–

en nombre de CR y TP, por el Sr. J.‑S. F. Bartolomei, avvocato;

–

en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino y la Sra. G. Palmieri, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. M. Cherubini y la Sra. C. Colelli, avvocati dello Stato;

–

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Kienapfel y la Sra. D. Recchia, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre CR y TP, dos promitentes compradores de un inmueble que tienen la condición de consumidores, y Soledil Srl, declarada en concurso de acreedores, el promitente vendedor, acerca de una pretensión de resolución de la promesa sinalagmática de compraventa sobre ese inmueble y de la validez de la cláusula penal contenida en esa promesa de compraventa.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 indica lo siguiente:

4

El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone:

5

El artículo 7, apartado 1, de esta Directiva establece:

Derecho italiano

Código de Consumo

6

El artículo 33 del decreto legislativo n. 206, recante Codice del consumo a norma dell’articolo 7 della legge di 29 luglio 2003, n. 229 (Decreto legislativo n.o 206, por el que se establece el Código de Consumo en el sentido del artículo 7 de la Ley n.o 229, de 29 de julio de 2003), de 6 de septiembre de 2005 (suplemento ordinario de la GURI n.o 235, de 8 de octubre de 2005), que transpuso la Directiva 93/13 al ordenamiento jurídico italiano, dispone, en sus apartados 1 y 2:

7

El artículo 36, apartados 1 y 3, de dicho Código establece:

Código Civil

8

En virtud del artículo 1384 del Codice civile (Código Civil), la pena convencional podrá ser reducida equitativamente por el juez si la obligación principal ha sido ejecutada parcialmente o si el importe de la pena es manifiestamente excesivo, teniendo en cuenta el interés del acreedor en la ejecución.

Código de Enjuiciamiento Civil

9

El artículo 384 del Codice di procedura civile (Código de Enjuiciamiento Civil), titulado «Enunciación del principio de Derecho y decisión sobre el fondo del asunto», dispone, en su párrafo segundo:

10

A tenor del artículo 394 de dicho Código, con el título «Procedimiento tras la devolución del asunto»:

Litigio principal y cuestión prejudicial

11

En 1998, CR y TP, como promitentes compradores, y Soledil, como promitente vendedora, concertaron una promesa sinalagmática de compraventa de un inmueble en virtud de la cual los primeros abonaron a la segunda un anticipo por importe equivalente a 72 870 euros aproximadamente. El artículo 7 del documento de promesa disponía, en concepto de cláusula penal, que, en caso de incumplimiento de la obligación de los promitentes compradores de celebrar el contrato definitivo, el promitente vendedor podría retener, en concepto de pena convencional, las cantidades abonadas como anticipo.

12

El contrato definitivo relativo a esta compraventa no llegó a celebrarse, y se planteó el litigio acerca de la promesa sinalagmática de compraventa ante un tribunal arbitral, que, mediante laudo de 29 de julio de 2002, declaró resuelta esta promesa por incumplimiento de los promitentes compradores. Estos fueron condenados a restituir el inmueble en cuestión y, en paralelo, el promitente vendedor fue condenado a reembolsar la totalidad de las cantidades percibidas en concepto de anticipo.

13

Mediante sentencia dictada en 2009, la Corte d’appello di Ancona (Tribunal de Apelación de Ancona, Italia) declaró nulo el laudo por razones de procedimiento y resolvió sobre el fondo del litigio. En particular, ese órgano jurisdiccional condenó a los promitentes compradores a restituir el inmueble en cuestión y al promitente vendedor a devolver las cantidades pagadas en concepto de anticipo. Además, en virtud del artículo 1384 del Código Civil, redujo la pena convencional estipulada en el artículo 7 del documento de promesa, que se ha mencionado en el apartado 11 de la presente sentencia, a los intereses adeudados por las cantidades abonadas en concepto de anticipo.

14

Mediante sentencia dictada en casación en 2015, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) anuló la sentencia de la Corte d’appello di Ancona (Tribunal de Apelación de Ancona) por falta de motivación de la decisión de reducir dicha pena convencional.

15

A continuación, el asunto fue devuelto a la Corte d’appello di Bologna (Tribunal de Apelación de Bolonia, Italia).

16

Mediante sentencia dictada en 2018, ese órgano jurisdiccional declaró que el objeto del procedimiento tras la devolución del asunto se circunscribía a la aplicación de la cláusula penal estipulada en el artículo 7 del documento de promesa sinalagmática de compraventa, a la eventual reducción de la pena convencional aplicable y a la determinación de un hipotético daño más cuantioso soportado por el promitente vendedor, derivado de la ocupación sin título del inmueble en cuestión. Dicho órgano jurisdiccional declaró, en particular, que una pena convencional de aproximadamente 72 870 euros era excesiva y, en consecuencia, redujo a 61 600 euros el importe adeudado por los promitentes compradores a este respecto.

