Edición provisional

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. LAILA MEDINA

presentadas el 1 de octubre de 2026 (1)

Asunto C‑12/25

Bisdom Gent VZW

contra

Gegevensbeschermingsautoriteit,

partes coadyuvantes:

JM,

Unie Vrijzinnige Verenigingen VZW,

Centre d’Action Laïque VZW,

Centrale Raad der niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België VZW,

FA,

MO,

RV,

TA,

CH,

LV,

NA,

BU,

MI,

DO,

BZ,

DF,

RA,

JD

[Petición de decisión prejudicial planteada por el hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica)]

« Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos — Asociaciones religiosas — Registro de bautismo — Artículos 6, 17, 21 y 89 del Reglamento (UE) 2016/679 — Concepto de “fichero” — Derecho de supresión — Licitud del tratamiento — Derecho de oposición — Tratamiento con fines de archivo en interés público o con fines de investigación histórica — Artículos 7, 8 y 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Respeto de la vida privada y familiar — Protección de los datos personales — Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión — Artículo 17 TFUE — Principios de neutralidad y autonomía »






I.      Introducción

1.        «Dad, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esta frase, que uno de los evangelios sinópticos atribuye a Jesús, (2) se considera a menudo el reflejo de la dicotomía fundamental, a la que se enfrentan los individuos desde el origen de los tiempos, de distinguir entre el ámbito del Estado laico (con sus leyes que se aplican a todos) (3) y el ámbito de las convicciones y de la religión (que pertenece a la conciencia íntima de cada persona). (4)

2.        Esta frase también es percibida por muchos como un llamamiento a la separación entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, la historia demuestra que las religiones e iglesias han ejercido una influencia significativa —tanto en Europa como en otros lugares— sobre la legitimidad del gobierno político, el desarrollo de la cultura local y la formación de la identidad de una sociedad. Así, a lo largo de los siglos, leyes laicas han regulado algunos aspectos relacionados tanto con la religión (entendida como un sistema de creencias) como con las iglesias (es decir, las comunidades e instituciones que agrupan y representan a los fieles).

3.        Esto también ocurre en el mundo actual, si bien las especificidades de cada ordenamiento jurídico por lo que se refiere a esta materia varían de un Estado a otro, también en Europa. (5) Por lo que respecta al ordenamiento jurídico de la Unión, podría afirmarse, en resumen, que la relación entre «el César y Dios» se articula en torno a cuatro ejes principales.

4.        En primer lugar, la Unión Europea reconoce la contribución de la religión a la creación de la cultura europea actual. Como se desprende del preámbulo del Tratado UE, al decidir crear una Unión Europea, los redactores de los Tratados se inspiraron, en particular, «en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho». (6) Esta herencia común encuentra una expresión más concreta, en particular, en los valores de la Unión enunciados en el artículo 2 TUE y en los derechos fundamentales reconocidos por la Carta.

5.        En segundo lugar, la libertad de religión constituye uno de esos derechos fundamentales, como parte integrante de la «libertad de pensamiento, de conciencia y de religión» consagrada en el artículo 10 de la Carta. Según el apartado 1 de dicha disposición, «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos». (7)

6.        En tercer lugar, la Unión dispone de competencias normativas limitadas en materia religiosa. En particular, se le ha encomendado explícitamente la adopción de medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos, entre otros, de religión o convicciones. (8) En términos más generales, el artículo 17 TFUE, apartado 1, establece que «la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas». Esta disposición expresa la neutralidad de la Unión respecto a la organización por parte de los Estados miembros de sus relaciones con las asociaciones religiosas. (9) La Unión acepta y valora las diversas formas en las que se basan las relaciones entre la Iglesia y el Estado, tal como las mantienen los Estados miembros, y no interfiere en ellas.

7.        Del artículo 17 TFUE, apartado 1, interpretado a la luz del artículo 12 de la Carta («Libertad de reunión y de asociación»), también se desprende que las asociaciones religiosas gozan de autonomía para gestionar sus asuntos internos sin injerencias públicas indebidas. (10) Los términos «asuntos internos» deben entenderse en el sentido de que se refieren a cuestiones directamente relacionadas con su ética fundamental, como las estructuras administrativas internas, la designación de ministros y las cuestiones doctrinales.

8.        En cuarto lugar, los principios de neutralidad y autonomía antes mencionados no pueden interpretarse en el sentido de que constituyen una base implícita para considerar que las asociaciones religiosas están exentas del cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión que puedan afectar a sus actividades. (11) Los Estados miembros tampoco pueden adoptar normas que establezcan excepciones a las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, a no ser que este Derecho lo permita expresamente. (12) De hecho, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en una serie de asuntos sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de determinadas prácticas adoptadas por comunidades religiosas (13) o de medidas nacionales específicas que regulaban aspectos de la relación de un Estado miembro con dichas comunidades. (14)

9.        Esto se desprende, con toda claridad, del hecho de que la Unión es una comunidad de Derecho, (15) que se basa en la convicción de que nadie se encuentra por encima de la ley o privado de su protección. (16)

10.      En el presente asunto se ponen de manifiesto la interacción entre estas características y las tensiones que puedan surgir en ese contexto. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente al Tribunal de Justicia si las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (17) (en lo sucesivo, «RGPD») otorgan a una persona, que fue bautizada cuando era menor de edad y que desea desvincularse de la Iglesia Católica Romana (18) en su edad adulta, el derecho a que se supriman sus datos personales del registro de bautismo.

11.      Proporcionar una respuesta a esta cuestión exige tener en cuenta diversos factores relacionados con los derechos y libertades religiosos: el derecho de las personas a cambiar de religión y a que se respete su intimidad; la autonomía de la Iglesia para gestionar sus asuntos internos como considere oportuno, y el alcance de la facultad discrecional de los Estados miembros para regular el papel que desempeñan las iglesias en la sociedad. En la medida en que, en el presente asunto, estos factores apuntan en direcciones opuestas, considero que debe alcanzarse un equilibrio equitativo entre ellos. Ni las comunidades religiosas ni sus miembros actuales o antiguos están por encima de la ley ni privados de su protección. Los derechos e intereses de ambas partes deben conciliarse en la medida de lo posible.

II.    Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

12.      El artículo 2, apartado 1, del RGPD, relativo a su ámbito de aplicación material, dispone que el «Reglamento se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero».

13.      El artículo 4, punto 6, del RGPD define el «fichero», a efectos de dicho Reglamento, como «todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica».

14.      A tenor del artículo 6 del RGPD, titulado «Licitud del tratamiento»:

«1.      El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

[…]

f)      el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

[…]»

15.      El artículo 9 del RGPD, titulado «Tratamiento de categorías especiales de datos personales», tiene el siguiente tenor:

«1.      Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.

2.      El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes:

[…]

d)      el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados;

[…]».

16.      El artículo 17 del RGPD, relativo al derecho de supresión («el derecho al olvido»), dispone:

«1.      El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

[…]

c)      el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;

d)      los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

[…]

3.      Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:

[…]

d)      con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento […]

[…]».

17.      El artículo 21 del RGPD, titulado «Derecho de oposición», establece, en su apartado 1:

«El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.»

18.      El artículo 89 del RGPD, titulado «Garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos», prevé:

«1.      El tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos estará sujeto a las garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento, para los derechos y las libertades de los interesados. Dichas garantías harán que se disponga de medidas técnicas y organizativas, en particular para garantizar el respeto del principio de minimización de los datos personales. Tales medidas podrán incluir la seudonimización, siempre que de esa forma puedan alcanzarse dichos fines. Siempre que esos fines pueden alcanzarse mediante un tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación de los interesados, esos fines se alcanzarán de ese modo.

2.      Cuando se traten datos personales con fines de investigación científica o histórica o estadísticos, el Derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá establecer excepciones a los derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18 y 21, sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el apartado 1 del presente artículo, siempre que sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro de los fines científicos y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines.

3.      Cuando se traten datos personales con fines de archivo en interés público, el Derecho de le Unión o de los Estados miembros podrá prever excepciones a los derechos contemplados en los artículos 15, 16, 18, 19, 20 y 21, sujetas a las condiciones y garantías citadas en el apartado 1 del presente artículo, siempre que esos derechos puedan imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los fines científicos y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines.

[…]»

19.      El artículo 91 del RGPD, titulado «Normas vigentes sobre protección de datos de las iglesias y asociaciones religiosas», establece:

«1.      Cuando en un Estado miembro iglesias, asociaciones o comunidades religiosas apliquen, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, un conjunto de normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, tales normas podrán seguir aplicándose, siempre que sean conformes con el presente Reglamento.

2.      Las iglesias y las asociaciones religiosas que apliquen normas generales de conformidad con el apartado 1 del presente artículo estarán sujetas al control de una autoridad de control independiente, que podrá ser específica, siempre que cumpla las condiciones establecidas en el capítulo VI del presente Reglamento.»

B.      Derecho nacional

20.      El artículo 19 de la Constitución belga prevé:

«Se garantizan la libertad de culto y su ejercicio público, así como el derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de la sanción de los delitos cometidos con ocasión del uso de estas libertades.»

21.      El artículo 21 de la Constitución belga está redactado en los siguientes términos:

«El Estado no tiene derecho a intervenir ni en el nombramiento ni en la toma de posesión de los ministros de ningún culto, ni a prohibir a dichos ministros que se relacionen con sus superiores o que publiquen sus escritos, sin perjuicio en este último caso de la responsabilidad ordinaria en que puedan incurrir en materia de prensa y publicación.

[…]»

III. Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales

22.      El 26 de junio de 1955, JM —el demandante en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Controversias de la Gegevensbeschermingsautoriteit / Autorité de protection des données (Autoridad de Protección de Datos, Bélgica) (en lo sucesivo, «GBA»)— (19) fue bautizado en la Parroquia de Bijloke en Gante (Bélgica). Mediante escrito de 25 de marzo de 2021, se dirigió a la Bisdom Gent (Diócesis de Gante) solicitando que, en aplicación del RGPD, se suprimiera toda referencia a su persona de cualquier registro o archivo físico o digital.

23.      La Diócesis de Gante registró la salida de JM de la Iglesia el 2 de abril de 2021, para lo que tachó los datos personales pertinentes, aunque estos continuaron siendo legibles. El 7 de abril de 2021, la Diócesis de Gante informó mediante escrito a JM de que su abandono de la Iglesia Católica Romana había sido anotado en la lista de personas que abandonan la Iglesia de la Parroquia de Gante.

24.      Mediante escrito de 14 de abril de 2021 dirigido a la Diócesis de Gante, JM expresó su descontento con esta actuación y reiteró su petición de que se eliminase cualquier dato personal que le concerniera de cualquier registro o archivo físico o digital. Ese mismo día, JM presentó una denuncia ante la GBA, en la que manifestaba su desacuerdo con el modo en que la Diócesis de Gante interpretaba el RGPD y exigía que se suprimiera cualquier vínculo entre su persona y cualquier religión u organización de base filosófica.

25.      Mediante la resolución n.º 169/2023, de 19 de diciembre de 2023 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Controversias de la GBA declaró que la Diócesis de Gante había infringido el RGPD, en particular el artículo 5, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 6, apartado 1, letra f), así como los artículos 5, apartado 1, letras b) y c), 9 y 12, apartados 1 a 4, en relación con los artículos 13 y 17. Dicha Sala de Controversias resolvió, en particular sobre la base del artículo 58, apartado 2, letra c), del RGPD, ordenar a la Diócesis de Gante que atendiera la solicitud de JM de ejercer su derecho de oposición y su derecho a la supresión de datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del RGPD, y que, por consiguiente, pusiera fin a todo tratamiento ilícito de sus datos personales (artículo 21, apartado 1, del RGPD) y procediera a la supresión de sus datos personales [artículo 17, apartado 1, letra c), del RGPD] en el plazo de treinta días a partir de la notificación de dicha resolución.

26.      La Diócesis de Gante interpuso recurso contra la resolución impugnada ante el hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica). Al albergar dudas sobre la correcta interpretación de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, dicho órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 17 [del RGPD], en relación con el derecho a la protección de los datos de carácter personal garantizado por el artículo 8 de la Carta […], la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión garantizada por el artículo 10 de la Carta y el artículo 9 [del CEDH] y el principio de separación de Iglesia y Estado consagrado en los artículos 19 y 21 de la Belgische Grondwet (Constitución belga), en el sentido de que una persona que fue bautizada siendo menor de edad y que, siendo adulta, desea desvincularse de la Iglesia Católica Romana tiene o no derecho a que se supriman sus datos personales del registro de bautismo?

2)      ¿Tiene alguna relevancia a este respecto, a efectos de la aplicación del artículo 17, apartado 1, letra c), [del RGPD], el hecho de que, según el responsable del tratamiento, la inscripción en el registro de bautismo afecta a los derechos fundamentales antes mencionados (libertad de religión) del responsable del tratamiento y de la comunidad eclesiástica católica romana a la que representa?

3)      ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que este registro de bautismo no sea digital, sino un soporte material único en forma de libro con páginas en recto y verso en cuyo reverso figuran también los datos de otras personas interesadas?

4)      ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que el propio libro sea un objeto histórico y que el registro de bautismo constituya un reflejo único de hechos históricos que no constan en ningún otro lugar, de modo que el tratamiento de datos también se realiza con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos en el sentido del artículo 17, apartado 3, letra d), [del RGPD]?

5)      Si existiera un derecho a la supresión de datos con arreglo al artículo 17, apartado 1, [del RGPD] y si no fuera aplicable ninguna excepción a este derecho con arreglo al artículo 17, apartado 3, [del RGPD], ¿se cumpliría el derecho a la supresión de datos mediante la anotación en el margen del registro de bautismo de que una persona ha abandonado la Iglesia como medida equivalente?»

27.      Han presentado observaciones escritas la Diócesis de Gante, las personas que intervinieron en el procedimiento principal (JM, BZ, DF, RA, JD y FA), la GBA, los Gobiernos checo, francés, italiano, letón, húngaro, austriaco y rumano, y la Comisión Europea. En la vista celebrada el 30 de junio de 2026, estas partes, a excepción de los Gobiernos francés, húngaro y rumano, presentaron sus informes orales y sus respuestas a las preguntas escritas y orales formuladas por el Tribunal de Justicia.

IV.    Apreciación

28.      Mediante sus cinco cuestiones prejudiciales, que pueden examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si el artículo 17, apartados 1 y 3, del RGPD, a la luz de los artículos 8 y 10 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que una persona que fue bautizada siendo menor de edad y que, siendo adulta, desea desvincularse de la comunidad religiosa de que se trate (en el presente asunto, la Iglesia Católica Romana) tiene o no derecho a que se supriman sus datos personales del registro de bautismo. En caso de respuesta afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente desea saber también si la mera anotación, en el margen del registro de bautismo, de que una persona ha abandonado la comunidad religiosa constituye una «supresión» en el sentido del artículo 17, apartados 1 y 3, del RGPD.

29.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que: i) la inscripción en el registro de bautismo afecta al ejercicio de las actividades de la comunidad religiosa de que se trate y ii) el registro de bautismo no es digital, sino un soporte material único en forma de libro con páginas en recto y verso en el que también se consignan los datos de otras personas interesadas.

30.      Las presentes conclusiones se estructurarán como se expone a continuación.

31.      En la primera parte de las conclusiones (A), explicaré brevemente por qué el RGPD es aplicable al asunto objeto del procedimiento principal.

