–

en nombre de E. S.A., por el Sr. P. Łącki, adwokat;

–

en nombre de la Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie, por el Sr. D. Winiarek, Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie;

–

en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. A. Bodnar, B. Majczyna, M. Rzotkiewicz y M. Taborowski y por la Sra. S. Żyrek, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. K. Herrmann y los Sres. P. J. O. van Nuffel y G. Wils, en calidad de agentes;

1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») (asuntos C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 y C‑493/23); del principio de primacía del Derecho de la Unión (asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23); de los artículos 1, apartados 2, letra c), y 4, 2, apartado 1, letra b), 3, apartado 3, letra b), 14, 16, letra a), y 20 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (DO 2004, L 134, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1177/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 314, p. 64) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/17»); del artículo 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO 1992, L 76, p. 14), en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 (DO 2007, L 335, p. 31) (en lo sucesivo, «Directiva 92/13»), y del principio general de prohibición del abuso de Derecho (asunto C‑459/23).

2

Estas peticiones se han presentado en el marco de cinco litigios entre, respectivamente, T. B. y C. B., en relación con un reparto de bienes comunes y una partición de herencia (asunto C‑422/23); G. T. y T. S.A., en relación con la liberación de una garantía y la ejecución de acciones de una sociedad (asunto C‑455/23); E. S.A. (en lo sucesivo, «sociedad E.»), por una parte, y W. sp. z o.o. (en lo sucesivo, «sociedad W.») y Bank S.A., por otra, en relación con la inexistencia jurídica de un vínculo contractual (asunto C‑459/23); S. sp. z o.o. y V. sp. z o.o., en relación con una reclamación de pago (asunto C‑486/23), y Miasto W., por una parte, y M. T., E. T. y A. W., por otra, en relación con una obligación de presentar una declaración de voluntad (asunto C‑493/23).

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Directiva 2003/88/CE

3

El artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9), dispone lo siguiente:

Directiva 92/13

4

Con arreglo al artículo 2 quinquies, apartados 1, letra a), y 2, de la Directiva 92/13:

5

El artículo 2 quinquies, apartados 1, letra a), y 2, de la Directiva 92/13 fue introducido en la Directiva 92/13 por la Directiva 2007/66. Los considerandos 2, 13, 14 y 20 de esta última tienen la siguiente redacción:

Directiva 2004/17

6

Los considerandos 2, 3 y 9 de la Directiva 2004/17 tenían la siguiente redacción:

7

Con arreglo al artículo 1 de esta Directiva:

8

El artículo 2, apartados 1 y 2, de dicha Directiva establecía lo siguiente:

–

tengan la mayoría del capital suscrito de la empresa […]

9

El artículo 3, apartado 3, de la misma Directiva disponía:

10

El artículo 14 de la Directiva 2004/17 establecía:

11

Con arreglo al artículo 16, letra a), de esta Directiva:

12

El artículo 17 de la citada Directiva tenía esta redacción:

13

El artículo 20, apartado 1, de la misma Directiva preveía lo siguiente:

14

El artículo 40, apartado 3, letra i), de la Directiva 2004/17 disponía:

Directiva 2014/25/UE

15

Según el considerando 23 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO 2014, L 94, p. 243):

16

El artículo 7, párrafo primero, de esta Directiva dispone:

17

El artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva prevé lo siguiente:

Directiva 2009/28/CE

18

El artículo 2, párrafo segundo, letras k) y l), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO 2009, L 140, p. 16), contenía las siguientes definiciones:

Derecho polaco

Ley del Tribunal Supremo

19

A tenor del artículo 23 de la ustawa o Sądzie Najwyższym (Ley del Tribunal Supremo), de 8 de diciembre de 2017 (Dz. U. de 2018, posición 5), tal como fue modificada (Dz. U. de 2021, posición 1904), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «Ley del Tribunal Supremo»):

20

El artículo 25 de esta Ley dispone:

21

El artículo 35, apartado 3, de la citada Ley dispone lo siguiente:

Ley de Contratos Públicos

22

El artículo 132, apartado 1, de la ustawa — Prawo zamówień publicznych (Ley de Contratos Públicos), de 29 de enero de 2004 (Dz. U. n.º 19, posición 177), en su versión aplicable al litigio principal correspondiente al asunto C‑459/23, disponía:

23

El artículo 146 de dicha Ley, en su versión aplicable al litigio principal correspondiente al asunto C‑459/23, establecía:

Litigios principales y cuestiones prejudiciales

Circunstancias y cuestiones prejudiciales comunes a todos los asuntos

24

La Sala de lo Civil del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) (en lo sucesivo, «Sala de lo Civil»), órgano jurisdiccional remitente, conoce de cinco recursos de casación.

25

La presidenta de la Sala de lo Civil designó, mediante diferentes resoluciones, las formaciones colegiadas, compuestas por tres jueces, encargadas de pronunciarse sobre cada uno de esos cinco asuntos y nombró, para cada asunto, un juez ponente.

26

En cada una de las salas de tres jueces así designadas se integran, además de un juez de la Sala de lo Civil, dos jueces adscritos a la Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo). Estos dos últimos jueces fueron designados mediante resoluciones de la presidenta primera de dicho órgano jurisdiccional, basadas en el artículo 35, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo, para formar parte de la Sala de lo Civil por un período de tres meses comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2023. En tres de esos cinco asuntos, estas designaciones fueron acompañadas de un cambio de juez ponente en favor de algunos de los jueces así designados.

27

El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la independencia y la imparcialidad de las formaciones de enjuiciamiento constituidas de este modo, debido a varias circunstancias.

28

En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional subraya que los jueces de que se trata fueron designados para formar parte de la Sala de lo Civil, por un período determinado, sin su consentimiento. Por otra parte, ni siquiera fueron consultados previamente.

29

En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional señala que tales designaciones no fueron motivadas. Refiriéndose a los motivos de los que la prensa dio cuenta en relación con la designación de un número importante de jueces para formar parte de la Sala de lo Civil durante un período determinado, el órgano jurisdiccional remitente precisa que la carga de trabajo y la gran acumulación de asuntos pendientes de dicha Sala se deben a la gestión reciente de esta y no pueden justificar tales designaciones.

30

En tercer lugar, los jueces designados no gozan, en virtud del Derecho polaco, de ninguna tutela judicial. En efecto, una resolución por la que se designa a un juez para participar, por un período determinado, en otra sala solo puede ser revisada por la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia). Sin embargo, tal revisión no constituye una vía de recurso ante un juez independiente e imparcial establecido por la ley, dada la composición actual de dicho Consejo.

31

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente establece un paralelismo entre las designaciones de un juez sin su consentimiento para formar parte, por un período determinado, de una sala distinta de aquella a la que ha sido adscrito y las medidas de traslado de un juez sin su consentimiento. Pues bien, en el apartado 118 de la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798), el Tribunal de Justicia declaró que esas medidas de traslado pueden vulnerar los principios de inamovilidad y de independencia judiciales y deben poder ser objeto de un control jurisdiccional.

32

En cuarto lugar, tanto la presidenta de la Sala de lo Civil como la presidenta primera del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), quienes adoptaron las resoluciones controvertidas en los litigios principales, fueron nombradas jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) en las mismas circunstancias, irregulares, que las examinadas por el Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798). Pues bien, los procedimientos judiciales en los que participan tales personas son inválidos, por ser contrarios al derecho de los justiciables a un proceso equitativo.

33

En quinto lugar, los jueces designados para formar parte de la Sala de lo Civil, por un período determinado, no quedaron dispensados del ejercicio de sus actividades jurisdiccionales en su sala de origen. Por lo tanto, deberían asumir una doble carga de trabajo.

34

Pues bien, en primer término, esta doble carga de trabajo no tiene base legal en el Derecho polaco. En efecto, el artículo 35, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo solo permite la designación, sin consentimiento, para formar parte de otra sala para un asunto específico o por un tiempo limitado. En este último supuesto, el juez de que se trate solo debería formar parte de esa otra sala, y no simultáneamente de esta última y de su sala de origen.

35

En segundo término, esta doble carga de trabajo plantea problemas en cuanto a la calidad de la justicia impartida, habida cuenta de la especialización material de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) necesaria para el buen funcionamiento de ese órgano jurisdiccional. La designación para formar parte de otra sala lleva al juez de que se trata a pronunciarse en ámbitos del Derecho en los que no está especializado.

