–

en nombre de H (ved DRC Dansk Flygtningehjælp), por el Sr. M. Melin y la Sra. C. Vester Kofoed, en calidad de letrados, asistidos por el Sr. J. Goldschmidt, advokat;

–

en nombre del Gobierno danés, por la Sra. D. Elkan, el Sr. M. Jespersen y las Sras. C. A.‑S. Maertens y J. Sandvik Loft, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y la Sra. O. Duprat‑Mazaré, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, la Sra. J. Schmoll y el Sr. M. Kopetzki, en calidad de agentes;

–

en nombre del Gobierno suizo, por el Sr. L. Lanzrein y la Sra. V. Michel, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A. Katsimerou y los Sres. B. Schima y C. Vang, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 27 y 29, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre H, nacional afgano, y la Udlændingestyrelsen (Oficina de Inmigración, Dinamarca) acerca de una decisión de esta de trasladarle a Rumanía.

Marco jurídico

Protocolo sobre la Posición de Dinamarca y Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca

3

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca, el Reglamento Dublín III no vincula al Reino de Dinamarca.

4

No obstante, en virtud del artículo 2 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada [por un nacional de un tercer país] en Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO 2006, L 66, p. 38), que fue aprobado en nombre de la Comunidad por la Decisión 2006/188/CE del Consejo, de 21 de febrero de 2006 (DO 2006, L 66, p. 37), el Reglamento Dublín III se aplica a las relaciones entre la Unión Europea y el Reino de Dinamarca.

5

En virtud de su artículo 48, párrafo primero, el Reglamento Dublín III derogó el Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 50, p. 1), que había sustituido, de conformidad con su artículo 24, al Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990 (DO 1997, C 254, p. 1).

Reglamento Dublín III

6

Los considerandos 4, 5 y 19 del Reglamento Dublín III están redactados en los siguientes términos:

7

El artículo 18 de este Reglamento, titulado «Obligaciones del Estado miembro responsable», dispone:

8

El artículo 27 de dicho Reglamento, con el título «Recursos», establece:

9

El artículo 29 del mismo Reglamento, titulado «Modalidades y plazos», dispone:

Litigio principal y cuestión prejudicial

10

H es un nacional afgano que entró en Dinamarca el 25 de abril de 2021, donde presentó una solicitud de protección internacional el mismo día. Según la información que figura en la base de datos Eurodac, H ya había sido registrado como solicitante de asilo en Rumanía el 5 de marzo de 2021.

11

En consecuencia, el 24 de junio de 2021, la Oficina de Inmigración solicitó a Rumanía que readmitiera a H, en virtud del artículo 18, apartado 1, letra c), del Reglamento Dublín III.

12

El 7 de julio de 2021, Rumanía aceptó readmitir a H.

13

El 19 de julio de 2021, la Oficina de Inmigración decidió trasladar a H a Rumanía, con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra c), del Reglamento Dublín III. Ese mismo día, H interpuso un recurso contra esa decisión ante la Flygtningenævnet (Comisión de Apelación para los Refugiados, Dinamarca), el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto. Este recurso tenía efecto suspensivo, de conformidad con el artículo 27, apartado 3, letra a), de este Reglamento.

14

El 28 de febrero de 2022, Rumanía informó a todos los Estados miembros de que, a partir del 1 de marzo de ese año, suspendería todos los traslados de los que fuera receptor con arreglo al Reglamento Dublín III debido al conflicto en Ucrania y al creciente flujo de refugiados en Rumanía.

15

El 15 de marzo de 2022, el órgano jurisdiccional remitente devolvió el asunto a la Oficina de Inmigración para su reexamen, a efectos, en particular, de que esta se pronunciara sobre la repercusión de la notificación general de las autoridades rumanas, mencionada en el apartado anterior, en la decisión de trasladar a H a Rumanía.

16

El 8 de abril de 2022, la Oficina de Inmigración decidió de nuevo trasladar a H a Rumanía en virtud del artículo 18, apartado 1, letra c), del Reglamento Dublín III. El mismo día, H interpuso un recurso contra esta decisión ante el órgano jurisdiccional remitente. Este recurso tenía efecto suspensivo, de conformidad con el artículo 27, apartado 3, letra a), de este Reglamento.