32.      La segunda parte de las conclusiones (B) se centra en la apreciación de las circunstancias pertinentes para determinar si el demandante puede invocar con éxito uno de los motivos de supresión previstos en el artículo 17, apartado 1, del RGPD. Dos de esos motivos pueden ser pertinentes en el presente asunto. El primero se refiere al tratamiento supuestamente ilícito de los datos personales del demandante por parte del responsable del tratamiento, que requerirá un análisis del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. El segundo motivo se refiere al derecho del demandante, en virtud del artículo 21 del RGPD, a oponerse al tratamiento de sus datos personales.

33.      La tercera parte de las conclusiones (C) se refiere a la alegación del responsable del tratamiento de que, en caso de que el demandante pudiera invocar uno de los motivos de supresión previstos en el artículo 17, apartado 1, del RGPD, el tratamiento ulterior de sus datos personales podría, no obstante, estar justificado, con arreglo al apartado 3 de dicho artículo, por ser necesario, en particular, con fines de archivo en interés público o con fines de investigación histórica.

34.      Por último, en la cuarta parte de las conclusiones (D), examinaré el concepto de «supresión» a efectos del RGPD.

A.      Aplicabilidad del RGPD

35.      Se plantea la cuestión, que procede examinar de entrada, de si las disposiciones del RGPD son aplicables en el litigio principal, ya que algunas de las partes que han presentado observaciones han expresado dudas al respecto.

36.      Según su artículo 2, apartado 1, el RGPD «se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero».

37.      Habida cuenta de las alegaciones formuladas en las observaciones escritas y orales de las partes, cuatro cuestiones relativas a la aplicación del RGPD ratione materiae, ratione personae y ratione temporis al litigio principal merecen un breve debate.

38.      En primer lugar, a la luz de la amplia definición de «datos personales» que figura en el artículo 4, apartado 1, del RGPD, consta que el registro de bautismo contiene datos personales de las personas que han sido bautizadas. En efecto, con arreglo al Código de Derecho canónico, Canon (en lo sucesivo, «C.») 877 § 1, «el párroco del lugar en que se celebra el bautismo debe anotar diligentemente y sin demora en el libro de bautismo el nombre de los bautizados, haciendo mención del ministro, los padres, padrinos, testigos, si los hubo, y el lugar y día en que se administró, indicando asimismo el día y lugar del nacimiento».

39.      En segundo lugar, no me convencen las alegaciones, formuladas por la Diócesis de Gante y el Gobierno letón, de que el RGPD no es aplicable en el litigio principal debido a que el registro de bautismo no es un «fichero» en el sentido del artículo 4, punto 6, del RGPD. (20)

40.      A este respecto, procede recordar, en primer término, que tanto del considerando 15 del RGPD como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el RGPD se aplica no solo al tratamiento de datos personales automatizado, sino también al tratamiento manual de datos personales. (21) Sin embargo, en este último caso, la aplicación del RGPD presupone que esos datos estén incluidos o estén destinados a ser incluidos en un fichero.

41.      El término «fichero» se define en el artículo 4, punto 6, del RGPD como «todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica». El RGPD no prevé «criterios de estructuración específicos del fichero o la forma de este».(22) En efecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia, el propio texto de la disposición («todo») y su objetivo (garantizar un nivel de protección igual con independencia de las técnicas utilizadas para tratar los datos) (23) exigen una interpretación amplia del término. (24)

42.      El Tribunal de Justicia ha declarado que lo importante a este respecto es si, con independencia de la estructura o de la forma real de un fichero, los datos personales que contiene están dispuestos según una lógica particular para que puedan recuperarse fácilmente. (25) Esta comprensión teleológica del término corresponde a su significado técnico e histórico: los ficheros son, en efecto, el núcleo de la archivística, un campo de conocimiento e investigación cuyo origen se remonta a la llevanza de registros antiguos sobre tablillas de arcilla y rollos de papiro. (26) Los métodos normalizados para archivar y almacenar información y documentos incluyen sistemas alfabéticos, digitales, cronológicos y subjetivos.

43.      De la resolución de remisión se desprende que, en la Iglesia Católica Romana, los bautizos se registran siguiendo un criterio geográfico (en el registro de la parroquia donde se celebran) (27) y, en el registro pertinente, siguiendo un orden cronológico (es decir, según la fecha de celebración). Por lo tanto, los registros de bautismo contienen un conjunto «estructurado» de datos personales, de carácter descentralizado, que permite recuperar fácilmente toda la información relativa a un bautizo concreto a partir del lugar y la fecha de celebración.

44.      No obstante, el Gobierno letón hace hincapié en el hecho de que los criterios utilizados para estructurar el fichero no afectan directamente a los interesados que fueron bautizados. En mi opinión, este afirmación carece de pertinencia. A diferencia de su predecesora, la Directiva 95/46/CE, (28) en ninguna parte del RGPD se impone tal exigencia, que iría en contra de la interpretación amplia del concepto de «fichero» realizada por el Tribunal de Justicia y, en parte, impediría la consecución de los objetivos previstos en su artículo 4, punto 6.

45.      Tampoco es relevante que los datos personales contenidos en los registros sean accesibles a un número muy limitado de personas, o que la recuperación de dichos datos requiera un conocimiento previo de determinados detalles del acontecimiento en cuestión, alegación que ha sido formulada por la Diócesis de Gante. La cuestión de si un «conjunto estructurado de datos personales» constituye un fichero en el sentido del artículo 4, punto 6, del RGPD depende únicamente de sus características objetivas y no de la identidad o el número de personas que pueden acceder a él o del conocimiento que tienen estas personas de la estructura del fichero o de detalles del acontecimiento en cuestión.

46.      Por lo tanto, los registros de bautismo constituyen ficheros en el sentido del artículo 4, punto 6, del RGPD.

47.      En tercer lugar, el RGPD se aplica ratione personae a entidades como iglesias y comunidades religiosas. Como se ha explicado en los puntos 6 a 9 anteriores, los principios de autonomía y neutralidad derivados del artículo 17 TFUE, apartado 1, no ponen en entredicho este extremo. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia es muy clara a este respecto. (29) De hecho, varias disposiciones del RGPD se refieren expresamente a la aplicación del Reglamento a las iglesias y las asociaciones religiosas. (30)

48.      En cuarto y último lugar, procede añadir, en aras de la claridad, que el tratamiento pertinente de los datos personales del demandante en el presente procedimiento no es, evidentemente, el relativo a la primera inscripción de sus datos personales tras la celebración del bautizo. Este acontecimiento es muy anterior a la entrada en vigor de cualquier norma de la Unión en materia de protección de datos. A este respecto, he de recordar que, a tenor del artículo 91, apartado 1, del RGPD, «cuando en un Estado miembro iglesias, asociaciones o comunidades religiosas apliquen, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, un conjunto de normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento, tales normas podrán seguir aplicándose, siempre que sean conformes con el presente Reglamento».

49.      Por lo tanto, lo que se cuestiona en el presente procedimiento es la licitud del tratamiento de datos —en forma de conservación y, en su caso, extracción y utilización— (31) a la luz de las normas de la Unión actualmente en vigor (en particular, las disposiciones del RGPD, interpretadas a la luz de las disposiciones de la Carta).(32) Concretamente, el análisis que figura a continuación se centrará en el período posterior a la solicitud presentada por el demandante al responsable del tratamiento para que suprimiera sus datos personales del registro de bautismo.

50.      Sobre la base de las consideraciones anteriores, es evidente que el RGPD es aplicable en el litigio principal, como declaró correctamente la GBA en la resolución impugnada. (33) Por lo tanto, abordaré ahora las distintas cuestiones jurídicas que se derivan de las cuestiones prejudiciales.

B.      Motivos para la supresión

51.      En el centro de estas cuestiones se encuentra el derecho de supresión (o «el derecho al olvido»), que el artículo 17 del RGPD reconoce a los interesados en determinadas circunstancias. En resumen, la cuestión principal es si, como determinó la GBA en la resolución impugnada, el demandante tenía derecho, en el presente asunto, a invocar dicha disposición para exigir al responsable del tratamiento (en este caso, la Diócesis de Gante) que suprimiera sus datos personales contenidos en el registro de bautismo.

52.      Procede recordar que el artículo 17, apartado 1, del RGPD enumera seis motivos alternativos por los que el interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual está obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales.

53.      En el procedimiento principal, el demandante y la GBA hicieron referencia a los motivos previstos en el artículo 17, apartado 1, letras c) y d), del RGPD. La letra c) se refiere a la situación en la que el interesado se opone al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, del RGPD, y no prevalecen otros motivos legítimos para el tratamiento, mientras que la letra d) se refiere a la situación en la que los datos personales del interesado han sido tratados ilícitamente. En el presente asunto, la licitud del tratamiento depende de si dicho tratamiento de datos era, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD, necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento y sobre los que no prevalecían los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requerían protección. (34)

54.      Estos dos motivos se examinarán sucesivamente, empezando por el previsto en el artículo 17, apartado 1, letra d), del RGPD. En efecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que «la aplicabilidad del artículo 21 del RGPD y, por consiguiente, la eventual existencia de un derecho de oposición [presuponen] la existencia de un tratamiento lícito». (35)

55.      Este orden de análisis refleja asimismo la lógica que subyace a los dos motivos para la supresión de los datos personales. En esencia, ambos motivos exigen, en algún punto de la apreciación jurídica, la ponderación de los derechos e intereses opuestos en juego: los del responsable del tratamiento, por una parte, y los de los interesados, por otra. Idealmente, estos derechos e intereses deberían conciliarse. Sin embargo, en su defecto, puede ser necesario determinar cuáles, en un conjunto de circunstancias específicas, deben prevalecer. (36) En función del motivo de supresión invocado, este ejercicio puede dar lugar a resultados diferentes. Ello resulta de las diferentes justificaciones y naturaleza de los dos motivos de que se trata en el presente asunto.

56.      El artículo 17, apartado 1, letra d), del RGPD es en gran medida una disposición retrospectiva, que principalmente permite a un interesado reaccionar ante un tratamiento ilícito de sus datos. No debe olvidarse que, en virtud de las disposiciones del RGPD, un responsable del tratamiento debe poder demostrar en todo momento que el tratamiento se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento. (37) De hecho, cuando el tratamiento se basa en el artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD, es esencial que, para garantizar la licitud del tratamiento, el responsable del tratamiento pondere los diferentes intereses en conflicto incluso antes de que se lleve a cabo cualquier tratamiento. Por definición, es posible que, en esta fase, el responsable del tratamiento desconozca las circunstancias específicas relativas a todas y cada una de las personas cuyos datos vayan a ser tratados. (38)

57.      Por consiguiente, la ponderación a la que se hace referencia en el punto anterior debe llevarse a cabo a un nivel relativamente amplio, centrándose principalmente en los derechos e intereses de los interesados en su conjunto. El criterio para determinar la licitud del tratamiento es estricto, pero, como explicaré a continuación, no tan estricto como el aplicable en virtud del artículo 17, apartado 1, letra c).

58.      El artículo 17, apartado 1, letra c), del RGPD es más una disposición prospectiva, que permite a los interesados oponerse al tratamiento futuro de sus datos por motivos relacionados con su situación específica. Por lo tanto, la ponderación debe llevarse a cabo cuando el responsable del tratamiento tenga conocimiento de la objeción del interesado y de sus motivos para ello. En tal caso, si bien todos los factores generales considerados en virtud del artículo 6, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento siguen siendo pertinentes, dicha evaluación ex post los complementa con otros factores que son específicos del interesado que se haya opuesto al tratamiento. (39) De hecho, la ponderación a que se refiere el artículo 17, apartado 1, letra c), está centrada en «las circunstancias que rodean a la situación concreta del interesado». (40)

59.      Existe otra diferencia importante entre ambas disposiciones: el criterio que debe cumplir el responsable del tratamiento para justificar el tratamiento de los datos, a pesar de la objeción del interesado, es particularmente estricto. En efecto, cuando un interesado se opone al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, del RGPD, solo los «motivos legítimos imperiosos» pueden prevalecer sobre los intereses y derechos del interesado. (41) Además, el artículo 21, apartado 1, del RGPD introduce una presunción en favor del interesado: (42) después de que la objeción haya sido comunicada al responsable del tratamiento, este «dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado». (43)

60.      En mi opinión, tal distinción entre el tipo de apreciación exigido, por una parte, cuando puede haberse producido un tratamiento ilícito y, por otra parte, cuando un interesado se opone a un tratamiento (probablemente lícito), ya se desprende de la sentencia Google Spain.(44) Mi interpretación del artículo 17, apartado 1, del RGPD también se ve corroborada por el claro tenor de esta disposición: la letra d) utiliza un verbo en tiempo perfecto («hayan sido tratados»), mientras que la letra c) utiliza un verbo en tiempo presente («se oponga»). (45)

61.      A la luz de lo anterior, en las secciones siguientes, examinaré, en primer lugar, si el responsable del tratamiento ha tratado lícitamente los datos personales del demandante antes de tener conocimiento de su objeción (1). A continuación, examinaré la posibilidad de que el demandante se oponga al tratamiento de sus datos personales (2).

62.      Antes de ello, es necesario formular una observación de carácter sistémico. De la jurisprudencia se desprende que, en ambos supuestos, corresponde, en principio, al órgano jurisdiccional remitente apreciar en última instancia si un interesado tiene derecho a solicitar la supresión de sus datos personales. (46) Corresponde, en particular, a dicho órgano jurisdiccional ponderar los derechos e intereses en conflicto antes mencionados, a la luz de los criterios y elementos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia. (47) De hecho, el resultado de esta apreciación depende de las circunstancias propias de cada situación, (48) que, por lo tanto, se aprecian mejor caso por caso.(49) No obstante, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre una cuestión prejudicial, puede aportar precisiones destinadas a orientar a dicho órgano jurisdiccional a efectos de proceder a esa apreciación. (50)

1.      Tratamiento lícito de los datos personales

63.      El carácter lícito o ilícito del tratamiento de datos personales depende, en general, de si se cumplen los requisitos establecidos en las dos disposiciones siguientes del RGPD. (51)

64.      En primer lugar, el artículo 5 de este Reglamento establece una serie de principios clave relativos al tratamiento de datos personales (en particular, los requisitos de que los datos sean «tratados de manera lícita, leal y transparente» y de que sean «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados»). Este último principio —el de minimización de los datos— tendrá especial importancia en el análisis jurídico que aquí se realiza. (52)

65.      En segundo lugar, el artículo 6 de dicho Reglamento establece una lista «exhaustiva y taxativa» de los casos en los que el tratamiento de datos es lícito. (53) Como ha precisado el Tribunal de Justicia, los seis supuestos que contempla son alternativos (54) y deben interpretarse de modo estricto, (55) a la luz de los principios enunciados en el artículo 5 del RGPD. (56)

66.      En el presente asunto también existe una tercera disposición pertinente: el artículo 9 del RGPD, que se refiere al tratamiento de categorías especiales de datos personales. En particular, el artículo 9, apartado 1, establece que, en principio, está prohibido el tratamiento de datos personales que revelen, entre otras cosas, convicciones religiosas o filosóficas. No obstante, el artículo 9, apartado 2, letra d), enuncia que dicha prohibición no se aplica cuando «el tratamiento es efectuado, en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías, por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea[, entre otras, religiosa], siempre que el tratamiento se refiera exclusivamente a los miembros actuales o antiguos de tales organismos o a personas que mantengan contactos regulares con ellos en relación con sus fines y siempre que los datos personales no se comuniquen fuera de ellos sin el consentimiento de los interesados».

