–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, la Sra. S. Šindelková y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. Z. Chatzipavlou y C. Kokkosi, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. I. Rubene y A. Szmytkowska, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, 3, punto 12, 4 y 14, apartados 1 a 3, de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo (DO 2015, L 326, p. 1).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre dos viajeros, B. F. (1) y B. F. (2), y un organizador de viajes, Z. sp. z o.o., en relación con una demanda de reembolso y de indemnización presentada por dichos viajeros al término de un viaje combinado que no se desarrolló según lo acordado.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

Los considerandos 3 y 31 de la Directiva 2015/2302 enuncian lo siguiente:

4

El artículo 1 de esta Directiva, que se titula «Objeto», establece:

5

El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Definiciones», dispone:

6

A tenor del artículo 4 de la misma Directiva, cuyo título es «Nivel de armonización»:

7

El artículo 13 de la Directiva 2015/2302, que se titula «Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado», establece lo siguiente:

8

El artículo 14 de esta Directiva, titulado «Reducción de precio e indemnización por daños y perjuicios», dispone:

9

A tenor del artículo 25 de dicha Directiva, titulado «Sanciones»:

Derecho polaco

10

La ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Ley Reguladora de los Viajes Combinados y los Servicios de Viaje Vinculados), de 24 de noviembre de 2017 (Dz. U. de 2017, posición 2361), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley Reguladora de los Viajes Combinados»), establece lo siguiente, en su artículo 4:

11

El artículo 50 de esta Ley dispone:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

12

El 27 de julio de 2022, los demandantes en el litigio principal celebraron con la demandada en el litigio principal, por un precio de 8 696 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 2 048 euros), un contrato relativo a un viaje y a una estancia «todo incluido» en un hotel de cinco estrellas en Albania durante el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 8 de septiembre de 2023.

13

El primer día de su estancia en ese hotel, los demandantes en el litigio principal fueron despertados por el ruido estruendoso de trabajos de demolición de dos piscinas del hotel. Los trabajos de demolición duraron desde el primer hasta el cuarto día de la estancia de los demandantes en el hotel, desde las 7.30 horas hasta las 19.30 horas. Tales trabajos fueron ordenados por las autoridades albanesas y se llevaron a cabo en presencia de diversos medios de comunicación y de la policía. Una vez concluidos, las dos piscinas, el paseo marítimo, el malecón pavimentado con acceso al mar y la infraestructura costera habían sido demolidos.

14

Durante el tiempo que estuvieron alojados en dicho hotel, los demandantes en el litigio principal hicieron largas colas para las comidas y se vieron obligados a ir a comer al comienzo de la franja horaria indicada, puesto que solo se servía un reducido número de comidas. Asimismo, el servicio de refrigerio previsto a las 17.00 horas fue suprimido.

15

Además, durante los tres últimos días de la estancia de los demandantes en el hotel, se iniciaron las obras para incorporar una quinta planta a este. Los materiales de construcción necesarios para dichas obras se transportaron por los ascensores utilizados por los clientes del hotel.

16

A raíz de su estancia en el hotel en cuestión, los demandantes en el litigio principal reclamaron a la demandada en el litigio principal el pago de una indemnización por daños y perjuicios de 22 696 PLN (aproximadamente 5 346 euros), correspondiente a la suma de 8 696 PLN (aproximadamente 2 048 euros), en concepto de reparación del daño material que habían sufrido como consecuencia del incumplimiento, imputable a la culpa de la demandada en el litigio principal, del contrato de viaje combinado controvertido, y a un importe de 14 000 PLN (aproximadamente 3 298 euros), en concepto de reparación del perjuicio moral sufrido.

17

La demandada en el litigio principal se opuso a dicho pago. Alegó que, dado que los trabajos de demolición de que se trata obedecían a una decisión de las autoridades albanesas que debía acatar, se encontró en unas circunstancias inevitables y extraordinarias que la eximían de su obligación de indemnizar a los demandantes en el litigio principal. Indicó, además, que había propuesto a estos un bono de vacaciones de un valor de 750 PLN (aproximadamente 165 euros) en concepto de indemnización por la falta de conformidad debida a esos trabajos de demolición.

