SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 28 de noviembre de 2024 ( *1 )
«Procedimiento prejudicial — Política económica y monetaria — Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales — Obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones — Pensiones especiales propias de las profesiones liberales — Afiliación y cotizaciones obligatorias»
En los asuntos acumulados C‑758/22 y C‑759/22,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania), mediante resoluciones de 27 de septiembre de 2022, recibidas en el Tribunal de Justicia el 15 de diciembre de 2022, en los procedimientos entre
Bayerische Ärzteversorgung,
Bayerische Architektenversorgung,
Bayerische Apothekerversorgung,
Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung,
Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung (C‑758/22),
Sächsische Ärzteversorgung (C‑759/22)
y
Deutsche Bundesbank,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. E. Regan y Z. Csehi (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretaria: Sra. M. Siekierzyńska, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de diciembre de 2023;
consideradas las observaciones presentadas:
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en nombre de la Bayerische Ärzteversorgung, la Bayerische Architektenversorgung, la Bayerische Apothekerversorgung, la Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung, la Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung, por el Sr. S. Altenschmidt y la Sra. P. Müller, Rechtsanwälte; |
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en nombre de la Sächsische Ärzteversorgung, por el Sr. C. Köhler, Rechtsanwalt; |
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en nombre de la Deutsche Bundesbank, por la Sra. L. Luyken y los Sres. M. Mogendorf y W. Spoerr, Rechtsanwälte; |
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en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Blanc y S. Delaude y por el Sr. L. Mantl, en calidad de agentes; |
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en nombre del Banco Central Europeo (BCE), por las Sras. S. J. Hlásková Murphy y K. Kaiser y por el Sr. B. van der Eem, en calidad de agentes; |
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de febrero de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
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1 |
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones (DO 2018, L 45, p. 3), en relación con el Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO 2013, L 174, p. 1). |
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2 |
Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios que oponen a varias mutualidades de previsión social, a saber, por una parte, la Bayerische Ärzteversorgung (Caja de Previsión Social de los Médicos de Baviera, Alemania), la Bayerische Architektenversorgung (Caja de Previsión de los Arquitectos de Baviera), la Bayerische Apothekerversorgung (Caja de Previsión de los Farmacéuticos de Baviera), la Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung (Caja de Previsión de los Abogados y Contables de Baviera) y la Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung (Caja de Previsión de los de Ingenieros Civiles y Psicoterapeutas de Baviera), en el asunto C‑758/22, y, por otra parte, la Sächsische Ärzteversorgung (Caja de Previsión de los Médicos de Sajonia, Alemania), en el asunto C‑759/22, a la Deutsche Bundesbank (Banco Federal de Alemania), en relación con la sujeción de estas mutualidades de previsión a una obligación de información estadística aplicable a los fondos de pensiones. |
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.o 549/2013
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3 |
A tenor de los considerandos 1, 3, 12 y 14 del Reglamento n.o 549/2013:
[…]
[…]
[…]
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4 |
En virtud del artículo 1, apartado 2, de este Reglamento: «El SEC 2010 contempla lo siguiente:
[…]». |
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5 |
El anexo A de dicho Reglamento cuenta con el capítulo 1, titulado «Características generales y principios fundamentales», que contiene los puntos 1.34, 1.35, 1.37 y 1.57, con el siguiente tenor:
Tabla 1.1
[…]
[…]
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6 |
El anexo A del Reglamento n.o 549/2013 incluye, en su capítulo 2, titulado «Las unidades y los conjuntos de unidades», los puntos 2.32 a 2.35, 2.38, 2.40, 2.43, 2.105 a 2.110 y 2.117, a tenor de los cuales:
Diagrama 2.1 — Asignación de las unidades a los sectores
[…]
[…]
[…]
Tabla 2.2 — Tipo de productor y actividades y funciones principales clasificados por sectores
[…] Fondos de pensiones (S.129)
[…] Fondos de la seguridad social (S.1314)