67.      Parece que, en la medida en que el tratamiento de datos personales por parte de la Iglesia i) se refiere a personas que han sido bautizadas y ii) se lleva a cabo para fines relacionados con sus actividades religiosas ordinarias (como la administración correcta de sacramentos, que se examinará a continuación), se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 2, letra d). En particular, los datos personales de las personas en cuestión solo son accesibles a un número restringido de personas pertenecientes a la Iglesia, y existen medidas de seguridad para evitar el acceso no autorizado (por ejemplo, se conservan en cajas fuertes cerradas con llave o en salas específicas). Por lo tanto, y sin perjuicio de la confirmación por el órgano jurisdiccional remitente, la prohibición de tratamiento establecida en el artículo 9, apartado 1, del RGPD no se aplica, en mi opinión, a un tratamiento de datos personales como el controvertido en el litigio principal.

68.      Esto significa que la cuestión fundamental es si es aplicable alguno de los motivos para el tratamiento lícito establecidos en el artículo 6 del RGPD. No se discute que el tratamiento de los datos personales del demandante por parte de la Diócesis de Gante no se basa en el consentimiento. No obstante, la Diócesis de Gante alega que dicho tratamiento es lícito con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. Esta disposición autoriza el tratamiento de datos personales que sea «necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño».

69.      Según reiterada jurisprudencia, esta disposición establece tres requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos personales resulte lícito: i) que el responsable del tratamiento o el tercero persigan un interés legítimo; ii) que el tratamiento de los datos personales sea necesario para la satisfacción de ese interés legítimo, y iii) que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado sobre el interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero. (57)

a)      Persecución de un interés legítimo

70.      Por lo que respecta al primer requisito, el Tribunal de Justicia ha declarado que, a falta de una definición del concepto de «interés legítimo» en el RGPD, una amplia gama de intereses es, en principio, susceptible de ser considerada legítima.  En particular, este concepto no se limita a los intereses consagrados y determinados por una ley. (58)

71.      En sus Directrices 1/2024, el CEPD consideró que, para ser «legítimo», un interés del responsable del tratamiento debe: ser lícito (es decir, no ser contrario al Derecho de la Unión o al Derecho de los Estados miembros); estar articulado con claridad y precisión (para garantizar que pueda ponderarse con los derechos e intereses de los interesados), y ser real y actual, y no especulativo. (59) Es evidente que estos tres criterios encuentran un apoyo claro en la jurisprudencia y son, por lo demás, especialmente pertinentes para el presente análisis. (60)

72.      En el presente asunto, la Diócesis de Gante afirma que la finalidad principal del tratamiento es garantizar una correcta administración de los sacramentos, lo que exige un registro preciso de los que se han administrado a cada miembro de la Iglesia. En particular, la Diócesis de Gante subraya que, en principio, el bautismo solo puede administrarse una vez y que, por lo tanto, es necesario evitar que los fieles sean bautizados dos veces.

73.      En la resolución impugnada, la GBA admitió que dicho objetivo podía considerarse un «interés legítimo» a efectos del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. Ninguna de las partes que han presentado observaciones en el presente procedimiento ha planteado dudas a este respecto.

74.      Yo también estoy de acuerdo con la GBA. Los sacramentos son ritos religiosos de suma importancia para la Iglesia Católica Romana. El bautismo, uno de los siete sacramentos reconocidos por dicha Iglesia, reviste especial importancia. El Código de Derecho Canónico se refiere a él como la «puerta de los sacramentos». (61)

75.      Como ha subrayado el Tribunal de Justicia, el derecho a la libertad de conciencia y de religión protegido por el artículo 10, apartado 1, de la Carta implica la libertad de toda persona de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos que comporten. En efecto, el término «religión» que figura en la Carta debe entenderse en su acepción amplia, comprensiva tanto del forum internum —el hecho de tener convicciones— como del forum externum —la manifestación pública de la fe religiosa—. La celebración de ritos religiosos, como es el caso de la administración del sacramento del bautismo, forma parte del forum externum de esta libertad. (62)

76.      A la luz de los principios de neutralidad y autonomía consagrados en el artículo 17 TFUE, apartado 1, (63) es lógico, por lo tanto, que el interés en garantizar que los sacramentos, incluido el bautismo, se administren correctamente se considere legítimo en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. Este interés cumple los tres criterios establecidos en el punto 71 anterior: es lícito, suficientemente específico y no hipotético.

b)      Necesidad del tratamiento de datos

77.      Por lo que respecta al segundo requisito, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que este «no se cumple cuando el objetivo perseguido por [el] tratamiento de datos podría alcanzarse razonablemente de manera tan eficaz por otros medios menos atentatorios respecto de los derechos fundamentales de los interesados, […] puesto que las excepciones y restricciones al principio de protección de dichos datos deben establecerse sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario». (64) En este contexto, procede recordar que «el requisito relativo a la necesidad del tratamiento debe examinarse en relación con el principio de minimización de datos, consagrado en el artículo 5, apartado 1, letra c), del RGPD, conforme al cual los datos personales deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados». (65)

78.      El requisito de necesidad consta de dos componentes complementarios y estrechamente relacionados. (66) En primer lugar, es importante garantizar que la medida sea adecuada para alcanzar el objetivo perseguido. Es evidente que una medida mediante la que no se pueda alcanzar su objetivo no puede considerarse «estrictamente necesari[a] para la satisfacción de ese interés legítimo». En segundo lugar, debe comprobarse si la medida es esencial: el tratamiento no puede considerarse necesario si el interés perseguido por el responsable del tratamiento puede «alcanzarse razonablemente de manera tan eficaz por otros medios menos atentatorios respecto de las libertades y los derechos fundamentales de los interesados».(67)

79.      En el presente asunto, podría sostenerse que, mientras una persona esté asociada (o pueda presumirse razonablemente que lo está) a una comunidad religiosa, dicha comunidad puede legítimamente considerar necesario llevar registros precisos de los sacramentos que se le han administrado. En particular, la conservación de los datos personales pertinentes de los fieles que han sido bautizados contribuye directamente a la consecución del objetivo de garantizar una correcta administración de los sacramentos.

80.      Además, a pesar de la posible existencia de medidas alternativas que puedan resultar menos intrusivas para los derechos e intereses de los interesados en cuestión, (68) la conservación de los datos personales en el registro de bautismo parece, a mi modo de ver, una medida más eficaz respecto a todas las personas que pertenecen a la comunidad religiosa. Después de todo, el tratamiento también se efectúa en interés de los propios interesados, que pueden necesitar aportar el certificado de bautismo cuando soliciten la administración de otros sacramentos. Por lo tanto, una aplicación excesivamente estricta del requisito de necesidad parece injustificada en este contexto. (69)

81.      Por consiguiente, sin perjuicio de la confirmación por el órgano jurisdiccional remitente, parece que varios elementos corroboran la necesidad del tratamiento, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD.

c)      Ponderación de intereses

82.      Por último, el requisito de que los intereses o los derechos y libertades fundamentales de la persona afectada por el tratamiento de datos no prevalezcan sobre los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero exige que los órganos jurisdiccionales nacionales ponderen y logren un equilibrio entre los derechos e intereses en conflicto.

83.      De manera metafórica, el órgano jurisdiccional remitente deberá colocar, en un platillo de la balanza, los derechos e intereses del interesado perjudicados por el tratamiento ulterior y, en el otro platillo de la balanza, los derechos e intereses del responsable del tratamiento que se verían perjudicados si se pusiera fin al tratamiento.

84.      El texto del RGPD y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrecen algunas orientaciones sobre cómo debería llevarse a cabo este ejercicio.

85.      Entre los elementos que deben tenerse en cuenta figuran, en primer lugar, las «expectativas razonables de los interesados basadas en su relación con el responsable […], en el momento y en el contexto de la recogida de datos personales, [de] que pueda producirse el tratamiento con tal fin. En particular, los intereses y los derechos fundamentales del interesado podrían prevalecer sobre los intereses del responsable del tratamiento cuando se proceda al tratamiento de los datos personales en circunstancias en las que el interesado no espere razonablemente que se realice un tratamiento ulterior». (70)

86.      Además, la magnitud del tratamiento y su impacto en los derechos e intereses de los interesados reviste una gran importancia. (71) En cuanto a este último elemento, aunque no exista la obligación de acreditar ninguna forma de daño causado al interesado, (72) naturalmente sería especialmente importante si el interesado estuviera expuesto a daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales, (73) incluida la angustia emocional. (74)

87.      El gran número de personas que tienen acceso a los datos personales en cuestión y, en su caso, los amplios efectos de difusión que puede tener su tratamiento podrían aumentar la gravedad de la injerencia en los derechos del interesado de que se trate. (75) En cambio, en algunos casos, la gravedad del impacto podría considerarse menor si los datos tratados están a disposición del público, en función de la medida en que dichos datos ya figuren en fuentes accesibles al público.(76) Además, la evaluación del impacto concreto del tratamiento de los datos en cuestión no es un ejercicio unilateral: naturalmente, también deben añadirse a la ecuación los posibles beneficios del tratamiento para los interesados afectados. (77)

88.      Asimismo, la ponderación de los intereses en conflicto requiere especial cautela cuando los datos tratados pertenecen a una categoría especial, en el sentido del artículo 9 del RGPD (como los que revelan convicciones religiosas o filosóficas), (78) o cuando afectan a un menor, como se establece expresamente en el artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. (79) Del mismo modo, el tratamiento de datos durante largos períodos también puede requerir una vigilancia especial por parte del responsable del tratamiento, ya que el transcurso del tiempo puede afectar tanto a los intereses de dicho responsable en el tratamiento de los datos como al impacto del tratamiento de esos datos en los derechos e intereses de los interesados de que se trate. (80)

89.      Al mismo tiempo, la existencia de garantías adecuadas contra el acceso y el tratamiento ilícitos, con el fin de velar por la integridad y la confidencialidad de los datos, también puede ser pertinente en este contexto. (81)

90.      Como se ha explicado anteriormente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente ponderar y lograr un equilibrio entre los derechos e intereses en conflicto, a la luz de los criterios antes expuestos. En el presente asunto, considero que merecen especial atención los siguientes elementos.

91.      Por un lado, es cierto que el tratamiento afecta a una categoría especial de datos que, además, a menudo afectan a menores. Del mismo modo, está claro que el tratamiento interfiere en varios derechos fundamentales de los interesados.

92.      En primer lugar, el tratamiento de los datos personales de una persona que se refieren a cuestiones muy privadas, como la fecha y el lugar de nacimiento, los vínculos familiares y las convicciones religiosas, interfiere en la vida privada de esa persona. Además, dado que el tratamiento de esos datos puede tener lugar sin el consentimiento de esa persona, y que no se trata de un acontecimiento único o puntual, sino que puede ocurrir reiteradamente a lo largo de su vida, afecta manifiestamente a su derecho a la autodeterminación en lo que respecta a la utilización de tales datos. Por consiguiente, es innegable la injerencia en los derechos del interesado al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7 de la Carta) y a la protección de datos de carácter personal (artículo 8 de la Carta).

93.      En segundo lugar, si una persona es bautizada en la infancia y, por lo tanto, no ha dado su consentimiento al tratamiento de datos, dicho tratamiento se produce independientemente de que la persona en cuestión se considere a sí misma parte de la comunidad religiosa de que se trate. Como ha declarado el TEDH, «el derecho a manifestar su religión o sus convicciones reviste también un aspecto negativo, a saber, el derecho de una persona a no estar obligada a divulgar su religión o sus convicciones y a no estar obligada a actuar de tal manera que pueda concluirse que posee o no tales convicciones». (82) Por lo tanto, el tratamiento de datos también interfiere en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 10 de la Carta) del interesado.

94.      Sin embargo, por otro lado, he explicado por qué el responsable del tratamiento lleva a cabo el tratamiento de datos en cuestión en aras de un interés legítimo que también está protegido por el artículo 10 de la Carta.

95.      Además, mientras pueda presumirse que el interesado forma parte de la comunidad religiosa de que se trate, una serie de elementos parece indicar la falta, a priori, de toda injerencia negativa significativa en los derechos fundamentales de dicho interesado.

96.      Antes de nada, parece lógico considerar que una persona que ha sido bautizada normalmente espera que sus datos personales se conserven en el registro de bautismo, al menos mientras esa persona se considere miembro de dicha comunidad religiosa. A continuación, la magnitud del tratamiento, en lo que respecta al volumen de datos tratados (los pertinentes para la identificación de la persona bautizada) y al número y tipo de operaciones realizadas (principalmente la conservación de los datos, y el acceso a estos cuando sea necesario), es bastante limitada. El número de personas que tienen acceso a esta información también es limitado y existen salvaguardias para impedir el acceso no autorizado.

97.      Además, incluso cuando los datos se refieren a un menor, cabe presumir que la decisión de que sus datos personales sean tratados tras el bautismo ha sido tomada de manera consciente por los padres o tutores legales de dicho menor y constituye la expresión de su derecho a velar por que sus hijos sean criados conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. (83)

98.      En último lugar, pero no por ello menos importante, no cabe duda de que la conservación de los datos personales de las personas bautizadas se lleva a cabo también en interés de estas, que podrían verse obligadas a aportar el certificado del bautismo en caso de que deseen recibir otros sacramentos (como la confirmación o el matrimonio religioso).

99.      A la luz de lo anterior, y sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, parece que el tratamiento de los datos personales del demandante por parte de la Iglesia, antes de que este se opusiera formalmente a ello, puede considerarse conforme con el artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD. De ser así, esto significaría que el demandante no podría solicitar la supresión de sus datos personales con arreglo al artículo 17, apartado 1, letra d), del RGPD antes de que la Diócesis de Gante fuera informada de su oposición al tratamiento de sus datos.

100. La evaluación de si el demandante puede solicitar la supresión oponiéndose al tratamiento es una cuestión que debe apreciarse sobre la base del artículo 17, apartado 1, letra c), del RGPD. Esta disposición hace referencia al artículo 21, apartado 1, de dicho Reglamento.

2.      Oposición por parte del interesado al tratamiento de los datos

101. El artículo 21, apartado 1, del RGPD concede al interesado el derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento, derecho que está basado, en particular, en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento, como sucede en el litigio principal. No obstante, dicha disposición permite al responsable del tratamiento continuar con el tratamiento de los datos, entre otras cosas, si «acredit[a] motivos legítimos imperiosos […] que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado».

102. Como se ha indicado anteriormente, el artículo 21, apartado 1, del RGPD establece un criterio bastante estricto que el responsable del tratamiento debe cumplir para justificar el tratamiento de datos personales a pesar de la objeción formulada por el interesado a este respecto. Esta disposición permite al responsable del tratamiento prescindir de la objeción cuando acredite motivos imperiosos que justifiquen el tratamiento, recayendo en él la carga de la prueba a este respecto. De hecho, la norma por defecto es que, ante una objeción, el responsable del tratamiento debe detener el tratamiento («[…] el responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que […]»).(84)

103. Llegados a este punto, puede resultar útil examinar el significado del término «imperioso». El RGPD no lo define, tampoco se desprende claramente del tenor de esta disposición a qué se refiere exactamente este adjetivo. Puede referirse a los «motivos legítimos»: los motivos invocados por el responsable del tratamiento no solo deberían entonces ser «legítimos», sino también esenciales o fundamentales para la actividad del responsable del tratamiento. (85) Sin embargo, también podría hacer referencia a una necesidad imperiosa por parte del responsable del tratamiento de tratar los datos. Aunque el artículo 21, apartado 2, del RGPD omite una referencia explícita al requisito de necesidad, sigue siendo un elemento esencial del análisis. (86) Por último, también podría limitarse a reflejar el peso significativo que deben tener los derechos e intereses del interesado cuando se ponderan con los del responsable del tratamiento. (87)

104. En mi opinión, los tres puntos de vista expuestos anteriormente son correctos: el término «imperioso» impregna la apreciación de los tres requisitos. Este término, junto con las expresiones equivalentes utilizadas en las demás versiones lingüísticas del Reglamento, (88) es claro en la medida en que refleja un requisito de solidez y contundencia de los motivos que autorizan al responsable del tratamiento a prescindir de la voluntad clara del interesado en cuestión.