18

El órgano jurisdiccional remitente, que conoce de este litigio, se pregunta, en primer lugar, sobre la compatibilidad del artículo 50, apartado 3, punto 2, de la Ley Reguladora de los Viajes Combinados con la Directiva 2015/2302, en la medida en que dicha disposición establece que el viajero no tendrá derecho a una indemnización en caso de falta de conformidad si el organizador de viajes demuestra que esta es imputable a la culpa de un tercero ajeno a la prestación de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado y es imprevisible o inevitable.

19

Según el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302 excluye la indemnización de un viajero por parte del organizador de viajes de que se trate si este demuestra que la falta de conformidad es imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado en cuestión y es imprevisible o inevitable, sin que el organizador esté obligado a demostrar la culpa de ese tercero. Dicho órgano jurisdiccional considera que la obligación del organizador de viajes de probar la culpa de un tercero, establecida en el artículo 50, apartado 3, punto 2, de la Ley Reguladora de los Viajes Combinados, es contraria a la armonización completa llevada a cabo por la Directiva 2015/2302, tal como se establece en su artículo 4, y confirmada por una interpretación histórica que se deriva del artículo 8 de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO 1990, L 158, p. 59), que fue derogada por la Directiva 2015/2302. Señala que el requisito de culpa exige un examen tanto objetivo, a saber, la apreciación de la ilegalidad del comportamiento, como subjetivo, a saber, la apreciación del comportamiento del autor, que la Directiva 2015/2302 no contempla.

20

En segundo lugar, habida cuenta de que la demandada en el litigio principal solo prestó de forma muy parcial los servicios previstos en el contrato de viaje combinado de que se trata a los demandantes en el litigio principal, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2015/2302, puede estimarse la pretensión de estos últimos de obtener el reembolso de la totalidad del precio que pagaron a la demandada en el litigio principal por su viaje combinado.

21

A este respecto, observa que, desde un punto de vista léxico, la expresión «reducción del precio adecuada» incluye una reducción máxima y, por tanto, que tal expresión permite el reembolso de la totalidad del precio pagado por los viajeros. En su opinión, tal reducción máxima estará justificada cuando se considere que el organizador de viajes de que se trate ha prestado un servicio sin valor.

22

El órgano jurisdiccional remitente señala que esta reducción máxima también puede justificarse cuando los viajeros se encuentren ante una falta de conformidad grave. Añade que el considerando 3 de la Directiva 2015/2302, del que se desprende que el objetivo de la Directiva es contribuir a la consecución de un alto nivel de protección de los consumidores, respalda este enfoque. Sostiene que, a la vista de este objetivo, un nivel de falta de conformidad que tenga como consecuencia que el servicio prestado por el organizador de viajes de que se trate carezca de valor corresponde a una falta de conformidad grave.

23

No obstante, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, cuando los viajeros hayan disfrutado de servicios mínimos pese a existir una falta de conformidad grave, puede ser estimada su demanda dirigida al reembolso de la totalidad del precio que hubieran pagado, teniendo en cuenta los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión. Considera que debe ser así.

24

En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que, habida cuenta del conflicto creciente y mediatizado entre las autoridades albanesas y el propietario del hotel de que se trata en el litigio principal, la demandada en el litigio principal, como profesional, podría ser considerada responsable de no haber anticipado ese conflicto.

25

En este contexto, se pregunta si el derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier período durante el cual haya habido falta de conformidad y el derecho a una indemnización adecuada por cualquier daño o perjuicio que se sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad, contemplados en el artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2302, tienen como único objetivo restablecer el equilibrio contractual entre las partes afectadas en caso de falta de conformidad o si estos derechos se caracterizan igualmente por un elemento sancionador y disuasorio a fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores.

