, en el caso de autos, las recurrentes alegan que el Tribunal General se basó, para desestimar la primera parte del tercer motivo de su recurso, en una jurisprudencia relativa a la aplicación del artículo 18 del Reglamento de base. En este contexto, invocan la infracción del artículo 18, apartado 3, de dicho Reglamento no por la Comisión, sino por el Tribunal General, en la medida en que no tuvo en cuenta el alcance exacto de la obligación de información que se les impone en virtud de esa disposición. Tampoco reprochan a la Comisión haber incumplido su obligación de diligencia o de buena administración, sino que alegan que la obligación de información, tal como la interpreta el Tribunal General, tiene por efecto anular esa obligación. Así pues, se trata de una cuestión de Derecho que es competencia del Tribunal de Justicia que conoce de un recurso de casación.
108 De ello se deduce que debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta a este respecto por la Comisión.
– Sobre el fondo
109 En esencia, como se desprende del apartado 103 de la presente sentencia, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber infringido el artículo 18 del Reglamento de base, no solo en la medida en que, en su opinión, consideró que las recurrentes estaban sujetas, en el caso de autos, a la obligación de información derivada de dicha disposición, pese a que habían cooperado en la investigación, sino también en la medida en que, a su juicio, confirió a esta obligación, sobre la base de su propia jurisprudencia y de la del Tribunal de Justicia, un alcance demasiado amplio, en el sentido de que permite a la Comisión no tener en cuenta determinada información por no ser suficientemente clara. Pues bien, estiman que del artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base debe deducirse cierta tolerancia a este respecto. Añaden que reconocer tal alcance a esta obligación de información podría reducir a la nada la obligación de diligencia y de buena administración de la Comisión, en la medida en que esta no estaría obligada a solicitar eventuales aclaraciones en virtud de su facultad de solicitar información adicional.
110 A este respecto, procede recordar que de la lectura conjunta de los artículos 6, 16 y 18 del Reglamento de base se desprende que, cuando la Comisión investiga la existencia de dumping y de un perjuicio, debe intentar prioritariamente obtener información pertinente sobre la base de una cooperación voluntaria de las partes interesadas. Además, de conformidad con el objetivo del Reglamento de base de determinar la existencia de un dumping y de un perjuicio de manera objetiva para establecer derechos antidumping de un importe adecuado, la Comisión está obligada a examinar con la debida diligencia toda la información de que dispone (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Comisión/Hansol Paper, C‑260/20 P, EU:C:2022:370, apartados 48 y 50 y jurisprudencia citada).
111 En los apartados 112 a 114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó las obligaciones que, en el marco de una investigación antidumping, incumben respectivamente a la Comisión y a los productores exportadores. En particular, refiriéndose a precedentes jurisprudenciales relativos a la interpretación de los artículos 6 y 16 de ese Reglamento o de aquel al que sustituyó, indicó que las partes a las que se transmite un cuestionario están obligadas a facilitar a la Comisión la información que le permita llevar a cabo la investigación antidumping. También expuso el interés de realizar una inspección in situ o una verificación a distancia, a efectos de comprobar los elementos recabados de las partes objeto de dicha investigación.
112 Además, el Tribunal General aludió a la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 18, apartados 3 y 6, del Reglamento de base, que se refiere a situaciones de cooperación insuficiente o parcial por las partes interesadas. Así, en el apartado 115 de la sentencia recurrida, señaló que de esas disposiciones se desprende además que los datos que las partes interesadas están obligadas a suministrar a la Comisión deben ser utilizados por las instituciones de la Unión a efectos de formular las conclusiones de la investigación antidumping y que dichas partes no deben omitir la información pertinente.
113 Con arreglo al artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base, aunque la información facilitada por una parte no sea óptima en todos los aspectos, no deberá descartarse, siempre que las deficiencias no sean tales que dificulten sobremanera llegar a conclusiones razonablemente precisas y siempre que la información sea convenientemente presentada en los plazos previstos, sea cotejable y que la parte interesada la haya elaborado lo mejor posible. No obstante, en la medida en que ninguna disposición del Reglamento de base confiere a la Comisión la potestad de obligar a las partes interesadas a participar en la investigación o a proporcionar información, esta institución depende de la cooperación voluntaria de dichas partes para que le aporten la información necesaria [véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, apartado 54].