105. Como indica el CEPD en sus Directrices 1/2024, este término implica para el responsable del tratamiento alcanzar un umbral superior al aplicable en virtud del artículo 17, apartado 1, letra d), del RGPD. (89) Esta interpretación está expresamente confirmada por la jurisprudencia. El Tribunal de Justicia ha declarado que, ante una objeción formulada al amparo del artículo 21, apartado 1, del RGPD, el órgano jurisdiccional nacional solo puede considerar, «con carácter excepcional», que existen motivos legítimos imperiosos que justifiquen el tratamiento en cuestión. (90)

106. En efecto, si el criterio establecido en la letra c) del artículo 17, apartado 1, del RGPD no fuera más estricto que el establecido en la letra d) de dicho artículo, ello significaría que el interesado nunca podría oponerse a ningún tratamiento válidamente basado en el artículo 6, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento. (91) Esto privaría en parte de efecto útil al artículo 21, apartado 1, del RGPD y pondría en entredicho la conclusión del Tribunal de Justicia de que el derecho de oposición presupone la existencia de un tratamiento lícito. (92)

107. Este criterio particularmente estricto refleja el principio básico que constituye el núcleo mismo del corpus normativo que es el RGPD: el tratamiento de datos personales está prohibido salvo que se autorice expresamente. Su artículo 6, apartado 1, es claro a este respecto: «el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes [excepciones]». (93) Y estas excepciones deben interpretarse de manera estricta, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia. (94)

108. La idea subyacente, como se desprende del considerando 7 del RGPD, es que «las personas físicas deben tener el control de sus propios datos personales». El artículo 21 del RGPD es una expresión directa de este principio.(95) En este contexto, es evidente que el tratamiento de los datos personales de una persona que no solo no ha dado nunca su consentimiento al tratamiento, sino que incluso se ha opuesto expresamente a él, requiere una justificación especial. Esto es coherente con el objetivo principal del RGPD: garantizar un nivel elevado de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, sobre todo de sus derechos a la intimidad y a la protección de sus datos de carácter personal, consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta y en el artículo 16 TFUE, apartado 1. (96)

109. Si tal es efectivamente el caso, resulta lógico considerar que el adjetivo «imperioso» reviste especial relevancia en las tres fases de la apreciación jurídica que debe llevar a cabo el órgano jurisdiccional remitente: la evaluación del interés invocado por el responsable del tratamiento, la necesidad del tratamiento y la ponderación de los derechos e intereses en conflicto.

110. A la luz de lo anterior, la cuestión de si el demandante podría, en el presente asunto, oponerse con éxito al tratamiento de sus datos personales sobre la base del artículo 17, apartado 1, letra c), del RGPD requiere una evaluación minuciosa que, en mi opinión, es mucho más compleja que la realizada anteriormente en relación con la licitud del tratamiento en cuestión.

a)      Motivos legítimos imperiosos

111. En primer lugar, por lo que respecta al requisito de que el responsable del tratamiento acredite «motivos legítimos imperiosos» para el tratamiento, estoy de acuerdo con el CEPD en que los motivos invocados para el tratamiento «deben ser esenciales para el responsable del tratamiento (o para el tercero en cuyo interés legítimo se tratan los datos) para ser considerados imperiosos». (97)

112. En otras palabras, el mero hecho de que el interés perseguido por el responsable del tratamiento con dicho tratamiento sea lícito no es suficiente. En mi opinión, este interés debe considerarse digno de especial protección en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional, y la persecución de dicho interés debe estar directamente vinculada a unas de las funciones fundamentales del responsable del tratamiento.

113. Me parece difícil establecer una distinción clara entre los intereses que pueden dar lugar a «motivos legítimos imperiosos» y los que no. En efecto, estos intereses no pueden apreciarse de manera abstracta, sino únicamente a un nivel más concreto y específico, atendiendo a las circunstancias de cada caso. Dicho esto, añadiré que, por ejemplo, los intereses relacionados con la protección de la dignidad humana, la salud humana o el medio ambiente tienen, en mi opinión, más probabilidades de responder a este criterio que la persecución de un mero interés comercial. (98) Una vez más, no todos los intereses comerciales o económicos son iguales: por ejemplo, el interés en cumplir un contrato en vigor parece más digno de protección que el interés en establecer una estrategia de comercialización eficaz. (99) Además, dado que la persecución de objetivos comerciales constituye la propia razón de ser de determinadas entidades, limitar su capacidad de tratamiento de datos puede, en ocasiones, ir en detrimento de sus actividades fundamentales.

114. En el presente asunto, como ya se ha expuesto, el responsable del tratamiento alega que el tratamiento de los datos personales en cuestión es necesario para garantizar la correcta administración de los sacramentos. Este es un interés intrínsecamente vinculado al ejercicio del forum externum de la libertad de religión, y a la necesidad de garantizar la autonomía operativa de las comunidades religiosas. Se trata de derechos e intereses de gran importancia tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Además, existe un vínculo evidente entre la misión espiritual de la Iglesia y la correcta administración de los sacramentos.

115. Por consiguiente, el interés invocado por la Diócesis de Gante puede considerarse, en principio, «imperioso», en el sentido del artículo 21, apartado 1, del RGPD.

b)      Necesidad del tratamiento de datos

116. Abordaré ahora el requisito consistente en la necesidad de dicho tratamiento para perseguir el objetivo declarado. He de señalar, con carácter preliminar, que las razones invocadas para el tratamiento difícilmente pueden considerarse «imperiosas», a menos que se compruebe cuidadosamente el requisito de que el tratamiento sea adecuado para alcanzar su objetivo y de que sea proporcionado. Como señala correctamente el CEPD, «la mera demostración de que el responsable del tratamiento obtendría un beneficio o una ventaja de dicho tratamiento no alcanzaría necesariamente [este] umbral». (100)A fortiori, una preferencia subjetiva del responsable del tratamiento no puede equivaler a una necesidad acuciante de llevar a cabo determinadas operaciones de tratamiento de datos. (101)

117. A mi modo de ver, lo determinante a este respecto es si, para el responsable del tratamiento, la pérdida de la capacidad de tratar los datos personales en cuestión pondría en grave peligro su capacidad para llevar a cabo su misión tal como se define en sus estatutos. En un caso como el que nos ocupa, esto significaría determinar si privar a la Diócesis de Gante de su capacidad para conservar y extraer los datos personales del demandante obstaculizaría gravemente su misión espiritual.

118. Hay que reconocer que se trata de una evaluación compleja.

119. Por una parte, es razonable que, habida cuenta de la importancia que tienen los sacramentos —y principalmente el bautismo— para la doctrina católica, la Iglesia pueda considerar que es importante mantener sus registros lo más intactos y completos posible. Desde el punto de vista de la Iglesia, parece lógico que, si se considera que el bautismo es un sacramento que se celebra «una vez en la vida» y que constituye una puerta para futuros sacramentos, los datos personales de una persona que ha sido bautizada no puedan ser borrados aun cuando dicha persona tenga la intención de romper sus vínculos con la Iglesia. A mi entender, según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, los efectos del bautismo son permanentes. Desde este punto de vista, quizás sea más exacto simplemente añadir, en el registro de bautismo, la información relativa a la intención de dicha persona de dejar de formar parte de la Iglesia.

120. En este contexto, puede ser útil subrayar que el artículo 9, apartado 2, letra d), del RGPD reconoce expresamente que un organismo cuya finalidad sea filosófica o religiosa podría tener que tratar datos personales tanto de sus miembros actuales como de sus antiguos miembros.

121. Por otra parte, sin embargo, una serie de factores parece indicar que la pérdida de la capacidad para tratar los datos personales del demandante tal vez podría no obstaculizar gravemente la capacidad de la Diócesis de Gante para cumplir su misión espiritual.

122. En primer término, el supuesto en que el demandante pudiera desear, en el futuro, volver a unirse a la Iglesia y, en este contexto, recibir otros sacramentos es claramente posible, aunque poco probable teniendo en cuenta la edad en la que ejerció sus derechos en virtud del RGPD y los motivos que invocó para solicitar la supresión de sus datos personales. (102) En cualquier caso, el considerando 64 del RGPD establece que «el responsable no debe conservar datos personales con el único propósito de poder responder a posibles solicitudes». (103)

123. En segundo término, no está del todo claro en qué circunstancias podría existir un riesgo real de que una persona como el demandante fuera bautizada dos veces. Cuando se le pidió en la vista que aclarara sus alegaciones, la Diócesis de Gante no pudo aportar ejemplos concretos de situaciones en las que dicho riesgo fuera a la vez plausible y probable.

124. Cabe argumentar que existen dos supuestos en los que la supresión de los datos personales de un interesado podría generar inseguridad jurídica, lo que podría dar lugar a un doble bautismo: (i) una persona puede desear volver a unirse a la Iglesia y, a tal fin, solicitar que se le bautice por segunda vez, o (ii) una persona puede desear volver a unirse a la Iglesia y sus ministros, sin tener conocimiento de su primer bautismo, pueden exigir que el interesado sea bautizado de nuevo.

125. En el primer supuesto, entiendo que, al no existir un fichero centralizado, no hay nada que impida que una persona que ya ha sido bautizada sea bautizada por segunda vez, en una parroquia diferente, si la persona en cuestión realmente desea hacerlo. (104) En efecto, bastaría con que esta persona eligiera una parroquia en la que los ministros religiosos no tuvieran conocimiento de dónde y cuándo podría haber recibido ya el sacramento del bautismo. De hecho, sin la colaboración de la persona en cuestión ni la información facilitada por otras personas que conozcan la situación, no es fácil responder a la cuestión de si una persona ya ha sido bautizada. Así parece confirmarlo el análisis detallado de este punto realizado por la GBA en la resolución impugnada. (105)

126. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la conservación de los datos relativos al bautismo de una persona como el demandante resulta realmente adecuado para alcanzar el objetivo perseguido en el primer supuesto.

127. En el segundo supuesto —en el que se pide a una persona que desea volver a unirse a la Iglesia que acredite su primer bautismo, por ejemplo para contraer matrimonio religioso—, es probable que dicha persona pueda aportar diversos medios de prueba a este respecto. El Código de Derecho Canónico contiene diversas disposiciones en la materia.(106) Alternativamente, probablemente esa persona podría acreditar su bautismo presentando la correspondencia intercambiada con la parroquia correspondiente sobre cuya base se suprimieron sus datos personales del registro de bautismo. (107)

128. A la luz de lo anterior, el órgano jurisdiccional remitente también debe comprobar si, como sostiene el demandante, el mantenimiento de los registros de bautismo totalmente intactos va más allá de lo necesario para demostrar que se ha administrado el bautismo a una persona concreta.

129. Por último, existe otro elemento que el órgano jurisdiccional remitente quizás desee tener en cuenta para pronunciarse sobre la «necesidad» del tratamiento. Como ha confirmado la Diócesis de Gante, existen circunstancias en las que el Código de Derecho Canónico permite excepcionalmente que el bautismo se administre a una persona en dos ocasiones. Un ejemplo es el «bautismo condicional», «si hay duda sobre si alguien fue bautizado, o si el bautismo fue administrado válidamente». (108)

c)      Ponderación de intereses

130. Por último, la apreciación que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente al ponderar los diferentes derechos e intereses en juego también parece ser bastante compleja. El quid de la cuestión es, como se ha explicado anteriormente, cómo ponderar dos conjuntos de intereses y derechos en conflicto que, en el ordenamiento jurídico de la Unión, se consideran ambos dignos de una protección significativa: por un lado, el derecho del demandante al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos personales y su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; por otro lado, la autonomía de la Iglesia y su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

131. Antes de analizar con mayor detalle la ponderación de esos derechos e intereses con arreglo al artículo 21, apartado 1, del RGPD, he de precisar, de entrada, que, en mi opinión, ninguno de esos intereses debe prevalecer sistemáticamente sobre los demás. Esto haría que la protección de los derechos e intereses tanto del interesado como de la comunidad religiosa fuera ilusoria. (109)

132. Por lo tanto, no puedo suscribir la postura adoptada al respecto por algunas de las partes que han presentado observaciones, por ejemplo, la Comisión. En esencia, estas partes prestan poca o ninguna consideración a los derechos e intereses de los interesados en cuestión, alegando que, con independencia de su situación específica, la ponderación de los intereses en conflicto tenía que resolverse a favor de los derechos e intereses del responsable del tratamiento.

133. Sin embargo, es evidente que eso no es lo que establece el artículo 21, apartado 1, del RGPD. Procede destacar lo siguiente: el resultado de la ponderación de estos intereses no puede determinarse a priori mediante una mera interpretación abstracta de las normas pertinentes del Derecho primario y derivado de la Unión.  El artículo 21, apartado 1, del RGPD exige que la autoridad o el órgano jurisdiccional competente examine las circunstancias específicas de cada caso. El tenor de la disposición es claro a este respecto (el derecho de oposición se ejerce «por motivos relacionados con su situación particular») y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia lo confirma. (110)

134. Como afirma el CEPD, «la existencia de motivos legítimos imperiosos debe evaluarse caso por caso y vincularse a una objeción concreta». (111) Estoy de acuerdo con ello. Los motivos aducidos por el interesado para justificar su objeción al tratamiento pueden resultar bastante reveladores en cuanto a la posible incidencia que una negativa del responsable del tratamiento podría tener sobre él. Un órgano jurisdiccional nacional puede, por ejemplo, extraer conclusiones de una objeción infundada o mal motivada, o de una objeción basada en argumentos insustanciales. En cambio, una objeción basada en la situación específica del interesado y respaldada por motivos morales de peso exige una evaluación más minuciosa.

135. Además, el tenor del artículo 21, apartado 1, del RGPD también pone de manifiesto la clara intención del legislador de la Unión de conferir una protección reforzada a los derechos e intereses de los interesados cuando se opongan al tratamiento de sus datos personales. Una vez más, así lo confirma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (112)

136. Una vez aclarados los puntos indicados anteriormente, examinaré a continuación algunos de los elementos que el órgano jurisdiccional remitente quizás desee tener en cuenta en el marco de su examen con arreglo al artículo 21, apartado 1, del RGPD.

137. Por un lado, el órgano jurisdiccional remitente debería tener en cuenta la incidencia que la supresión de los datos personales del demandante podría tener en el interés perseguido por el responsable del tratamiento: garantizar la correcta administración de los sacramentos. Dicho interés constituye, en primer lugar, el ejercicio, por parte de los miembros de la Iglesia, de su derecho a «manifestar su religión o sus convicciones […] colectivamente […] a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos», como se establece en el artículo 6 del CEDH. Este interés es también la expresión de la autonomía de la Iglesia, concebida como una asociación religiosa que goza del derecho a la autoorganización en virtud de los artículos 10 y 12 de la Carta, en relación con el artículo 17 TFUE, apartado 1. Estas disposiciones protegen la vida interna de las asociaciones religiosas frente a injerencias públicas injustificadas. (113) En resumen, lo decisivo es en qué medida la interrupción del tratamiento de datos y la supresión de los datos personales en cuestión obstaculizarían gravemente las actividades antes mencionadas.

138. Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente debería examinar el grado de injerencia que el tratamiento continuado de los datos personales podría suponer para el disfrute por parte del demandante de sus derechos fundamentales.

139. Es cierto que, como se ha expuesto anteriormente, la magnitud del tratamiento, en lo que respecta al volumen de datos tratados y al número y tipo de operaciones realizadas, es bastante limitada, como también lo es el número de personas autorizadas a tratar dichos datos. Sin embargo, de ello no se desprende necesariamente que el tratamiento solo pueda tener una incidencia limitada en el disfrute por parte del interesado de sus derechos fundamentales. En efecto, en el presente asunto una serie de elementos sugieren un grado de injerencia de cierta importancia.

140. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente debería examinar si una persona que pretende romper cualquier vínculo con una comunidad religiosa puede, no obstante, esperar razonablemente que dicha comunidad siga conservando sus datos personales durante toda su vida y, eventualmente, también después.

141. En segundo lugar, el hecho de que el demandante nunca haya dado su consentimiento al tratamiento en el momento en que sus datos se inscribieron por primera vez en el registro, puesto que fue bautizado cuando era niño, también puede tener una importancia considerable. Como se ha explicado anteriormente, el tratamiento de los datos de un niño se deriva de una decisión adoptada por sus padres o tutores legales que constituye un ejercicio de su derecho a garantizar la educación de sus hijos de conformidad con sus convicciones religiosas y filosóficas.

142. Sin embargo, es poco probable que la patria potestad se extienda a la adopción de decisiones religiosas que generen un efecto de «bloqueo» permanente e irreversible para el menor. En efecto, la decisión de los padres de bautizar a su hijo otorgaría de facto a la comunidad religiosa una amplia capacidad para tratar los datos durante toda la vida de ese menor. Incluso en la edad adulta, esa persona nunca podría retirar el consentimiento (implícito o explícito) de sus padres para el tratamiento de sus datos, (114) a pesar del carácter sensible de esos datos, que revelan sus convicciones religiosas. (115)

143. Mis dudas sobre este punto se ven agravadas por el considerando 65 del RGPD, según el cual «[el derecho del interesado a que sus datos personales se supriman y dejen de tratarse] es pertinente en particular si el interesado dio su consentimiento siendo niño y no se es plenamente consciente de los riesgos que implica el tratamiento, y más tarde quiere suprimir tales datos personales, especialmente en Internet. El interesado debe poder ejercer este derecho aunque ya no sea un niño». Así pues, cabría sostener que tal principio debería aplicarse a fortiori en los casos en que el menor, ya sea en el momento del bautizo o incluso más tarde, nunca ha dado su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. (116)

144. En tercer lugar, y lo que es más importante, la apreciación del impacto real que el tratamiento ulterior puede tener en la integridad psicológica (y, en algunos casos, posiblemente física) y el bienestar del interesado constituye otro factor de suma importancia.

145. A este respecto, la Comisión sostuvo en la vista que el impacto producido en los interesados que se ven afectados por el tratamiento sería necesariamente mínimo, especialmente porque la Iglesia no hace públicos los datos en cuestión.

146. No estoy de acuerdo.

147. Para empezar, considero que la Comisión no está en condiciones de apreciar, con pleno conocimiento de los hechos, el impacto real que una negativa a detener el tratamiento de los datos y a suprimirlos puede tener en una persona determinada que ejerza los derechos que le confiere el RGPD. Las situaciones pueden variar considerablemente, y corresponde naturalmente al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo esta apreciación, a la luz de todas las circunstancias de hecho y de Derecho pertinentes.

148. Además, esta alegación parece basarse en un malentendido. En un caso como el que nos ocupa, el posible perjuicio que la negativa del responsable del tratamiento podría causar a los interesados en cuestión (por ejemplo, en forma de angustia emocional) no se deriva del hecho de que otras personas puedan percibir que pertenecen a una comunidad religiosa a la que no están asociados. El perjuicio alegado parece ser de otra índole.

149. Procede recordar que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, consagrada en el artículo 10 de la Carta, incluye también la «libertad de cambiar de religión» o de convicciones. (117) Tal libertad implica la de poseer o no convicciones religiosas y la de practicar o no una religión, y debe considerarse «un bien preciado para los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes».(118)En efecto, el artículo 10 de la Carta enuncia, ante todo, un derecho a la autodeterminación, que es un derecho de una importancia crucial para la identidad de la persona, su integridad moral, el mantenimiento de sus relaciones sociales y la estabilidad y seguridad de su posición en la sociedad. (119)

150. Por consiguiente, no puede descartarse que algunos interesados puedan sufrir angustia emocional como consecuencia del hecho de que una comunidad religiosa, a la que pertenecieron en el pasado, decida tratar sus datos personales de forma indefinida, invocando principios doctrinales relativos a la naturaleza permanente e indisoluble del bautismo. El derecho de los interesados a la autodeterminación es el que se ve afectado negativamente por el tratamiento, y no, como dio a entender la Comisión, simplemente su imagen o percepción públicas.

151. Además, no cabe excluir que puedan darse circunstancias en las que el impacto real que la negativa del responsable del tratamiento pueda tener sobre el interesado pueda ir más allá, lo que daría lugar a una injerencia significativa en otro derecho fundamental de la persona: el derecho a su integridad física y psíquica, consagrado en el artículo 3, apartado 1, de la Carta.

152. La alegación, formulada por algunas de las partes que han presentado observaciones, de que una persona que ha sufrido incidentes traumáticos en sus interacciones con otros miembros de una comunidad religiosa podría sufrir graves daños psicológicos (o, en casos extremos, incluso físicos) (120) por el hecho de saber que la comunidad continúa conservando sus datos personales, habida cuenta de su vínculo duradero, tiene cierto fundamento. En la psicología forense se debate ampliamente la idea de que algunas víctimas podrían necesitar encontrar una forma específica de «cierre» de sus experiencias pasadas. (121) Por lo tanto, es plausible que, en algunos casos, pueda ser importante para el interesado, desde el punto de vista psicológico, tener la certeza de que todos los vínculos con su antigua comunidad religiosa se han roto definitivamente o, dicho de otro modo, de que la comunidad ha atendido su solicitud de olvido.

153. Por consiguiente, considero que los artículos 17, apartado 1, letra c), y 21, apartado 1, del RGPD, interpretados a la luz de los artículos 3, 7, 8 y 10 de la Carta y del artículo 17 TFUE, apartado 1, deben interpretarse en el sentido de que un interesado que fue bautizado siendo menor de edad y que, siendo adulto, desea desvincularse de la comunidad religiosa de que se trate tiene, en principio, derecho a que se supriman sus datos personales del registro de bautismo cuando el responsable del tratamiento no acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado.

154. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el responsable del tratamiento ha cumplido con la carga de la prueba que le incumbe, a la luz de las circunstancias específicas de la situación concreta de la que conoce, teniendo en cuenta, en particular, las razones que han llevado al interesado a solicitar la supresión de sus datos personales y la posible incidencia que la negativa del responsable del tratamiento a suprimir esos datos podría tener sobre la integridad del interesado.

C.      Tratamiento ulterior con fines de archivo en interés público y con fines de investigación histórica

155. En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que, en el presente asunto, el responsable del tratamiento no ha podido acreditar motivos legítimos imperiosos que puedan prevalecer sobre los intereses, derechos y libertades de dicho interesado, existe una última etapa de la apreciación jurídica que debe efectuar dicho órgano jurisdiccional.

156. En efecto, para justificar el tratamiento, la Diócesis de Gante invoca también el artículo 17, apartado 3, letra d), del RGPD, según el cual el derecho de supresión no se aplicará cuando el tratamiento sea necesario «con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho [de supresión] pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento».

157. Además, a tenor del artículo 89, apartado 1, del RGPD, «el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos estará sujeto a las garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento, para los derechos y las libertades de los interesados. Dichas garantías harán que se disponga de medidas técnicas y organizativas, en particular para garantizar el respeto del principio de minimización de los datos personales […]».

158. En el presente asunto, la Diócesis de Gante invoca dos de los motivos contemplados en el artículo 17, apartado 3, y en el artículo 89, apartado 1, del RGPD, según los cuales el tratamiento de los datos personales del demandante es necesario con fines de archivo en interés público y con fines de investigación histórica.

159. Antes de apreciar la aplicabilidad de estas disposiciones en el procedimiento principal, formularé algunas breves observaciones sobre el concepto de «tratamiento ulterior» a efectos del RGPD.

160. A este respecto, cabe recordar que el artículo 5, apartado 1, letra b), del RGPD establece que los datos personales, en principio, deben ser «recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines […] (“limitación de la finalidad”)». Difícilmente puede discutirse que los datos personales de las personas que han sido bautizadas se recogen con un fin específico: garantizar la correcta administración de los sacramentos.

161. Sin embargo, en el presente asunto no parece necesario verificar si se cumple la condición de limitación de la finalidad, dado que el artículo 5, apartado 1, letra b), del RGPD añade que, «de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales». (122) El único requisito del RGPD es que, antes de tal tratamiento ulterior, «el responsable del tratamiento haya evaluado la viabilidad de cumplir esos fines mediante un tratamiento de datos que no permita identificar a los interesados, o que ya no lo permita» (considerando 156). Este es un elemento que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

162. De ello se desprende que, aunque se hayan recabado con otros fines, la Diócesis de Gante podría seguir tratando los datos personales del demandante, ignorando la objeción de este último, si el tratamiento ulterior se lleva a cabo de conformidad con los requisitos del artículo 89, apartado 1, y, evidentemente, del artículo 17, apartado 3, del RGPD. (123)

163. A la luz del tenor de estas disposiciones, deben cumplirse tres requisitos principales para que el tratamiento en cuestión esté comprendido en su ámbito de aplicación. El tratamiento debe i) realizarse con fines de archivo en interés público o con fines de investigación histórica; ii) ser necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, en la medida en que la supresión de los datos personales del demandante podría «imposibilitar u obstaculizar gravemente» su logro, y iii) cumplir las garantías establecidas en el Derecho de la Unión y en el Derecho nacional para proteger los derechos y libertades de los interesados.

164. A este respecto, considero que, dado que el examen de estos requisitos requiere apreciaciones fácticas y la interpretación de disposiciones del Derecho nacional, se trata de una tarea que corresponde al órgano jurisdiccional remitente. Sin embargo, me parece importante proporcionar a dicho órgano jurisdiccional algunas orientaciones al respecto.

a)      Sobre los fines de archivo en interés público y de investigación histórica

165. El primer elemento que debe examinarse es si el tratamiento en cuestión se lleva a cabo no solo para perseguir los propios intereses de la Iglesia, sino también con fines de archivo en interés público o de investigación histórica.

166. Comenzaré por el concepto de «archivo en interés público». De entrada, me parece útil subrayar la importancia que revisten los archivos en nuestra sociedad. Como ha subrayado el TEDH, «constituyen un elemento esencial e insustituible de la cultura, que contribuye a la supervivencia de la memoria humana». (124)

167. Dicho esto, solo aquellos que se conservan «en interés público» están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 89 del RGPD. Puede encontrarse una explicación de este concepto en el considerando 158 del RGPD, que se refiere a «las autoridades públicas o los organismos públicos o privados que llevan registros de interés público [y son] servicios que están obligados, con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, a adquirir, mantener, evaluar, organizar, describir, comunicar, promover y difundir registros de valor perdurable para el interés público general y facilitar acceso a ellos».

168. A la luz de esta definición, estoy de acuerdo con el Grupo Europeo de Archivos (125) en que, en virtud del RGPD, lo que importa no es la naturaleza de los archivos, sino la misión del organismo que ejerce la actividad de archivo. (126) Con independencia de si organismo en cuestión tiene carácter público o privado, debe actuar en interés público, al menos en lo que respecta a la actividad de archivo. En efecto, el considerando 158 del RGPD establece que los organismos en cuestión «deben ser servicios». El término «servicios» (que se mantiene en todas las versiones lingüísticas del Reglamento) refleja la idea de que, en este ámbito, el organismo debe llevar a cabo una tarea que resulte útil para la sociedad en su conjunto. En otras palabras, el tratamiento de datos requerido con fines de archivo solo puede justificarse cuando dicho tratamiento tenga —exclusivamente o, al menos, en parte (127)—  un carácter desinteresado y dirigido a promover un bien superior.

169. En efecto, el organismo debe estar legalmente obligado a llevar registros de la información o de los documentos que contengan los datos personales en cuestión. (128) La base jurídica de tal obligación puede encontrarse en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional. (129) El concepto de «Derecho nacional» debe interpretarse en sentido amplio. Como se desprende del considerando 41 del RGPD, esto «no exige necesariamente un acto legislativo adoptado por un parlamento». Al mismo tiempo, sin embargo, dicha base jurídica «debe ser clara y precisa y su aplicación previsible para sus destinatarios». En mi opinión, cualquier acto que sea una manifestación de la autoridad pública y que haya publicado, o hecho fácilmente accesible al público de algún otro modo, bastaría a tal fin.

170. Procede subrayar, en este contexto, que los Estados miembros disponen de una amplia discrecionalidad para encomendar a entidades privadas la tarea de archivar determinada información o determinados documentos en interés público y, como consecuencia, también para determinar qué registros tienen «valor perdurable para el interés público general» en el sentido del considerando 158 del RGPD. Así sucede, a fortiori, con respecto a las comunidades religiosas, (130) a la luz del principio de neutralidad consagrado en el artículo 17 TFUE, apartado 1.

171. El requisito de llevar a cabo tales actividades en interés público también se refleja en la referencia muy detallada que figura en el artículo 158 del RGPD a las actividades específicas que se espera que realice el organismo encargado del archivo: «adquirir, mantener, evaluar, organizar, describir, comunicar, promover y difundir registros». Evidentemente, no creo que este pasaje deba interpretarse en el sentido de que el organismo en cuestión debe realizar todas y cada una de esas tareas. En mi opinión, tal lista pretende simplemente reflejar las tareas que normalmente realizan los archivistas.

172. Sin embargo, no puedo concebir una actividad de archivo en interés público que no implique algún tipo de acceso a los registros, ya sea para las autoridades públicas o para el público en general, bien de forma continua o en una fase posterior. Por definición, no puede existir un «archivo en interés público» si los registros de una entidad privada solo son accesibles a las personas pertenecientes a la entidad de que se trate.

173. Por último, procede señalar que la cuestión de si el tratamiento de datos personales por parte de asociaciones religiosas se lleva a cabo por razones de interés público debe apreciarse caso por caso. El considerando 55 del RGPD enuncia que «se realiza […] por razones de interés público el tratamiento de datos personales por las autoridades públicas con el fin de alcanzar los objetivos, establecidos en el Derecho constitucional o en el Derecho internacional público, de asociaciones religiosas reconocidas oficialmente». (131) De ello se deduce, a contrario, que una presunción similar no se aplica al tratamiento efectuado por las propias asociaciones religiosas.

174. Dado que no existe una legislación de la Unión pertinente en la materia, corresponde, por lo tanto, al órgano jurisdiccional remitente determinar si, con arreglo al Derecho nacional, la Diócesis de Gante está obligada a llevar registros de las personas que han sido bautizadas y, de ser así, si lo hace en interés público.