36

En último término, el órgano jurisdiccional remitente señala, en algunas de sus peticiones de decisión prejudicial, que la misma doble carga de trabajo puede ser contraria al artículo 6, letra b), de la Directiva 2003/88. A su juicio, no puede admitirse que el presidente de un órgano jurisdiccional disponga de una facultad discrecional que le permita atribuir tareas adicionales a un juez sin diálogo alguno, y ello aun cuando el hecho de que se añadan esas funciones dé lugar a que se sobrepase el tiempo máximo de trabajo establecido por normas europeas y nacionales.

37

A la vista de estos elementos, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a la compatibilidad de las formaciones de enjuiciamiento que han de resolver los cinco recursos de casación con lo exigido por el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta. En los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23, se pregunta, además, si, en caso de incompatibilidad con el Derecho de la Unión, estas formaciones de enjuiciamiento deben negarse a pronunciarse.

38

En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, en los asuntos C‑422/23 y C‑493/23, las siguientes cuestiones prejudiciales:

39

En los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) ha formulado sus cuestiones prejudiciales del siguiente modo, precisándose que, en el asunto C‑459/23, se trata de las cuestiones prejudiciales primera a tercera de las siete cuestiones prejudiciales planteadas:

–

el juez [del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)] haya sido designado para ejercer sus funciones en asuntos cuya materia no corresponda a la competencia material de la sala para la cual fue nombrado;

–

el juez no disponga de una vía de recurso judicial contra la resolución relativa a esa designación que reúna los requisitos determinados en el apartado 118 de la sentencia [de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798)];

–

la resolución del presidente primero del Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] relativa a la designación para ejercer en otra sala y la resolución del presidente de la Izba Cywilna (Sala de lo Civil) del Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] relativa a la asignación de asuntos concretos fueron adoptadas por personas nombradas para los cargos de jueces en el Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] en las mismas circunstancias que en el asunto [que dio lugar a la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798)], y, a la luz de la jurisprudencia existente, los procedimientos judiciales en los que intervengan esas personas son nulos o violan el derecho de la parte a un proceso equitativo establecido en el artículo 6 del [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»)];

–

la designación de un juez, sin su consentimiento, para ejercer por un tiempo determinado en una sala del Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] distinta de aquella en la que presta servicio, manteniendo al mismo tiempo la obligación de ejercer sus funciones en la sala de procedencia, no tiene fundamento en el Derecho nacional;

–

la designación de un juez para ejercer, sin su consentimiento, por un tiempo determinado en una sala del Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] distinta de aquella en la que presta servicio lleva a la infracción del artículo 6, letra b), de la Directiva [2003/88]?

Circunstancias y cuestiones prejudiciales específicas del asunto C‑459/23

40

La sociedad E., demandante en el litigio principal correspondiente al asunto C‑459/23, se dedica al comercio de electricidad. El Tesoro Público polaco posee más del 50 % de sus acciones. La sociedad W., una de las demandadas en el litigio principal de ese asunto, se dedica a la producción, el transporte y la distribución de electricidad.

41

El 24 de febrero de 2011, las sociedades E. y W. celebraron un contrato de compraventa de derechos de propiedad (en lo sucesivo, «contrato controvertido en el litigio principal»). Este contrato establecía las condiciones de venta de todos los derechos de propiedad derivados de certificados verdes, esto es, certificados de origen de la electricidad producida a partir de una fuente de energía renovable. La sociedad W. se comprometió a transmitir a la sociedad E. la propiedad de todos los derechos de propiedad derivados de dichos certificados. La sociedad E. se comprometió a adquirir dichos certificados mediante operaciones al margen del mercado en la bolsa de energía polaca. Dicho contrato establecía también las condiciones de remuneración de la venta de dichos certificados definiendo una fórmula de precios.

42

Tras infructuosos intentos de renegociar las condiciones de precio estipuladas en el contrato controvertido en el litigio principal, en septiembre de 2017, la sociedad E. puso fin a la ejecución de las órdenes de venta que le presentaba la sociedad W.

43

Posteriormente, la sociedad E. interpuso un recurso por el que solicitaba que se declarara la inexistencia de un vínculo contractual derivado de la celebración del contrato controvertido en el litigio principal invocando un incumplimiento de las normas de adjudicación de contratos públicos. La demanda fue desestimada tanto en primera instancia, por sentencia del Sąd Okregowy w Gdańsku (Tribunal Regional de Gdansk, Polonia) de 6 de diciembre de 2018, como en apelación, por sentencia del Sąd Apelacyjny w Gdańsku (Tribunal de Apelación de Gdansk, Polonia) de 13 de agosto de 2019. Dichos órganos jurisdiccionales consideraron, fundamentalmente, que el Derecho en materia de contratación pública no resultaba aplicable a dicho contrato.

44

La sociedad E. recurrió en casación seguidamente la sentencia de 13 de agosto de 2019 ante el órgano jurisdiccional remitente. Dicho órgano jurisdiccional alberga dudas acerca de la fundamentación de las apreciaciones realizadas por los jueces que conocen del fondo sobre la aplicabilidad del Derecho en materia de contratación pública al contrato controvertido en el litigio principal. Esta aclaración sería pertinente si de las respuestas a sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, reproducidas en el apartado 39 de la presente sentencia, se dedujera que debe analizar en cuanto el fondo el recurso de casación interpuesto ante él.

45

En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional solicita que se dilucide si la actividad de comercialización de electricidad está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho en materia de contratación pública. A este respecto, solicita, por una parte, que se interprete el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17 para saber si la expresión «suministro de electricidad a [las] redes» incluye la venta de electricidad. Por otra parte, habida cuenta del artículo 20 de la Directiva 2004/17, estima necesario determinar si la compra de certificados verdes tiene lugar para el ejercicio de la actividad de suministro de electricidad y debe someterse al procedimiento de adjudicación de contratos públicos. Si, por el contrario, dicha compra procediera de una obligación legal y constituyera, por tanto, una consecuencia del ejercicio de la actividad de suministro de electricidad, no sería necesaria para ejercer la actividad de venta de electricidad.

46

En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera necesario obtener precisiones sobre la interpretación del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/17, en relación con el artículo 14 de esta, para determinar si un contrato que obliga a las partes a celebrar contratos de ejecución en determinadas condiciones de precio y de cantidad constituye un acuerdo marco, en el sentido de dicha Directiva, y está sujeto al procedimiento de adjudicación de contratos públicos. En el caso de autos, el valor total anual de las operaciones celebradas entre las sociedades E. y W. en virtud de dichos contratos de ejecución supera los umbrales de la Unión Europea para los contratos públicos sectoriales. En cambio, consideradas individualmente, estas operaciones no alcanzan esos umbrales. En estas circunstancias, dicho órgano jurisdiccional estima que podría considerarse que el contrato controvertido en el litigio principal no constituye un acuerdo marco y no está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en materia de contratación pública. Señala, no obstante, que el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2004/17 prohíbe la división de un contrato para eludir estos umbrales. Desde este punto de vista, considera necesario determinar si el valor total de las operaciones de ejecución debe evaluarse ex ante o ex post.

47

En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la sanción que debe aplicarse en caso de adjudicación directa del contrato público infringiendo de plano las normas de adjudicación de contratos públicos y contempla dos posibilidades. Por un lado, estima posible considerar que tal adjudicación constituye un supuesto de falta de publicación de un anuncio de licitación contemplado en el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/13 y, por tanto, anular el contrato controvertido en el litigio principal. Por otra parte, la sociedad E. sugiere distinguir entre la no publicación del anuncio de licitación y la inaplicación total de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. A este último supuesto no le resulta de aplicación la citada disposición y sí las sanciones, más severas, previstas por el Derecho civil polaco.

48

En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el principio general de prohibición del abuso de Derecho se opone a la anulación de un contrato por infracción de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de contratación pública, cuando la alegación de tal infracción no es más que un pretexto para alcanzar objetivos totalmente distintos de los perseguidos por el legislador de la Unión, como el de no tener que ejecutar un contrato cuya rentabilidad ha disminuido para la parte demandante.

49

En estas circunstancias, además de las tres cuestiones prejudiciales expuestas en el apartado 39 de la presente sentencia, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) planteó las siguientes cuestiones prejudiciales propias del asunto C‑459/23:

50

Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2023, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 y C‑493/23 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre la admisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial

51

Es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, incumbe al propio Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que un juez nacional se dirige ante él, a fin de verificar su propia competencia o la admisibilidad de la petición que se le presenta (sentencia de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 29 y jurisprudencia citada).

52

Dado que las peticiones de decisión prejudicial proceden de distintas formaciones de la Sala de lo Civil, procede comprobar si el órgano remitente, que manifiesta sus dudas sobre su propia independencia, posee el carácter de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE.