26

Según el órgano jurisdiccional remitente, si se considerase que, al adoptar la Directiva 2015/2302, el legislador de la Unión también había pretendido disuadir a los organizadores de viajes combinados de tolerar la falta de conformidad, el hecho de que los consumidores hayan disfrutado de determinados servicios no obstaría al reembolso de la totalidad de las sumas que hubieran abonado. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, podría exigirse a los organizadores de viajes que efectúen un análisis del mercado turístico y verifiquen la existencia de riesgos concretos de falta de conformidad. De este modo, un derecho a una reducción del precio adecuada llevaría a una protección plena de los consumidores, al haberse previsto sanciones en los casos en que dicho análisis no se haya efectuado correctamente.

27

En cuarto y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si un acto de poder público puede estar comprendido en el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias», de conformidad con el artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302. A este respecto, señala que tal acto escapa al control de su destinatario, en el sentido de que este último se encuentra en una relación de subordinación respecto de la autoridad pública de que se trate. Considera, no obstante, que el procedimiento administrativo que lleva a la adopción de tal acto está basado en normas jurídicas, dura cierto tiempo y permite la participación del destinatario del acto. Indica que, además, ese destinatario tendrá la posibilidad de interponer un recurso contra dicho acto. El órgano jurisdiccional remitente observa, asimismo, que, en el considerando 31 de la Directiva 2015/2302, el legislador de la Unión precisa el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias». Se trata, entre otras, de una guerra, el terrorismo, el brote de una enfermedad grave en el lugar de destino, o catástrofes naturales como inundaciones o terremotos, o condiciones meteorológicas que hagan imposible desplazarse con seguridad al lugar de destino según lo convenido en el contrato de viaje combinado. A su juicio, esta enumeración no permite suponer que un acto de poder público como una decisión que ordena la destrucción de una parte de una infraestructura turística sea una circunstancia inevitable y extraordinaria.

28

En este contexto, el Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Tribunal de Distrito de Rzeszów, Polonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

29

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, en relación con el artículo 4 de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que establece que, cuando la falta de conformidad de los servicios de viaje combinado es imputable a un tercero ajeno a la prestación de esos servicios y es imprevisible o inevitable, el organizador de viajes debe demostrar que tal falta de conformidad es debida a la culpa de ese tercero para poder eximirse de su responsabilidad frente al viajero.

30

Con arreglo al artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, el viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador demuestra que la falta de conformidad es imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado y es imprevisible o inevitable.

31

A falta de definición, en la Directiva 2015/2302, de los términos «imputable a» que figuran en la disposición citada o de remisión expresa, por esta Directiva, al Derecho de los Estados miembros para determinar el sentido de esos términos, debe procederse a una interpretación autónoma de estos, teniendo en cuenta su sentido habitual en el lenguaje corriente, el contexto en el que se utilizan y el objetivo que pretende alcanzar dicha Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de junio de 2023, UFC — Que choisir y CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, apartado 24 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2025, Galte, C‑63/24, EU:C:2025:292, apartados 28 y 29 y jurisprudencia citada).

32

Según su sentido habitual en el lenguaje corriente, los términos «imputable a» una persona significan que un hecho es el resultado del comportamiento de esa persona, sin que ello implique necesariamente que tal comportamiento constituye un incumplimiento, cometido de manera intencionada o negligente, de una obligación impuesta a dicha persona, ya sea por el Derecho nacional aplicable, ya por una cláusula contractual. Por consiguiente, si bien los términos «imputable a un tercero» que figuran en el artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302 abarcan también el supuesto de que la falta de conformidad de los servicios de viaje resulte de la «culpa» de ese tercero, tiene un sentido más amplio y engloba también el supuesto de que la falta de conformidad tenga origen en un comportamiento del tercero que no sea constitutivo de «culpa».

33

Por tanto, habida cuenta del sentido habitual de los términos «imputable a» que figuran en el artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, procede considerar que esta disposición permite a un organizador de viajes eximirse de su obligación de indemnizar a un viajero, en caso de falta de conformidad de los servicios prestados, si demuestra que esa falta de conformidad es atribuible a un tercero, sin que sea necesario demostrar que resulta de la actuación culposa de este.

