2024-09-202409C126202304030-00-TRA-DOC-ES-ARRET-C-0403-23-202407008-07

Sentencia de 26.9.2024 — Asuntos acumulados C‑403/23 y C‑404/23

Luxone

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)

de 26 de septiembre de 2024 ( * )

«Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2004/18/CE — Artículo 47, apartado 3 — Artículo 48, apartado 4 — Exclusión del procedimiento de adjudicación de un licitador — Exclusión de la posibilidad de reducir la composición inicial de la unión temporal de empresas que presentó una oferta — Incompatibilidad — Período de validez de una oferta — Falta de caducidad de la oferta vencida — Obligación resultante de la jurisprudencia de retirar expresamente esta oferta — Pérdida de la garantía provisional que acompaña a dicha oferta — Aplicación automática de esta medida — Artículo 2 — Principios relativos a la adjudicación de los contratos públicos — Principio de proporcionalidad — Principio de igualdad de trato — Obligación de transparencia — Incumplimiento»

En los asuntos acumulados C‑403/23 y C‑404/23,

que tienen por objeto dos peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), mediante resoluciones de 16 de junio de 2023, recibidas en el Tribunal de Justicia el 30 de junio y el 3 de julio de 2023, en los procedimientos entre

Luxone Srl, actuando por cuenta propia y en calidad de mandatario de la unión temporal de empresas que debe constituirse junto con Iren Smart Solutions SpA (C‑403/23),

Sofein SpA, anteriormente Gi One SpA (C‑404/23)

Consip SpA,

con intervención de:

Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA,

Sofein SpA, anteriormente Gi One SpA (C‑403/23),

Iren Smart Solutions SpA,

Consorzio Stabile Energie Locali Scarl,

City Green Light Srl,

Enel Sole Srl,

Luxone Srl (C‑404/23),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),

integrado por el Sr. N. Piçarra, Presidente de Sala, y los Sres. N. Jääskinen y M. Gavalec (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. P. Pikamäe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–	en nombre de Luxone Srl, que actúa por cuenta propia y en calidad de mandatario de la unión temporal de empresas que debía constituirse con Iren Smart Solutions SpA, así como de Sofein SpA, por el Sr. P. Leozappa, avvocato;

–	en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. A. De Curtis, la Sra. L. Fiandaca y el Sr. D. G. Pintus, avvocati dello Stato;

–	en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Gattinara y G. Wils, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114), del artículo 6 TUE, de los artículos 49 TFUE, 50 TFUE, 54 TFUE y 56 TFUE, de los artículos 16, 49, 50 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y del artículo 4 del Protocolo n.o 7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984.

Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios entre Luxone Srl, actuando por cuenta propia y en calidad de mandataria de la unión temporal de empresas que debe constituirse con Iren Smart Solutions SpA, en el asunto C‑403/23, y Sofein SpA, anteriormente Gi One SpA, en el asunto C‑404/23, y un mismo poder adjudicador, Consip SpA, respectivamente, en relación con las resoluciones por las que este último, por una parte, excluyó a la unión temporal de empresas, de la que Luxone y Sofein formaban parte, de un procedimiento de contratación pública y, por otra parte, ejecutó la garantía provisional que los miembros de dicha unión temporal habían constituido para participar en ese procedimiento.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2004/18

3	Los considerandos 2 y 32 de la Directiva 2004/18 exponían:

«(2) La adjudicación de contratos celebrados en los Estados miembros por cuenta de autoridades estatales, regionales o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al acatamiento de los principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública. Por consiguiente, dichas disposiciones de coordinación deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del Tratado.

[…]

(32) Con el fin de favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas [(pymes)] a los contratos públicos, conviene prever disposiciones en materia de subcontratación.»

4	El artículo 2 de esta Directiva, que llevaba por título «Principios de adjudicación de contratos», disponía lo siguiente:

«Los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con transparencia.»

5	Bajo el epígrafe «Operadores económicos», el artículo 4 de la citada Directiva establecía, en su apartado 2:

«Estarán autorizadas a licitar o presentarse como candidatos las agrupaciones de operadores económicos. Para la presentación de una oferta o de una solicitud de participación, los poderes adjudicadores no podrán exigir que las agrupaciones de operadores económicos tengan una forma jurídica determinada, pero la agrupación seleccionada podrá ser obligada a asumir una forma jurídica determinada cuando se le haya adjudicado el contrato, en la medida en que dicha transformación sea necesaria para la correcta ejecución del mismo.»

6	El artículo 45 de la misma Directiva, titulado «Situación personal del candidato o del licitador», disponía, en su apartado 2:

«Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador económico:

[…]

c) que haya sido condenado por sentencia con autoridad de cosa juzgada según las disposiciones legales del país y en la que se aprecie un delito que afecte a su moralidad profesional;

d) que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por cualquier medio que los poderes adjudicadores puedan justificar;

[…]

g) que se le considere gravemente culpable de hacer declaraciones falsas al proporcionar la información exigida en aplicación de la presente Sección o que no haya proporcionado dicha información.

Los Estados miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y respetando el Derecho comunitario, las condiciones de aplicación del presente apartado.»