Normalmente, no existe una relación directa entre el importe de la cotización de los afiliados y los riesgos a que están expuestos.» |
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7 |
En el anexo A de este Reglamento figura el capítulo 3, titulado «Operaciones de bienes y servicios y activos no producidos», que comprende los puntos 3.17 a 3.19, 3.24 y 3.26 a 3.28, que son del siguiente tenor:
[…]
[…]
[…]
Unidades institucionales: distinción entre de mercado, para uso final propio y no de mercado
Tabla 3.1 — Distinción entre productores de mercado, productores para uso final propio y productores no de mercado según el tipo de unidad institucional
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8 |
El anexo A de este Reglamento incluye el capítulo 17, que, en su punto 17.43, establece: «Definición: Los sistemas de pensiones de la seguridad social son sistemas contractuales de seguro en que los beneficiarios, como participantes en un sistema de seguros sociales, están obligados por las administraciones públicas a asegurarse contra la vejez y otros riesgos relacionados con la vejez, tales como la incapacidad, la salud, etc. Las administraciones públicas proporcionan las pensiones de la seguridad social a los beneficiarios.» |
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9 |
El capítulo 20 de dicho anexo A, titulado «Cuentas de las administraciones públicas», contiene, en particular, los puntos 20.05, 20.15, 20.32 a 20.34, 20.38, 20.39, 20.306, 20.309 y 20.310, que disponen: «DEFINICIÓN DEL SECTOR DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
[…] Las ISFL clasificadas en el sector de las administraciones públicas […]
[…]
[…]
Un solo indicador puede ser suficiente para determinar si existe el control, pero si una ISFL que está financiada principalmente por las administraciones públicas mantiene la capacidad para definir su política o programa en una medida significativa siguiendo las líneas mencionadas en los demás indicadores, entonces no se consideraría controlada por las administraciones públicas. En la mayoría de los casos, una serie de indicadores conjuntamente señalan el control. Una decisión basada en estos indicadores será valorativa por naturaleza. […] Intermediación financiera y límite de las administraciones públicas
[…] Fondos de pensiones
[…] EL SECTOR PÚBLICO […]
[…] Control del sector público
[…]
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Reglamento 2018/231
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10 |
A tenor del considerando 2 del Reglamento 2018/231: «El objetivo de imponer obligaciones de información estadística a los FP [fondos de pensiones] es proporcionar al [Banco Central Europeo (BCE)] estadísticas adecuadas de las actividades financieras del subsector de los FP en los Estados miembros cuya moneda es el euro […], que se consideran un único territorio económico. La recopilación de información estadística sobre los FP es necesaria para satisfacer necesidades analíticas periódicas u ocasionales, para asistir al BCE en la realización del análisis monetario y financiero, y para la contribución del SEBC a la estabilidad del sistema financiero.» |
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11 |
El artículo 1 de este Reglamento establece lo siguiente: «A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 1) “fondo de pensiones (FP)” (subsector S.129 del SEC 2010): una institución o cuasisociedad financiera que se dedica principalmente a la intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos y necesidades sociales de las personas aseguradas (seguros sociales). Un fondo de pensiones, como un régimen de seguridad social, proporciona una renta durante la jubilación y puede proporcionar prestaciones por fallecimiento e invalidez. Esta definición no comprende: […]
[…]». |
Derecho alemán
VersoG
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12 |
En Baviera, las mutualidades de previsión social se rigen, en particular, por el artículo 1 de la Gesetz über das öffentliche Versorgungswesen (Ley sobre el Sistema Público de Previsión), de 16 de junio de 2008 (BayGVBl. p. 182), en su versión aplicable a los hechos del asunto C‑758/22 (en lo sucesivo, «VersoG»), que lleva por epígrafe «Forma jurídica, sede, ámbito de aplicación, potestad reglamentaria». |
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13 |