34

Tal interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se utilizan dichos términos. En efecto, los artículos 13 y 14 de la Directiva 2015/2302, que forman parte de su capítulo IV, cuyo título es «Ejecución del viaje combinado», establecen un régimen de responsabilidad contractual armonizado de los organizadores de viajes que se caracteriza por una responsabilidad objetiva de dichos organizadores y por una definición limitativa de los supuestos en los que estos pueden eximirse de tal responsabilidad [véase, en este sentido la sentencia de 12 de enero de 2023, FTI Touristik (Viaje combinado a las islas Canarias), C‑396/21, EU:C:2023:10, apartado 25].

35

En particular, el artículo 13 de esta Directiva, que se titula «Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado», establece, en su apartado 1, que los Estados miembros garantizarán que el responsable de la ejecución de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado sea el organizador, con independencia de que estos servicios vayan a ser ejecutados por el organizador o por otros prestadores de servicios de viaje. El apartado 3 de dicho artículo precisa a este respecto que, si cualquiera de esos servicios no se ejecuta de conformidad con ese contrato, el organizador deberá, en principio, subsanar la falta de conformidad y, en las situaciones en que no lo haga, el viajero afectado tendrá derecho a una reducción del precio y a una indemnización, de conformidad con el artículo 14, apartados 1 y 2, de dicha Directiva. Por tanto, en principio, el organizador de viajes es responsable en caso de que no se ejecuten los servicios de viaje combinado, y ello independientemente de que exista una eventual actuación culposa por su parte o por la de los prestadores de servicios de viaje en el momento de la ejecución de dichos servicios.

36

Si bien el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2015/2302 establece el principio de responsabilidad objetiva del organizador de viajes por cualquier daño o perjuicio sufrido por el viajero como consecuencia de cualquier falta de conformidad de los servicios prestados, el apartado 3 de dicho artículo permite al organizador de viajes eximirse de esa responsabilidad cuando demuestre que la falta de conformidad está comprendida en alguno de los tres supuestos enumerados con carácter exhaustivo en dicho apartado 3, letras a) a c). Estos tres supuestos tienen en común que la falta de conformidad es atribuible a una fuente externa al organizador, a saber, al propio viajero, a un tercero ajeno a la prestación de los servicios de viaje o a circunstancias extraordinarias. Dicho apartado 3, letras b) y c), establece el requisito adicional de que la falta de conformidad debida a un tercero o a circunstancias extraordinarias presente un carácter inevitable. En cambio, en ninguno de estos tres supuestos se hace referencia a la «culpa».

37

Por último, en cuanto al objetivo perseguido por la Directiva 2015/2302, de su artículo 1 se desprende que este consiste, en particular, en garantizar un nivel de protección de los consumidores elevado. La interpretación del artículo 14, apartado 3, letra b), de dicha Directiva considerada en el apartado 33 de la presente sentencia permite garantizar tal nivel de protección de los consumidores, dado que el organizador de viajes que pretenda eximirse, con arreglo a dicha disposición, de su responsabilidad por la falta de conformidad de los servicios de viaje en cuestión debe demostrar no solo que la falta de conformidad es debida a un tercero ajeno a la prestación de esos servicios de viaje, sino también que es imprevisible o inevitable. Por tanto, el objetivo de garantizar tal nivel de protección de los consumidores perseguido por la Directiva 2015/2302 no puede justificar, por sí solo, que un organizador de viajes esté obligado a demostrar la culpa de un tercero para poder eximirse de su responsabilidad frente al consumidor de que se trate en caso de falta de conformidad.

38

Por otra parte, habida cuenta de que el artículo 4 de la Directiva 2015/2302 prescribe que, salvo disposición en contrario, los Estados miembros no podrán mantener o establecer en su Derecho nacional disposiciones más o menos estrictas que las establecidas en esta Directiva, que den a los viajeros un nivel diferente de protección, y de que dicha Directiva no contiene ninguna disposición que permita a los Estados miembros establecer o mantener disposiciones que den a los viajeros un nivel de protección diferente del previsto en su artículo 14, apartado 3, letra b), los Estados miembros no pueden mantener o adoptar una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual los organizadores de viajes queden exentos de su obligación de indemnización en caso de falta de conformidad de los servicios de viaje combinado prestados imputable a un tercero ajeno a la prestación de esos servicios únicamente si esos organizadores demuestran que la falta de conformidad es debida a la culpa de un tercero y es imprevisible e inevitable.