7	El artículo 47 de la Directiva 2004/18, titulado «Capacidad económica y financiera», señalaba en sus apartados 2 y 3:

«2. En su caso, y para un contrato determinado, el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante el poder adjudicador que dispondrá de los medios necesarios, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso de dichas entidades a tal efecto.

3. En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 4 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.»

8	Bajo el título «Capacidad técnica y profesional», el artículo 48 de esta Directiva establecía:

«1. Las capacidades técnicas y profesionales de los operadores económicos se evaluarán y comprobarán de conformidad con los apartados 2 y 3.

[…]

3. En su caso, y para un contrato determinado, el operador económico podrá basarse en las capacidades de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, deberá demostrar ante el poder adjudicador que dispondrá de los medios necesarios para la ejecución del contrato, por ejemplo, mediante la presentación del compromiso de dichas entidades de poner a disposición del operador económico los medios necesarios.

4. En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 4 podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.»

Con el título «Información que debe figurar en los anuncios de contratos públicos», el anexo VII A de dicha Directiva establecía, en los puntos 14 y 21 de su sección dedicada al «anuncio de licitación», que un anuncio de licitación debía mencionar, respectivamente, «en su caso, [los] depósitos y [las] garantías exigidos», así como el «plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (procedimientos abiertos)».

Directiva 2004/17/CE

De los artículos 3 a 9 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO 2004, L 134, p. 1), se desprende que esta Directiva se aplicaba a los contratos públicos relativos a una o varias actividades en los siguientes ámbitos: el gas, la calefacción y la electricidad; el agua; los servicios de transporte; los servicios postales y la prospección y extracción de petróleo, gas, carbón y otros combustibles sólidos.

11	El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2004/17 estaba redactado en los mismos términos que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2004/18, salvo que la expresión «los poderes adjudicadores» se sustituía por una referencia a las «entidades adjudicadoras».

Derecho italiano

El decreto legislativo n. 163 — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Decreto Legislativo n.o 163, por el que se aprueba el Código de Contratación Pública de Obras, Servicios y Suministros, en transposición de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE), de 12 de abril de 2006 (GURI n.o 100, de 2 de mayo de 2006, suplemento ordinario n.o 107; en lo sucesivo, «antiguo Código de Contratación Pública»), contenía un artículo 11, titulado «Fases de los procedimientos de adjudicación de contratos», que disponía, en su apartado 6:

«Cada licitador podrá presentar una sola oferta. La oferta será vinculante durante el período indicado en el anuncio de licitación o en la invitación a presentar una oferta y, en caso de que este no se indique, durante 180 días a partir del vencimiento del plazo para su presentación. La entidad adjudicadora podrá solicitar a los licitadores la ampliación de dicho período.»

13	El artículo 37 del antiguo Código de Contratación Pública, titulado «Agrupaciones temporales y consorcios ordinarios de licitadores», establecía en sus apartados 8 a 10, 18 y 19:

«8. Podrán presentar ofertas las personas a las que se hace referencia en el artículo 34, apartado 1, letras d) y e), aún en el supuesto de que todavía no se hayan constituido. En tal caso, la oferta deberá estar firmada por todos los operadores económicos que vayan a constituir las agrupaciones temporales o consorcios ordinarios de licitadores y deberá incluir el compromiso de que, en caso de resultar adjudicatarios, dichos operadores otorgarán un mandato colectivo especial de representación a uno de ellos, designado en la oferta y calificado de mandatario, que suscribirá el contrato en su nombre y por cuenta propia y de los mandantes.

9. […] Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 18 y 19, se prohíbe cualquier modificación de la composición de las agrupaciones temporales y los consorcios ordinarios de licitadores respecto a la indicada en el compromiso presentado con la oferta.

10. El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el apartado anterior conllevará la anulación de la adjudicación o la nulidad del contrato, además de la exclusión de los licitadores que integren la agrupación o consorcio ordinario de licitadores concomitantes o posteriores de los procedimientos de adjudicación del mismo contrato.

[…]

18. En caso de insolvencia del mandatario o, cuando se trate de un empresario individual, en caso de muerte, incapacidad, inhabilitación o insolvencia, o bien en los casos establecidos en la normativa antimafia, el poder adjudicador podrá continuar la ejecución del contrato con otro operador económico designado como mandatario conforme a lo dispuesto en el presente Código, siempre que cumpla los correspondientes requisitos de cualificación aplicables a los contratos de obras, servicios o suministros pendientes de ejecución. En el supuesto de que no se cumplan tales condiciones, el poder adjudicador podrá resolver el contrato público.

19. En caso de insolvencia de uno de los mandantes o, cuando se trate de un empresario individual, en caso de muerte, incapacidad, inhabilitación o insolvencia, o bien en los casos establecidos en la normativa antimafia, el mandatario, si no designa a efectos de su sustitución a otro operador económico que cumpla los requisitos de aptitud antes mencionados, deberá ejecutar el contrato, directamente o a través de los otros mandantes, siempre que estos cumplan los correspondientes requisitos de cualificación aplicables a los contratos de obras, servicios o suministros pendientes de ejecución.»