El artículo 9 de la VersoG, titulado «Principios aplicables a las actividades comerciales», dispone en sus apartados 1 a 3: «(1) Las mutualidades de previsión social ejercen sus actividades sobre la base de la mutualización y exclusivamente con fines de utilidad pública. Están obligadas a llevar a cabo una gestión económica prudente. Los activos de las mutualidades de previsión social deberán estar separados. (2) Las mutualidades de previsión social cubrirán sus gastos administrativos, incluida la remuneración de los funcionarios públicos, empleados y trabajadores manuales, así como las prestaciones que se otorguen a los derechohabientes, con sus propios recursos. El reparto entre las diferentes mutualidades de previsión social se efectúa en función de los costes efectivamente soportados. (3) Los recursos y los activos de las mutualidades de previsión social solo pueden utilizarse para cumplir sus funciones de previsión. En caso de disolución de una entidad, los fondos restantes revierten a los afiliados, asegurados y beneficiarios, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos.» |
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14 |
El artículo 10 de la VersoG, titulado «Estatutos», establece en sus apartados 1 a 3: «(1) Las mutualidades de previsión social regularán sus negocios mediante estatutos, de conformidad con la presente Ley. (2) Los estatutos deberán contener, además de los elementos específicamente indicados en la presente Ley, disposiciones relativas a:
(3) Los estatutos y sus modificaciones se establecerán por el presidente del consejo de administración, previa aprobación cautelar, y publicarán en el Bayerischer Staatsanzeiger. Entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación, salvo que se fije otra fecha.» |
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15 |
La segunda parte de la VersoG, titulada «Caja de Previsión Social de los Médicos de Baviera, Caja de Previsión de los Farmacéuticos de Baviera, Caja de Previsión de los Arquitectos de Baviera, Caja de Previsión de los Ingenieros Civiles y Psicoterapeutas de Baviera, Caja de Previsión de los Abogados y Contables de Baviera», incluye el capítulo 1, relativo a las «disposiciones comunes», en el que consta el artículo 28 de dicha Ley, titulado «Funciones». En su tercera frase, este artículo establece que «las mutualidades de previsión social deberán cumplir los requisitos de exención de sus afiliados de la obligación de afiliarse al seguro obligatorio de pensiones». |
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16 |
El artículo 30 de la VersoG, titulado «Adhesión», establece en sus apartados 1 a 3: «(1) La afiliación a las mutualidades de previsión es obligatoria. (2) Los estatutos podrán establecer excepciones y exenciones a la afiliación obligatoria, en particular cuando el profesional:
[…] (3) Los miembros por obligación que hayan dejado de estar afiliados pueden seguir siendo miembros voluntarios, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos.» |
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17 |
El artículo 31 de la VersoG, titulado «Cotizaciones, transición», establece en sus apartados 1 y 4: «(1) Los afiliados están obligados a pagar cotizaciones, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos. Los estatutos podrán establecer cotizaciones mínimas que no dependan de los ingresos. Podrán estipular que, para mantener el derecho a pensión, deben abonarse cotizaciones adecuadas para los períodos sin actividad profesional o lucrativa o sin ingresos. La cotización obligatoria no debe superar el límite que determina la exención del impuesto de sociedades de la que se beneficia la mutualidad de previsión social. […] (4) Los estatutos pueden autorizar pagos adicionales voluntarios para aumentar los derechos por pensión. Estos, sumados a la cotización obligatoria, no deberán superar el límite fijado en la cuarta frase del apartado 1.» |
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18 |
Los artículos 33 a 36 y 38 de la VersoG precisan las normas relativas a la afiliación obligatoria ante las mutualidades de previsión social de que se trata. |
Ley sobre los Colegios de las Profesiones Sanitarias de Sajonia
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19 |
El artículo 6 de la Sächsisches Heilberufekammergesetz (Ley sobre los Colegios de las Profesiones Sanitarias de Sajonia), de 24 de mayo de 1994 (SächsGVBl. p. 935), en su versión aplicable al asunto C‑759/22, titulado «Mutualidades de previsión», establecía: «(1) Los colegios profesionales pueden, mediante sus estatutos, crear una mutualidad de previsión para asegurar a sus afiliados y a los miembros de sus familias. […] Los colegiados estarán afiliados a la mutualidad de previsión con arreglo a los estatutos. […] (3) Los estatutos establecerán normas relativas a:
[…] Los estatutos podrán establecer las condiciones en las que un afiliado puede transferir las cotizaciones que haya abonado a la mutualidad de previsión a otra mutualidad pública de seguros o a una mutualidad de su categoría profesional (mutualidad profesional), así como las condiciones y el importe del derecho al reembolso de las cotizaciones abonadas al término de la afiliación. (4) Los activos de las mutualidades de previsión social constituyen un patrimonio especial que solo puede utilizarse para cumplir las obligaciones de la mutualidad de previsión social. Deberá gestionarse separadamente de los demás activos colegiales. Solo puede utilizarse para fines autorizados por la ley, incluida la compensación de los gastos administrativos necesarios.» |