175. A continuación, procede apreciar el concepto de «investigación histórica». En primer lugar, el término «investigación» debe entenderse de manera amplia, abarcando el proceso sistemático de recopilación, análisis e interpretación de la información con el fin de reforzar los conocimientos teóricos o aplicados por personas, con independencia de la naturaleza pública o privada de la financiación. (132) Dado que la expresión «en interés público» aparece únicamente en relación con el «archivo», de ello se desprende que las investigaciones realizadas (única o principalmente) en el propio interés del responsable del tratamiento también podrían estar comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 89 del RGPD. (133) Esta interpretación está en consonancia con el artículo 179 TFUE, apartado 1, según el cual «la Unión [Europea tiene] por objetivo fortalecer sus bases científicas y tecnológicas, mediante la realización de un espacio europeo de investigación en el que los investigadores, los conocimientos científicos y las tecnologías circulen libremente, y favorecer el desarrollo de su competitividad, incluida la de su industria, así como fomentar las acciones de investigación que se consideren necesarias en virtud de los […] Tratados».

176. El término «histórico» se refiere, muy claramente, a acontecimientos, personas o fenómenos que tuvieron lugar en el pasado. Como se indica en el considerando 160 del RGPD, la investigación histórica incluye la investigación para fines genealógicos. (134) Dicho esto, me pregunto si el concepto de «historia» puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar la consulta y el estudio de todo lo que ha sucedido en un pasado lejano o reciente. De ser así, casi cualquier responsable del tratamiento podría invocar una justificación basada en la realización de una investigación histórica en relación con casi cualquier conjunto amplio de datos personales, con independencia de quién se beneficiaría de esa investigación en última instancia. (135) De este modo, debe evitarse el riesgo de que las normas del RGPD puedan eludirse fácilmente.

177. En mi opinión, las referencias hechas en el RGPD a la «investigación», ya sea científica o histórica, se refieren principalmente a actividades ejercidas por organismos académicos o de investigación o que, en definitiva, pueden beneficiar a la sociedad en su conjunto, aun cuando sean realizadas por entidades comerciales. (136) En particular, considero que el término «histórico» se refiere a «historia», entendida como una ciencia humana cuyo estudio puede contribuir al desarrollo del conocimiento humano. En cambio, no estoy segura de si una investigación (ya sea científica o histórica) realizada o encomendada por empresas comerciales, y que podría dar lugar a un acceso preferente a sus resultados, debe estar comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones del RGPD relativas a la investigación. (137)

178. Dicho esto, parece que, debido a las diferencias entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros en la materia, el legislador de la Unión decidió no abordar estas cuestiones, al menos por el momento, y dejarlas a los legisladores nacionales o, en última instancia, a los órganos jurisdiccionales nacionales. (138) En cualquier caso, no está claro, en esta fase, si estas incertidumbres interpretativas podrían ser de algún modo pertinentes para el litigio principal. En efecto, la Diócesis de Gante confirmó en la vista que no lleva a cabo por sí misma investigaciones históricas, sino que, a lo sumo, conserva y pone a disposición datos que, en un momento dado, pueden ser utilizados por investigadores externos. De ser así —extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente—, el fin del tratamiento invocado por la Diócesis de Gante es, en mi opinión, el de archivo. En caso contrario, un concepto demasiado amplio de «investigación» difuminaría la distinción entre los dos motivos relacionados con el «archivo en interés público» y la «investigación científica o histórica». (139) Ello iría en contra del tenor del artículo 89, apartados 2 y 3, del RGPD, que atribuye consecuencias jurídicas diferentes a estos motivos.

b)      Necesidad del tratamiento de datos

179. El artículo 17, apartado 3, letra d), del RGPD excluye el derecho de supresión cuando el tratamiento sea necesario con fines de archivo en interés público o con fines de investigación histórica, «en la medida en que [este derecho] pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento».

180. A la luz del tenor de esta disposición, el órgano jurisdiccional remitente debe examinar, en mi opinión, si la supresión de los datos personales del demandante del registro de bautismo podría tener un impacto negativo significativo en las actividades de archivo en interés público o de investigación histórica en las que pudiera participar la Diócesis de Gante.

181. En primer lugar, por lo que se refiere a las actividades de archivo, el órgano jurisdiccional remitente debería examinar si la supresión de determinados datos personales de los interesados incluidos en los registros de bautismo podría poner en peligro el «valor perdurable para el interés público general» de esos registros. En particular, la cuestión crucial es si el valor cultural, social o histórico que el legislador nacional atribuye a dichos registros se vería gravemente comprometido por la supresión. Más concretamente, dicho órgano jurisdiccional debe apreciar si su valor se basa en su integridad absoluta o, por el contrario, si no se vería significativamente mermado por alguna intervención ex post (limitada y específica) que afecte a los datos personales que figuran en ellos. Como ha señalado el TEDH, «dado que la función de los archivos es garantizar la disponibilidad permanente de información que haya sido publicada legalmente en un momento dado, deben, por regla general, seguir siendo auténticos, fiables y completos». (140) Sin embargo, como ha precisado dicho Tribunal, solo sucede así en principio, ya que, en algunos casos específicos, este principio puede resultar inaplicable y algunas excepciones pueden estar justificadas. (141)

182. A este respecto, la alegación formulada por la Diócesis de Gante de que los registros son objetos históricos cuya integridad no puede verse menoscabada en ningún caso mediante la modificación de los datos que contienen, no es totalmente convincente. De hecho, las inscripciones en dichos registros se actualizan con información adicional sobre los acontecimientos relevantes que pueden producirse a lo largo de la vida de las personas registradas en ellos: por ejemplo, los sacramentos adicionales o, como sucede en el presente asunto, el deseo de una persona de distanciarse de la Iglesia.

183. Por lo que respecta, en segundo lugar, a la investigación histórica —siempre que la Iglesia lleve a cabo dicha actividad—, (142) el órgano jurisdiccional remitente debería centrar su apreciación en el valor real o potencial de dichos registros como fuente de información a tal efecto. Como he mencionado en el punto 4 anterior, los autores de los Tratados incluyeron la herencia religiosa de Europa entre las fuentes de inspiración que han configurado muchos de los valores y derechos fundamentales actuales. Por lo tanto, los registros que contengan información sobre la pertenencia a comunidades religiosas podrían ser de interés para los investigadores históricos.

184. Para determinar si un registro como el controvertido podría estar comprendido en el ámbito de aplicación de la presente excepción, el órgano jurisdiccional remitente debería examinar, entre otros aspectos: i) el tipo de investigación para la que los registros podrían resultar potencialmente relevantes (por ejemplo, genealógica o sociológica); ii) qué conjuntos de datos, entre los que figuran en ellos, podrían ser útiles para tal investigación, y iii) si los mismos datos podrían obtenerse de otras fuentes fiables (por ejemplo, registros civiles).

185. En mi opinión, el principio de minimización de los datos debería ser de nuevo el principio rector principal en el presente asunto. En mi opinión, es especialmente pertinente preguntarse si los investigadores históricos deben tener conocimiento de la identidad exacta de cada persona que figura en el registro de bautismo o, por el contrario, si los datos personales de dichas personas podrían resultarles igualmente útiles si se presentan de forma agregada o anonimizada.

186. El criterio que debe cumplir el responsable del tratamiento para acogerse al artículo 89 del RGPD en ambos casos no se basa en una necesidad absoluta (sine qua non), ya que incluso basta con un mero obstáculo para el logro de los fines específicos del tratamiento de datos personales. Sin embargo, el obstáculo debe ser de cierta magnitud e importancia, ya que la disposición exige un obstáculo grave. Esto significa, en mi opinión, que la consecución satisfactoria de los objetivos perseguidos mediante las actividades de archivo o investigación llevadas a cabo por el responsable del tratamiento debería resultar imposible o considerablemente más incierta o gravosa.

c)      Cumplimiento de las garantías establecidas en el Derecho de la Unión y en el Derecho nacional

187. El artículo 89, apartado 1, del RGPD también establece que el tratamiento de datos personales con fines de archivo en interés público o con fines de investigación histórica debe «estar sujeto a las garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento, para los derechos y las libertades de los interesados». (143)

188. No existe una lista expresa de medidas que puedan constituir «garantías» en el sentido del artículo 89, apartado 1, del RGPD ni una definición específica de estas. Esta disposición se refiere simplemente a garantías de «[carácter] técnic[o] y organizativ[o]». (144) Esto significa que podría ser pertinente una gran variedad de medidas, independientemente de que se basen en soluciones tecnológicas o en políticas y procesos administrativos. El denominador común es el objetivo de garantizar que el tratamiento se lleve a cabo de conformidad con las normas aplicables, garantizando una protección adecuada de los derechos y libertades de los interesados afectados.

189. En particular, como se desprende del propio tenor del artículo 89, apartado 1, del RGPD, el objetivo principal de estas medidas debe ser garantizar el respeto del principio de minimización de los datos personales: los datos personales deben tratarse —tanto desde un punto de vista cuantitativo como sustantivo— (145) lo menos posible y únicamente en la medida en que sean necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos por las actividades de archivo y de investigación histórica. (146)

190. Por esta razón, el artículo 89, apartado 1, del RGPD hace referencia a formas de seudonimización y anonimización entre las medidas que deben considerarse y, en la medida de lo posible, priorizarse. (147) En efecto, esta disposición establece que, siempre que los fines de archivo y de investigación histórica «pueden alcanzarse mediante un tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación de los interesados, esos fines se alcanzarán de ese modo». (148)

191. En virtud del RGPD, existen hasta cuatro conjuntos de garantías que pueden aplicarse en una situación determinada. En primer lugar, las garantías que las disposiciones del RGPD pueden exigir aplicar a los responsables o encargados del tratamiento. (149) En segundo lugar, las garantías que puede establecer la Comisión mediante el ejercicio de las competencias delegadas y de ejecución conferidas por el legislador de la Unión. (150) En tercer lugar, las garantías que los Estados miembros pueden o deben proporcionar en virtud del Derecho nacional. (151) En cuarto y último lugar, las garantías que pueden derivarse de las decisiones adoptadas por la autoridad de control independiente competente, en virtud de sus poderes correctivos, de autorización y consultivos. (152) A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 91, apartado 2, del RGPD, «las iglesias y las asociaciones religiosas que apliquen normas generales [sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal] estarán sujetas al control de una autoridad de control independiente, que podrá ser específica, siempre que cumpla las condiciones establecidas en [las disposiciones pertinentes del RGPD]». (153)

192. También cabe destacar que algunas de las garantías establecidas en la legislación de la Unión o de los Estados miembros pueden conceder a los propios responsables del tratamiento cierto margen de maniobra en cuanto a la elección de las medidas que deben aplicarse o al modo en que deben aplicarse. A menudo, la autoevaluación de los responsables del tratamiento resulta crucial en este contexto. Les corresponde, ante todo, proceder a una primera apreciación de la situación, con el fin de identificar las garantías que pueden ser «adecuadas» a las circunstancias. Deben hacerlo teniendo en cuenta, entre otras cosas, los tipos específicos de tratamiento realizado, el grado de injerencia en los derechos e intereses del interesado y los riesgos en que se incurra.

193. El tenor del artículo 89, apartado 1, del RGPD deja muy claro que el cumplimiento de las garantías pertinentes es una condición para la licitud del tratamiento de datos personales con fines de archivo y de investigación histórica. Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar i) las garantías que eran aplicables con respecto al tratamiento llevado a cabo por la Diócesis de Gante; ii) si esas garantías eran «adecuadas» a las circunstancias, y iii) si la Diócesis de Gante cumplió dichas garantías.

194. Para concluir sobre este punto, considero que los artículos 17, apartado 3, y 89 del RGPD deben interpretarse en el sentido de que, si bien un interesado puede, en principio, ejercer el derecho de oposición previsto en el artículo 21, apartado 1, del RGPD, el responsable del tratamiento puede justificar el tratamiento ulterior de los datos personales en cuestión si demuestra que dicho tratamiento se lleva a cabo con fines de archivo en interés público, o con fines de investigación histórica que pueda contribuir al desarrollo del conocimiento humano, siempre que se hayan establecido y se cumplan las garantías adecuadas y se respete el principio de minimización de los datos.

D.      Concepto de «supresión»

195. Por último, mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que aclare el concepto de «supresión» en el sentido del artículo 17 del RGPD. En particular, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el derecho de supresión del interesado podría satisfacerse mediante una simple anotación, en el margen del registro de bautismo, de la salida del interesado de la Iglesia, y el tachado de los datos personales pertinentes que hace que estos aún sigan siendo legibles.

196. La alegación de la Diócesis de Gante de que dicha anotación debe considerarse equivalente a una supresión material de los datos personales pertinentes no es convincente.

197. El significado del término «supresión» (y de los términos equivalentes utilizados en las demás versiones lingüísticas del Reglamento) en el lenguaje cotidiano es bastante claro: eliminación, remoción, erradicación. No obstante, la anotación realizada por la Diócesis de Gante es, a lo sumo, una rectificación de los datos.

198. Sin embargo, el derecho de rectificación y el derecho de supresión son dos derechos distintos en el sistema del RGPD. La finalidad de estos dos derechos —que figuran en el artículo 16 y en el artículo 17 del RGPD, respectivamente— también es diferente. El derecho de rectificación tiene por objeto, ante todo, garantizar que los datos personales de un interesado sean exactos, completos y actualizados. En cambio, como se desprende del propio título del artículo 17, el derecho de supresión tiene por objeto garantizar que el interesado en cuestión pueda ser «olvidado» por el responsable del tratamiento. A tal fin, los datos personales conservados por el responsable del tratamiento deben suprimirse para que ya no puedan tratarse. (154)

199. No obstante, este objetivo no se alcanza en una situación como la controvertida en el litigio principal. De hecho, como señaló acertadamente el demandante en la vista, la anotación realizada por la Diócesis de Gante en el registro de bautismo ha ampliado el tratamiento de datos: se han añadido nuevos datos personales al registro, y esos datos seguirán almacenados en él. (155)

200. Es cierto que, en determinadas situaciones, el responsable del tratamiento puede estar en condiciones de elegir la actuación más adecuada entre rectificación o supresión, o puede haber sido autorizado por el interesado para ello, cuando determinados datos personales conservados resulten inexactos o no sean estrictamente necesarios. (156) Sin embargo, es evidente que no sucede lo mismo cuando un interesado ha solicitado expresamente la supresión de sus datos personales y se cumplen plenamente los requisitos establecidos por el RGPD para el ejercicio de ese derecho. Una interpretación diferente de las disposiciones privaría en gran medida al artículo 21, apartado 1, del RGPD de su efecto útil.

201. No me convencen las alegaciones formuladas por la Diócesis de Gante en apoyo de la tesis contraria.

202. En primer lugar, la alegación relativa a una supuesta falsificación de la historia no me parece convincente. La recogida inicial de datos personales se inicia casi siempre por una acción del interesado. La lógica que subyace a la alegación de la Diócesis de Gante implicaría que casi cualquier supresión de datos personales daría lugar a cierta falsificación de un hecho ocurrido en el pasado. Esto no puede ser correcto.