114 En este marco, se desprende del considerando 27 del Reglamento de base que el legislador de la Unión tenía la intención de prever que, para las partes que no cooperen satisfactoriamente, pueda usarse otro tipo de información con el fin de determinar la existencia de dumping y de un perjuicio, siendo así que dicha información podría resultar ser menos favorable para esas partes que si hubiesen cooperado. Así pues, el objetivo del artículo 18 del Reglamento de base consiste en permitir a la Comisión que continúe la investigación incluso si los interesados se niegan a cooperar o cooperan de manera insuficiente [véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2017, EBMA/Giant (China), C‑61/16 P, EU:C:2017:968, apartado 55].
115 De estas consideraciones se deduce que los artículos 6 y 16 y el artículo 18, apartados 3 y 6, del Reglamento de base, interpretados conjuntamente, tienen por objeto determinar tanto la medida en que la Comisión debe tener en cuenta la información facilitada por la parte objeto de una investigación antidumping como las consecuencias que pueden derivarse de una cooperación inexistente, parcial o incompleta de esa parte. Así, por un lado, la Comisión solo debe tener en cuenta tal información cuando esta cumpla los requisitos mencionados en el apartado 113 de la presente sentencia. Por otro, en caso de cooperación insuficiente, esta puede dar lugar a una situación menos favorable para dicha parte que si hubiera cooperado.
116 De ello se desprende, en primer término, que, contrariamente a lo que afirman las recurrentes, el Tribunal General no infringió estas disposiciones del Reglamento de base, y en particular su artículo 18, al considerar, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, que incumbía a las recurrentes facilitar a la Comisión, desde el inicio del procedimiento antidumping y actuando del mejor modo posible, toda la información útil para la buena comprensión de sus datos, con el fin de no correr el riesgo de obstaculizar la correcta tramitación de dicho procedimiento y así permitir a la Comisión llevar a cabo las comprobaciones necesarias a su debido tiempo.
117 En segundo término, dado que, en el caso de autos, el Tribunal General declaró, en el apartado 110 de la sentencia recurrida, y sin que se alegara una desnaturalización a este respecto, que la información facilitada por las recurrentes, incluso después de la verificación a distancia, no era suficientemente clara y no había permitido a la Comisión comprobar si la participación de Erdemir en las ventas de Isdemir se reflejaba correctamente en los gastos VGA declarados de Isdemir, podía considerar válidamente que esos elementos de hecho estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base, en la medida en que la información de que se trata no era cotejable, en el sentido de dicha disposición. La constatación de tal falta de comunicación de información clara, correcta y suficiente por parte de las recurrentes también permitió al Tribunal General decidir, sin viciar su sentencia de un error de Derecho, en el apartado 117 de esta, que la Comisión podía añadir fundadamente, con el fin de reflejar correctamente la participación de Erdemir en el proceso de venta de Isdemir en el mercado interior, un importe de gastos VGA calibrado.
118 Por lo tanto, no puede reprocharse al Tribunal General haber infringido el artículo 18 del Reglamento de base por haber aplicado dicha disposición o por haber aplicado una jurisprudencia relativa a esta disposición a una situación a la que no era aplicable.
119 En tercer término, tampoco puede reprocharse al Tribunal General haber infringido el artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base al considerar, a pesar de que esta disposición establece que no puede descartarse de oficio información que no sea «óptima en todos los aspectos», que la Comisión no está obligada a tener en cuenta determinada información cuando estime que no es clara, sin que sea necesario que intente aclararla previamente en virtud de su facultad de solicitar información adicional a los productores exportadores.