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
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20 |
Durante los años 2018 y 2019, las demandantes en los litigios principales recibieron comunicaciones del Banco Federal de Alemania en las que les indicaba que, en virtud de los artículos 1 y 2 del Reglamento 2018/231, estaban sujetas, en su condición de fondos de pensiones, a obligaciones de información estadística en virtud de las cuales debían transmitirle, a partir del 30 de septiembre de 2019, datos más precisos sobre su situación financiera, con periodicidad trimestral para algunas de ellas y anual para otras. |
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21 |
Las demandantes en los litigios principales interpusieron sendos recursos ante el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Fráncfort del Meno, Alemania) solicitando, con carácter principal, la anulación de dichas comunicaciones y, subsidiariamente, que se declarara que no estaban sujetas a las obligaciones de información estadística indicadas. |
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22 |
Dicho órgano jurisdiccional desestimó sus recursos por considerar que las demandantes en los litigios principales son fondos de pensiones, en el sentido del artículo 1, punto 1, del Reglamento 2018/231, y que, por consiguiente, están sujetas a obligaciones de información en virtud del artículo 2, apartado 1, de tal Reglamento. Según el referido órgano jurisdiccional, las mutualidades de previsión social como las demandantes en los litigios principales forman parte, en su condición de productoras de mercado, de las sociedades financieras de capital y están comprendidas, por tanto, en el subsector de los fondos de pensiones (S.129) del SEC 2010 establecido por el Reglamento n.o 549/2013. A su juicio, en el marco de su actividad principal, prestan servicios de previsión. Para ello, establecen precios significativos desde el punto de vista económico y lo mismo sucede con las prestaciones obligatorias. Tal órgano jurisdiccional considera también que, a falta de ayudas de Estado, las mutualidades de previsión social se ven obligadas a regular las cotizaciones y prestaciones de forma que su capacidad contributiva quede garantizada. En cualquier caso, prosigue, la calificación de las prestaciones obligatorias como producción de mercado resulta, en particular, del anexo A, punto 3.19, del Reglamento n.o 549/2013, ya que las demandantes en los litigios principales cubrieron durante varios años al menos el 50 % de sus costes mediante la venta de sus productos. Este órgano jurisdiccional indica que el anexo A, punto 1.37, de dicho Reglamento no se opone a tal calificación, ya que solo se aplica a las entidades del sector público, de las que no forman parte las demandantes en los litigios principales en la medida en que no están controladas por el Estado. Por consiguiente, también excluye la vinculación al subsector de los fondos de la seguridad social (S.1314) del SEC 2010, al que no se aplica la obligación de información. El anexo A, punto 20.39, de tal Reglamento confirma, según él, la calificación como fondos de pensiones de las demandantes en los litigios principales. En virtud de esta disposición, un sistema de cotizaciones predeterminadas gestionado por una entidad pública no debe considerarse un sistema de seguridad social si funciona, como sucede con las demandantes en los litigios principales, sin garantía del Estado sobre el importe de las prestaciones que deben abonarse y si dicho importe, que depende del rendimiento de los activos gestionados, es necesariamente incierto. |
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23 |
Las demandantes en los litigios principales interpusieron un recurso de revisión contra tal sentencia ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente. Alegan que no son productoras de mercado. Según ellas, sus prestaciones obligatorias, que constituyen la mayor parte de su producción, no se ofrecen a precios económicamente significativos. A este respecto, los afiliados que tienen una obligación de afiliación no pueden optar libremente por suscribir las prestaciones de previsión sobre la base de las cotizaciones solicitadas, lo cual vulnera uno de los requisitos para que concurran de tales precios, esto es, aquel establecido en el anexo A, punto 3.19, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 549/2013, según el cual «los consumidores son libres de comprar o no comprar, y eligen según los precios aplicados». A juicio de las demandantes, el criterio del 50 % establecido en el punto 3.19 del anexo A, tercer párrafo, que permite calificar como productora de mercado a una unidad institucional que cubre, de manera continua y duradera, al menos el 50 % de sus costes de producción con sus ventas, carece de pertinencia, pues únicamente está dirigido a determinar el valor de la producción. En cualquier caso, según ellas, las mutualidades de previsión social están comprendidas, al igual que el seguro obligatorio de rentas periódicas, en el ámbito de la seguridad social. |