203. Por ejemplo, un proveedor de servicios que reciba una solicitud de supresión de su base de datos de los datos personales de uno de sus clientes no puede objetar que tal acto equivaldría a una presentación errónea de transacciones comerciales pasadas. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia contiene varios ejemplos concretos en los que no se discutían los hechos subyacentes a los datos personales del interesado cuya supresión se había solicitado. (157)

204. El mismo razonamiento puede aplicarse en el presente asunto. El derecho de supresión no faculta a los interesados a solicitar la eliminación, del registro de bautismo, de todo rastro de su bautismo. Este derecho solo les permite solicitar la supresión de sus datos personales; cualquier otra información sobre el bautismo de una persona que haya tenido lugar en un lugar y en un momento determinados puede conservarse lícitamente en el registro de bautismo.

205. A este respecto, el principio de minimización de los datos debe desempeñar una vez más un papel clave a la hora de determinar, en particular, qué datos deben suprimirse efectivamente y qué datos pueden permanecer en los registros. Al ser preguntado en la vista sobre su opinión al respecto, el demandante parecía estar dispuesto a considerar la posibilidad de que la supresión de los datos se limitara a su nombre y apellidos, así como a su fecha de nacimiento. Según el demandante, cualquier otra información, con independencia de que pueda estar comprendida en la definición de «datos personales» en el sentido del artículo 4, apartado 1, del RGPD, podría mantenerse en el registro. El demandante también dejó claro desde el principio que no se oponía a medidas como la anonimización y la seudonimización.

206. En mi opinión, lo que realmente importa en este tipo de situación es que la supresión de los datos personales garantice que la persona que ha sido bautizada ya no sea identificada o, por lo menos, no sea fácilmente identificable.

207. En segundo lugar, los interesados no tienen derecho, ni en virtud del RGPD ni de ninguna otra disposición del Derecho de la Unión, a solicitar al responsable del tratamiento que considere su bautismo como si nunca hubiera tenido lugar o careciera de valor. Se trata de cuestiones doctrinales en las que, con arreglo al artículo 17 TFUE, apartado 1, la Unión no puede interferir. (158) A riesgo de afirmar lo evidente, debo señalar que ninguna medida adoptada por la Diócesis de Gante para garantizar el cumplimiento de las normas del RGPD puede interpretarse en el sentido de que afecta a los principios teológicos de la Iglesia.

208. En tercer y último lugar, no encuentro fundamento alguno en la alegación de la Diócesis de Gante de que la supresión de cualquier dato incluido en el registro de bautismo perjudicaría irremediablemente los derechos e intereses de la Iglesia o de otras personas cuyo bautismo también figure en el mismo registro.

209. El demandante se mostró de acuerdo con la opinión de que la supresión de sus datos personales no debe llevarse a cabo mediante la eliminación física de esos datos del registro, por ejemplo arrancando las páginas pertinentes o partes de estas. En efecto, debería ser posible proceder de tal manera que los datos personales en cuestión fueran ilegibles, dejando intacto al mismo tiempo cualquier otro dato registrado en las mismas páginas del volumen. Cabe argumentar que el uso de elementos como autoadhesivos opacos, que solo cubran los datos personales, sería suficiente para garantizar el cumplimiento del artículo 17, apartado 1, del RGPD. (159) En cualquier caso, corresponde al responsable del tratamiento encontrar métodos de supresión adecuados; las dificultades básicas que pueda encontrar a la hora de identificar estos métodos no pueden excusar al responsable del tratamiento por incumplir las normas pertinentes del RGPD. (160)

210. Por lo tanto, llego a la conclusión, sobre este punto, de que una mera anotación, en el margen del registro de bautismo, de la salida de un interesado de una comunidad religiosa, y el tachado de los datos personales pertinentes que hace que estos aún sigan siendo legibles, no equivale a una «supresión» a efectos del RGPD.

211. El hecho de que el registro de bautismo no sea digital, sino un soporte material único en forma de libro con páginas en recto y verso en las que figuran también los datos de otras personas interesadas, y que constituya un reflejo único de hechos históricos que no constan en ningún otro lugar, no desvirtúa las consideraciones anteriores.

V.      Conclusión

212. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica) del siguiente modo:

«Los artículos 17, apartados 1, letra c), y 3, 21, apartado 1, y 89 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), a la luz de los artículos 3, 7, 8 y 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa y del artículo 17 TFUE, apartado 1, deben interpretarse en el sentido de que

–        un interesado que fue bautizado siendo menor de edad y que, siendo adulto, desea desvincularse de la comunidad religiosa de que se trate tiene, en principio, derecho a que se supriman sus datos personales del registro de bautismo cuando el responsable del tratamiento no acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades del interesado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el responsable del tratamiento ha cumplido o no con la carga de la prueba que le incumbe, a la luz de las circunstancias específicas de la situación concreta de la que conoce, teniendo en cuenta, en particular, las razones que han llevado al interesado a solicitar la supresión de sus datos personales, y la posible incidencia que la negativa del responsable del tratamiento a suprimir esos datos podría tener sobre la integridad del interesado;

–        el tratamiento ulterior de los datos personales en cuestión es lícito si el responsable del tratamiento demuestra que el tratamiento se lleva a cabo con fines de archivo en interés público, o con fines de investigación histórica que pueda contribuir al desarrollo del conocimiento humano, siempre que se hayan establecido y se cumplan las garantías adecuadas y se respete el principio de minimización de los datos;

–        una mera anotación, en el margen del registro de bautismo, de la salida de un interesado de una comunidad religiosa, y el tachado de los datos personales pertinentes que hace que estos aún sigan siendo legibles, no equivale a una «supresión» a efectos del Reglamento 2016/679;

–        el hecho de que el registro de bautismo no sea digital, sino un soporte material único en forma de libro con páginas en recto y verso en las que figuran también los datos de otras personas interesadas, y que constituya un reflejo único de hechos históricos que no constan en ningún otro lugar, no desvirtúa las consideraciones anteriores.»


1      Lengua original: inglés.


2      Mateo 22:21.


3      En el ordenamiento jurídico de la Unión, véase, ante todo, el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), titulado «Igualdad ante la ley».


4      Véase la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») de 1 de julio de 2014, S.A.S. c. Francia (CE:ECHR:2014:0701JUD004383511), § 125.


5      Véase, a este respecto, la sentencia del TEDH de 9 de julio de 2013, Sindicatul «Păstorul Cel Bun» c. Rumanía (CE:ECHR:2013:0709JUD000233009), § 138. En la doctrina jurídica, véase también McCrea, R., «Justifiable caution — The approach of the Court of Justice to religion in the context of rapid change», en Gašperin Wischhoff, J., y Stadtbäumer, T. (eds.), In Good Faith — Freedom of Religion under Article 10 of the EU Charter, Verfassungsbooks, Berlín, 2026, pp. 23 a 33, p. 28.


6      Véase también el artículo 17 TFUE, apartado 3: «Reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con [las iglesias y asociaciones o comunidades religiosas de los Estados miembros]». El subrayado es mío.


7      Véanse, en el mismo sentido, el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


8      Véanse, en particular, el artículo 19 TFUE, apartado 1, y el artículo 21 de la Carta. Véanse también las conclusiones del Abogado General Emiliou presentadas en el asunto Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (C‑372/21, EU:C:2022:540), punto 21.


9      Véase, en este sentido, la sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger (C‑414/16, en lo sucesivo, «sentencia Egenberger», EU:C:2018:257), apartado 58.


10      Véanse, en este sentido, las sentencias Egenberger, apartado 50, y de 10 de julio de 2018, Jehovan todistajat (C‑25/17, en lo sucesivo, «sentencia Jehovan todistajat», EU:C:2018:551), apartado 74. Véase también, por analogía, la sentencia del TEDH de 13 de diciembre de 2001, Metropolitan Church of Bessarabia y otros c. Moldavia (CE:ECHR:2001:1213JUD004570199), § 118.


11      Véanse, con carácter general, las conclusiones del Abogado General Tanchev presentadas en el asunto Egenberger (C‑414/16, EU:C:2017:851), puntos 88 y 93, y del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2018:614), punto 26.


12      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Emiliou presentadas en el asunto Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (C‑372/21, EU:C:2022:540), punto 22.


13      Véanse, entre otras muchas, las sentencias Egenberger y de 17 de marzo de 2026, Katholische Schwangerschaftsberatung (C‑258/24, EU:C:2026:211), así como mis conclusiones presentadas en este último asunto (C-258/24, EU:C:2025:555).


14      Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci (C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873).


15      Véase la célebre sentencia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166), apartado 23.


16      Parafraseo una declaración del antiguo presidente estadounidense Theodore Roosevelt en su tercer mensaje anual al Congreso en 1903.


17      Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO 2016, L 119, p. 1).


18      En lo sucesivo, también denominada «Iglesia Católica» o simplemente «Iglesia».


19      JM también será denominado «demandante».


20      Puede ser interesante señalar que las alegaciones basadas en el concepto de «fichero» a efectos del RGPD también han sido debatidas ante determinados órganos jurisdiccionales nacionales que conocen de asuntos similares al presente asunto. Véase, a este respecto, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Nota de investigación de la Dirección de Investigación y Documentación, «Traitement des données à caractère personnel dans les registres des baptêmes de l’Église catholique romaine», 26/007, junio de 2026 (en lo sucesivo, «Nota de investigación de la Dirección de Investigación y Documentación»), pp. 12 a 17 y 47.


21      Véase, en particular, la sentencia Jehovan todistajat, apartado 53.


22      Véanse las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Darashev (C‑312/24, EU:C:2025:671), punto 58.


23      Véase, de nuevo, el considerando 15 del RGPD.


24      Véase, en este sentido, la sentencia de 7 de marzo de 2024, Endemol Shine Finland (C‑740/22, EU:C:2024:216), apartado 37 y jurisprudencia citada.


25      Ibidem.


26      La antigua Biblioteca de Alejandría en Egipto (fundada a principios del siglo III a. C.) fue, hasta donde sabemos, el primer centro de investigación del mundo. Su antiguo catálogo, conocido como los Pínakes, fue elaborado por Calímaco de Cirene y organizaba la colección de la biblioteca, formada por unos 500 000 rollos de papiro. Es ampliamente considerado como uno de los archivos más antiguos del mundo. Los Pínakes se basaban principalmente en categorías de géneros y, dentro de dichas categorías, los autores estaban enumerados alfabéticamente.


27      Sobre esta cuestión, véanse, mutatis mutandis, las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Jehovan todistajat (C‑25/17, EU:C:2018:57), punto 57.


28      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31). Véase su considerando 15, que hacía referencia a un «archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas» (el subrayado es mío).


29      Véase la sentencia Jehovan todistajat, en particular el apartado 74.


30      Véanse, en particular, los artículos 9, apartado 2, letra d), y 91 del RGPD. Véase también su considerando 165.


31      Estas operaciones se consideran formas de «tratamiento» con arreglo al artículo 4, punto 2, del RGPD.


32      Véase el artículo 99, apartado 2, del RGPD.


33      Apartados 57 a 68 de la resolución impugnada.


34      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Agentsia po vpisvaniyata (C‑200/23, EU:C:2024:827), apartado 93.


35      Véase la sentencia de 9 de enero de 2025, Mousse (C‑394/23, en lo sucesivo, «sentencia Mousse», EU:C:2025:2), apartado 67 (el subrayado es mío). Véanse también la sentencia de 4 de octubre de 2024, Agentsia po vpisvaniyata (C‑200/23, EU:C:2024:827), apartado 93, y el considerando 69 del RGPD.


36      Véase, con carácter general sobre este punto, con referencias a la jurisprudencia, Tridimas, T., «Wreaking the wrongs: balancing rights and the public interest the EU way», The Columbia Journal of European Law, vol. 29.2, 2023, pp. 185 a 213, en particular pp. 192 a 194.


37      Véanse, en particular, el artículo 5, apartado 2, el artículo 7, el artículo 24, apartado 1, y los considerandos 42, 69 y 74 del RGPD.


38      De hecho, en su Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE, adoptado el 9 de abril de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29 se refirió a este ejercicio como una prueba de sopesamiento «a priori» (véase la p. 45).


39      Ibidem.


40      Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de mayo de 2014, Google Spain y Google (C‑131/12, en lo sucesivo, «sentencia Google Spain», EU:C:2014:317), apartado 76. Véase también el considerando 69 del RGPD.


41      El subrayado es mío.


42      Del mismo modo, véase Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), «Directrices 1/2024 sobre el tratamiento de datos personales basadas en el artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD», adoptadas el 8 de octubre de 2024 (en lo sucesivo, «Directrices 1/2024»), apartado 72.


43      El subrayado es mío.


44      Véanse los apartados 74 a 76 de dicha sentencia. Dicho asunto versaba sobre la predecesora del RGPD, la Directiva 95/46. Aunque las disposiciones pertinentes de la Directiva 95/46 y las del RGPD no coinciden plenamente, las consideraciones del Tribunal de Justicia en dicha sentencia parecen plenamente pertinentes para las disposiciones actualmente en vigor.


45      La comparación de las diferentes versiones lingüísticas del RGPD confirma esta conclusión. Véanse, por ejemplo, las versiones alemana («legt […] Widerspruch […] ein» y «wurden […] verarbeitet»), francesa («s’oppose» y «ont fait l’objet»), neerlandesa («maakt […] bezwaar» y «zijn»), italiana («si oppone» y «sono stati trattati»), letona («iebilst» y «ir apstrādāti»), portuguesa («opõe-se» y «foram tratados») y rumana («se opune» y «au fost prelucrate») del RGPD.


46      Véase la sentencia Mousse, apartado 48.


47      Véase la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Google (Retirada de enlaces a contenido supuestamente inexacto) (C‑460/20, EU:C:2022:962), apartado 75.


48      En este sentido, la sentencia Mousse, apartado 50 y jurisprudencia citada.


49      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (C‑621/22, en lo sucesivo, «sentencia KNLTB», EU:C:2024:858), apartados 46 y 49. Véanse también las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Rīgas satiksme (C‑13/16, EU:C:2017:43), puntos 67 y 68.


50      Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio y Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV (C‑17/22 y C‑18/22, EU:C:2024:738), apartado 55 y jurisprudencia citada.


51      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2025, Quirin Privatbank (C‑655/23, EU:C:2025:655), apartado 39 y jurisprudencia citada.


52      Véase, en particular, el punto 189 anterior.


53      Véase la sentencia Mousse, apartado 25 y jurisprudencia citada.


54      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2023, Meta Platforms y otros (Condiciones generales del servicio de una red social) (C‑252/21, en lo sucesivo, «sentencia Meta Platforms», EU:C:2023:537), apartado 94.


55      Véase la sentencia Mousse, apartados 27 y 56 y jurisprudencia citada.


56      Véase, en particular, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), apartado 78.


57      Véase la sentencia Mousse, apartado 45 y jurisprudencia citada.


58      Véase, en particular, la sentencia Mousse, apartado 46 y jurisprudencia citada. Véanse también la sentencia de 12 de septiembre de 2024, HTB Neunte Immobilien Portfolio y Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV (C‑17/22 y C‑18/22, EU:C:2024:738), apartados 56 y 57, y, con otras referencias jurisprudenciales, las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Fashion ID (C‑40/17, EU:C:2018:1039), punto 122.


59      Véase el apartado 17.


60      Véanse, en relación con el primer criterio, la sentencia KNLTB, apartados 40 y 49; en relación con el segundo criterio, por analogía, las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en los asuntos acumulados Volker und Markus Schecke (C‑92/09 y C‑93/09, EU:C:2010:353), puntos 104, 105, 118 y 121, y, en relación con el tercer criterio, la sentencia de 11 de diciembre de 2019, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA (C‑708/18, EU:C:2019:1064), apartado 44.