39

Por consiguiente, el artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302 se opone a una disposición de Derecho nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece que un viajero no tiene derecho a indemnización alguna por parte del organizador de viajes de que se trate en caso de falta de conformidad de los servicios de viaje combinado prestados imputable a un tercero ajeno a la prestación de esos servicios únicamente si dicho organizador demuestra que la falta de conformidad es debida a la culpa de ese tercero y es imprevisible o inevitable.

40

Dicho esto, al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que esta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero (sentencia de 11 de julio de 2024, Plamaro, C‑196/23, EU:C:2024:596, apartado 41 y jurisprudencia citada).

41

Pues bien, como ha alegado la Comisión en sus observaciones escritas, tal interpretación conforme sería posible en el supuesto de que el término polaco «culpa», utilizado en el artículo 50, apartado 3, de la Ley Reguladora de los Viajes Combinados, se entendiera como «imputable a», en el sentido considerado en el apartado 33 de la presente sentencia, extremo que debe apreciar el órgano jurisdiccional remitente.

42

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, en relación con el artículo 4 de la misma Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que establece que, cuando la falta de conformidad de los servicios de viaje combinado es imputable a un tercero ajeno a la prestación de esos servicios y es imprevisible o inevitable, el organizador de viajes debe demostrar que tal falta de conformidad es debida a la culpa de ese tercero para poder eximirse de su responsabilidad frente al viajero.

Segunda cuestión prejudicial

43

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que, aun cuando un viajero se haya beneficiado de una parte de los servicios prestados por un organizador de viajes, la reducción del precio adecuada a la que ese viajero tiene derecho en caso de falta de conformidad de tales servicios puede equivaler al reembolso de la totalidad del precio del viaje combinado en cuestión cuando la falta de conformidad sea grave.

44

A tenor del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2015/2302, un viajero tiene «derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier período durante el cual haya habido falta de conformidad, a menos que el organizador demuestre que la falta de conformidad es imputable al viajero».

45

Así, la reducción de precio a que se refiere dicha disposición debe ser adecuada para todo el período durante el cual haya habido falta de conformidad. Además, ya se ha declarado que la apreciación del carácter adecuado de esta reducción del precio, al igual que la constatación de una falta de conformidad, debe realizarse de manera objetiva teniendo en cuenta las obligaciones del organizador de viajes de que se trate en virtud del contrato de viaje combinado celebrado [sentencia de 12 de enero de 2023, FTI Touristik (Viaje combinado a las Islas Canarias), C‑396/21, EU:C:2023:10, apartado 39].

46

En efecto, de la lectura conjunta del artículo 14, apartado 1, y del artículo 3, punto 13, de la Directiva 2015/2302 se desprende que la obligación, que incumbe a los organizadores de viajes, de conceder tal reducción del precio solo se aprecia en relación con los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado que sean objeto de una no ejecución o de una ejecución incorrecta, entendiéndose que las obligaciones derivadas, para el organizador de viajes de que se trate, de dicho contrato no pueden interpretarse de manera restrictiva y comprenden, por tanto, no solo las explícitamente estipuladas en el contrato, sino también las vinculadas al mismo que resulten de su finalidad [véase, en este sentido la sentencia de 12 de enero de 2023, FTI Touristik (Viaje combinado a las islas Canarias), C‑396/21, EU:C:2023:10, apartados 37 y 38].

47

Por consiguiente, la apreciación del carácter adecuado de la reducción de precio en cuestión debe basarse en una estimación del valor de los servicios de viaje comprendidos en el viaje combinado correspondiente que no hayan sido ejecutados o hayan sido incorrectamente ejecutados teniendo en cuenta la duración de dicha no ejecución o ejecución incorrecta y el valor del viaje combinado. La reducción del precio de tal viaje combinado debe corresponder al valor de los servicios de viaje afectados por la falta de conformidad [sentencia de 12 de enero de 2023, FTI Touristik (Viaje combinado a las islas Canarias), C‑396/21, EU:C:2023:10, apartado 39]. Cuanto más grave sea la no ejecución o la ejecución errónea, mayor deberá ser la reducción del precio para que pueda considerarse adecuada.