53

A este respecto, según reiterada jurisprudencia, para dilucidar si el organismo remitente tiene la condición de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, y, por lo tanto, si la petición de decisión prejudicial es admisible, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta un conjunto de factores, como son, entre otros, el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento y la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas y su independencia [véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de junio de 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, p. 395; de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez), C‑718/21, EU:C:2023:1015, apartado 40 y jurisprudencia citada, y de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 35].

54

El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) cumple, en sí, las exigencias recordadas y ha precisado que, en la medida en que una petición de decisión prejudicial emane de un órgano jurisdiccional nacional, debe presumirse que cumple esas exigencias, con independencia de su concreta composición [sentencias de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, apartados 68 y 69, y de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez), C‑718/21, EU:C:2023:1015, apartado 41].

55

Sin embargo, esta presunción puede desvirtuarse cuando una resolución judicial firme dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o un órgano jurisdiccional internacional lleve a considerar que el juez que constituye el órgano jurisdiccional remitente no tiene la condición de juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta [sentencias de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, apartado 72, y de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez), C‑718/21, EU:C:2023:1015, apartado 44].

56

Pues bien, en una remisión prejudicial hecha por una formación jurisdiccional integrada por un juez único de la Sala de los Civil, el Tribunal de Justicia apreció que, habida cuenta de su propia jurisprudencia relativa al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, diversas constataciones y apreciaciones efectuadas, por una parte, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 3 de febrero de 2022, Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2022:0203JUD00146920), y, por otra parte, por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia) en una sentencia de 6 de mayo de 2021 llevaban a considerar que tal formación, debido a las circunstancias en que fue nombrado el juez que la componía, no tenía la condición de juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido de estas disposiciones del Derecho de la Unión. En consecuencia, la presunción mencionada en el apartado 54 de la presente sentencia debía considerarse desvirtuada [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, C‑326/23, EU:C:2024:940, apartados 29 a 37].

57

En el presente asunto, de ningún elemento de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que los jueces que constituyen las formaciones jurisdiccionales de las que proceden las peticiones de decisión prejudicial hayan sido nombrados para formar parte de la Sala de lo Civil al término de un procedimiento idéntico al seguido para el nombramiento del juez único, autor de la remisión prejudicial en el asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940). Tampoco se desprende de los autos que los nombramientos de esos jueces fueran objeto de los asuntos que dieron lugar a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) mencionadas en el apartado anterior.

58

En estas circunstancias, las dudas del órgano jurisdiccional remitente en cuanto a su propia independencia no bastan para desvirtuar la presunción mencionada en el apartado 54 de la presente sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑422/23 y C‑493/23 y cuestiones prejudiciales primera y segunda en los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23

Sobre la admisibilidad

59

La Comisión Europea considera que la primera cuestión prejudicial planteada en los asuntos C‑422/23 y C‑493/23 y la segunda cuestión prejudicial planteada en los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23 son inadmisibles. A su juicio, estas cuestiones no son necesarias para la resolución de los litigios principales, ya que no se refieren ni a la decisión de la presidenta primera del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) de nombrar a un juez para que forme parte de otra sala de ese tribunal ni a la regularidad del procedimiento de nombramiento de esa presidenta primera y de la presidenta de la Sala de lo Civil para puestos de juez.

60

En el caso de autos, en los cinco litigios principales, el órgano jurisdiccional remitente debe, como se desprende de las peticiones de decisión prejudicial, determinar in limine litis si es un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, cuando varios de los miembros que integran las formaciones de enjuiciamiento de la Sala de lo Civil que han planteado las peticiones de decisión prejudicial han sido designados para formar parte de las mismas temporalmente y no pueden impugnar su designación en esa Sala de lo Civil.

61

Pues bien, como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones prejudiciales que tienen por objeto permitir a un órgano jurisdiccional remitente dirimir, in limine litis, unas dificultades de carácter procesal como las referidas a su propia competencia para conocer de un asunto pendiente ante él o a los efectos jurídicos que deben reconocerse o no a una resolución judicial que impida potencialmente la continuación del examen de tal asunto por dicho órgano jurisdiccional son admisibles en virtud del artículo 267 TFUE [sentencias de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 47 y jurisprudencia citada, y de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez), C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143, apartado 53].

62

En estas circunstancias, procede declarar la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial planteada en los asuntos C‑422/23 y C‑493/23 y de la segunda cuestión prejudicial planteada en los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23.

Sobre el fondo

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Observaciones preliminares

63

El artículo 19 TUE, que se refiere con mayor concreción al valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE, confía a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la tarea de garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables [sentencias de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos), C‑824/18, EU:C:2021:153, apartado 108, y de 16 de noviembre de 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim y otros, C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, apartado 59].

64

En este sentido, como se contempla en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, corresponde a los Estados miembros establecer un sistema de vías de recurso y de procedimientos que garantice a los justiciables el respeto de su derecho a la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. El principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, al que se refiere, de este modo, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye un principio general del Derecho de la Unión que emana de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, que ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del CEDH y que en la actualidad se reconoce en el artículo 47 de la Carta. Por tanto, esta última disposición debe tenerse debidamente en cuenta para interpretar el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo [sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 102 y jurisprudencia citada].

65

En cuanto al ámbito de aplicación ratione materiae del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, esta disposición se refiere a «los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», con independencia de la situación en la que los Estados miembros apliquen este Derecho, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 29, y de 16 de noviembre de 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim y otros, C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, apartado 62).

66

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, es aplicable a cualquier instancia nacional que pueda pronunciarse, como órgano jurisdiccional, sobre cuestiones relativas a la aplicación o a la interpretación del Derecho de la Unión y que, por lo tanto, están comprendidas en los ámbitos cubiertos por este Derecho (sentencias de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 34 y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 36).

67

Pues bien, este es el caso del órgano jurisdiccional remitente, que, en efecto, puede tener que pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la aplicación o la interpretación del Derecho de la Unión y que, como «órgano jurisdiccional» —a efectos de este Derecho—, forma parte del sistema polaco de vías de recurso en los «ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de modo que ese órgano jurisdiccional remitente debe cumplir las exigencias de la tutela judicial efectiva.

68

Además, el órgano jurisdiccional remitente se refiere también al artículo 47 de la Carta en algunas de sus peticiones de decisión prejudicial. A este respecto, es preciso recordar que, con arreglo a su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión; este artículo confirma la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas [sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 78 y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 31].

69

En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente no ha aportado ninguna indicación de que los litigios principales en los asuntos C‑422/23, C‑455/23, C‑486/23 y C‑493/23 se refieran a la interpretación o a la aplicación de una norma del Derecho de la Unión que se aplique a nivel nacional. En estas circunstancias, a la vista de los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia, el artículo 47 de la Carta no parece aplicable en estos asuntos. No obstante, aunque no es aplicable a los litigios principales, el artículo 47 de la Carta debe tomarse debidamente en consideración a los efectos de la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo (sentencias de 20 de abril de 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, apartados 44 y 45, y de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 43).

70

En cambio, de la petición de decisión prejudicial en el asunto C‑459/23 se desprende que, en el litigio principal, la sociedad E. invoca la infracción de las normas de la Unión que regulan la adjudicación de contratos públicos y, en particular, de la Directiva 2004/17. Mediante las cuestiones prejudiciales específicas de este asunto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en particular, sobre la interpretación del ámbito de aplicación de dicha Directiva. Así pues, procede considerar que el litigio principal correspondiente a dicho asunto se refiere a la aplicación a nivel nacional de una norma del Derecho de la Unión, debiendo precisarse que corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la luz de las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales propias del asunto C‑459/23, si la Directiva 2004/17 es efectivamente aplicable al litigio principal, en cuyo caso también lo sería el artículo 47 de la Carta.

71

En estas circunstancias, procede pronunciarse sobre la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.

–

Cuestiones prejudiciales

72

Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda en los asuntos C‑422/23 y C‑493/23 y mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda en los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, fundamentalmente, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a medidas adoptadas por el presidente de un órgano jurisdiccional nacional que consisten en designar jueces adscritos a una sala de ese órgano jurisdiccional para participar temporalmente en la formación de otra sala de dicho órgano jurisdiccional, sin dejar de formar parte de su sala de origen, aun cuando dichos jueces no hayan dado su consentimiento a dicha designación, no dispongan de ninguna vía de recurso judicial para impugnarla, dicha designación implique un aumento de la carga de trabajo de los jueces de que se trate y exija su implicación en materias ajenas al ámbito de su especialización y dicho presidente haya sido nombrado para el mismo órgano jurisdiccional en condiciones incompatibles con las exigencias derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

73

A este respecto, ha de recordarse, en primer lugar, que todo Estado miembro debe garantizar, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que los órganos que, en calidad de «órganos jurisdiccionales» en el sentido definido por el Derecho de la Unión, tengan que resolver sobre cuestiones vinculadas a la aplicación o la interpretación de este Derecho y que formen parte del sistema de vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva, entre ellas la de independencia [sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 47 y jurisprudencia citada, y de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez), C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143, apartado 65].