17

El 24 de mayo de 2022, Rumanía informó a todos los Estados miembros de que la suspensión de los traslados de los que fuera receptor con arreglo al Reglamento Dublín III se había levantado.

18

El 2 de diciembre de 2022, el órgano jurisdiccional remitente confirmó que la decisión de la Oficina de Inmigración de 8 de abril de 2022 era conforme a Derecho.

19

El 2 de febrero de 2023, H solicitó la reapertura del procedimiento, debido a que el plazo de seis meses, establecido en el artículo 29, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Dublín III, en el que debe efectuarse el traslado de un solicitante de asilo desde el Estado miembro requirente al Estado miembro responsable, ya había expirado cuando la Oficina de Inmigración adoptó la segunda decisión de traslado el 8 de abril de 2022. Así, según H, el Reino de Dinamarca era desde ese momento responsable del examen, en cuanto al fondo, de la solicitud de asilo, conforme al artículo 29, apartado 2, de este Reglamento.

20

Tras haber reabierto el procedimiento, el órgano jurisdiccional remitente confirmó, de nuevo, la validez de la decisión de la Oficina de Inmigración de 8 de abril de 2022. Dicho órgano jurisdiccional consideró que el plazo de seis meses no empezó a correr hasta su resolución definitiva de 2 de diciembre de 2022.

21

A instancia del DRC Dansk Flygtningehjælp (Consejo Danés para los Refugiados, Dinamarca), el órgano jurisdiccional remitente acordó reabrir una vez más el procedimiento, al objeto de volver a examinar la interpretación de las normas relativas al plazo establecido en el artículo 29, apartados 1 y 2, del Reglamento Dublín III, en relación con el artículo 27 de dicho Reglamento.

22

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que si bien estas disposiciones determinan que el traslado de un solicitante de asilo debe tener lugar en el plazo de seis meses desde la resolución definitiva del recurso o revisión que tenga efecto suspensivo, no contienen, sin embargo, normas que regulen expresamente la situación en la que la autoridad judicial decide devolver el asunto a la autoridad administrativa competente para su reexamen. No obstante, según dicho órgano jurisdiccional, tal devolución puede contribuir a garantizar una tutela judicial efectiva a los solicitantes de protección internacional, en la medida en que les da la posibilidad de beneficiarse de un nuevo examen del asunto a dos niveles.

23

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, de conformidad con la normativa nacional controvertida en el asunto principal, una decisión de traslado puede ser anulada y devuelta a la autoridad administrativa competente para su reexamen cuando se haya puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional que conozca del asunto nueva información relevante relativa a esa decisión. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente indica que, en el presente asunto, la devolución estuvo justificada por circunstancias externas e imprevisibles derivadas del hecho de que, después de haber aceptado el traslado, el Estado miembro responsable suspendió con carácter general los traslados con arreglo al Reglamento Dublín III debido al conflicto en Ucrania y a la afluencia de refugiados en el país.

24

En estas circunstancias, la Flygtningenævnet (Comisión de Apelación para los Refugiados) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

25

En su petición de decisión prejudicial, la Flygtningenævnet (Comisión de Apelación para los Refugiados) solicitó al Tribunal de Justicia que tramitara el presente asunto mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

26

El 15 de diciembre de 2023, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, denegar dicha solicitud.

27

El 27 de noviembre de 2023, el Tribunal de Justicia envió a la Flygtningenævnet (Comisión de Apelación para los Refugiados) una solicitud de aclaraciones en la que la instaba a proporcionar información adicional sobre su condición de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.

28

El 8 de enero de 2024, la Flygtningenævnet (Comisión de Apelación para los Refugiados) respondió a esta solicitud.