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24 |
El Banco Federal de Alemania alega que la sentencia del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Fráncfort del Meno) no adolece de los errores de Derecho alegados. |
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25 |
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a la calificación de las demandantes en los litigios principales, habida cuenta, en particular, del artículo 1, punto 1, letra f), del Reglamento 2018/231 y del anexo A, puntos 1.37, 2.107, 2.117, 3.17 a 3.19, 3.24, 3.26, 17.43, 20.10, 20.12 y 20.39, del Reglamento n.o 549/2013. Se pregunta si procede calificarlas como fondos de pensiones o como fondos de la seguridad social o si les corresponde otra calificación. |
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26 |
Dicho órgano jurisdiccional subraya que las demandantes en los litigios principales son organismos de Derecho público dotados de personalidad jurídica. Solo pueden ejercer una actividad de interés general y únicamente pueden destinar sus fondos y su patrimonio al cumplimiento de su misión de servicio público. Deben soportar sus cargas administrativas, incluida la retribución de sus empleados y las prestaciones otorgadas a los derechohabientes, con cargo a sus propios recursos. |
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27 |
Expone también que, con arreglo al Derecho alemán, la gran mayoría de los afiliados en los sistemas de las demandantes en los litigios principales están sujetos a afiliación obligatoria por ejercer su profesión en Baviera o en Sajonia. Una vez finaliza dicha afiliación obligatoria, es posible seguir afiliado de forma voluntaria con el fin de poder seguir adquiriendo derechos por pensión. En sus estatutos, las demandantes en los litigios principales fijan el pago de cotizaciones o contribuciones a la financiación de su misión, así como los requisitos, la naturaleza, el importe y la supresión de los derechos por pensión. También es posible realizar pagos adicionales voluntarios, pero están limitados a un máximo autorizado. Las demandantes en los litigios principales prestan más del 50 % de sus servicios a sus afiliados sujetos a afiliación obligatoria. |
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28 |
En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, redactadas en términos idénticos en los asuntos C‑758/22 y C‑759/22:
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Sobre las cuestiones prejudiciales
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29 |
Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si las disposiciones del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 deben interpretarse en el sentido de que las mutualidades de previsión social que ofrecen prestaciones que cubren los riesgos de jubilación, fallecimiento e invalidez en favor de afiliados mayoritariamente sujetos a una obligación de afiliación por ejercer una profesión determinada están comprendidas en el concepto de «fondos de pensiones», en el sentido del punto 2.105 de tal anexo, y, en consecuencia, sujetas a las obligaciones de información estadística establecidas en el Reglamento 2018/231. |
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30 |
Procede recordar que del considerando 14 del Reglamento n.o 549/2013 se desprende que el SEC 2010 establece un marco de referencia destinado a la elaboración de las cuentas de los Estados miembros para las necesidades de la Unión, y en particular para la formulación y la supervisión de las políticas económicas y sociales de la misma. A este respecto, a tenor del considerando 3 de este Reglamento, la elaboración de dichas cuentas debe efectuarse con arreglo a un conjunto de principios únicos que no sean susceptibles de interpretaciones divergentes, de modo que puedan obtenerse resultados comparables (sentencia de 13 de julio de 2023, Ferrovienord,C‑363/21 y C‑364/21, EU:C:2023:563, apartado 64 y jurisprudencia citada). |
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31 |
Tal como resulta del artículo 1, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, el SEC 2010 establece una metodología, que figura en el anexo A, relativa a las reglas, definiciones, clasificación y normas de contabilidad comunes que se utilizarán para la elaboración de cuentas y tablas, sobre bases comparables para las necesidades de la Unión. |