48

Así pues, cuando todos los servicios de viaje prestados a un viajero adolezcan de falta de conformidad y el organizador de viajes de que se trate no demuestre que esa falta de conformidad es imputable al viajero, este tiene derecho al reembolso de la totalidad del precio del viaje combinado en cuestión por parte de ese organizador, con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2015/2302.

49

Por otra parte, habida cuenta del objetivo de la Directiva 2015/2302 de contribuir a la consecución de un nivel de protección de los consumidores elevado, tal como se enuncia en el artículo 1 de esta Directiva, un viajero también debe tener derecho al reembolso de la totalidad del precio del viaje combinado en cuestión, con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la misma Directiva, cuando, a pesar de que se hayan prestado determinados servicios, la falta de conformidad de los servicios prestados sea de tal gravedad que el viaje combinado deje de tener objeto y, por tanto, ya no tenga objetivamente interés para ese viajero. En efecto, cuando la falta de conformidad es de tal magnitud que hace que los servicios prestados carezcan de interés y de valor, teniendo en cuenta el objeto de dicho viaje combinado, la falta de conformidad equivale de hecho a la no ejecución del propio viaje combinado, que confiere un derecho al reembolso de la totalidad de su precio, con arreglo a esta última disposición.

50

En el presente asunto, corresponderá, por tanto, al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la vista de todas las circunstancias, si los trabajos de demolición, los trabajos de construcción y los incumplimientos de los servicios de restauración de que se trata en el litigio principal tuvieron como consecuencia que el viaje combinado de los demandantes en el litigio principal se viera privado de objeto y, por tanto, careciera, objetivamente, de interés para estos últimos. Si el órgano jurisdiccional remitente llega a esta conclusión, dichos demandantes deben tener derecho, con arreglo a la normativa nacional de transposición del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2015/2302 al Derecho polaco, a un reembolso de la totalidad del precio de ese viaje combinado por parte de la demandada en el litigio principal, en su condición de organizador de viajes.

51

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que, aun cuando un viajero se haya beneficiado de una parte de los servicios prestados por un organizador de viajes, la reducción del precio adecuada a la que ese viajero tiene derecho en caso de falta de conformidad de tales servicios puede corresponder al reembolso de la totalidad del precio del viaje combinado en cuestión cuando la falta de conformidad sea de tal gravedad que, habida cuenta de su objeto, el viaje combinado ya no tenga objetivamente interés para dicho viajero.

Tercera cuestión prejudicial

52

Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que el derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier período durante el cual haya habido falta de conformidad y el derecho a una indemnización por cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia de cualquier falta de conformidad, establecidos en esta disposición, tienen únicamente por objeto restablecer el equilibrio contractual entre los organizadores de viajes y los viajeros, habida cuenta de los servicios efectivamente prestados por los primeros y del precio pagado por los segundos, o si tales derechos también tienen por objeto sancionar a dichos organizadores para disuadirlos de tolerar la falta de conformidad.

53

El Gobierno polaco pone en duda la admisibilidad de esta cuestión por considerar que las razones por las que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el objeto de tales derechos no se desprenden con suficiente claridad de la resolución de remisión.

54

Hay que recordar al respecto que, en el contexto de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 27 de junio de 2024, Gestore dei Servizi Energetici, C‑148/23, EU:C:2024:555, apartado 29 y jurisprudencia citada).

55

De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada de una norma de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 27 de junio de 2024, Gestore dei Servizi Energetici, C‑148/23, EU:C:2024:555, apartado 30 y jurisprudencia citada).

56

Pues bien, de la petición de decisión prejudicial se desprende con suficiente claridad que el órgano jurisdiccional remitente desea saber si los derechos de los viajeros a una reducción del precio y a una indemnización adecuados, establecidos en el artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2302, tienen también por objeto sancionar y disuadir a los organizadores de viajes, de modo que, a la hora de determinar el importe de esa reducción y de esa indemnización, deba tenerse en cuenta el hecho de que tienen por objeto sancionar a dichos organizadores. Por tanto, la tercera cuestión prejudicial es admisible.