74

Esta exigencia de independencia de los tribunales, inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho fundamental a un proceso equitativo, que revisten una importancia capital como garantías de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho [sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 49 y jurisprudencia citada, y de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez), C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143, apartado 66].

75

Dicha exigencia de independencia comprende dos aspectos. El primero de ellos, de orden externo, supone que el órgano en cuestión ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar e influir en sus decisiones. El segundo aspecto, de orden interno, se asocia al concepto de «imparcialidad» y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. Este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica [sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada, y de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez), C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143, apartado 67].

76

Aunque la faceta «externa» de la independencia tiene esencialmente como propósito preservar la independencia de los órganos jurisdiccionales frente a los poderes legislativo y ejecutivo de conformidad con el principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de todo Estado de Derecho, debe entenderse, no obstante, que engloba también la protección de los jueces frente a las influencias indebidas que procedan de dentro del órgano jurisdiccional [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 54 y jurisprudencia citada, y de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez), C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143, apartado 68].

77

Debe destacarse, igualmente, que el ejercicio de la función jurisdiccional debe estar protegido no solo de toda influencia directa, en forma de instrucciones, sino también de formas de influencia más indirecta que puedan orientar las decisiones judiciales [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 53 y jurisprudencia citada, y de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas), C‑197/23, EU:C:2024:956, apartado 62 y jurisprudencia citada].

78

Estas garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano de que se trate, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que atañe a su neutralidad ante los intereses en litigio [sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 52, y de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez), C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143, apartado 70].

79

En segundo lugar, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, exige asimismo la existencia de un juez «establecido previamente por la ley», habida cuenta de los vínculos indisociables que existen entre el acceso a un juez de este tipo y las garantías de independencia judicial y de imparcialidad de los jueces [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 55 y jurisprudencia citada, y de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas), C‑197/23, EU:C:2024:956, apartado 63 y jurisprudencia citada].

80

Pues bien, la referencia a un «juez establecido previamente por la ley», que también figura en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta y refleja, en particular, el principio del Estado de Derecho, se refiere no solo a la base jurídica de la propia existencia del tribunal, sino también a la composición de la formación de enjuiciamiento en cada asunto y a cualquier otra disposición de Derecho interno cuyo incumplimiento conlleve la irregularidad de la participación de uno o varios jueces en el examen del asunto. Así pues, este concepto engloba las normas de atribución y de reatribución de los asuntos [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez), C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143, apartados 73 y 74 y jurisprudencia citada].

81

En consecuencia, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, también exige, a este respecto, que las normas que regulan la composición de las formaciones de enjuiciamiento permitan excluir cualquier injerencia indebida, en el proceso de toma de decisiones en un asunto determinado, procedente de personas externas a la formación de enjuiciamiento a cargo de dicho asunto y ante las cuales las partes no hayan podido formular alegaciones [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros, C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594, apartado 59, y de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez), C‑647/21 y C‑648/21, EU:C:2025:143, apartado 75].

82

En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad con las exigencias recordadas en los apartados 73 a 81 de la presente sentencia de las medidas por las que la presidenta primera del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) designó jueces, procedentes de la Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social, para participar por un período determinado de tres meses en la formación de la Sala de lo Civil, sin dejar de formar parte de su sala de origen durante ese período.

83

A este respecto, procede señalar, en primer término, que es legítimo que los Estados miembros establezcan, en su Derecho nacional, las condiciones en las que el presidente de un órgano jurisdiccional está facultado para adoptar medidas que impongan temporalmente a los jueces de ese órgano jurisdiccional una doble adscripción a su sala de origen y a otra sala de dicho órgano jurisdiccional. En efecto, tales medidas pueden resultar indispensables para la organización interna de las actividades de un órgano jurisdiccional, habida cuenta de los imperativos vinculados a la necesidad de garantizar una buena administración de justicia y al respeto del principio del plazo razonable.

84

Por lo que respecta, en segundo término, a las condiciones en las que pueden adoptarse esas medidas, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la incidencia del hecho de que la presidenta primera del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), que designó a los jueces de que se trata para formar parte temporalmente de la Sala de lo Civil, al igual que la presidenta de dicha Sala, que atribuyó a dicha Sala los asuntos relativos a los litigios principales, fueron nombradas jueces de ese órgano jurisdiccional en condiciones incompatibles con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

85

A este respecto, es cierto que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia apreció, en los apartados 155 y 160 de la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798), que un órgano jurisdiccional nacional debe, de conformidad con el principio de primacía del Derecho de la Unión, reputar nulo y sin efecto un auto dictado por un órgano que no constituye un juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley, en el sentido del Derecho de la Unión.

86

Sin embargo, de ello no se desprende que toda medida de organización interna de la actividad de un órgano jurisdiccional, como una medida consistente en designar jueces para formar parte temporalmente de una sala distinta de aquella a la que están adscritos o en atribuirles asuntos, deba considerarse nula y sin efecto cuando haya sido adoptada por el presidente de dicho órgano jurisdiccional o por un presidente de una sala, que no constituyen un juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley, en el sentido del Derecho de la Unión. En efecto, el asunto que dio lugar al criterio jurisprudencial mencionado en el apartado anterior se refería, a diferencia de los presentes asuntos, a la existencia de resoluciones judiciales que ponían fin a un proceso.

87

De ello se deduce que el hecho de que la presidenta del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y la presidenta de la Sala de lo Civil que, respectivamente, designaron a los jueces de que se trata para formar parte de dicha Sala y atribuyeron asuntos relativos a los litigios principales a las formaciones de enjuiciamiento fueron nombradas, según las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente, en condiciones incompatibles con las exigencias del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no basta, por sí solo, para justificar que también deba considerase que las formaciones de enjuiciamiento así constituidas y que conocieron de este modo de esos asuntos no constituyen un juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley, en el sentido del Derecho de la Unión.

88

En segundo lugar, para garantizar la compatibilidad con los principios de independencia e imparcialidad y con la exigencia de un juez establecido previamente por la ley de las medidas que imponen temporalmente a los jueces de un órgano jurisdiccional una doble adscripción a su sala de origen y a otra sala de ese órgano jurisdiccional, debe velarse por que tales medidas no constituyan un medio para ejercer un control sobre el contenido de las resoluciones judiciales.

89

Ese podría ser el caso si esas medidas pudieran no solo afectar de forma duradera a la extensión de las atribuciones de los jueces de que se trate y a la tramitación de las causas de que conozcan, sino también tener un impacto sensible sobre la vida y la carrera de estos en la medida en que, por ejemplo, implicaran un retroceso en su carrera profesional o una degradación de su situación profesional. Asimismo, esas medidas podrían suscitar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad de esos jueces, si pudieran ser adoptadas de modo totalmente discrecional por el presidente del órgano jurisdiccional nacional y si se dirigieran contra determinados jueces en atención a la postura que hubieran tomado en el pasado, en particular, en contra de las recientes reformas judiciales en Polonia, o si dichas medidas se adoptaran como reacción a resoluciones judiciales dictadas por esos jueces [véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartados 115 y 119].

90

En cambio, no sucede así en el caso de medidas consistentes en designar jueces para que formen parte de una sala basadas en motivos legítimos relacionados, en particular, con una buena administración de justicia, adoptadas sobre la base de las normas nacionales que regulan el órgano jurisdiccional de que se trate, que son temporales y están estrictamente delimitadas en el tiempo, sin perjuicio de su eventual renovación, que no cuestionan la adscripción de los jueces de que se trate a su sala de origen y que no implican que queden apartados de los asuntos que tienen a su cargo ni un retroceso en su carrera profesional. Tal conclusión se impone con mayor razón cuando tales medidas, puramente organizativas, afectan a un gran número de jueces del órgano jurisdiccional nacional de que se trate y no tienen por objeto o efecto dirigirse a determinados jueces debido a las posturas que tomaron en el pasado. La circunstancia de que tales medidas puedan implicar, de manera temporal, un incremento, aunque sea significativo, de la carga de trabajo de los jueces de que se trate y de que les obliguen a abordar materias ajenas a su ámbito de especialización carece de pertinencia a este respecto.