120 En efecto, de la sentencia recurrida no se desprende que el Tribunal General haya declarado que la Comisión estaba autorizada a no tener en cuenta esos datos. Por el contrario, en el apartado 115 de esa sentencia, el Tribunal General recordó que dicha institución debe utilizar la información facilitada para establecer las conclusiones de la investigación antidumping. En cambio, declaró acertadamente que la Comisión puede incrementar el importe de los gastos declarados por una sociedad vinculada para reflejar su participación en el proceso de ventas interiores del productor exportador afectado, cuando la citada institución no esté en condiciones de comprobar la exactitud de los datos facilitados a este respecto por las partes interesadas, incluso después de haber realizado gestiones en este sentido. Pues bien, como se desprende de los apartados 110 y 111 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, en el caso de autos, que, incluso a la vista de los documentos aportados a raíz de una verificación a distancia, seguía siendo difícil para esa institución comprobar si las funciones de venta se reflejaban correctamente en los gastos VGA declarados por Isdemir.
121 De las consideraciones anteriores resulta que, en la medida en que alega la infracción, por parte del Tribunal General, del artículo 18, apartado 3, del Reglamento de base, al admitir que la Comisión estaba autorizada a excluir de oficio o a no a utilizar determinada información que no era suficientemente clara, el octavo motivo de casación se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida y debe declararse infundado.
122 Por último, en cuarto término, procede desestimar también la imputación basada en el riesgo de reducir a la nada la obligación de diligencia y de buena administración de la Comisión, ya que esta imputación se basa en la premisa equivocada de que el Tribunal General incurrió en error al decidir que la Comisión podía prescindir de oficio de utilizar determinada información sin tener que intentar aclararla.
Séptimo motivo de casación
Alegaciones de las partes
123 Mediante su séptimo motivo de casación, que critica los apartados 116, 117, 122, 124 y 125 de la sentencia recurrida, las recurrentes aducen que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación, en la medida en que solo respondió parcialmente al argumento formulado en apoyo de la primera parte del tercer motivo invocado en primera instancia, basado en que la Comisión contabilizó dos veces determinados gastos VGA, a saber, los gastos de transporte supuestamente soportados por Erdemir y que esta facturó directamente a Isdemir. Sostienen que, sin embargo, el Tribunal General solo examinó la cuestión de la doble contabilización en relación con los «servicios de grupo» y se abstuvo de examinarla en relación con los «gastos de transporte».
124 La Comisión considera infundado el séptimo motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
125 Según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencias de 13 de enero de 2022, Alemania — Ville de Paris y otros/Comisión, C‑177/19 P a C‑179/19 P, EU:C:2022:10, apartado 37 y jurisprudencia citada, y de 14 de noviembre de 2024, LE/Comisión, C‑781/22 P, EU:C:2024:960, apartado 73). No obstante, la obligación de motivación no exige al Tribunal General que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio y, por tanto, la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencias de 5 de mayo de 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Comisión, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, apartado 92 y jurisprudencia citada, y de 30 de enero de 2025, Frajese/Comisión, C‑586/23 P, EU:C:2025:45, apartado 35 y jurisprudencia citada).
126 Procede señalar que, en los apartados 96 a 125 de la sentencia recurrida, el Tribunal General respondió al argumento basado en la eventual doble contabilización de los gastos de transporte vinculados a las ventas interiores de Isdemir, efectuadas por Erdemir, y motivó de modo suficiente en Derecho la desestimación de la primera parte del tercer motivo de las recurrentes.
127 A este respecto, delimitó, de entrada, en los apartados 96 y 97 de la sentencia recurrida, el alcance de las alegaciones formuladas por las recurrentes en apoyo de esta primera parte, exponiendo que, según estas, en el proceso de ventas interiores de Isdemir, Erdemir refacturaba a los clientes independientes dichas ventas por el mismo valor que el facturado a esta por Isdemir, mientras que los prestadores de servicios de transporte de mercancías facturaban a Erdemir, que los refacturaba a Isdemir. Pues bien, la Comisión, al calcular el margen de dumping en la fase definitiva relativa a Isdemir, incrementó erróneamente los gastos VGA declarados por esta última en concepto de ventas interiores hasta un importe que la citada institución consideraba que correspondía a los gastos VGA que cubrían la participación de Erdemir en el proceso de venta de Isdemir en el mercado interior.