Sobre la cuestión prejudicial

29

Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 29, apartados 1 y 2, del Reglamento Dublín III debe interpretarse en el sentido de que cuando un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso de anulación con efecto suspensivo resuelve definitivamente sobre la conformidad a Derecho, en cuanto al fondo, de una segunda decisión de traslado, adoptada después de que una primera decisión de traslado relativa a la misma persona se haya anulado a causa únicamente de un cambio en las circunstancias determinantes para la correcta aplicación de este Reglamento que conlleva la devolución del asunto para su reexamen por parte de la autoridad administrativa competente, el plazo de traslado de seis meses previsto en el artículo 29, apartado 1, de dicho Reglamento comienza a correr

–

en la fecha en la que se ha resuelto definitivamente sobre la conformidad a Derecho, en cuanto al fondo, de esa segunda decisión de traslado o

–

en la fecha en la que la primera decisión de traslado fue anulada.

30

Con carácter preliminar, es preciso señalar que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta cuál de las dos resoluciones adoptadas por el órgano jurisdiccional nacional es determinante para la aplicación del plazo de traslado de seis meses con arreglo al segundo supuesto contemplado en el artículo 29, apartado 1, del mismo Reglamento. H alega, en esencia, que este segundo supuesto ya no resulta aplicable en el asunto principal. Estima que, tras la anulación de la primera decisión de traslado, el plazo mencionado transcurría, de nuevo, de conformidad con el primer supuesto previsto en esta disposición, a partir de la fecha en la que Rumanía aceptó su readmisión, esto es, el 7 de julio de 2021.

31

Ha de recordarse, para empezar, que el artículo 29, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Dublín III establece que el traslado de la persona interesada al Estado miembro responsable se efectuará, de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro requirente, en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación de la petición por otro Estado miembro de hacerse cargo de esta persona o de readmitirla, o a partir de la resolución definitiva del recurso que, con arreglo al artículo 27, apartado 3, de dicho Reglamento, tenga efecto suspensivo.

32

Se deriva del propio tenor del artículo 29, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, y en particular del empleo de la conjunción «o» entre, por una parte, la «aceptación» por otro Estado miembro y, por otra parte, la «resolución definitiva» del recurso o revisión, que, como el Abogado General ha señalado en el punto 34 de sus conclusiones, los dos momentos contemplados en esta disposición, a partir de los cuales puede comenzar a correr el plazo de traslado de seis meses, constituyen dos supuestos excluyentes entre sí.

33

Además, en lo que respecta al segundo supuesto, dicha disposición se refiere al momento en el que la resolución del recurso contra una decisión de traslado sea definitiva, sin distinguir, no obstante, en función de la determinación que haya alcanzado la autoridad judicial en la resolución del recurso. En particular, no se deduce en ningún caso de los términos de esta disposición que el segundo supuesto ya no resulte aplicable en la hipótesis de que la autoridad judicial anule la decisión de traslado.

34

Así, en caso de que una decisión de traslado sea objeto de un recurso que tenga efecto suspensivo con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento Dublín III, resulta del artículo 29, apartado 1, párrafo primero, de este Reglamento que el plazo de traslado de seis meses no se computa a partir de la fecha de aceptación de la petición de toma a cargo o de readmisión, sino, como excepción, a partir de la resolución definitiva del recurso interpuesto contra la decisión de traslado. En este caso, por lo tanto, dicho plazo no empieza a correr hasta el momento en que la resolución judicial relativa al recurso interpuesto contra la decisión de traslado haya adquirido firmeza, una vez agotadas las vías de recurso previstas en el ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de marzo de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspensión del plazo de traslado en fase de apelación), C‑556/21, EU:C:2023:272, apartados 23 y 24 y jurisprudencia citada].

35

A continuación, es preciso recordar que este aplazamiento del cómputo del plazo de traslado hasta que se resuelva el recurso contra la decisión de traslado permite garantizar la igualdad de armas y la efectividad de los procedimientos de recurso, garantizando que ese plazo no expire cuando la ejecución de la decisión de traslado se haya visto imposibilitada por la interposición de un recurso con efecto suspensivo contra esta decisión [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de marzo de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspensión del plazo de traslado en fase de apelación), C‑556/21, EU:C:2023:272, apartado 35].