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32 |
A tenor del punto 1.01 del mismo anexo, el SEC 2010 constituye «un marco contable comparable a escala internacional, cuyo fin es realizar una descripción sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o un grupo de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías». |
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33 |
Dicho anexo, concebido como un manual, se compone de veinticuatro capítulos, brevemente expuestos en sus puntos 1.03 y 1.04. El capítulo 1 abarca las características básicas del sistema en términos de conceptos. Establece los principios del SEC y describe las unidades estadísticas fundamentales y su agrupación. En el capítulo 2 se describen las unidades institucionales utilizadas para medir la economía y la forma en que dichas unidades están clasificadas en sectores y otros grupos con vistas a analizarlas. El capítulo 20 está dedicado a las cuentas de las Administraciones Públicas. |
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34 |
Los puntos 1.34 y 1.57 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 prevén la agrupación de toda unidad institucional —definida como la entidad económica capaz de ser propietaria de bienes y activos, contraer pasivos y participar en actividades y operaciones económicas con otras unidades, en nombre propio— en uno de los seis sectores principales identificados por el SEC 2010, que no son otros que las sociedades no financieras, las instituciones financieras, las Administraciones Públicas, los hogares, las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y el resto del mundo (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Ferrovienord,C‑363/21 y C‑364/21, EU:C:2023:563, apartado 66 y jurisprudencia citada). |
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35 |
De estas disposiciones y del punto 2.41 de dicho anexo se desprende que estos sectores son mutuamente excluyentes, de modo que cada unidad institucional pertenece a un único sector o subsector. De conformidad con su punto 2.32, los sectores y subsectores agrupan las unidades institucionales que tienen un comportamiento económico análogo. |
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36 |
El subsector de los fondos de pensiones pertenece al sector de las instituciones financieras, como precisa el punto 2.66 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013. Por consiguiente, al igual que cualquier unidad institucional de este sector, los fondos de pensiones se clasifican como «productores de mercado», de conformidad con la definición del concepto de «instituciones financieras» que figura en el punto 2.55 del mismo anexo. |
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37 |
Por lo que respecta a esta clasificación de los fondos de pensiones como «productores de mercado», es preciso subrayar que las actividades de estos fondos, que se detallan en los puntos 2.105 a 2.110 del anexo, tienen una particularidad. En efecto, de su punto 2.108 se desprende que, al contrario de lo que ocurre en el caso de las compañías de seguros de vida, «los fondos de pensiones están limitados por ley a determinados colectivos de asalariados y trabajadores por cuenta propia». Así, el subsector de los fondos de pensiones agrupa a instituciones financieras que no son libres de ofrecer sus servicios al público en su conjunto. |
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38 |
En el caso de autos, de las resoluciones de remisión se desprende que las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales, que operan en Baviera (asunto C‑758/22) y en Sajonia (asunto C‑759/22), garantizan prestaciones a sus afiliados en caso de jubilación, fallecimiento e invalidez y se organizan sobre una base sectorial, en el sentido de que la mayoría de sus afiliados están sujetos a una obligación legal de afiliación por ejercer una profesión determinada, como la de médico, farmacéutico, abogado o arquitecto. |
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39 |
Por lo demás, esta organización sectorial de las mutualidades de previsión social y la correspondiente obligación de afiliación de sus miembros han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse si las actividades de esas mutualidades pueden estar comprendidas en el concepto de «producción de mercado» o en el de «actividad de mercado», en el sentido del anexo A del Reglamento n.o 549/2013. |
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40 |