14	El artículo 38 de dicho Código, titulado «Condiciones generales», contenía un apartado 1, letra f), del siguiente tenor:

«Se excluirá de la participación en los procedimientos de adjudicación de concesiones y de contratos públicos de obras, suministros y servicios, y no podrán intervenir en calidad de subcontratistas ni celebrar contratos relacionados con ellos, a las personas:

[…]

f) que, según la apreciación motivada del poder adjudicador, hayan incurrido en negligencia grave o mala fe en la ejecución de las prestaciones que les haya atribuido el poder adjudicador que publicó el anuncio de licitación o que hayan cometido una falta grave en el ejercicio de su actividad profesional, constatada por cualquier medio de prueba por el poder adjudicador […]».

15	El artículo 48 de dicho Código, titulado «Verificación del cumplimiento de los requisitos», establecía, en su apartado 1:

«Los poderes adjudicadores, antes de abrir las plicas de las ofertas presentadas, requerirán a un número de licitadores no inferior al 10 % de las ofertas presentadas, redondeado a la unidad superior, que se elegirán mediante sorteo público, que demuestren en los diez días siguientes a la fecha de ese requerimiento que cumplen los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica y organizativa exigidos en su caso en el anuncio de licitación, presentando la documentación indicada en dicho anuncio o en la carta de invitación. Los poderes adjudicadores, con ocasión de tal control, comprobarán el cumplimiento del requisito de cualificación para realizar las obras mediante el registro informatizado a que se refiere el artículo 7, apartado 10, o a través del sitio Internet del Ministerio de Infraestructuras y Transportes, en el caso de los contratos adjudicados a contratistas generales; por lo que respecta a los suministradores y los prestadores de servicios, la comprobación del cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 42, apartado 1, letra a), del presente Código se efectuará mediante la base de datos nacional de contratación pública a que se refiere el artículo 6 bis del presente Código. Si no se aporta dicha prueba, o si esta no confirma las declaraciones que figuran en la solicitud de participación o en la oferta, los poderes adjudicadores excluirán al licitador y ejecutarán la correspondiente fianza provisional e informarán de ello a la autoridad a efectos de la adopción de las medidas contempladas en el artículo 6, apartado 11. La autoridad procederá asimismo a la suspensión, por un período de uno a doce meses, [del derecho a] participar en los procedimientos de licitación.»

16	A tenor del artículo 75 del mismo Código, titulado «Garantías que acompañan a la oferta»:

«1. La oferta irá acompañada de una garantía igual al dos por ciento del precio base indicado en el anuncio de licitación o en la invitación, en la forma de fianza o de aval, a elección del licitador. […]

[…]

6. La garantía cubrirá la falta de firma del contrato imputable al adjudicatario, y se liberará automáticamente cuando se firme el contrato.

[…]

9. El poder adjudicador, cuando comunique la adjudicación a los no adjudicatarios, liberará al mismo tiempo las garantías de estos previstas en el apartado 1, sin demora y, en cualquier caso, en un plazo no superior a treinta días a partir de la adjudicación del contrato, incluso cuando la garantía siga siendo válida.»

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

17	Mediante un anuncio publicado el 21 de diciembre de 2015, Consip convocó una licitación abierta para la adjudicación de un contrato dividido en doce lotes y destinado a la prestación de un servicio de alumbrado y de servicios conexos y opcionales.

Una unión temporal de empresas que debía constituirse, de la que Luxone era líder (en lo sucesivo, «UTE Luxone»), presentó una oferta para cuatro de esos doce lotes. Esta unión temporal incluía también a Consorzio Stabile Energie Locali Scarl (en lo sucesivo, «CSEL»), a Iren Servizi e Innovazione SpA (actualmente Iren Smart Solutions), a Gestione Integrata Srl y a Exitone SpA.

19	Mediante escrito de 28 de septiembre de 2018, Gi One, actualmente Sofein, solicitó a Consip que tomara nota de que sucedía a Exitone y a Gestione Integrata «en todos sus derechos y obligaciones».

Aunque Consip se reservó el derecho, al inicio del procedimiento de control de las anomalías de las ofertas, de apreciar si Exitone cumplía sin interrupción los requisitos de carácter general establecidos en el artículo 38 del antiguo Código de Contratación Pública, no inició un procedimiento posterior.

El procedimiento de adjudicación del contrato controvertido en los litigios principales, que debía finalizar a más tardar el 18 de abril de 2017, fue objeto de ocho prórrogas con la «finalidad de conceder a Consip el tiempo necesario para finalizar el procedimiento». Cada una de estas prórrogas implicó la necesidad, por una parte, de confirmar las ofertas que, entretanto, habían expirado y, por otra parte, de prorrogar las garantías provisionales que acompañaban a dichas ofertas.

Tras la formulación, el 2 de marzo de 2020, de la séptima solicitud de confirmación de estas ofertas, los miembros de la UTE Luxone informaron a Consip, mediante escrito de 30 de marzo de 2020, de que Luxone e Iren Smart Solutions confirmaban las ofertas que habían presentado anteriormente, pero que Sofein y CSEL no las confirmaban. En esencia, estas últimas indicaban que, habida cuenta de la duración de las operaciones preparatorias para la adjudicación del contrato controvertido en los litigios principales, las ofertas formuladas en 2016 «ya no [serían] viables desde el punto de vista comercial ni desde el punto de vista de una buena y prudente gestión de las empresas».