36

Pues bien, la interpretación invocada por H puede menoscabar la igualdad de armas y la efectividad de los procedimientos de recurso que pretende garantizar el segundo supuesto contemplado en el artículo 29, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Dublín III. En efecto, en la medida en que, según esta interpretación, la anulación de la decisión de traslado por la autoridad judicial implicaría que el plazo de traslado transcurriera, de nuevo, desde la fecha en que el Estado miembro responsable aceptó la readmisión, dicha interpretación podría comportar precisamente que el plazo de traslado de seis meses expirara, en su caso, en un momento en el que la ejecución de esta decisión fuera imposible debido a un recurso de anulación con efecto suspensivo. Tal habría sido el caso, en particular, en el procedimiento principal, puesto que, conforme a esa interpretación, ese plazo ya habría expirado el 7 de febrero de 2022, en la fecha en la que el recurso de anulación contra la primera decisión de traslado estaba todavía pendiente de resolución.

37

Finalmente, en contra de lo que sostiene H, no se colige en ningún caso de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 30 de marzo de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspensión del plazo de traslado en fase de apelación) (C‑556/21, EU:C:2023:272), que la anulación de la decisión de traslado como resultado de un recurso de anulación con efecto suspensivo pueda determinar que el segundo supuesto previsto en el artículo 29, apartado 1, del primer párrafo, del Reglamento Dublín III devenga inaplicable.

38

A este respecto, es cierto que el Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 29 de esa sentencia, que en caso de que la decisión de traslado haya sido anulada en primera instancia, ya no existe una decisión de traslado cuya ejecución pueda ser suspendida en el marco de un recurso en segunda instancia. Sin embargo, la situación que dio lugar a dicha sentencia difiere sustancialmente de la que es objeto del litigio principal. En efecto, de los apartados 29 y 39 de la sentencia mencionada se desprende que el Tribunal de Justicia se pronunciaba sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares con arreglo al artículo 27, apartado 4, de este Reglamento en el contexto de un recurso interpuesto en segunda instancia, en una situación en la que el recurso en primera instancia no tenía efecto suspensivo. En cambio, en el caso de autos, H interpuso dos recursos de anulación contra las dos decisiones de traslado controvertidas en el litigio principal, ambos dotados de un efecto suspensivo que permite excluir la aplicación del primer supuesto previsto en el artículo 29, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, en beneficio de la segunda opción, es decir, el recurso contra la decisión de traslado inicial y, después de la anulación de esta última, el presentado contra la segunda decisión de traslado.

39

Precisado lo anterior, procede examinar la cuestión planteada sobre la aplicación del segundo supuesto contemplado en el artículo 29, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Dublín III.

40

En primer lugar, es preciso señalar que, para determinar el momento a partir del cual se inicia el cómputo del plazo de traslado de seis meses, esta disposición se limita, en cuanto al segundo supuesto, a referirse a la resolución definitiva del recurso que tenga efecto suspensivo.

41

Como ha señalado el Abogado General, en esencia, en el punto 40 de sus conclusiones, dicha disposición no establece, por tanto, normas específicas relativas al cómputo de este plazo cuando la autoridad judicial —tras haber anulado una primera decisión de traslado y haber devuelto el asunto a la autoridad administrativa competente para su reexamen, a causa únicamente de un cambio en las circunstancias determinantes para la correcta aplicación del Reglamento Dublín III sobrevenido tras la adopción de esta decisión— se pronuncia sobre la conformidad a Derecho de la segunda decisión de traslado adoptada con respecto a la misma persona, tras la anulación y la devolución referidas.

42

En segundo lugar, en virtud del artículo 27, apartado 1, del Reglamento Dublín III, el solicitante de protección internacional tendrá derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso o de revisión, de hecho o de Derecho, contra la decisión de traslado, ante un órgano jurisdiccional.

43

A este respecto, resulta de la segunda frase del considerando 19 de este Reglamento que, a fin de garantizar el respeto del Derecho internacional, la tutela judicial efectiva contra las decisiones de traslado ha de comprender tanto el examen de la aplicación de dicho Reglamento como de la situación de hecho y de Derecho en el Estado miembro al que se traslade al solicitante. Por tanto, el artículo 27, apartado 1, del mismo Reglamento, a la luz de este considerando, confiere a la persona interesada el derecho a que se controle judicialmente la conformidad a Derecho de la decisión de traslado.