91

En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas controvertidas en los litigios principales se corresponden con las mencionadas en el apartado anterior.

92

En efecto, en primer término, las medidas mediante las que la presidenta primera del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) designó jueces, procedentes de la Sala de lo Laboral y de la Seguridad Social, para formar parte de la Sala de lo Civil por un período determinado de tres meses se adoptaron sobre la base del artículo 35, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo. Esta disposición, que existe desde hace mucho tiempo, fija expresamente en un período máximo de seis meses al año el período de aplicación de tales medidas adoptadas sin el consentimiento de los jueces afectados. Por otra parte, la segunda frase de esta disposición no parece prohibir el mantenimiento de la adscripción de esos jueces a su sala de origen.

93

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que el artículo 35, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo no permite que tal designación se produzca sin el consentimiento del juez de que se trate y que tampoco prevé el mantenimiento de la adscripción del juez de que se trate a su sala de origen durante ese período. A este respecto, procede recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia cuestionar la interpretación del Derecho nacional efectuada por el órgano jurisdiccional remitente. Dicho esto, aun suponiendo que la misma disposición no autorice las designaciones de que se trata, esta circunstancia, por sí sola, no bastaría para cuestionar la compatibilidad de las formaciones de enjuiciamiento que constituyen el órgano jurisdiccional remitente con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.

94

En segundo término, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, aunque no están motivadas, estas medidas parecen haberse adoptado para hacer frente a un aumento del contencioso ante la Sala de lo Civil y para poner remedio a una gran acumulación de asuntos pendientes de dicha Sala. Por lo tanto, persiguen un objetivo legítimo, con independencia de las circunstancias que hayan causado esa gran acumulación.

95

En tercer término, las medidas de los litigios principales son temporales, ya que los jueces en cuestión han sido designados para formar parte de la Sala de lo Civil por un período de tres meses y el artículo 35, apartado 3, de la Ley del Tribunal Supremo prevé una duración máxima de seis meses al año. En este contexto, la prórroga o la renovación eventuales de esas designaciones, que transformaran en casi permanente la adscripción a la Sala de lo Civil, constituyen, a la luz de la información de que dispone el Tribunal de Justicia, un acontecimiento hipotético.

96

En cuarto término, según la información de que dispone el Tribunal de Justicia, no parece que estas medidas hayan dado lugar a un retroceso en la carrera profesional de los jueces afectados o una degradación de su situación profesional, habida cuenta de que estos siguen ocupándose de los recursos de casación interpuestos ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo). Las medidas no implicaron que esos jueces quedaran apartados de los asuntos que anteriormente tenían a su cargo, debiendo precisarse que dichos jueces continuaron formando parte de su sala de origen durante todo el período al que se refieren dichas medidas. Como se ha señalado en el apartado 90 de la presente sentencia, la circunstancia de que estas medidas supongan un aumento temporal de la carga de trabajo de los jueces de que se trate o de que les obliguen a abordar materias ajenas a su ámbito de especialización carece de pertinencia a este respecto.

97

En quinto término, las medidas controvertidas en los litigios principales afectaron en total a unos veinte jueces. A la vista de la información de que dispone el Tribunal de Justicia, no parece que estas medidas se dirijan a jueces específicos que, por ejemplo, hubieran criticado las reformas de la justicia polaca.

98

En estas circunstancias, el hecho de que las medidas controvertidas en los litigios principales hayan sido adoptadas sin el consentimiento de los jueces afectados y de que estos no dispongan de ninguna vía de recurso para impugnarlas no puede constituir una vulneración de los principios de independencia e imparcialidad ni de la exigencia de un juez establecido previamente por la ley. En efecto, a falta de cualquier indicio de que esas medidas puedan producir efectos análogos a los de una sanción disciplinaria, tales circunstancias no permiten suscitar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia y la imparcialidad de esos jueces.

99

Asimismo y en cualquier caso, debe precisarse que el carácter regular, a la luz del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, de la composición de las formaciones de enjuiciamiento que constituyen el órgano jurisdiccional remitente debe, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, poder ser objeto de control judicial [véase, por analogía, la sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas), C‑197/23, EU:C:2024:956, apartado 67]. Pues bien, en el presente asunto, los litigios principales ponen de manifiesto precisamente que el Derecho nacional ofrece al órgano jurisdiccional remitente la posibilidad de controlar la regularidad de su propia composición.

100

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las dos cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑422/23 y C‑493/23 y a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas en los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23 que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a medidas adoptadas por el presidente de un órgano jurisdiccional nacional que consisten en designar jueces adscritos a una sala de ese órgano jurisdiccional para participar temporalmente en la formación de otra sala de dicho órgano jurisdiccional, sin dejar de formar parte de su sala de origen, aun cuando dichos jueces no hayan dado su consentimiento a dicha designación, no dispongan de ninguna vía de recurso judicial para impugnarla, dicha designación implique un aumento de la carga de trabajo de los jueces de que se trate y exija su implicación en materias ajenas al ámbito de su especialización y dicho presidente haya sido nombrado para el mismo órgano jurisdiccional en condiciones incompatibles con las exigencias derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, siempre que tales medidas estén basadas en motivos legítimos relacionados, en particular, con una buena administración de justicia, se hayan adoptado sobre la base de las normas nacionales que regulan el órgano jurisdiccional de que se trate, sean temporales y estén estrictamente delimitadas en el tiempo, no cuestionen la adscripción de los jueces de que se trate a su sala de origen y no impliquen un retroceso en la carrera profesional de esos jueces o que estos queden apartados de los asuntos que tienen a su cargo.

Terceras cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23

101

Las terceras cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑455/23, C‑459/23 y C‑486/23 se plantean para el supuesto de que de la respuesta a las cuestiones prejudiciales primera y segunda en dichos asuntos se desprenda, fundamentalmente, que un órgano jurisdiccional conformado en condiciones como las del órgano jurisdiccional remitente no constituye un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. Habida cuenta de la respuesta dada a estas últimas cuestiones prejudiciales, no resulta necesario pronunciarse sobre las terceras cuestiones prejudiciales planteadas en dichos asuntos.

Cuarta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23

102

Mediante su cuarta cuestión prejudicial en el asunto C‑459/23, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, fundamentalmente, si el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17, en relación con el artículo 20, apartado 1, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la compra, por una empresa pública dedicada a la comercialización de electricidad, de los certificados verdes a los que se refiere el artículo 2, párrafo segundo, letras k) y l), de la Directiva 2009/28 constituye una actividad realizada para el suministro de electricidad a las redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de electricidad.

103

Con carácter preliminar, es preciso comenzar recordando que la directiva aplicable es, en principio, aquella que está en vigor en el momento en que el poder adjudicador elige el tipo de procedimiento que va a seguir y decide con carácter definitivo si es necesario proceder a una convocatoria de licitación previa para la adjudicación de un contrato público (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, C‑337/98, EU:C:2000:543, apartado 37; de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, apartado 31, y de 14 de septiembre de 2017, Casertana Costruzioni, C‑223/16, EU:C:2017:685, apartado 21). En el caso de autos, dado que el contrato controvertido en los litigios principales se celebró durante el año 2011, es aplicable ratione temporis la Directiva 2004/17.

104

A continuación, es preciso subrayar que, con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra a), de dicha Directiva, esta se aplica a las entidades adjudicadoras que, entre otros, sean empresas públicas que realicen alguna de las actividades contempladas en los artículos 3 a 7 de la misma Directiva. A este respecto, el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/17 establece la presunción de que es una «empresa pública», en el sentido de esta última disposición, una empresa de la que los poderes adjudicadores tienen, directa o indirectamente, la mayoría de su capital.

105

En el caso de autos, de las apreciaciones efectuadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que la sociedad E. es una empresa pública de ese tipo, puesto que más del 50 % de su capital pertenece al Estado polaco.

106

Por lo tanto, queda por determinar, como sugiere la cuarta cuestión prejudicial en el asunto C‑459/23, si puede considerarse que dicha empresa ejerce alguna de las actividades contempladas en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2004/17.

107

A este respecto, en primer lugar, procede recordar que, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17, esta Directiva se aplica, en lo que respecta a la electricidad, al suministro de electricidad a las redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución de electricidad.

108

Ni esta disposición ni ninguna otra de la Directiva 2004/17 definen qué significa la expresión «suministro de electricidad» a esas redes que figura en dicha disposición.