23	Mediante escrito de 9 de junio de 2020, Consip solicitó por octava vez a todos los miembros de la UTE Luxone la confirmación de la oferta que había expirado, así como la prórroga de la validez de la garantía provisional correspondiente hasta el 30 de noviembre de 2020.

24	Mediante escrito de 18 de junio de 2020, al que Consip no respondió, Luxone e Iren Smart Solutions reiteraron sus ofertas, recordando al mismo tiempo que, por su parte, Sofein y CSEL no deseaban confirmar las suyas.

Mediante escrito de 30 de septiembre de 2020, Consip inició un procedimiento para comprobar que se cumplía el requisito establecido en el artículo 38, apartado 1, letra f), del antiguo Código de Contratación Pública y apreciar la legalidad de la retirada de Sofein y de CSEL. Consip consideraba, en efecto, que, al no haber confirmado sus ofertas, estas dos sociedades se habrían «retirado» ilegalmente de la UTE Luxone.

26	Mediante resolución de 11 de noviembre de 2020 (en lo sucesivo, «resolución de exclusión de 11 de noviembre de 2020»), Consip excluyó a la UTE Luxone del procedimiento de adjudicación del contrato controvertido en los litigios principales.

En primer lugar, Consip señalaba que el artículo 11, apartado 6, del antiguo Código de Contratación Pública confería al único licitador, es decir, en el caso de autos, la UTE Luxone en su conjunto, el derecho a desvincularse de la oferta una vez transcurrido un determinado plazo. Por consiguiente, este derecho no puede ser ejercido únicamente por una parte de los miembros de esa unión temporal de empresas.

En segundo lugar, Consip reprochaba, más concretamente, a Sofein haberse retirado de dicha unión temporal de empresas para eludir el artículo 38, apartado 1, de dicho Código. En efecto, en virtud de esta disposición, Sofein debería haber sido excluida del procedimiento de adjudicación del contrato controvertido en los litigios principales, debido a los comportamientos de las dos sociedades a las que había sucedido que podían afectar a su fiabilidad y de los que debía responder. Consip también reprochaba a Sofein conductas penalmente sancionables.

En tercer lugar, Consip alegaba una supuesta «falta de moralidad profesional» de Luxone, que, a su juicio, se ponía de manifiesto por el enjuiciamiento por obstrucción de los procedimientos públicos de licitación y la sentencia dictada el 14 de julio de 2020 por el Tribunale di Messina (Tribunal de Mesina, Italia) contra el presidente, hasta el 22 de julio de 2019, de la sociedad a la que sucedió Luxone.

30	En cuarto lugar, Consip reprochaba a CSEL haberse retirado de la UTE Luxone para ocultar, en esencia, que dicha sociedad no cumplía los requisitos establecidos y que no disponía de los medios necesarios para la ejecución del contrato controvertido en los litigios principales.

31	Mediante resolución de 12 de noviembre de 2020, Consip ordenó la ejecución de las garantías provisionales, por un importe total de 2 950 000 euros, que se habían constituido para los cuatro lotes para los que había licitado la UTE Luxone.

En respuesta a las resoluciones de Consip de 11 y 12 de noviembre de 2020, CSEL alegó, mediante escrito de 20 de noviembre de 2020, que cumplía todos los requisitos previstos para participar en el procedimiento en cuestión en los litigios principales. Sostuvo, por otra parte, que la falta de confirmación por parte de CSEL de la oferta, que no podía calificarse de retirada de la UTE Luxone, se inscribía en el marco de una reorganización global de la empresa.

33	Mediante escrito de 10 de diciembre de 2020, Consip confirmó la resolución de exclusión de 11 de noviembre de 2020.

Luxone, actuando por cuenta propia y en calidad de mandataria de la UTE Luxone, y Sofein impugnaron infructuosamente, mediante dos recursos distintos presentados ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), la resolución de exclusión de 11 de noviembre de 2020 y la resolución de 12 de noviembre de 2020. Asimismo, interpusieron recurso de apelación contra las sentencias de dicho tribunal ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente.

35	Este último órgano jurisdiccional indica que ordenó la suspensión de la ejecución de las garantías provisionales, debido en particular a la magnitud de su importe total.

Dicho órgano jurisdiccional considera oportuno, antes incluso de examinar los recursos en cuanto se dirigen contra la resolución de exclusión de 11 de noviembre de 2020, evaluar la compatibilidad con el Derecho de la Unión del artículo 11, apartado 6, del antiguo Código de Contratación Pública, interpretado por los tribunales de lo contencioso-administrativo italianos en el sentido de que la falta de confirmación de una oferta o la confirmación únicamente parcial de esta, en el momento en que dicha oferta llega a su vencimiento y pierde su carácter vinculante para el licitador afectado, se asimila a la retirada de la unión temporal de empresas que la había presentado.

En caso de retirada de algunos miembros de tal unión temporal de empresas, el citado órgano jurisdiccional considera que los artículos 11, apartado 6, 37, apartados 8 a 10, 18, 19 y 38, apartado 1, letra f), de este Código obligaban al poder adjudicador a excluir a los operadores de esa unión temporal de empresas, habida cuenta de la prohibición de modificar la composición de esta. Las únicas excepciones al principio de inmutabilidad de una unión temporal de empresas se indicaban en el artículo 37, apartados 18 y 19, del citado Código.