44

Habida cuenta del vínculo que existe, en el marco del régimen instaurado por el Reglamento Dublín III, entre el establecimiento de vías de recurso que tengan efecto suspensivo, con arreglo al artículo 27, apartados 1 y 3, de este Reglamento, y el aplazamiento del cómputo del plazo de traslado previsto en su artículo 29, apartado 1, párrafo primero, segundo supuesto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que este plazo de traslado no debe computarse desde la resolución judicial cautelar por la que se suspende la ejecución del procedimiento de traslado, sino solamente desde la resolución judicial que resuelva sobre la procedencia del procedimiento levantando los impedimentos a esta ejecución (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, apartados 46 y 50).

45

A este respecto, es cierto que la aplicación de una normativa nacional conforme a la cual, si surgen nuevas circunstancias determinantes para la correcta aplicación del Reglamento Dublín III, la autoridad judicial tiene que anular la decisión de traslado y devolver el asunto a la autoridad administrativa competente para su reexamen puede conducir a la existencia de dos decisiones de traslado y de dos recursos distintos. Sin embargo, en la medida en que esas decisiones sucesivas tienen por objeto el traslado del mismo solicitante de protección internacional tras haber aceptado su readmisión el Estado miembro responsable, resulta, como el Abogado General ha señalado en el punto 44 de sus conclusiones, que dichas decisiones se inscriben en un único procedimiento.

46

Pues bien, en el marco de ese único procedimiento, debe considerarse que la resolución por la que la autoridad judicial anula una primera decisión de traslado a causa únicamente de un cambio en las circunstancias determinantes para la correcta aplicación del Reglamento Dublín III y procede a tal devolución para su reexamen constituye una resolución intermedia que permite a la autoridad administrativa competente valorar la eventual repercusión de esas nuevas circunstancias en el traslado de la persona interesada, sin no obstante poner fin de manera definitiva al procedimiento relativo al traslado.

47

En tercer lugar, si bien del artículo 29, apartados 1 y 2, del Reglamento Dublín III se desprende que el legislador de la Unión quiso favorecer una ejecución rápida de las decisiones de traslado, no es menos cierto que no pretendió sacrificar la tutela judicial de los solicitantes de protección internacional en aras de la exigencia de celeridad en la tramitación de sus solicitudes, y que dispuso, para garantizar esa tutela, que, en determinados casos, la ejecución de dichas decisiones puede suspenderse [sentencias de 29 de enero de 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, apartado 48, y de 30 de marzo de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspensión del plazo de traslado en fase de apelación), C‑556/21, EU:C:2023:272, apartados 19 y jurisprudencia citada]. Así, estas disposiciones deben interpretarse a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta.

48

Además, conforme a jurisprudencia reiterada, si bien, a falta de normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno configurar, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros y sin perjuicio de los principios de equivalencia y de efectividad, la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos individuales derivados del ordenamiento jurídico de la Unión, incumbe no obstante a los Estados miembros la responsabilidad de garantizar, en cada caso, la observancia del derecho a la tutela judicial efectiva de dichos derechos como este se garantiza en el artículo 47 de la Carta [véase, por analogía, en lo que atañe al derecho de recurso consagrado en el artículo 46 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60), la sentencia de 3 de julio de 2025, Al Nasiria, C‑610/23, EU:C:2025:514, apartado 51 y jurisprudencia citada].

49

El legislador de la Unión solo ha armonizado, en el artículo 27 del Reglamento Dublín III, algunos de los aspectos procesales del recurso contra la decisión de traslado o de la revisión, de hecho y de Derecho, de dicha decisión ante un órgano jurisdiccional de que debe disponer la persona interesada. En particular, no ha precisado en este artículo si el juez que conozca del asunto en el contexto de este recurso está obligado a tener en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de dicha decisión ni conforme a qué régimen [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2021, État belge (Elementos posteriores a la decisión de traslado), C‑194/19, EU:C:2021:270, apartados 38 y 40].