109

Por lo tanto, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 13 de febrero de 2025, Latvijas Sabiedriskais Autobuss, C‑684/23, EU:C:2025:90, apartado 48).

110

En primer término, en su sentido habitual, el concepto de «alimentación» se entiende como la acción de alimentar, aprovisionar, suministrar o abastecer. Por lo tanto, el suministro de electricidad a las redes remite al suministro de electricidad a estas últimas. A tal fin, el concepto de «suministro de electricidad» puede abarcar no solo la producción de electricidad, sino también la venta al por mayor o al por menor de electricidad.

111

En segundo término, se desprende de los considerandos 2 y 3 de la Directiva 2004/17 que esta establece normas sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos «en [los] sectores» contemplados por dicha Directiva, entre los que figura el sector de la energía, y por «las entidades que operan en estos sectores». De este modo, en estos considerandos, el legislador de la Unión expresó claramente su voluntad de abarcar, por lo que respecta al sector de la electricidad, no solo las actividades de producción o de suministro de electricidad, sino también las de comercialización de la electricidad.

112

En tercer término, esta interpretación es también conforme con los objetivos de las normas de la Unión en materia de contratos públicos y coincidentes con la apertura a la competencia más amplia posible (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, C‑305/08, EU:C:2009:807, apartado 37 y jurisprudencia citada, y de 26 de septiembre de 2024, Luxone y Sofein, C‑403/23 y C‑404/23, EU:C:2024:805, apartado 50 y jurisprudencia citada).

113

En cuarto término, dicha interpretación se ve corroborada además por la Directiva 2014/25, que derogó la Directiva 2004/17 y mediante la cual el legislador de la Unión hizo, en particular, una precisión, conforme a la normativa vigente, en relación con el concepto de «suministro de electricidad». Así, del artículo 7, párrafo primero, de la Directiva 2014/25, interpretado a la luz de su considerando 23, se desprende que, a efectos de esta última Directiva, el concepto de «suministro» incluye la generación (producción), la venta al por mayor y la venta al por menor. Al incluir esta definición en la Directiva 2014/25, al tiempo que precisa, en ese considerando 23, que se aporta «sin ampliar en modo alguno el ámbito de aplicación de [esta] Directiva», el legislador de la Unión confirmó que la Directiva 2004/17 ya incluía en el concepto de «alimentación de electricidad», además de su producción, su venta al por mayor o al por menor.

114

Por lo tanto, una actividad de comercialización de electricidad, como la ejercida por la sociedad E., es una actividad contemplada en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17. Por consiguiente, debe considerarse que la sociedad E. es una entidad adjudicadora, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra a), de dicha Directiva.

115

Sentado lo anterior, es preciso observar, en segundo lugar, que el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2004/17 dispone que esta Directiva no se aplicará a los contratos que las entidades adjudicadoras celebren para fines distintos del desarrollo de sus actividades mencionadas en los artículos 3 a 7 de dicha Directiva.

116

Por lo tanto, solo están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17 los contratos relacionados con el ejercicio de actividades en los sectores contemplados en los artículos 3 a 7 de dicha Directiva (sentencia de 10 de abril de 2008, Ing. Aigner, C‑393/06, EU:C:2008:213, apartado 33).

117

En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la sociedad E. debe comprar los certificados a los que se refiere el artículo 2, párrafo segundo, letras k) y l), de la Directiva 2009/28, para cumplir la obligación legal que le incumbe de promover las fuentes de energía renovables. De ello se deduce que la compra de esos certificados está estrechamente vinculada al ejercicio, por parte de esta sociedad, de la actividad de comercialización de electricidad, que constituye una actividad contemplada en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17.

118

Pues bien, dado que existe ese vínculo estrecho, procede considerar que la compra de los certificados verdes se efectúa para desarrollar esa actividad, de modo que no puede considerarse realizada «para fines distintos» del desarrollo de dicha actividad, en el sentido del artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2004/17.

119

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 que el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17, en relación con el artículo 20, apartado 1, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la compra, por una empresa pública dedicada a la comercialización de electricidad, de los certificados verdes a los que se refiere el artículo 2, párrafo segundo, letras k) y l), de la Directiva 2009/28 constituye una actividad realizada para el suministro de electricidad a las redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de electricidad.

Quinta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23

Sobre la admisibilidad

120

La sociedad E. considera que la quinta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 no es pertinente para la resolución del litigio principal. Así, en primer lugar, ante el órgano jurisdiccional remitente, alegó que el contrato controvertido en el litigio principal está viciado de nulidad absoluta, porque tiene por objeto obligar a las partes a celebrar contratos infringiendo las normas que regulan los contratos públicos. En cambio, no alegó que, como tal, dicho contrato debería haberse celebrado según los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Además, dicho contrato no es un acuerdo marco, en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/17, ya que obliga de manera absoluta a la entidad adjudicadora a adjudicar el contrato al operador económico cocontratante. Por último, del artículo 14, apartados 2 y 3, de dicha Directiva se desprende que la celebración de un acuerdo marco con arreglo al procedimiento previsto para los contratos públicos no es obligatoria.

121

A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 267 TFUE instaura un procedimiento de cooperación directa entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. En el marco de este procedimiento, basado en una clara separación de las funciones entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia, toda apreciación de los hechos del asunto es competencia del juez nacional, al que corresponde apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia, mientras que el Tribunal de Justicia únicamente está facultado para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma de la Unión a partir de los hechos que le proporcione el juez nacional [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de marzo de 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, apartado 4, y de 4 de octubre de 2024, Schrems (Comunicación de datos al público en general), C‑446/21, EU:C:2024:834, apartado 42 y jurisprudencia citada].

122

Pues bien, por una parte, mediante sus alegaciones dirigidas a cuestionar la admisibilidad de la quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑459/23, la sociedad E. pretende, en definitiva, cuestionar la presentación, por el órgano jurisdiccional remitente, de las alegaciones formuladas ante él y su apreciación de la naturaleza del contrato controvertido en el litigio principal. De conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado anterior, tales alegaciones no permiten concluir que una cuestión prejudicial es inadmisible.

123

Por otra parte, al abordar la definición del concepto de «acuerdo marco» y al alegar que un acuerdo marco no debe celebrarse necesariamente respetando las normas de adjudicación de los contratos públicos, la sociedad E. plantea la respuesta en cuanto al fondo y no la admisibilidad de esta cuestión.

124

Por lo tanto, la quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑459/23 es admisible.

Sobre el fondo

125

Mediante su quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑459/23, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, fundamentalmente, si el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/17, en relación con los artículos 14 y 17, apartado 2, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que un contrato, que obliga a las partes a celebrar contratos de ejecución en determinadas condiciones de precio y de cantidad, encaja en el concepto de «acuerdo marco», en el sentido del artículo 1, apartado 4, de dicha Directiva, y debe celebrarse con arreglo a las normas de adjudicación de contratos públicos.

126

En primer lugar, procede recordar que, a tenor del artículo 1, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2004/17, un acuerdo marco es un acuerdo celebrado entre una o varias entidades adjudicadoras y uno o varios operadores económicos y que tiene por objeto establecer los términos que deberán regir los contratos que se hayan de adjudicar en el transcurso de un período determinado, particularmente en lo que se refiere a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas.

127

Por una parte, del propio tenor de esta disposición se desprende que el acuerdo marco debe precisar el período durante el cual es aplicable y regula los términos de los contratos que se hayan de adjudicar.

128

Por otra parte, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «acuerdo marco», que figura en el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/17, debe interpretarse a la luz, en particular, del artículo 17, apartados 2 y 3, de dicha Directiva, de los principios fundamentales del Derecho de la Unión, como la igualdad de trato y la transparencia, aplicables en el momento de la celebración de un acuerdo marco, como resulta del artículo 14, apartado 1, de dicha Directiva, y de la prohibición, establecida en el artículo 14, apartado 4, de la misma Directiva, de recurrir a los acuerdos marco de manera abusiva con objeto de impedir, restringir o falsear la competencia. De una lectura de conjunto de estas disposiciones y principios se desprende que el acuerdo marco debe, desde el principio, determinar el volumen máximo de los suministros que podrán ser objeto de los contratos subsiguientes, precisando su cantidad o valor máximo (véanse, por analogía, las sentencias de 19 de diciembre de 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust y Coopservice, C‑216/17, EU:C:2018:1034, apartados 60, 62 a 67 y 69, y de 17 de junio de 2021, Simonsen & Weel, C‑23/20, EU:C:2021:490, apartados 54 a 58, 61 a 65, 67, 68 y 74).