17

Los promitentes compradores interpusieron recurso ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando, principalmente, que esta cláusula penal era inválida debido a que les imponía una pena manifiestamente excesiva y constituía, en consecuencia, una cláusula abusiva de conformidad con la normativa nacional en materia de protección de los consumidores. En estas circunstancias, según los recurrentes, la Corte d’appello di Bologna (Tribunal de Apelación de Bolonia) debería haber declarado de oficio la invalidez del artículo 7 del documento de la promesa sinalagmática de compraventa.

18

El órgano jurisdiccional remitente observa, por una parte, que, con arreglo a la normativa nacional, el principio de cosa juzgada se opone a que una cuestión relativa a la nulidad de una cláusula supuestamente abusiva, que no se ha deducido o examinado en el marco del primer control de legalidad y que resulta necesariamente incompatible con el tenor de la sentencia que anula la resolución dictada sobre el fondo, sea examinada en un segundo control de legalidad.

19

Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional indica que ya ha declarado, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el principio de efectividad con respecto a los derechos reconocidos a los consumidores por la Directiva 93/13, que el principio de cosa juzgada no se aplica en el marco de un proceso monitorio sumario cuando el título invocado no ha sido objeto de oposición y no comporta ninguna motivación en cuanto a la inexistencia de carácter abusivo de las cláusulas contractuales controvertidas.

20

En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Sobre la cuestión prejudicial

21

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la aplicación del principio de cosa juzgada no permite al juez nacional que conoce del procedimiento seguido tras la devolución del asunto por parte del tribunal de casación examinar de oficio la nulidad de una cláusula contractual supuestamente abusiva cuando, por una parte, el motivo basado en el carácter abusivo de esta cláusula no ha sido invocado por el consumidor durante las fases anteriores del procedimiento judicial y, por otra parte, la nulidad de tal cláusula no ha sido examinada de oficio por los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco del procedimiento que ha dado lugar a la sentencia de casación.

22

Según reiterada jurisprudencia, el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de información (sentencia de 17 de mayo de 2022, SPV Project 1503 y otros, C‑693/19 y C‑831/19, EU:C:2022:395, apartado 51 y jurisprudencia citada).

23

Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva prevé que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas (sentencia de 17 de mayo de 2022, SPV Project 1503 y otros, C‑693/19 y C‑831/19, EU:C:2022:395, apartado 52 y jurisprudencia citada).

24

A este respecto, el juez nacional tiene que apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello (sentencias de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 46, y de 17 de mayo de 2022, SPV Project 1503 y otros, C‑693/19 y C‑831/19, EU:C:2022:395, apartado 53).

25

Además, la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros, tal como se desprende de su artículo 7, apartado 1, a la luz de su vigesimocuarto considerando, a establecer medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (sentencias de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, apartado 44, y de 17 de mayo de 2022, SPV Project 1503 y otros, C‑693/19 y C‑831/19, EU:C:2022:395, apartado 54).

26

A falta de regulación en el Derecho de la Unión, corresponde a cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, establecer en su ordenamiento jurídico interno los procedimientos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que ese Derecho confiere a los justiciables. No obstante, dichos procedimientos no deben ser menos favorables que los aplicables a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) ni estar concebidos de modo que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencia de 17 de mayo de 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, apartado 22 y jurisprudencia citada).

27

En lo que atañe al principio de equivalencia, el Tribunal de Justicia no dispone de ningún dato que permita dudar de la conformidad de la normativa controvertida en el litigio principal con dicho principio.

28

Por lo que se refiere al principio de efectividad, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, su desarrollo y sus peculiaridades vistas como un todo, así como, en su caso, los principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (sentencia de 17 de mayo de 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, apartado 28 y jurisprudencia citada).

29

Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, reafirmada en el artículo 7, apartado 1, de esa Directiva y consagrada también en el artículo 47 de la Carta, que es aplicable, entre otros aspectos, a la definición de la regulación procesal relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos (sentencia de 17 de mayo de 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, apartado 29 y jurisprudencia citada).

30

A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en ausencia de un control eficaz del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas del contrato de que se trate, no puede garantizarse el respeto de los derechos conferidos en la Directiva 93/13 (sentencia de 17 de mayo de 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, apartado 30 y jurisprudencia citada).

31

De lo anterior se deduce que las condiciones establecidas por los Derechos nacionales, a las que se refiere el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no pueden menoscabar el contenido sustancial del derecho, que la citada disposición confiere a los consumidores, a no quedar vinculados por una cláusula considerada abusiva (sentencia de 17 de mayo de 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, apartado 31 y jurisprudencia citada).

32

Dicho esto, ha de recordarse la importancia que reviste el principio de cosa juzgada tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos [sentencia de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 37 y jurisprudencia citada].

33

El Tribunal de Justicia también ha declarado que, en el supuesto de que, en un anterior examen de un contrato controvertido que haya concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, el juez nacional se haya limitado a examinar de oficio, a la luz de la Directiva 93/13, una sola o varias de las cláusulas de ese contrato, dicha Directiva impone a un juez nacional la obligación de apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de las demás cláusulas de dicho contrato. En efecto, en ausencia de ese control, la protección del consumidor resultaría incompleta e insuficiente y no constituiría un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de ese tipo de cláusulas, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 (sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, apartado 52 y jurisprudencia citada).