50

De ello se sigue que, con respecto a la consideración de las circunstancias posteriores a la adopción de una decisión de traslado, todo Estado miembro vinculado por el Reglamento Dublín III debe configurar su Derecho nacional de manera que permita a los solicitantes de protección internacional ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 47 de la Carta y concretado en el artículo 27 de dicho Reglamento, interpretado en relación con el considerando 19 de este (véase, por analogía, la sentencia de 3 de julio de 2025, Al Nasiria, C‑610/23, EU:C:2025:514, apartado 52 y jurisprudencia citada).

51

A este respecto, procede recordar, por una parte, que el Tribunal de Justicia ha declarado, en el apartado 49 de la sentencia de 15 de abril de 2021, État belge (Elementos posteriores a la decisión de traslado) (C‑194/19, EU:C:2021:270), que estas disposiciones se oponen a una normativa nacional que establece que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de traslado no puede, en el marco del examen de ese recurso, tener en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de esa decisión que son determinantes para la correcta aplicación de dicho Reglamento, a menos que dicha normativa establezca una vía de recurso específica que comprenda un examen ex nunc de la situación de la persona interesada, cuyos resultados sean vinculantes para las autoridades competentes, y que pueda ejercerse cuando se produzcan tales circunstancias. Como resulta del apartado 47 de la misma sentencia, constituyen tales circunstancias determinantes, en particular, aquellas que se oponen a la ejecución de la decisión de traslado a un Estado miembro distinto del Estado miembro requirente o que implican la responsabilidad del Estado miembro requirente.

52

La jurisprudencia citada en el apartado anterior se aplica, mutatis mutandis, a una normativa nacional que dispone que si surge nueva información relativa a tales circunstancias, la autoridad judicial tiene que anular la decisión de traslado y devolver el asunto a la autoridad administrativa competente para su reexamen con el fin de que esta tenga en cuenta esa información. En estas circunstancias, tal resolución de anulación y de devolución para reexamen no puede constituir la resolución definitiva sobre el recurso, a los efectos del artículo 29, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Dublín III.

53

Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que, habida cuenta tanto del objetivo mencionado en el considerando 19 del Reglamento Dublín III de asegurar, de conformidad con el artículo 47 de la Carta, una protección efectiva a las personas de que se trate como del de garantizar con celeridad la determinación del Estado miembro responsable de la tramitación de una solicitud de protección internacional enunciado en el considerando 5 de dicho Reglamento, el solicitante debe poder acceder a una tutela judicial efectiva y rápida que le permita alegar circunstancias posteriores a la adopción de la decisión de trasladarlo, cuando el hecho de tener en cuenta estas resulte determinante para la correcta aplicación del referido Reglamento. En particular, una normativa nacional que permite al solicitante alegar, en el marco de un recurso interpuesto contra la decisión de trasladarlo, tales circunstancias satisface la obligación de establecer una tutela judicial efectiva y rápida [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2021, État belge (Elementos posteriores a la decisión de traslado) C‑194/19, EU:C:2021:270, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada].

54

Pues bien, la circunstancia de que una normativa nacional prevea que, después de la anulación de la decisión de traslado inicial por la autoridad judicial y la devolución del asunto a la autoridad administrativa competente para su reexamen, corresponde a esta autoridad administrativa volver a examinar el traslado de la persona interesada atendiendo a las circunstancias posteriores a esa decisión no impide, en principio, que se satisfaga la obligación de establecer una tutela judicial efectiva y rápida. El cumplimiento de esta obligación presupone, no obstante, como ha señalado el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, que el Derecho nacional se configure de tal manera que la autoridad administrativa competente proceda al reexamen requerido sin demora injustificada y que la autoridad judicial que conozca de este se pronuncie en breve plazo (véase, por analogía, en lo que respecta al derecho de recurso garantizado en el artículo 46 de la Directiva 2013/32, la sentencia de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 148).

55

En cualquier caso, la duración del procedimiento administrativo y judicial relativo al traslado de la persona interesada no puede, en su conjunto, ir más allá de lo necesario en atención a los fines para los que se ha incoado.