61      C. 849.


62      Véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de mayo de 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen y otros (C‑426/16, EU:C:2018:335), apartados 42 a 45, y de 17 de diciembre de 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België y otros (C‑336/19, EU:C:2020:1031), apartados 44 y 52.


63      Véase, por analogía, la sentencia del TEDH de 7 de julio de 2011, Bayatyan c. Armenia (CE:ECHR:2011:0707JUD002345903), § 120.


64      Véase la sentencia Mousse, apartados 28 y 48 y jurisprudencia citada.


65      Ibidem, apartado 49 y jurisprudencia citada.


66      Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Rīgas satiksme (C‑13/16, EU:C:2017:43), punto 71. Sobre esta cuestión, en términos generales y con referencias adicionales a la jurisprudencia, véase Dalla Corte, L., «On proportionality in the data protection jurisprudence of the CJEU», International Data Privacy Law, vol. 12, n.º 4, 2022, pp. 259 a 275.


67      Véase la sentencia Mousse, apartados 48 y 63.


68      Véase el punto 127 de las presentes conclusiones.


69      Sobre aplicaciones más estrictas y matizadas del requisito de necesidad, en función de las circunstancias específicas del caso, véase, con carácter general, Sartori, G., «Article 6 Commentary: Lawfulness of processing», en Spiecker, I. et al. (eds.), General Data Protection Regulation: Article-by-Article Commentary, Nomos — Beck — Hart, Nueva York, 2023, p. 318.


70      Considerando 47 del RGPD (el subrayado es mío). Véase también la sentencia KNLTB, apartados 55 y 56. Del mismo modo, el TEDH también considera pertinente la cuestión de si, en una situación particular, los particulares podían tener «una expectativa legítima de que se protegería su vida privada». Véase, por ejemplo, la sentencia de 7 de febrero de 2012, von Hannover c. Alemania (CE:ECHR:2012:0207JUD004066008), § 88.


71      Véase, en particular, la sentencia Meta Platforms, apartado 116.


72      Véase, en este sentido, la sentencia Google Spain, apartados 96 y 99.


73      Véase, por analogía, la sentencia Mousse, apartado 60, que se remite al considerando 75 del RGPD.


74      Véanse, en particular, la sentencia Meta Platforms, apartado 118, y la sentencia de 4 de octubre de 2024, Agentsia po vpisvaniyata (C‑200/23, EU:C:2024:827), apartados 151, 155 y 156. Véanse también las Directrices 1/2024, apartado 46.


75      Véanse, por ejemplo, las sentencias Google Spain, apartado 87, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartado 374.


76      Véase, en particular, la sentencia de 24 de noviembre de 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (C‑468/10 y C‑469/10, EU:C:2011:777), apartado 44.


77      Como se señala, por ejemplo, en Kamara, I., y De Hert, P. «Understanding the balancing act behind the legitimate interest of the controller ground: A pragmatic approach», en Selinger, E., et al. (eds.), The Cambridge Handbook of Consumer Privacy, Cambridge University Press, 2018, pp. 332 y 333.


78      Véanse también, a este respecto, los considerandos 51 y 52 del RGPD.


79      En cuanto a la protección específica que debe otorgarse a los menores, véanse también el considerando 38 del RGPD y la sentencia Meta Platforms, apartado 111.


80      Véanse, por analogía, las sentencias Google Spain, apartados 93 a 95 y 98, y de 9 de marzo de 2017, Manni (C‑398/15, EU:C:2017:197), apartado 64. Del mismo modo, véase la sentencia del TEDH de 6 de junio de 2006, Segerstedt-Wiberg y otros c. Suecia (CE:ECHR:2006:0606JUD006233200), § 90. Véase también el considerando 39 del RGPD.


81      Véanse, entre otros, los artículos 5, apartado 1, letra f), 6, apartado 4, letra e), y 9, apartado 2, letra d), del RGPD.


82      Véase, por ejemplo, la sentencia del TEDH de 25 de junio de 2020, Stavropoulos y otros c. Grecia (CE:ECHR:2020:0625JUD005248418), § 44.


83      Véanse el artículo 14, apartado 3, de la Carta y, por analogía, el artículo 2 del Protocolo n.º 1 del CEDH. Véanse también el artículo 8, apartado 1, y el considerando 38 del RGPD.


84      El subrayado es mío.


85      En este sentido, véanse, por ejemplo, las Directrices 1/2024 del CEPD, apartado 73.


86      Véase, a este respecto, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Google (Retirada de enlaces a contenido supuestamente inexacto) (C‑460/20, EU:C:2022:962), apartados 7, 34, 35 y 71.


87      Véase, en este sentido, Zanfir-Fortuna, G., «Comment to Article 21», en Kuner, C., et al. (eds.), The EU General Data Protection Regulation: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 517.


88      Como por ejemplo, en checo («závažné»), en alemán («zwingende»), en griego («επιτακτικούς»), en francés («impérieux»), en italiano («cogenti»), en letón («pārliecinošiem»), en húngaro («erejű»), en neerlandés («dwingende») y en finés («huomattavan tärkeä»).


89      Apartado 73.


90      Véase la sentencia de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), apartados 112 y 113.


91      En este sentido, Zanfir-Fortuna, G., op. cit., nota 87, p. 517.


92      Véase el punto 54 de las presentes conclusiones.


93      El subrayado es mío.


94      Véase el punto 65 de las presentes conclusiones.


95      En la doctrina jurídica, véase Zanfir-Fortuna, G., op. cit., nota 87: «the right to object is another manifestation of the ‘control centric’ nature of the EU data protection legal framework» (el derecho de oposición es otra manifestación de la naturaleza, basada en el control, del marco jurídico de la Unión en materia de protección de datos), p. 509.


96      Véase, entre otras, la sentencia Mousse, apartado 21, que remite al artículo 1 y a los considerandos 1 y 10 del RGPD.


97      Véase el punto 103 de las presentes conclusiones.


98      Sobre la persecución de un mero interés económico, véase, por ejemplo, la sentencia Google Spain, apartados 81, 97 y 99.


99      Véanse, por ejemplo, los considerandos 44 y 70, así como los artículos 6, apartado 1, letra b), y 21, apartado 3, del RGPD.


100      Directrices 1/2024, apartado 73.


101      Véanse, por analogía, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Google Spain y Google (C‑131/12, EU:C:2013:424), punto 108.


102      Véase, del mismo modo, la resolución impugnada, apartado 138.


103      El subrayado es mío.


104      Me pregunto, de paso, cuál es la probabilidad de que se produzca este supuesto. Sería sorprendente que una persona que desea volver a unirse a la Iglesia considerara imprescindible bautizarse por segunda vez cuando se le informa de que, desde el punto de vista de la Iglesia, ello no solo es inútil, sino que también (en principio) está prohibido.


105      Véanse los apartados 119 y 120 de la resolución impugnada.


106      Véanse, en particular, C. 842 § 1 y C. 876.


107      Como explicaré, en los puntos 204 a 206 de las presentes conclusiones, para dar cumplimiento a los artículos 17 y 21 del RGPD, no es necesario suprimir del registro toda la información relativa a la administración del bautismo al interesado que solicita la supresión. Bastará con suprimir los datos más sensibles que permitan identificar al interesado.


108      Véase C. 869. Para otra situación, véase también C. 870.


109      Véanse, por analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Agentsia po vpisvaniyata (C‑200/23, EU:C:2024:827), apartado 114, y mis conclusiones presentadas en el mismo asunto (EU:C:2024:445), punto 56.


110      Véase la jurisprudencia citada en el punto 58 anterior.


111      Directrices 1/2024, apartado 73. El subrayado es mío.


112      Véase la jurisprudencia citada en el punto 105 anterior.


113      Véase, por analogía, TEDH, sentencia de 26 de octubre de 2000, Hasan y Chaush c. Bulgaria, (CE:ECHR:2000:1026JUD003098596), § 62.


114      Es interesante, a este respecto, que, según el artículo 7, apartado 3, del RGPD, «el interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. […] Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo».


115      Véase, en el mismo sentido, la sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartados 341 y 375.


116      Al fin y al cabo, el artículo 12, punto 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (adoptada el 20 de noviembre de 1989), dispone que «los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño».


117      A este respecto, con referencias a la jurisprudencia, véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Katholische Schwangerschaftsberatung (C‑258/24, EU:C:2025:555), puntos 39 y ss.


118      Véase, en este sentido, la sentencia del TEDH de 1 de julio de 2014, S.A.S. c. Francia (CE:ECHR:2014:0701JUD004383511), § 124 y jurisprudencia citada. Esta línea jurisprudencial también ha sido mencionada expresamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia: véase, recientemente, la sentencia de 13 de octubre de 2022, S.C.R.L. (Vestimenta específica de una religión) (C‑344/20, EU:C:2022:774), apartado 35.


119      Me inspiro aquí en las apreciaciones del Tribunal de Justicia relativas al derecho al respeto de la vida privada y familiar consagrado en el artículo 7 de la Carta, con referencia a la jurisprudencia del TEDH. Véase la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (C‑417/23, EU:C:2025:1017), apartado 171. En la doctrina jurídica, haciendo hincapié en la libertad religiosa como derecho a la autodeterminación, véase Wischhoff, J. G., y Stadtbäumer, T., op. cit., nota 5, p. 13.


120      Por ejemplo, las víctimas de abusos pueden necesitar asistencia médica o psicológica, incluida en ocasiones la hospitalización, para superar determinados traumas.


121      Véase, con referencias adicionales, Bandes, S. A., et al. (eds.), Research Handbook on Law and Emotion, Edward Elgar, 2021.


122      El subrayado es mío. Véase también el considerando 50 del RGPD.


123      En aras de la exhaustividad, debo añadir que, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letra j), del RGPD, la prohibición general de tratar datos personales que revelen, entre otras cosas, convicciones religiosas o filosóficas no se aplica al «tratamiento [que] es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros». Esto es así siempre que dicho tratamiento sea «proporcional al objetivo perseguido, respet[e] en lo esencial el derecho a la protección de datos y estable[zca] medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9, apartado 2, letra g), de dicho Reglamento]. Sin embargo, no creo que la Diócesis de Gante deba invocar esta disposición, ya que, como se ha explicado en los puntos 66 y 67 anteriores, el tratamiento de datos sensibles que lleva a cabo probablemente pueda basarse en el artículo 9, apartado 2, letra d) del citado Reglamento.


124      TEDH, sentencia de 4 de julio de 2023, Hurbain c. Bélgica (CE:ECHR:2023:0704JUD005729216), § 182.


125      Un grupo oficial de expertos de la Comisión creado en 2006.


126      European Archives Group, Guidance on Data Protection for Archive Services — EAG guidelines on the implementation of the General Data Protection — Regulation in the archive sector, 2018, p. 10.


127      Véase el artículo 89, apartado 4, del RGPD.


128      Esto no solo se desprende del considerando 158 del RGPD, sino también, en el presente asunto, del artículo 9, apartado 2, letra j), del RGPD.


129      Para consultar algunos ejemplos de legislaciones de los Estados miembros, véase la Nota de investigación de la Dirección de Investigación y Documentación, especialmente pp. 28 a 47.


130      Así sucede cuando, con arreglo al Derecho nacional, las asociaciones religiosas son consideradas entidades privadas. Naturalmente, la situación es diferente cuando se trata de entidades públicas con arreglo al Derecho nacional.


131      El subrayado es mío.


132      Véase, por analogía, el considerando 159 del RGPD.


133      Véase Svanberg, C. W., «Commentary to Article 89», en Kuner et al. (eds.), op. cit., nota 87, p. 1246.


134      Cabe señalar que, en cualquier caso, las disposiciones del RGPD no se aplican a los datos personales de las personas fallecidas, aunque los Estados miembros pueden establecer normas a este respecto. Véanse los considerandos 27, 158 y 160 del RGPD.


135      Pensemos, por ejemplo, en las plataformas digitales que almacenan datos detallados sobre las compras en línea efectuadas por las personas o sobre su historial de navegación, con el fin de mejorar su software.


136      A este respecto, véase, por ejemplo, el considerando 113 del RGPD, que sugiere que «las legítimas expectativas de la sociedad en un aumento del conocimiento» es un elemento que «se deb[e] tener en cuenta» a la hora de evaluar el alcance de las excepciones con fines de investigación científica o histórica.


137      Tomo prestadas aquí algunas expresiones del considerando 12 de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO 2019, L 130, p. 92).


138      Véase CEPD, Study on the secondary use of personal data in the context of scientific research — Final report, octubre de 2020.


139      El vínculo entre ambas actividades se subraya en el considerando 157 del RGPD.


140      TEDH, sentencia de 4 de julio de 2023, Hurbain c. Bélgica (CE:ECHR:2023:0704JUD005729216), § 184. El subrayado es mío.


141      En este sentido, ibidem, §§ 185, 186 y 255 a 257.


142      Por ejemplo, la investigación destinada a comprender mejor la evolución de la sociedad en las comunidades religiosas, realizada con un objetivo jurídica y éticamente aceptable para la sociedad en cuestión.


143      El subrayado es mío.


144      Véanse, por ejemplo, las medidas mencionadas en los considerandos 78, 83, 84, 98 y 100 del RGPD.


145      Conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Mousse (C‑394/23, EU:C:2024:610), punto 32.


146      CEPD, Study on the appropriate safeguards under Article 89(1) GDPR for the processing of personal data for scientific research — Final report, agosto de 2021, p. 9.


147      A este respecto, véanse también los considerandos 26, 28 y 29 del RGPD.


148      El subrayado es mío.


149      Véanse, por ejemplo, los artículos 24, apartado 1, 25, apartado 1, y 32, apartado 1, del RGPD.


150      Véanse el considerando 156 y los artículos 92 y 93 del RGPD.


151      Véanse, en particular, el considerando 156 y el artículo 89, apartados 2 y 3, del RGPD.


152      Véase, en particular, el artículo 58 del RGPD.


153      Para consultar algunos ejemplos de legislaciones de los Estados miembros en la materia, véase la Nota de investigación de la Dirección de Investigación y Documentación, pp. 22 a 28.


154      En este sentido, véanse por ejemplo el considerando 65 y el artículo 5, apartado 1, letra d), del RGPD.


155      Véase también la resolución impugnada, apartado 138.


156      Véase, por ejemplo, el considerando 39 del RGPD: «deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos».


157      Véanse, por ejemplo, las sentencias Google Spain, apartados 92 a 94, y, por analogía, de 30 de enero de 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR — Sofia (C‑118/22, EU:C:2024:97), apartado 60.


158      Véase, por analogía, Comisión Europea de Derechos Humanos, decisión de 6 de febrero de 1967, X. c. Islandia (CE:ECHR:1967:0206DEC000252565).


159      Además, en algunas situaciones, de conformidad con el principio de minimización de los datos, también podría contemplarse el uso de adhesivos opacos extraíbles (en su caso, en combinación con precintos o sellos antimanipulación). Por ejemplo, este podría ser el caso cuando, en virtud del Derecho nacional, las comunidades religiosas no puedan realizar cambios permanentes en los registros, debido a que dichos registros deben entregarse a las autoridades públicas con fines de archivo en interés público o de investigación histórica. En efecto, el uso de esos autoadhesivos y, en su caso, de precintos o sellos antimanipulación garantizaría que solo las autoridades públicas o los investigadores pudieran tener acceso, en tiempo oportuno, a los datos personales en cuestión.


160      Véanse, en este sentido, los considerandos 74 y 78 y el artículo 24, apartado 1, del RGPD.