34

En cambio, dicha protección quedaría garantizada si, durante un primer procedimiento judicial, el juez competente hubiera efectuado un control del eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato en cuestión, el examen, motivado al menos sucintamente, no hubiera puesto de manifiesto la existencia de ninguna cláusula abusiva y el consumidor hubiera sido debidamente informado de que, en caso de que no se interponga recurso de apelación en el plazo fijado por el Derecho nacional, ya no podrá invocar posteriormente el eventual carácter abusivo de esas cláusulas (sentencia de 7 de noviembre de 2024, ERB New Europe Funding II, C‑178/23, EU:C:2024:943, apartado 39 y jurisprudencia citada).

35

De lo anterior resulta que el control, por el juez, del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales contenidas en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional es conforme con el principio de efectividad a la luz de la Directiva 93/13 si, por una parte, se informa al consumidor de la existencia de ese control y de las consecuencias que conlleva su falta de actuación para la preclusión del derecho a invocar el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales y, por otra parte, la resolución adoptada a raíz de dicho control está suficientemente motivada para permitir identificar las cláusulas examinadas en esa fase y las razones, siquiera sucintas, por las que el juez consideró que esas cláusulas no tenían carácter abusivo. La resolución judicial que cumpla dichos requisitos podrá tener como efecto impedir que se lleve a cabo un nuevo control del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales en un procedimiento posterior (sentencia de 29 de febrero de 2024, Investcapital, C‑724/22, EU:C:2024:182, apartado 45).

36

En este caso, se desprende de los autos de los que dispone el Tribunal de Justicia que, de conformidad con la normativa nacional aplicable, el principio de cosa juzgada se opone a que un motivo que puede ser examinado de oficio, como el carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual, sea analizado en el contexto de un procedimiento seguido tras la devolución del asunto, en una situación en la que ese motivo no ha sido deducido o examinado en el marco del procedimiento que ha dado lugar a la sentencia de casación y la invocación de dicho motivo resulta, por consiguiente, necesariamente incompatible con el tenor del fallo de dicha sentencia.

37

Igualmente, resulta que las resoluciones judiciales relativas al litigio principal, mencionadas en los apartados 13, 14 y 16 de la presente sentencia, no contienen ningún análisis, ni por parte de los jueces que han resuelto sobre el fondo del asunto ni por parte de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), del eventual carácter abusivo de la cláusula penal controvertida en el litigio principal.

38

Con todo, según el órgano jurisdiccional remitente, se dictó, efectivamente, una resolución judicial que reconocía implícitamente la validez de esta cláusula penal, dado que la decisión, adoptada por los órganos jurisdiccionales nacionales, de reducir el importe de la pena convencional presupone, lógicamente, que dicha cláusula sea válida y produzca efectos jurídicos. Así, en virtud de la normativa nacional aplicable, se considera que se ha llevado a cabo de manera implícita un examen de oficio del carácter potencialmente abusivo de la cláusula penal en cuestión y que el mismo tiene fuerza de cosa juzgada, incluso en ausencia de toda motivación a este respecto. Sin embargo, esto hace imposible el control exigido por la jurisprudencia citada en los apartados 30 y 33 a 35 de la presente sentencia, a pesar de que aún está sustanciándose un procedimiento judicial relativo a esta cláusula penal.

39

De lo anterior se deriva que esta normativa nacional, que priva al consumidor de los medios procesales para hacer valer sus derechos en virtud de la Directiva 93/13, puede hacer imposible o excesivamente difícil la protección de estos derechos, violando de este modo el principio de efectividad.

40

Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente observa que los promitentes compradores han mostrado una pasividad total y que solo han invocado el carácter abusivo de la cláusula penal en cuestión en el marco del segundo recurso de casación.

41

A este respecto, es cierto que el respeto del principio de efectividad no puede llegar al extremo de suplir íntegramente la total pasividad del consumidor afectado (sentencia de 24 de junio de 2025, GR REAL, C‑351/23, EU:C:2025:474, apartado 58 y jurisprudencia citada). Sin embargo, en este caso, se desprende de la resolución de remisión que los promitentes compradores han participado en todas las fases del proceso judicial y han invocado, aunque solo sea en el contexto del segundo recurso de casación, el carácter abusivo de la cláusula penal. Por lo tanto, su comportamiento no puede calificarse de totalmente pasivo.

42

Resulta del conjunto de las consideraciones anteriores que procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad y del artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la aplicación del principio de cosa juzgada no permite al juez nacional que conoce del procedimiento seguido tras la devolución del asunto por parte del tribunal de casación examinar de oficio la nulidad de una cláusula contractual supuestamente abusiva cuando, por una parte, el motivo basado en el carácter abusivo de esta cláusula no ha sido invocado por el consumidor durante las fases anteriores del procedimiento judicial y, por otra parte, la nulidad de tal cláusula no ha sido examinada de oficio por los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco del procedimiento que ha dado lugar a la sentencia de casación.

Costas

43

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.