56

En particular, una normativa nacional de este tipo no puede, como ha señalado el Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, permitir a las autoridades del Estado miembro requirente eludir su responsabilidad devolviendo el asunto de manera recurrente para su reexamen por parte de la autoridad administrativa competente, sin que llegue a resolverse sobre el procedimiento de concesión de protección internacional. En efecto, tal normativa podría comprometer el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección internacional, mencionado en el considerando 5 del Reglamento Dublín III, que garantiza un acceso efectivo a los procedimientos de concesión de protección internacional. Por otra parte, una normativa de este tipo también podría poner en duda la efectividad de la tutela judicial consagrada en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 27 del Reglamento Dublín III, interpretado en relación con el considerando 19 de este.

57

En este contexto, es preciso asimismo recordar que el plazo de traslado previsto en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III contribuye, de manera determinante, a la realización del objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección internacional, mencionado en el considerando 5 de este Reglamento, al garantizar que los procedimientos de toma a cargo o de readmisión se apliquen sin demora injustificada. Este plazo imperativo y, en particular, la norma contenida en el artículo 29, apartado 2, de dicho Reglamento ponen de manifiesto el hecho de que, según el legislador de la Unión, es importante que tales solicitudes sean examinadas, en su caso, por un Estado miembro distinto del designado como responsable en virtud de los criterios establecidos en el capítulo III de este Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, X y X, C‑47/17 y C‑48/17, EU:C:2018:900, apartados 69 y 70).

58

En el presente asunto, resulta de las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial que la Oficina de Inmigración adoptó la segunda decisión de traslado con respecto a H el 8 de abril de 2022, es decir, menos de cuatro semanas después de la anulación de la decisión de traslado inicial y de la devolución del asunto a dicha Oficina para su reexamen el 15 de marzo del mismo año. Así, parece que, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, la Oficina de Inmigración procedió al reexamen requerido sin demora injustificada.

59

Además, habida cuenta de las consideraciones contenidas en los apartados 54 y 55 de la presente sentencia, incumbe a dicho órgano jurisdiccional verificar, atendiendo a todas las circunstancias pertinentes del asunto principal, por una parte, si puede considerarse que, al rechazar el recurso de anulación contra la segunda decisión de traslado el 8 de diciembre de 2022, resolvió en breve plazo sobre este recurso, a pesar de que se había interpuesto ante él aproximadamente ocho meses antes y de que, desde el 24 de mayo de 2022, Rumanía había informado a todos los Estados miembros del levantamiento de la suspensión de los traslados de los que fuera receptor con arreglo al Reglamento Dublín III. Por otra parte, le corresponde verificar si la duración del procedimiento relativo al traslado de H, que se dilató cerca de diecisiete meses desde la aceptación por parte de Rumanía, el 7 de julio de 2021, de la readmisión del solicitante, no fue más allá, en su conjunto, de lo necesario en atención a los fines para los que se había incoado.

60

Así las cosas, en el caso de que el órgano jurisdiccional remitente constatara que el procedimiento de readmisión no se ha ejecutado sin demora injustificada, la solicitud de protección internacional debería ser examinada por un Estado miembro distinto del designado como responsable en virtud de los criterios enunciados en el capítulo III del Reglamento Dublín III.

61

Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 29, apartados 1 y 2, del Reglamento Dublín III debe interpretarse en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso de anulación con efecto suspensivo resuelve definitivamente sobre la conformidad a Derecho, en cuanto al fondo, de una segunda decisión de traslado, adoptada después de que una primera decisión de traslado relativa a la misma persona se haya anulado a causa únicamente de un cambio en las circunstancias determinantes para la correcta aplicación de este Reglamento que conlleva la devolución del asunto para su reexamen por parte de la autoridad administrativa competente, el plazo de traslado de seis meses previsto en el artículo 29, apartado 1, de dicho Reglamento comienza a correr en la fecha en la que se ha resuelto definitivamente sobre la conformidad a Derecho, en cuanto al fondo, de esa segunda decisión.

Costas

62

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.