La razón de ser de la norma que figura en el artículo 11, apartado 6, del antiguo Código de Contratación Pública era garantizar el mantenimiento de la oferta presentada a lo largo de toda la duración previsible del procedimiento de adjudicación del contrato público, y no limitar su efecto en el tiempo. Para el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), esta disposición no significaba que dicha oferta caducara de pleno Derecho una vez transcurrido el plazo, sino únicamente que el licitador afectado podía desvincularse de la misma, siempre que se acogiera expresamente esta facultad. Además, el principio de inmutabilidad subjetiva de una unión temporal de empresas se aplicó incluso en los casos en que dicha unión aún no se había constituido formalmente.

Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que, en el caso de autos, la exclusión de la UTE Luxone del procedimiento de adjudicación del contrato controvertido en los litigios principales también está justificada por la actitud de Sofein, que intentó, retirándose de dicha unión, eludir el control de su «fiabilidad moral» que se había anunciado. Pues bien, de la jurisprudencia del Consiglio di Stato (Consejo de Estado) se desprende que la retirada de uno de los miembros de una unión temporal de empresas debe obedecer a necesidades organizativas propias de la asociación temporal de empresas o del consorcio.

40	El órgano jurisdiccional remitente considera que las disposiciones impugnadas del antiguo Código de Contratación Pública son compatibles con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2004/18, así como con el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2004/17, que está redactado de manera similar.

Sin embargo, Luxone y Sofein critican la jurisprudencia del Consiglio di Stato (Consejo de Estado) en la medida en que, en la práctica, obliga a los miembros de una unión temporal de empresas a permanecer vinculados por su oferta por tiempo indefinido, incluso cuando esta oferta vinculante ha vencido varias veces. Consideran que tal interpretación es contraria al principio de libertad de empresa garantizado en el artículo 16 de la Carta, a los principios de proporcionalidad y de competencia, así como a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios consagradas en los artículos 49 TFUE, 50 TFUE, 54 TFUE y 56 TFUE.

El órgano jurisdiccional remitente reconoce que, muy especialmente en procedimientos que se prolongan significativamente en el tiempo, la prohibición de que un miembro de tal unión se desvincule de la oferta presentada que ha llegado nuevamente a vencimiento, so pena de exclusión de esa unión en su conjunto, parece desproporcionada para garantizar la seriedad de esa oferta, al menos cuando los operadores económicos que han confirmado dicha oferta siguen pudiendo cumplir ellos mismos todos los requisitos de participación en el procedimiento de adjudicación del contrato público. Pues bien, de conformidad con el artículo 2 de la Directiva 2004/18, en relación con su considerando 2, las medidas adoptadas por los Estados miembros no deben ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Por otra parte, Luxone y Sofein sostienen que la ilegalidad de la resolución de 12 de noviembre de 2020, relativa a la ejecución de las garantías provisionales, se deriva de la ilegalidad de la resolución de exclusión de 11 de noviembre de 2020, así como de sus propios vicios. La ejecución de estas garantías solo podría producirse, en efecto, en los dos supuestos previstos, respectivamente, en los artículos 48, apartado 1, y 75, apartado 6, del antiguo Código de Contratación Pública, a saber, cuando el licitador objeto de la verificación no pruebe que cumplía «los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica y organizativa» y cuando no se haya firmado el contrato por una causa «imputable al adjudicatario». Ahora bien, ninguno de estos dos supuestos resulta de aplicación en los litigios principales.

A pesar de que la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia) concluyó, en su sentencia n.o 198, de 26 de julio de 2022, que la ejecución de una garantía no tenía carácter de sanción penal, el órgano jurisdiccional remitente considera, al igual que Luxone y Sofein, que, a causa de la magnitud del «sacrificio patrimonial» que se impone a dichas sociedades, la ejecución automática de las garantías provisionales tiene para las citadas sociedades las características de tal sanción.

A este respecto, el artículo 49, apartado 3, de la Carta precisa que «la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción». Asimismo, el artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en París el 20 de marzo de 1952, y el artículo 17 de la Carta se han interpretado en el sentido de que pretenden garantizar el respeto de la proporcionalidad entre el comportamiento adoptado y la sanción impuesta, prohibiendo restringir sin motivo el derecho de propiedad y, por tanto, evitando un «sacrificio excesivo y desproporcionado» con respecto al objetivo perseguido. El principio de proporcionalidad también se expresa de manera general en el considerando 2 de la Directiva 2004/18.

46	En tales circunstancias, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se oponen la Directiva [2004/18], los artículos 16 y 52 de la [Carta] y los principios de proporcionalidad, competencia, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios contemplados en los artículos 49 TFUE, 50 TFUE, 54 TFUE y 56 TFUE a una normativa nacional [artículos 11, apartado 6, 37, apartados 8, 9, 10, 18 y 19, y 38, apartado 1, letra f), del antiguo Código de Contratación Pública], que, en caso de vencimiento del plazo de validez de la oferta inicialmente presentada por una unión temporal de empresas que debe constituirse, excluye la posibilidad de reducir, en el momento de la ampliación de la validez temporal de esa oferta, la composición inicial de la unión, y, en particular, es compatible tal normativa nacional con los principios generales del Derecho de la Unión Europea de libre iniciativa económica y de efecto útil y con el artículo 16 de la [Carta]?