57

Por lo que respecta a la respuesta que debe darse a esta cuestión, procede señalar que del tenor del artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2302 se desprende que, sin perjuicio de las excepciones establecidas en dichas disposiciones, los Estados miembros deben velar por que, por cualquier período durante el cual haya habido falta de conformidad de los servicios prestados y por cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia de esa falta de conformidad, los viajeros tengan derecho, respectivamente, a una reducción del precio y a una indemnización adecuadas por parte de los organizadores de viajes. Al conferir tales derechos a los viajeros, esta disposición permite restablecer el equilibrio contractual existente en el momento de la celebración de los contratos de viaje combinado en la medida en que permite, por una parte, exigir a los organizadores de viajes que apliquen un precio correspondiente a los servicios efectivamente prestados y, por otra parte, obtener de esos organizadores una compensación por los daños y perjuicios que los viajeros afectados hayan sufrido como consecuencia de la falta de conformidad de los servicios prestados.

58

En cambio, ni el tenor del artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2302 ni el contexto en el que se inscribe esta disposición permiten considerar que la concesión de los derechos establecidos en ella a los viajeros tenga también por objeto permitir sancionar a los organizadores de viajes en caso de falta de conformidad. Ni esta disposición ni el artículo 13 de dicha Directiva, que establece un régimen armonizado de responsabilidad contractual de los organizadores de viajes, contemplan la posibilidad de imponer a estos una indemnización por daños o perjuicios punitiva. El artículo 25 de la Directiva 2015/2302, que dispone que los Estados miembros establecerán las normas relativas a sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de dicha Directiva, confirma que la concesión de esos derechos a los viajeros no tiene por objeto permitir que se sancione a dichos organizadores.

59

Además, el objetivo de la Directiva 2015/2302 de contribuir a la consecución de un nivel de protección de los consumidores elevado no puede justificar de por sí una interpretación del artículo 14, apartados 1 y 2, de dicha Directiva según la cual esta disposición también tiene por objeto sancionar a los organizadores de viajes. En efecto, tal nivel de protección ya es alcanzado por esta Directiva al conferir esos derechos a los viajeros con el fin de restablecer el equilibrio contractual entre estos y los organizadores de viajes a raíz de la no conformidad de los servicios prestados.

60

Por las razones expuestas, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que el derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier período de falta de conformidad y el derecho a una indemnización por cualquier daño o perjuicios sufrido como consecuencia de la falta de conformidad, previstos en dicha disposición, tienen por objeto restablecer el equilibrio contractual entre los organizadores de viajes y los viajeros, y no sancionar a esos organizadores.

Cuarta cuestión prejudicial

61

Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que las situaciones resultantes de actos de poder público, como la demolición de una infraestructura turística en ejecución de una decisión de una autoridad pública, no están comprendidas en el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido de dicha disposición.

62

A este respecto, procede señalar que el artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302 define el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias» como «una situación fuera del control de la parte que la alega y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables».

63

El considerando 31 de dicha Directiva ilustra el alcance de ese concepto, al indicar que «pueden ser, por ejemplo, una guerra u otros problemas graves de seguridad como el terrorismo, riesgos importantes para la salud humana como el brote de una enfermedad grave en el lugar de destino, o catástrofes naturales como inundaciones o terremotos, o condiciones meteorológicas que hagan imposible desplazarse con seguridad al lugar de destino según lo convenido en el contrato de viaje combinado».

64

Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias» se asemeja al concepto de «fuerza mayor» en el sentido de circunstancias ajenas a quien lo invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no hubieran podido evitarse poniendo la mayor diligencia. Así pues, pese a que en la Directiva 2015/2302 no se haga referencia alguna a la fuerza mayor, el Tribunal de Justicia considera que este concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias» concreta y constituye una aplicación exhaustiva del concepto de «fuerza mayor» en el marco de tal Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, UFC — Que choisir y CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, apartados 54 y 56 y jurisprudencia citada).