No obstante, es preciso señalar que tal organización sectorial de los fondos de pensiones se contempla expresamente en los puntos 2.107 y 2.108 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013, como se ha indicado en el apartado 37 de la presente sentencia. A pesar de esta particularidad, el legislador de la Unión optó por clasificar los fondos de pensiones como instituciones financieras y, por tanto, como productores de mercado. Por consiguiente, en el presente asunto, no es necesario preguntarse sobre la interpretación de los conceptos de «producción de mercado» o de «actividad de mercado», sino determinar si mutualidades de previsión social como las controvertidas en los litigios principales pueden calificarse como «fondos de pensiones» a la luz de los criterios establecidos en los puntos 2.105 a 2.110 de dicho anexo. |
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41 |
A este respecto, del tenor de los puntos 2.105 a 2.110 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 puede deducirse que las actividades de los fondos de pensiones cumplen los criterios siguientes. |
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42 |
En primer lugar, de los puntos 2.105 y 2.107 de ese anexo se desprende que los fondos de pensiones, que se dedican principalmente a la intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos y necesidades sociales de las personas aseguradas, garantizan prestaciones al asegurado en caso de jubilación. Estos fondos también pueden garantizar prestaciones al asegurado en caso de invalidez, así como prestaciones al cónyuge y a los hijos del asegurado en caso de fallecimiento de este. |
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43 |
En segundo lugar, el punto 2.106 del mismo anexo expone que los fondos de pensiones, que son distintos de las unidades que los han creado, tienen autonomía de decisión y disponen de un conjunto completo de cuentas. |
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44 |
En tercer lugar, y como se ha indicado en el apartado 37 de la presente sentencia, los puntos 2.107 y 2.108 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 precisan que, a diferencia de las compañías de seguros de vida, los fondos de pensiones están obligados por ley a reservar sus servicios a determinados colectivos de asalariados y trabajadores por cuenta propia, como, en particular, las personas que ejercen una misma profesión. |
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45 |
En cuarto lugar, el punto 2.110 de dicho anexo excluye del concepto de «fondos de pensiones» a los fondos de la seguridad social mencionados en el punto 2.117 del mismo. A tenor de este último punto, los fondos de la seguridad social, cuya actividad principal es proporcionar prestaciones sociales, se caracterizan por el hecho de que, por una parte, determinados grupos de la población están legalmente obligados a participar en el sistema o a pagar cotizaciones y, por otra, las Administraciones Públicas establecen o aprueban las cotizaciones y las prestaciones, sin que normalmente exista una relación directa entre el importe de la cotización de los afiliados y los riesgos a que están expuestos. |
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46 |
En cuanto a esto último, del punto 20.39 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013, incluido en el capítulo 20 del mismo, titulado «Cuentas de las administraciones públicas», se desprende que un sistema de pensiones, incluso establecido por una unidad de las Administraciones Públicas, no puede tratarse como un sistema de seguridad social y debe clasificarse en el subsector de los fondos de pensiones cuando el importe de las prestaciones no está garantizado por las Administraciones Públicas y es incierto porque depende del rendimiento de los activos. |
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47 |
Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, este no es competente para interpretar el Derecho nacional y corresponde en exclusiva al juez nacional comprobar y apreciar los hechos del litigio principal, así como determinar el alcance exacto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales (sentencia de 28 de abril de 2022, SeGEC y otros, C‑277/21, EU:C:2022:318, apartado 21 y jurisprudencia citada). |
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48 |
No obstante, el Tribunal de Justicia, llamado a facilitar una respuesta útil al juez nacional, es competente para proporcionar indicaciones, basadas en los autos del procedimiento principal y en las observaciones escritas que le hayan sido presentadas, que puedan permitir a tal órgano jurisdiccional dictar una resolución (sentencia de 28 de abril de 2022, SeGEC y otros, C‑277/21, EU:C:2022:318, apartado 22 y jurisprudencia citada). |
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49 |
En el caso de autos, de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que las actividades de las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales presentan las características siguientes. |