2) ¿Se oponen la Directiva [2004/18], los artículos 16, 49, 50 y 52 de la [Carta], el artículo 4 del Protocolo n.o 7 del [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales], el artículo 6 TUE y los principios de proporcionalidad, competencia, libertad de establecimiento y libre prestación de servicios contemplados en los artículos 49 TFUE, 50 TFUE, 54 TFUE y 56 TFUE a una normativa nacional [artículos 38, apartado 1, letra f), 48 y 75 del antiguo Código de Contratación Pública] que establece la aplicación de la sanción de ejecución de la garantía provisional, como consecuencia automática de la exclusión de un operador económico de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios, con independencia de que dicho operador haya resultado o no adjudicatario del citado procedimiento?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde esta óptica, el Tribunal de Justicia puede tener que tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que no se haya referido el juez nacional en su cuestión prejudicial. En efecto, el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional, en el plano formal, haya formulado una cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a ese órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto del que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. Corresponde, pues, al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 1990, SARPP, C‑241/89, EU:C:1990:459, apartado 8, y de 5 de diciembre de 2023, Nordic Info, C‑128/22, EU:C:2023:951, apartado 99 y jurisprudencia citada).

En el caso de autos, el contrato controvertido en los litigios principales no tiene por objeto una o varias de las actividades mencionadas en los artículos 3 a 9 de la Directiva 2004/17 a las que esta se aplica. Por lo tanto, procede considerar que dicho contrato está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18.

En estas circunstancias, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 47, apartado 3, y 48, apartado 4, de la Directiva 2004/18, en relación con el principio general de proporcionalidad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que excluye la posibilidad de que miembros iniciales de una unión temporal de empresas licitadora se retiren de esa unión temporal de empresas, cuando venza el plazo de validez de la oferta presentada por dicha unión y el poder adjudicador solicite la prórroga de la validez de las ofertas que le han sido presentadas.

De entrada, procede recordar que los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18 confieren al operador económico el derecho a basarse, por una parte, en las capacidades económicas y financieras y, por otra, en las capacidades técnicas y profesionales de los participantes en la unión o de otras entidades, siempre que demuestre al poder adjudicador que la unión dispondrá de los medios necesarios para ejecutar el contrato. De este modo, esta Directiva permite acumular capacidades de varios operadores económicos para cumplir las exigencias mínimas de capacidad establecidas por el poder adjudicador, siempre que el candidato o el licitador que invoca capacidades de una o más entidades pruebe al poder adjudicador que tendrá efectivamente a su disposición los medios de esas últimas que sean necesarios para la ejecución del contrato. Dicha interpretación es conforme con el objetivo de abrir los contratos públicos a la mayor competencia posible que persiguen las directivas en la materia en beneficio no solo de los operadores económicos, sino también de los poderes adjudicadores. Tal interpretación puede también facilitar el acceso de las pymes a los contratos públicos, lo que persigue también la Directiva 2004/18, como señala su considerando 32 (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de octubre de 2013, Swm Costruzioni 2 y Mannocchi Luigino, C‑94/12, EU:C:2013:646, apartados 29, 33 y 34, y de 2 de junio de 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, apartados 25 a 27).

Asimismo, de los artículos 47, apartado 3, y 48, apartado 4, de la citada Directiva se desprende que las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 4 de dicha Directiva podrán, en las mismas condiciones, basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades.

Dicho esto, ni el artículo 47, apartado 3, ni el artículo 48, apartado 4, de la Directiva 2004/18 establecen ninguna regla referida específicamente a las modificaciones acaecidas en la composición de una agrupación de operadores económicos licitadora, de modo que la normativa referente a dicha situación es competencia de los Estados miembros (véase, por analogía, la sentencia de 24 de mayo de 2016, MT Højgaard y Züblin, C‑396/14, EU:C:2016:347, apartado 35).

En el caso de autos, del artículo 37, apartados 9, 10, 18 y 19, del antiguo Código de Contratación Pública resulta que, salvo en caso de insolvencia del líder o de un miembro de una unión temporal de empresas, estaba prohibida cualquier modificación que afectara a la composición inicial de tal unión, so pena de excluir a todos los miembros de dicha unión del procedimiento de contratación pública.

No obstante, esta prohibición de modificar la composición de una unión temporal de empresas debe apreciarse a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión, en particular del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia que se deriva de este último y del principio de proporcionalidad (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de mayo de 2016, MT Højgaard y Züblin, C‑396/14, EU:C:2016:347, apartado 36).

El principio de proporcionalidad, mencionado en el considerando 2 de la Directiva 2004/18, exige que las normas establecidas por los Estados miembros o por los poderes adjudicadores en la ejecución de lo dispuesto en la citada Directiva no vayan más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por la misma Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de diciembre de 2008, Michaniki, C‑213/07, EU:C:2008:731, apartado 48, y de 7 de septiembre de 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, apartado 155).