129

Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si se cumplen estos requisitos en relación con el contrato controvertido en el litigio principal. A este respecto, en primer término, deberá comprobar que ese contrato definía efectivamente el período durante el cual podían celebrarse los contratos de compra de los certificados verdes en ejecución de dicho contrato. En segundo término, debe precisarse que la mera indicación de una fórmula de precio aplicable para calcular el precio de venta de los certificados verdes y la obligación de la entidad adjudicadora de comprar la totalidad de los certificados verdes obtenidos, sin precisión de una cantidad específica, no son suficientes para considerar que dicho contrato determina el volumen máximo de los suministros que podrán ser objeto de los contratos subsiguientes.

130

En segundo lugar y sin perjuicio de lo anterior, es preciso recordar que, de conformidad con el artículo 16, letra a), de la Directiva 2004/17, esta se aplica, salvo que estén excluidos en virtud de lo dispuesto en ese artículo, a los contratos de suministros cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a 387 000 euros.

131

Por lo que respecta a los métodos de cálculo del valor estimado de los contratos y de los acuerdos marco, del artículo 17, apartado 1, párrafo primero, primera frase, de la Directiva 2004/17 se desprende que el cálculo del valor estimado de un contrato se basará en el importe total que debe pagarse, excluido el IVA, estimado por la entidad adjudicadora. Según el artículo 17, apartado 2, de la misma Directiva, las entidades adjudicadoras no podrán substraerse a la aplicación de la presente Directiva dividiendo los proyectos de obras o los proyectos de adquisición de productos o de prestación de servicios destinados a obtener una determinada cantidad de suministros o de servicios ni empleando modalidades particulares de cálculo del valor estimado de los contratos. Con arreglo al artículo 17, apartado 3, de la misma Directiva, para los acuerdos marco, el valor que se tendrá en cuenta es el valor máximo estimado, excluido el IVA, del conjunto de contratos contemplados durante la duración total del acuerdo. Por último, según el artículo 17, apartado 7, de la Directiva 2004/17, en el caso de contratos de suministros o de servicios que tengan carácter periódico o que estén destinados a renovarse en un período determinado, el cálculo del valor estimado del contrato se basará bien en el valor real total de los contratos sucesivos del mismo tipo adjudicados durante los doce meses anteriores o durante el ejercicio presupuestario precedente, bien en el valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega o durante el ejercicio presupuestario, si este excede de los doce meses.

132

De estas disposiciones se desprende que tanto en el supuesto de un acuerdo marco, contemplado en el artículo 17, apartado 3, de la Directiva 2004/17, como en el de un contrato de suministro o de servicios que tenga un carácter de regularidad o esté destinado a ser renovado durante un período determinado, contemplado en el artículo 17, apartado 7, de dicha Directiva, se tendrá en cuenta el «valor estimado» del acuerdo marco o del contrato. Este valor es, en el primer supuesto, el valor estimado total del acuerdo marco y, en el segundo supuesto, el valor estimado, según las condiciones alternativas previstas en esta última disposición, para un período de doce meses.

133

En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente precisa que el valor de cada uno de los contratos de ejecución celebrados mensualmente sobre la base del contrato controvertido en el litigio principal se sitúa por debajo del umbral de 387 000 euros previsto en el artículo 16, letra a), de la Directiva 2004/17. En cambio, el valor anual de los contratos de ejecución, considerados conjuntamente, supera dicho umbral.

134

Pues bien, de lo anterior se desprende que, en tal supuesto, la entidad adjudicadora no puede basarse en el valor unitario de cada uno de los contratos de ejecución del contrato de que se trate para celebrar dichos contratos sin convocatoria de licitación previa. En efecto, tal modo de proceder sería contrario a la prohibición, establecida en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2004/17, de eludir la aplicación de esta Directiva dividiendo los proyectos.

135

Para atenerse a esta prohibición, así como a la prohibición, establecida en el artículo 14, apartado 4, de la Directiva 2004/17, de recurrir a los acuerdos marco de manera abusiva con objeto de impedir, restringir o falsear la competencia, la entidad adjudicadora puede optar, en tal supuesto, entre dos posibilidades.

136

La primera posibilidad consiste en la adjudicación de contratos sucesivos respetando, para cada uno de estos contratos, los procedimientos previstos por dicha Directiva.

137

La segunda posibilidad consiste en la adjudicación, de conformidad con la Directiva 2004/17, de un acuerdo marco, en el sentido y con observancia de los requisitos enunciados en el artículo 1, apartado 4, de dicha Directiva y recordados en los apartados 126 a 128 de la presente sentencia. De conformidad con el artículo 40, apartado 3, letra i), de la Directiva 2004/17, en relación con el artículo 14, apartado 2, de dicha Directiva, ello permite a la entidad adjudicadora recurrir a un procedimiento sin convocatoria de licitación previa para los contratos subsiguientes (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2009, Comisión/Bélgica, C‑287/07, EU:C:2009:245, apartado 104).

138

De lo anterior se desprende que, en un supuesto como el del litigio principal, la entidad adjudicadora debía respetar las normas que regulan la adjudicación de contratos públicos, bien en el momento de la celebración de cada uno de los contratos de ejecución sucesivos, bien en el momento de la celebración del contrato en cuestión como acuerdo marco respetando los requisitos enunciados en los apartados 126 a 128 de la presente sentencia.

139

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la quinta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 que el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/17, en relación con los artículos 14 y 17, apartado 2, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que

–

para encajar en el concepto de «acuerdo marco», en el sentido del artículo 1, apartado 4, de dicha Directiva, un contrato, que obliga a las partes a celebrar contratos de ejecución en determinadas condiciones de precio y de cantidad, debe indicar el período durante el cual es aplicable y determinar el volumen máximo de los suministros que podrán ser objeto de los contratos subsiguientes, precisando su cantidad o valor máximo, debiendo tenerse en cuenta que la mera indicación de una fórmula de precio aplicable para calcular el valor de los contratos que deban celebrarse y de una obligación, no cuantificada, de celebrar contratos de ejecución no es suficiente a este respecto;

–

cuando el valor estimado de los contratos que deban celebrarse durante un período determinado en aplicación de un acuerdo marco o en el marco de contratos que tengan carácter periódico o que estén destinados a renovarse en un período determinado, calculado sobre la base, respectivamente, de los apartados 3 y 5 del artículo 17 de la Directiva 2004/17, supere el umbral fijado en el artículo 16, letra a), de dicha Directiva, la entidad adjudicadora deberá bien adjudicar cada uno de los contratos sucesivos respetando los procedimientos previstos en dicha Directiva, bien adjudicar, de conformidad con la misma Directiva, un acuerdo marco, en el sentido y con observancia de los requisitos enunciados en el artículo 1, apartado 4, de esa Directiva.

Sexta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23

Sobre la admisibilidad

140

La sociedad E. considera que la sexta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 es inadmisible por carecer de pertinencia para el litigio principal. En efecto, contrariamente a la premisa en la que se basa esta cuestión, el contrato controvertido en el litigio principal no es un contrato, sino un contrato que impone la adjudicación de un contrato. Por lo tanto, no puede celebrarse obviando las normas de adjudicación de contratos públicos.

141

A la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 121 de la presente sentencia y por el motivo expuesto en el apartado 122 de esta, esta objeción debe desestimarse. Por lo tanto, la sexta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 es admisible.

Sobre el fondo

142

Mediante su sexta cuestión prejudicial en el asunto C‑459/23, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, fundamentalmente, si el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/13 debe interpretarse en el sentido de que la sanción prevista en dicha disposición es aplicable a la celebración de un contrato infringiendo las normas de adjudicación de contratos públicos.

143

El artículo 2 quinquies, apartado 1, de la Directiva 92/13 establece que el hecho de no haber publicado previamente un anuncio de licitación en el Diario Oficial, siendo esta publicación obligatoria de conformidad con la Directiva 2004/17, priva de efectos al contrato de que se trate.