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50 |
En primer lugar, no se discute que estas mutualidades de previsión social garantizan a sus afiliados prestaciones en caso de jubilación, fallecimiento e invalidez. |
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51 |
En segundo lugar, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que las mutualidades de previsión social de que se trata en el asunto C‑758/22, dotadas de personalidad jurídica, gozan de un derecho de autogestión y llevan una contabilidad propia. Según las mismas indicaciones, la mutualidad de previsión social de que se trata en el asunto C‑759/22, aunque es un organismo con personalidad jurídica parcial del colegio de médicos, es independiente en los planos organizativo y económico, goza de una amplia autonomía, dispone de un patrimonio propio y elabora un conjunto completo de cuentas. Este tipo de mutualidades de previsión social, que gozan de autonomía de gestión y llevan una contabilidad propia, cumplen el criterio enunciado en el apartado 43 de la presente sentencia. |
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52 |
En tercer lugar, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente mencionadas en el apartado 38 de la presente sentencia también se desprende que la gran mayoría de los afiliados de las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales están sujetos a una obligación legal de afiliación por ejercer una actividad profesional determinada, teniendo en cuenta que dichas mutualidades no están autorizadas, en principio, a prestar servicios a otras personas. Por consiguiente, tales mutualidades parecen cumplir el criterio mencionado en el apartado 44 de la presente sentencia. |
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53 |
En cuarto lugar, de las resoluciones de remisión se desprende que el importe de las prestaciones que se abonan a los afiliados, que no está garantizado por las Administraciones Públicas, depende del importe de las cotizaciones pagadas y de los resultados de la mutualidad de previsión social de que se trate por la gestión de los activos. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente ha indicado que las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales determinan, en el marco establecido por las disposiciones legales, el importe de las cotizaciones que perciben y el de las prestaciones que abonan. Por consiguiente, tales mutualidades de previsión social cumplen los criterios, mencionados en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia, que excluyen su calificación como sistema de seguridad social a favor de la de fondos de pensiones. |
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54 |
De ello se deduce que, si las actividades de las mutualidades de previsión social de que se trata en los litigios principales presentan efectivamente las características enumeradas en los apartados 50 a 53 de la presente sentencia, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, dichas mutualidades pueden clasificarse en el subsector de los «fondos de pensiones», en el sentido del punto 2.105 del anexo A del Reglamento n.o 549/2013. |
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55 |
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que las disposiciones del anexo A del Reglamento n.o 549/2013 deben interpretarse en el sentido de que están comprendidas en el concepto de «fondos de pensiones», en el sentido del punto 2.105 de dicho anexo, y, en consecuencia, deben estar sujetas, en principio, a las obligaciones de información estadística establecidas en el Reglamento 2018/231 las mutualidades de previsión social cuyas actividades presentan las características siguientes:
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Costas
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56 |
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. |
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: |
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Las disposiciones del anexo A del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, |
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deben interpretarse en el sentido de que |
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están comprendidas en el concepto de «fondos de pensiones», en el sentido del punto 2.105 de dicho anexo, y, en consecuencia, deben estar sujetas, en principio, a las obligaciones de información estadística establecidas en el Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones, las mutualidades de previsión social cuyas actividades presentan las características siguientes: |
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Firmas |
( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.