El principio de igualdad de trato concede a los licitadores las mismas oportunidades en la redacción de los términos de sus ofertas, lo que implica que tales ofertas estén sujetas a los mismos requisitos para todos los licitadores. El objetivo de la obligación de transparencia, que constituye su corolario, es garantizar que no exista riesgo alguno de favoritismo y de arbitrariedad por parte del poder adjudicador. Esta obligación implica que todas las condiciones y la regulación del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, en primer lugar, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, en segundo lugar, el poder adjudicador pueda comprobar efectivamente que las ofertas de los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de noviembre de 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C:2014:2345, apartado 44, y de 2 de junio de 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, apartado 36).

Los principios de transparencia y de igualdad de trato que rigen todos los procedimientos de adjudicación de contratos públicos exigen que los requisitos de fondo y de forma relativos a la participación en la licitación estén definidos claramente por anticipado y que sean hechos públicos, en particular las obligaciones que recaen sobre los licitadores, a fin de que estos puedan conocer exactamente los imperativos del procedimiento y tener la seguridad de que se aplican los mismos requisitos a todos los participantes (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de febrero de 2006, La Cascina y otros, C‑226/04 y C‑228/04, EU:C:2006:94, apartado 32, y de 2 de junio de 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, apartado 37).

58	A este respecto, el punto 21 del anexo VII A de la Directiva 2004/18 establece que el «plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (procedimientos abiertos)» forma parte integrante de la información que debe figurar en los anuncios de licitación.

Pues bien, en primer lugar, de la sentencia de 24 de mayo de 2016, MT Højgaard y Züblin (C‑396/14, EU:C:2016:347), apartados 44 y 48, se desprende que los artículos 47, apartado 3, y 48, apartado 4, de la Directiva 2004/18 deben interpretarse en el sentido de que los miembros de una unión temporal de empresas pueden, sin vulnerar el principio de igualdad de trato, retirarse de esta, siempre que se demuestre, por una parte, que los miembros restantes de dicha unión temporal de empresas cumplen los requisitos de participación en el procedimiento de adjudicación de un contrato público definidos por el poder adjudicador y, por otra parte, que la continuación de su participación en dicho procedimiento no implica un deterioro de la situación competitiva de los demás licitadores.

60	Por consiguiente, al imponer estrictamente el mantenimiento de la identidad jurídica y material de una unión temporal de empresas, el artículo 37, apartados 9, 10, 18 y 19, del antiguo Código de Contratación Pública vulnera manifiestamente el principio de proporcionalidad.

Ello es tanto más cierto cuanto que no se prevé ninguna excepción para el supuesto de que el poder adjudicador solicite en varias ocasiones la prórroga de la fecha de validez de las ofertas. Pues bien, tal prórroga exige a todos los miembros de una unión temporal de empresas, por una parte, inmovilizar determinados recursos, tanto personales como materiales, ante la perspectiva de una eventual adjudicación del contrato de que se trate y, por otra parte, ampliar el período de validez de la garantía provisional constituida, lo que puede suponer una importante carga, en particular para una pyme.

En segundo lugar, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente interpretaba el artículo 11, apartado 6, del antiguo Código de Contratación Pública en el sentido de que no implicaba la caducidad de pleno Derecho de la oferta una vez transcurrido el plazo indicado en la misma. Por tanto, el licitador debía hacer uso expresamente de la facultad de desvincularse de su oferta. De la petición de decisión prejudicial también se desprende que la precisión de que la retirada de un miembro de una unión temporal de empresas debía obedecer a necesidades organizativas propias de dicha unión temporal se deriva únicamente de la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente.

Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que una situación en la que los requisitos de participación en un procedimiento de adjudicación de un contrato público se derivan de la interpretación jurisprudencial del Derecho nacional es particularmente perjudicial para los licitadores establecidos en otros Estados miembros, en la medida en que su nivel de conocimiento de ese Derecho nacional y de su interpretación no puede compararse con el de los licitadores del Estado miembro de que se trate (sentencia de 2 de junio de 2016, Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, apartado 46, y auto de 13 de julio de 2017, Saferoad Grawil y Saferoad Kabex, C‑35/17, EU:C:2017:557, apartado 22).

Por último, en la medida en que también se ha reprochado a las dos sociedades que se negaron a renovar su oferta haber intentado evitar el control del cumplimiento de los criterios de selección y, por tanto, eludir la exclusión del procedimiento de adjudicación del contrato controvertido en los litigios principales, es preciso añadir que, si bien el poder adjudicador puede, en todo momento, comprobar la fiabilidad de los miembros de una unión temporal de empresas y, de ese modo, asegurarse de que no están incursos en ninguna de las causas de exclusión de un procedimiento de contratación pública enumeradas en el artículo 45 de la Directiva 2004/18, le corresponde velar, en el marco de dicha apreciación, por respetar el principio de proporcionalidad, tal como se define en el apartado 55 de la presente sentencia.