144

Este artículo 2 quinquies fue incluido en la versión inicial de la Directiva 92/13 por la Directiva 2007/66. El legislador de la Unión explicitó las modificaciones introducidas al indicar, en el considerando 13 de la Directiva 2007/66, que, con el fin de luchar contra la adjudicación directa ilegal, práctica que el Tribunal de Justicia ha calificado, en su sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau (C‑26/03, EU:C:2005:5), apartados 36 y 37, como la infracción más importante del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos por parte de un poder adjudicador o entidad contratante, debía preverse una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria y considerar, por ello, que todo contrato derivado de una adjudicación directa ilegal debe considerarse en principio sin efectos. En el considerando 14 de dicha Directiva, precisó que la falta de efectos es la manera más eficaz de restaurar la competencia y de crear nuevas oportunidades empresariales para aquellos operadores económicos a los que se haya privado ilegalmente de sus oportunidades de competir y que las adjudicaciones directas, en el sentido de la Directiva 2007/66, debían incluir todas las adjudicaciones de contratos sin publicación previa de un anuncio de licitación en el Diario Oficial en el sentido de la Directiva 2004/17 (véase, por analogía, la sentencia de 17 de junio de 2021, Simonsen & Weel, C‑23/20, EU:C:2021:490, apartado 85).

145

Así pues, del artículo 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/13, interpretado a la luz de los considerandos 13 y 14 de la Directiva 2007/66, resulta que, al adoptar la Directiva 2007/66, el legislador de la Unión quiso introducir en el Derecho aplicable una sanción severa cuya aplicación debería, no obstante, limitarse a los supuestos más graves de infracción del Derecho de la Unión en materia de contratación pública, a saber, aquellos en los que se adjudica directamente un contrato público sin que se haya publicado con carácter previo un anuncio de licitación en el Diario Oficial (véase, por analogía, la sentencia de 17 de junio de 2021, Simonsen & Weel, C‑23/20, EU:C:2021:490, apartado 86).

146

De ello se deduce que el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/13 se aplica a toda situación en la que la entidad adjudicadora haya adjudicado indebidamente un contrato sin haber publicado previamente un anuncio en el Diario Oficial.

147

Si bien es cierto que, con arreglo al artículo 2 quinquies, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 92/13, las consecuencias de la ineficacia de un contrato serán las previstas en la legislación nacional, no es menos cierto que esta disposición no contempla en modo alguno el mantenimiento o la continuidad del contrato adjudicado sin una publicidad previa adecuada.

148

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la sexta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 que el artículo 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/13 debe interpretarse en el sentido de que la sanción prevista en dicha disposición es aplicable a la celebración de un contrato infringiendo las normas de adjudicación de contratos públicos.

Séptima cuestión prejudicial en el asunto C‑459/23

Sobre la admisibilidad

149

La sociedad E. alega que la séptima cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 carece de pertinencia para el litigio principal. Por una parte, esta sociedad reitera el motivo ya expuesto en el apartado 140 de la presente sentencia. Por otra parte, el abuso de derecho solo puede producirse cuando una parte solicita la declaración de nulidad relativa del contrato de que se trate. Pues bien, ante el órgano jurisdiccional remitente, la sociedad E. solicita que se declare la nulidad absoluta del contrato controvertido en el litigio principal, es decir, que se declare su inexistencia.

150

A la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 121 de la presente sentencia y por los motivos expuestos en los apartados 122 y 123 de la misma, esta alegación debe desestimarse. Por lo tanto, la séptima cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 es admisible.

Sobre el fondo

151

Mediante su séptima cuestión prejudicial en el asunto C‑459/23, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se dilucide si el principio de prohibición del abuso de Derecho debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una entidad adjudicadora pueda solicitar la anulación de un contrato que ha celebrado con un proveedor debido a que dicho contrato se celebró infringiendo las normas de adjudicación de contratos públicos, cuando el verdadero motivo de tal solicitud es una disminución de la rentabilidad de la ejecución del referido contrato.

152

Según jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los justiciables no puedan alegar fraudulenta o abusivamente las normas de la Unión, ya que el principio que prohíbe el fraude y el abuso de derecho constituye un principio general del Derecho de la Unión que los justiciables están obligados a respetar. En efecto, la aplicación de la normativa de la Unión no puede extenderse hasta llegar a cubrir las operaciones que se realicen para beneficiarse fraudulenta o abusivamente de las ventajas establecidas en el Derecho de la Unión (sentencias de 6 de febrero de 2018, Altun y otros, C‑359/16, EU:C:2018:63, apartados 48 y 49 y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2018, Comisión/Bélgica, C‑356/15, EU:C:2018:555, apartado 99).

153

Para poder considerar que existe una práctica abusiva, es preciso que concurran un elemento objetivo y un elemento subjetivo (sentencias de 13 de marzo de 2014, SICES y otros, C‑155/13, EU:C:2014:145, apartado 31, y de 28 de julio de 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, apartado 38).

154

Por una parte y en lo referente al elemento objetivo, esta apreciación exige que de una serie de circunstancias objetivas resulte que, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa (sentencias de 14 de diciembre de 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, apartado 52, y de 28 de julio de 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, apartado 39).

155

Por otra parte, esta apreciación requiere un elemento subjetivo, en el sentido de que de un conjunto de datos objetivos debe resultar que la finalidad esencial de las operaciones de que se trata consiste en obtener una ventaja indebida. En efecto, la prohibición de prácticas abusivas carece de pertinencia cuando las operaciones en cuestión pueden tener una justificación distinta de la mera obtención de una ventaja (sentencias de 14 de diciembre de 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, apartado 53, y de 28 de julio de 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, apartado 40).

156

Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, con arreglo a las normas en materia probatoria del Derecho nacional, siempre que no se perjudique la eficacia del Derecho de la Unión, si en el litigio principal concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de diciembre de 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, apartado 54 y jurisprudencia citada, y de 28 de julio de 2016, Kratzer, C‑423/15, EU:C:2016:604, apartado 42).

157

No obstante, para dar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil, es necesario precisar que, en el supuesto de que se adjudique un contrato sin convocatoria de licitación previa, incumpliendo lo dispuesto en la Directiva 2004/17, no concurre el elemento objetivo. En efecto, no puede considerarse, en tal supuesto, que se hayan cumplido formalmente los requisitos establecidos por la normativa de la Unión.

158

Por lo tanto, dado que los requisitos relativos a la existencia de un elemento objetivo y de un elemento subjetivo son acumulativos, no cabe apreciar que existe abuso en el supuesto, contemplado en el apartado 151 de la presente sentencia, al que se refiere la séptima cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23.

159

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la séptima cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑459/23 que el principio de prohibición del abuso de Derecho debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una entidad adjudicadora pueda solicitar la anulación de un contrato que ha celebrado con un proveedor debido a que dicho contrato se celebró infringiendo las normas de adjudicación de contratos públicos, cuando el verdadero motivo de tal solicitud es una disminución de la rentabilidad de la ejecución del referido contrato.

Costas

160

Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

2)

El artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1177/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, en relación con el artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2004/17, en su versión modificada,

3)

El artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2004/17, en su versión modificada por el Reglamento n.º 1177/2009, en relación con los artículos 14 y 17, apartado 2, de la Directiva 2004/17, en su versión modificada,

–

para encajar en el concepto de «acuerdo marco», en el sentido del artículo 1, apartado 4, de dicha Directiva, en su versión modificada, un contrato, que obliga a las partes a celebrar contratos de ejecución en determinadas condiciones de precio y de cantidad, debe indicar el período durante el cual es aplicable y determinar el volumen máximo de los suministros que podrán ser objeto de los contratos subsiguientes, precisando su cantidad o valor máximo, debiendo tenerse en cuenta que la mera indicación de una fórmula de precio aplicable para calcular el valor de los contratos que deban celebrarse y de una obligación, no cuantificada, de celebrar contratos de ejecución no es suficiente a este respecto;

–

cuando el valor estimado de los contratos que deban celebrarse durante un período determinado en aplicación de un acuerdo marco o en el marco de contratos que tengan carácter periódico o que estén destinados a renovarse en un período determinado, calculado sobre la base, respectivamente, de los apartados 3 y 5 del artículo 17 de la Directiva 2004/17, en su versión modificada, supere el umbral fijado en el artículo 16, letra a), de dicha Directiva, en su versión modificada, la entidad adjudicadora deberá bien adjudicar cada uno de los contratos sucesivos respetando los procedimientos previstos en dicha Directiva, en su versión modificada, bien adjudicar, de conformidad con la misma Directiva, un acuerdo marco, en el sentido y con observancia de los requisitos enunciados en el artículo 1, apartado 4, de esa Directiva, en su versión modificada.

4)

El artículo 2 quinquies, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007,

5)

El principio de prohibición del abuso de Derecho debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una entidad adjudicadora pueda solicitar la anulación de un contrato que ha celebrado con un proveedor debido a que dicho contrato se celebró infringiendo las normas de adjudicación de contratos públicos, cuando el verdadero motivo de tal solicitud es una disminución de la rentabilidad de la ejecución del referido contrato.