128 En este contexto, procede tener en cuenta el hecho de que, en el apartado 115 de su demanda ante el Tribunal General, las recurrentes habían señalado que los gastos de transporte inicialmente soportados por Erdemir se facturaban de nuevo a Isdemir y que tales gastos se tenían en cuenta en los gastos VGA de Isdemir. Además, en el apartado 120 de dicha demanda, las recurrentes admitieron, en relación con el considerando 74 del Reglamento controvertido, recordado en el apartado 118 de esa demanda y en el que la Comisión indicó que no podía determinar si los servicios facturados se referían a costes soportados en reventas en el mercado interior, dado que todas las transacciones contabilizadas o las facturas emitidas se marcaban como «servicios de grupo» únicamente, que las facturas y los registros contables se referían a «costes de servicio de grupo», al tiempo que sostenían que habían proporcionado explicaciones detalladas sobre el cálculo del reparto de los costes para determinar los costes soportados por cada sociedad.
129 Por lo tanto, teniendo en cuenta esas alegaciones de las recurrentes, como se desprende de los apartados 96 y 97 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que debía examinar la cuestión de una eventual doble contabilización de los gastos de transporte vinculados a esas ventas interiores como parte de los gastos VGA declarados por Isdemir, en la medida en que estaban comprendidos en los «servicios de grupo» facturados por Erdemir a esta última.
130 En este contexto, el Tribunal General expuso, de entrada, en los apartados 101 y 102 de la sentencia recurrida, que la Comisión tiene en cuenta, en su caso, los gastos VGA de los operadores comerciales vinculados, a efectos de determinar la rentabilidad de las ventas interiores, y recordó que los importes correspondientes a esos gastos y a los beneficios se basan en datos reales relativos a la producción y a las ventas.
131 A continuación, el Tribunal General declaró, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, que, en el caso de autos, la Comisión no había podido determinar si los servicios facturados se referían efectivamente a costes soportados en las reventas en el mercado interior, dado que todas las transacciones contabilizadas o las facturas emitidas se marcaban como «servicios de grupo» únicamente. Además, en el apartado 110 de dicha sentencia, señaló que, en el marco de la verificación a distancia, la Comisión no había podido determinar ni comprobar si los servicios facturados a Isdemir por Erdemir reflejaban correctamente la participación de esta última en el proceso de ventas interiores y, además, que seguía resultando difícil para la Comisión, tras la verificación a distancia y a pesar del suministro de facturas o extractos del balance, comprobar si las funciones de venta de Erdemir se reflejaban correctamente en los gastos VGA declarados por Isdemir.
132 Por último, tras haber considerado, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, que no incumbía a esa institución deducir de las respuestas al cuestionario y a las solicitudes de información complementaria que las ventas interiores de Isdemir se facturaban a través de Erdemir, el Tribunal General concluyó, en el apartado 117 de esa sentencia, que no cabía reprochar a la Comisión haber estimado que no podía determinar ni comprobar si los servicios facturados a Isdemir por Erdemir reflejaban correctamente tal participación de Erdemir y que, por tanto, dicha institución había podido añadir válidamente un importe de gastos VGA destinado a tener en cuenta los servicios de venta prestados por Erdemir.
133 De estas consideraciones se desprende que, en el marco de su apreciación soberana de los hechos, el Tribunal General declaró que la información facilitada por las recurrentes no había permitido a la Comisión discernir cuáles eran exactamente los gastos correspondientes a los «servicios de grupo» facturados por Erdemir ni, por tanto, comprobar si los gastos de transporte soportados por Erdemir y relacionados con las ventas en el mercado interior que dicha sociedad había efectuado como intermediario para Isdemir se reflejaban correctamente en tales servicios o en los gastos VGA soportados y declarados por Isdemir en concepto de ventas interiores.
134 Así pues, esta motivación permite a las recurrentes conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus alegaciones y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.
135 De ello se deduce que el séptimo motivo de casación, basado en la falta de motivación de la sentencia recurrida, debe desestimarse por infundado.
136 De todas las consideraciones anteriores resulta que el recurso de casación debe desestimarse en su totalidad.
Costas
137 En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
138 Conforme al artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
139 En el caso de autos, al haber solicitado la Comisión la condena en costas de las recurrentes y haber sido desestimados los motivos formulados por estas, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) decide:
1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar a Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, İskenderun Demir ve Çelik AŞ y Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
Firmas
* Lengua de procedimiento: inglés.