Por consiguiente, al aplicar motivos facultativos de exclusión de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, un poder adjudicador debe prestar una atención aún mayor a este principio cuanto que la exclusión prevista por la normativa nacional afecta a la totalidad de una agrupación de operadores económicos no por un incumplimiento imputable a la totalidad de sus miembros, sino por un incumplimiento cometido únicamente por uno o varios de ellos en solitario y sin que el líder de dicha agrupación haya dispuesto de ningún poder de control sobre el operador o los operadores económicos con los que pretendía constituir tal agrupación (véanse, por analogía, las sentencias de 30 de enero de 2020, Tim, C‑395/18, EU:C:2020:58, apartado 48, y de 7 de septiembre de 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, apartado 156).

En efecto, el principio de proporcionalidad obliga al poder adjudicador a efectuar una apreciación concreta e individualizada de la actitud de la entidad afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Forposta y ABC Direct Contact, C‑465/11, EU:C:2012:801, apartado 31). A este respecto, el poder adjudicador debe tener en cuenta los medios de que disponía el licitador para comprobar la existencia de un incumplimiento con respecto a la entidad a cuya capacidad tenía intención de recurrir (sentencias de 3 de junio de 2021, Rad Service y otros, C‑210/20, EU:C:2021:445, apartado 40, y de 7 de septiembre de 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C‑927/19, EU:C:2021:700, apartado 157).

En estas circunstancias, los artículos 47, apartado 3, y 48, apartado 4, de la Directiva 2004/18, en relación con el principio general de proporcionalidad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que excluye la posibilidad de que miembros iniciales de una unión temporal de empresas licitadora se retiren de esa unión temporal de empresas, cuando venza el plazo de validez de la oferta presentada por dicha unión y el poder adjudicador solicite la prórroga de la validez de las ofertas que le han sido presentadas, siempre que se demuestre, por una parte, que los miembros restantes de la misma unión cumplen los requisitos definidos por el poder adjudicador y, por otra parte, que la continuación de su participación en el procedimiento de adjudicación en cuestión no supone un deterioro de la situación competitiva de los demás licitadores.

Segunda cuestión prejudicial

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato y la obligación de transparencia, tal como se enuncian en el artículo 2 y en el considerando 2 de la Directiva 2004/18, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que prevé la ejecución automática de la garantía provisional constituida por un licitador a raíz de su exclusión de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios, aun cuando no se le haya adjudicado el servicio en cuestión.

A este respecto, como se desprende de los apartados 61 y 62 de la sentencia de 28 de febrero de 2018, MA.T.I. SUD y Duemme SGR (C‑523/16 y C‑536/16, EU:C:2018:122), el establecimiento previo por el poder adjudicador de la cuantía de la garantía provisional que debe constituirse en el anuncio de licitación responde, ciertamente, a las exigencias que se derivan de los principios de igualdad de trato entre los licitadores, de transparencia y de seguridad jurídica, en la medida en que permite objetivamente evitar cualquier trato discriminatorio o arbitrario de estos por dicho poder adjudicador. No obstante, la ejecución automática de esta garantía así establecida, con independencia de la naturaleza de las regularizaciones eventualmente efectuadas por el licitador negligente y, por tanto, sin que tampoco exista motivación individualizada alguna, no parece compatible con las exigencias que resultan del respeto del principio de proporcionalidad.

Del mismo modo, si bien la ejecución de dicha garantía constituye un medio adecuado para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por el Estado miembro de que se trate, relativos a la necesidad, por una parte, de responsabilizar a los licitadores en la presentación de sus ofertas y, por otra parte, de compensar la carga económica que representa para el poder adjudicador el control de la regularidad de las ofertas, el importe que alcanza en una situación como la controvertida en los litigios principales resulta manifiestamente excesivo en relación con el desarrollo del procedimiento de licitación de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2018, MA.T.I. SUD y Duemme SGR, C‑523/16 y C‑536/16, EU:C:2018:122, apartados 63 y 64).

Por consiguiente, procede considerar que los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato y la obligación de transparencia, tal como se enuncian en el artículo 2 y en el considerando 2 de la Directiva 2004/18, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que prevé la ejecución automática de la garantía provisional constituida por un licitador a raíz de su exclusión de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios, aun cuando no se le haya adjudicado el servicio en cuestión.

Costas

Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:

Los artículos 47, apartado 3, y 48, apartado 4, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en relación con el principio general de proporcionalidad,

deben interpretarse en el sentido de que

se oponen a una normativa nacional que excluye la posibilidad de que miembros iniciales de una unión temporal de empresas licitadora se retiren de esa unión temporal de empresas, cuando venza el plazo de validez de la oferta presentada por dicha unión y el poder adjudicador solicite la prórroga de la validez de las ofertas que le han sido presentadas, siempre que se demuestre, por una parte, que los miembros restantes de la misma unión cumplen los requisitos definidos por el poder adjudicador y, por otra parte, que la continuación de su participación en el procedimiento de adjudicación en cuestión no supone un deterioro de la situación competitiva de los demás licitadores.

2)	Los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato y la obligación de transparencia, tal como se enuncian en el artículo 2 y en el considerando 2 de la Directiva 2004/18,

deben interpretarse en el sentido de que

se oponen a una normativa nacional que prevé la ejecución automática de la garantía provisional constituida por un licitador a raíz de su exclusión de un procedimiento de adjudicación de un contrato público de servicios, aun cuando no se le haya adjudicado el servicio en cuestión.

Firmas

( * ) Lengua de procedimiento: italiano.