65

Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que la expresión «inevitables y extraordinarias» que figura en el artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302 solo se refiere a aquellas situaciones que eran imprevisibles (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 74).

66

De ello se deduce que las situaciones resultantes de actos de poder público solo pueden estar comprendidas en el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido del artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302, si escapan al control de la parte que lo invoca y tienen consecuencias que no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables, lo que implica que esas circunstancias son ajenas a quien lo invoca y son imprevisibles.

67

Pues bien, la adopción de actos de poder público se rige generalmente por normas tanto de procedimiento como de fondo que garantizan, en particular, que dichos actos se adopten de manera transparente tras una ponderación de diversos intereses. Además, la ejecución de dichos actos suele ir precedida de cierta publicidad. Por tanto, las situaciones resultantes de la adopción de tales actos no son generalmente imprevisibles.

68

En el presente asunto, la demandada en el litigio principal considera que los trabajos de demolición controvertidos son consecuencia de un acto de poder público que debía acatar, de modo que la falta de conformidad que resulta de dicho acto corresponde a una circunstancia excepcional e inevitable que la libera de su obligación de indemnizar a los demandantes en el litigio principal.

69

A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 14, apartado 3, letra c), de la Directiva 2015/2302, el viajero no tiene derecho a indemnización alguna si el organizador demuestra que la falta de conformidad se debe a circunstancias inevitables y extraordinarias.

70

Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en el presente asunto, la demolición de las infraestructuras de que se trata en el litigio principal, en ejecución de una decisión de las autoridades albanesas, creó una situación que escapó al control del organizador de viajes en cuestión y tuvo consecuencias que no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. A este respecto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar si, antes de la adopción de dicha decisión, ese organizador o el gerente de la infraestructura turística de que se trata fue informado del procedimiento que condujo a la adopción de dicha decisión, o incluso si participó en él, o si esas personas fueron informadas del contenido de la decisión antes de que se procediera a su ejecución. Tal información o participación del gerente es suficiente, puesto que, en virtud del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2015/2302, dicho organizador puede ser considerado responsable de cualquier falta de conformidad causada por sus prestadores de servicios de viaje (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2021, Kuoni Travel, C‑578/19, EU:C:2021:213, apartado 35).

71

En presencia de tal participación o de tal información, la demolición de las infraestructuras de que se trata no puede considerarse imprevisible. La falta de conformidad de los servicios prestados debido a dicha demolición no puede considerarse una situación que escape al control del organizador de viajes en cuestión y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables. En efecto, si ese organizador o su prestador de servicios son informados de tal decisión y el organizador dispone de un plazo suficiente para poder, con la diligencia debida, ofrecer al viajero afectado fórmulas alternativas adecuadas con arreglo al artículo 13, apartado 5, de la Directiva 2015/2302, antes de que esa decisión se aplique, no puede considerarse que el organizador no habría podido evitar las consecuencias de dicha decisión. En tales circunstancias, esa demolición no podría estar comprendida en el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido del artículo 14, apartado 3, letra c), de la Directiva 2015/2302.

72

En su caso, el carácter previsible de la demolición de las infraestructuras de que se trata en ejecución de una decisión de las autoridades albanesas también excluiría que el organizador de viajes en cuestión pueda eximirse de su obligación de indemnizar a los demandantes en el litigio principal con arreglo al artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, que establece que el viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador demuestra que la falta de conformidad es imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado y es imprevisible o inevitable.

73

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que las situaciones resultantes de la adopción de actos de poder público, como la demolición de una infraestructura turística en ejecución de una decisión de una autoridad pública, no están comprendidas en el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido de dicha disposición, cuando esos actos se hayan adoptado tras un procedimiento que haya permitido a los interesados, como el organizador de viajes de que se trate o sus eventuales prestadores de servicios de viaje, tener conocimiento de ellas con suficiente antelación antes de su ejecución.

Costas

74

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 14, apartado 3, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE, en relación con el artículo 4 de la misma Directiva,

2)

El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2015/2302

3)

El artículo 14, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2302

4)

El artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302